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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01000-00

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01000-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP contra Ester Emelina Valestt Jiménez, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, el 14 de junio de 2012, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 130012331004200402419. Segundo: Sin condena en costas. 62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03- 15-000-2018-01884-00(REV). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018) Demandante: UGPP Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01000-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de enero de 2023

Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de enero dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: ESTER EMELINA VALESTT JIMÉNEZ

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Ingreso base de liquidación, Ley 84 de 1948.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-001-2023

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se
infirme la sentencia del 14 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 3, que revocó parcialmente el fallo de primera instancia
emitido el 14 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Ester Emelina Valestt Jiménez contra la extinta Caja Nacional
de Previsión Social, CAJANAL EICE.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

La señora Ester Emelina Valestt Jiménez, por intermedio de apoderado y en ejercicio
de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó 1 la nulidad de los
siguientes actos administrativos:

• Resolución 967 del 26 de enero de 2004, mediante la cual el subgerente de
Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL
EICE, le reconoció una pensión de vejez efectiva a partir del 1.° de enero de

1 Folios 1 a 5 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 130012331004200402419.

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Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

2000 y condicionada al retiro definitivo del servicio, con fundamento en la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, sin tener en cuenta la Ley 84 de 1948.

• Resolución 12259 del 16 de junio de 2004, a través de la cual la subgerente de
Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL
EICE, negó la reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión del «sueldo
automático» que devengó entre 1994 y el 2002, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley 84 de 1948.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condene a la demandada a: i) reliquidar la mesada pensional a partir del 1.° de
enero de 2003 con el promedio de la totalidad de factores salariales percibidos entre
el 1.° de abril de 1994 y el 31 de diciembre de 2002, con inclusión, además de los
factores ya reconocidos, del «sueldo automático» contemplado en la Ley 84 de 1948; ii)
actualizar la mesada pensional con el índice de precios al consumidor, IPC, de los
años 1994 a 2002; iii) aplicar los reajustes anuales a partir del 2003; iv) pagar la
diferencia entre las sumas recibidas por concepto de mesada pensional y las que
resulten de la reliquidación ordenada en la sentencia, desde el 1.° de enero de 2003
hasta la fecha de la inclusión en nómina de pensionados; v) cumplir la sentencia tal
como lo prevén los artículos 176 y 177 del CCA y vi) pagar los intereses conforme al
artículo 177 del CCA.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes:

1. La señora Ester Emelina Valestt Jiménez nació el 16 de junio de 1947 y prestó
sus servicios al Estado, así:

Entidad Cargo Período
ESE Hospital San Juan de Ayudante de enfermería,
Dios de Magangué vinculada al Dispensario
16/03/1967 a 30/12/1969
Antituberculosos de
Cartagena
ESE Hospital San Juan de Auxiliar de R.X., vinculada
Dios de Magangué a los Programas de
02/01/1970 a 30/06/2000
Control de Tuberculosis de
Magangué
ESE Hospital San Juan de Auxiliar de R.X.
01/07/2000 a 31/12/2002
Dios de Magangué

2. Mediante la Resolución 23218 del 12 de octubre de 2000, la subdirectora
general de Prestaciones Económicas (E) de CAJANAL EICE reconoció en favor de la
señora Ester Emelina Valestt Jiménez pensión de vejez, en un monto equivalente a
$479.795,79, efectiva a partir del 1.° de enero de 2000, condicionada al retiro del
servicio. La liquidación se realizó con el 75% de lo devengado entre el 1.° de abril de
1994 y el 30 de diciembre de 1999, con inclusión de la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados y el recargo nocturno, conforme al artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
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Demandante: UGPP

3. Por medio de la Resolución 585 del 4 de febrero de 2002, al desatar el recurso
de apelación, CAJANAL EICE modificó la anterior decisión en el sentido de indicar que
la cuantía de la pensión es de $524.133,77.

4. La prestación fue reliquidada mediante Resolución 967 del 26 de enero de 2004,
por nuevos tiempos de servicio, en cuantía de $604.319, 11, efectiva a partir del 1.° de
enero de 2003. La liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado entre el 1.° de
abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2002, incluidas la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados, el recargo nocturno y la prima de antigüedad,
conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Esta decisión fue confirmada a través
de Resolución 12259 del 16 de junio de 2004.

Como normas vulneradas, adujo que se desconocieron los artículos 25, 29, 48 y 53 de
la Constitución Política, 4 de la Ley 84 de 1948 y 10 del Decreto 1160 de 1989.

En concepto de la demandante, los actos acusados adolecen de nulidad por violación
de la Constitución y la ley. Explicó que la entidad desconoció el régimen especial
contenido en la Ley 84 de 1948, que le resulta aplicable por haber prestado sus
servicios como enfermera vinculada al programa de tuberculosis. En particular, se
refirió a que el «sueldo automático», que percibió en virtud de la mencionada ley, fue
excluido de la liquidación de su prestación, con lo que se generó un detrimento de la
mesada pensional.

Seguidamente, precisó que el concepto de salario comprende todas las sumas que
recibe el trabajador habitual y periódicamente como contraprestación de su servicio,
de acuerdo con las sentencias C-521 de 1995 y T-102 de 1992 emitidas por la Corte
Constitucional.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE, se opuso a las pretensiones de
la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Sostuvo que la señora Ester Emelina Valestt Jiménez adquirió el estatus jurídico de
pensionada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y es beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibidem. Por esta razón, tiene derecho a la pensión
en las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, este último entendido como
la tasa de reemplazo, previstas en el régimen especial contenido en la Ley 84 de 1984,
empero, el IBL debe determinarse conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con
los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

En ese sentido, indicó que era improcedente tener en cuenta el «sueldo automático» en
el cálculo de la pensión de la servidora, puesto que no se encontraba enlistado en el
Decreto 1158 de 1994, además, respecto a este emolumento no se efectuaron los
descuentos por concepto de aportes al sistema de seguridad social.

