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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00930-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00930-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Ugpp presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 14 de junio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente 19 Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018) Demandante: Ugpp JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 20

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00930-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Francisco Antonio Giraldo Muñoz2

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del
29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía
reconocida no excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 14 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Caldas3, por
medio de la cual se confirmó la decisión del 24 de marzo de 2010 emitida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Manizales que accedió a las pretensiones de
la demanda presentada por Francisco Antonio Giraldo Muñoz.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la
entidad recurrente solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 14 de junio de
2013 por el Tribunal Administrativo de Caldas que confirmó la decisión del 24 de

1 En adelante UGPP.
2Con ocasión del deceso de Francisco Antonio Giraldo Muñoz, el 28 de mayo de 2026 el despacho

declaró la sustitución procesal de la parte demandada en cabeza de Dora Hidalgo de Giraldo, a
quien la Ugpp le sustituyó dicha prestación con la Resolución 3538 del 11 de febrero de 2026.
3 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 17001-33-31-002-2006-00975-01;

actor: Francisco Antonio Giraldo, demandado: Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en
liquidación.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

marzo de 2010 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
17001-33-31-002-2006-975-00 (01), que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda presentada por Francisco Antonio Giraldo Muñoz y, en
consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución 000666 del 11 de enero de 2006,
por medio del cual la Caja Nacional de Previsión Social EICE4 le negó la solicitud
de reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que, en cuanto a
la liquidación de su mesada pensional, Francisco Antonio Giraldo Muñoz no era
acreedor de un derecho adquirido y por tanto no le asistía derecho a que su
pensión fuera liquidada con la totalidad de los factores devengados en el último
año de servicio; ii) la reliquidación y pago de la pensión, según lo dispuesto en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, auto 326 de 2014, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de
2018 y el auto 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional, es decir, con el
ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75% por haber
adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:

3.1. Francisco Antonio Giraldo Muñoz nació el 4 de mayo de 1943 y durante el
periodo comprendido entre el 15 de mayo de 1967 y 14 de agosto de 2000, laboró
al servicio de diferentes entidades del Estado, así:

Entidad Desde Hasta
Empresas públicas de 15 de mayo de 1967 15 de marzo de 1970
Manizales
Municipio de Manizales 18 de marzo de 1975 24 de mayo de 1976
Municipio de Manizales 14 de noviembre de 1977 31 de agosto de 1981
Departamento de Caldas 16 de septiembre de 1981 14 de agosto de 2000

3.2. Mediante la Resolución 004748 del 29 de abril de 1999, Cajanal le reconoció
una pensión de vejez en cuantía de $287.329,91, efectiva a partir del 4 de mayo
de 1998, condicionada al retiro definitivo del servicio. Dicha prestación se liquidó

4 En adelante Cajanal.
5 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según loe elementos probatorios allegados.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

con el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos «3 años y 10 meses»
y con los factores de i) asignación básica; ii) trabajo suplementario; iii) bonificación
por servicios; iv) horas extras; y v) dominicales y feriados.

3.3. Con el Auto 105886 del 26 de mayo de 2002 y la Resolución 6957 del 12 de
marzo de 2004, Cajanal le negó la reliquidación de la prestación con la inclusión
de nuevos factores salariales.

3.4. El 15 de mayo de 2005, el pensionado solicitó a Cajanal la reliquidación de su
prestación «por no haberse liquidado con todos los factores percibidos durante el último
año de servicio». Dicha solicitud fue negada con la Resolución 000666 del 11 de
enero de 2006, por cuanto si bien era beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, lo cierto era que «el periodo sobre el cual se liquida la pensión, así
como los factores salariales que deben tomarse en cuenta en la liquidación son los
indicados en la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158/94» [sic].

3.5. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo6, en orden a que se declarara su nulidad porque la
Ugpp no había aplicado el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 en concordancia con la Ley 33 de 1985 para determinar la cuantía de su
pensión, es decir, no incluyó la totalidad de los factores salariales devengados
durante el año anterior al retiro definitivo del servicio.

