Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00823-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00823-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00823-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00823-00 (3058-2018)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP -
Demandado: Víctor Manuel Clavijo Beltrán
Medio de control: Acción especial de revisión (artículo 20 de la Ley 797 de
2003)
Tema: Reliquidación de la pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, contra la sentencia del Treinta (30) de mayo de dos Mil
Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, mediante la cual, se confirmó la sentencia del Ocho (8)
de mayo de dos mil doce (2012), proferida por el Juzgado Sexto (6) Administrativo
de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C., dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. 11001-33-31-706-2011-00199-
00.
I. ANTECEDENTES
1. La acción especial de revisión.
1.1. Pretensiones2.
1. La entidad accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló la acción
1 Expediente físico.
2 Expediente físico folios 271 reverso
2
Número Interno: 3058-2018
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Víctor Manuel Clavijo Beltrán
especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que
pretende que, se infirme la sentencia del Treinta (30) de mayo de dos Mil Trece
(2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, mediante la cual, se confirmó la sentencia del Ocho (8)
de mayo de dos mil doce (2012), proferida por el Juzgado Sexto (6) Administrativo
de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C., dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. 11001-33-31-706-2011-00199-
00 y en virtud de las cuales, se condenó a la Caja Nacional de previsión Social –
CAJANAL, a reliquidar la pensión de vejez del señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán,
con base en el 75% del salario promedio mensual devengado en el año anterior a
la fecha de adquisición del estatus pensional, incluyendo los factores
correspondientes a: sueldo, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, horas
extras diurnas dominicales, horas extras nocturnas, domingos y festivos,
bonificación por servicios, prima de antigüedad, y las doceavas partes (1/12) de la
prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, con efectos fiscales a
partir del Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Ocho (2008), por prescripción
trienal y con los respectivos descuentos de ley.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante solicitó: (i)
infirmar la sentencia objeto de revisión; (ii) ordenar la reliquidación y pago de la
mesada pensional conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, esto
es, adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el artículo
36 inciso 3 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como, los
factores base de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994
y fijando el monto pensional o tasa de reemplazo del 75%, previsto en la Ley 33 de
1985, por haber adquirido su estatus pensional bajo el régimen de transición creado
por la Ley 100 de 1993.
1.2. Los hechos3.
3. El señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán, nació el Veintinueve (29) de julio de Mil
Novecientos Cuarenta y Siete (1947) y laboró desde el primero (1) de septiembre
3 Expediente 272-273
3
Número Interno: 3058-2018
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Víctor Manuel Clavijo Beltrán
de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) hasta el Dos (2) de septiembre de Dos
Mil Cuatro (2004), en el Instituto Nacional de Cancerología.
4. Mediante la Resolución Nº. 6052 del Cinco (5) de marzo de dos mil cuatro (2004),
la Caja Nacional de Previsión Social reconoció, a favor del señor Víctor Manuel
Clavijo Beltrán, una pensión de vejez en cuantía de $679.624.41, efectiva a partir
del Primero (1) de abril de Dos Mil Tres (2003).
5. A través de la Resolución No. 47791 de Treinta (30) de diciembre de Dos Mil
Cinco (2005), reliquidó la mesada pensional, elevando la cuantía a la suma de
$731.612.44, efectiva a partir del Tres (3) de septiembre de Dos Mil Cuatro (2004).
6. El señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán, solicitó nueva reliquidación, la cual, fue
negada por medio de la Resolución No. 9044 del Veinticinco (25) de febrero de Dos
Mil Nueve (2009).
7. El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá, a través de
sentencia de fecha Ocho (8) de marzo de Dos Mil Doce (2012), condenó a la Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL- E.I.C.E. en liquidación, a reliquidar la
mesada pensional, con base en el 75% del salario promedio mensual devengado
en el año anterior a la fecha del estatus pensional, incluyendo los factores
correspondientes a: sueldo, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, horas
extras diurnas dominicales, horas extras nocturnas, domingos y festivos,
bonificación por servicios, prima de antigüedad, y las doceavas partes (1/12) de la
prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, con efectos fiscales a
partir del Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Ocho (2008), por prescripción
trienal y con los respectivos descuentos de ley.