2 Folios 76 a 79 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: UGPP

Finalmente, propuso la excepción de prescripción respecto a las mesadas pensionales
causadas con 3 años de anterioridad, según el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, mediante
sentencia del 14 de septiembre de 2011, resolvió: i) declarar la nulidad parcial de las
Resoluciones 967 del 26 de enero de 2004 y 12259 del 16 de junio de 2004 y ii) ordenar
a CAJANAL EICE reliquidar la pensión de vejez en favor de la señora Ester Emelina
Valestt Jiménez con inclusión del «sueldo automático», devengado en virtud de la Ley
84 de 1948.

Aseveró que el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010, indicó que las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deben liquidarse teniendo en cuenta lo previsto en
las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, todo lo devengado como retribución del servicio,
pues aquella no señala una lista taxativa de factores salariales, sino que estos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos percibidos por
el trabajador. Sostuvo que esta tesis se acompasa con el principio de favorabilidad en
materia laboral.

En consecuencia, aseveró que la demandante, por haber laborado en el programa de
tuberculosis durante un período superior a los 20 años, tiene derecho a que su pensión
se reconozca y pague con fundamento en el régimen especial, anterior a la Ley 33 de
1985, contenido en la Ley 84 de 1948 y, por esa razón, en el cálculo de su prestación
debe incluirse el sueldo automático que devengó en virtud del artículo 4 ibidem.

RECURSOS DE APELACIÓN

Parte demandada4

Inconforme con la anterior decisión, la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL
EICE, presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

Indicó que no es viable la inclusión de las primas de vacaciones, servicios, antigüedad
y de navidad, como lo pretende la servidora5, por cuanto no son factores salariales
sino prestacionales. Al respecto, señaló que de acuerdo con los artículos 127 y 128
del Código Sustantivo del Trabajo, el concepto de salario comprende todo valor que
recibe el trabajador como remuneración directa por sus servicios, definición que

3 Folios 332 a 344 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 Folios 346 a 353 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
5 Así lo dijo, aunque en la demanda de nulidad solo se pretendió la inclusión del sueldo automático

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Demandante: UGPP

excluye a las prestaciones sociales, toda vez que aquellos tienen la finalidad de cubrir
eventuales riesgos del trabajador.

En ese sentido, sostuvo que es el Legislador el facultado para determinar cuáles
emolumentos son salario y cuáles prestaciones y, por consiguiente, tener en cuenta
en el IBL pensional factores prestacionales constituye una violación al principio de
legalidad. Así mismo, consideró que ello vulnera los principios de sostenibilidad
presupuestal y solidaridad.

Aseveró que, en efecto, la demandante quedó inmersa en el régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en tal virtud, tiene derecho a la
pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, previstas
en la norma anterior empero, el IBL debe determinarse conforme al artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y con los factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994, toda
vez que fue incorporada al régimen general de seguridad social, por disposición del
artículo 1 del Decreto 691 de 1994.

Parte demandante6

La señora Ester Emelina Valestt Jiménez impetró recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia, con fundamento en que la providencia contraviene los
principios de inescindibilidad y aplicación integral de la norma, así como el derecho al
debido proceso. Lo anterior puesto que, si bien atendió al régimen especial contenido
en la Ley 84 de 1948, también aplicó la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario
1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales que integran el IBL de su pensión de
jubilación7.

En ese orden, indicó que el a quo se limitó a determinar si la servidora es beneficiaria
de la pensión especial de la Ley 84 de de 1948 y omitió precisar cuáles son los factores
salariales con los que debe calcularse su prestación que, en su criterio, son todos
aquellos percibidos durante el último año de servicio.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA8

El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, profirió sentencia el 14 de
junio de 2012, por medio de la cual revocó parcialmente el fallo de primera instancia
en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación con el 75% de todo
lo percibido durante el último año de servicio, esto es, la asignación básica, sueldo
automático, prima de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicio,
bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de
antigüedad y recargos. Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes
consideraciones:

6 Folios 357 a 3362 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
7 Así se señaló en el recurso, a pesar de que en la sentencia no se hizo tal interpretación.
8 Folios 447 a 464 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Luego de hacer un recuento del marco normativo que rige la pensión de jubilación de
los servidores públicos y del régimen especial contenido en la Ley 84 de 1984 para
aquellos que hubieren prestado su servicio en el marco de la lucha antituberculosis
durante más de 20 años, recordó que el Consejo de Estado, en sentencias del 22 de
septiembre de 20049 y del 12 de febrero de 200910, precisó que la pensión especial de
que trata la Ley 84 de 1948 debe liquidarse con la tasa de reemplazo y los factores
salariales indicados en la Ley 4.ª de 1966 y sus Decretos reglamentarios 18 de 1969
y 1045 de 1978.

Precisó que, si bien la señora Ester Emelina Valestt Jiménez es beneficiaria del
régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 y, por ello, en principio, su
caso se regiría por la Ley 33 de 1985, lo cierto que se encuentra exceptuada de la
aplicación de esta norma toda vez que está cobijada por el régimen especial de la
citada Ley 84 de 1948.

Por consiguiente, al haber acreditado que laboró en el sector oficial, en las campañas
antituberculosis, la demandante tiene derecho a que su pensión sea reconocida bajo
las condiciones fijadas en las Leyes 84 de 1948 y 4 de 1966, y los Decretos
reglamentarios 1848 de 1969 y 1045 de 1978, esto es, con el 75% de los factores
salariales devengados en el último año de servicio.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN11

La UGPP presentó acción de revisión de la providencia que ordenó el pago de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. «Revocar» la sentencia del 14 de junio de 2012 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, que confirmó el fallo de primera instancia
emitido el 14 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario instaurado por la señora Ester
Emelina Valestt Jiménez en contra de la extinta CAJANAL EICE, bajo el radicado
130012331004200402419.