3.6. El
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales en
sentencia del 24 de marzo de 2010 declaró la nulidad del acto administrativo
demandado y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión reconocida
en cuantía del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio, tales como «salario mensual y las horas extras, los dominicales y festivos,
la prima técnica y la bonificación por servicios prestados» [sic].

3.7. Contra la anterior providencia Cajanal interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 14 de
junio de 2013 en la que se confirmó la providencia recurrida.

3.8. La Ugpp, a través de la Resolución RDP051208 del 6 de noviembre de 2013,
dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la
pensión de vejez sobre el 75% de los factores salariales devengados en el año
anterior al retiro definitivo del servicio.

6 En adelante CCA.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 14 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Caldas
resolvió el recurso de apelación interpuesto por Cajanal, en la cual confirmó la
decisión del 24 de marzo de 2010 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Manizales que ordenó la reliquidación de la pensión de
Francisco Antonio Giraldo Muñoz sobre el 75% del promedio de todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicio [15 de agosto de 1999 al 15
de agosto de 2000], de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33
de 1985 y en concordancia con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20107
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 8:

5.1. Francisco Antonio Giraldo Muñoz nació el 4 de mayo de 1943 y a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de 40 años de edad, por tanto, era
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem y, en
consecuencia, podía acceder al beneficio pensional con los requisitos de la Ley 33
de 1985, esto es con el 75% de los factores salariales devengados durante el último
año de servicio.

5.2. A los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 se les debe aplicar en su integridad la Ley 33 de 1985, esto es, se
debe liquidar la pensión con el 75% del promedio mensual de los factores salariales
devengados en el último año de servicio. Tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la proferida el 4 de agosto de
20109, para el reconocimiento de la prestación es válido tener en cuenta todos los
factores salariales que conformaban la base de liquidación, de modo que el monto
de la pensión se debe establecer con el 75 % del promedio de salarios devengados
en el último año de servicio bajo el entendido de que son factores de salario
aquellas sumas que percibe el servidor de manera habitual y periódica como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la
denominación que se les dé.

5.3. Si bien para efectos de ordenar la reliquidación de la prestación el a quo solo
tuvo en cuenta los factores previstos por las leyes 33 y 62 de 1985 «dejando de lado

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000-23-

25-000-2006-07506-01, M.P. Doctor Victor Hernando Alvarado Ardila.
8 Samai, índice 81, 72RECIBEMEMORIAL_200600975zip(.zip) NroActua 81; 2006-00975;

04CuadernoSegundaInstancia.pdf, folios 39 al 60.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23

25 000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

todos los demás factores devengados durante el último año de servicios» [sic], lo cierto
es que en esta instancia, por virtud del principio non reformatio in peius, no había
lugar a su reconocimiento.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos10:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto
Francisco Antonio Giraldo Muñoz no tenía derecho a la reliquidación de la pensión
en los términos ordenados, puesto que, de acuerdo con los precedentes
jurisprudenciales indicados, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones
contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y
los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

6.2. Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con
la ley, al haberse ordenado la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en
la jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó el IBL
de manera expresa del régimen de transición.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Francisco Antonio Giraldo Muñoz se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
por las razones que se expresan a continuación11:

7.1. La entidad recurrente formuló sus pretensiones de revisión en contravía de los
principios de igualdad, favorabilidad, inescindibilidad de la ley, debido proceso,
cosa juzgada y autonomía del juez, toda vez que las sumas de dinero reconocidas
en los fallos judiciales objeto de revisión tuvieron lugar bajo los preceptos legales
y lineamentos jurisprudenciales vigentes para la época.

7.2. El «recurso extraordinario de revisión» no es una tercera instancia para reabrir el
debate jurídico resuelto por los jueces de instancia «quienes con el debido análisis y
argumentación, emitieron un pronunciamiento debidamente motivado, no habiendo lugar
a cuestionar su criterio y valoración probatoria» [sic].

10 Folios 232 al 242.
11 Samai, índice 72; 59_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-23CONTESTACIONRECU(.pdf)

NroActua 72.

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Demandante: Ugpp

1.4. Concepto del Ministerio Público

7.3. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA12.

9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201913, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 4 de julio
de 201314 y la presente acción fue radicada el 8 de junio de 201815, lo que permite
concluir que se presentó oportunamente.