8. El Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, a través de la
sentencia de fecha Treinta (30) de mayo de Dos Mil Trece (2013), confirmó la
sentencia proferida el Ocho (8) de marzo de Dos Mil Doce (2012), por el Juzgado
Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá.
9. Por medio de la Resolución No. 015060 del Veinte (20) de abril de Dos Mil Quince
(2015), dio cumplimiento al fallo y se reliquidó la pensión, elevando la cuantía a la
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suma de $962.007, efectivo a partir del tres (3) de septiembre de Dos Mil Cuatro
(2004), con efectos fiscales del Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Ocho
(2008), por prescripción.
10. Con el auto de fecha Veintiocho (28) de mayo de Dos Mil Quince (2015), se
ordenó archivar la actuación, teniendo en cuenta que con la Resolución No.
RDP015060 de 2015, le dio cumplimiento a la orden judicial.
1.3. Sentencia objeto de revisión4.
11. El Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la
sentencia del Treinta (30) de mayo de Dos Mil Trece (2013), confirmó la decisión de
primera instancia proferida el Ocho (8) de marzo de Dos Mil Doce (2012), por el
Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá.
12. En dicha oportunidad, el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá D.C. accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho promovidas por el señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán y, en
consecuencia, resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución 0944 del 25 de febrero de 2009,
suscrita por el Gerente General de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL
E.I.C.E. en liquidación, de conformidad a lo explicado en la parte motiva de este
proveído.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Caja Nacional de Previsión Social
CAJANAL E.I.C.E. en liquidación, a reliquidar el valor de la mesada pensional de la
jubilación de la cual es titular el señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 17.123.401 de Bogotá, con base en el setenta y
cinco por ciento (75%) del salario promedio mensual devengado en el año anterior
a la fecha de adquisición del status pensional incluyendo los factores
correspondientes a: sueldo, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, horas
extras diurnas dominicales, horas extras nocturnas, dominicales y festivos,
bonificación por servicios, prima de antigüedad y las doceavas partes de las primas
de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad a partir del 29 de septiembre
de 2008 por prescripción trienal realizando los descuentos y aportes al sistema de
seguridad pensional.
CUARTO: Declarar probada la excepción de prescripción trienal de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 29 de septiembre de 2008, por las
consideraciones esbozadas en este fallo.
4 Expediente físico folios 179-191
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QUINTO: El valor reliquidado se debe actualizar con los índices de inflación
certificados por el DANE y con indexación al valor teniendo en cuenta para el efecto
la siguiente fórmula:
ˊINDICE FINAL
𝑅 = 𝑅. 𝐻. ( )
ˊINDICE INICIAL
En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de reliquidación, por
el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice
vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, o sea la fecha de
liquidación inicial de la pensión.
SEXTO: Se ordena dar cumplimiento a esta providencia con observancia de lo
dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
SÉPTIMO: No condenar en costas a la parte demandada, conforme a lo señalado
en la parte motiva de este fallo.
OCTAVO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría devuélvase al
interesado el remanente de la suma que se ordenó para gastos del proceso si la
hubiere, déjese constancia de dicha entrega y archívese el expediente
13. En criterio de los jueces de instancia a la pensión del demandante se debía
aplicar la Ley 33 de 1985 en toda su integridad, esto es, al cumplir el demandante,
55 años de edad y 20 años de servicios, y debió liquidarse sobre el 75% de lo
devengado en el último año de servicios, de manera que se incluyeran todos los
factores salariales percibidos.
14. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que
se sustentó la decisión, entre otras, la sentencia de unificación del cuatro (4) de
agosto de dos mil diez (2010), proferida dentro del Exp. Nº.
250002325000200607509-01.
1.4. Las causales de revisión invocadas.
15. Aunque la entidad accionante invocó expresamente la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de la narración de los hechos, es
posible advertir que, también aludió a la vulneración del debido proceso, aspecto
que se inscribe en la causal contenida en el literal a) de la norma en cita.
16. Al respecto, sostuvo que, con la decisión proferida por el Tribunal de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el Treinta (30) de mayo de Dos
Mil Trece (2013), con arreglo a la cual, se confirmó la sentencia del Ocho (8) de
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marzo de Dos Mil Doce (2012), por el Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión de Bogotá, se le vulneró el debido proceso y el derecho de defensa,
comoquiera que, para la fecha en que se profirió el fallo de segunda instancia, la
Corte Constitucional ya había proferido la sentencia SU-230 de 2015, precedente
que, de haberse observado, hubiese conducido a una conclusión distinta frente al
IBL y los factores salariales a incluir.