2. Declarar que la señora Ester Emelina Valestt Jiménez no es acreedora de un
derecho adquirido, en cuanto a la liquidación de su pensión.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección B, sentencia

de 22 de septiembre de 2004.
10 Sección Segunda, Subsección B, radicación: 25000-23-25-000-2000-02962-01 (5002-05), actor:

Carmen Rosa Reyes Garzón.
11 Folios 284 a 295 del cuad. ppal.

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Demandante: UGPP

3. Ordenar que la pensión de la señora Ester Emelina Valestt Jiménez se liquide
conforme a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-
039 de 2018 y el auto 229 de 2017, proferidos por la Sala Plena de la Corte
Constitucional. De acuerdo con aquellas providencias, se debe adoptar como ingreso
base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las
consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Los factores
base de cotización son los taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y
demás disposiciones que expresamente consagren la condición de factor salarial con
incidencia pensional, con una tasa de reemplazo del 75%, tal y como lo prevé la Ley
84 de 1948.

A continuación, estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión
contraría los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política, la Ley
84 de 1948, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de
2005, así como la interpretación que ha dado la Corte Constitucional sobre el IBL de
los beneficiarios del régimen de transición.

En sustento de lo anterior, argumentó que la providencia en mención vulneró el debido
proceso pues la reliquidación pensional que se ordenó no atiende la normativa y
jurisprudencia aplicables, con lo que generó un aumento en la mesada, que trae
consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del sistema general
de seguridad social en pensiones que la Nación debe administrar.

Bajo esa misma línea argumentativa, expuso que el derecho pensional excede lo
debido de acuerdo con la ley, al acceder a una liquidación en contravía de lo dispuesto
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, explicó que la señora Ester
Emelina Valestt Jiménez, al estar cobijada por el régimen de transición, dado que tenía
más de 45 años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema General
de Seguridad Social, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por la Ley 84 de 1948,
empero, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Destacó que así lo ha interpretado la Corte Constitucional en reiterados
pronunciamientos12, que se constituían en precedente obligatorio para los jueces.

Así mismo, aseguró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera del
sistema, pues ordena incluir valores que no corresponden a los enlistados en el
Decreto 1158 de 1994 y demás normas concordantes, e igualmente, aumenta en un
66% la mesada pensional de la demandada, sin que exista justificación legal ni
jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la mesada actual es de $3.741.867,54
cuando debía equivaler a $1.257.543,22, con lo cual se genera una diferencia de
$2.484.324,32. En su criterio, tal situación permite observar que se configura un abuso
palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento del precedente de la
Corte Constitucional.

12 Citó las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de

2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y los autos 326 de 2014, 229 de 2017.
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Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN13

La señora Ester Emelina Valestt Jiménez se opuso a las pretensiones de la demanda.
Manifestó que la decisión objeto de revisión fue emitida con observancia de las normas
y jurisprudencia aplicables.

Sostuvo que la señora Ester Emelina Valestt Jiménez es beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 y prestó sus servicios en el marco del Programa contra
la tuberculosis durante más de 20 años, por lo que estuvo expuesta a un alto riesgo
de contagio, razón por la cual tiene derecho a la pensión de jubilación especial prevista
en la Ley 84 de 1948.

Seguidamente, indicó que las sentencias C-168 de 1995, C-596 de 1996, C-540 de
2008, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, invocadas por la
entidad demandante, no le son aplicables por cuanto aquellas refieren únicamente
cuando se configura un abuso del derecho, lo que no ocurrió en su caso. Ello, de
acuerdo con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por el
Consejo de Estado14.

Finalmente, propuso como excepciones:

• «Excepción de Caducidad»: Aseveró que la oportunidad para impetrar la demanda
de revisión trascurrió entre el 12 de junio de 2013 y el 15 de junio de 2018, de
acuerdo con la sentencia SU-427 del 2016 de la Corte Constitucional, y la
demanda fue radicada hasta el 4 de julio de 2018, esto es, fuera del término
previsto para el efecto.

• «Excepción de Inepta demanda»: Señaló que la demanda adolece de defectos
que fueron pasados por alto en el auto admisorio. En particular, sostuvo que en
el acápite de pretensiones se hizo referencia únicamente a la causal contenida
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pero, sustentó también la
causal del literal a) ibidem.

Agregó que las providencias no fueron identificadas correctamente, comoquiera
que la de primera instancia no fue emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Cartagena sino por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Cartagena, y la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar no confirmó tal
decisión, sino que revocó parcialmente los artículos primero y segundo15. De
igual manera, aclaró que la fecha de ejecutoria fue el 24 de julio de 2012 y no
el 14 de junio de la misma anualidad, como equivocadamente se dijo en el auto.

13 Índice 18 de SAMAI.
14 También citó las sentencias del 23 de noviembre de 2000, radicado: 2936-1999; del 16 de febrero de

2006, radicado: 760012331000200204076 01 (4076-04); del 22 de noviembre de 2007, radicado:
19001233100020000304 01 (2502-05); del 6 de marzo de 2008, radicado: 250002325000200304619
01 (4799-2005); del 8 de agosto de 2011, radicado: 250002325000200308611 01 (0447-2009)
15 El Despacho resolvió sobre este punto a través de auto del 21 de junio de 2021 (índice 24 de SAMAI).

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Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

Por último, señaló que la acción de revisión se admitió con fundamento en que
la demanda se presentó el 8 de junio de 201216, no obstante, la fecha de
radicación data del 4 de julio de 2018.

• «Excepción de Prescripción extintiva de derecho económico»: Pidió que se declare
la prescripción respecto a las mesadas sobre las cuales hubiese operado dicho
fenómeno.

