Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00962-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00962-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00962-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Demandado: Rosa Elena Barrera Medina
Tema: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
________________________________________________________________
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
proferida el 13 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Meta, por
medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio el 27 de mayo de 2010, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Rosa
Elena Barrera Medina contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social
(Cajanal)2.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
La UGPP solicitó, en ejercicio de la acción de revisión establecida en el artículo
1 En lo que sigue UGPP.
2 En lo sucesivo Cajanal.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
20 de la Ley 797 de 2003, la revisión de la sentencia proferida el 13 de septiembre
de 2011 por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-23-31-000-2005-30472-01,
que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Villavicencio el 27 de mayo de 2010, por medio del cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda presentada por Rosa Elena Barrera Medina
contra Cajanal, encaminadas a reliquidar su pensión de jubilación a partir del 22
de mayo de 2004 con la inclusión de todos los factores de salario devengados
durante el último semestre de servicios, tales como: asignación básica, las primas
de vacaciones, de navidad y de servicios, las bonificaciones por servicios
prestados y la especial, los subsidios de transporte y de alimentación y la
indemnización por vacaciones, así como de cualquier otro rubro que hubiera
recibido en ese periodo.
Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) revocar la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Meta el 13 de septiembre de 2011; ii) declarar que
Rosa Elena Barrera Medina, en cuanto a la liquidación de su pensión de
jubilación, no es acreedora de un derecho adquirido; y iii) ordenar reliquidar la
prestación en un monto o tasa de reemplazo del 75% y con una base de
liquidación con fundamento en lo previsto en los artículos 36, inciso 3, o 21 de la
Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores de salario de acuerdo con lo
señalado en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresamente
dispongan esa condición.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Rosa Elena Barrera Medina nació el 5 de enero de 1943 y laboró para la
Contraloría General de la República del 24 de noviembre de 1978 al 21 de mayo
de 2004.
• A través de la Resolución 25449 del 23 de noviembre de 2004, suscrita por la
subgerente de prestaciones económicas de Cajanal, se le reconoció la pensión
de jubilación en cuantía de $397.100.41, a partir del 1º de noviembre de 2003.
• Por medio de la Resolución 25251 del 26 de mayo de 2006, Cajanal le negó la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de
emolumentos salariales que percibió en el último semestre de servicios.
2
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
• Rosa Elena Barrera Medina, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Cajanal con el fin de que
se declarara la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo
respecto de la petición presentada el 19 de mayo de 2005 y en consecuencia se
ordenara reliquidar la pensión de jubilación en consideración a la totalidad de los
factores de salario devengados en el último semestre de labores, asunto que
correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio, el
que, por medio de la sentencia del 27 de mayo de 2010, accedió parcialmente a
las pretensiones, para lo cual resolvió:
«(…)
SEGUNDO: DECLARASE la nulidad de acto ficto negativo derivado de la ausencia
de respuesta a la petición de reliquidación pensional, presentada por la actora, el 19
de mayo de 2005.
TERCERO. DECLARASE la nulidad del acto ficto negativo derivado de la ausencia
de respuesta a la petición de reliquidación pensional, presentada por la actora el 19
de mayo de 2005. (sic)
CUARTO. CONDENAR a CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. en
liquidación, reajustar la pensión reconocida a ROSA ELENA BARRERA MEDINA, con
el promedio de lo devengado en el último semestre de servicios incluyendo los
factores salariales denominados subsidio de alimentación, auxilio de transporte y
las primas de vacaciones, servicios y navidad, pero excluyendo el concepto de
vacaciones, reajuste que deberá actualizarse con los incrementos anuales de ley, la
diferencia entre lo pagado y lo adeudado deberá pagarse debidamente indexada mes
a mes, a partir del 22 de mayo de 2004, en la forma como se indica en la parte motiva
de esta providencia.
(…)».
