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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01064-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01064-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por Luisa Margarita Mestre Zequeda contra la sentencia del 21 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría General de la Nación. Segundo: No condenar en costas la parte recurrente. Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto: Efectuar las anotaciones correspondientes en SAMAI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01064-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Radicado: 11001 03 25 000 2018 01064 00 (3774-2018)
Demandante: Luisa Margarita Mestre Zequeda
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

Temas: Restablecimiento del derecho en los casos en que se anuló el
acto administrativo que dispuso el retiro del servicio de un
empleado en provisionalidad. Aplicación de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2008 proferida por el Consejo
de Estado dentro del proceso con radicado 76001-23-31-000-
2000-02046-02 y de la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte
Constitucional.

Sentencia

ASUNTO

La Sala decide el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
interpuesto por Luisa Margarita Mestre Zequeda contra la sentencia del 21 de
septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría General de la
Nación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo2, Luisa Margarita Mestre
Zequeda presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad de los
siguientes actos administrativos: (i) Oficio del 3 de mayo de 2010 por medio del
cual la Procuraduría General de la Nación le comunicó la decisión de no prorrogar
su nombramiento en provisionalidad en el cargo de profesional universitario

1 Folios 36 a 68.
2 En adelante CCA.

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Demandante: Luisa Margarita Mestre Zequeda

código 3PU, grado 17 de la División de Registro y Control y Correspondencia; y
(ii) Oficio 00927 del 22 de septiembre de 2010 que confirmó el anterior.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó su reintegro al empleo que ocupaba y el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir a causa de la desvinculación, de
acuerdo con lo reglado en los artículos 177 y 178 del CCA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luisa
Margarita Mestre Zequeda estuvo vinculada con la Procuraduría
General de la Nación en el empleo de profesional universitario código 3PU, grado
17, de la División de Registro y Control y Correspondencia, en virtud del
nombramiento en provisionalidad efectuado mediante el Decreto 766 del 12 de
mayo de 2009. La designación fue prorrogada mediante el Decreto 2427 el 29 de
octubre de igual anualidad y culminó el 7 de mayo de 2010. Durante su
desempeño cumplió en debida forma todas las funciones que le asignaron.

3.2. El empleo aludido era de carrera administrativa y se encontraba vacante. Lo
anterior debido a que, para esa época, no se había realizado el concurso de
méritos para hacer un nombramiento en propiedad.

3.3. Mediante Oficio del 3 de mayo de 2010, confirmado por Oficio 00927 del 22
de septiembre del mismo año, la Procuraduría General de la Nación le comunicó
la decisión de no prorrogar su nombramiento en provisionalidad.

3.4. Después de su retiro, no se designó en el cargo a una persona con mejores
cualidades profesionales, según lo ordenaba el parágrafo del artículo 188 del
Decreto ley 262 de 2000.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 29 y 53 de la Constitución Política y 188
y 190 del Decreto ley 262 de 2000. En cuanto al concepto de violación, expuso
los siguientes argumentos3:

4.1. El debido proceso se vulneró porque el acto administrativo demandado no fue
motivado. Esta actuación desconoció su derecho a ser oída y la oportunidad de
presentar oposición a la decisión. Además, desatendió la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que ha sostenido que el acto administrativo que desvincule
a un servidor público debe contener la motivación de la decisión. Así lo consideró
la Corte en las sentencias T-1248, T-1195 y T-1323 de 2005; T-024 y T-081 de
2006; y T- 793 de 2007, entre otras.

4.2. Los actos administrativos enjuiciados estaban afectados de nulidad por falsa
motivación. Luego de su retiro, la provisión del empleo no acató lo dispuesto en

3 Folios 150 a 172 del cuaderno 1.

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Demandante: Luisa Margarita Mestre Zequeda

los artículos 188 y 190 del Decreto ley 262 de 2000, puesto que no se procedió
con el nombramiento en propiedad de una persona que hubiera superado el
concurso público de méritos para ocupar el cargo.

4.3. Los oficios cuestionados no expresaron las razones por las cuales se
mejoraría el servicio con la desvinculación, lo cual era necesario debido a que
cumplió con sus funciones adecuadamente. De este modo, la única razón que
dio lugar al retiro de la demandante fue el hecho de haber sido nombrada por el
procurador general de la nación anterior. Con ello la entidad incurrió en
desviación de poder.

4.4. El secretario general de la Procuraduría General de la Nación carecía de
competencia para proferir el acto administrativo de desvinculación, según lo
reglado en los artículos 188 y 190 del Decreto ley 262 de 2000.

1.2. Sentencia de primera instancia4

5. El Juzgado 16 Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda,
en sentencia del 31 de mayo de 2012 declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho ordenó (i)
el reintegro de la demandante al cargo que ocupaba o a otro equivalente, sin
solución de continuidad; y (ii) el pago de los salarios y prestaciones sociales
«desde la fecha del retiro del servicio y hasta que sea efectivamente reintegrada a su
cargo». Lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos:

5.1. De conformidad con los artículos 185 a 189 del Decreto ley 262 de 2000, los
cargos de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación podían
ser desempeñados por empleados nombrados en provisionalidad. Estas
designaciones podían prolongarse por 6 meses, plazo prorrogable hasta que se
designara a quien superó el concurso público de méritos. Únicamente el
procurador general de la Nación podía dar por terminados tales nombramientos,
por razones del buen servicio, según lo dispuesto en el artículo 278
Constitucional.

5.2. No obstante, los actos administrativos demandados fueron expedidos por el
secretario general de la Procuraduría General de la Nación. Aquel funcionario no
tenía la facultad nominadora. Por lo tanto, la decisión de retiro estaba viciada de
nulidad por falta de competencia.

1.3. Recurso de apelación5

6. La procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación en el que
señaló6:

4 Folios 244 a 258.
5 Ff. 511, 213, 515 a 560 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado:

680012331000200503563 01 (4765-2015).
6 Folios 262 a 278.

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Demandante: Luisa Margarita Mestre Zequeda

6.1. Los actos administrativos demandados eran de trámite y no definitivos, puesto
que se limitaron a informar a la demandante su desvinculación del empleo.

6.2. Todos los actos administrativos relacionados con Luisa Margarita Mestre
Zequeda fueron proferidos por el procurador general de la nación. Por ende, no
estaban afectados por falta de competencia, contrario a lo que concluyó la
sentencia.

6.3. De acuerdo con la sentencia T-753 de 2010, era suficiente motivación del acto
administrativo de retiro el vencimiento del plazo del nombramiento. El
nombramiento en provisionalidad no concedía fuero de estabilidad. El retiro de
los servidores con este tipo de vinculación no podía condicionarse a la realización
del concurso de méritos.

6.4. La sentencia C-077 de 2004, que examinó la constitucionalidad de los
artículos 81, 82, 185, 186 y 188 del Decreto ley 262 de 2000, consideró que se
podía terminar el nombramiento en provisionalidad por razones del buen servicio.
El retiro de un provisional podía disponerse incluso antes del vencimiento del
término para el cual fue designado. Esta prerrogativa también se estableció en
los actos legislativos 04 de 2008 y 01 de 2011.

6.5. La sentencia apelada vulneró el debido proceso porque solo analizó los
argumentos expuestos en la demanda y no tuvo en consideración los planteados
por la entidad en la contestación.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en sentencia del 21 de septiembre de 20177 confirmó parcialmente la de primera
instancia. Igualmente, modificó el restablecimiento del derecho decretado y, en
su lugar, ordenó:

(i) el reintegro de la demandante al empleo del que fue retirada, siempre que no
hubiese sido provisto por concurso de méritos o suprimido y que no existiese
causa legal o constitucional para retirarla del servicio; y

(ii) el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos a que
tuviera derecho «[…] desde el momento de retiro y hasta la fecha de esta
sentencia, descontando de este monto las sumas que hubiese devengado por
cualquier concepto laboral proveniente de recursos públicos o privados,
dependiente o independiente, sin que la cantidad a cancelar a título de
indemnización sea superior a veinticuatro (24) meses de salario, conforme lo
considerado en la motivación de este proveído […]» [sic].

8. El ad quem sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

8.1. Los oficios acusados son actos administrativos susceptibles del control de

7 Folios 504 a 514.

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legalidad, pues decidieron la desvinculación de la demandante del cargo que
ocupaba.

8.2. De acuerdo con los artículos 81, 82, 158 y 82 del Decreto ley 262 de 2000,
los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de libre nombramiento
y remoción y de carrera administrativa.