• «Excepción Buena fe»: Deprecó que, en caso de acceder a las pretensiones, no
se ordene el reintegro de las sumas recibidas de buena fe por la demandada,
puesto que confió en que aquellas eran resultado de una liquidación pensional
efectuada conforme a la ley.

• «Excepción de Presunción de Legalidad»: Señaló que las sentencias cuestionadas
fueron proferidas conforme al ordenamiento jurídico.

• «Excepción Genérica»: Solicitó que se declare, de oficio, cualquier excepción que
se encuentre probada dentro del proceso.

Finalmente, pidió se condene en costas y perjuicios a la UGPP.

CONSIDERACIONES

Presupuestos procesales de la acción de revisión

• Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.17.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201918.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:

«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo19 hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
16 Así lo señala expresamente en la contestación.
17 «Artículo 249. Competencia.

(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
18 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
19 Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 2003.

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Demandante: UGPP

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]» (Se subraya).

De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.

En consecuencia, esta Subsección es competente para conocer de la acción de
revisión formulada por la UGPP contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, el 14 de junio de 2012.

• Oportunidad

En el escrito de contestación de la demanda, la demandada sostuvo que la acción de
revisión fue interpuesta fuera de la oportunidad prevista para ello, pues, el término para
impetrar la acción de revisión trascurrió entre el 12 de junio de 2013 y el 15 de junio
de 2018, de acuerdo con la sentencia SU-427 del 2016 de la Corte Constitucional, y la
demanda fue radicada hasta el 4 de julio de 2018.

Con el fin de analizar si la demanda de revisión fue interpuesta oportunamente, se
advierte que el artículo 251 del CPACA dispone que el término para interponer la
acción de revisión, en los casos referidos en la normativa transcrita, es dentro de los
5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 201620, precisó que, en
los eventos en los que el recurrente sea la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el término de
caducidad de cinco años para interponer la acción de revisión no podrá contabilizarse
desde antes del 12 de junio de 2013, comoquiera que fue tan solo en esta fecha que
la mencionada entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo la
extinta Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL. Textualmente expresó:

«Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias
judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que
esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado
por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años
para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su
contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el
cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la
UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal[136],
por lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho
instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió
las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de
2013.
[…]

20 Sentencia 11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- contra la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otro.
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Demandante: UGPP

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir
ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer
el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en
un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco
años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de
2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que
tenía a cargo Cajanal.».

Pues bien, en el presente asunto se advierte que la sentencia objeto de revisión fue
proferida el 14 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 3. La providencia se notificó mediante edicto que permaneció fijado entre el
19 y el 24 de julio de 201221 y quedó ejecutoriada el día 27 de los mismos mes y año.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 251 del CPACA previó cinco años
para promover la acción de revisión y, que la Corte Constitucional señaló que dicho
período no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la que
la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía CAJANAL, es posible
concluir que como la demanda se presentó el 8 de junio de 201822, aquella se
encuentra en tiempo.

• Legitimación de la acción de revisión

Antes de abordar el fondo del asunto, conviene señalar sobre la legitimación de la
UGPP para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado
reconocer pensiones, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016
definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión23, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección24.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento

21 Folio 465 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
22 Folio 295 vuelto cuad. ppal.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,

sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744-00, demandante: UGPP.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió legitimación como
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, artículo 6, numeral 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para
iniciar acciones de esta naturaleza.

Por último, en la contestación de la demanda, la señora Ester Emelina Valestt Jiménez
propuso la «Excepción de Inepta demanda», argumentos que fueron decantados en el
auto del 21 de junio de 202125, razón por la cual no habrá lugar a un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo tema.

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200326 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»27

25 Índice 25 del sistema informático SAMAI.

26 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
27 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-

835 de 2003.
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Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación28.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones29.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira30.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia31.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

28 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
29 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,

sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,

sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, en la sentencia del 14 de junio de 2012 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, al ordenar la liquidación de la pensión
de la señora Ester Emelina Valestt Jiménez, atendiendo el ingreso base de liquidación
de la Ley 84 de 1948, esto es, en cuantía equivalente al 75% de lo percibido durante
el último año de servicio, y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: 1) La causal de revisión
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 2) La causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 3) El régimen pensional
contenido en la Ley 84 de 1948; 4) El régimen general de seguridad social en
pensiones; y 5) Verificación de las causales de revisión invocadas en el caso particular
y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia32. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son33:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

32 Ver: Sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
33 Sentencia C-341 de 2014.

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(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales34, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias35 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»36. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Ester Emelina Valestt Jiménez debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación de conformidad con la Ley 84 de 1948 y demás normas
concordantes y, no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de

34 Ver las sentencias:

Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
35 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
36 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.

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1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación que la sentencia objeto
de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido en la misma proporción
a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad
social en pensiones.

Para el propósito descrito, se analizarán las disposiciones pensionales contenidas en
la Ley 84 de 1948 y demás normas concordantes, las posiciones jurisprudenciales de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; y con fundamento en ello, se estudiará
la configuración de la causal de revisión invocada en el caso concreto.

El régimen pensional regulado en la Ley 84 de 1948

La Ley 84 de 194837 contiene un régimen especial en materia pensional para aquellas
personas que trabajasen en sanatorios, dispensarios y establecimientos que tuvieran
como objeto prestar servicios en la campaña antituberculosa oficial. Para el efecto, el
artículo 1.º de la ley en cita dispuso:

«Artículo 1.º. Tendrán derecho a pensión de jubilación los médicos, enfermeras y
demás personal que comprueben haber trabajado continua o discontinuamente
durante veinte (20) años en sanatorios, dispensarios u otros establecimientos al
servicio de la campaña antituberculosa oficial. La pensión de jubilación será de las
dos terceras partes del último sueldo devengado.».

De la lectura del artículo 1.º de la Ley 84 de 1948, se observa que el legislador previó
un régimen especial para los médicos, enfermeras y demás personal que prestara 20
años de servicios, de forma continua o discontinua, en establecimientos sanitarios que
trataran contra la enfermedad de la tuberculosis.