• Inconformes con lo decidido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Villavicencio en el fallo del 27 de mayo de 2010, las partes interpusieron
recursos de apelación en su contra, los cuales fueron resueltos por el Tribunal
Administrativo del Meta en sentencia del 13 de septiembre de 2011, que confirmó
la providencia.
• En cumplimiento de lo resuelto por los jueces de instancia, la UGPP expidió la
Resolución RDP 19691 del 17 de diciembre de 2012, en la cual que se reliquidó
la pensión de jubilación de Rosa Elena Barrera Medina y en consecuencia se
elevó su monto a $642.629, desde el 22 de mayo de 2004, acto administrativo
que fue modificado por la asesora grado 16 encargada de las funciones de
subdirectora de determinación de derechos pensionales mediante la Resolución
RDP 48628 del 18 de octubre de 2013, en el sentido de aumentar la cuantía de
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Demandante: UGPP
la prestación a $824.735 a partir de la fecha establecida.
• Mediante la Resolución RDP 57649 del 19 de diciembre de 2013, la subdirectora
de derechos pensionales de la UGPP reliquidó la pensión de jubilación
reconocida a Rosa Elena Barrera Medina la que resultó en cuantía de $979.172,
desde el 22 de mayo de 2004, pero con efectos fiscales, por prescripción, a partir
del 17 de diciembre de 2010.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión3
El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el 13 de septiembre
de 2011, confirmó la providencia dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Villavicencio en el fallo del 27 de mayo de 2010, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.
Para tal efecto se pronunció en estos términos4:
• Rosa Elena Barrera Medina es beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia puede acceder al
beneficio pensional de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto
929 de 1976, en lo que tiene que ver con la edad, tiempo de servicios y monto,
según su artículo 7. En cuanto a los factores computables, debe acudirse a los
enlistados por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que fijó las reglas
generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los
empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
• No es posible, para efectos de la reliquidación de la pensión, que se incluya
como factor salarial la bonificación especial, pues no se encuentra enlistada en
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
• En este sentido, Rosa Elena Barrera Medina tiene derecho a la reliquidación de
la pensión de jubilación con el promedio de lo devengado en el último semestre
de servicio, con la inclusión de los factores de salario, tales como: subsidio de
alimentación, auxilio de transporte y las primas de servicios, vacaciones y
navidad, como lo determinó el a quo.
3 Proceso adelantado bajo las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (CCA).
4 Folios 176 a 180.
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Demandante: UGPP
1.2. Las causales de revisión invocadas
La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes
argumentos6:
• La orden judicial vulneró el debido proceso y la cuantía del derecho allí
reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, en tanto la reliquidación de
la pensión de jubilación de Rosa Elena Barrera Medina en los términos ordenados
no corresponde con la forma en que se debe realizar, puesto que, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial las sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, cuyos apartes
transcribió, lo correcto era que para integrar el ingreso base de liquidación (IBL)7
se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la
Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores del Decreto 1158 de 1994
sobre los cuales se cotizó.
• La sentencia objeto de revisión incurrió en las causales invocadas al proferirse
con absoluto desconocimiento de la normativa y los preceptos jurisprudenciales
vigentes para la época y en detrimento de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, pues contribuye al incremento injustificado en un 59% de la mesada
de Rosa Elena Barrera Medina.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Rosa Elena Barrera Medina no se pronunció en la instancia procesal.
5 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que
en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el
reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La
revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
6 Folios 266 a 291.
7 En lo que sigue IBL.
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Demandante: UGPP
1.4. El Ministerio Público
El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1°, de la Ley 797 de 2003 y
249, inciso 2, del CPACA8.
Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
El inciso final del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 estableció que el presente
recurso deberá presentarse dentro del término de 5 años siguientes a la
ejecutoria de la providencia judicial o en los casos en que ella no se requiera,
dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio.
No obstante, para efecto de la contabilización de dicho término es necesario tener
en cuenta lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016,
que señaló:
«(…) la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte
Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de
revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar
las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en
el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no
podrá contabilizarse desde el antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha
entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.»