12 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
14 La sentencia se notificó por edicto que permaneció en fijación entre el 26 y el 28 de junio de 2013.

Visible en samai, índice 81, 72RECIBEMEMORIAL_200600975zip(.zip) NroActua 81; 2006-00975;
04CuadernoSegundaInstancia.pdf, folio 60.
15 Folios 232 al 242.

6

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Demandante: Ugpp

2.3. Los problemas jurídicos

12. Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas se profirió con vulneración del debido proceso y en
consecuencia está inmersa en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido a Francisco Antonio
Giraldo Muñoz excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la
reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2016 de la Ley 797 de 200317 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.

14. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con

16 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

7

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Demandante: Ugpp

violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

15. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen18.

16. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes19:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.

18 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
19 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

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Demandante: Ugpp

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

17. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»20.

18. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación21 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término
de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»22.

2.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

20. Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones
cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de
la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las

20 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado

11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento
de la entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994 y 30 de junio de
1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente), se estipuló
un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció lo
siguiente:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual
la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

21. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si
es mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.

22. Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de
la transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección
Segunda el 4 de agosto de 201023 así se refirió al tema:

«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un
beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos,
para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio
o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo
establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión
de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación
de servicios.

23Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».

23. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante
y obligatorio24 en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «(…) a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

24. En la mencionada sentencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL
en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

25. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma».

26. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que

24 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)»

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables».

27. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera, se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».

28. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones».

29. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para
quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso 3 del artículo
36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

30. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

31. La Sala Plena también sostuvo:

«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos
administrativos en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades
administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
que, al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa,
completa y detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en
cuenta en la liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un
debido proceso administrativo.»

32. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio25 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los

25 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)».

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Demandante: Ugpp

casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.5. Caso concreto

33. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

34. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

35. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión26 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
[e]l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem».

36. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el IBL y los factores tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión
reconocida a Francisco Antonio Giraldo Muñoz pues, a su juicio, «la reliquidación de
la pensión de jubilación del causante en los términos ordenados en esta no le
corresponden, pues lo correcto es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas
en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser
tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación […] para efectos de los factores
salariales se debe aplicar los contenidos en el Decreto 1158 de 1994 y teniendo en cuenta
el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hacía falta para adquirir la
pensión o 10 años», sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración
de los elementos que componen el derecho fundamental del debido proceso; por
lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco de la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

26 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

37. Ahora, en torno a la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda
la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Caldas profirió la
decisión objeto de revisión con sustento en la posición jurisprudencial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 27 según la cual, la
expresión «monto», contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía
«aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé».

38. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás había fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del
régimen de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte
Constitucional a partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica
para el caso de las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

39. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas del 14 de junio
de 2013 no fue caprichosa y, por el contrario, respetó los derroteros
jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción

40. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en especial, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.

41. En efecto, el criterio del Consejo de Estado únicamente se modificó con la
expedición de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es
claro que para la época en que se expidió la sentencia recurrida, la posición era
que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta
todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la
aplicación del régimen de transición debía respetar el principio de la

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

inescindibilidad de la norma.

42. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la sentencia dictada
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, por medio de la
cual se ordenó que la pensión de Francisco Antonio Giraldo Muñoz se reliquidara
con la inclusión de los siguientes factores: i) salario mensual; ii) horas extras; iii)
dominicales y festivos; iv) prima técnica; y v) bonificación por servicios prestados.

43. En relación con lo anterior, se advierte que el Tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba
a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por
el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

(…)

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es
decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando.» [Negrillas del original].

44. No obstante, aun cuando encontró desacertada la posición del juez de primera
instancia al tener como únicos factores los previstos por las leyes 33 y 62 de 1985,
lo cierto fue que, por virtud del principio de la non reformatio in pejus, no desmejoró
la situación de Cajanal por tratarse del apelante único.

45. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra la certificación
de factores salariales expedida el 19 de agosto de 200328 por la Gobernación de

28 Samai, índice 81, 72RECIBEMEMORIAL_200600975zip(.zip) NroActua 81; 2006-00975;
01CuadernoPrincipal.pdf, folios 7 al 10.

