Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00608-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00608-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00608-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00608 00 (2580-2018)
Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
Demandado: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial)
Tema: Vigilancia Judicial, Orden para proferir sentencias.
Decisión: Se declara la nulidad de las Resoluciones CSJMER 17-162
del 29 de agosto de 2017 y CSJMER 17-216 del 1 de
noviembre de 2017, por cuanto en el trámite de la vigilancia
administrativa los argumentos del demandante para justificar
la dilación no fueron valorados de manera conjunta;
valoración que, de haberse realizado, permitía concluir que la
mora estuvo justificada.
La Sala decide la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por
Christian Eduardo Pinzón Ortiz contra las Resoluciones CSJMER 17-162 del 29 de
agosto de 2017, y CSJMER 17-216 de 1 de noviembre de 2017 expedidas por la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Christian Eduardo Pinzón Ortiz promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad de las
Resoluciones CSJMER 17-162 del 29 de agosto de 2017 y CSJMER 17-216 del 1 de
noviembre de 2017, por las cuales el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta
disminuyó en un punto el factor de eficiencia o rendimiento dentro de la calificación
integral correspondiente al periodo 2017–2018.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se corrija la calificación aumentando
el punto que fue disminuido.
Radicación: 11001 03 25 000 2018 00608 00 (2580-2018)
Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
3. Según los hechos de la demanda, el señor Christian Eduardo Pinzón se vinculó a la
Rama Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura del Meta el 2 de noviembre de 1993,
como Magistrado de la Sala Disciplinaria e ingresó a la carrera judicial según Resolución
963 de 28 de junio de 1999.
4. Expuso que, el 15 de agosto de 2017 el Consejo Seccional de la Judicatura inició
procedimiento de vigilancia administrativa de radicado 50001 1101002 2017 00119, a raíz
del cual, mediante Resolución CSJMER17 – 162 del 29 de agosto se impuso sanción
consistente en la disminución de 1 punto en el factor eficiencia o rendimiento de la
calificación integral correspondiente al periodo 2017 - 2018.
5. Señaló que la decisión se fundamentó en que no habría observado el orden de turnos
de los expedientes conforme a su ingreso, ni se habrían tramitado en igualdad y dentro
de los términos procesales, sin justificación. Añadió que se le atribuyó una dilación
injustificada al resolver solicitudes, a partir de la comparación del trámite sometido a
vigilancia con otros procesos repartidos en la misma fecha.
6. Señaló que, la decisión también consideró que hubo una dilación injustificada en los
términos previstos para resolver solicitudes, al comparar el proceso sometido a vigilancia
con otros que le correspondieron por reparto en la misma fecha.
7. Finalmente, sostuvo que, con base en esas consideraciones, el Consejo Seccional
concluyó que se vulneraron los principios de seguridad jurídica, igualdad y celeridad, así
como garantías asociadas al ejercicio de la función pública, al estimar que existió demora
en la decisión de los procesos con radicados 2015-00167 y 2014-00123, que se
encontraban al despacho desde el 8 de septiembre de 2016.
Contestación de la demanda
8. La entidad contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Sostuvo que el
demandante omitió indicar que la vigilancia administrativa se originó en un trámite
disciplinario contra el entonces Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad en descongestión de Villavicencio, relacionado con la concesión del beneficio
de detención domiciliaria a Hernán Darío Giraldo Gaviria (alias “Cesarín”). Indicó que,
como resultado de la vigilancia, se concluyó que el trámite contrariaba los principios de
seguridad jurídica, igualdad y celeridad, así como garantías propias del ejercicio de la
función pública.
9. Añadió que, al advertirse un favorecimiento injustificado por parte del demandante en
relación con el funcionario disciplinariamente investigado, se ordenó compulsa de copias
de manera accesoria.
10. Propuso como excepciones el cumplimiento de los requisitos legales por parte de las
resoluciones demandadas, e innominada, invocando el inciso segundo del artículo 187
del CPACA.
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Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
Trámite de sentencia anticipada
11. Mediante auto de 4 de agosto de 20221, se dispuso a prescindir de la audiencia inicial,
con el objetivo de emitir sentencia anticipada, por reunirse los presupuestos establecidos
en el 182A, numeral 1, literales b), c) y d), del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la
Ley 2080 de 2021 y se fijó el litigio2.