17. En lo que toca a la causal contemplada en el literal b) ejusdem, esta es, cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, resaltó
que, la orden tendiente a reliquidar la pensión de jubilación, con el 75% del promedio
de todo lo devengado en el último año de servicios, y con la inclusión de los factores
salariales determinados en los fallos objeto de revisión, excede lo debido.
18. Para ilustrarlo, explicó que, la sentencia objeto de revisión, incurre en la causal
antes referida, toda vez que, desconoce el ordenamiento normativo como
jurisprudencial al ordenar la reliquidación pensional aplicando en el Ingreso Base de
Liquidación, el 75 % de salario promedio de los factores devengados en el último
año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales, en aplicación a lo
dispuesto en Ley 33 de 1985, desconoce la normatividad y el precedente de la Corte
Constitucional, lo que, constituye una grave afectación a la sostenibilidad financiera
del sistema, toda vez que, contribuye a aumentar para el caso en concreto, en un
24% la mesada pensional sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para
ello.
19. La anterior, en razón a que, el valor de la mesada es de $1,757,045.12 y
ajustada a la fecha de presentación de la acción especial de revisión, ascendía a la
suma de $ 1,336,244.37.
20. Así las cosas, puntualizó que, los fallos censurados «afectan el erario» y lesiona,
de forma negativa, los recursos públicos para financiar el sistema pensional.
1.5. Trámite procesal
21. La acción especial de revisión, fue admitida mediante el auto del Treinta y Uno
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(31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)5.
22. Por auto del Quince (15) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), se ordenó
comisionar al Juzgado Administrativo del Circuito de Facatativá, para que notificara
al demandado, célula judicial que guardó silencio.
23. Por auto del Cinco (5) de diciembre Dos Mil Veinticinco (2025), se ordenó a la
parte demandante, informara la dirección electrónica para notificar a la parte
accionada6. En cumplimiento de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
por medio de memorial informó que, el señor Víctor Manuel Clavijo Bernal registra
como dirección electrónica de notificación el correo electrónico:
victor.clavijo47@gmail.com7.
24. Atendiendo la anterior información, el Trece (13) de marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026), el demandado fue notificado de la providencia que admitió la acción especial
de revisión8. No obstante, vencido el término de traslado correspondiente, no allegó
contestación alguna.
1.6. Concepto del Ministerio Público.
25. El señor agente del Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
26. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA 9 y 20 de la Ley 797 de 2003 10 , en
5 Índice 00044 del Samai.
6 Índice 00035 del Samai
7 Índice 00042 del Samai
8 Índice 00013 del Samai.
9 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
[…]»
10 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
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concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)11.
2.2. Oportunidad.
27. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que: (i)
la sentencia de segunda instancia cuya revisión se pretende, fue proferida el Treinta
(30) de Mayo de Dos Mil Trece (2013)12 y cobró ejecutoria el Catorce (14) de junio
de Dos Mil Trece (2013)13, (ii) la demanda se presentó el Siete (7) de junio de dos
mil Dieciocho (2018)14; razón por la cual, no fue superado el término de cinco (5)
años establecido en el artículo 251 del CPACA, toda vez que, vencían el Catorce
(14) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018).
2.3. Problema jurídico.
28. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:
(i) ¿Se configuró la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al haberse reconocido la reliquidación de la
pensión de vejez del señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán, con violación
del debido proceso?
(ii) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) ibídem, por
haberse reconocido un derecho -pensional- en cuantía que excede lo
debido de acuerdo con la ley?
(iii) En caso afirmativo, ¿resulta procedente infirmar las sentencias objeto de
revisión y, en consecuencia, dictar sentencia de reemplazo?
2.4. Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
29. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión
contra providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
12 Expediente físico folios 229-241.
13 Expediente físico, proceso ordinario folio 140 reverso
14. Expediente físico folio 282
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tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
30. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 15 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que,
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»16.
31. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.
32. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues, ello desnaturalizaría la función de
15 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024;
consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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esta clase de instrumentos extraordinarios17.
33. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 18 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 19, dado que, más allá de
que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 20»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción21.