8.3. El nombramiento en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa
debe prolongarse hasta que sea provisto a través del concurso de méritos.

8.4. Ladesvinculación de quien ocupa provisionalmente el empleo debe ser
motivada. Lo contrario conllevaría a la vulneración del debido proceso del
servidor público retirado, tal como lo destacó la sentencia SU-917 de 2010.

8.5. Lademandante ocupó empleos en provisionalidad y sus nombramientos
fueron prorrogados sucesivamente, desde su ingreso a la entidad en el año 2002.
El último empleo que desempeñó en esta condición fue el de profesional
universitario código 3PU, grado 17 de la División de Registro y Control y
Correspondencia.

8.6. El acto administrativo que la desvinculó del cargo se fundó en el vencimiento
del término para el cual fue nombrada y no señaló las razones por las cuales no
se prorrogó su designación. Por esta razón, la causal de nulidad que se configuró
no fue la falta de competencia, sino la falta de motivación de los actos enjuiciados.

8.7. El restablecimiento del derecho debía acatar lo dispuesto en la sentencia SU-
556 de 2014. Aquella providencia indicó cuáles eran los efectos de la nulidad de
un acto administrativo que determinó el retiro de un empleado vinculado en
provisionalidad.

8.8. En ese sentido, el reintegro de la demandante procedía siempre que el
empleo que ocupaba no hubiese sido suprimido, estuviera provisto como
consecuencia de un concurso de méritos ni se configurara una causal legal o
constitucional para su desvinculación.

8.9. El pago de los salarios y prestaciones sociales debía efectuarse desde el
retiro y hasta la fecha de la sentencia, sin exceder de 24 meses. De las sumas
reconocidas procedía el descuento de lo devengado como dependiente o
independiente en el sector público y privado.

1.3. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia8

9. La demandante solicitó que se dejaran sin efectos los numerales 2, 4 y 5 de la
sentencia del tribunal y que se confirmaran los numerales 2, 4 y 5 del fallo de
primera instancia en los que se señaló la orden de restablecimiento del derecho.
En su defecto, pidió la aplicación del contenido de la sentencia T-656 de 2012,
citada en la SU-556 de 2014, y se «[…] ordene el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde el momento del retiro declarado nulo y la fecha que

8 Folios 522 y 530 a 537.

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la Procuraduría General de la Nación certifique la provisión del cargo mediante el sistema
de concurso de méritos».

10. El recurso extraordinario de unificación se sustentó en el desconocimiento de
la sentencia del 29 de enero de 2008 proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo con radicado 76001-23-31-000-2000-02046-02. En
particular, citó los apartes relacionados con el carácter indemnizatorio de la
condena al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, cuando se anula
el acto de retiro, así como de la improcedencia del descuento de lo recibido por
vinculaciones con otras entidades públicas. Lo anterior con fundamento en las
siguientes razones:

10.1. Lasentencia SU-556 de 2014 no era aplicable a los empleados de la
Procuraduría General de la Nación nombrados en provisionalidad. Aquellos
servidores estaban sometidos al régimen de carrera especial, previsto en el
Decreto ley 262 de 2000, y la providencia analizó la aplicación de la Ley 909 de
2004.

10.2. La falla en el servicio de la administración de justicia no podía ser soportada
por los sujetos procesales. La sentencia SU-556 de 2014 limitó el alcance de la
condena, con fundamento en la congestión judicial. No obstante, la mora en el
trámite de los procesos no debe ser asumida por las partes.

10.3. El fallo cuestionado desconoció la sentencia C-077 de 2004 que examinó la
constitucionalidad de los artículos 82, 185, 186, 187 y 188 del Decreto ley 262 de
2000 y la T-147 de 2013. Estas providencias precisaron que los nombramientos
en provisionalidad ocurrían para proveer cargos de carrera administrativa
mientras se realizaba el concurso de méritos.

10.4. La providencia del tribunal vulneró el principio de favorabilidad, por cuanto
debió aplicar el criterio expuesto en las sentencias T-147 de 2013 y de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2013-02247-01 de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Esta última ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales desde
el momento de la desvinculación y hasta el reintegro al servicio, en un caso
similar al presente.

10.5. La sentencia recurrida contradijo el principio de congruencia, toda vez que el
recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación se
declaró desierto, además de que no solicitó la revocación de los numerales 2, 4
y 5 de la sentencia de primera instancia. En ese orden, el tribunal no podía
modificar la sentencia en estos aspectos por mandato del artículo 320 del Código
General del Proceso.

1.4. Contestación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
9

11. La Procuraduría General de la Nación no se pronunció dentro del término de

9 Índice 15 de Samai, expediente del recurso extraordinario de revisión con radicado: 11001 03

15 000 2020 03053 00.

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traslado.

12. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
se pronunciaron.

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

13. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en razón de la especialidad del asunto, de
conformidad con lo regulado en el artículo 259 del CPACA y 14, numeral 1, del
Acuerdo 080 de 201910 expedido por la Sala Plena de esta corporación que
estableció que a cada una de las secciones le corresponde, de acuerdo con su
especialidad, «[t]ramitar y decidir el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia».

2.2. Oportunidad

14. En relación con la oportunidad del recurso extraordinario de unificación, se
observan las siguientes actuaciones procesales:

• La sentencia del 21 de septiembre de 2017 proferida por la Sección
Segunda, Subsección E del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
notificó en edicto que permaneció fijado entre el 10 y el 12 de octubre de
201711.

• El 13 de octubre de 2017, mientras corría el término de ejecutoria, la
demandante radicó el recurso extraordinario de unificación. Sin embargo,
en este lapso también se radicó una solicitud de aclaración de sentencia.

• Mediante auto del 25 de enero de 2018, el tribunal negó la referida
aclaración. Esta actuación se notificó por estado el 8 de febrero de ese
año12.

• Al día siguiente, el 9 de febrero de 201813, la recurrente interpuso
nuevamente el recurso extraordinario.

15. De acuerdo con lo anterior, se concluye que el recurso extraordinario de
unificación cumple con el presupuesto de oportunidad, comoquiera que fue
presentado dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia
recurrida, tal y como lo establecía el artículo 261 del CPACA, vigente para el año
2017, es decir, antes de la modificación introducida por el artículo 72 de la Ley
2080 de 2021.

2.3. Legitimación en la causa

10 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
11 Folio 515.
12 Folios 520 y 521.
13 Folio 522.

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Demandante: Luisa Margarita Mestre Zequeda

16. En el asunto objeto de estudio, Luisa Margarita Mestre Zequeda está
legitimada para actuar como demandante. Es así debido a que actuó en la misma
calidad en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se
profirió la sentencia recurrida.

17. En este punto, es importante precisar que no se pasa por alto que el parágrafo
del artículo 260 del CPACA estableció: «[n]o podrá interponer el recurso quien no
apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la otra parte, cuando el
fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella».

18. En este sentido, se observa que la demandante no presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Ciertamente, aquella
compartía en su integridad lo resuelto por el juez administrativo. En el recurso
extraordinario, expuso que la entidad apelante no controvirtió el restablecimiento
del derecho concedido en primera instancia. A pesar de ello, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca modificó la condena impuesta a la entidad
demandada.

19. Al respecto, se destaca que la norma transcrita determinó que la presentación
del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia o su adhesión
a aquel es presupuesto de este medio extraordinario solo si el fallo de segunda
instancia confirma en su totalidad el de primera. En esas condiciones, como en
el presente caso, el tribunal revocó parcialmente la providencia apelada, Luisa
Margarita Mestre Zequeda estaba habilitada para la interposición del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.

2.4. Cuestión previa

20. La Sala advierte que en el asunto objeto de estudio se considera innecesaria
la realización de la audiencia reglada en el inciso 2 del artículo 266 del CPACA,
por cuanto con los documentos que obran dentro del expediente físico y digital
se puede proferir la decisión que en derecho corresponde. Por lo tanto, y al ser
la citación de esta diligencia discrecional se prescindió de ella y se procederá a
proferir el fallo que en derecho corresponda.

2.5. Problemas jurídicos

21. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿la sentencia del 21 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca contrarió la sentencia de unificación
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado el 29 de enero de 2008, radicado 76001-23-31-000-2000-02046-02,
al ordenar la liquidación de la condena con fundamento en lo dispuesto en
la SU-556 de 2014?

(ii) ¿a través del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es
factible refutar la indebida aplicación de las sentencias de tutela y de
constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional?