Alegatos de conclusión
12. La parte demandante reiteró sus argumentos y sostuvo que el trámite sometido a
vigilancia se adelantó de manera oportuna y eficiente. Afirmó que el descuento del punto
de eficiencia no obedeció al proceso que originó la vigilancia, sino a supuestas dilaciones
en otros asuntos (radicados 2015-000167 y 2014-00123), que se encontraban al
despacho desde el 8 de septiembre de 2016. Con base en ello, alegó falsa motivación y
vulneración del debido proceso, porque la autoridad habría declarado un desempeño
contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia sin haber constatado tardanza
en el proceso disciplinario objeto de vigilancia.
13. Añadió que las resoluciones demandadas desconocieron el artículo 7 del Acuerdo
PSAA11-8716 de 6 de octubre de 2011, en cuanto exige que la valoración de oportunidad
y eficacia recaiga sobre el proceso o actuación específica examinada. Sostuvo que, si la
vigilancia realmente se sustentaba en los radicados 2015-000167 y 2014-00123, debía
realizarse una evaluación integral que considerara la complejidad y dinámica de cada
expediente, y no una revisión parcial.
14. También señaló que no todo incumplimiento de términos resulta imputable al
funcionario, y citó la sentencia T-286 de 2020 para resaltar que la complejidad del asunto
puede justificar mayores tiempos. Como ejemplo, controvirtió un supuesto periodo de
inactividad en el trámite del proceso 2014-00315 y describió actuaciones que, a su juicio,
demostraban impulso procesal dentro de lapsos razonables. Finalmente, invocó el
artículo 8 de la Convención Americana y jurisprudencia interamericana para sustentar la
afectación de garantías judiciales.
15. La parte demandada, a su turno, defendió la legalidad de los actos. Sostuvo que la
regla es atender los asuntos en estricto orden de llegada y que la prelación constituye
una excepción de interpretación restrictiva. Citó el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y
el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 para destacar la obligación de respetar el turno para
proferir decisiones y que su desconocimiento puede configurar falta disciplinaria, con
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Índice 30 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado
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En la aludida providencia, la fijación del litigio se estableció: Teniendo en cuenta las pretensiones y los
argumentos de la demanda, el despacho concluye que el objeto de la controversia que se presenta en el
caso sub lite recae en determinar si los actos administrativos acusados fueron expedidos con infracción
de las normas en que debían fundarse, con falsa motivación y con desconocimiento de los derechos de
audiencia y de defensa, conforme a las razones esbozadas por la parte actora, resumidas en el acápite
1.1.2 del presente auto.
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Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
apoyo en la sentencia C-248 de 1999. Concluyó que el demandante no acreditó la
concurrencia de causales que justificaran apartarse del orden de fallo, por lo que la
presunción de legalidad de los actos demandados debía mantenerse.
16. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Sala es competente para conocer del asunto. En efecto, el artículo 152, numeral
22, del CPACA, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, asigna a los
tribunales administrativos, en primera instancia, las demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho sin cuantía contra actos expedidos por autoridades del
orden nacional o departamental, o por particulares que ejerzan función administrativa en
ese mismo orden. Sin embargo, el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 previó un régimen
de transición conforme al cual las reglas que modifican competencias solo se aplican a
las demandas presentadas un año después de la publicación de esa ley. En
consecuencia, tratándose de este proceso (regido por la regla anterior) resulta aplicable
el artículo 149, numeral 2, de la Ley 1437 de 2011, que atribuía al Consejo de Estado el
conocimiento en única instancia de estas controversias. Por ello, esta Corporación es
competente para decidir la apelación.
Problema jurídico
18. Corresponde a la sala determinar si en el trámite de la vigilancia administrativa
adelantada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta se acreditó la
configuración de una mora judicial injustificada imputable al demandante, que habilitara
la imposición de la sanción consistente en la disminución de un punto en el factor de
eficiencia o rendimiento de su calificación integral para el periodo 2017–2018.
Análisis
19. En este caso la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones CSJMER 17-162 del
29 de agosto de 2017 y CSJMER 17-216 del 1 de noviembre de 2017, por cuanto en el
trámite de la vigilancia administrativa adelantada por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Meta no se acreditó la configuración de una mora judicial injustificada
imputable al demandante, al haberse omitido la valoración conjunta de las circunstancias
expuestas por este para explicar la dilación en el trámite de los procesos objeto de
vigilancia.