2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: violación del debido proceso.
34. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las
providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-
03-15-000-01027-00.
18 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite
propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la
sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de
revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-
02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes
Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte
Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través
de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver:
Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
19 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta
providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o
“sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos
de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y
el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó
que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente
respecto de las sentencias.
20 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le
otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su
finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-
03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia
Velásquez Rico.
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revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. Así, en asuntos
de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran
el derecho fundamental al debido proceso, la Sala Veintidós (22) Especial de
Revisión de esta Colegiatura ha señalado22:
“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según la norma en
comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”.
35. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que, “es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen”23 y “la
parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los
elementos sobre los cuales estructura su petición”24.
2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 – Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de
acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
36. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente viable.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión;
sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente:
Alberto Yepes Barreiro.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024;
expediente: 11001-03-25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya
Escobar.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024;
expediente:
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37. Ahora bien, en asuntos como el que ocupa la atención, la inconformidad de la
accionante se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36
de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que éste otorga.
38. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no
se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada,
sino que impone un análisis más detallado y cuidadoso. En efecto, se tiene que,
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones
generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores
públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto
que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55
años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
39. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión, el legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de transición,
en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 25, aludiendo a
25 «ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014,
fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y
62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas,
y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema
tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad
si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la
presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese
igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar
la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del
sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
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los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de
proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.
40. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el
cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de unificación
proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)26, acogió el principio de
inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa
de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que:
«(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».
41. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-
230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el sentido de su
jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal razón, dichas pensiones deben
ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen
anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.
42. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del veintiocho
(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 27 , en la cual la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección Segunda,
en los siguientes términos:
«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.
26 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010.
Radicación: 0112-2009. Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado
ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de
2018, Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. César Palomino Cortés.
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93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones […]».
43. En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no
es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y
constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a
la hora de proferir sus decisiones.
44. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del veintiocho
(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de clarificar la aplicación
de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron los efectos de la decisión:
«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
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Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada […]».
45. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco
de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa
una determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en
una cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes sub-reglas de
aplicación normativa:
a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 201828 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que
fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993.
b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 29 en las que se hubiere preferido dar aplicación
a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de
2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no configuran, por ese
solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.
c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.
46. Dicho lo anterior, se destaca que esta Sala de Subsección, en sentencia del
dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026), proferida dentro del Rad. 11001-
03-25-000-2024-00155-00 (2614-2020), se reiteró que la jurisprudencia, incluida la
de esta sala, ha establecido que cuando se alega la materialización de la causal b)
aludida no basta acreditar el hecho objetivo de que el valor pensional reconocido
excedió el que legalmente debió otorgarse, sino que es necesario que se pruebe
que el incremento fue consecuencia de una evidente vulneración del ordenamiento
jurídico, con una interpretación de la ley caprichosa o con abuso del derecho o
fraude a la ley o que no guarde relación con la trayectoria laboral del pensionado.
Con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial que precede, la sala
procederá con el análisis del caso concreto.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de
2018, Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de
2018, Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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2.5. Análisis del caso concreto.
47. En el asunto sub examine, la parte demandante pretende que, se infirme la
sentencia del Treinta (30) de mayo de dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, mediante la
cual, se confirmó la sentencia del Ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012),
proferida por el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Descongestión del Circuito de
Bogotá D.C., dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el Rad. 11001-33-31-706-2011-00199-00.
48. En virtud de las anteriores decisiones, se condenó a la extinta Caja Nacional de
Pensión – hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a reliquidar la pensión
de vejez del señor Víctor Manuel Clavijo Beltran, con base en el 75% del salario
promedio mensual devengado en el último año de servicios, incluyendo, sueldo,
auxilio de transporte, subsidio de alimentación, horas extras diurnas dominicales,
horas extras nocturnas, dominicales y festivos, bonificación por servicios, prima de
antigüedad y las doceavas partes de las primas de servicios, prima de vacaciones
y prima de navidad, a partir del Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Ocho
(2008), por prescripción trienal, realizando los descuentos y aportes al sistema de
seguridad pensional.
