Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00893-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00893-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00893-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020180089300 (3137-2018)
Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y municipio de Guayabetal
Temas: Firmas de la convocatoria a concurso de mérito de la carrera
administrativa adelantado por la Comisión Nacional del Servicio
Civil. Proceso de selección 541 de 2017 alcaldía de
Guayabetal.
Única instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y como Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo
Contencioso - Administrativo1, decide en única instancia la demanda instaurada
por Bernabé Ladino Gutiérrez contra el Acuerdo CNSC-20182210000606 del 12
de enero de 2018 proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, Bernabé
Ladino Gutiérrez presentó demanda para que se declare la nulidad del Acuerdo
CNSC-20182210000606 del 12 de enero de 2018 proferido por la Comisión
Nacional del Servicio Civil «por el cual se establecen las reglas del Concurso
abierto de mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Alcaldía de Guayabetal, proceso de selección No 541 de 2017-
1 Ordinal 1 del artículo 237 de la Constitución Política.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001032500020180089300 (3137-2018)
Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
Cundinamarca» (sic).
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:
La Comisión Nacional del Servicio Civil4 adelantó proceso de selección para los
municipios del departamento de Cundinamarca a través de las convocatorias 507
a 591, para la provisión de los empleos que se encontraban en situación de
vacancia definitiva y que pertenecen al sistema general de carrera administrativa
de la planta de personal global, correspondiéndole al municipio de Guayabetal el
proceso 541 de 2017.
La CNSC profirió el 12 de enero de 2018 el Acuerdo CNSC-20182210000606, el
cual fue publicado en la página web de dicha entidad de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, acto administrativo que fue
proferido únicamente con la firma del presidente de la comisión, por lo que se
incumplió lo previsto en el artículo 31 ibidem que exige que la convocatoria debía
estar suscrita por el representante legal de la comisión y el jefe del ente territorial,
en este caso por el alcalde del municipio de Guayabetal.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como disposiciones violadas citaron el preámbulo y los artículos 2, 13, 29, 125 y
209 de la Constitución Política; y 31 de la Ley 909 de 2004.
En cuanto al concepto de violación, la parte actora formuló un único cargo que se
sintetiza de la siguiente manera5: desconocimiento del artículo 31 de la Ley
909 de 2004.
El acto acusado suscrito solo por la Comisión Nacional del Servicio Civil
desconoció lo previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en tanto la referida
norma prevé las etapas del proceso de selección y establece que la convocatoria
debía estar suscrita tanto por la CNSC como por el jefe de la entidad al cual se
encuentran adscritos los empleos ofertados.
La posibilidad de que la comisión abriera el concurso de méritos a partir de una
certificación expedida por el jefe de cada organismo o entidad respecto de la
3 Folios 61 y 62.
4
En adelante CNSC
5
Folios 64 y 65
2
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
oferta pública de sus empleos de carrera, bajo el entendido de que tal documento
reemplazaría la exigencia legal de que ambas entidades suscriban la respectiva
convocatoria es inviable, pues no es ello lo previsto en la ley. En consecuencia, se
desconocieron los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política, los
cuales son la base de los concursos de méritos y fijan en su orden el derecho a la
igualdad, debido proceso, ingreso y ascenso a los cargos de carrera administrativa
y la función administrativa.
1.2. Contestación de la demanda
La Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y para ello planteó dos argumentos centrales que se expresan a
continuación6:
i) Errada interpretación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
La comisión es un ente autónomo, de carácter técnico de dirección y
administración de la carrera, autonomía con la cual se buscó que el proceso fuera
ajeno a las influencias de otras instancias del poder público, para asegurar que el
sistema de concurso de mérito para la provisión de los empleos en los órganos del
Estado se lleve a cabo de manera transparente, idónea e imparcial de acuerdo
con los postulados constitucionales y legales que regulan la materia.
La interpretación del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 no puede ser de manera
literal como lo plantea el demandante ni aquella señalada por la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado en el expediente 2307 de 2016, en razón a
que aplicar a «[…] rajatabla una interpretación simplemente exegética como lo
hace la censora traería como consecuencia la violación del artículo 131 de la
Constitución Política, pues la voluntad del constituyente queda cercenada en tanto
que la administración de la carrera administrativa se la despoja del órgano
autónomo creado por el constituyente para disolverla en una concurrencia
inaceptable con los jefes de las entidades a quienes les es imperativo poner en
funcionamiento el sistema de carrera administrativa».
ii) Cumplimiento de los requisitos legales, «[l]a convocatoria indicada
contiene la firma del alcalde de Cáqueza»7.
