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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00956-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00956-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLÁRASE infundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP contra la señora LUZ MARINA RO DRÍGUEZ CÁRDE NAS por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , con el fin de que se revise la sentencia proferida el 23 de abril de 2013 , por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV). 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-0325-000-2018-0956-00 (3202-2018) Demandante: UGPP 25000-2325-000-2011-00919-01, con fundamento en las razones expuestas. SEGUNDO: S in condena en costas. TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00956-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMI NISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C. , diez (10) de febrero de dos m il veint i d ós ( 2022)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 25 000 2018 00956 00 (3202-2018)
Accionante : UNIDAD ADMI NI STRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONE S
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP
Demandado: LUZ MARINA RODRÍGUEZ CÁRDENA S

Temas: Causal de revisión litera l b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

SENTENCIA UNICA INSTANCIA. LE Y 1437 DE 2011

ASUNTO

Conoce la Sala de Subsección la acción especial de revisión
promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecció n Social -
UGPP contra la sentencia de l 23 de abril de 201 3 proferida por la
Sección Segunda Subsección E del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca .

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA DE NULIDAD Y RE STABLECIMIENTO DEL
DERECHO

La señora LUZ MARINA RODRÍG UEZ CÁRDENAS en ejercicio de l
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó

Radicado: 11001-0325-000-2018-0956-00 (3202-2018)
Demandante: UGPP

declarar la nulidad de las Resoluciones PAP 037329 de 31 de enero
y 047339 de 7 de abril de 2011 , proferidas por CAJANAL, que
negaron la reliquidación de la pensión de vejez .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó reliquidar la
pensión reconocida sobre el 75% del promedio de todos los
factores salariales que devengó en el último año de servicio , est o
es, entre el 31 de julio de 2008 y el 30 de julio de 2009.

1.1. Fundamentos fácticos

Como sustento fáctico de sus pretensiones, expuso lo siguiente:

Que solicitó de la demandada la reliquidación de su pensión
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio , interregno en el que se desempeñó como
detective del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS.

Precisó que esta reclamación fue negada, a través de la Resolución
PAP 037329 del 31 de enero de 2011 y confirmada, mediate
Resolución PAP 047339 de 7 de abril de la misma anualidad .

2. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN 1

El 23 de abril de 2013 , la Sección Segunda Subsección E d el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de las
Resoluciones Nos PAP 037329 del 31 de enero de 2011 y PAP
047339 del 7 de abril de 2011, proferidas por CAJANAL, e n cuanto
negaron la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión
de la totalidad de los factores devengados en el último año de
servicio.

1
Folio 81 a 105 cuaderno del tribunal

2
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Radicado: 11001-0325-000-2018-0956-00 (3202-2018)
Demandante: UGPP

Precisó que en el último año de servicio , este es el co mprendido
entre el 31 de julio de 2008 y el 30 de julio de 2009, la señora LUZ
MARINA RODRÍGUEZ CÁRDENAS, de acuerdo a la certificació n
expedida por el ente empleador, devengó los siguientes conceptos:
asignación básica ; subsidio de alimentación y primas de
vacaciones, navidad , servicios, riesgo y técnica.

Precisó que la pensión debe ser equivalente al 75% del promedio
de los factores que devengó la demandante en el último año de
servicio, pero las primas deben ser proporcionales a una doceava
parte y no a la totalidad del valor reconocido (100%) , que
corresponde a su causación cada año.

Como fundamento de la decisión, insistió en que la actora tenía
derecho a la reliq uidación solicitada , por cuanto se probó en el
proceso que era beneficiaria del régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual ordenó
la inclusión de todos los salarios devengados en el último año, de
acuerdo con la posición jurisprudencial unificada del Consejo de
Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 .

3.1. Mediante proveído del 11 de septiembre de 2013, la Sección
Segunda, Subsección E, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró desierto el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada 2.

4. LA ACCIÓ N DE REVISIÓN 3

La Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y
Contribuciones Pa rafiscales de la Protección Social - UGPP,
compareció ante esta Corporación en ejercicio de la acción de
revisión contra la sentencia del 23 de abril de 201 3 proferida por

2
Visible a folio 141 y 143 cuaderno del Tribunal.
3
Folio 1

3
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Radicado: 11001-0325-000-2018-0956-00 (3202-2018)
Demandante: UGPP

la Sección Segunda , Subsección E, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

4.1. Pretensiones

«PRI M ERA: Revoca r la sent encia del Tr ibuna l Adm inist r at ivo de
Cundi nam ar ca del 2 3 de abr i l de 201 3, l a cual qu edó deb ida m ent e
ej ecut or iada el 20 de sept iem br e de 2013 dent r o del pr oceso de
nuli dad y r est able cim ient o del der e cho de car áct er labor al
inst aur ada por LUZ M ARI NA RO DRÍ G UEZ CÁRD ENA S cont r a la
CAJA NA CI O NAL DE PREVI SI Ó N SO CI AL, en pr oceso r adica do con
el num er o 25000 23 25 000 2011 00919 .

