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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00701-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00701-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar probada la cosa juzgada, respecto de la solicitud de nulidad de los artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; 7 y 18 del Decreto 108 de 1994; 7 y 17 del Decreto 49 de 1995; 7 y 17 del Decreto 108 de 1996; 7 y 17 del Decreto 52 de 1997; 7 y 18 del Decreto 50 de 1998; 7 y 17 del Decreto 38 de 1999; 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000; 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001; 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; 15 del Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004; 15 del Decreto 943 de 2005; 15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de 2007; 15 del Decreto 665 de 2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395 de 2010; 15 del Decreto 1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del Decreto 1035 de 2013; 15 del Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de 2015; 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017. 29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de octubre de 2025, radicaciones 11001-03-25-000-2018-01031-00 [3277-2018] y 11001-03-25-000-2018-01362-00 [4562-2018], M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. 30 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicación 11001-03-25-000-2018-01101-00 [3974-2018]. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicado: 11001-03-25-000-2018-00701-00 (2673-2018) Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves Segundo: Estar a lo resuelto en las sentencias del 3 de marzo de 2005, radicación 11001032500019971702101 (17021), 13 de septiembre de 2007, radicación 11001032500020030011301 (478-03), 14 de febrero de 2002, radicación 11001-03- 25-000-1999-0031-00 (197-99), 15 de abril de 2004, radicación 11001032500020010004301 (0712-01), 15 de julio de 2004, radicación 1100103250002002017801 (3531-02) y 21 de septiembre de 2022, radicado 11001- 03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018). Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00701-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00701-00 (2673-2018)
Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves
Demandado: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la Nación, y
Departamento Administrativo de la Función Pública

Tema: Nulidad decretos expedidos por el gobierno nacional. Prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Cosa
juzgada.

Sentencia de única instancia

Asunto

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo1.

1. Antecedentes

1.1. Demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Diego Felipe Figueroa Chaves presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad por inconstitucionalidad y de nulidad y restablecimiento del derecho,
previstos en los artículos 135 y 138 del CPACA, respectivamente. Sin embargo,
mediante auto del 3 de diciembre de 20192 se adecuó al medio de control de nulidad
simple3, en orden a que se declarara la nulidad parcial de los decretos que
establecieron el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la
Fiscalía General de la Nación, así:

1 En lo sucesivo CPACA.
2 Folios 70 a 73.
3 En relación con el medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho la providencia resolvió

«ESCINDIR la demanda de la referencia para que, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia, las pretensiones subjetivas de nulidad y restablecimiento del derecho
sean conocidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda. La demanda que
se someterá al conocimiento del Tribunal, en primera instancia, será aquella que busca discutir la
legalidad de la Resolución 2-2520 del 18 de agosto de 2017, expedida por el subdirector de Talento
Humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante la que se negó la reliquidación de la prima
especial de servicios y confirmó el Oficio No. DS-TH-328 del 21 de abril de 2017» [sic] y «REMITIR
de manera inmediata copia íntegra de este expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– reparto-, a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral anterior […]» [sic].

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00701-00 (2673-2018)
Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

1.1. Los artículos 6 del Decreto 53 de 1993; 7 del Decreto 108 de 1994; 7 del Decreto
49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1996; 7 del Decreto 52 de 1997; 7 del Decreto 50
de 1998; 7 del Decreto 38 de 1999; 8 del Decreto 2743 de 2000; 8 del Decreto 2729
de 2001 y 7 del Decreto 685 de 2002, en cuanto dispusieron: «[e]l treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se considera como
prima especial de servicios sin carácter salarial [...]».

1.2. Igualmente, de los artículos 16 del Decreto 53 de 1993; 18 del Decreto 108 de
1994; 17 del Decreto 49 de 1995; 17 del Decreto 108 de 1996; 17 del Decreto 52 de
1997; 18 del Decreto 50 de 1998; 17 del Decreto 38 de 1999; 17 del Decreto 2743
de 2000; 17 del Decreto 2729 de 2001; 16 del Decreto 685 de 2002; 15 del Decreto
3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004; 15 del Decreto 943 de 2005; 15 del
Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de 2007; 15 del Decreto 665 de 2008; 16
del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395 de 2010; 15 del Decreto 1047 de
2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del Decreto 1035 de 2013; 15 del Decreto
205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de 2015; 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del
Decreto 989 de 2017, los cuales reiteraron el siguiente contenido normativo:
«[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional
estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4a. de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto
y no creará derechos adquiridos».

1.1.2. Fundamentos fácticos

2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

2.1. El Congreso de la República, en ejercicio de la competencia prevista en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f), de la Constitución Política, expidió la Ley
4ª de 1992, cuyo artículo 14 creó una prima especial no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial, disposición que fue modificada por
la Ley 332 de 1996 y aclarada por la Ley 476 de 1998, normas que se encuentran
vigentes. No obstante, el gobierno nacional no estableció dicha prima para los
fiscales de la Fiscalía General de la Nación.

2.2. Diego Felipe Figueroa Chaves se vinculó como fiscal en la Fiscalía General de
la Nación el 23 de mayo de 1994, el cual se ha mantenido de manera continua en
distintos despachos judiciales. Inicialmente prestó sus servicios ante jueces
municipales y promiscuos hasta el 22 de septiembre de 1995. Con posterioridad,
asumió funciones ante jueces del circuito desde el año 2000, y más adelante, entre
el 12 de julio y el 23 de diciembre de 2013, ejerció ante jueces especializados.
Desde el 23 de diciembre de 2013 y hasta el 9 de diciembre de 2015 desempeñó
funciones ante jueces del circuito, y brevemente, entre el 9 y el 28 de diciembre de
2015, ante tribunal de distrito. Finalmente, desde el 28 de diciembre de 2015 ejerce
funciones ante jueces del circuito, cargo que ha desempeñado en el departamento
del Cauca.