«La convocatoria, tanto la alcaldía de Cáqueza como la CNSC, han participado
6 Folios 115 a 130
7 Trascripción contenida a folio 120.
3
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
activamente en la etapa preliminar y de planeación. Ambas entidades aprobaron el
proceso de selección, las reglas de concurso fueron concertadas y estipuladas en
el Acuerdo No CNSC- 20182210000186 del 12 de enero de 2108, tal como se
encuentra contenida en el documento por medio del cual el alcalde de Cáqueza y
el presidente de la CNSC CONVOCAN a la ciudadanía a participar en el proceso
de selección» (sic).
Municipio de Guayabetal
El ente territorial se opuso a las súplicas de la demanda y planteó que el actor
desconoce la autonomía de la CNSC, pues de manera equivocada alegó que la
convocatoria debía estar suscrita por el jefe de la entidad oferente y el presidente
del órgano encargado de la administración de la carrera. Indicó que en el proceso
de selección 541 de 2017 fue necesario adelantar una etapa preliminar, una de
planeación y otra de ejecución, de manera que, la CNSC conjuntamente con los
delegados de la alcaldía adelantaron las gestiones con miras a abrir el concurso
público de mérito para proveer 8 cargos. En esa medida, el municipio participó
activamente en las etapas ya mencionadas y en la elaboración de las reglas a las
que se debía ceñir el concurso, todo ello amparado en los principios
constitucionales de coordinación y colaboración previstos en los artículos 113 y
209 de la Constitución Política y el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
1.3. Trámite procesal
La demanda fue admitida el 17 de julio de 20188 y se ordenó notificar
personalmente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al municipio de
Guayabetal, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del
Ministerio Público. Una vez la parte pasiva contestó la demanda, se procedió a
resolver las excepciones previas formuladas en acatamiento de lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 y en dicho proveído se declaró no probada la
excepción de ineptitud de la demanda por deficiencia del concepto de violación
propuesta por la CNSC. Así mismo, se resolvió negar la solicitud de medida
cautelar invocada por la parte actora.
Mediante auto del 27 de mayo de 20229, en aplicación del artículo 182A de la Ley
1437 de 2011 modificado por la 2080 de 2021, el despacho advirtió sobre la
procedencia de dictar sentencia anticipada, se pronunció acerca de las pruebas
solicitadas por las partes, fijó el litigio en los términos señalados en el artículo 42
ibidem y dispuso que por secretaría se corriera traslado para alegar de conclusión
en la forma prevista en el artículo 181 ejusdem.
8 Folios 70 al 74.
9 Folios 152 al 157 del cuaderno principal.
4
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
1.4. Alegatos de conclusión
La Comisión Nacional del Servicio Civil indicó que en el caso bajo estudio se
evidenció que tanto ella como la alcaldía de Guayabetal participaron activamente
en las etapas preliminares y de planeación del proceso de selección 541 de 2017;
tal y como se probó con la firma del representante legal del municipio y el
presidente de la CNSC ambas entidades aprobaron el proceso y por lo tanto las
reglas del concurso fueron concertadas y estipuladas en conjunto por las dos
entidades y en la consolidación de la Oferta Pública de Empleos de Carrera –
OPEC10.
1.5. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se negaran
las súplicas de la demanda, al considerar que la acusación carece de una carga
argumentativa plausible de desarrollar, en consideración a los precedentes que
sobre la temática objeto de la presente controversia ha desarrollado la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Para la prosperidad de las pretensiones era necesario que se demostrara que la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en todos los actos que expide con miras a
desarrollar un proceso de selección para proveer vacantes de carrera
administrativa, no hubiese hecho partícipe, en manera alguna, a la entidad pública
que necesita proveer estos cargos y que la entidad no suscribió ninguno de los
actos administrativos con el fin de desarrollar el respectivo proceso de selección,
es decir, que la jurisprudencia le ha dado una interpretación latu senso a los
verbos rectores del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 para concluir que no se
limita a comprender un mero acto formal de firma por parte de la entidad pública
que debe proveer los cargos, sino más bien se trata de su participación activa en
los procesos de selección con el propósito de dar cabal cumplimiento a los
principios de colaboración y coordinación administrativa a través de los principios
de publicidad y transparencia, entre otros de la función administrativa, de
conformidad con el artículo 209 constitucional.
2. Consideraciones
2.1 Competencia
10 Índice 47 del aplicativo Samai.
5
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con el 13 y
15 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Subsección es competente para dictar la sentencia de única
instancia que en derecho corresponde dentro del presente medio de control de
nulidad.
2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿el Acuerdo CNSC-20182210000606 del
12 de enero de 2018, fue expedido con infracción de las normas en que debía
fundarse, específicamente porque desconoció lo previsto en el artículo 31 de la
Ley 909 de 2004, norma que al regular las etapas de selección previó que la
convocatoria debía ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el jefe
de la entidad beneficiaria del proceso de selección y para el caso, solo fue firmada
por el presidente de la CNSC?