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Demandante: UGPP
Así las cosas, en consideración a que la presente acción de revisión se interpuso
el 8 de junio de 201810, esto es dentro de los 5 años siguientes a esa fecha, se
concluye que se ejerció dentro de la oportunidad, la cual vencía el 12 de junio de
2018.
2.3. Los problemas jurídicos
Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, se profirió con vulneración del debido proceso
y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido
excede lo debido de acuerdo con la ley al haberse accedido a la reliquidación de
una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de
la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2011 de la Ley 797 de 200312 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.
10 Folio 202 vuelto.
11 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que
en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General
de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
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Demandante: UGPP
En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se
han definido los siguientes13:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre
la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la
ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional
13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado
por la ley».
Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que
se encuadren en dichas causales»14.
En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación15 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el
término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse
desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa
judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.
2.4.2. Régimen especial de pensiones de la Contraloría General de la
República
A través del artículo 7 del Decreto 929 de 1976, el gobierno nacional reguló las
prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República
de la siguiente manera:
«Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a
los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de
servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto,
de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General
14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado
11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018,
radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas,
entre otras.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último semestre».
Así las cosas, tendrían derecho a esta pensión los servidores de la Contraloría
General de la República que acreditaran la edad de 55 años si son hombres, o
50 si son mujeres, y 20 años de servicios, continuos o discontinuos, de los cuales,
por lo menos 10 lo hayan sido en esa entidad.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 929 de 1976, si el tiempo
de servicio en la Contraloría General de la República hubiera sido inferior a 10
años, la prestación se liquidaría en la forma señalada para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva.
En cuanto a la liquidación de estas pensiones, además del periodo de los últimos
6 meses para el IBL, el artículo 9 del Decreto 929 de 1976 ordenó que se
excluyeran los viáticos, a menos que tuviesen el carácter de permanentes y de
que se hubieran recibido, durante un lapso continuo de 6 meses o mayor.
En el artículo 6 del Decreto 929 de 1976, en el nuevo contexto de sostenibilidad
financiera y en consideración a la importancia de los aportes pensionales para el
financiamiento de la pensión, se dispuso que sus beneficiarios contribuyeran para
sostener Cajanal con los siguientes aportes:
«1.- Un tercio del valor del sueldo mensual el respectivo cargo, como cuota de
afiliación.
2.- Un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual el respectivo cargo, como
cuota periódica ordinaria.
3.- Un tercio por una sola vez, de todo aumento que reciban en su sueldo básico.
4.- Un cinco por ciento (5%) mensual del valor de las pensiones de jubilación, vejez e
invalidez, para quienes gocen de esta prestación.
5.- Hasta un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual, cuando se trate de
las prestaciones a que se refiere el artículo 5o. del presente Decreto».
En relación con los emolumentos que componen los ingresos de estos
servidores, el artículo 23 del Decreto 929 de 1976 concedió el derecho al pago
de una bonificación especial de un mes de remuneración por cada período de 5
años cumplidos en la institución.
Ahora bien, en lo que se refiere a la base de liquidación pensional el artículo 17 del
Decreto 929 de 1976 previó que «(e)n cuanto no se oponga el texto y finalidad del
presente Decreto las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y normas que lo modifican
y adicionan, serán aplicables a los empleados de la Contraloría General de la
República».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
Así, entonces, se hicieron extensivas a los empleados de la Contraloría General
de la República las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y demás normas
complementarias, en concreto lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por el
cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las disposiciones sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del
orden nacional, en cuyo artículo 45 estableció que para efectos del
reconocimiento y pago del auxilio de cesantías y de las pensiones, en la
liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:
«a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de
1968».
Posteriormente, el Decreto 720 del 20 de abril de 197817, que fijó el régimen
salarial para los servidores de la Contraloría General de la República, en su
artículo 40 señaló, entre otros factores de salario, los siguientes:
«De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para
los diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del realizado en días de
descanso obligatorio, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a). Los gastos de representación.
b). La bonificación por servicios prestados.
c). La prima técnica
17 «Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la
Contraloría General de la República, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a
dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
d). La prima de servicio anual
e). Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicio».