2.3. Durante todo el tiempo de su vinculación como fiscal, no se le reconoció ni pagó
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ni se efectuó la
reliquidación y pago de los emolumentos laborales que tienen como base dicho
concepto.

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Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

2.4. Presentó petición en la cual solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial
equivalente al 30% de su remuneración mensual y de las sumas derivadas de ella,
solicitud que fue negada por la administración.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales se citaron los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150
(literales e) y f) del numeral 19), 189. 209, 228 y 253 de la Constitución Política; 8
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Convenio 95 de la
Organización Internacional de Trabajo; 4 del Protocolo de San Salvador; 11, 13, 21,
127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo4; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4ª de
1992; y 152 [numeral 7] de la Ley 270 de 1996.

4. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos5:

4.1. La Ley 4ª de 1992, modificada por las Leyes 332 de 1996 y 476 de 1998,
constituyó la norma marco del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, incluida la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la competencia
exclusiva del legislador para crear derechos salariales y prestacionales. En
consecuencia, el gobierno nacional solo contaba con la potestad reglamentaria y no
podía modificar, suprimir ni desmejorar tales derechos.

4.2. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 creó una prima especial a favor de los fiscales,
la cual debía reconocerse como un incremento real del salario básico, conforme con
los principios de progresividad, favorabilidad e irrenunciabilidad. Sin embargo, entre
1993 y 2002 el ejecutivo desnaturalizó el emolumento al incorporarlo dentro del
salario básico, lo que produjo una reducción material de la remuneración y de las
prestaciones sociales. A partir de 2003, el gobierno nacional suprimió de manera
absoluta la prima especial, pese a que el legislador nunca la derogó ni la modificó.

4.3. Este proceder vulneró la reserva de ley en materia salarial y prestacional, al
haber ejercido el Ejecutivo una competencia que no le correspondía, excedió la
potestad reglamentaria y desconoció los principios constitucionales de
progresividad, no regresividad, favorabilidad, igualdad, confianza legítima y
protección especial al trabajo.

4.4. De esta manera, las disposiciones acusadas fueron expedidas con
desconocimiento de la Ley 4ª de 1992, al regular una materia de reserva legal y al
limitar la remuneración salarial de los fiscales sin competencia para ello.

4.5. La actuación del ejecutivo constituyó una medida regresiva injustificada,
prohibida por la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa. En particular, el Consejo de Estado
reconoció que las primas representaban un ingreso adicional y que resultaba

4 En lo que sigue CST.
5 Folios 54 vuelto a 64 vuelto.

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Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

contrario a la lógica jurídica aceptar que estas generaran una disminución del
salario6.

4.6. No operó la cosa juzgada, toda vez que la causa petendi del presente proceso
se fundó en la falta de reglamentación válida y en la supresión indebida de un
derecho laboral creado por la ley y no en la naturaleza salarial de la prima. Por tanto,
las disposiciones reglamentarias demandadas carecieron de validez jurídica y
debieron retirarse del ordenamiento por contrariar normas superiores y
desnaturalizar el régimen salarial fijado por el legislador.

1.2. Contestación de la demanda

5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones la
demanda con base en los siguientes argumentos7:

5.1. La controversia debía analizarse conforme al Estatuto Orgánico del
Presupuesto. La elaboración del presupuesto general de la nación correspondía al
Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, su aprobación
al Congreso de la República y su ejecución a cada sección presupuestal, en
ejercicio de su autonomía.

5.2. La asignación de recursos estaba condicionada por la disponibilidad fiscal, el
marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal, y las apropiaciones se otorgaban de
manera global y correspondía a cada entidad la priorización del gasto. En ese
contexto, la Fiscalía General de la Nación tenía autonomía para comprometer y
ordenar el gasto, incluidos los de personal.

5.3. Respecto de los apartes normativos contenidos en el artículo 6 del Decreto 53
de 1993; el artículo 7 de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de
1997, 50 de 1998, 38 de 1999 y 685 de 2002; y el artículo 8 de los Decretos 2743
de 2000 y 2729 de 2001, se constató que dichos preceptos ya habían sido objeto
de control jurisdiccional definitivo por parte del Consejo de Estado.

5.4. En efecto, mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso 11001-03-25-000-
1999-0031-00 (197-99), se declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 38 de 1999.
Posteriormente, mediante fallos del 15 de abril y del 15 de julio de 2004, dictados
en los procesos 11001-03-25-000-2001-0043-01 (712-01) y 11001-03-25-000-2002-
0178-01 (3531-02), la misma Sección anuló el artículo 8 del Decreto 2743 de 2000
y el artículo 7 del Decreto 685 de 2002. A su turno, en sentencia del 3 de marzo de
2005, dentro del expediente 11001-03-25-000-1997-17021-01 (17021), se dispuso
la nulidad de los artículos 7 de los Decretos 52 de 1997, 108 de 1996, 49 de 1995 y
108 de 1994, así como del artículo 6 del Decreto 53 de 1993. Finalmente, mediante
fallo del 13 de septiembre de 2007, proferido en el proceso 11001-03-25-000-2003-
00113-01 (478-03), se declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 50 de 1998 y del
artículo 8 del Decreto 2729 de 2001.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicación 11001-03-25-

000-2007-00098- 00 (1831-07).
7 Samai, índice 44, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«22_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 44» 3 a 17.

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Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

5.5. Frente a los artículos 6 del Decreto 53 de 1993; 7 de los Decretos 108 de 1994,
49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999 y 685 de 2002; y 8
de los Decretos 2743 de 2000 y 2729 de 2001, se verificó la configuración de la
cosa juzgada. Tales disposiciones ya habían sido objeto de control jurisdiccional por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, que mediante sentencias proferidas
entre los años 2002 y 2007 declaró su nulidad, con efectos erga omnes y carácter
definitivo8.