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el siguiente orden
metodológico: (i) la Comisión Nacional del Servicio Civil como ente rector de la
carrera administrativa en Colombia; (ii) exposición del criterio jurisprudencial de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado respecto de la firma conjunta de la convocatoria en los concursos de
méritos y (iii) solución del caso concreto.
2.3. Marco normativo
Competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la convocatoria
a concursos públicos de méritos.
La Constitución Política de 1991 en su artículo 13012 creó la Comisión Nacional del
Servicio Civil, entidad responsable de la administración y vigilancia de las carreras
de los servidores públicos, como un órgano autónomo e independiente encargado
de la función concreta y específica de administrar y vigilar los regímenes de
carrera, salvo aquellos especiales, con el fin de que «el sistema de concurso de
méritos para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado,
para el ascenso dentro de los mismos y para el retiro del servicio, se lleve a cabo
de manera transparente, idónea e imparcial, de acuerdo con los postulados
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
12 «Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración
y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter
especial»
6
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constitucionales y legales que regulan la materia». De manera que, el artículo 130
superior se encamina a «asegurar que los procesos de selección de personal se
adelanten sin presiones de ninguna clase y lejos de los intereses políticos o
burocráticos»13.
El propósito de la implementación de un sistema de carrera por concurso de
méritos y de asignarle su administración y vigilancia a un órgano distinto del de las
entidades públicas que se beneficiarían de dicha provisión de cargos, radica en
«aislar y separar su organización, desarrollo y control de factores subjetivos que
pudieran afectar sustancialmente el adecuado ejercicio de la actividad estatal
(clientelismo, favoritismo y nepotismo) materializados, entre otros, en el interés
que como patrono puede tener el propio Estado, y en particular, la rama ejecutiva
del poder público, en el proceso mismo de selección, promoción y remoción de
sus servidores»14. En este sentido, la Corte Constitucional ha sido categórica al
aseverar que las funciones asignadas a la CNSC para administrar y vigilar las
carreras constituyen un imperativo constitucional de carácter indivisible, en el
sentido de que tales atribuciones «no pueden compartirse con otros órganos ni ser
separadas o disgregadas a instancia del legislador»15.
Las funciones que ejerce la CNSC en relación con la carrera administrativa se
encuentran desarrolladas en el artículo 11 de la Ley 909 de 2004, en los
siguientes términos:
«Artículo 11. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con
la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa. En ejercicio de
las atribuciones relacionadas con la responsabilidad de la administración de la
carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercerá las siguientes
funciones:
a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales
con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos
de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar
los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente
ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos
de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente
ley y el reglamento;
13 Así lo indicó la Corte Constitucional en sentencia C-471 de 2013 con ponencia de la magistrada
dra. María Victoria Calle Correa.
14 Sentencias C- 476 - 1999
15 Corte Constitucional. Sentencia C-476 de 1999. M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
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d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido
suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de
empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las
listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la
información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en
carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que
regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de
las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que
contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión
del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la
evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa.
Parágrafo. El Banco Nacional de lista de elegibles a que hace alusión el presente
artículo será departamentalizado y deberá ser agotado teniendo en cuenta primero
la lista del departamento en donde se encuentre la vacante».
En virtud de la competencia que se le atribuyó para administrar la carrera, la
CNSC es, por excelencia, la autoridad encargada de regular y adelantar los
concursos públicos de méritos16. Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la
16 Sin perjuicio de dicha atribución, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, el
artículo 3 del Decreto Ley 894 de 2017, «Por el cual se dictan normas en materia de empleo con el
fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera», que adicionó el
artículo 7 de la Ley 909 de 2004, le permitió a la Comisión Nacional del Servicio Civil (i)
desconcentrar la función de adelantar los procesos de selección para el ingreso al empleo público
a nivel territorial y (ii) delegar las competencias para adelantar estos procesos, bajo su dirección y
orientación, en las entidades del orden nacional o en instituciones de educación superior con
experiencia en la materia. En sentencia C-527 de 2017, la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad condicionada del citado artículo 3 «[…] en el entendido de que la facultad de
desconcentración debe ser interna y de funciones operativas, bajo la dirección y orientación de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, para la implementación del Acuerdo de Paz; y de que la
facultad de delegar deberá hacerse mediante convenio y sólo para la ejecución y la
implementación, no para labores de orientación ni de diseño […]». El máximo juez constitucional
8
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
implementación del Acuerdo de Paz, el artículo 317 del Decreto Ley 894 de 201718,
que adicionó el artículo 7 de la Ley 909 de 2004, le permitió a la Comisión
Nacional del Servicio Civil (i) desconcentrar la función de adelantar los procesos
de selección para el ingreso al empleo público a nivel territorial y (ii) delegar las
competencias para adelantar estos procesos, bajo su dirección y orientación, en
las entidades del orden nacional o en instituciones de educación superior con
experiencia en la materia.