En lo que tiene que ver con el IBL de las pensiones reconocidas a los
beneficiarios del régimen pensional especial de la Contraloría General de la
República, esta Sección, en consideración a las orientaciones de la Corte
Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, en reciente sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-020-2020 del 11 de junio de 202018, estableció como
regla:
«107.1 Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los
requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos
21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización
contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».
Lo anterior, al concluir que «(…) luego de analizar el conjunto de normas salariales y
prestacionales de los servidores de la Contraloría General de la República, encuentra
que en vigencia de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones para pensión solo afectan a los
factores que expresamente señaló el reglamento en el artículo 1º del Decreto 1158 de
1994, pues antes de tal norma, la base de cotización la constituía la asignación básica.
En otros términos, ninguna norma que regula los salarios y prestaciones sociales para
tal sector dispone de manera expresa una regla de cotización diferente a la anunciada».
De acuerdo con la regla fijada por la Sección Segunda, el problema planteado se
resuelve en el sentido de que el IBL de las pensiones reconocidas en virtud del
Decreto 929 de 1976 a los beneficiarios del régimen de transición es el previsto
en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según corresponda. En cuanto a los factores, se atienden las previsiones del
Decreto 1158 de 1994, en consonancia con el principio de sostenibilidad fiscal
desarrollado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Estas personas se pensionan
con los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en la norma especial
mencionada.
En consecuencia, para la Sala sería del caso ocuparse del estudio de las normas
que regulan las pensiones concebidas a la luz del Decreto 929 de 1976 a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a
liquidación del derecho atañe, si no fuese porque la Sección Segunda del
Consejo de Estado recientemente resolvió el tema a través de la sentencia de
18Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
expediente 05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014).
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
unificación CE-SUJ-S2-020-2019, en la que se precisó el alcance de la regla
relacionada con la base de liquidación de las pensiones reconocidas a los ex
servidores públicos de la Contraloría General de la República conforme con el
Decreto 929 de 1976, en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 en la forma previamente registrada, en donde se dejó establecido
que sus efectos son vinculantes: «(i) respecto de los asuntos similares que
actualmente se están tramitando en el seno de la administración, y los que llegaren a
suscitarse; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados,
tribunales administrativos y Consejo de Estado, y los futuros que se presenten».
Dicha sentencia constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución
de casos fáctica y jurídicamente iguales20. En consecuencia, no tiene efectos
respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal
virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada
y en consecuencia resultan inmodificables.
2.5. Caso concreto
En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
expediente 05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014).
20 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo
de Estado, precisó: «[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la
Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de
abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre,
previo cumplimiento de determinadas condiciones […]».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión21 según la cual, de conformidad con lo previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido
comprende los siguientes tres elementos: «i)(e)l derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) (e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que,
desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la
presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho
a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»
En tal sentido, se advierte que los argumentos de la recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la pensión de jubilación reconocida a Rosa Elena Barrera
Medina, sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración de los
elementos que componen el derecho fundamental al debido proceso; por lo
tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco de la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es la del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», la Sala encuentra que para el momento en el que el Tribunal
Administrativo del Meta profirió la decisión objeto de revisión, el criterio que
acogía el Consejo de Estado en relación con el IBL de las pensiones reconocidas
en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era el expuesto
en la sentencia del 4 de agosto de 201022, antes referida, según la cual, la
expresión «monto», contenida en el artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas
sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación
directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé».
Además, que aquel también se rige por las normas anteriores a la última ley
aludida.
Al respecto, el ente de previsión recurrente sostiene que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
21 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de
las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.