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Demandante: Luisa Margarita Mestre Zequeda

2.6. Generalidades del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia

22. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
introdujo la figura de las sentencias de unificación jurisprudencial a la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, en los artículos 271 y 270. Se trata de una
tipología de providencias de especial trascendencia, en atención a la posibilidad
de proyectar sus efectos. Ciertamente, el contenido de los artículos 10, 102, 269,
256 y siguientes del mismo código dan cuenta de su relevancia en el ejercicio de
la función administrativa y judicial, comoquiera que las impone como parámetros
de interpretación y aplicación de las disposiciones que rigen las materias
sometidas a su conocimiento.

23. En línea con lo anterior, instituyó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia como un instrumento jurídico que permitiera asegurar y garantizar
el cumplimiento de los fines de la función unificadora del Consejo de Estado. De
conformidad con el artículo 256 del CPACA, el propósito de este recurso es
asegurar la unidad de interpretación del derecho, lograr su aplicación uniforme,
garantizar los derechos de las partes y de los terceros que pudieron verse
afectados con la providencia recurrida. Así lo reguló la norma:

«ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y
de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y,
cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos
procesales.»

24. En cuanto a su procedencia, el artículo 257 ejusdem la circunscribe a las
sentencias de única y segunda instancia de los tribunales administrativos. La
Corte Constitucional se pronunció sobre esta limitación en la sentencia C-179 de
2016, al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 257 del
CPACA, en su versión original. La providencia analizó la presunta vulneración
de los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia y el principio
de seguridad jurídica. Al respecto, la Corte concluyó que la medida no desconoce
las mencionadas garantías, sino que se acompasa con el propósito de asegurar
el respeto por el precedente vertical con el que fue instituido este mecanismo
extraordinario14.

25. Se debe resaltar que al ser un recurso extraordinario tiene el carácter de
excepcional. De ahí que, no se trata de una instancia adicional para que las
partes insistan en sus argumentos o reabran el debate probatorio que ya tuvo

14 En este sentido, la Corte consideró «[…] En el asunto sub-judice, el recurso extraordinario

objeto de controversia se encuentra regulado como una vía para asegurar el respeto del
precedente vertical consagrado en sentencias de unificación; por lo que, a partir de dicho objetivo,
se entiende que su procedencia se circunscriba a las decisiones de “única y segunda instancia”
dictadas por los tribunales administrativos. En efecto, como ya se ha dicho, en relación con los
jueces de inferior jerarquía se entiende que su desconocimiento puede corregirse a través de los
medios ordinarios de contradicción; y en cuanto a las dependencias internas que integran el
Consejo de Estado, no se presenta el supuesto de sujeción jerárquica o de subordinación
funcional que explica la viabilidad de este recurso, conforme se explicó con anterioridad […]»

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lugar en el proceso ordinario. Tampoco es el medio adecuado para restablecer
las garantías procesales o procedimentales que han sido desconocidas en el
proceso ordinario ni falencias propias del recurso extraordinario de revisión.

26. El artículo 258 del CPACA determinó como única causal del recurso que la
sentencia impugnada por esta vía «contraríe o se oponga a una sentencia de
unificación del Consejo de Estado». En ese sentido, el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia tiene una naturaleza correctiva, en la medida en
que con él se pretende enmendar la postura asumida por los tribunales en sus
sentencias de única y segunda instancia en los eventos en que su contenido
desconozca lo decidido en una sentencia de unificación, de suerte que se ajuste
al precedente vertical.

27. Las características descritas determinan los supuestos de la prosperidad del
recurso extraordinario de unificación, estos son:

27.1. Similitud fáctica y jurídica: la sentencia de unificación invocada debe tener
similitud fáctica e identidad jurídica con la recurrida. En ese sentido, se ha
señalado:

«[…] “resulta imprescindible en el análisis del recurso extraordinario de
unificación el estudio de los hechos de cada caso concreto”, porque “solo
serán subsumibles en el campo de la sentencia de unificación, procesos
que discutan hechos similares que permitan hacer extensivo el precedente
[…]»15.

27.2. Carga argumentativa: la sustentación de la causal debe incluir la exposición
contrastada de las situaciones fácticas y de las razones de la decisión [ratio
decidendi]16 de una y otra providencia [la recurrida y la desconocida]. De esta
manera es viable verificar la unidad temática de la controversia y su
desconocimiento por parte del respectivo tribunal.

28. Este último aspecto impone que en la valoración de la causal se tenga en
cuenta una precisión adicional. Los efectos vinculantes otorgados a las
sentencias de unificación no excluyen la autonomía e independencia de los
jueces en la interpretación de las fuentes de derecho relevantes en los juicios
sometidos a su conocimiento.

29. En efecto, para determinar si aplica una regla definida en una sentencia de
unificación, el juez debe hacer la confrontación de los supuestos fácticos y
jurídicos del caso resuelto en ella y el que está sometido a su conocimiento. Se
trata de un razonamiento por analogía que puede llevar a determinar una
identidad basada en elementos irrelevantes o que no sean razón suficiente para
resolverlos de la misma forma. Sobre el tema, la Corte Constitucional indicó:

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4

de agosto de 2022 dentro del REUJ con radicado 11001-03-26-000-2019-00184-00 (65402).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

auto del diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), Radicado No: 11001-03-25-000-2020-
01051-00(3393-20).

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«[…] La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas
expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en
aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican
y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración
positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base
a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones
iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes
de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en
nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar
si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general.
La analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación.
El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la
ley. Su consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono
con el artículo 230 de la Constitución. […]»17

30. Ciertamente, sobre el desconocimiento de providencias judiciales
categorizadas como precedente, la jurisprudencia constitucional sostuvo que se
fundamenta en, al menos, cuatro principios constitucionales: «(i) el principio de
igualdad en la aplicación de la ley, que exige tratar de manera igual situaciones
análogas; (ii) el principio de seguridad jurídica; (iii) los principios de buena fe y de
confianza legítima, los cuales imponen el deber de respetar las expectativas generadas
por las reglas judiciales previas y (iv) coherencia en el sistema jurídico […]»18.

2.7. Análisis del caso concreto

2.7.1. Aspectos relevantes dentro del proceso ordinario

31. A continuación, se citan algunas pruebas del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, relevantes para decidir el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia:

31.1. En el certificado del 16 de junio de 2010 suscrito por el jefe de la División de
Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación se indicó que Luisa
Margarita Mestre Zequeda estuvo vinculada a la entidad desde el 1 de febrero de
2002 y que «[…] desempeñó como último cargo el de Profesional Universitario, Código
3PU, Grado 17 de la División de Registro y Control y Correspondencia, con funciones en
el Grupo de Nómina, hasta el 7 de mayo de 2010, en provisionalidad»19 (sic).

31.2. A través del Decreto 2427 del 29 de octubre de 200920 se nombró en
provisionalidad a la demandante en el último cargo que ocupó en la entidad
referido en el párrafo anterior del cual tomó posesión el 6 de noviembre de 2009,
según consta en el acta 0708 de esa fecha21.

31.3. Mediante Oficio 2265 del 3 de mayo de 2010 el secretario general de la
Procuraduría General de la Nación le informó a la demandante que el término de

17 Corte Constitucional, sentencia C-083 de 1995.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-063 de 2023.
19 Folio 25.
20 Folios 26.
21 Folio 27.

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nombramiento en provisionalidad vencía el 6 de mayo de ese año, razón por la
cual le solicitó «hacer entrega de los asuntos que tenga a su cargo al jefe inmediato»22.

31.4. El
2 de septiembre de 2010 Luisa Margarita Mestre Zequeda pidió al
procurador general de la nación revocar el oficio antedicho con el argumento de
que carecía de motivación23.

31.5. Con Oficio 00927 del 22 de septiembre de 2010, la entidad demandada negó
la solicitud de revocatoria. Señaló que la desvinculación se produjo por el
vencimiento del término del nombramiento en provisionalidad y que la decisión
de prorrogarlo era discrecional24.

31.6. Dentro del expediente también se encuentran los múltiples decretos a través
de los cuales se nombró a Luisa Margarita Mestre Zequeda desde el año 2002
en distintos empleos dentro de la Procuraduría General de la Nación, todos en
provisionalidad25.