En sentencia C-527 del 14 de agosto de 2017, la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad condicionada del citado artículo 3 «[…] en el entendido de que la
facultad de desconcentración debe ser interna y de funciones operativas, bajo la
dirección y orientación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para la
implementación del Acuerdo de Paz; y de que la facultad de delegar deberá
hacerse mediante convenio y sólo para la ejecución y la implementación, no para
labores de orientación ni de diseño […]». Tal interpretación favorece el principio de
colaboración sin que se afecten las competencias, las facultades y la autonomía
institucional, pues se permite que la CNSC actúe sin interferencias de otras
entidades u órganos, conforme con el querer del constituyente.
Ahora bien, para lo que es objeto de la actual controversia, interesa destacar que,
el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, al regular las etapas de las que se compone
el concurso, dispone lo siguiente en su numeral 1:
«Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección
comprende:
1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo
consideró que esta lectura favorece el principio de colaboración sin que se afecten las
competencias, las facultades y la autonomía institucional pues se permite que la CNSC actúe sin
interferencias de otras entidades u órganos, conforme con el querer del constituyente.
17 «ARTÍCULO 3. Adicionar el siguiente inciso al artículo 7 de la Ley 909 de 2004: «Para el
cumplimiento de sus funciones la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá desconcentrar la
función de adelantar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a nivel territorial.
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá mediante acto administrativo delegar las
competencias para adelantar los procesos de selección, bajo su dirección y orientación, en las
entidades del orden nacional con experiencia en procesos de selección o en instituciones de
educación superior expertas en procesos. La Comisión podrá reasumir las competencias
delegadas en los términos señalados en la ley. La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá
definir criterios diferenciales en el proceso de evaluación del desempeño laboral para los
servidores públicos de los municipios priorizados para la implementación de los planes y
programas del Acuerdo de Paz que ingresen a la administración pública por medio de los procesos
de selección».
18 «Por el cual se dictan normas en materia de empleo con el fin de facilitar y asegurar la
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera».
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concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para
la realización del concurso y a los participantes. Subrayado nuestro
La redacción de esta norma fue motivo de importantes dudas interpretativas
respecto de quién debía suscribir la convocatoria y, con ello, sobre el alcance de la
atribución que le fue asignada a la CNSC para adelantar los concursos públicos de
méritos, lo que ha dado lugar a diferentes pronunciamientos del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional.
Criterio jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado
respecto de la firma conjunta de la convocatoria en los concursos públicos
de méritos
Una primera posición fue la que adoptó la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado por medio del Concepto 2307 del 19 de agosto de 2016, según
la cual «[…] la expresión utilizada por el legislador «deberá ser suscrita por» es
imperativa y no admite en este punto una interpretación diferente […]». Concluyó
que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 fijaba como requisito obligatorio de la
convocatoria la concurrencia de firmas por parte de los representantes de la
CNSC y de la entidad beneficiaria del concurso.
Dicho criterio tuvo eco en la Sección Segunda de esta corporación, puesto que,
con base en él, las Subsecciones para el año 2018 ordenaron la suspensión
provisional de varios procesos de selección19. Sin embargo, no pasó mucho
tiempo para que se moderara dicha postura bajo el entendido de que, aunque el
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 estableció un requisito formal de obligatorio
cumplimiento, resultaba de suma importancia valorar si la entidad beneficiaria
había participado en la etapa de planeación y ejecución del concurso 20. De esta
forma se allanó el camino hacia un cambio de postura.
Así, en sentencia del 31 de enero de 201921, la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado fijó el criterio interpretativo del numeral 1 del artículo 31 de
la Ley 909 de 2004 para concluir que no es necesario la concurrencia de ambas
entidades en la firma de la convocatoria, así:
«[…] se refiere a suscripción de la convocatoria, implica que tanto la CNSC como la
entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de
19 Entre los procesos judiciales en los que se dispuso, a modo de cautela, la suspensión provisional
de las convocatorias, se encuentran aquellos identificados con los siguientes números de
radicación: 11001032500020160118900 (5266-2016); 11001032500020170032600 (1563-2017),
11001032500020160107100 (4780-16), 11001032500020180018800 (0690-18).
20 Sobre el particular, pueden consultarse los procesos con radicado 11001032500020170021200
(1219-2017) y 11001032500020180089400 (3138-2018).
21 Rad. 11001032500020160101700 (4574-16).
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
planeación y coordinación interinstitucional por las implicaciones administrativas y
presupuestales que ello comporta, sin que este proceso de participación e
interrelación implique necesariamente que ambas entidades, a través de sus
representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto administrativo que
incorpora la convocatoria al proceso de selección o concurso …».