5.6. Las providencias mencionadas adquirieron firmeza y excluyeron dichas normas
del ordenamiento jurídico, lo cual tornó improcedente un nuevo examen de legalidad
sobre iguales preceptos. Conforme con el artículo 189 del CPACA, la nulidad
declarada produjo cosa juzgada erga omnes, circunstancia que delimitó la
competencia del juez y excluyó la reapertura del debate jurídico ya definido.

5.7. La prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, modificada por
la Ley 332 de 1996, fue una prestación sin carácter salarial y de destinación taxativa,
distinta de la prima de nivelación del artículo 15 de esa ley. Las normas
reglamentarias demandadas se limitaron a reiterar ese marco legal, sin vulnerar la
Constitución ni desvirtuar su presunción de legalidad.

5.8. Las normas demandadas se expidieron en ejercicio de la potestad reglamentaria
conferida al gobierno nacional por los artículos 189, numeral 11, y 150, numeral 19,
de la Constitución y por la Ley 4ª de 1992, sin vulnerar el principio de legalidad.

5.9. La Ley 4ª de 1992 atribuyó al gobierno nacional la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos los de la Fiscalía
General de la Nación, por lo que los decretos cuestionados se expidieron dentro de
dicha competencia, sin extralimitación ni alteración del régimen legal.

6. La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda con
fundamento en lo siguiente9:

6.1. Los precedentes invocados por la parte actora no resultaron aplicables al caso
concreto. En particular, la sentencia del 2 de abril de 2009, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto
618 de 2007, versó sobre una prima distinta, reconocida a servidores públicos
diferentes y carente de sustento directo en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En
este sentido, pese a la similitud nominal y porcentual, correspondía a una retribución
legal y materialmente diversa de la prima especial objeto de estudio.

6.2. No se acreditó la existencia de un precedente aplicable, pues la tesis invocada
desconoció decisiones que habían reconocido la legalidad de la prima especial sin
carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la configuración de

8 Sentencias del 14 de febrero de 2002, radicación 11001-03-25-000-1999-0031-00, 15 de abril y 15

de julio de 2004, radicación 11001-03-25-000-2001-0043-01 y 11001-03-25-000-2002-0178-01, 3 de
marzo de 2005, radiación 11001-03-25-000-1997-17021-01 y 13 de septiembre de 2007, radicación
11001-03-25-000-2003-00113-01.
9 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«25_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 47», folios 3 a 15.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00701-00 (2673-2018)
Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

cosa juzgada absoluta respecto de los decretos salariales expedidos entre 1993 y
200210.

6.3. La existencia de cosa juzgada se configuró respecto de varias de las
disposiciones demandadas, al haber sido previamente anuladas mediante
sentencias del Consejo de Estado con efectos erga omnes, circunstancia que
impedía un nuevo pronunciamiento sobre su validez. En efecto, desde el año 2002
la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de distintos artículos
de los decretos que regulaban el régimen salarial y prestacional de los servidores
de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos los decretos 38 de 1999, 2743 de
2000, 685 de 2002, 53 de 1993, 52 de 1997, 49 de 1995, 108 de 1994 y 1996, 50
de 1998 y 2729 de 2001, mediante providencias ejecutoriadas proferidas entre 2002
y 2007, las cuales produjeron efectos definitivos y excluyeron dichas disposiciones
del ordenamiento jurídico11.

6.4. En relación con las restantes normas acusadas, estas se limitaron a reproducir
la regla prevista en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, relativa a la competencia
exclusiva del gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional, sin que
se evidenciara vulneración alguna de la Constitución o de la ley.

6.5. El desarrollo jurisprudencial consolidado estableció que el ejecutivo carecía de
competencia para extender la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 a funcionarios distintos de los expresamente previstos por el legislador, en
particular a los fiscales que optaron por la escala salarial de la Fiscalía General de
la Nación, lo que conducía a estarse a lo resuelto respecto de las disposiciones ya
anuladas y a negar las demás pretensiones de nulidad.

7. El Departamento Administrativo de la Función Pública contestó la demanda
con las siguientes consideraciones12:

7.1. La sentencia del 2 de abril de 200913, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, no resultaba aplicable al caso, toda vez que allí se examinó un
decreto dirigido a empleados subalternos de la Rama Judicial, con base en una
fuente normativa distinta y respecto de un grupo diferente de servidores públicos,
sin que se debatiera la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
ni sus modificaciones.

7.2. Las disposiciones demandadas, al prohibir que autoridades distintas al gobierno
nacional crearan o modificaran el régimen salarial y prestacional, constituyeron un
desarrollo directo del artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, cuyo propósito fue preservar
la competencia asignada por el legislador al ejecutivo, sin que ello implicara la

10 Sección Segunda del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006,

radicación 11001032500020030005701 [121-03], M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
11 Sentencias del 14 de febrero de 2002, radicación 1100103250001999003100 [197-99], 15 de abril

y 15 de julio de 2004, radicados. 1100103250002001004301 [712-01] y 1100103250002002017801
[3521-02], 3 de marzo de 2005, radicación 11001032500019971702101 [170-21] y 13 de septiembre
de 2007, radicación 11001032500020030011301 [478-03].
12 Samai, índice 51, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«28_MemorialWeb_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 51».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicación 11001-03-25-

000-2007-00098- 00 (1831-07).

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inmutabilidad de los decretos salariales ni el desconocimiento de derechos
laborales.

7.3. Con fundamento en el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política, el
Congreso, mediante leyes marco, fijó los objetivos y criterios generales del régimen
salarial y prestacional, mientras que al gobierno nacional correspondió su
desarrollo. En ejercicio de dicha competencia se expidió la Ley 4ª de 1992, que
reguló el régimen aplicable a distintos grupos de servidores públicos.