2.7.2. Sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado invocada
como contrariada

32. En el presente caso la demandante indicó que la sentencia recurrida
desconoció la proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
29 de enero de 2008 con radicado 76001-23-31-000-2000-02046-02. Así las
cosas, la Sala examinará si esta providencia y el caso que estudió guardan
identidad fáctica y jurídica con la sentencia del 21 de septiembre de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.

33. La sentencia de la Sala Plena estudió la legalidad del acto administrativo por
el cual el contralor general de la República ordenó el retiro de una empleada con
derechos de carrera administrativa. En la demanda se solicitó la nulidad del acto
de desvinculación porque este se fundamentó en la supuesta supresión del
empleo que ocupaba, cuando en realidad ocurrió su reclasificación en la nueva
planta de personal.

34. Bajo estos parámetros, en la sentencia se fijó como problema jurídico «[…]
establecer la legalidad del acto acusado, por medio del cual la demandante fue retirada
del servicio de la Contraloría General de la República por supresión del cargo que
desempeñaba». Asimismo, se indicó que en el proceso estaba probado que la
demandante ocupaba en carrera administrativa el empleo denominado «Jefe de
Unidad Seccional, Nivel Ejecutivo, Grado 16, de la Unidad del Sector Minas y Energía,
Dirección Seccional Valle» (sic) del cual había sido desvinculada y que sobre ello
no había controversia.

35. Una vez la Sala Plena examinó las pruebas aportadas al proceso concluyó
que el empleo aludido no había sido suprimido y, en cambio, fue homologado

22 Folio 18.
23 Folios 19 a 24.
24 Folios 42 y 43.
25 Folios 28 a 150.

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con el nombre de «coordinador de gestión, grado 2, de la nueva planta de personal».
Por tal razón, orientó su análisis a estudiar las hojas de vida del designado en
este cargo para determinar si reunía mejores requisitos para su desempeño
frente a la experiencia y preparación de la demandante.

36. Luego, determinó que quien fue nombrada en reemplazo de la allí
demandante no reunía los requisitos para el empleo. Por el contrario, la
demandante era la más idónea para desempeñarlo por su preparación
académica. De este modo, declaró la nulidad del acto demandado por encontrar
probados los vicios de falsa motivación y desviación de poder.

37. Al decidir sobre el restablecimiento del derecho, rectificó la postura que la
jurisprudencia del Consejo de Estado había defendido. Para la época se venía
sosteniendo que, al ordenarse el reintegro de un servidor público y el pago de
las sumas dejadas de recibir, se debía descontar todo lo que percibió por
concepto de los salarios obtenidos de otras entidades públicas. El sustento de la
orden era la prohibición de devengar dos asignaciones provenientes del erario26.
Al resolver este punto y rectificar la posesión, en la sentencia se expresó lo
siguiente:

«[…] El pago ordenado como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto
de retiro ostenta un carácter indemnizatario, vale decir, en estos casos el
restablecimiento del derecho se traduce en la indemnización de los perjuicios
irrogados por el acto ilegal.

La remisión que se hace a los salarios dejados de percibir se utiliza sólo como
mecanismo indemnizatorio, como medida o tasación de la indemnización, tal como
se emplea en otras ocasiones el valor del gramo oro o el del salario mínimo. Se
acude a él porque la indemnización debe corresponder al daño sufrido y este se
tasa con base en los salarios y prestaciones de la relación laboral que se extinguió.

Cuando se dispone el reintegro de un trabajador con el consecuente pago de los
salarios y prestaciones dejados de recibir desde la fecha del retiro hasta la del
reintegro efectivo las cosas vuelven a su estado anterior, como si durante el tiempo
en que estuvo cesante hubiera estado efectivamente prestando el servicio y
devengando el salario correspondiente.

Si durante ese lapso el servidor público desempeñó otro cargo y recibió el salario
a él asignado este valor no debe descontársele porque su causa es diferente, la
efectiva prestación del servicio como empleado público.

Adoptar como política el descuento de los salarios percibidos por el servidor
público en otro cargo público equivaldría a obligarlo a permanecer sin empleo si
quiere obtener la reparación o a considerar que esta no corre a cargo de la
administración sino del propio interesado, o a devolver el valor del salario percibido
como consecuencia del trabajo por él realizado, cuando uno de los elementos
básicos de la relación laboral es la remuneración.

Como el pago impuesto en la condena no tiene por causa la prestación del servicio
sino el daño causado por el retiro ilegal no tiene la connotación de asignación
laboral dirigida a remunerar el servicio prestado y, por ende, no debe considerarse
incurso en la prohibición establecida por el artículo 128 de la Carta Política […]».

26 Esta tesis estaba expuesta en la providencia del 16 de mayo de 2002 con radicación 19001-

23-31-000-397-000-01(1659-2001).

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38. Finalmente, la sentencia indicó: «[l]os salarios y prestaciones se deberán pagar
por el tiempo en que legalmente hubiera permanecido el servidor público en el cargo,
teniendo en cuenta las situaciones laborales específicas como la supresión posterior del
empleo, empleos de período fijo, edad de retiro forzoso, reintegro posterior al cargo,
haber alcanzado el estatus de pensionado, etc. […]».

39. De lo anterior, se destacan los supuestos fácticos y jurídicos de la sentencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 29 de enero de 2008 con
radicado 76001-23-31-000-2000-02046-02:

39.1. resolvió un caso en el que la demandante era empleada inscrita en carrera
administrativa cuyo cargo no fue suprimido; y

39.2. unificó el criterio en torno al restablecimiento del derecho. Específicamente
se refirió a la naturaleza de la condena de contenido económico. Como
consecuencia de ello, definió una regla sobre la procedencia del descuento de
los salarios y prestaciones sociales que hubiese devengado el servidor público
en otro empleo público, durante el tiempo que estuvo retirado del servicio como
consecuencia del acto administrativo ilegal.

2.7.3. Sentencia aplicada por el tribunal en la providencia recurrida para
determinar la condena

40. Para fijar la condena en la sentencia recurrida, el tribunal aplicó lo dispuesto
en la sentencia SU-556 de 2014. En esta última, la Corte Constitucional revisó
varios fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado en los que declaró
improcedentes las acciones de tutela interpuestas contra sentencias proferidas
por la Sección Segunda de esta corporación dentro de varios procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho.

41. En los casos resueltos, los demandantes eran personas que habían sido
retiradas de los cargos en los cuales fueron nombradas en provisionalidad. La
pretensión principal era la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de
retiro del servicio porque no fueron motivados. En todos esos asuntos, la
Corporación negó las pretensiones. La razón de la decisión consistió en que este
tipo de empleados tenían una vinculación precaria sin fuero de estabilidad
alguno; por lo tanto, su retiro del servicio era discrecional por parte del nominador
sin que fuera exigible su motivación.

42. Por lo anterior, el problema jurídico abordado por la Corte Constitucional en la
SU-556 de 2014 se dirigió a establecer si los fallos proferidos por la Sección
Segunda del Consejo de Estado desconocieron « el precedente constitucional
relacionado con la motivación de los actos administrativos de retiro de empleados
públicos, vinculados a cargos de carrera en provisionalidad». Con tal propósito
estudió, entre otros temas, el deber de motivar los actos administrativos, la
estabilidad laboral relativa de los empleados en provisionalidad y « los efectos de
la nulidad del acto de retiro sin motivación del funcionario vinculado en provisionalidad».

43. Al resolver el problema jurídico planteado la sentencia señaló que era cierto
que los empleados en provisionalidad no contaban con la misma estabilidad que

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tenían quienes sí se encontraban inscritos en carrera administrativa. No obstante,
aquellos servidores sí gozaban de una expectativa de permanencia relativa o
intermedia que los ubicaba en una situación diferente de los empleados de libre
nombramiento y remoción porque la naturaleza del cargo que ocupaban era de
carrera administrativa y no cambiaba por el tipo de nombramiento. En ese
sentido, los actos administrativos que disponían su retiro debían ser motivados
con las razones específicas que llevaron a su desvinculación. En todo caso, los
motivos de la decisión debían estar relacionados con la prestación del servicio o
el nombramiento en propiedad del cargo.

44. Definido lo anterior, la sentencia procedió a determinar los efectos de la
nulidad del acto de retiro del empleado nombrado en provisionalidad y a definir
la regla indemnizatoria. Para ello, realizó un recuento de las posturas
jurisprudenciales que había asumido en este tema.