Para arribar a esa conclusión, indicó que, con fundamento en los artículos 130
Superior, 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, la construcción del acto administrativo
que contiene la convocatoria al concurso público de méritos es una potestad
propia de la CNSC, como ente rector de la carrera administrativa y al que le
corresponde la administración, guarda y vigilancia de aquellos procesos de
selección22. No obstante, también explicó que, sin perjuicio de dicha atribución, la
entidad beneficiaria del concurso debe hacerse partícipe del proceso que conduce
a que se profiera aquel acto, para lo cual debe llevar a cabo todas las gestiones
pertinentes para que en un marco de cooperación interinstitucional pueda
efectuarse la selección de los concursantes que en virtud del mérito han de ocupar
los cargos de carrera en vacancia. De acuerdo con ello, la mencionada sentencia
concluyó:
«[…] Si bien es cierto que la capacidad a la que se hace referencia para
proferir el acto administrativo contentivo de la convocatoria a concurso se
encuentra radicado ope legis en cabeza de la CNSC, por ser la competente
para administrar los concursos públicos de méritos, también lo es el que la
entidad beneficiaria del concurso debe concurrir en los procesos de
planeación y preparación de la convocatoria, asistiendo además en la
suscripción final del acto administrativo contentivo de la misma; requisito que
se entiende cumplido en la medida en que firme el respectivo documento o
ejecute actos inequívocamente dirigidos a participar activa y coordinadamente
en la emanación del mismo […]»23.
En resumen, el criterio que en la actualidad acoge la Sección Segunda del
Consejo de Estado consiste en que el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004 debe interpretarse en el sentido de que la firma del acto administrativo que
incorpora la convocatoria por parte del jefe de la entidad beneficiaria no es un
requisito ineludible de su existencia ni de su validez. Lo realmente importante es
22 Sobre el particular, precisó la providencia en comento: «67. Al ser la CNSC el ente rector de la
carrera administrativa y la encargada de la administración, guarda y vigilancia de los procesos de
concurso públicos de méritos, como claramente se establece a partir de los artículos 130 de la
Constitución política, 11 y 30 de la Ley 909 de 2004; se constituye en la única autoridad con
capacidad jurídica, autonomía y competencia administrativa para dictar reglas y regulaciones en la
materia que ostenten el carácter de vinculantes, tanto para la entidad beneficiaria de la provisión de
empleos, las instituciones, universidades contratadas para la realización del concurso y los
participantes. Por ende, en el iter de construcción del acto administrativo contentivo de la
convocatoria a concurso es la CNSC la que se constituye como el órgano dotado de potestad para
darle existencia a dicha manifestación de voluntad.».
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 31
de enero de 2019, rad. 11001032500020160101700 (4574-16).
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
que pueda demostrarse la aquiescencia de dicha autoridad pública en la
celebración del concurso de méritos, de lo que podrá dar cuenta no solo la
suscripción del acto sino también todas las demás gestiones que, de manera
inequívoca, demuestren su participación activa y concurrente con la CNSC para
que esta última, dentro del marco de las competencias que le asignan los artículos
130 Superior, 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, elabore la convocatoria y adelante el
concurso de méritos.
Posteriormente, la Corte Constitucional zanjó cualquier duda en cuanto al alcance
del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 mediante la sentencia C-183
del 8 de mayo de 2019, en la que estudió la constitucionalidad de la expresión
«[…] el Jefe de la entidad u organismo […]», contenida en aquel precepto. Para
emprender aquel juicio, ante la inusual redacción del artículo, la Corte partió de la
premisa según la cual, la coma que en dicho enunciado normativo separa a «la
Comisión Nacional del Servicio Civil» del «Jefe de la entidad u organismo» debe
entenderse como una «y», lectura que, según advirtió, daría lugar a dos
posibilidades hermenéuticas. Una primera, que sostiene que la firma de la
convocatoria por aquel servidor público es necesaria para la validez de dicho acto
y otra según la cual el criterio que permite evaluar tal aspecto es la convergencia
de competencias y su ejercicio de manera coordinada entre ambas entidades.
Tras realizar el respectivo estudio de constitucionalidad, optó por la defensa del
segundo criterio, ante lo cual indicó lo siguiente:
«[…] La ratio de esta decisión, que es el precedente a seguir en este caso, es
la de que al concurrir en el proceso de la convocatoria funciones asignadas a
órganos diferentes a la CNSC, estos órganos participan de la convocatoria,
pero de manera estrictamente limitada a sus funciones, sin afectar en modo
alguno la competencia constitucional exclusiva y excluyente de la CNSC para
administrar las carreras de los servidores públicos, “excepción hecha de las
que tengan carácter especial”, valga decir, para la carrera general y las
carreras específicas.