SEG UND A: Declar ar que a la señor a LUZ M ARI NA RO DRÍ G UEZ
CÁRD ENA S , en cua nt o a la l iqu idaci ón d e su m esada pensio nal, no
es acr eedor a de un der echo ad quir ido a m par able por la Legi slació n
Colom bi ana, y en su lugar , O RDENA R LA RELI Q UI DACI Ó N Y PAG O
de su m esada pensiona l conf or m e a las r eglas pr evist as en las
sent encias C - 16 8 de 1995, C - 258 de 20 13, aut o 326 de 2 01 4, SU -
427 de 2016, SU - 21 0 de 2017, aut o 22 9 de 2017, SU - 395 de 2017,
SU- 631 de 2017, T - 039 de 2018 pr of er i das por la Sala P len a de la
Cor t e Const it ucio nal , est o es, adopt ando com o I NG RESO BA SE D E
LI Q UI DACI Ó N las di r ect r ices f ij adas en el inc iso 3° de l ar t í culo 36
o las consignadas e n el ar t í culo 2 1 de la Ley 100 de 1993, según
el caso, así como los FACTO RE S BASE DE CO TI ZACI Ó N
TAXATI V AM ENTE d et er m inados en el Decr et o 1158 de 1994 y
dem ás disposici on es que EXPRES AM ENTE consagr e n esa
condic ión de FACTO RES SALA RI ALES c on incidenc ia pensio nal, y
f ij ando com o M O NTO PENSI O NAL o TA SA DE REEM PL AZO el 75%
de lo devengado en el últ im o año de ser vicio, por haber adquir id o
su st at us conf orm e a las condici ones del RÉG I M EN DE
TRAN SI CI Ó N cr eado por el Sist em a G ener al de Par t icipaci ones y
no ant es.

TERC ERA: Com o c o nsecuenci a de lo ant er ior , O RDENAR a la
Unida d Adm inist r at i va de G est ión Pensiona l y Cont r ibu ciones
Par af iscales de la Pr ot ección Soc ia l – UG PP, RELI Q U I DAR y
PAG AR la m esad a pensiona l de L U Z M ARI NA RO DRÍ G UEZ
CÁRD ENA S conf or m e a las r eglas pr evist as en las sent encias C-
168 de 1995, C - 258 de 2013, aut o 326 de 2014, SU - 230 de 2015,
SU- 427 de 2016, SU - 210 de 2017, auto 229 de 2017, SU -395 de
2017 y SU - 631 de 2017 pr of er idas por la Sala Plena de l a Cor t e
Const it ucion al, est o es, adopt ando co m o I NG RESO BAS E DE
LI Q UI DACI Ó N las di r ect r ices f ij adas en el inc iso 3° de l ar t í culo 36
o las consignadas e n el ar t í culo 21 de la Ley 100 de 1993, según
el caso, así como los FACTO RE S BASE DE CO TI ZACI Ó N
TAXATI V AM ENTE d et er m inados en el Decr et o 1158 de 1994 y

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-0325-000-2018-0956-00 (3202-2018)
Demandante: UGPP

dem ás disposic ion es que EXP RESA M ENTE consagr e n esa
condic ión de FACTO RES SALA RI ALES c on incidenc ia pensio nal, y
f ij ando com o M O NTO PENSI O NAL o TA SA DE REEM PL AZO el 75%
de lo devengado en el últ im o año de servicios; por haber adquir id o
su st at us pensional conf or m e a las cond icio nes del R ÉG I MEN D E
TRAN SI CI Ó N cr eado por el Sist em a Gener al de Pens ione s y no
ant es» 4.

La UGPP invocó como causal de revisión la prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5, al considerar que la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca contraviene las senten cias C -258
de 2013 y SU -230 de 2015 de la Corte Constitucional, según las
cuales para la determinación de la mesada pensional se debe
atender a la regla prevista en los artículo s 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, teniendo en cuenta solo la lista de factores indicados
expresamente en el Decreto 1158 de 1994.

En ese orden de ideas, destacó que el reconocimiento pensional se
obtuvo excediendo la cuantía del derecho reconocido , pues supera
lo debido de acuerdo a la ley .

5. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓ N DE REVISIÓN 6

La señora LUZ MARINA RODRÍG UEZ CÁRDENAS contestó la
acción de revisión y, para el efecto , se opuso a las pretensiones
de la UGPP al considerar que no se excedió la cuantía en el
reconocimiento pensional .

Al respecto, sostuvo que la sentencia objeto de la acción cumplió
con los preceptos legales y los lin eamientos jurisprudenciales
vigentes emitidos por el Consejo de Estad o para la época en que
se profirió la decisión judicial cuestio nada.

Adujo que, mediante sentencia del 4 de agosto de 2010 , el Consejo
de Estado unificó su jurisp rudencia en el sentido de fijar la posición

4
Folios 2 del expediente.
5
«b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables »
6
Folios 295 del expediente.

5
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según la cual los b eneficiar ios del rég imen de tr ansición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a que se
les tenga en cuenta el régimen anterior para liquidar la pensión a
su favor.

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

El recurso extra ordinario de revisión contra las sentencias
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue
establecido en el Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de
1998 y actualmente se rige por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011,
en sus artículos 248 a 255.

El artículo 2 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que los recursos de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos son de conocimiento de las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado, según la materia.

Por su parte , el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , precisa que
«las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguri dad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación».

En tal sentido y dado el criterio d e especialización laboral, la
competencia para resolver el recu rso formulado es de la Sección

6
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Demandante: UGPP

Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.

«Ar t í culo 13. - Dist r ibución de los pr oc esos ent r e las secciones.
Par a ef ect os de r epar t im ient o, los asunt os de que conoce la Sal a
de lo Cont enc ioso Adm inist r at ivo se dist r ibuir án ent r e sus
secciones at en dien d o un cr it er io de especial izac ión y de volum en
de t r abaj o, así :

Sección Se gunda:
[ …]
3. El r ecur so ext r aor dinar io de r evis ión cont r a las sent enci as de
única inst anci a dic t adas por los t r ibunales adm inist r at iv os, en
asunt os r elaciona do s con la com pet encia de est a sección [ …] »

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer del
recurso extraordin ario de revisión formulado por la U GPP contra la
sentencia del 23 de abril de 2013, proferida por la Sección Segunda ,
Subsección E , del Tribunal Administrativo de Cundinamarca .