A lo anterior se agrega el hecho de que las sentencias de unificación de la Corte
Constitucional en materia de IBL que citó la recurrente (SU-230 de 2015 y SU-
395 de 2017) no habían sido proferidas (29 de abril de 2015 y 22 de junio de
2017, respectivamente) en el momento en que se dictó la aquí cuestionada (11
de septiembre de 2011), aunado a que no se les otorgó efectos retroactivos a sus
decisiones. Es de anotar que para la época esa corporación ya había sostenido
en varias sentencias de tutela que el IBL se encontraba inmerso dentro de la
expresión «monto», por lo que debía entenderse que en este aspecto era
procedente acatar las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 199323.
Respecto de la sentencia C-168 de 1995, anterior a la que es objeto de revisión,
se encuentra que en ella se estudiaron aspectos, como lo son: i)
constitucionalidad de apartes del inciso 1° del artículo 11 e incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 199324; ii) derecho a la igualdad; y iii) derechos
adquiridos. Sobre el artículo 36 ibidem, señaló que el legislador con estas
disposiciones legales va más allá de la protección de los derechos adquiridos,
para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo
de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión
de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar
la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al
trabajo.
Asimismo, el fallo determinó que el aparte final del inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como
base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los
segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último
año, desigualdad que contraría el artículo 13 de la Constitución Política.
23 Así se indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004,
T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007,
T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
24 Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «(s)in embargo,
cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia
de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en
los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los
servidores públicos».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
Así las cosas, si bien es cierto que la sentencia C-168 de 1995 se ocupó de
analizar la constitucionalidad de los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, también lo es que para la época en que se profirió el fallo recurrido el
Consejo de Estado, como máxima autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo, contaba con su propio criterio frente al tema, el cual fue adoptado
por el tribunal, por lo que no es posible sostener que esa providencia es un
precedente que debió atenderse en este caso y que por lo tanto hay lugar a
infirmar la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del
IBL aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto,
la Sala considera que la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, proferida
el 13 de septiembre de 2011, no fue caprichosa y por el contrario respetó los
derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de
Estado como máximo tribunal de lo Contencioso-Administrativo y órgano de
cierre de la jurisdicción.
Ahora, en lo atinente a la relación de factores salariales, también es importante
señalar que la tesis acogida por el Tribunal Administrativo del Meta fue la
sostenida por el Consejo de Estado, en la que se indicó que la relación de
emolumentos contenida en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 no era
taxativa sino enunciativa. En consecuencia, es dable tener en cuenta todos
aquellos emolumentos que percibe el servidor como retribución de su labor
durante el último semestre, tal y como lo indicó la sentencia del 19 de junio de
200825, entre otras.
En efecto, el criterio del Consejo de Estado únicamente se modificó con la
expedición de la sentencia de unificación de 2018, por lo que es claro que para
la época en que se expidió la sentencia recurrida (13 de septiembre de 2011), la
posición era que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse
teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la
consideración de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el
principio de la inescindibilidad de la norma.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Meta encontró acertada la decisión del
juez de primera instancia que ordenó que la pensión de jubilación de Rosa Elena
Barrera Medina se reliquidara con el promedio de la devengado en el último
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 19
de junio de 2008, radicado 25000-23-25-000-2005-005720-01. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
16
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
semestre de servicios con la inclusión de los siguientes factores: la asignación
básica, la bonificación por servicios, el subsidio de alimentación, el auxilio de
transporte y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad. En relación con
lo anterior, se advierte que la línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado
en su momento26, en lo particular dispuso:
«En diversos pronunciamientos, la Sala27 se ha ocupado del tema y ha expresado que
el Decreto 929 de 1976 no definió el concepto de salario, ni determinó los factores
que tenían carácter salarial; sin embargo prescribió que en cuanto no se opusieran a
su texto y finalidad se aplicarían a los servidores de la Contraloría General de la
República, las disposiciones del Decreto Ley 3135 de 1968 y las normas que lo
modifiquen o adicionen.