45. En esa tarea resaltó que, en unos casos, ordenó el reintegro del servidor
público sin solución de continuidad, hasta que el empleo hubiese sido ocupado
por concurso de méritos. Igualmente, decretó el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de recibir, desde la desvinculación hasta el
reintegro sin ningún tipo de descuento27. En otro, dispuso el descuento de las
sumas que la persona desvinculada hubiese percibido del tesoro público por su
desempeño en otros cargos públicos durante el tiempo en que estuvo retirada,
por considerar que así se ajustaba la orden al artículo 128 Superior28.

46. En atención a lo anterior, la Corte consideró que existía tensión entre la
proporcionalidad del reconocimiento de la indemnización y la necesidad de que
este se relacionara con la real afectación de los derechos laborales. En la
práctica, una persona podía beneficiarse por muchos años de un pago que
excedía lo que debía otorgarse como compensación por la desvinculación ilegal
de un cargo provisional, debido a la congestión judicial o a la demora en la
provisión de los cargos por concurso de mérito.

47. Por lo tanto, la condena no debía entenderse como una «indemnización de
perjuicios» que podía resultar desproporcionada, sino como un «restablecimiento
del derecho» más acorde con los principios de equidad y reparación integral. Así,
la orden de pago debía atender dos criterios: (i) la precariedad del nombramiento,
esto es, que no tenía vocación de permanencia; y (ii) la responsabilidad de cada
persona en la generación de los recursos necesarios para su subsistencia.

48. Con fundamento en lo anterior, la Corte determinó una fórmula para ordenar
el pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleados provisionales
desvinculados a través de un acto administrativo declarado nulo de la siguiente
manera:

«[…] 3.6.3.13.2. En ese contexto, desarrollando los criterios fijados por la Corte en
la SU-691 de 2011, estima la Sala que la fórmula que resulta aplicable al caso de
quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y son desvinculados sin
motivación, es la de disponer que su reintegro se realice sin solución de

27 Corte Constitucional, sentencias T-108 de 2009 y SU-917 de 2010.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2011.

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continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones
efectivamente dejados de percibir. Cabe entender que el salario se deja de percibir,
cuando, por cualquier circunstancia, una persona se ve privada de la posibilidad
de generar un ingreso como retribución por su trabajo, de manera que, cuando
quiera que la persona accede a un empleo o a una actividad económica alternativa,
deja de estar cesante, y, por consiguiente, ya no “deja de percibir” una retribución
por su trabajo.

Siendo ello así, como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente
sufrido y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma indemnizatoria
es preciso descontar todo lo que la persona, durante el periodo de desvinculación,
haya percibido como retribución por su trabajo, bien sea que provenga de fuente
pública o privada, como dependiente o independiente.

3.6.3.13.3. De esta forma, la Corte amplía las reglas de decisión que se han venido
adoptado en la materia, particularmente en lo que tiene que ver con la orden
relativa al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y la previsión
aplicada de descontar de dicho pago lo que la persona desvinculada hubiese
percibido del Tesoro Público por concepto del desempeño de otros cargos públicos
durante el tiempo que estuvo desvinculada. Así, conforme con la nueva lectura, la
regla de decisión se extiende, en esas circunstancias, a descontar la remuneración
que recibe la persona desvinculada, no solo del tesoro público sino también del
sector privado, ya sea como trabajador dependiente o independiente.

3.6.13.4. Ahora bien, siendo consecuente con el propósito de que la reparación
debe corresponder al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró
la expectativa de estabilidad relativa en el cargo, se dispondrá que, en todo caso,
la indemnización a ser reconocida no podrá ser inferior a los seis (6) meses que
según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad,
estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de hasta
veinticuatro (24) meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia
de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio […]».

49. La Corte determinó el límite de 24 meses de salarios y prestaciones sociales
a partir de los estándares internacionales y nacionales de duración del estado de
desempleo. Bajo estos parámetros fijó la siguiente regla para ordenar el
restablecimiento del derecho en este tipo de casos:

«[…]3.6.3.13.8. Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar en
los casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad
en un cargo de carrera, son: (i) el reintegro del servidor público a su empleo,
siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya
sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya
llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de
la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona,
sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda
exceder de veinticuatro (24) meses de salario […]».

50. La regla precedente fue la aplicada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en la sentencia del 21 de
septiembre de 2017 para determinar la condena dispuesta a título de
restablecimiento del derecho.

2.7.4. Análisis de la Sala en relación con el desconocimiento de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2008

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51. El supuesto fáctico de la providencia de unificación coincide parcialmente con
la recurrida en el presente trámite. Ciertamente, ambas sentencias resolvieron la
legalidad del acto administrativo de retiro del servicio de unos servidores
públicos. Sin embargo, se observa que existe una diferencia relevante en los
supuestos fácticos que analizaron. La sentencia del 29 de enero de 2008 examinó
la desvinculación de una empleada nombrada en propiedad en una plaza de
carrera. La providencia objeto del recurso extraordinario, la servidora pública
estaba designada en un cargo de carrera pero en provisionalidad.

52. El anterior contraste fáctico no impide que en el presente caso se examine si
la sentencia del tribunal desconoció la de la Sala Pena del 29 de enero de 2008.
Ciertamente, esta última abordó un aspecto jurídico que resulta transversal, que
se derivaba de la identidad de elementos del medio de control. En ambas
situaciones las consecuencias de la anulación del acto de retiro debía ser objeto
de pronunciamiento.

53. En efecto, la sentencia de unificación estudió de modo general (i) el concepto
del restablecimiento del derecho; y (ii) su alcance. En el primer evento se
determinó que la condena económica ostentaba carácter indemnizatorio. En el
segundo se indicó, específicamente, la forma en que procedía el reconocimiento
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir como consecuencia
del retiro ilegal, sin distinguir entre los empleados designados en propiedad o en
provisionalidad en un cargo de carrera administrativa.

54. En ese sentido, era razonable entender lo expuesto en la sentencia del año
2008 que irradiaba a todos los procesos judiciales en los que se discutía la
legalidad de los actos administrativos que decidieron el retiro del servicio de un
servidor público29. Es así, por cuanto la declaración de su nulidad tenía como
consecuencia lógica, y para todos los casos sin distinción, el restablecimiento del
derecho que comprende el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejadas de recibir a título indemnizatorio.

55. De este modo, las razones de la decisión adoptada en la sentencia del 29 de
enero de 2008 no estuvieron limitadas por el tipo de vinculación de quien fungía
como demandante en ese caso. Por el contrario, su vinculatoriedad también se
derivó de la regla de reparación que se seguía a la declaratoria de nulidad de
cualquier acto administrativo que dispuso un retiro del servicio de forma irregular,
tal y como puede verificarse en la jurisprudencia del Consejo de Estado que
extendió el criterio en los casos de nombramientos en provisionalidad 30.

29 Por esta razón el criterio planteado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2008 se

aplicó por esta corporación además de los casos en los que se retiraba del servicio a un empleado
nombrado en propiedad en un cargo de carrera administrativa a todos en los que se resolviera
sobre el reintegro de un servidor público, incluidos de los empleados designados en
provisionalidad. Este criterio se explicó en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022,
radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017) en la que se estudió la aplicación de tal
providencia para un empleado provisional y se indicó que «[…]la regla allí definida en materia de
descuentos era transversal a todos los casos que implicaran el reintegro del servidor público
desvinculado de manera ilegal».
30 Ver entre otras: Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 03 de septiembre de 2009,

radicación: 68001- 23-15-000-2001-03173-01(1936-07); Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 25 de marzo de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2002-00553-02 (0432-07); iii)
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de junio de 2011, radicación: 25000-23-25-

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56. En consecuencia, para la fecha en que se profirió la sentencia recurrida, 21
de septiembre de 2017, la regla jurisprudencial definida en la sentencia del 29
de enero de 2008 permanecía vigente. Este criterio, fue reevaluado para los
provisionales en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 202231. Por
consiguiente, en principio, el tribunal debía atender su valor vinculante. No
obstante, al optar por la aplicación de la sentencia SU-556 de 2014 también
acató una sentencia de unificación que, aunque no fue proferida por el Consejo
de Estado, también debía ser observada por los jueces al momento de proferir
sus decisiones.

57. Bajo esos parámetros, si bien el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia propende porque los tribunales no se aparten y apliquen las
sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, ello no significa
que este impida que puedan resolver los casos con las emitidas por la Corte
Constitucional en ejercicio del control abstracto o concreto de constitucionalidad
con fines de unificación cuando se refieran a igual temática, por cuanto estas
también son obligatorias para las autoridades judiciales y administrativas, tal
como lo definió la sentencia C-634 de 2011 al examinar la exequibilidad del
artículo 10 del CPACA.