7.4. El artículo 14 de esa ley estableció una prima especial, sin carácter salarial, para
determinados funcionarios expresamente señalados, distinta de la prevista en el
artículo 15 para los magistrados de las altas cortes, por lo que no resultaron
equiparables. La delimitación de sus beneficiarios fue reafirmada por la Ley 332 de
1996, que excluyó a los fiscales sometidos al régimen salarial optativo.

7.5. La Corte Constitucional, en las sentencias C-279 de 1996 y C-052 de 1999,
declaró la exequibilidad de dichas disposiciones, al concluir que no vulneraron el
principio de igualdad ni los derechos laborales, y precisó que la prima especial solo
integraba el ingreso base de liquidación para efectos pensionales.

7.6. El Consejo de Estado, en jurisprudencia reiterada, determinó que el gobierno
nacional careció de competencia para extender esa prima a los fiscales del régimen
optativo, razón por la cual anuló disposiciones reglamentarias que así lo
dispusieron, sin que ello afectara la validez de las escalas salariales ni el carácter
salarial de los incrementos reconocidos.

7.7. Formuló como excepciones las de: (i) caducidad de la acción de nulidad simple;
(ii) trámite inadecuado de la demanda; (iii) cosa juzgada material y absoluta; y (iv)
genérica.

8. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda con base en los siguientes
argumentos14:

8.1. La Ley 4ª de 1992, expedida en desarrollo del artículo 150, numeral 19, de la
Constitución, fijó el marco general que debía observar el gobierno nacional para
regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluida la
Fiscalía General de la Nación. En su artículo 14 autorizó la creación de una prima
especial sin carácter salarial para determinados funcionarios de la Rama Judicial y
otros cargos expresamente señalados, con la exclusión de quienes optaran por el
régimen salarial propio de la Fiscalía, vigente desde el 1 de enero de 1993.

8.2. En concordancia con esa voluntad legislativa, los fiscales de la Fiscalía General
de la Nación, tanto quienes optaron voluntariamente por el régimen salarial especial
como quienes se vincularon con posterioridad, no fueron beneficiarios de dicha
prima. No obstante, el gobierno nacional incluyó indebidamente una prima del 30%
en los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2002, lo que llevó al Consejo de

14 Samai, índice 52, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documentos
«32_MemorialWeb_ContestaciónDemanda(.pdf) NroActua 52» y
«32_MemorialWeb_ContestaciónDemanda(.pdf) NroActua 52».

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Estado a declarar la nulidad total de las disposiciones que la establecían, al haber
constatado una extralimitación de la potestad reglamentaria.

8.3. En acatamiento de esos fallos y del marco legal fijado por el legislador, a partir
de 2003 los decretos salariales de la Fiscalía no incluyeron la referida prima. Ello no
implicó la supresión ni regresividad de derechos laborales, pues los fiscales nunca
adquirieron un derecho legítimo a dicha prestación, y sus salarios han sido
incrementados progresivamente conforme con la Ley 4ª de 1992 y los principios
constitucionales.

8.4. Adicionalmente, el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que todo régimen
salarial o prestacional establecido en contravía de la ley marco carecía de efectos y
no generaba derechos adquiridos, regla que fue reiterada en los decretos salariales
demandados y que garantizaba el respeto de la competencia exclusiva del gobierno
nacional en la materia, dentro de los límites fijados por el legislador.

8.5. Formuló como excepción de cosa juzgada, toda vez que los apartes normativos
demandados ya habían sido objeto de control jurisdiccional por parte del Consejo
de Estado y declarados nulos mediante sentencias ejecutoriadas.

8.6. Lo anterior, toda vez que los artículos 6 del Decreto 53 de 1993 y 7 de los
decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y 52 de 1997 fueron anulados por
la sentencia del 3 de marzo de 2005 [rad. 11001032500019971702101]. Asimismo,
los artículos 7 del Decreto 50 de 1998 y 8 del Decreto 2729 de 2001 fueron anulados
mediante sentencia del 13 de septiembre de 2007 [rad.
11001032500020030011301]. De igual forma, el artículo 7 del Decreto 38 de 1999
fue anulado por sentencia del 14 de febrero de 2002 [rad.
1100103250001999003100]. Finalmente, los artículos 8 del Decreto 2743 de 2000
y 7 del Decreto 685 de 2002 también fueron anulados por las sentencias del 15 de
abril de 2004 [rad. 11001032500020010004301] y del 15 de julio de 2004 [rad.
1100103250002002017801], respectivamente.

1.3. Decisión sobre excepciones previas

9. El auto del 18 de octubre de 202215 resolvió las excepciones previas y resolvió lo
siguiente:

«PRIMERO: INHIBIRSE sobre las excepciones previas o mixtas de caducidad
sobre las pretensiones subjetivas del acápite quinto, denominado16 de la
demanda.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones previas o mixtas de
caducidad sobre las pretensiones de la nulidad simple, las de trámite inadecuado
de la demanda y falta manifiesta de legitimación en la causa, propuestas por las
entidades accionadas.

SEGUNDO: DECLARAR que la excepción de cosa juzgada y los demás medios
defensivos propuestos como excepciones sustanciales serán estudiados al
resolver el fondo del asunto.

15 Folios 88 a 95.
16 «Visible a folio 47. Pretensiones de Nulidad Particular».

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TERCERO: DECLARAR que no hay lugar a adoptar medidas de saneamiento
procesal» [sic].

1.4. Trámite de sentencia anticipada

10. Con auto del 3 de octubre de 202317 se impartió el trámite de sentencia
anticipada. Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de pruebas; fijó el litigio;
y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. Los
problemas jurídicos que habría de resolverse en la sentencia de fondo se
delimitaron de la siguiente forma:

«En primer lugar, definir si los 25 Decretos expedidos por el Gobierno Nacional,
en la parte que disponen que “El treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima
especial de servicios sin carácter salarial”, violan la Ley 4ª de 1992 porque
entran a “MODIFICAR Y SUPRIMIR remuneración salarial y prestacional a los
Fiscales”, sin tener competencia para ello.