Así lo corrobora el artículo 17 del Decreto 929 de 1976, que a la letra dice:
“En cuanto no se oponga el texto y finalidad del presente Decreto las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y normas que lo modifican y adicionan,
serán aplicables a los empleados de la Contraloría General de la República.”
Con fundamento en lo anterior, para resolver estos asuntos, se acude a lo establecido
tanto en el Decreto 3135 de 1968, como a las normas que lo complementan,
concretamente al Decreto 1045 de 197828, por el cual se fijan las reglas generales
para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados
públicos y trabajadores oficiales del orden nacional.
El artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 citado, dispone que para efectos del
reconocimiento y pago del auxilio de cesantías y de las pensiones a que tuvieren
derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán
en cuenta los siguientes factores de salario:
• Asignación básica mensual
• Gastos de representación y prima técnica
• Dominicales y feriados
• Horas extras
• Auxilio de alimentación y transporte
• Prima de navidad
• Bonificación por servicios prestados
• Prima de servicios
• Viáticos que reciben los funcionarios y trabajadores en comisión
cuando se hayan percibido por un término no menor a 180 días en
el último año de servicio.
26 Ibidem.
27 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 17 de julio de 2003,
expediente No. 3538-02 M.P. Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado».
28 «Su artículo 4 prevé que” Las disposiciones del Decreto-Ley 3135 de 1968, de las normas que
lo adicionan o reforman y las del presente estatuto constituyen el mínimo de derechos y garantías
consagradas a favor de los trabajadores oficiales. No produce efecto alguno cualquier
estipulación, que afecte o desconozca este mínimo, de derechos y garantías”».
17
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
• Los incrementos salariales por antigüedad
• La prima de vacaciones
• El valor del trabajo suplementario.
Sin perjuicio de lo anterior, el Decreto 720 de 197829 en su artículo 40 estableció otros
factores de salario para los servidores de la Contraloría General de la República en
los siguientes términos:
“DE OTROS FACTORES DE SALARIO. Además de la asignación básica fijada
por la ley para los diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del
realizado en días de descanso obligatorio, constituyen factores de salario
todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como
retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a). Los gastos de representación.
b). La bonificación por servicios prestados.
c). La prima técnica
d). La prima de servicio anual
e). Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de
servicio”. (Subraya la Sala).
Para la Sala, la anterior relación de factores no pueden ser entendidos de manera
taxativa y excluyente de los factores consagrados en el referido artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, por dos razones: la primera, por cuanto fue el propio Decreto
929 de 1976 en su artículo 17 que remitió a sus factores; remisión que adhirió al
régimen especial de la Contraloría, en cuanto a factores salariales se refiere, al
régimen general de los empleados públicos. Y la segunda, porque la filosofía del
artículo 40 del Decreto 720 de 1978 consistió en enunciar algunos factores salariales,
toda vez que de su texto se desprende la existencia de otros posibles al decir que
“Además […] constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
En resumen, la Sala precisa que para efectos de determinar la base de liquidación
pensional de los empleados de la Contraloría general de la República debe acudirse
a los factores salariales previstos en los artículos 45 del Decreto 1045 de 1978 y el
40 del Decreto 720 del mismo año, sin perjuicio de todos aquéllos que de manera
habitual y periódica recibe el empleado como contraprestación por sus servicios».
En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente administrativo obran
constancias de tiempo de servicios del 8 de agosto de 199430 y del 19 de febrero
de 200431 y certificaciones de sueldos y factores salariales del 4 de noviembre
29 «Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la
Contraloría General de la República, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a
dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
30 Folio 49.
31 Folio 60.
18
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
de 200332, del 12 de abril de 200533, del 12 de marzo de 201234 y del 30 de enero
de 201335, expedidas por la Contraloría General de la República, según las
cuales, Rosa Elena Barrera Medina devengó en los últimos 6 meses de servicios
los siguientes factores: asignación básica, bonificaciones por servicios y
especial, subsidio de alimentación, auxilio de transporte y las primas de servicios,
de vacaciones y de navidad.