Al respecto, esta Subsección, en providencias del 12 de febrero de 201238 y del 7 de
mayo de 201839, reconoció la vigencia del régimen especial contemplado por la Ley
84 de 1948, debido al riesgo de contagio al que se exponían los servidores públicos
de la campaña antituberculosa oficial en el desempeño de su labor. Además, precisó
que quienes pretendan acceder a la pensión en las condiciones allí impuestas deben
acreditar 20 años de servicio continuos o discontinuos en establecimientos de salud
en los cuales se desarrollara la campaña en comento.

Por otra parte, debe aclararse que, si bien el objeto de la norma se dirige al personal
científico, el artículo en cita al referirse a «[…] demás personal […]» permite inferir que
su finalidad se extiende a todas las personas que prestaban servicios habitual y
permanentemente en estos establecimientos, entre los que se debe incluir al personal
operativo. Ello en virtud de que la norma se justificaba en el hecho de que toda
persona que laborara allí se encontraba expuesta al contagio de la enfermedad.

37 Por la cual se dictan disposiciones sobre prestaciones sociales en favor del personal científico que

trabaja en servicio de lucha antituberculosa.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2009.

Radicación: 25000-23-25-000-2000-02962-01 (5002-05). Actor: Carmen Rosa Reyes Garzón.
Demandado: Caja Nacional de Previsión Social
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de mayo de 2018, radicación:

13001233300020120013001 (2831-14), demandante: Iván Rafael Cortina Rojano.
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Demandante: UGPP

En ese orden de ideas, los requisitos para acceder a la prestación allí contenida se
reducen a: i) trabajar en establecimientos de salud al servicio del programa oficial de
lucha contra la tuberculosis, y ii) acreditar 20 años de trabajo, continuos o
discontinuos, en dichas instituciones, sin importar la edad.

Norma aplicable en materia de factores salariales para el cómputo de la pensión
regulada en la Ley 84 de 1948

Ahora, la Ley 84 de 1948 no reguló cuáles serían los factores salariales para efectos
de la liquidación de la pensión, razón por la cual debe acudirse al régimen pensional
general para determinar qué conceptos debían incluirse en el momento de liquidar la
prestación.

Para la época en la que se expidió la Ley 84 de 1948, la norma pensional general para
los empleados públicos era la Ley 6ª de 194540, que en su artículo 17 literal b)41 reguló
una pensión mensual vitalicia de jubilación para los empleados y obreros nacionales
de carácter permanente, equivalente a las dos terceras partes del promedio de los
salarios devengados en el último año de servicio. Este contenido normativo tampoco
determinó qué factores serían computados para efectos pensionales.

Posteriormente, el artículo 4 de la Ley 4ª de 196642 dispuso que las pensiones de
jubilación e invalidez de extrabajadores de entidades de derecho público serían
liquidadas y pagadas con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último
año de servicios. Por otra parte, si bien la Ley 4ª ejusdem reguló el régimen general
pensional de los empleados públicos, la jurisprudencia ha considerado que a partir de
su entrada en vigor se modificó el monto pensional de la Ley 84 de 1948. Así lo indicó
esta corporación en sentencia del 22 de septiembre de 200443, cuando sostuvo:

«[…] Efectivamente la Ley 84 de 1948 consagró una PENSION DE JUBILACIÓN
ESPECIAL para los médicos, enfermeras y demás personal que comprueben
haber trabajado continua o discontinuamente durante veinte años en sanatorios,
dispensarios u otros establecimientos al servicio de la campaña antituberculosa
oficial. La pensión se determinó en las dos terceras partes del ULTIMO SUELDO
DEVENGADO, pero el porcentaje pensional se entiende reformado a partir de la
ley 4ª de 1966 que consagró una reliquidación del 75%. […]» (Mayúscula del
original, subrayado de la Sala).

Por consiguiente, la Subsección advierte que se interpretó que el monto sobre el cual
se liquida la pensión de que trata la Ley 84 de 1948 no corresponde a las dos terceras
partes del último sueldo devengado, sino que debe entenderse sobre el 75% del
promedio mensual obtenido en el último año, en virtud de lo consignado en la Ley 4.ª
de 1966.

Por otro lado, en materia de factores salariales, dado que la anterior norma no los
delimitó, la jurisprudencia interpretó que se debía acudir a la norma general vigente,

40 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo.
41 Modificado por el artículo 3 de la Ley 65 de 1946.
42 Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las

pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.
43 Radicación 25000232500019974620501 (1783-99). Demandante María Ramos Rubio de Rodríguez

contra Cajanal
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Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

es decir, el Decreto 1045 de 1978. Ciertamente, el artículo 45 ibidem44 reguló los
conceptos sobre los cuales se liquidarían las cesantías y las pensiones de los
empleados públicos. Al respecto, la norma citada indicó:

«Artículo 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales,
en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:

a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año
de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del art. 38 del decreto 3130 de
1968.».

De acuerdo con las normas citadas, la pensión especial de jubilación contenida en la
Ley 84 de 1948 se liquidaba con el promedio mensual de los factores salariales
contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, devengados en el último año
de servicios conforme lo ordenaba la Ley 4.ª de 1966.

El sistema general de seguridad social en pensiones

Más adelante se expidió la Constitución Política de 1991, en cuyo artículo 48 consagró
la seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos
en que lo establezca la ley.

De conformidad con la norma constitucional, la Ley 100 de 1993 organizó el Sistema
de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la
sociedad, con instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las
demás que se llegaren a incorporar normativamente en el futuro, con el objeto de
garantizar esos derechos irrenunciables de las personas45, a través de la protección
de las contingencias que las puedan afectar46, y les permitan tener una calidad de vida
acorde con la dignidad humana.