Así, pues, bien sea con la firma de la convocatoria o bien con la ejecución de
actos dirigidos a participar de manera armónica y coordinada en la realización
del concurso, el jefe de la entidad u organismo, e incluso las UPE y el DAFP
contribuyen al logro de los fines del Estado. La inclusión de dicho jefe de la
entidad u organismo entre quienes suscriben la convocatoria, hecha por la
norma demandada, tiene que ver con esta participación, pero no implica, de
ningún modo, que 1) él o las UPE o el DAFP puedan ejercer las competencias
constitucionales exclusivas y excluyentes de la CNSC, o 2) compartir de algún
modo las funciones que se derivan de ellas, o 3) obstruir u obstaculizar el
ejercicio de dichas funciones.
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
Por tanto, que dicho jefe de la entidad u organismo suscriba o no la
convocatoria, no afecta la validez de la misma, en tanto norma reguladora del
concurso […]».
Con base en ello, la mencionada sentencia declaró exequible de manera
condicionada la expresión «el Jefe de la entidad u organismo» contenida en el
numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, bajo el entendido de que:
«[…] (i) el jefe de la entidad u organismo puede suscribir el acto de
convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, y
(ii) en todo caso, la Comisión Nacional de Servicio Civil no puede disponer la
realización de un concurso sin que previamente se hayan cumplido en la
entidad destinataria los presupuestos de planeación y presupuestales
previstos en la ley […]».
El alcance que le imprimió la Corte Constitucional a la redacción del numeral 1 del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 en la sentencia C-183 de 2019 y el criterio
coincidente previamente adoptado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
han servido de sustento para que esta última, dirima las controversias que se han
suscitado respecto de diferentes convocatorias a concursos públicos de méritos en
las que se ha echado de menos la firma del jefe de la entidad beneficiaria24.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
Acuerdo CNSC – 20182210000606 del 12 de enero de 201825 «por medio del cual
se establecen las reglas del Concurso abierto de mérito para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Guayabetal,
Proceso de Selección No 541 de 2017- Cundinamarca» (sic), acto administrativo
suscrito únicamente por José Ariel Sepúlveda Martínez en calidad de presidente
de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
24 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, las siguientes decisiones proferidas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado: sentencia del 19 de febrero de dos mil veinte (2020), rad.
11001032500020140134100 (4346-14); sentencia del 10 de octubre de 2019, rad.
11001032500020160098800 (4469-16); Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2021, rad.
11001032500020180164100 (5436-18); Subsección A, sentencia del 22 abril de 2021, rad.
11001032500020160107100 (4780-16); Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, rad.
11001032500020140002500 (0064-14); Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2019, rad.
11001032500020170067000 (3297-17 y 4757-17).
25 Folios 1 al 29 del proceso.
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
Convocatoria publicitada por la Comisión Nacional del Servicio Civil26 debidamente
firmada por el presidente de la CNSC y el alcalde de Guayabetal en la cual,
reposa la siguiente información:
«[…] LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA ALCALDÍA DE
GUAYABETAL
CONVOCAN
A TODA LA CUIDADANÍA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE MÉRITO –
PROCESO DE SELECCIÓN No 541 de 2017- CUNDINAMARCA (sic)
Por medio del cual se busca proveer de manera definitiva ocho (8) vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de
Personal de la Alcaldía de Guayabetal – Cundinamarca, así:
Profesional 1
Técnico 6
Asistencial 1
A los interesados en participar en este concurso abierto de mérito los invitamos a
consultar el Acuerdo del Concurso No 20182210000606 del 12-1-2018, en el cual se
establecen las reglas del mismo (Etapas, empleos, prueba, reclamaciones, periodos
de prueba, etc), publicado en la página web de la Comisión Nacional de Servicio
Civil – CNSC y de la alcaldía de Guayabetal…».
Certificado de disponibilidad presupuestal DIS 2017000534 del 31 de mayo de
201727, por valor de $38.500.000; correspondiente a recursos propios por
impuesto y cuyo objeto fue el siguiente:
«Convocatoria concurso de méritos de los funcionarios en provisionalidad (Comisión
Nacional del Servicio Civil)»
Resolución CNSC 20172210044315 del 6 de julio de 201728, «por la cual se
dispone el recaudo de unos recursos por parte de la alcaldía del municipio de
Guayabetal (Cundinamarca) con NIT 8000094701-1 para financiar los costos que
le corresponden en desarrollo del Proceso de Selección por mérito para proveer
los empleos vacantes de la planta de personal» en un valor de $38.500.000.
Oficio DAG-100-211 del 17 de agosto de 2017 proferido por el alcalde del
municipio de Guayabetal y dirigido al presidente de la Comisión Nacional del
26 Folio 86 del expediente.
27
Folio 87 del expediente.
28
CD a folio 16 del cuaderno de medida cautelar.
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
Servicio Civil a través del cual comunicó la modificación realizada en el aplicativo
SIMO respecto del reporte de empleos ofertados inicialmente efectuado y la
expedición de un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal tendiente a
financiar el proceso de mérito en dicho ente territorial29.