Ahora bien, la Sala encuentra acreditado respecto de Rosa Elena Barrera Medina
que:
• Nació el 5 de enero de 194336 y laboró para la Contraloría General de la
República del 24 de noviembre de 1978 al 21 de mayo de 2004, periodo en el
que ocupó los cargos de revisor mensajero grado 01 y auxiliar operativo grado
0137.
• Por medio de la Resolución 25449 del 23 de noviembre de 200438, Cajanal le
reconoció la pensión de jubilación en consideración al cumplimiento de los
requisitos de la Ley 929 de 1976, cuya liquidación se efectuó con el 75% del
promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 9 años y 7 meses (1° de
abril de 1994 y el 30 de octubre de 2003), conforme con lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales sobre los que cotizó
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, estos son la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados. La cuantía de la prestación resultó en
$397.100.41, a partir del 1° de noviembre de 2003, pero condicionada al retiro
definitivo del servicio para su disfrute.
• A través de la Resolución 25251 del 26 de mayo de 200639, suscrita por la
asesora (e) de la Gerencia General de Cajanal, se le negó la reliquidación de la
pensión de jubilación con la inclusión de todos los emolumentos de salario
percibidos en el último semestre de labores en la Contraloría General de la
República.
32 Folios 50 a 55.
33 Folio 70.
34 Folio 86.
35 Folio 85.
36 Según la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento, folios 47 y 48, respectivamente.
37 De conformidad con las constancias de tiempo de servicios del 8 de agosto de 1994 (Fl. 49) y
del 19 de febrero de 2004 (Fl. 60) y las certificaciones de sueldos y factores salariales del 4 de
noviembre de 2003 (Fls. 50 a 55), del 12 de abril de 2005 (Fl. 70), del 12 de marzo de 2012 (Fl
86). y del 30 de enero de 2013 (Fl. 85), expedidas por la Contraloría General de la República.
38 Folios 62 a 64.
39 Folios 76 a 78.
19
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
• A través de la Resolución RDP 19691 del 17 de diciembre de 201240, proferida
en cumplimiento del fallo objeto de revisión, el subdirector de Atención al
Pensionado de la UGPP, con funciones de la subdirección de determinación de
derechos pensionales, reliquidó la pensión de jubilación que se le otorgó y en
consecuencia su monto se elevó a $642.629, efectiva a partir del 22 de mayo de
2004, acto administrativo que fue modificado a través de la Resolución RDP
48628 del 18 de octubre de 201341, expedida por la asesora grado 16, encargada
de la subdirección de determinación de derechos pensionales de la entidad, en
el sentido de aumentar el valor de la prestación a $824.735, al incluir el valor que
corresponde, según lo certificado, de los factores de salario percibidos en el
último semestre de labores, desde el 22 de mayo de 2004.
• Mediante la Resolución RDP 57649 del 15 de septiembre de 201442, suscrita
por la subdirectora de determinación de derechos pensionales de la UGPP, se
reliquidó la pensión de jubilación con la inclusión de la bonificación especial
devengada en los últimos 6 meses de labores de manera proporcional, por lo
tanto se dispuso aumentar su cuantía a $979.172, desde el 22 de mayo de 2004,
pero con efectos fiscales a partir del 17 de diciembre de 2010 por prescripción
trienal.
Expuesto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor que Rosa
Elena Barrera Medina recibía antes de presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ($397.100.41) y las reliquidaciones efectuadas en
cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Meta
($642.629, $824.735 y $979.172) corresponden a la suma de $245.528.59,
$427.634.59 y $576.071.59, lo que equivale a un incremento aproximado de la
mesada de un 61,83%, 107.68% y 145.06%, respectivamente.