20. De conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política, la administración de
justicia corresponde al ejercicio de una función pública, caracterizada por la
independencia de sus funciones, la publicidad de sus actuaciones y la prevalencia del
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Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
derecho sustancial. La disposición también señala que los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
21. A su turno, los artículos 4 y 6 de la Ley 270 de 1996 consagran la celeridad y la
eficiencia como principios rectores de la administración de justicia. Ambos suponen la
obligación de las autoridades judiciales de resolver de forma pronta, oportuna y eficaz los
asuntos a su cargo, sin dilaciones injustificadas. En línea con tales garantías, el artículo
101 de la misma ley dispone como función de los Consejos Seccionales de la Judicatura
ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y
cuidar el normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial.
22. El ejercicio de dicha competencia se reglamentó inicialmente mediante el Acuerdo
088 de 1997, derogado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo de 2011, y este, a
su vez, por el Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, normativa vigente para
la fecha de los hechos. En este acto se precisó que la vigilancia judicial es diferente de
la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura y de la facultad de control disciplinario de la Procuraduría
General de la Nación (artículo 1, inciso 2).
23. El trámite para el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa comprende seis
etapas: la solicitud, la recopilación de información con fines de verificación, la apertura,
la decisión, la notificación y recursos, y las comunicaciones de la medida (artículo 2). El
procedimiento puede iniciar de forma oficiosa o a solicitud de parte (artículo 3); realizado
el reparto, el ponente debe verificar los hechos dentro de los dos días siguientes,
mediante requerimiento al servidor judicial o visita especial a su despacho, concediéndole
tres días para aportar la información pertinente (artículo 5). Fenecidos esos términos, en
el lapso de dos días se evalúa el mérito de la apertura mediante auto motivado, en el que
se señalan las medidas de normalización y se conceden tres días para que el servidor
presente sus explicaciones, justificaciones y pruebas (artículo 6). Recibida la
intervención, dentro de los cinco días siguientes se sustancia y somete a consideración
de la Sala Administrativa la decisión de fondo, en la cual se valoran los hechos, las
pruebas y las explicaciones para determinar si hubo un desempeño contrario a la
administración oportuna y eficaz de la justicia (artículo 7). De ser desfavorable, la decisión
debe notificarse personalmente al servidor y contra ella procede el recurso de reposición
(artículo 8). En firme el acto, si el sancionado es un juez, se remite copia a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial (artículo 9). Conforme al artículo 10, la decisión
desfavorable tiene como efecto el descuento de un punto en la consolidación de la
calificación del factor eficiencia o rendimiento, por cada proceso en el que se determine
una actuación inoportuna e ineficaz.
24. En la aplicación de este procedimiento no puede perderse de vista la finalidad de
garantizar la oportunidad y eficiencia en el trámite de los asuntos judiciales, lo que
materializa un remedio de naturaleza administrativa frente a situaciones que pueden
representar un riesgo para el debido proceso sin dilaciones injustificadas, conforme al
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Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
artículo 29 constitucional. De allí que la normativa reglamentaria exija a la autoridad
administrativa el análisis de las explicaciones que el funcionario brinde respecto de las
razones que lleven a la posible configuración de una mora judicial, para determinar si la
situación que representa una anomalía en el trámite de un proceso resulta o no
justificada.
25. Lo anterior, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional3, según la
cual no todo incumplimiento de los términos procesales vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues existen
situaciones en las que la denominada mora judicial halla justificación: la mora judicial
justificada es aquella que no es imputable a la falta de diligencia de la autoridad judicial,
esto es, cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en
el plazo previsto en la ley.
26. Por el contrario, la mora judicial será injustificada cuando se produce como
consecuencia de la falta de diligencia, la arbitrariedad o la omisión en el cumplimiento de
las funciones del juez, sin un motivo razonable que explique la tardanza en adelantar las
actuaciones a su cargo. Es esta la que representa un desconocimiento de la garantía de
un plazo razonable y que, por tanto, constituye una lesión a los derechos previamente
señalados.4
27. En este caso la vigilancia administrativa que originó los actos demandados inició el
28 de junio de 2017, mediante auto interlocutorio No. 024, a partir de una queja
relacionada con el trámite impartido al proceso disciplinario No. 50001-11-02-000-2014-
00035-00, a cargo del demandante en su calidad de Magistrado Ponente de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta. Mediante
auto No. 025 del 28 de julio de 2017 se dio apertura formal a la vigilancia, con fundamento
en los hallazgos de la visita especial realizada al expediente.