Invitación con radicado 201720200464941 del 9 de febrero de 2017, para la
provisión de vacantes reportadas en la OPEC, emitida por la CNSC y en la cual se
manifestó lo siguiente:
«[…]
[…] »
Oficio DAG-100-304 del 29 de noviembre de 2017 emitido por el alcalde del
municipio de Guayabetal y dirigido al presidente de la Comisión Nacional del
Servicio Civil por medio del cual envió los insumos, propuesta de cronograma del
concurso, pruebas a aplicar, su carácter y ponderación y la ciudad en donde se
aplicaría, en los siguientes términos:
29
CD a folio 16 del cuaderno de medida cautelar.
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
«[…]
Doctor
JOSE ARIEL SEPULVEDA MARTINEZ
Comisionado
Comisión Nacional del Servicio Civil
Carrera 16 No. 96 — 64 Piso 7
Bogotá D.C.
Asunto: Envío insumos Convocatoria Departamento Cundinamarca
En el marco del proceso de planificación de la Convocatoria. para proveer los
empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva en las
entidades territoriales del departamento de Cundinamarca, de manera atenta, con el
fin de que se tenga en cuenta para el desarrollo del Concurso de Méritos, me
permito informar, lo siguiente:
1. Pruebas.
[…] »
De acuerdo con el concepto de la violación expuesto en la demanda y la solicitud
de medida cautelar, si bien el actor no indicó de manera precisa una causal de
nulidad de las enlistadas en el inciso segundo del artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, interpreta la Sala que esta obedece a la de expedición irregular del acto
administrativo, puesto que ella consiste, precisamente, en el desconocimiento de
los requisitos de formación y expedición de la decisión de la administración, en
cuanto a la apariencia del acto propiamente dicho o respecto del procedimiento
legal que deba seguirse para la toma de la decisión.
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Radicado: 11001032500020180089300 (3137-2018)
Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
La exigencia de formalidades en la toma de decisiones por parte de la
administración obedece a la necesidad de rodear de seguridad tanto a los
destinatarios de ella como a la propia autoridad administrativa, en la medida en
que, de un lado, se garantiza al primero que la administración actúa en ejercicio de
la función administrativa, que debe ceñirse a un trámite objetivo dispuesto para
esa clase de actuación, tendiente a impedir arbitrariedades a la hora de tomar la
decisión, permitiendo de su parte, que la sociedad participe y ejerza el derecho de
ser oído, defensa y contradicción, antes de resolver. Y por la otra, le brinda a la
administración un sendero claro y concreto a seguir, que le permita actuar de
manera eficiente y con ello evitar dilaciones y contradicciones provenientes de la
incertidumbre respecto de su actuación, es decir, que se le otorgue certeza en su
obrar.
Pues bien, para el caso bajo estudio, el actor sostuvo que el acuerdo acusado
desconoció lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, toda vez que ella
exige que la convocatoria debió estar suscrita por la Comisión Nacional del
Servicio Civil y el jefe de la entidad cuyos empleos se ofertan, encontrando que el
aludido acto demandado solo lo firmó el presidente del CNSC.
Al revisar la Sala el fundamento normativo sobre el cual la parte actora edifica la
invalidez del acto administrativo demandado, observa que ella establece que la
«[…] La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, el jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo
concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para
la realización del concurso y a los participantes…». En efecto, de la revisión
realizado al Acuerdo CNSC-20182210000606 del 12 de enero de 2018, se
observa que solo fue suscrito por el presidente de la comisión. Sin embargo, la
firma de la entidad beneficiaria del concurso no es un requisito de
perfeccionamiento ni de validez de la convocatoria.
Según se explicó en el acápite del marco normativo, la CNSC goza de suficiente
competencia, autoridad, independencia y capacidad de acción para definir, de
forma exclusiva, lo relativo a la organización y administración de la carrera
administrativa, función en ejercicio de la cual dicta reglas en la materia que
resultan vinculantes para los participantes, las universidades contratadas y las
entidades beneficiarias del concurso público de méritos. Así las cosas, una lectura
armónica del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 con el artículo 130 de la
Constitución, permite concluir que la construcción del acto administrativo que
contiene la convocatoria al concurso público de méritos es una potestad propia de
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
la CNSC, como ente rector de la carrera administrativa y al que le corresponde la
administración, guarda y vigilancia de aquellos procesos de selección.
Sin perjuicio de aquella atribución, es claro que la entidad u organismo beneficiario
debe intervenir en la producción de la convocatoria, entendiendo que su injerencia
se genera en un marco de cooperación interinstitucional y por ende su alcance
consiste en desplegar las acciones tendientes a la planeación conjunta del
concurso con la CNSC en aras de que este pueda llevarse a cabo (entrega del
estudio de las cargas de personal, el listado de vacantes, la emisión del certificado
de disponibilidad presupuestal, entre otros). A través de estas actuaciones es
factible inferir la voluntad inequívoca de la entidad de suscribir el acto
administrativo de convocatoria al concurso y con ello la observancia del requisito
de que trata el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en los términos
que definió la Corte Constitucional en la sentencia C-183 de 2019.