58. En esa oportunidad, la Corte declaró en tal providencia la constitucionalidad
de la norma aludida «[e]n el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto
con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y
de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las
normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.
Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el
control abstracto de constitucionalidad […]».

59. A esa conclusión llegó luego de afirmar que (i) el artículo 243 de la
Constitución Política otorga efectos erga omnes a las sentencias de
constitucionalidad, por lo que la razón de la decisión es fuente formal de derecho;
(ii) las sentencias de control concreto de constitucionalidad, aunque son
particulares, son vinculantes «puesto que en dichos fallos la Corte determina el
contenido y alcance de los derechos constitucionales»; y (iii) por virtud de la jerarquía
de fuentes y la vigencia del principio de supremacía constitucional «las decisiones
que ejercen el control constitucional abstracto y concreto, son prevalentes en el ejercicio
de las competencias adscritas a las autoridades administrativas y judiciales».

60. Por consiguiente, el tribunal podía acudir tanto a la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2008 o la sentencia SU-556 de 2014 para decidir la orden de
restablecimiento del derecho del empleado provisional desvinculado de manera

000-2003-04222-01(0270-09); Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de
2013; radicación: 05001-23-31-000-2004-00123-01 (1971-10); Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 11 de julio de 2013, radicación: 05001-23-31-000-2000-00045-01(1088-12);
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de noviembre de 2013; radicación: 23001-23-
31-000-2006-00411-01(0556-10); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de marzo
de 2015; radicación: 25000-23-25-000-2006-02680-02 (2698-11); Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 3 de septiembre de 2009, radicación: 68001-23-15-000-2001-03173-01(1936-
07).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, REUJ sentencia del 9 de

agosto de 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017).

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irregular, específicamente, la relacionada con la forma en que debía hacerse el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales. Ello, porque
ambas providencias son de unificación, poseen carácter vinculante y definieron
este tema. Ahora, aunque las tesis propuestas llevaban a resultados diferentes
al momento de decidir sobre la condena en los casos de retiro del servicio
mediante un acto administrativo ilegal, el tribunal en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial podía determinar cuál era la que debía aplicar.

61. Así las cosas, si bien la sentencia del 21 de septiembre de 2017 ordenó el
pago de los salarios y prestaciones sociales desde el momento del retiro de la
demandante con el respectivo descuento del monto de las sumas que devengó
por otros conceptos laborales provenientes de recursos públicos o privados por
un tiempo limitado de 24 meses y tal orden riñe con la postura expuesta en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2008, tal circunstancia no es razón
suficiente para que en el presente asunto se decida anular la sentencia como lo
ordena el artículo 267 del CPACA, puesto que la decisión se fundamentó en otra
sentencia de unificación con igual carácter vinculante. Por tal motivo, el presente
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá ser desestimado.

62. El resultado sería diferente si la sentencia recurrida no se hubiese
fundamentado en la de unificación de la Corte Constitucional. De haber sido así,
el no acatamiento de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2008
concluiría en su anulación por configurarse la causal del artículo 258 del CPACA
al carecer de justificación el desconocimiento de esta por parte del tribunal. No
obstante, al tener sustento en la SU-556 de 2014 este supuesto no tiene lugar.

63. A modo de refuerzo de la decisión debe señalarse que esta corporación
reevaluó la postura jurisprudencial incluida en la sentencia de unificación del 29
de enero de 2008 en relación con los empleados vinculados en provisionalidad
con la sentencia de unificación del 9 de agosto de 202232. De acuerdo con este
pronunciamiento, la condena derivada de la sentencia que anula el acto
administrativo de retiro del servicio de este tipo de empleados no tiene carácter
indemnizatorio y, por el contrario, advirtió lo siguiente:

«[…] un verdadero restablecimiento del derecho para el demandante, por
regla general, pues, por virtud de los efectos de la sentencia de nulidad, éste
recupera la situación administrativa de servicio activo y, con ello, la causa
lícita de percibir los salarios y prestaciones sociales causadas para el
periodo de cese de la relación laboral inicial, los cuales no pueden coincidir
en el tiempo con ninguna otra remuneración, retribución o asignación
proveniente del erario, dada la prohibición constitucional prevista en el
artículo 128 […]».

64. En virtud de lo antedicho, en la sentencia de unificación referida se afirmó que
se deben hacer los descuentos de los salarios y prestaciones sociales que el
servidor público provisional retirado del servicio recibió de otras relaciones
laborales que hubiese tenido con el Estado. En consecuencia, fijó la siguiente
regla de unificación:

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de agosto de

2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017) REUJ.

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«[…] PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, estableciendo que son procedentes los descuentos
efectuados a la condena derivada del fallo que resuelve el litigio inmiscuido
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral, donde se obtenga la nulidad del acto que retiró del servicio a
un empleado público nombrado en provisionalidad, a razón de las sumas de
dinero recibidas por la parte demandante a título de salarios, prestaciones
sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público[…]».

65. De acuerdo con lo anterior, aunque la sentencia de unificación del 9 de agosto
de 2022 fue posterior a la proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 21 de septiembre de 2017 recurrida, esta Sala no podría omitir
sus efectos para resolver el presente recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia por tratarse del caso de un empleado en provisionalidad. Así lo
estableció la Sala Plena del Consejo de Estado en tal providencia al definir el
alcance de la decisión de la siguiente manera:

«[…] 101. La Sala Plena, por regla general, ha dado aplicación a los fallos de
unificación en forma retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia,
disponiendo que la regla jurisprudencial fijada es vinculante para los casos
pendientes de decisión en vía judicial a través de acciones ordinarias, y
también para resolver recursos extraordinarios como el presente. En tal
virtud, los conflictos judiciales ya resueltos, esto es amparados por la cosa
juzgada, resultan inmodificables […]». (se destaca).

66. Según el apartado transcrito, los recursos extraordinarios de unificación que
tengan identidad fáctica y jurídica con el caso resuelto en la sentencia de
unificación del 9 de agosto de 2022 también deben atender sus efectos
vinculantes. Lo anterior permite resolver cualquier duda sobre la procedencia de
los descuentos ordenados en la condena por las sumas de dinero recibidas por
la demandante provenientes del erario mientras estuvo retirada del servicio.

67. Si bien esta última sentencia no hizo referencia a los dineros recibidos en el
sector privado tampoco lo hizo en su momento la del 29 de enero de 2008, lo
cierto es que la sentencia SU-556 de 2014 sí los incluyó en sus razones de
decisión. Por lo tanto, eran parte integral de la regla de interpretación aplicada en
la sentencia controvertida.

68. Finalmente, cabe precisar que no es de recibo el argumento de la demandante
según el cual la sentencia SU-556 de 2014 es inaplicable a los empleados de la
Procuraduría General de la Nación por regirse por el régimen de carrera especial
previsto en el Decreto ley 262 de 2000 y en la providencia analizó la aplicación
de la Ley 909 de 2004. Sobre el punto se aclara que en la sentencia de unificación
esta última ley se tomó como referencia solo para determinar el tiempo mínimo
por el que se debe reconocer a los empleados nombrados en provisionalidad el
pago de los salarios y prestaciones sociales. En ese orden, la ley referida no
constituyó el fundamento para fijar el alcance del restablecimiento del derecho en
los procesos de nulidad en los que se dejen sin efectos jurídicos los actos
administrativos de retiro del servicio.

69. Ciertamente, en la sentencia se revisaron varios fallos de tutela proferidos por
el Consejo de Estado que declararon improcedentes las acciones de tutela

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interpuestas contra sentencias emitidas por esta corporación dentro de algunos
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se definió la
legalidad del retiro del servicio de empleados nombrados en provisionalidad en
la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad
que contaban con regímenes de carrera administrativa especial33.

70. La providencia de la Corte aplicó el criterio de los 6 meses como piso mínimo
de la indemnización sin importar el régimen que los cobijaba. Entonces, la cita
que hizo de la Ley 909 de 2004 solo fue un referente para indicar este término.
En ese orden, no le asiste razón a la demandante cuando afirma que la sentencia
no le era aplicable por tener un régimen de carrera especial.