28. Requerido para que rindiera explicaciones, el demandante señaló: que el proceso
objeto de vigilancia fue tramitado dentro de los términos previstos en la Ley 734 de 2002;
que el despacho contaba con un solo auxiliar encargado de la sustanciación, lo que le
imponía el uso de tiempo extra nocturno para proyectar las ponencias, función
indelegable por aplicación del principio de inmediación de la prueba; que las acciones
constitucionales, por su improrrogabilidad, desplazaban prioritariamente los demás
asuntos; que la obligación de respetar el orden de turnos debía armonizarse con el deber
de evitar prescripciones, lo que en ocasiones imponía atender primero los hechos más
antiguos; que los escribientes de descongestión con que contaba el despacho fueron
suprimidos, situación que solo se fue superando posteriormente con la designación de
3
Corte Constitucional. Sentencia T-183 de 2024. M.P
4
Corte Constitucional. Sentencia T-441 de 2015
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Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
un funcionario de descongestión por un lapso de cinco meses y nueve días; y que la
aparente diferencia de días en el impulso entre el radicado 2014-00035 y otros procesos
de la misma fecha de ingreso no constituía trato preferencial, pues una variación de tres
a cinco días en la emisión de autos de trámite no refleja alteración de turnos.
29. Mediante Resolución CSJMER17-162 del 29 de agosto de 2017, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta declaró que hubo un desempeño contrario a la
administración oportuna y eficaz de la justicia e impuso la sanción de descuento de un
punto en el factor de eficiencia o rendimiento de la calificación integral para el periodo
2017. La decisión se fundó en que, realizado el comparativo entre ingresos y egresos de
procesos por lotes de fecha de entrada al despacho, el demandante no respetó el orden
de ingreso ni valoró la complejidad de cada asunto bajo un mismo derrotero de igualdad,
evidenciándose dilación injustificada al comparar el impulso dado al radicado 2014-00035
con el impartido a los radicados 2015-000167 y 2014-00123, que se encontraban al
despacho desde el 8 de septiembre de 2016 sin decisión. Interpuesto recurso de
reposición, la Resolución CSJMER17-216 del 1 de noviembre de 2017 lo confirmó,
descartando los argumentos del demandante de forma individual y sin valoración
conjunta, e insistiendo en que el comparativo de turnos evidenciaba la alteración
reprochada.
30. Para la Sala, si bien se presentó mora en relación con los radicados 2015-000167 y
2014-00123, dicha situación no podía calificarse como injustificada a partir del análisis
aislado de cada uno de los motivos expuestos por el demandante. Lo determinante,
conforme a los lineamientos jurisprudenciales expuestos, es su valoración conjunta.
31. En efecto, el demandante explicó de manera consistente, tanto en sus descargos
como en el recurso de reposición, que la dilación obedeció a la concurrencia de varios
factores: la carencia de personal de apoyo suficiente (con la supresión de los escribientes
de descongestión), la atención prioritaria e improrrogable de acciones constitucionales,
el ejercicio de funciones de instrucción bajo el principio de inmediación de la prueba sin
posibilidad de delegación, y la necesidad de armonizar el respeto de turnos con la
obligación legal de evitar prescripciones. Individualmente considerada, ninguna de estas
circunstancias resultaba suficiente para desvirtuar la mora; pero valoradas en conjunto,
conforme a las reglas de la experiencia, permiten concluir de forma razonable que la
dilación constituyó una situación excepcional, ajena a la desidia o negligencia del
funcionario.