La Sala advierte que la variación en los montos reconocidos por concepto de la
reliquidación de la causante se debe a que la UGPP no incluyó los valores
certificados que correspondía por los factores salariales devengados en el último
semestre como se observa en los actos administrativos antes reseñados. Lo que
resultó de la orden impartida en la sentencia objeto de revisión, la que fue
consecuencia de la aplicación de la tesis jurisprudencial vigente al momento de
su expedición.
40 Folios 113 a 116.
41 Folios 120 a 122.
42 Folios 117 a 119.
20
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00962-00 (3208-2018)
Demandante: UGPP
Ahora bien, la Sala advierte que el ente recurrente incluyó en la liquidación de la
pensión, por iniciativa propia, la bonificación especial, esto es contrario a lo
decidido por los jueces de instancia, pues estos determinaron que la prestación
debía liquidarse en consideración a la asignación básica, la bonificación por
servicios, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte y las primas de
servicios, de vacaciones y de navidad y que «no e[ra] posible para efectos de la
liquidación de la pensión de la demandante, que se incluy[era] como factor salarial la
bonificación especial, teniendo en cuenta que ésta no se enc[ontraba] dentro de los
factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que de hacerlo, el juez
estaría desconociendo el mandato legal». Sin embargo, esta decisión no fue
producto de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Meta el 13 de
septiembre de 2011; contrario a ello, fue a motu proprio de la UGPP.
En consecuencia, esta Subsección no encuentra reparo alguno que pueda
endilgarse a la providencia revisada.
Adicionalmente, se encuentra acreditado que Rosa Elena Barrera Medina laboró
para la Contraloría General de la República por 25 años, 5 meses y 26 días,
periodo en el que se desempeñó como mensajero grado 01 y auxiliar grado 01.
Asimismo, se observa que en la parte resolutiva de los actos administrativos que
dieron cumplimiento a la sentencia se dispuso el descuento por aportes sobre los
conceptos incluidos en la reliquidación y que no se hubieran realizado.
Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta sobre la pensión de jubilación reconocida a Rosa Elena
Barrera Medina, no evidencia un incremento desproporcionado o que no guarde
relación con su trayectoria laboral. Por lo que la sala concluye que la situación en
estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un abuso del
derecho o fraude a la ley.
En consecuencia, la liquidación de la pensión de Rosa Elena Barrera Medina, no
excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) es beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda
vez que al 1º de abril de 199443 contaba con más de 35 años de edad y 15 de
servicios, por lo tanto, su pensión fue liquidada con base en lo devengado en los
últimos seis meses de servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo
establecido en el Decreto 929 de 1976 que dispuso el régimen especial de la
43 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
del orden nacional.
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Demandante: UGPP
Contraloría General de la República; ii) demostró que completó más de 10 años
de servicios en esa entidad; y iii) durante los últimos 6 meses de servicios percibió
los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la
pensión.
Lo anterior, se acompasa con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento, según la cual el IBL hacía parte del régimen de
transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta
posición permite salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad
jurídica44.
Debe señalarse que en la sentencia del 28 de agosto de 201845 la Sala Plena
del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo
que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «(n)o puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento
en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso
del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo
esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada».
Finalmente, valga precisar que si bien la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia de unificación el 11 de junio de 202046, en la que varió
su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores de la
Contraloría General de la República, lo cierto es que en dicha providencia se
sostuvo que «(no) puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del
Consejo de Estado, las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho
44 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales
vigentes para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se
pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de
2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete
Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-
02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016),
demandante: UGPP.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
expediente 05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014).
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Demandante: UGPP
o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de
revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento
en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de
cosa juzgada. Lo anterior, no enerva el recurso por los eventos previstos en los artículos
250 del CPACA, y 20 de la Ley 797 de 2003, según el caso», los cuales no se cumplen
en el presente asunto como ya se anotó.
Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 13 de septiembre de
2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta no incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003 y por lo tanto se declarará
infundada la acción de revisión interpuesta por la UGPP.
2.6. Costas
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es las señaladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta el 13 de septiembre de 2011, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Archivar el expediente, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: UGPP
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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