71. En conclusión, el tribunal al ordenar en la sentencia del 21 de septiembre de
2017 pagar a la demandante los salarios y prestaciones sociales desde el
momento de su retiro con el descuento de las sumas que devengó por cualquier
concepto laboral proveniente de recursos públicos o privados por un tiempo
limitado de 24 meses, aunque contrarió lo señalado en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2008, no debe ser anulada en los términos del artículo 267
del CPACA, puesto que se fundamentó en la sentencia de unificación SU-556 de
2014. A esta razón se suma que la sentencia de unificación del 9 de agosto de
2022 rectificó la tesis asumida en la del 29 de enero de 2008 en relación con los
empleados designados en provisionalidad y era aplicable a la resolución del
presente caso debido a sus efectos retrospectivos.

2.7.5. Otros cargos contenidos en el recurso relacionados con la
vulneración de sentencias de constitucionalidad y de tutela proferidas por
la Corte Constitucional

72. En el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia también se alegó
que la providencia recurrida desconoció la sentencia C-077 de 2004 que examinó
la constitucionalidad de los artículos 82, 185, 186, 187 y 188 del Decreto ley 262
de 2000 y la T-147 de 2013, puesto que las providencias especificaron que los
nombramientos en provisionalidad ocurren para proveer cargos de carrera
administrativa hasta que se realice el concurso de méritos.

73. Frente al particular, la Sala insiste en que, de acuerdo con el artículo 256 y
258 del CPACA, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene
como fin asegurar la aplicación uniforme del derecho y solo procede para discutir
la validez de una sentencia de única o de segunda instancia de los tribunales por
desconocer una sentencia de unificación del Consejo de Estado, es decir, las
señaladas en el artículo 270 del CPACA. De tal modo que su fin es garantizar el
respeto por el precedente vertical de unificación. Por consiguiente, el recurso no
procede cuando se fundamenta en el desobedecimiento de una sentencia de la
Corte Constitucional.

74. Ciertamente, el recurso extraordinario de unificación, inicialmente denominado
«de anulación» en el Proyecto de Ley 198 de 2009 del Senado y 315 de la Cámara

33 El de la Fiscalía General de la Nación previsto en el Decreto ley 020 de 2014 y el del DAS se

encontraba reglado en el Decreto 2147 de 1989.

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que dio lugar a la expedición de la Ley 1437 de 2011, fue propuesto en el
Congreso de la República con el propósito de encontrar un mecanismo que
permitiera unificar la jurisprudencia de esta jurisdicción. Tal necesidad surgió ante
el cambio de competencias generado con la creación de los juzgados
administrativos y que dio lugar a que el Consejo de Estado dejara de ser el
tribunal de cierre en diversos temas y, por lo tanto, a la existencia de múltiples
criterios en el país.

75. Al
respecto, en la exposición de motivos plasmada en la ponencia para
segundo debate en el Senado del proyecto de ley se explicó lo siguiente:

«[…] 6. Consagración de un nuevo recurso extraordinario.

Con la entrada en funcionamiento de los Jueces Administrativos, se han generado
expectativas y esperanzas en cuanto a los efectos operativos que ello debe traer
para la descongestión y pronta administración de justicia en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, pues, sin lugar a dudas, la creación de los nuevos
juzgados obedeció, fundamentalmente, a la necesidad imperiosa de fortalecer esta
Jurisdicción y contribuir a la descongestión y al cumplimiento de los términos
judiciales en la resolución de los conflictos.

La creación de esta figura de juez unitario trae como necesaria consecuencia una
nueva distribución y readecuación de las competencias en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, que, en principio, ya había consagrado la Ley 446 de
1998. No obstante, con la entrada en funcionamiento de los juzgados, muchos
asuntos de que antes conocía el Consejo de Estado en segunda instancia pasaron
a ser de conocimiento, en último grado, de los tribunales, situación que hace
necesario crear nuevos mecanismos jurídicos, como el recurso extraordinario de
anulación que en este proyecto de ley se propone introducir, en aras de asegurar
la unificación de la jurisprudencia […]»34.

76. El ponente del proyecto también indicó que el recurso solo se proponía para
refutar las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos «[…] con el fin de que el Consejo de Estado, como Tribunal Supremo
de lo Contencioso Administrativo, cumpla la función de órgano de cierre en relación con
las decisiones de sus inferiores funcionales». De este modo, desde un principio el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia fue concebido para que el
Consejo de Estado mantuviera unificada la jurisprudencia proferida dentro de la
jurisdicción. Ello significa que no se originó con el fin de que controlara el respeto
de las posturas jurisprudenciales asumidas por otras jurisdicciones.

77. Lo anterior se corrobora si se considera que en un principio el otrora llamado
«recurso extraordinario de anulación» estableció varias causales de procedencia y
genéricas que fueron retiradas en los debates. Así, en el original artículo 260 del
proyecto de ley 198 de 2009 (posterior 258 del CPACA) se indicó que podía
instaurarse si la providencia recurrida era violatoria de normas sustanciales de
manera directa o indirecta, trasgrediera el debido proceso, los derechos
fundamentales, fuera incongruente o proferida por un juez que debió declararse

34 Gaceta del Congreso de la República. Año XIX N.° 264 del 27 de mayo de 2010 «Ponencia

para segundo debate al proyecto de ley número 198 de 2009 Senado.», página 13.

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impedido35. Durante el trámite del proyecto y, debido al objetivo del recurso que
se quería introducir en la legislación, se cambió su denominación y se redujo la
causal de procedencia a una sola. En efecto, en el primer debate adelantado ante
la Cámara de Representantes se explicó el cambio de denominación del recurso
de la siguiente manera:

«[…] La unificación de la jurisprudencia es una función del Consejo de Estado,
como máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de esta
jurisdicción, para asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación
uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten
perjudicados con la providencia recurrida, y, cuando fuere del caso, reparar los
agravios inferidos a tales sujetos procesales, de manera que el nombre del recurso
extraordinario “unificación de la jurisprudencia” es armónico con sus fines,
procedencia y causales y, por tanto, ese propósito debe incidir más en su
denominación que el efecto del mismo (anulación) […]»36.

78. Asimismo, en el segundo debate en la Cámara de Representantes se señaló
que la previsión del nuevo recurso se estableció «[…] en aras de asegurar la
unificación de la jurisprudencia»37. En razón de ello, se explicó la existencia de una
única causal para su procedencia del siguiente modo:

«[…] En cuanto al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, se
suprimen las causales 2 a 6 del artículo 258, para establecer como única causal
que da lugar al mismo, precisamente, aquella relacionada con el objeto para el cual
se instituye dicho recurso, esto es, cuando la sentencia impugnada contraríe o se
oponga a una sentencia de unificación del Consejo de estado, o sea, aquellas
señaladas en el artículo 270 ibidem. En consecuencia, en el artículo 262 se elimina
el texto de los numerales 4 y 5, y se crea un nuevo numeral 4, por cuya inteligencia
del recurso extraordinario que se interponga deberá indicar con precisión la
sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones
que le sirven de fundamento […]»38.

79. Finalmente, el texto definitivo del artículo 258 del CPACA señaló como causal
única para la interposición del recurso que la sentencia recurrida contrariara o se
opusiera a una de unificación del Consejo de Estado39. En ese sentido, es claro

35 El artículo inicial establecía: «Artículo 260. Causales. Son causales del recurso extraordinario

de anulación: 1. Ser la sentencia o auto violatorio de normas sustanciales de manera directa; o,
en forma indirecta por error de derecho que transgreda una norma probatoria, o por error de
hecho en la apreciación de la demanda, de su contestación o de una prueba. 2. Contener la
sentencia o auto disposiciones que violen el debido proceso, por desconocimiento de las normas
que regulan los actos y garantías procesales, siempre que el recurrente haya alegado la infracción
en la instancia y esta no se haya subsanado. 3. Ser la providencia violatoria de los derechos
constitucionales fundamentales previstos en el Título II, Capítulo I de la Constitución Política. 4.
No estar la resolución judicial en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la
demanda, o con las excepciones propuestas o que el Tribunal ha debido reconocer de oficio. 5.
Contener la sentencia, en su parte resolutiva, declaraciones o disposiciones contradictorias. 6.
Haberse proferido la decisión por juzgador que se hallaba impedido, siempre que por esto resulte
afectada la mayoría necesaria para integrar el quórum decisorio».
36 «Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 315 de 2010 Cámara de

Representantes, 198 de 2009 Senado» Gaceta Congreso de la República años XIX N.° 683 del
23 de septiembre de 2010. Página 11.
37 «Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 315 de 2010 Cámara de

Representantes, 198 de 2009 Senado» Gaceta Congreso de la República años XIX N.° 951 del
23 de noviembre de 2010. Página 2.
38 Ibidem. Página 13.
39 «Texto definitivo plenaria al proyecto de ley número 315 de 2010 Cámara, 198 de 2009

Senado» Gaceta Congreso de la República años XIX N.° 1.068 del 9 de diciembre de 2010.