2. Oportunidad

La Ley 1437 de 2011, vigente para el momento en que se presentó
la acción de la referencia, sobre el término de caducidad de la
acción de revisión señaló:

«ARTÍ CU LO 251. TÉRM I NO PARA I NTERPO NER EL RECUR S O .
El r ecur so podr á int er poner se dent r o del año siguie nt e a la
ej ecut or ia de la r espect iva sent encia.

En los casos cont e m plados en los num er ales 3 y 4 del ar t ículo
pr ecedent e, deber á int er poner se el r ecur so dent r o del año
sigui ent e a la ej ecut or ia de la sent e ncia pena l que así lo
declar e.

En el cas o del num er al 7, el r ecur so deb er á pr esent ar se dent r o
del año sig uient e a la ocur r encia de los m ot ivos que dan lugar
al r ecur so.

En l os casos previ st os en el artí cul o 20 de l a Ley 797 de
2003, el recurso de berá present arse d ent ro de l os ci nco ( 5)
años si gui ent es a la ej ecut ori a de l a provi denci a j udi ci al o
en los casos de que ella no se r equier a, dent r o del m ism o
t ér m ino cont ado a par t ir del per f eccio nam ient o del acuer do

7
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Demandante: UGPP

t r ansaccional o co ncil iat or io». Dest ac ado f uera del t ext o
ori gi nal .

Conforme al contenido de este articulado, se puede establecer que
el término para in staurar la acción de revisión de qu e trata e l
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es de cinco años a partir de la
ejecutoria de la decisión judicial cuestionada.

Ahora bien, tratándose de la UGPP como sucesor judicial de
CAJANAL y la contabilización de este término, la Corte
Constitucional en sente ncia SU-427 de 2016, precisó:

«7. 21. En ese or d en de id eas, r espect o del t ér m ino p ar a
int er poner el m ecan i sm o de r evisión de l as decis iones j udic ia les
que hayan r econoc id o pension es con abu so del der echo ex ist i ó́
un vací o lega l que s ólo se super ó́ c on el ar t í culo 251 de la L ey
1437 de 20 11 7, que adem ás const it uye el único des ar r ollo s ob r e
la m at er ia en v igen cia de l Act o Leg isla t ivo 01 de 20 05, y qu e
est ableci ó́ de f or m a expr esa que “ el r ecur so deber á́ pr esent ar se
dent r o de los c inco ( 5) a ños sigui ent e s a la e jecut or ia de la
pr ovidenc ia jud icia l o en los casos de que ella no se r equie r a,
dent r o del m ism o t érm ino cont ado a part ir del per f eccionam ient o
del acuer do t r ansacciona l o concil iat or i o. ”
7. 22. As í ́ las cosas, sólo hast a la exped i ción del ar t í cul o 251 de
la Ley 1437 de 2011 hubo clar idad en cuant o al t érm ino par a
solic it ar la r evis ión de pr ovidenc ias j udi ciales q ue r econoci e r on
pensiones f und adas en abuso del d er ech o, por lo que esa es la
dispos ición que deb e r egir la caducidad par a casos com o el
est udiado por la Sala en est a oport unidad. En consecuencia,
est ablecid o el t ér m ino de 5 años par a incoar el inst r um ent o de
r evisión, est e Tr ibu n al advi er t e que, par a su cont abil izac ión, se
f i j ó́ como parámet ro l a ej ecut ori a de la provi denci a j udi ci al ,
el cual no puede servi r como ref erent e para det ermi nar l a
caduci dad respect o a l a UG PP, en at enci ón al est ado de
cosas i nconst i t ucional que af ront aba Caj anal 8, por l o que l a
Sal a est i ma pert i nent e ent ender que el pl azo para acudi r a
di cho i nst rument o debe i ni ci arse a cont ar no ant es del dí a
en que l a demand a nt e asumi ó́ l as f un ci ones de est a úl t i ma
empresa, es deci r, con post eri ori dad al 12 de j uni o de 2013 ».
Dest acado f uera de l t ext o ori gi nal

7
Cit. de cit. «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.»
8
Se citó: «Reconocido por la Corte en las sentencias T -068 de 1998 (M.P. Alejandro Mart ínez
C a b a l l e r o ) y T - 1 2 3 4 d e 2 0 0 8 ( M . P . R o d r i g o E s c o b a r G i l ) , e n l a s q u e a d v i r t i ó́ u n p r o b l e m a
estructural de ineficiencia e inoperancia administrativa».

8
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Radicado: 11001-0325-000-2018-0956-00 (3202-2018)
Demandante: UGPP

En concordancia con lo manifestado, en el caso de la UGPP, el
término de caducidad de los cinco años indicado en el artículo 251
del CPACA se debe contar a partir del 12 de junio de 2013, momento
en el que asumió como sucesor judicial de CAJANA L. De esta
manera lo dijo esta Subsección en reciente pronunciamiento :

«Así ́ las cosas, en los event os en que la Unida d Adm inist r at iva
Especia l de G est ión Pensiona l y Cont r ibuciones Par af isca l es de
la Pr ot ección Soc ial ( UG PP) , en calidad de sucesor j udicial d e
Caj anal, inst aur e u n r ecur so ext r aor dina r io de r evis ión, el t ér m ino
de caduci dad de los 5 a ños, que t r at a el ar t í culo 251 del CP ACA,
se debe i ni ci ar a cont ar el 12 de j uni o de 2013, si l a sentenci a
obj et o de recurso qued ó ej ecut ori ada con ant eri ori dad a esa
f echa » 9.