44 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales

de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
45 Artículo 1 de la Ley 100 de 1993.
46 Ibidem.

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Demandante: UGPP

En ese orden, uno de los componentes del derecho a la seguridad social es aquella
prestación que tiene la finalidad de amparar la contingencia de la vejez, de manera que
se le permita al afiliado mantener las condiciones necesarias para su subsistencia y de
esta manera:

«garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de
servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al
retiro, sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le
permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en
que, cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su fuerza
laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de
trato que amerita la vejez»47.
En lo relevante al particular, es importante señalar que según el artículo 6 de la Ley
100 de 1993 la finalidad del Sistema de Seguridad Social Integral se concreta en
«unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como para
coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades
propuestas en la presente ley», y de acuerdo con el artículo 11, su ámbito de
aplicación se extiende a todos los habitantes del territorio nacional, con la salvedad
de que deben respetarse todos los derechos, garantías y beneficios adquiridos
conforme a disposiciones anteriores.

En atención al principio de universalidad que inspira el Sistema General de Seguridad
Social en materia pensional y su carácter general, conviene precisar que las
situaciones que sin haberse consolidado para el momento de entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993, esto es, el 1 de abril de 1994 para el orden nacional y 30 de junio
de 1995 para el territorial, pueden regirse por disposiciones distintas, son las
siguientes:

El régimen de transición de la Ley 100 de 1993

De acuerdo con lo antes expuesto, resulta claro que el propósito de esta ley fue el de
unificar los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban
difusos en el ordenamiento jurídico, estableciendo reglas comunes aplicables a todos
los trabajadores del territorio colombiano, sin considerar la naturaleza de su relación
laboral. Sin embargo, la disposición en comento, en el artículo 36, concibió un régimen
de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que
cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitirá
regirse por las normas aplicables en el régimen anterior al que se encontraban
afiliados, en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y
monto de la prestación. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años

47 Corte Constitucional sentencia C-107 de 2002.

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de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».

En este sentido, solo quienes hubieran acreditado la exigencia de edad o de tiempo
de servicios previsto en este contenido normativo, para la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993 tendrían la posibilidad de pensionarse con arreglo a las normas que
venían aplicándose con anterioridad.

Ciertamente, es plausible concluir que a partir de la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, los servidores públicos que no habían consolidado su derecho pensional para
ese momento se rigen por dicha norma y deben cumplir con los requisitos que ella
impone para acceder a la prestación, salvo aquellos que se encuentren en los
supuestos fácticos previstos por los artículos 36, 140 y 279.

En consecuencia, la Ley 100 de 1993 derogó el régimen contenido en la Ley 84 de
1948, pues como se vio, la universalidad del sistema general de seguridad social en
pensión es la regla general, lo cual implica que las excepciones a ella deban ser
expresas, de ahí que el artículo 289 de la Ley 100 derogó «todas las disposiciones
contrarias» a ella, previsión que incluye las normas pensionales que tenían como
destinatarios al personal al servicio de la campaña antituberculosa oficial.

En esas condiciones, la única alternativa para consolidar un derecho pensional bajo
las premisas de la Ley 84 de 1948 con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, es la de ser beneficiario del régimen de transición previsto por el
artículo 36 ejusdem.

Ahora, es pertinente señalar que, en relación con el IBL de las pensiones reconocidas
en estas condiciones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado no ha sido pacífica. En efecto, a partir de la sentencia C-258 de 201348, al
referirse al régimen de transición de los congresistas, interpretó que la forma de
liquidar las pensiones debe ajustarse a lo señalado por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994. Por su parte, el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, acogió una posición
según la cual la transición conlleva la aplicación integral de la normativa anterior,
criterio que se modificó para alinearse con la Corte Constitucional, con la sentencia del
28 de agosto de 2018.

Verificación de las causales de revisión invocadas

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

Se observa que, en criterio de la entidad, la providencia objeto de revisión vulneró el
debido proceso al acceder a la reliquidación de la pensión de la aquí demandada,

48 Esta posición se mantuvo en las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-631 de 2017,

SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017, entre otras.

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según lo dispuesto por la Ley 84 de 1948 y demás normas concordantes, con
desconocimiento de la interpretación que sobre el IBL efectuó la Corte Constitucional
en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, y los autos 326 de 2014 y 229
de 2017. En dichas providencias, se precisó que aquellos empleados beneficiarios del
régimen de transición conservarían los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto
de la pensión del régimen anterior, pero el IBL sería el establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

Al respecto, se debe señalar que el argumento expuesto no está referido a alguno de
los aspectos sobre jurisdicción y competencia, los derechos de audiencia, de defensa
y contradicción o a la valoración probatoria relacionados con el reconocimiento
pensional, sino al desacuerdo en la interpretación de las normas que hizo el juez de
instancia para el cálculo de la prestación. En su sentir, se omitió la aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así como de las sentencias de la Corte Constitucional
que abordaron el tema, lo cual condujo a que su cuantía excediera lo debido de
acuerdo con la ley, cuestión que hace referencia a la causal contenida en el literal b.)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que pasa a estudiarse.

Por tanto, para definir si se configura la causal contemplada en el literal a.) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, es necesario verificar la configuración de la causal contenida
en el literal b.) de la norma en mención.

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003

La señora Ester Emelina Valestt Jiménez nació el 16 de junio de 194749 y prestó sus
servicios al Estado, así:

Entidad Cargo Período
ESE Hospital San Juan de Ayudante de enfermería,
Dios de Magangué vinculada al Dispensario 16/03/1967 a
Antituberculosos de 30/12/196950
Cartagena
ESE Hospital San Juan de Auxiliar de imágenes
Dios de Magangué diagnósticas, vinculada a
02/01/1970 a
los Programas de Control
30/06/200051
de Tuberculosis de
Magangué
ESE Hospital San Juan de Auxiliar de imágenes 01/07/2000 a
Dios de Magangué diagnósticas 31/12/200252

49 Tal como consta en la cédula obrante en el folio 213 del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho.
50 Según certificación laboral obrante a folio 125 del c. ppal.
51 Ibidem.
52 Ibidem.