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que la intención del legislador no estaba dirigida a establecer un recurso que
sirviera para exigir la aplicación de sentencias de unificación diferentes a las
proferidas por esta corporación.

80. Por el contrario, la circunstancia que llevó a la reglamentación del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, esto es, la creación de los
juzgados administrativos y el cambio de competencias de los tribunales y del
Consejo de Estado, reveló la necesidad de asegurar la aplicación del precedente
vertical proferido por este último. Con esto se lograría la finalidad prevista en el
artículo 256 del CPACA, que no es otra que «[…] asegurar la unidad de la
interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes
y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida […]».

81. La Corte Constitucional al analizar el alcance del recurso aludido coincidió en
aseverar que su propósito es la protección del precedente fijado por el Consejo
de Estado. En la sentencia C-179 de 2016 manifestó:

«[…] el legislador definió de manera concreta al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia como una vía dirigida a preservar el precedente
vertical, y a suscitar discusiones alrededor del mismo, buscando con ello la
aplicación uniforme del derecho en las instancias inferiores al Consejo de
Estado, lo que resulta acorde con el rol que le otorga la Constitución como
órgano de cierre de lo contencioso administrativo, en los términos del
artículo 237, numeral 1, de la Constitución […]»40.

82. En igual providencia, resaltó que, en ejercicio de la potestad de configuración
normativa otorgada por los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución
Política, al legislador le compete determinar el alcance de las normas procesales.
Sin embargo, indicó que su ámbito de aplicación debe fijarse con respeto de los
postulados constitucionales, de los fines y principios del Estado y deben servir
para garantizar el derecho sustancial, con observancia de las garantías propias
del debido proceso y dentro de un margen de razonabilidad y proporcionalidad.
Por ende, en ejercicio de tal facultad está habilitado para establecer los recursos
que procedan contra determinada actuación judicial, sus requisitos, oportunidad
de presentación y trámite.

83. Así las cosas, salvo en los casos en que la Constitución Política señala como
obligatoria la existencia de un recurso, es la ley la que dispone su creación y si
procede o no contra una decisión específica. El hecho de que una norma no
permita que la impugnación de determinadas actuaciones no significa la
vulneración de los derechos constitucionales. Por el contrario, su regulación y
alcance obedece a un juicio de necesidad y conveniencia que efectúa el
legislador41. La jurisprudencia ha señalado que el análisis de conveniencia es
más estricto cuando se trata de recursos extraordinarios, puesto que su fin es
unificar la jurisprudencia y ejercer control sobre los jueces inferiores bajo
causales específicas y, en tal sentido, requiere límites para evitar la congestión
judicial42.

40 Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016.
41 Corte Constitucional, sentencias C-005 de 1996 y C-179 de 2016.
42 Corte Constitucional, sentencias C-619 de 1997 y C-179 de 2016.

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84. Precisamente lo anterior ocurrió cuando se creó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. Ello se pudo verificar en los antecedentes
legislativos citados y que dan cuenta de la necesidad que el legislador advirtió de
crear un mecanismo procesal que garantizara la interpretación uniforme del
derecho dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ante la creación
de los jueces administrativos y el cambio de competencias del Consejo de Estado
como órgano de cierre. Por esta razón, a lo largo del debate legislativo modificó
las causales de procedencia y finalmente en el texto definitivo del artículo 258 del
CPACA lo limitó a cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado. Es decir, el desconocimiento de
las providencias previstas en los artículos 270 y 271 del CPACA.

85. Ese ha sido el criterio de esta corporación que ha sostenido:

«[…] el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede
únicamente respecto de sentencias de unificación proferidas por el
Consejo de Estado y no frente a fallos proferidos por la Corte Constitucional
o por otras corporaciones que dentro de sus competencias también puedan
expedir sentencias de unificación, habida cuenta que expresamente el
legislador condicionó la procedencia de este mecanismo al citado requisito.
De ahí entonces que el Consejo de Estado haya señalado de manera
reiterada: “(…) el artículo 258 del CPACA establece que habrá lugar al
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la
providencia impugnada contraríe una sentencia de unificación proferida por
esta Corporación […]»43.

86. De este modo, si bien las sentencias de unificación de la Corte Constitucional
son vinculantes, el presente recurso no es la vía procesal para exigir su
cumplimiento. Por ende, no hay lugar a analizar el argumento planteado por la
recurrente.

87. La demandante también alegó que la sentencia recurrida (i) vulneró el
principio de favorabilidad, por cuanto debió aplicar el criterio de la sentencia T-
147 de 2013 y el de la sentencia de tutela con radicado 11001-03-15-000-2013-
02247-01 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que en un caso similar
ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales desde el momento de la
desvinculación y hasta el reintegro al servicio; y (ii) desatendió el principio de
congruencia previsto en el artículo 320 del CGP, toda vez que el recurso de
apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación fue declarado
desierto, además de que no solicitó la revocación de los numerales 2, 4 y 5 de
la sentencia de primera instancia.

88. Estos argumentos tampoco pueden ser analizados por no referirse a la
vulneración concreta de una sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado, única causal que admite el artículo 258 del CPACA para su procedencia.
En ese sentido, si la parte demandante consideraba que se vulneró su debido
proceso por desconocimiento de los principios de favorabilidad y congruencia,

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 2022, radicado 11001-03-

26-000-2019-00184-00 (65402).
Ver también, Sección Tercera, auto del 4 de abril de 2018, radicación 11001- 33-37-043-2013-
00430-01 (60451).

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debió ejercer otro tipo de mecanismos procesales distintos del presente recurso
para discutir la decisión. Esta inconformidad podía proponerse en el recurso
extraordinario de revisión, que prevé como causal de nulidad de la sentencia la
vulneración de tal garantía procesal en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
Por ende, la Sala tampoco se pronunciará sobre este cargo.

3. Conclusión

89. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la sentencia del 21 de
septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, al ordenar la liquidación de la condena con
sustento en la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional no debe ser
anulada en los términos del artículo 267 del CPACA.

90. Ello, puesto que, si bien el tribunal contradijo la tesis prevista en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2008, podía en ejercicio de su autonomía elegir
la aplicación de la SU-556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional para
definir la orden de restablecimiento del derecho, por ser esta una providencia de
unificación y tener efectos vinculantes. Además, porque la sentencia de
unificación del 9 de agosto de 2022 rectificó la tesis asumida en este tema en la
del 29 de enero de 2008 en relación con los empleados provisionales y sería
aplicable a la resolución del presente caso debido a sus consecuencias
retrospectivas.

91. Asimismo, se concluye que a través del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia no es factible refutar la falta o indebida aplicación de las
sentencias de tutela y de constitucionalidad proferidas por la Corte
Constitucional, toda vez que el artículo 258 del CPACA solo permite su
procedencia cuando se alega el desconocimiento de una sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado.

92. En virtud de lo expuesto, se declarará infundado el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.

4. Costas

93. De conformidad con lo señalado en el artículo 267 del CPACA, modificado por
la Ley 2080 de 2021 «[s]i el recurso es desestimado, se condenará en costas al
recurrente […]». Asimismo, el artículo 365 del Código General del Proceso al que
remite el artículo 188 del CPACA establece que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso, siempre y cuando se demuestren causadas y en la
medida de su comprobación.

94. Por su parte, el artículo 366, ordinal 4, del Código General del Proceso
dispone que «[p]ara la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente
un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente,
la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el
máximo de dichas tarifas».

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27

Radicado: 11001 03 25 000 2018 01064 00 (3774-2018)
Demandante: Luisa Margarita Mestre Zequeda

95. En el presente caso, aunque el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia se declarará infundado, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte recurrente, por cuanto la Procuraduría General de la Nación no
se hizo parte del proceso al contestar el recurso, pese a que fue notificada en
debida forma y se corrió el traslado respectivo. Por igual razón no hay lugar a
condenar al pago de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y perjuicios, toda vez que no fueron demostrados su causación dentro
del trámite.

96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por Luisa Margarita Mestre Zequeda contra la
sentencia del 21 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría
General de la Nación.

Segundo: No condenar en costas la parte recurrente.

Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto: Efectuar las anotaciones correspondientes en SAMAI y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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