En el presente caso se encuentra demostrado que la sentencia
objeto de revisión fue proferida el 23 de abril de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y quedó ejecutoriada el 3
de mayo de esa anualidad 10, esto es, antes del 12 de junio de 2013,
de tal manera que el término de caducidad se debe contabilizar a
partir de esta última fecha.

Igualmente, se acreditó que la acció n de revisión fue presentada
por la UGPP el 8 de junio de 2018 11, es decir, dentro del término
de los cinco años , por lo que se concluye que aquella se encuentra
en tiempo.

3. Legitimación en la causa

La Subsección ha reconocido la legitimación en la causa de la
UGPP para interpo ner el recu rso extraordinario de revisión frente a
las providencias ejecutoriadas con anterioridad al 12 de junio de
2013 fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de
los asuntos que tenía a cargo la Caja Nacional de Previsión Social
–Cajanal EICE -.» 12, por las causales reglamentadas en el artículo

9
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2020.
R a d . N ú m . R E V I S I Ó N 1 1 0 0 1 - 0 3 - 2 5 - 0 0 0 - 2 0 1 3 - 0 0 1 1 6 - 0 1 ( 0 2 6 2 - 2 0 1 3 ) .
10
Fol. 106 del expediente en préstamo
11
De acuerdo al sello de recibido por parte del Consejo de Estado en el reverso del folio 283
12
Auto del 7 de mayo de 2018. - Radicación 2017-00285-00 -Actor: - UGPP, proferido por l a
Subsección A de la Sección Segunda, Magistrado Ponente doctor William Hernández Gómez.

9
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Radicado: 11001-0325-000-2018-0956-00 (3202-2018)
Demandante: UGPP

20 de la Ley 797 de 2003.

La Corte Constitucional en la sentencia SU -427 de 2016 sobre dicha
legitimación sostuvo lo siguiente:

«( a) La UG PP est á legit im ada par a acud ir ant e la Cor t e Supr em a o
el Consej o de Est ado, según corr esponda, e int er poner el r ecur so
de r evisión pr evist o en el ar tí culo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
pr opósit o de cuest ionar las decisiones j udici ales en las cuales se
haya incur r ido en un abuso del der echo, en el ent endi do de q ue el
t ér m ino de caducida d de cinco añ os de dicho m ecanism o no podr á
cont abil izar se desde ant es del 12 de j un i o de 2013, f echa en l a cual
dicha ent idad asum i ó la def ensa j udicial de los asunt os que t ení a a
car go Caj anal. ».

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consej o de Estado a través
de sus Salas Especiales de Decisión 13, admitió expresamente que
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está habilitada
para adelantar esta clase de procesos, crite ri o ratif icad o por esta
Subsección. De igual forma, es conveniente resaltar que según el
numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 14, la UGPP tiene
competencia para adelantar o asumir acciones de esta naturaleza.

4. Problema jurídico

De acuerdo con los planteamientos de la acción de revisión, le
corresponde a la Sala r esolver los sig uientes cuestionamientos :

➢ ¿La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 23
de abril de 2013, que ordenó reliquidar la pensión de jubilación

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Adminis trativo, Sala Especial de Decisión
25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante:
UGPP.
14
«Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las siguientes
funciones:
[…]
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen.
[…]»

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Demandante: UGPP

de la señora LUZ MARINA RODRÍGUEZ CÁ RDENAS , incurrió
en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003?

4.1 Solución a l problema jurídico

4.1.1 ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

La UGPP aduce que al ordenar la liquidación de la pensión de un
exservidor del De partamento Administrativo de Seguridad -DAS
cobijado por el régimen de transición, atendiendo el ingreso base
de liquidación en cuantía equivalente al 75% del promedio de los
salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de
servicios, y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los
factores señalados por el Decreto 1158 de 1994 se excedió la
cuantía del derecho reconocido en la ley.

Al respecto, la Ley 797 de 2003, dispuso en su artículo 20, literal
b), las siguientes causales de revisió n:

«REVI SI Ó N DE REC O NO CI M I ENTO DE SUM AS PERI Ó DI CA S A
CARG O DEL TE SO RO PÚBLI CO O DE FO NDO S DE
NATU RALE ZA PÚ B LI CA. <Apar t es t achados I NEXEQ UI BL ES>
Las pr ovidencias j udici ales que en cualqu ier t iem po hayan
decr et ado o decr eten r econocim ient o que im pongan al t e sor o
públ ico o a f ond os d e nat ur aleza pú bl ica la ob lig ación de cu br ir
sum as per iódicas de diner o o pens iones de cualqu ier nat ur al eza
podr án ser r evisad as por el Consej o de Est ado o la Cor t e
Supr e m a de Just icia, de acuer do con sus com pet encias, a
solic it ud del G ob ier no por conduct o del M inist er io de Tr aba j o y
Segur idad Soc ial, d el M in ist er io de Hac ienda y Cr édit o Púb lico,
del Cont r alor G ener al de la Repúbl ica o del Pr ocur ador G ener al
de la Nació n.

La r evisión t am bién pr ocede cuando el r econocim ient o sea el
r esult ado de una t r ansacción o concil iac ión j udici a l o
ext r aj udicial.

La r evisión se t r am i t ar á por el pr ocedim ient o señalado pa r a el
r ecur so ext r aor dinar io de r evisión por el r espect ivo código y

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Demandante: UGPP

podr á sol icit ar se en cualqu ier t iem po por las caus ales
consagr adas par a est e en el m ism o código y adem ás:

[ …]

b) Cuando la cuant í a del der echo r econocido excedier e lo debi do de
acuer do con la ley, pact o o convención colect iva que le er an
lega lm ent e apli cab le s. » Apar t e r esalt ado declar ado inexequi ble por
la Cor t e Const it ucio nal en sent encia C - 835 de 2003.