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La pagadora de la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué certificó 53 que entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2002, devengó los siguientes
emolumentos:

• Sueldo
• Sueldo automático
• Prima de alimentación
• Auxilio de transporte
• Prima de vacaciones
• Prima de servicio
• Bonificación por servicios prestados
• Prima de navidad
• Prima de antigüedad

De acuerdo con lo anterior, es plausible colegir que para el 1.° de abril de 1994 la
señora Ester Emelina Valestt Jiménez tenía 46 años de edad, y, por lo tanto, es
beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Así mismo, que
el 16 de abril de 1987 cumplió 20 años de servicio vinculada al programa de
Tuberculosis, circunstancia por la cual los jueces de instancia definieron que su
situación pensional se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 84 de 1948, la
cual no concibe un requisito de edad para acceder al derecho pensional.

Mediante Resolución 23218 del 12 de octubre de 200054, la subdirectora general de
Prestaciones Económicas (E) de CAJANAL EICE reconoció en favor de la señora Ester
Emelina Valestt Jiménez pensión de vejez, en un monto equivalente a $479.795,79,
efectiva a partir del 1.° de enero de 2000, condicionada al retiro del servicio. La
liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado entre el 1.° de abril de 1994 y el 30
de diciembre de 1999, con inclusión de la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados y el recargo nocturno, de conformidad con el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

Por medio de Resolución 585 del 4 de febrero de 200255, al desatar el recurso de
apelación, CAJANAL EICE modificó la anterior decisión en el sentido de indicar que la
cuantía de la pensión es de $524.133,77.

Más adelante, la prestación fue reliquidada mediante Resolución 967 del 26 de enero
de 200456, por nuevos tiempos de servicio, en cuantía de $604.319,11, efectiva a partir
del 1.° de enero de 2003. La liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado entre
el 1.° de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2002, incluidas la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados, el recargo nocturno y la prima de antigüedad,
conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Esta decisión fue confirmada a través
de Resolución 12259 del 16 de junio de 200457.

53 Folios 133 y 134, c. ppal.
54 Folios 58 a 60, c. ppal.
55 Folios 67 a 70, c. ppal.
56 Folios 101 a 103, c. ppal.
57 Folio 109, c. ppal.

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Demandante: UGPP

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, mediante
sentencia del 14 de septiembre de 2011, le ordenó a CAJANAL EICE en Liquidación
reliquidar la pensión en favor de la señora Ester Emelina Valestt Jiménez, así58:

«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones Nos. 000967 del 26 de
enero de 2004 […] y la 12259 del 16 de junio de 2004[…].

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título
de Restablecimiento del Derecho, ORDÉNASE a la CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL E.I.C.E., EN LIQUIDACIÓN, reliquidar la
pensión de la señora ESTHER EMELINA VALESTT JIMÉNEZ, incluyendo para
calcular la base de liquidación, el sueldo automático que ésta devengó durante
el tiempo laborado en los años 1994 a 2002. […]» (Ortografía, negrillas y gramática
del texto original).

Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, profirió
sentencia el 14 de junio de 2012, luego de analizar la tesis del Consejo de Estado en
torno al IBL de las pensiones reconocidas en el marco del régimen especial de la Ley
84 de 1948, resolvió revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, así:

«El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la aplicación del régimen
consagrado en la Ley 84 de 1948, en los siguientes términos:

“[…] Efectivamente la Ley 84 de 1946 consagró una PENSION DE
JUBILACIÓN ESPECIAL para los médicos, enfermeras y demás personal que
comprueben haber trabajado continua o discontinuamente durante veinte
años en sanatorios, dispensarios u otros establecimientos al servicio de la
campaña antituberculosa oficial. La pensión se determinó en las dos
terceras partes del ULTIMO SUELDO DEVENGADO, pero el porcentaje
pensional se entiende reformado a partir de la ley 4° de 1966 que consagró
una reliquidación del 75 %” (Resaltado de la Sala).
[…]
En síntesis, se tiene que los empleados de las compañas oficiales
antituberculosas, que demuestren haber trabajado veinte (20) años en la
prestación de servicios de esa índole, tendrán derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación, bajo el régimen especial consagrado en la Ley 84 de 1948,
pero en el porcentaje establecido en la Ley 4° de 1966, teniendo en cuenta para
la reliquidación de la misma, todo lo devengado durante el último año de servicios,
incluyendo las prestaciones especiales consagrados exclusivamente para el
personal al servicio de la lucha antituberculosa.
[…]
Aplicando el marco legal y jurisprudencial antes citado al caso concreto y
valorando las pruebas aportadas, encuentra la Sala que la señora ESTHER
EMELINA VALESTT JIMÉNEZ, adquirió el derecho a la pensión de jubilación
especial consagrado en la Ley 84 de 1984, por haber trabajado veinte años en la
lucha antituberculosa.
[…] no es correcto afirmar que a la demandante por ser beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, le es aplicable la Ley 33 de 1985 como lo
hizo el a quo, al respecto se aclara, que los empleados al servicio de las
Campañas Antituberculosas Oficiales se consagró un régimen especial, el cual se
encuentra entre las excepciones a la regla general de la Ley 33 de 1995».

Por medio de la Resolución RDP 016430 del 22 de noviembre de 201259, la UGPP dio
cumplimiento a la decisión objeto de revisión.