Al estudiar la Sala las pruebas aportadas por el actor y las allegadas por las
demandadas con los escritos de contestación, se advierte que reposa en el
plenario una serie de documentos con los cuales se demuestra que la realización
de la etapa preliminar, de planeación y ejecución de la convocatoria 541 de 2017
se desarrolló de forma conjunta y coordinada entre la comisión y el municipio de
Guayabetal, razón por la cual, resulta claro e inequívoco la concurrencia de
voluntades de las entidades participantes y la observancia de los principios
constitucionales de colaboración y coordinación interadministrativa en la
elaboración de la convocatoria cuya legalidad se discute en el presente proceso.
Es así como del acuerdo demandado se obtiene que para determinar los empleos
vacantes que harían parte de la Oferta Pública de Carrera -OPEC-, el municipio de
Guayabetal suministró a la Comisión Nacional del Servicio Civil el número de
vacantes, niveles, denominación del cargo, cantidad de empleos y número de
vacantes a ofertar, tal como se constata con los oficios DAG 100-211 del 17 de
agosto de 2017 y DAG-100-304 del 29 de noviembre de esa misma anualidad
relacionados en precedencia, de los cuales, es posible evidenciar que se presentó
una extensa y compleja actuación coordinada entre ambas entidades,
específicamente, en lo concerniente a los empleos a ofertar, las pruebas a realizar
y el lugar donde se llevaría a cabo el examen.
Así mismo, se observan las actas de reuniones donde participaron activamente
ambas entidades en la construcción y definición de los ejes temáticos y en las que
se realizaron algunas recomendaciones por parte de la CNSC referido a los temas
específicos de cada área y la profesionalización de los empleos. En ese sentido, el
suministro de la oferta pública de empleos de carrera a la CNSC por parte del
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Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
municipio de Guayabetal aparece como un elemento indispensable para impulsar
el procedimiento de selección aquí demandado, ya que la información que se
consolidó en ella es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos para
los empleos a proveer mediante el concurso de méritos y por ende los perfiles y
los ejes temáticos que debían ser evaluados, de manera que, al no contarse con
tal información, el certamen no podría llevarse a cabo.
Del análisis del material probatorio, encuentra la Sala que el municipio de
Guayabetal tuvo una participación activa en las etapas de planeación y ejecución
de la convocatoria, así como en la elaboración de las reglas del concurso, lo que
permite afirmar que el acuerdo cuya legalidad se controvierte fue expedido con
observación de los principios constitucionales de coordinación y colaboración
interadministrativa de conformidad con los artículos 113 y 209 de la Carta
Superior.
Entonces, si bien el Acuerdo CNSC – 2018 2210000606 del 12 de enero de 2018
no fue suscrito por el alcalde municipal de Guayabetal, Cundinamarca, no es
menos cierto que la convocatoria publicitada por la Comisión Nacional del Servicio
Civil fue debidamente firmada por ambas autoridades; pero además, se demostró
con la participación activa del ente territorial en las distintas fases, que se cumplió
con el propósito previsto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, por lo tanto, se
logró el fin teleológico de la norma invocada como trasgredida, cual es el de
garantizar la efectiva coordinación y colaboración entre la CNSC y el municipio de
Guayabetal.
En síntesis, considera la Sala que para la expedición del acto administrativo
demandado, mediante el cual se dio apertura al proceso de selección para proveer
de forma definitiva las vacantes existentes en la planta de personal del municipio
de Guayabetal, se adelantó un proceso de forma conjunta y mancomunada entre
la CNSC y dicho ente territorial, con lo que resulta claro el cumplimiento de los
principios constitucionales de colaboración y coordinación interinstitucional, cuyo
cumplimiento busca garantizarse con el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004.
2.5. Costas
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en atención a que en el
trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan desplegado
un actuar temerario.
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3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala observa que el Acuerdo CNSC- 2018
2210000606 del 12 de enero de 2018, proferido por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, no violó la norma invocada como desconocida, pues se encuentra
demostrado que el municipio de Guayabetal participó activamente en las
diferentes etapas del proceso de manera que cumplió con la finalidad prevista en
el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, esto es garantizar la efectiva coordinación y
colaboración entre la CNSC y el mencionado dente territorial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Negar la pretensión de nulidad invocada por Bernabé Ladino Gutiérrez
contra el Acuerdo CNSC- 2018 2210000606 del 12 de enero de 2018, proferido
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme las razones expuestas en la
parte considerativa de este proveído.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en el programa informático respectivo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
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Radicado: 11001032500020180089300 (3137-2018)
Demandante: Bernabé Ladino Gutiérrez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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