Y, en segundo lugar, definir si los 25 Decretos expedidos por el Gobierno
Nacional, en la parte que disponen que “Ninguna autoridad podrá establecer o
modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del
presente decreto, en consecuencia, con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos”, violan la Constitución porque el Gobierno
“usurpó las funciones del legislador y se blindó con este artículo, porque
contravino la misma Ley 4ª de 1992”» [sic].

1.5. Alegatos de conclusión

11. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión, en el siguiente orden:

12. La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó estarse a lo resuelto
en las sentencias «1100103250001999003100 del 2002, 1100103250002001004301 y
1100103250002002017801 del 2004, 11001032500019971702101 del 2005,
11001032500020030011301 del 2007, 11001032500020180110100 del 2022», toda vez
que en estas providencias ya se resolvió de fondo el tema debatido y se declaró la
nulidad de las normas demandadas18.

13. El Departamento Administrativo de la Función Pública reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda19.

14. La Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público intervino en esta etapa
para exponer20:

14.1. Las pretensiones se fundamentaron en una interpretación errónea de la ley, en
tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado había

17 Folios 100 a 104.
18 Samai, índice 76, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«62_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 76», folios 3 a 6.
19 Samai, índice 90, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«88_MemorialWeb_ALEGATOS(.pdf) NroActua 90».
20 Samai, índice 91, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,

documento
«93_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 91», folios 3 a 6.

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admitido la existencia de pagos sin carácter salarial. Sobre este punto, operó la
«cosa juzgada constitucional», conforme con lo dispuesto en las sentencias C-279 de
1996 y C-052 de 1999. En particular, la sentencia C-279 de 1996 declaró exequible
la expresión «sin carácter salarial», establecida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4
de 1992.

14.2. Asimismo, el Consejo de Estado, en sentencia del 19 de septiembre de 1996,
señaló que no podía entenderse que una disposición destinada a mejorar las
condiciones económicas del trabajador vulnerara el derecho al trabajo.

14.3. De otra parte, las normas cuya nulidad se pretendía ya habían sido anuladas
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 21 de septiembre de 2022. En consecuencia, el presente proceso
perdió su objeto, en razón de los efectos jurídicos de dicha providencia.

15. La Fiscalía General de la Nación manifestó21:

15.1. El Consejo de Estado anuló de manera reiterada y definitiva los artículos de los
decretos salariales expedidos entre 1993 y 2002 que reconocían una prima del 30%
a favor de los Fiscales, al considerar que estos funcionarios no eran beneficiarios
de la prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por expresa voluntad del
legislador. En los pronunciamientos, la Corporación anuló la totalidad de las
disposiciones demandadas, lo que produjo su expulsión definitiva del ordenamiento
jurídico y generó cosa juzgada, lo que impedía cualquier nuevo pronunciamiento
judicial sobre normas inexistentes.

15.2. La anulación se fundamentó en que el gobierno nacional excedió su potestad
reglamentaria al incluir a los Fiscales dentro del ámbito de aplicación de una prima
de la cual habían sido excluidos legalmente, tanto quienes optaron voluntariamente
por el régimen salarial de la Fiscalía como quienes quedaron sometidos a él por
mandato legal. En consecuencia, a partir de 2003 el gobierno se abstuvo de incluir
dicha prima en los decretos salariales de la entidad, en respeto de los fallos
judiciales y del marco fijado por la Ley 4ª de 1992.

15.3. Asimismo, las disposiciones cuestionadas relativas a la prohibición de
establecer o modificar esquemas remuneratorios distintos de los definidos por el
ejecutivo se limitaron a reproducir el mandato contenido en el artículo 10 de la Ley
4ª de 1992, expedida en desarrollo del artículo 150, numeral 19, literales e) y f), de
la Constitución Política. En consecuencia, no contrariaron el orden constitucional ni
legal, sino que reafirmaron la competencia exclusiva del gobierno nacional en la
materia y la ausencia de efectos jurídicos y de derechos adquiridos derivados de
regulaciones fijadas por fuera del marco legal.

16. El demandante, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado no se pronunció en la instancia procesal.

21 Samai, índice 93, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«94_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 93».

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2. Consideraciones

2.1. Competencia

17. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia sobre las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 1322, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201923
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problemas jurídicos

18. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el
trámite de sentencia anticipada, y en atención a los argumentos expuestos por las
partes, se considera necesario, de manera previa a su estudio, pronunciarse sobre
la cosa juzgada advertida por las entidades demandadas, en tanto constituye un
presupuesto procesal que, de configurarse, impediría el estudio de fondo del asunto.

19. En este sentido, el problema jurídico a resolver de forma preliminar consiste en
determinar ¿si la controversia se encuentra cobijada por el fenómeno de la cosa
juzgada, en consideración a la existencia de decisiones previas que habrían definido
de manera definitiva la legalidad de los actos demandados?

20. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, se considera
necesario efectuar unos ajustes a los problemas jurídicos planteados en el auto del
5 de diciembre de 2023, para mayor precisión conceptual, para señalar que se
deberán resolver los siguientes interrogantes:

¿Los artículos 6 del Decreto 53 de 1993; 7 del Decreto 108 de 1994; 7 del
Decreto 49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1996; 7 del Decreto 52 de 1997;
7 del Decreto 50 de 1998; 7 del Decreto 38 de 1999; 8 del Decreto 2743 de
2000; 8 del Decreto 2729 de 2001 y 7 del Decreto 685 de 2002 fueron
expedidos sin compentencia al limitar la remuneración salarial de los fiscales
y con desconocimiento de los principios de progresividad, no regresividad,
favorabilidad, igualdad, confianza legítima y protección especial al trabajo?