La Sala ha reconocido que esta causal jurisprudencialmente ha sido
considerada como una herramienta legal útil que persigue fortalecer
el principio de la moralidad administrativa y corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General
de Pensiones.

En el caso bajo estudio, la Sala debe determinar si en la sentencia
proferida el 23 de abril de 2013 por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se configura
la causal de revisión prevista en el literal b) del a rtículo 20 de la
Ley 797 de 2003, por cuanto ordenó reliquidar la pensión
reconocida a la señora LUZ MARINA RODRÍGUE Z con el 75% del
salario promedio devengado en el último año de servicio s, esto es,
desde el 31 de julio de 2008 al 30 de julio de 2009 , con la inclusión
de los siguientes factores salariales : asignación básica, prima
técnica, de vacaciones, de servicios, de navidad y de riesgo, y la
bonificación por servicios.

Es necesario poner de presente que la señora LUZ MARINA
RODRÍGUE Z laboró en el Departamento Administrativo de
Seguridad DAS como detective , razón por la cual se debe analizar
cuál era el régimen especial de pensio nes de estos servid ores antes
de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, con el fin de
establecer si el reconocimiento pensional que le fue otorgado en la
sentencia objeto de revisión excede la cuantía del derecho como lo
afirmó la accionante.

12
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4.1.2. Régimen especial de pensiones de los servidores del DAS
antes de la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad
Social.

El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 15 dictó una norma
general según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios
de las prestaciones sociales señaladas para las entidades públicas
del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969,
1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen
o modifiquen 16. En el artículo 10 17 previó que los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se regirí an por los
cánones generales sobre pensión de jubilación. De otra parte,
quienes desarrollaran funcione s de dactiloscopistas en los cargos
de detective agente, profesional o especializado, así como los
detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se
gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978 18.

En cuanto a los factores para la liqu idación de la pensión y de las
cesantías el mencionado decreto previó:

«A RT Í CULO 18. Fact ores para l a l iqui daci ón de cesant í a y
pensi ones. Par a ef ect os del r econocim ient o y pago del auxil io de
cesant í a y de las pensiones a que t uvier en der echo los em pl eados
del Dep ar t am ent o Adm inist r at ivo de Segur idad s e t endr án en
cuent a par a su liqui dación, los sig uient e s f act or es:

a) La asignación básica m ensual señalada par a el r espect ivo
car go;

15
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad»
16
«Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad
tendrán derecho a las prestaciones sociales p revistas para las entidades de la administración
pública del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451
de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y,
además, a las que este decreto establece.»
17
«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación
previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a
los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión
vitalicia de jubilación, por el Decreto -ley 1047 de 1978, cuyas normas serán i gualmente
aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
18
«Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior
y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término
no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán
derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época
fueren funcionarios de ese Departamento.»

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b) Los incr em ent os por ant igüedad;
c) La bonif icación p or ser vicios pr est ados;
d) La pr im a de ser vicio;
e) El subsid io de ali m ent ación;
f ) El auxili o de t r anspor t e;
g) La pr im a de navidad;
h) Los gast os de r epr esent ación;
i) Los viát icos que r eciban los f uncio nar ios en com isión, dent r o o
f uer a del paí s, cuando se hayan per cibid o por un t ér m ino no inf er ior
a cient o ochent a ( 180) dí as en el últ im o año de ser vicio;
j ) La pr im a de vacaciones. »

Frente a la disposición anterior, el Co nsejo de Estado ha sostenido
lo siguiente:

«En vist a de lo a n t er ior , el Consej o de Est ado, en un pr im er
m om ent o, se abst uvo de or denar su inclusión en at ención a que el
Decr et o 2646 de 1 994 pr ecisó que a quel no const it uye f act or
salar ia l. M ás adelan t e, consider ó que de bí a acoger se el cr it e r io de
f avor abil idad expue st o en la sent encia del 4 de agost o de 2010,
según el cual es válido t ener en cuent a t odas aquellas sum as que
el ser vidor per cibe de m aner a habit ual y per iódica com o
cont r apr est ación del ser vicio, in de pendient em ent e de su
denom inac ión. Est e cr it er io se sust ent ó en que el ar tí culo 73 del
Decr et o 1848 de 1969 dispuso que el valor de la pensión debe ser
equiva lent e al 75% del pr om edio de los salar ios y pr im as de t oda
especie r ecib idos du r ant e el últ im o año de ser vicio, ar gum ent o que
sust ent ó l a inclusió n de la pr im a de r iesgo y otr as pr est aciones que
no est aban pr evist as por el ar tí culo 18 del Decr et o 1933 de 1989
en la pensió n de los det ect ives del DAS.

Baj o est a nueva ópt ica, en la sent encia del 1 de agost o de 2 013 la
Sección Segun da unif ic ó su posición sobr e el t em a par a acoger est a
últ im a posic ión y ag r egó que una int er pr et ación dist int a vuln er ar í a
las gar ant í as que l a Const it ució n Po lí t ica de 1991 im puso com o
r ef er encia par a gar ant izar el desar r ollo y la ef ect ividad de l de r echo
f undam ent a l al t r aba j o, ent r e ellas, la r em uner ación m í nim a, vit al y
m óvil, así com o los pr incip ios de f avor abil idad y pr im ací a de la
r ealida d sobr e las f or m as. Al r espect o pr ecisó que la pr i m a de
r iesgo es per cibi d a en f or m a permanent e y m ensual. En
consecuenci a, h ace par t e de la cont r apr est ación dir ect a que
r ecibí an los ser vidor es del DA S, por lo que debí a ser consid er ado
dent r o del ingr eso de cot ización y de la liqui dació n de la pensión » 19

19 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A . S e n t e n c i a d e l 2 9 d e o c t u b r e d e 2 0 2 0 .
11001-03-25-000-2018-00180-00 (0682-2018).