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Demandante: Ugpp

Caldas, según la cual Francisco Antonio Giraldo Muñoz devengó en el último año
de servicio [1999 a 2000] los siguientes factores: i) sueldo mensual; ii) auxilio de
transporte mensual; iii) prima de alimentación mensual; iv) sobresueldo recargo
nocturno; v) dominicales y festivos; vi) horas extras; vii) dominicales y festivos; viii)
bonificación por servicios; y ix) las primas de navidad, vacaciones y servicios,
técnica.

46. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:

46.1. Francisco Antonio Giraldo Muñoz nació el 4 de mayo de 194329

46.2. Durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 1967 y 14 de agosto
de 2000, laboró al servicio de diferentes entidades del Estado, así:

Entidad Desde Hasta
Empresas públicas de 15 de mayo de 1967 15 de marzo de 1970
Manizales30
Municipio de Manizales31 18 de marzo de 1975 24 de mayo de 1976
Municipio de Manizales32 14 de noviembre de 1977 31 de agosto de 1981
Departamento de Caldas33 16 de septiembre de 1981 14 de agosto de 2000

46.3. Mediante la Resolución 004748 del 29 de abril de 199934, Cajanal le reconoció
una pensión de vejez en cuantía de $287.329,91, efectiva a partir del 4 de mayo
de 1998, condicionado al retiro definitivo del servicio. Dicha prestación se liquidó
con el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos «3 años y 10 meses»
y con los factores de i) asignación básica; ii) trabajo suplementario; iii) bonificación
por servicios; iv) horas extra; y v) dominicales y feriados.

46.4. Con el Auto 105886 del 26 de mayo de 200235 y la Resolución 6957 del 12 de
marzo de 200436, Cajanal le negó la reliquidación de la prestación con la inclusión
de nuevos factores salariales.

46.5. A través de la Resolución 000666 del 11 de enero de 2006 37, la entidad negó
la solicitud de reliquidación pensional porque, si bien era beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto era que «el periodo sobre el cual se

29 Folio 47.
30 Folio 49.
31 Folio 50.
32 Ibidem.
33 Folios 51 y 52.
34 Folios 69 al 71.
35 Folio 86.
36 Folios 107 y 108.
37 Folios 128 al 130.

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Demandante: Ugpp

liquida la pensión, así como los factores salariales que deben tomarse en cuenta en la
liquidación son los indicados en la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158/94»
[sic].

46.6. Por medio de Resolución RDP051208 del 6 de noviembre de 2013 38, en
cumplimiento del fallo objeto de revisión, la Ugpp reliquidó la pensión de vejez
sobre el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior al retiro
definitivo del servicio y en consecuencia, el monto de la mesada aumentó a
$393.075, efectiva a partir del 15 de agosto de 2000, pero con efectos fiscales a
partir del 16 de mayo de 2002 por prescripción trienal.

46.6.1. En el artículo séptimo del acto administrativo que dio cumplimiento a la
sentencia se dispuso el descuento por aportes sobre los conceptos incluidos en la
reliquidación y que no se hubieran realizado.

47. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Caldas, sobre la pensión de jubilación reconocida a
Francisco Antonio Giraldo Muñoz, no evidencia un incremento desproporcionado
o que no guarde relación con su trayectoria laboral.

48. Tampoco excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) el
demandado era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, toda vez que nació el 4 de mayo de 1943, por lo que tenía 52
años de edad al 30 de junio de 1995 [fecha de entrada en vigencia de la Ley 100];
ii) demostró que había completado más de 20 años de servicio; y iii) durante el
último año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la
reliquidación de la pensión.

49. Finalmente, valga resaltar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 39 la
Sala Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación
serían obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial,
por lo que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a
cosa juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que
han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la
tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa
tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

38 Folios 181 al 184.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,

expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

50. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 14 de junio de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas no incurrió en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y, por lo tanto, se
declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la Ugpp.

2.6. Costas

51. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es las señaladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Ugpp presentó
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 14 de
junio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00930-00 (3176-2018)
Demandante: Ugpp

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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