¿Los artículos 16 del Decreto 53 de 1993; 18 del Decreto 108 de 1994; 17
del Decreto 49 de 1995; 17 del Decreto 108 de 1996; 17 del Decreto 52 de
1997; 18 del Decreto 50 de 1998; 17 del Decreto 38 de 1999; 17 del Decreto
2743 de 2000; 17 del Decreto 2729 de 2001; 16 del Decreto 685 de 2002; 15
del Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004; 15 del Decreto 943
de 2005; 15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de 2007; 15 del
Decreto 665 de 2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395 de
2010; 15 del Decreto 1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del
Decreto 1035 de 2013; 15 del Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de

22 Reglamento interno del Consejo de Estado.
23 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».

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2015; 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017 fueron
expedidos con desconocimiento de la Ley 4ª de 1992 al regular una materia
de reserva legal?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Cosa juzgada

21. La cosa juzgada es una institución jurídica en virtud de la cual las decisiones
contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales adquieren el carácter
de inmutables, vinculantes y definitivas. Este atributo propende a la seguridad
jurídica, pues tiene por finalidad lograr la terminación definitiva de los litigios 24 y dar
«certeza a la relación jurídica objeto de litigio»25.

22. De esta manera, se establece un impedimento para que el juez se pronuncie
sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio planteado
se ha proferido previamente una decisión judicial. Al respecto, la Corte
Constitucional señaló que se trata de una institución jurídico-procesal, en los
siguientes términos:

«[...] mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y
en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos
consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se
imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del
Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto
de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las
providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los
funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a
entablar el mismo litigio»26.

23. Esta figura jurídica se encuentra prevista en el artículo 303 del Código General
del Proceso, según el cual «la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes».

24. En atención a lo anterior, para establecer si se presenta el fenómeno de la cosa
juzgada respecto de una decisión judicial anterior, es necesario determinar si
concurren los siguientes requisitos: i) identidad de objeto; ii) identidad de causa; e
iii) identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido definidos por la
jurisprudencia constitucional en los siguientes términos27:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o

24 En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 28

de febrero de 2013, Radicación: 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07) Actor: Luz Beatriz
Pedraza Bernal, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, y de la Corte Constitucional C-259 de
2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
25 Sentencia C-100 de 2019.
26 Sentencia C-774 de 2001.
27 Sentencia C-774 de 2001.

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modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se
predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que
no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos
o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada».

25. Asimismo, el artículo 189 del CPACA dispone:

«La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso
tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen
en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga
omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales
se haga el examen [...]»

26. Por su parte, el artículo 182A del CPACA, le impone al juez contencioso el deber
de dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre
probada la cosa juzgada.

2.4. Caso concreto

27. En el asunto de la referencia, a través del presente medio de control se pretendió
la nulidad de los artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; 7 y 18 del Decreto 108 de
1994; 7 y 17 del Decreto 49 de 1995; 7 y 17 del Decreto 108 de 1996; 7 y 17 del
Decreto 52 de 1997; 7 y 18 del Decreto 50 de 1998; 7 y 17 del Decreto 38 de 1999;
8 y 17 del Decreto 2743 de 2000; 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001; 7 y 16 del
Decreto 685 de 2002; 15 del Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004;
15 del Decreto 943 de 2005; 15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de
2007; 15 del Decreto 665 de 2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395
de 2010; 15 del Decreto 1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del Decreto
1035 de 2013; 15 del Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de 2015; 16 del
Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.

28. Para efectos de constatar si el presente asunto cumple con los supuestos para
que se configure la cosa juzgada, se advierte en primer lugar, en cuanto a la
identidad de partes que, comoquiera que el medio de control de nulidad simple tiene
la naturaleza de acción pública, puede ser interpuesta por cualquier persona, pues
su finalidad lleva implícito restablecimiento en abstracto del orden jurídico y, por
ende, el interés general. En esta medida, en lo que atañe a la cosa juzgada, no es
necesario que se presente identidad absoluta de partes28.

29. Ahora, en relación con la identidad de objeto, verificados los antecedentes

28En este sentido, se puede consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 14 de abril de 2016, radicado: 110010325000200700078 00 (1552-
2007), demandante: Hugo Antonio Navarro y otros, M.P. William Hernández Gómez.

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jurisprudenciales sobre la materia, se identificaron decisiones proferidas por la
Sección Segunda, que se pronunciaron sobre la legalidad de las disposiciones
demandadas, como pasa a exponerse:

29.1. La sentencia del 14 de febrero de 2002, demandante: Everardo Venegas Avilan,
radicado: 11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99), M.P. Nicolás Pajaro
Peñaranda, declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 38 de 1999. Lo anterior,
toda vez que la disposición desconoció lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, al atribuirle el carácter de prima especial de servicios a un porcentaje del
salario básico mensual de servidores de la Fiscalía General de la Nación que se
encontraban expresamente excluidos por el legislador de ese beneficio, sin que
existiera habilitación legal para ello.

29.2. La sentencia del 15 de abril de 2004, demandante: Everardo Venegas Avilan,
radicado: 11001032500020010004301 (0712-01), M.P. Nicolás Pajaro Peñaranda
declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de 2000, por juzgar que dicha
disposición desconoció lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al otorgar
una prima especial de servicios a servidores de la Fiscalía General de la Nación que
el legislador había excluido expresamente de ese beneficio.