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En ese contexto y dada la naturaleza del cargo que ocupaba l a hoy
demandad a (detective del DAS) es necesario poner de presente las
denominadas actividades de alto riesgo en el sector público, para
las cuales el artí culo 140 20 de la Ley 100 de 1993 previó, lo
siguiente:

«A RT Í CULO 140. A CT I VI DA DES DE A LT O RI ESGO DE LO S
SERVI DO RE S PÚBL I CO S. De conf orm idad con la Ley 4a. de 1992,
el G obier no Nacion al expedir á el r égim en de los ser vidor es público s
que labor en en act iv idades de a lt o r iesg o, t eniendo en cuent a una
m enor edad de j ubilac ión o un núm er o m enor de sem anas de
cot ización, o a m bos r equisit os. Se consider an par a est e ef ect o
com o act ividades d e alt o r iesgo par a el t r abaj ador aquel l as que
cum plen algun os sect or es t ales com o el Cuer po de Cust odia y
Vig ilanc ia Nac iona l Penit enc iar ia. Todo sin desconocer der echos
adquir i dos.

El G obi er no Nac i onal est ab lecer á los punt os por ce nt uales
adici onal es de cot iz ación a car go de l e m pleador , o del em pleador
y el t r abaj ador , según cada act ividad».

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835 del
3 de agosto de 1994, por medio del cual reglamentó las
actividades de alto riesgo de los servidores públicos, que
estableció lo siguiente:

«1. En el Depart am ent o A dmi ni st rat i vo de Seguri dad, D A S:
Personal de det ect i ves en sus di st i nt os grados y
denomi naci ones de especi alizado, prof esi onal y
agent e . ( Negr ill a f uer a del or igina l)

2. En la Ram a Judic ial.

Funcionar ios de la j ur isdicc ión pena l:

M agist r ados, Jueces Regiona les, Jueces Penales de l Cir cu it o,
Fiscal es y em plead os de los Cuer pos de Segur idad d e l a
Fiscalí a G ener a l de la Nac ión y los si gui ent es f uncionar ios d el
cuer po t écnico de invest igacion es de la Fiscalí a: Pr of esiona l es
j udicia les especia le s, pr of esionales uni ver sit ar ios j udicial es I y
I I , j ef es de sección de cr im inalí st ica, inv est igador es j udic ia l e s I
y I I , t écnicos j udicia les I y I I y escolt as I y I I.

20
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C -003 de 1996.

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[ …] » 21

De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del
DAS se clasificó como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo
un régimen de transición especial 22 para aquellos que, a su entrada
en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran en dicha
actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indica das por las norma s anteriores a la L ey 100 de
1993, es decir, los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

El Decreto ley 20 90 del 26 de julio de 2003 23 derogó el Decreto
1835 de 1994 y precisó cuáles actividades son consideradas de
alto riesgo, sin incluir al DAS. No obstante, en su artículo 6
introdujo un régimen de transición para las personas que para esa
época tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial 24

Posteriormente la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 25 se ocupó
de regular la materia pensional para los servidores que
desempeñan labores de alto riesgo e n el DAS e incluyó a la prima
de riesgo en el ingreso base de cotización. La norma también
estableció un nuevo régimen de transición en el artículo 5° «los
detectives vinculados con anteriorida d al 3 de agosto de 1994 que
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren
cotizado 500 semanas, les será reconocida la pensión de vejez en
las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el
Decreto 1835 de 1994».

21
Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
22
«Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que
respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el
número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación,
se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente
en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
23
«Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trab ajadores que
laboran en dichas actividades.»
24
Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de se
pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , sentencia de 12 de junio de
2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015, radicación: 2555 -
13.
25
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»

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4.1.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS
cobijados por el régimen de transición

En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal
beneficiario de las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto
es, de los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de noviembre
de 2000 26, consideró que debe aplicarse en su integridad la
normativa precedente .

Estimó que debían atenderse aquellos factores sala riales que
estuvieran previsto s por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989,
es decir, los siguie ntes:

• La asignac ión b ás ica m ensual s eñal ada par a el r espe ct ivo
car go;
• Los incr em ent os por ant igüedad;
• La bonif icac ión por ser vicios pr est ados;
• La pr im a de ser vicio ;
• El subsid io de al im e nt ación;
• El auxi li o de t r anspor t e;
• La pr im a de navidad ;
• Los gast os de r epr esent ación;
• Los viát icos que r eciban los f uncionar i os en com isión, dent r o o
f uer a del paí s, cuando se hayan per cib i do por un t ér m ino no inf er ior
a cient o ochent a ( 180) dí as en el últ im o año de ser vicio;
• La pr im a de vacacio nes.

Ahora bien, en lo relativo a las activid ades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 1994 27 creó la prima mensual de riesgo
equivalente al 3 0% de la asignación básica, entre otros servidores,
para los detectives del DAS, con la salvedad de que aquella no
constituía factor salarial y no podría devengarse simultáneamente
con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que tratan
los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo
señalada por el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B. Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004 -2000. C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
27
«Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para alguno s
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».

17
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Decreto 2646 del 29 de noviembre de 1994 28 aumentó el porcentaje
de dicho emolumento al 35% y la hizo incompatible solamente con
las prestaciones con la misma denominación previstas en los
decretos 1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión
como factor salarial.