49. De los hechos expuestos en la demanda, es dable colegir que, la entidad invocó
las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
para lo cual, sostuvo que, a través de las sentencias cuya revisión se pretende, se
le vulneró el debido proceso, y se reconoció un derecho que excedió lo debido de
acuerdo con la ley. Al respecto, hizo hincapié en que, con la orden de reliquidación
de la pensión de vejez de la parte demandada, en los términos señalados por los
jueces de instancia, se desconoció el debido proceso y el derecho de defensa,
comoquiera que, no se tuvo en cuenta que, para la fecha en que se profirió la
sentencia de segunda instancia, debía darse aplicación a las reglas de unificación
prohijadas en la sentencia SU-230 de 2015, proferida por la Corte Constitucional.
Aunado a ello, anotó que, la reliquidación pensional ordenada, lesiona el erario y
afecta, de manera negativa, el sistema pensional de la Universidad Nacional.
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50. Ahora bien, para efectos metodológicos, la Sala bifurcará el análisis de las
causales invocadas por la actora, respecto a las previdencias objeto de revisión,
así:
2.5.1. De la alegada vulneración del debido proceso.
51. En lo que respecta a la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, relacionada con la presunta vulneración del debido proceso, la Sala
observa que, los argumentos de la parte demandante se dirigen, esencialmente, a
cuestionar la interpretación normativa y jurisprudencial acogida por los jueces de
instancia, en torno al alcance del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y, particularmente, frente a la forma de determinar el ingreso
base de liquidación, así como los factores salariales a tener en cuenta para el efecto.
52. No obstante, esa sola circunstancia no resulta suficiente para configurar la
causal de revisión alegada, toda vez que, la acción especial de revisión no
constituye una instancia adicional, orientada a reabrir el debate jurídico resuelto en
el proceso ordinario, ni habilita al juez extraordinario para sustituir el criterio
interpretativo adoptado por los jueces naturales del asunto, salvo que, se evidencie
una afectación real y concreta de las garantías que integran el debido proceso.
53. Así pues, la Sala no advierte que, en el trámite del proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, se hubiese configurado una irregularidad procesal
sustancial, relacionada con la competencia del juez natural, la pretermisión de
etapas esenciales del proceso o la vulneración de los derechos de defensa,
contradicción y audiencia de la entidad accionante (en su momento demandada).
Por el contrario, se evidencia que, a través de apoderado, ejerció plenamente su
derecho de contradicción, contestó la demanda, propuso excepciones, escrito de
alegatos, interpuso recurso de apelación y desplegó sendas actuaciones procesales
en el trámite30.
54. Vistas así las cosas, la controversia planteada por la entidad accionante se
inscribe en una discrepancia hermenéutica sobre el alcance del régimen de
transición, la determinación del ingreso base de liquidación, y los factores salariales
30 Expediente físico, archivo - medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el
radicado 11001333170620110019901.
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a tener en cuenta, aspecto que, se insiste, corresponde a un debate de legalidad
sustancial, y no a la configuración de un defecto procesal constitutivo de una
violación del derecho al debido proceso, motivo por el cual, la causal prevista en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no está llamada a prosperar.
2.5.2. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.
55. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está
encaminado a reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además, de velar por la
sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema de seguridad social.
56. Precisado lo anterior, se reitera la sub-regla de aplicación normativa, identificada
en el estudio que antecede, según la cual, las sentencias proferidas con antelación
a la ejecutoria de la providencia de unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), en las que, se hubiere decidido dar aplicación
a la posición de unificación adoptada por esta Corporación en el fallo del cuatro (4)
de agosto de dos mil diez (2010) y, no así, a la tesis expuesta en sentencia SU-230
de 2015, no configuran, por ese solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.
57. En el presente asunto, se observa que, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F” de Descongestión, compartió en
su totalidad la motivación expuesta por el A quo, razón por la cual, en la sentencia
proferida el Treinta (30) de mayo de dos mil Trece (2013), confirmó integralmente la
sentencia del Ocho (8) de marzo de Dos Mil Doce (2012), el Juzgado Sexto (6)
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, toda vez que, declaró la
nulidad de la Resolución 00944 del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Nueve
(2009), suscrita por el Gerente General de la Caja Nacional de Previsión Social
CAJANAL E.I.C.E. en liquidación.
58. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
condenó a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. en liquidación, a
reliquidar el valor de la mesada pensional de la jubilación de la cual es titular el
señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán, con base en el setenta y cinco por ciento (75%)
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del salario promedio mensual devengado, en el año anterior a la fecha de
adquisición del estatus pensional, incluyendo los factores correspondientes a:
sueldo, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, horas extras diurnas
dominicales, horas extras nocturnas, dominicales y festivos, bonificación por
servicios, prima de antigüedad y las doceavas partes de las primas de servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad, a partir del Veintinueve (29) de septiembre
de Dos Mil Ocho (2008) por prescripción trienal, realizando los descuentos y aportes
al sistema de seguridad pensional.
59. De acuerdo con las pruebas que fueron valoradas, el Tribunal encontró
acreditado que, el señor Clavijo Beltrán era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, le era aplicable en su
integridad el régimen contenido en la Ley 33 de 1985. En esa misma línea, destacó
que, a los beneficiarios del régimen de transición, se les aplica en su integridad la
norma anterior en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión, es decir, la
edad, tiempo de servicio y monto de pensión. Al respecto, aseveró que, atendiendo
a la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010),
proferida por esta Corporación.
60. Con base en el antecedente citado, concluyó que, la pensión del señor Víctor
Manuel Clavijo Beltrán al estar regida por las Leyes 33 y 62 de 1985, debió ser
liquidada en cuantía del 75% de la totalidad de los factores devengados en el año
anterior al retiro del servicio, esto es entre el Tres (3) de septiembre de Dos Mil Tres
(2003) y el Tres (3) de septiembre de Dos Mil Cuatro (2004), con inclusión de sueldo,
auxilio de transporte, subsidio de alimentación, horas extras diurnas dominicales,
horas extras nocturnas, dominicales y festivos, bonificación por servicios, prima de
antigüedad y las doceavas partes de las primas de servicios, prima de vacaciones
y prima de navidad.
61. En lo que toca sueldo de vacaciones, indemnización de vacaciones y
bonificación especial de recreación, señaló la citada sede judicial que, no era posible
incluir en el IBL, toda vez que, no son salario ni prestación, sino que corresponden
a un descanso remunerado para el trabajador, tal como lo había indicado el juez de
primera instancia.
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62. De conformidad con los elementos de juicio que obran en el dosier procesal, y
que fueron valorados en el marco del proceso ordinario, la Sala constata que: (i) el
señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán, nació el Veintinueve (29) de julio de Mil
Novecientos Cuarenta y Siete (1947), por lo que cumplió cincuenta y cinco (55) años
de edad el Veintinueve (29) de julio de dos mil Dos (2002); (ii) además, prestó sus
servicios para el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, desde el Primero de
septiembre de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) hasta el Treinta de marzo de
Dos Mil Tres (2003).
63. De acuerdo con las certificaciones expedidas por el coordinador grupo de
nóminas y registro, así como, por la coordinadora grupo de gestión de desarrollo de
talento humano del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., el señor Víctor
Manuel Clavijo Beltrán, durante el último año de servicios, comprendido entre las
anualidades 2002 y 2003, devengó los siguientes factores: sueldo, auxilio de
transporte, subsidio de alimentación, horas extras diurnas dominicales, horas extras
nocturnas, dominicales y festivos, bonificación por servicios, prima de antigüedad y
las doceavas partes de las primas de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, sueldo de vacaciones, indemnización de vacaciones y bonificación
especial de recreación31.
64. La Sala vislumbra que, la sentencia censurada observó la posición
jurisprudencial de esta Corporación, que se encontraba en vigor al momento en que
se profirió, esto es, la sentencia del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010),
razón por la cual, no se avizora que la decisión comporte una transgresión normativa
directa, ni resulta, por sí sola, contraria al régimen legal, como equivocadamente lo
sostiene la entidad accionante, al hacer hincapié en que el Tribunal inobservó las
reglas de la sentencia SU-230 de 2015.
65. Ahora bien, conforme se precisó ut supra, no basta con constatar la aplicación
de una determinada postura jurisprudencial, sino que, corresponde verificar si, en el
caso de autos, la reliquidación ordenada comportó un reconocimiento pensional
excesivo, constitutivo de abuso del derecho o fraude a la ley. Sobre este punto, la
Sala reitera que, la acción especial de revisión se erige como una herramienta
31 Expediente físico, folios 11 y 12
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judicial, cuyo ejercicio hace prevalecer el interés general por encima del particular,
al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso 32.