29.3. La sentencia del 15 de julio de 2004, demandante: Everardo Venegas Avilan,
radicado: 1100103250002002017801 (3531-02), M.P. Ana Margarita Olaya Forero
declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 685 de 2002, al considerar que el
gobierno nacional carecía de competencia para establecer una prima especial sin
carácter salarial a favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación
sometidos a la escala salarial prevista en los Decretos 52 y 53 de 1993, en contravía
de la exclusión expresa prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

29.4. La sentencia del 3 de marzo de 2005, demandante: Everardo Venegas Avila y
otros, radicado: 11001032500019971702101 (17021), M.P. Ana Margarita Olaya
Forero, declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto 53 de 1993; 7 del Decreto
108 de 1994; 7 del Decreto 49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1996; y 7 del Decreto
52 de 1997, por contrariar el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y otorgar una prima
especial sin carácter salarial por fuera del marco legal aplicable.

29.5. La sentencia del 13 de septiembre de 2007, demandante: Luz Mireya
Amezquita Ballesteros, radicado: 11001032500020030011301 (478-03), M.P.
Alejandro Ordóñez Maldonado, declaró la nulidad de los artículos 7 del Decreto 50
de 1998 y 8 del Decreto 2729 de 2001, por desconocer la exclusión prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 respecto de los servidores de la Fiscalía General
de la Nación acogidos a la escala salarial vigente desde el 1 de enero de 1993.
Igualmente, se estuvo a lo resuelto en las sentencias del 15 de julio de 2004,
radicado 11001-03-25-000-2002-0178-01 (3531-02), y del 3 de marzo de 2005,
radicado 11001-03-25-000-1997-17021-01 (17021), en las que se declaró la nulidad
de disposiciones que también habían sido demandadas en esa oportunidad.

29.6. LaSección Segunda, Sala de Conjueces, profirió la sentencia del 21 de
septiembre de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018), C.P.
Néstor Raúl Correa Henao, por la cual declaró la nulidad de los artículos 6 y 16 del
Decreto 53 de 1993; 7 y 18 del Decreto 108 de 1994; 7 y 17 del Decreto 49 de 1995;
7 y 17 del Decreto 108 de 1996; 7 y 17 del Decreto 52 de 1997; 7 y 18 del Decreto

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00701-00 (2673-2018)
Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

50 de 1998; 7 y 17 del Decreto 38 de 1999; 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000; 8 y 17
del Decreto 2729 de 2001; 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; 15 de los Decretos 3549
de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007 y 665 de 2008; 16
de los Decretos 730 de 2009 y 1395 de 2010; 15 de los Decretos 1047 de 2011, 875
de 2012, 1035 de 2013 y 205 de 2014; 16 de los Decretos 1087 de 2015 y 219 de
2016, y 17 del Decreto 989 de 2017, al considerar que las disposiciones
desconocieron el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al disponer que un porcentaje del
salario básico se imputara como prima especial de servicios, cuando esta debía
constituir un ingreso adicional y no parte del salario.

30. En atención a lo anterior, se procede a confrontar las disposiciones que fueron
anuladas con las que son objeto de demanda en esta oportunidad, en el siguiente
cuadro:

Norma demandada en este
Sentencia Norma anulada
proceso
Sentencia del 14 de febrero de
2002, radicado: 11001-03-25- Decreto 38 de 1999 (art. 7) Decreto 53 de 1993 (arts. 6 y 16)
000-1999-0031-00 (197-99)
Sentencia del 15 de abril de Decreto 108 de 1994 (arts. 7 y 18)
2004, radicado:
Decreto 2743 de 2000 (art. 8)
11001032500020010004301 Decreto 49 de 1995 (arts. 7 y 17)
(0712-01)
Sentencia del 15 de julio de Decreto 108 de 1996 (arts. 7 y 17)
2004, radicado:
Decreto 685 de 2002 (art. 7)
1100103250002002017801 Decreto 52 de 1997 (arts. 7 y 17)
(3531-02)
Decreto 53 de 1993 (art. 6) Decreto 50 de 1998 (arts. 7 y 18)
Sentencia del 3 de marzo de
Decreto 108 de 1994 (art. 7)
2005, radicado:
Decreto 49 de 1995 (art. 7) Decreto 38 de 1999 (arts. 7 y 17)
1001032500019971702101
Decreto 108 de 1996 (art. 7)
(17021)
Decreto 52 de 1997 (art. 7) Decreto 2743 de 2000 (arts. 8 y 17)
Sentencia del 13 de septiembre
Decreto 50 de 1998 (art. 7)
de 2007, radicado: Decreto 2729 de 2001 (arts. 8 y 17)
Decreto 2729 de 2001 (art. 8)
11001032500020030011301
(478-03) Decreto 685 de 2002 (arts. 7 y 16)
Decreto 53 de 1993 (arts. 6 y 16)
Decreto 3549 de 2003 (art. 15)
Decreto 108 de 1994 (arts. 7 y 18)
Decreto 4180 de 2004 (art. 15)
Decreto 49 de 1995 (arts. 7 y 17)
Decreto 943 de 2005 (art. 15)
Decreto 108 de 1996 (arts. 7 y 17)
Decreto 396 de 2006 (art. 15)
Decreto 52 de 1997 (arts. 7 y 17)
Decreto 625 de 2007 (art. 15)
Decreto 50 de 1998 (arts. 7 y 18)
Decreto 665 de 2008 (art. 15)
Decreto 38 de 1999 (arts. 7 y 17)
Sentencia del 21 de septiembre Decreto 730 de 2009 (art 16)
de 2022, 11001-03-25-000-
Decreto 2743 de 2000 (arts. 8 y 17)
2018-01101-00 (3974-2018). Decreto 1395 de 2010 (art. 16)
Decreto 2729 de 2001 (arts. 8 y 17)
Decreto 1047 de 2011 (art. 15)
Decreto 685 de 2002 (arts. 7 y 16)
Decreto 875 de 2012 (art. 15)
Decreto 3549 de 2003 (art. 15)
Decreto 1035 de 2013 (art. 15)
Decreto 4180 de 2004 (art. 15)
Decreto 205 de 2014 (art. 15)
Decreto 943 de 2005 (art. 15)
Decreto 1087 de 2015 (art. 16)
Decreto 396 de 2006 (art. 15)
Decreto 219 de 2016 (art. 16)
Decreto 625 de 2007 (art. 15)