Las disposiciones excluyeron como factor salarial a la prima de
riesgo, sin embargo, dicho factor se incluyó en el ingre so base de
cotización por la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 29, la cual
volvió a regular la materia pensional para los servidores que
desarrollan labores de alto riesgo en el DAS, estableciendo un nuevo
régimen de tra nsición, consistente, como también se precisó, en que
los detectives vinculados antes del 3 de agosto de 1994 que para la
entrada en vigor de esa ley hubieran cotizado 500 semanas , podrían
acceder a la pensión en las condiciones definidas por el Decreto
1835 de 1994.

En este punto conviene señalar que la tesis asumida en la sentencia
de unificación no se ha examinado nuevamente tal y como lo han
indicado los pronunciamientos emitidos por las diferentes secciones
del Consejo de E stado, al conocer de accione s de tutela contra
providencia judicia l sobre la materia 30 y las providencias que han
resuelto sobre la acción de revisión en casos análogos al
presente 31.

5. Análisis sustancial

La Sala advierte que la procedencia de este medio de impugnación
es excepcional, pues afecta el principio de inmutabilidad de las

28
«Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
29
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pe nsiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
30
Dentro de las sentencias más recientes se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicación
110010315000201904948 00(AC), actor: Patrimonio Autónomo Público PAP, Fiduprevisora
S.A. Defensa Jurídica del extinto DAS y su Fondo Rotatorio; Sección Primera, sentencia del
1 de febrero de 2018, actor: Edmundo Ángel Ballén; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 3 de mayo de 2018, actor: Ángel Modesto Tello Chaves; Sección Cuarta,
sentencia del 6 de diciembre de 2017, radicación 110010315000201702111 00(AC), actor:
Luz Marina Solaque Urrego, entre otras.
31
Sección Segunda, subsección A, s entencia de trece (13) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN, Radicación: 11001-03-25-000-2018-00934-00
(3180-2018) sobre Ingreso base de liquidación servidores del DAS cobijados por el régimen
de transición del Decreto 1835 de 1994).

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sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, por razones
exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que revisten tal gravedad que el legislad or
autoriza a romper el principio de la cosa juzgada -res iudicata pro
veritate habetur - y cambiar los resultados de la decisión, en orden
a evitar que prevalezca una situación de injusticia como la que se
genera cuando la cu antía del derecho reconocido e xcede lo debido
de acuerdo con la ley que era legalmente aplicable.

La UGPP solicitó infirmar la sentencia del 23 de abril de 2013
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por considerar que dicha dec isión
se encuentra incursa en la causal del literal b) del a rtículo 20 de la
Ley 797 de 2003, toda vez que no se debió ordenar la reliquidación
de la pensión reconocida a la señora LUZ MARINA RODRÍGUEZ
CÁRDENAS con la inclusión de asig nación básica, prima técnica,
de vacaciones, de servicios, de navidad y de riesgo, y la
bonificación por servicios.

Al respecto, y en relación con la cuantía del derecho pensional de
la señora LUZ MA RINA RODRÍGUEZ CÁRDENAS , se o bserva que
la sentencia del 23 de abril de 2013 , objeto de la acción de revisión
expedida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ordenó a CAJANAL en liquidación,
a reliquidar y pagar a la demandada, la pensión de jubilación en
cuantía equivalente al 7 5% del salario promedio sobre los factores
devengados en el último año de servicios , comprendido entre 31 de
julio de 2008 al 30 de julio de 2009, efectiva a partir del 1 de agosto
de 2009, la cual debe comprender, los factores salaria les que se
indican a continuación: asignación básica ; primas técnica, de
vacaciones, de servicios, de navidad y de riesgo, de antigüedad y
la bonificación por servicios , estás deben ser proporcionales a una
doceava parte .

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Demandante: UGPP

Destaca la Sala que para el momento en el que se produjo la
decisión, la posició n adoptada por el Consejo de Estado en relación
con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era la
contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 32,
según la cual aquel también se rige por las normas anteriores a
dicha ley y debe incluir todas las sumas que habitual y
periódicamente el servidor recibe como contraprestación de sus
servicios.

En ese orden, se observa que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, luego de concluir que el régimen
aplicable a la demandante en razón de su cargo de detective del
DAS era el contenido en el Decreto 1933 de 1989, examinó l o
referente a los factores salariales y sostuvo que el régimen
pensional aplicable a los detectives del DAS antes de la vigencia de
la Ley 100 de 1993, era el establecido en los Decretos 1047 de 1978
y 1933 de 1989, en razón de los cuales los factores sala riales que
se deben considerar para liquidar sus pensiones son los indicados
en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 .

De lo anterior se e videncia que el Tribunal dio aplicació n al criterio
imperante para la época, fijado en la sentencia del 4 de agosto de
2010, en la que se precisó que se de ben incluir todos los factores
salariales devengados.

En tal sentido, se ordenó tener en cuenta en la liquidación de la
pensión de la demandad a la inclusión de los emolumentos descritos
en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, que hacía parte del
régimen anterior aplicable a los detectives del DAS.

En suma, en el presente asunto se demostró que la señora LUZ
MARINA RODRÍG UEZ CÁRDENAS e s beneficiaria del régimen de

32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.

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transición de que trata el Decreto 1835 de 1994, pues este aspecto
no fue objeto de discusión ya que ( i) nació el 9 de abril de 1953 33,
(ii) prestó sus servicios como detective en el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, desde el 24 de julio de 1974 al
30 de septiembre de 1974 y del 4 de octubre de 1974 al 31 de julio
de 2009 34.

La pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año
de servicios con u na tasa de reemplazo del 75%, en cumplimiento
de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 que consagran el
régimen especial de los detectives del DAS, al cual tení a derech o
por haber estado vinculad a a la entidad para el 3 de agosto de 1994.

Los factores salariales que se ordenaron incluir fueron los
devengados en el último año de servicios que se encontraban
previstos en el artí culo 18 del Decreto 1933 de 1989, más la prima
de riesgo lo cual se acompasa con lo sostenido en la sentencia del
4 de agosto de 2010 y con varios pronunciamientos que, para ese
momento, había emitido el Consejo de Estado 35, según la cual el
IBL forma parte del régimen de transición y se deben in cluir todos
los factores salariales devengados, el criterio int erpretativo
empleado por el Tribunal se entiende ajustado a la jurisprudencia
imperante en la época.

En ese orden de ideas, el argumento sobre el desconocimiento del
precedente alegado por la UGPP respecto la posición
jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la liquidación de
las pensiones bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
fijada en la sentencia C -258 de 2013, no está llamado a prosperar,
porque precisamente el Tribuna l Administrativo de Cundinamarca al
analizar el caso puesto en su conocimiento, ajustó su resolución a
la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado vigente

33
Folio 45 del expediente.
34
Folio 24 del expediente.
35 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n B , s e n t e n c i a s d e l 3 d e a g o s t o d e 2 0 0 6 ,
numero interno 4788-2005; del 7 de abril de 2005, número interno 5600 -2002; 14 de julio de
2005, numero interno 3700 -2003; y, de la Subsección A, sentencia del 15 de febrero de
2007, número interno: 3940-2005.

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para la época en que se profirió la decisión judicial objeto de
revisión, Corporación que tratándose de la jurisdicción contencioso
administrativa constituye su superio r funcional, de tal manera que
al desarrollarla, además de atender al precedente judicial,
garantizó con ello el principio de seg uridad jurídica y d e igualdad
del demandante.

Cabe agregar que en la sentencia C – 816 de 2011 se estableció
que «la jurispru dencia de los órganos judiciales de cierre
jurisdiccional, en cuanto autoridades constitucionales de
unificación jurispru dencial, vincula a los tribunales y jueces -y a sí
mismas-, con base en los fundamentos constitucionales invocados
de igualdad, buena fe, seguridad jurídica, a part ir de una
interpretación sistemática de principios y preceptos
constitucionales» 36.

A lo anterior se debe adicionar que, tal como se mencionó
previamente, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, se determinó que las providencias que realiza ron
interpretaciones sobre el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas bajo el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se deben respetar.

Conclusión. En criterio de la Sala, la posición adoptada por el
Tribunal guardó consonancia con la jurisprudencia imperante en el
órgano de cierre de lo contencioso -administrativo para la fecha,
razón por la cual debe mantenerse, por ser una situación
consolidada que goza de los efectos de cosa juzgada.

En ese sentido, la Sala advierte que el respeto hacia las decisiones
proferidas con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes
para su época constituye la salvaguarda de instituciones de

Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, magistrado ponente:
36

Mauricio González Cuervo.

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raigambre constitucion al como lo son la seguridad jurídica y la
confianza legítima 37.

Así las cosas, en el sub lite la parte demandante no logró demostrar
la vulneración de los artículos 21 de la Ley 100 de 19 93 y 1 del
Decreto 1158 de 1994, en razón a que la interpretación del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sobre tales contenidos
normativos, plasmada en la sentencia objeto del recurso, se alineó
con el criterio jurisprudencial de esta Corporación, vige nte para la
época de la expedición del fallo.

Por último, es pertinente advertir que, aunque en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, la Corporación acogió la tesis
sostenida por la Corte Constitucional según la cual el I BL no forma
parte de la transición, y definió como se deben liqui dar las
pensiones del régimen de transición, también es cierto, que en esa
sentencia se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado
tendría respecto de las situaciones consolidadas. En aquella
providencia se indicó que no se afectarían las situa ciones
favorables definidas mediante sentencia judicial con efectos de
cosa juzgada, por lo que se deberían conservar los reco nocimientos
pensionales realizados con aplicació n de la tesis anterior contenida
en la sentencia de 4 de agosto de 2010 y en los c asos en donde ya
existía cosa juzgada, tal y como ocurrió en el presente asunto .

En esas condiciones, no se encuentra demostrada la causal de
revisión del artícu lo 20, litera l b) d e la Ley 797 de 2003. Esta
posición permite salvaguardar institu ciones superiores tales como
la seguridad jurídica.

37
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales
vigentes para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias,
se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sente ncia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala
Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001 -03-
15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidació n; Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001 -03-25-000-2016-
00681-00(2861-2016), demandante: UGPP. Sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación.
11001-03-25-000-2018-00479-00, demandante UGP P, Sección Segunda Su bsección A.

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6. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un
interés público». Esta Corporación 38 ha considerado que el ejercicio
del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del
Tesoro y un mecanismo de def ensa de los princip ios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que
rigen el se rvicio p úblico esencial de seguridad social, además de
una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera impro cedente la
condena en costas en el caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República d e Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLÁRASE infundada la acción de revisión
interpuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP contra
la señora LUZ MARINA RO DRÍGUEZ CÁRDE NAS por la causal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , con el fin de que se revise la
sentencia proferida el 23 de abril de 2013 , por la Subsección E de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión,
sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de
16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

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Demandante: UGPP

25000-2325-000-2011-00919-01, con fundamento en las razones
expuestas.

SEGUNDO: S in condena en costas.

TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente previas
las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la
presente sesión.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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