66. En el sub lite, se advierte que, lejos de ordenarse el pago de una suma excesiva,
o una inclusión indiscriminada de factores salariales, el Tribunal efectuó un análisis
detallado de los conceptos devengados por el señor Víctor Manuel Clavijo Beltrán
durante el último año de servicios, al punto de excluir aquellos que, devenían
improcedentes por no constituir factor salarial.
67. Tal circunstancia deja entrever que, la reliquidación pensional ordenada en sede
judicial no obedeció a un reconocimiento arbitrario, indiscriminado o caprichoso de
dichos emolumentos, sino, al resultado de un ejercicio argumentativo y probatorio
sólido, encaminado a identificar aquellos factores salariales que, conforme al
precedente jurisprudencial aplicable para la fecha en que se profirió la decisión
censurada, podían integrar el ingreso base de liquidación de la prestación.
68. Vale la pena mencionar que, en cumplimiento de los fallos de instancia, la
demandante, a través de la Resolución RDP 015060 del Veinte (20) de abril de Dos
Mil Quince (2015)33, ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez en
cuantía de $962.007, efectiva a partir del Tres (3) de septiembre de Dos Mil Cuatro
(2004), con los respectivos descuentos de ley. A juicio de la Sala, la suma antes
relacionada, para la cual se tuvieron en cuenta los factores omitidos, no resulta
ostensiblemente desproporcionada, exorbitante, injustificada o ajena a la historia
laboral y salarial del accionado, pues, la prestación fue calculada con fundamento
en factores efectivamente devengados durante el último año de servicio.
69. Sobre el particular, en la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil
veintiuno (2021)34, la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que, “para que
se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se repite, debe ser
claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral ”.
Entonces, se observa que, el incremento fruto de la reliquidación pensional
ordenada, no configura un pago en exceso, ni compromete el equilibrio del sistema
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021.
Radicado: 11001-03-25-000-218-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33 Expediente físico folios 117-120.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021.
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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pensional, ni mucho menos hace nugatorio el criterio de sostenibilidad fiscal, al que
los jueces, al tenor del artículo 334 Constitucional, deben estricta observancia.
70. Sobre la base de lo expuesto en precedencia, es claro que, la reliquidación
ordenada no constituye un abuso del derecho, ni se advierte que la prestación haya
sido reconocida con fraude a la ley, así como tampoco, que implique un incremento
desproporcionado de la mesada pensional, sobre aquellos casos en los que el
reclamante era beneficiario del régimen de transición y de la Ley 33 de 198535, como
lo ha precisado esta Subsección, en asuntos de condiciones fácticas similares36. En
consecuencia, la reliquidación fue el resultado de la correcta aplicación del régimen
especial pensional, respetando en todo momento los topes legalmente establecidos.
71. Siendo, así las cosas, es dable sostener que, la entidad accionante no logró
acreditar los elementos constitutivos de las causales previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual, se impone declarar
infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva.
72. Por último, la Sala precisa que, al no encontrarse configurada ninguna de las
causales de revisión invocadas, por sustracción de materia, deviene improcedente
un pronunciamiento sobre la reliquidación pensional, en los términos solicitados por
la entidad accionante.
2.6. Conclusiones.
73. La Sala declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP-, contra la sentencia del Treinta (30) de mayo de dos
Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, en razón a que, no logró acreditar los elementos
35 Postura que es recogida de forma emblemática dentro expediente referencia: No.
250002325000200404442 01 No. INTERNO: 0208-2007 Autoridades nacionales, demandante:
Jorge Hernández Vásquez, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, de fecha nueve (9)
de julio de dos mil nueve (2009).
36 Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 11001-03-25-000-2019-00959-00
(6670-2019), sentencia del 29 de octubre del 2025. Consejero Ponente, Jorge Edison Portocarrero
Banguera
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constitutivos de las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
2.7. Condena en costas.
74. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá
sobre la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual, releva de hacer
el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, contra la sentencia del Treinta (30) de
mayo de dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, mediante la cual, se confirmó la
sentencia del Ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012), proferida por el Juzgado
Sexto (6) Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C., dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el Rad. 11001-33-
31-706-2011-00199-00, atendiendo a las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias y anotaciones del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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