58 Folios 332 a 344 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
59 Folios 226 a 229 del cuad, ppal.

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Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

Análisis de la Subsección

En el presente asunto, la UGPP estimó que, comoquiera que la señora Ester Emelina
Valestt Jiménez es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento de la pensión en las condiciones
de edad, tiempo de servicios y monto, entendido este como tasa de reemplazo,
previstas por la Ley 84 de 1948, empero, el IBL para liquidar la prestación de jubilación
debe ser el regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se infirme la sentencia del 14 de junio
de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, y que,
en su lugar, se ordene efectuar una nueva liquidación de la prestación, conforme el
criterio desarrollado por la Corte Constitucional. Así las cosas, el análisis se
circunscribirá a tal argumento.

Para abordar el anterior planteamiento, se destaca que, en la sentencia objeto de
revisión, el Tribunal Administrativo consideró que la señora Ester Emelina Valestt
Jiménez tenía derecho al reconocimiento de la pensión en los términos del régimen
especial contenido en la Ley 84 de 1948, toda vez que había acreditado los 20 años al
servicio de la campaña antituberculosa oficial. En efecto, desestimó la aplicación de la
Ley 33 de 1985 al caso de la entonces demandante en virtud de la transición de la Ley
100 de 1993. Como sustento de su decisión, citó las sentencias del 22 de septiembre
de 200460 y del 12 de febrero de 200961 de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

Se advierte que, de acuerdo con lo señalado, la señora Ester Emelina Valestt Jiménez
no se consideró beneficiaria de la Ley 84 de 1948 por estar cobijada por la transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino por haber cumplido el único requisito
previsto en la mencionada norma especial, consistente en haber prestado al menos 20
años de servicio en la campaña antituberculosa oficial. Es de anotar que la
mencionada Ley 84 no imponía una exigencia de edad para acceder a la prestación.

Ciertamente, observa la Subsección que, de conformidad con las pruebas que obran
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la ahora demandada laboró
para la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué como ayudante de enfermería,
vinculada al Dispensario Antituberculosos de Cartagena entre el 16 de marzo de 1967
y el 30 de diciembre de 1969; y para la ESE Hospital San Juan de Dios de Magangué,
como auxiliar de imágenes diagnósticas, vinculada a los Programas de Control de
Tuberculosis de Magangué, entre el 2 de enero de 1970 y el 30 de junio de 2000, es
decir que alcanzó los 20 años de servicio en la lucha contra la tuberculosis el 16 de
abril de 1987. Ello implica que consolidó el derecho pensional con anterioridad a la
vigencia de la citada Ley 100 de 1993, cuando cumplió el tiempo exigido por la Ley 84
de 1948, sin que tuviera que demostrar un requisito de edad.

60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de septiembre de 2004,
radicación 25000-23-25-000-1997-46205-01 (1783-99). Demandante María Ramos Rubio de Rodríguez
contra Cajanal
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2009, radicación:

25000-23-25-000-2000-02962-01 (5002-05), actor: Carmen Rosa Reyes Garzón.
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Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

En estas condiciones, si bien la ahora demandada también cumplía con los supuestos
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que dicha disposición no era el
sustento legal para hacerla destinataria del régimen especial de los trabajadores de la
campaña antituberculosa, puesto que ya había consolidado el estatus pensional para
el momento de la vigencia el sistema general de seguridad social. Por lo tanto, la
liquidación de su prestación correspondía a la regulada por la Ley 84 de 1948, tal y
como lo ordenó la sentencia objeto de revisión.

En lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación,
el criterio acogido por el juez de instancia consistió en que este personal tendría
derecho a que su mesada pensional se liquidara de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Ley 84 de 1948 y sus decretos reglamentarios. En tal razón, ordenó
que se tuvieran en cuenta para el cálculo de la pensión de la trabajadora, la asignación
básica, sueldo automático, prima de alimentación, auxilio de transporte, prima de
servicio, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima de navidad
y prima de antigüedad, emolumentos que fueron percibidos por la servidora durante el
último año de servicio, según certificación expedida por la ESE Hospital San Juan de
Dios de Magangué.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, en el
ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto
con la normativa aplicable y explicó las razones por las cuales consideraba que la
norma aplicable para efectos del reconocimiento y liquidación pensional debía ser la
Ley 84 de 1948, con inclusión de todos los factores percibidos durante el último año
de servicios. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa,
arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra razonablemente
sustentada y fundamentada, máxime cuando las decisiones proferidas por la Corte
Constitucional, que la UGPP considera desconocidas, no resultan aplicables al caso,
puesto que, además de que no se habían proferido para la época en la que se emitió
la sentencia que se analiza, aquellas están referidas a la interpretación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, norma que no se tuvo como fundamento legal para
el reconocimiento de la prestación de la ahora demandada.

Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2
y 124 de la Constitución Política, la Ley 84 de 1948, la Ley 100 de 1993, el Decreto
1158 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005, citadas como desconocidas por la
UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión, en consideración a que la
interpretación que impartió la sentencia cuestionada se alineó con el criterio
jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado, sin desconocer la
jurisprudencia de la Corte Constitucional invocada por la parte demandante.

Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

De esta manera, comoquiera que no se configura la causal del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, tampoco se configura la del literal a), lo cual lleva a que se
declare infundada la acción de revisión interpuesta.

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Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la sentencia del 14 de junio de 2012
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, al ordenar la
liquidación de la pensión de la señora Ester Emelina Valestt Jiménez, atendiendo el
ingreso base de liquidación de la Ley 84 de 1948, esto es, en cuantía equivalente al
75% de lo percibido durante el último año de servicio.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 14 de junio de 2012
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, por medio de la
cual ordenó reliquidar en favor de la señora Ester Emelina Valestt Jiménez la pensión
de vejez con fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley 84 de 1948.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación62 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado, a lo que se agrega que no se probó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP
contra Ester Emelina Valestt Jiménez, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3, el 14 de junio de 2012, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 130012331004200402419.

Segundo: Sin condena en costas.

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias

de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 110010325000201801000 00 (3246-2018)
Demandante: UGPP

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado,
háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el
expediente de la acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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