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16

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00701-00 (2673-2018)
Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

Decreto 989 de 2017 (art. 17)
Decreto 665 de 2008 (art. 15)

Decreto 730 de 2009 (art 16)

Decreto 1395 de 2010 (art. 16)

Decreto 1047 de 2011 (art. 15)

Decreto 875 de 2012 (art. 15)

Decreto 1035 de 2013 (art. 15)

Decreto 205 de 2014 (art. 15)

Decreto 1087 de 2015 (art. 16)

Decreto 219 de 2016 (art. 16)

Decreto 989 de 2017 (art. 17)

31. De acuerdo con lo anterior se advierte que el presente asunto cumple con la
identidad de objeto. De hecho, en consideración de lo previsto en el artículo 189 del
CPACA, en atención a los efectos de cosa juzgada erga omnes de la que está
investida la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo, no es
procedente emitir un nuevo pronunciamiento en relación con iguales disposiciones.

32. En este sentido, aun cuando no se cumpliera con el supuesto de identidad de
causa petendi, la expulsión del ordenamiento jurídico de un acto administrativo
implicaría que no habría un objeto de control respecto del cual se pudiera decretar
una nueva nulidad.

33. Así las cosas, se observa que las sentencias referidas examinaron y decidieron
sobre iguales preceptos a los demandados en este caso, en cuanto regulaban la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dentro del régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, razón
por la cual el objeto del control ejercido resulta plenamente coincidente. Asimismo,
se verificó que las referidas providencias se encuentran debidamente ejecutoriadas,
circunstancia por la cual produjeron efectos de cosa juzgada con alcance erga
omnes.

34. En el caso analizado se configuraron los presupuestos de la cosa juzgada en
tanto se acreditó la identidad de objeto, esto es de los contenidos normativos
sometidos al examen de legalidad a través del medio de control de nulidad simple,
con efectos erga omnes. En ese contexto, se excluye la posibilidad de un nuevo
pronunciamiento sobre normas ya retiradas del ordenamiento jurídico.

35. En ese orden, resulta procedente estarse a lo resuelto en dichas providencias,
en garantía de la seguridad jurídica y de la economía procesal, sin que haya lugar
a resolver los demás problemas jurídicos formulados en cuanto a la presunta falta
de competencia para expedir los actos demandados y al eventual desconocimiento
de la Ley 4ª de 1992 por regular materias sometidas a reserva legal.

36. Conviene precisar que la conclusión expuesta ya había sido adoptada por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En efecto, mediante
las sentencias del 6 de febrero de 2024, radicado 11001-03-25-000-2018-00447-00

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00701-00 (2673-2018)
Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

(1818-2018), y del 4 de julio de 2024, radicado 11001-03-25-000-2018-00665-00
(2637-2018), se declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de la
nulidad de disposiciones de contenido idéntico a las aquí demandadas, y se dispuso
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022, proferida dentro
del medio de control de simple nulidad, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00
(3974-2018).

37. Asimismo, que la posición que ahora se adoptada ha sido reiterada en otros
procesos promovidos mediante igual medio de control, en los que se solicitó la
nulidad de decretos idénticos a los demandados en el presente asunto. Así,
mediante autos del 17 de octubre de 202529, se declaró la carencia actual de objeto
y se dispuso la terminación de los procesos, al constatarse que la nulidad pretendida
ya había sido resuelta mediante sentencia ejecutoriada30.

3. Conclusión

38. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las disposiciones
demandadas fueron anuladas mediante sentencias ejecutoriadas del 3 de marzo de
2005, radicación 11001032500019971702101 (17021), 13 de septiembre de 2007,
radicación 11001032500020030011301 (478-03), 14 de febrero de 2002, radicación
11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99), 15 de abril de 2004, radicación
11001032500020010004301 (0712-01), 15 de julio de 2004, radicación
1100103250002002017801 (3531-02) y 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018).

39. En consecuencia, se configuró la cosa juzgada, lo que impide un nuevo examen
de legalidad y conduce a estarse a lo resuelto en dichas providencias y a abstenerse
de emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones formuladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar probada la cosa juzgada, respecto de la solicitud de nulidad de
los artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; 7 y 18 del Decreto 108 de 1994; 7 y 17
del Decreto 49 de 1995; 7 y 17 del Decreto 108 de 1996; 7 y 17 del Decreto 52 de
1997; 7 y 18 del Decreto 50 de 1998; 7 y 17 del Decreto 38 de 1999; 8 y 17 del
Decreto 2743 de 2000; 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001; 7 y 16 del Decreto 685 de
2002; 15 del Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004; 15 del Decreto
943 de 2005; 15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de 2007; 15 del
Decreto 665 de 2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395 de 2010;
15 del Decreto 1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del Decreto 1035 de
2013; 15 del Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de 2015; 16 del Decreto
219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de octubre de 2025,

radicaciones 11001-03-25-000-2018-01031-00 [3277-2018] y 11001-03-25-000-2018-01362-00
[4562-2018], M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
30 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicación

11001-03-25-000-2018-01101-00 [3974-2018].

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00701-00 (2673-2018)
Demandante: Diego Felipe Figueroa Chaves

Segundo: Estar a lo resuelto en las sentencias del 3 de marzo de 2005, radicación
11001032500019971702101 (17021), 13 de septiembre de 2007, radicación
11001032500020030011301 (478-03), 14 de febrero de 2002, radicación 11001-03-
25-000-1999-0031-00 (197-99), 15 de abril de 2004, radicación
11001032500020010004301 (0712-01), 15 de julio de 2004, radicación
1100103250002002017801 (3531-02) y 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018).

Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM

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