32. La autoridad administrativa, sin embargo, se limitó a descartar cada argumento de
forma separada y a reiterar el comparativo de turnos como único fundamento de la
sanción, sin advertir que ese análisis desagregado impedía analizar de manera
acumulada las circunstancias concurrentes. Así, descartó la carencia de personal por
considerar que el comparativo de impulso procesal no la reflejaba; rechazó el argumento
de las acciones constitucionales sin evaluar su incidencia real en la carga del despacho;
y calificó la diferencia de días en el impulso como alteración de turnos, sin considerar que
una variación de tres a cinco días en la emisión de autos de trámite, en el contexto de un
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Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
despacho con un solo auxiliar y carga de asuntos bajo dos regímenes procesales
distintos, no refleja necesariamente una conducta negligente.
33. Tampoco resulta de recibo que la autoridad haya sustentado parte de la sanción en
la dilación respecto de los radicados 2015-000167 y 2014-00123, que no constituían el
proceso objeto de la vigilancia (radicado 2014-00035), pues el artículo 7 del Acuerdo
PSAA11-8716 de 2011 dispone que la decisión debe recaer sobre el preciso y específico
proceso o actuación judicial de que se trate. Si bien ello no impide una valoración más
amplia del comportamiento del servidor, sí exige que el juicio sobre la mora se construya
a partir de las circunstancias reales del despacho y no de un comparativo que, al
desconocer esos factores, resulta metodológicamente insuficiente para concluir que la
tardanza fue injustificada.
34. En consecuencia, la Sala concluye que en el trámite de la vigilancia administrativa no
se acreditó la configuración de una mora judicial injustificada imputable al demandante,
por lo que los actos demandados vulneraron el ordenamiento jurídico al imponer la
sanción sin una valoración integral de las circunstancias expuestas. Se declarará, en
consecuencia, la nulidad de las Resoluciones CSJMER17-162 del 29 de agosto de 2017
y CSJMER17-216 del 1 de noviembre de 2017.
Restablecimiento del derecho
35. En los actos demandados se resolvió descontar un punto en la consolidación de la
calificación del factor eficiencia o rendimiento para el periodo 2017 al demandante, en su
calidad de Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
Meta, y remitir copia de la actuación al Consejo Superior de la Judicatura para los efectos
previstos en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.
36. A título de restablecimiento del derecho, la Sala ordenará a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que adelante las actuaciones necesarias
para que se corrija la calificación integral de servicios del señor Christian Eduardo Pinzón
Ortiz, en su calidad de Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Meta, en la consolidación del factor eficiencia o rendimiento para la
vigencia 2017, para lo cual, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles5 siguientes
a la notificación de esta providencia, deberá librar las respectivas comunicaciones a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
Dentro del mismo término, deberá adelantar las actuaciones necesarias para que se
retiren de la hoja de vida del demandante las anotaciones que se hubiesen realizado en
cumplimiento de las decisiones expedidas en la vigilancia judicial administrativa No.
50001-1101002-2017-00119.
5
La normativa de lo contencioso administrativo no contiene un término al que deba acudir el juez cuando en su
sentencia imponga una obligación de hacer. No obstante, la lectura armónica del inciso tercero del artículo 117 del
Código General del Proceso (aplicable por la remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011) y del inciso primero
del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (que regula el lapso
con el que cuentan las autoridades para dar cumplimiento a las condenas que no impliquen el pago o devolución de
una cantidad líquida de dinero) permiten fijar este término de forma razonable para que la entidad demandada
adelante las actuaciones aquí ordenadas.
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Condena en costas
37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
38. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
39. La eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
40. En consecuencia, se impondrán costas a la parte a la parte demandada, por cuanto
se accede a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente y
liquidadas por la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones CSJMER17-162 del 29 de agosto
de 2017 y CSJMER17-216 del 1 de noviembre de 2017, expedidas por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que adelante las actuaciones
necesarias para que se corrija la calificación integral de servicios del señor Christian
Eduardo Pinzón Ortiz, en su calidad de Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta, en la consolidación del factor eficiencia o rendimiento
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Radicación: 11001 03 25 000 2018 00608 00 (2580-2018)
Demandante: Christian Eduardo Pinzón Ortiz
para la vigencia 2017, para lo cual, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, deberá librar las respectivas
comunicaciones a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Dentro del mismo término, deberá adelantar las actuaciones necesarias
para que se retiren de la hoja de vida del demandante las anotaciones realizadas en
cumplimiento de las decisiones expedidas en la vigilancia judicial administrativa No.
50001-1101002-2017-00119.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la demandada.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al despacho para fijar las agencias en derecho.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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