Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01160-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01160-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01160-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 11001-03-25-000-2018-01160-00 (4036-2018)1
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado : Tito Alcides Vargas Bernal
Medio de control : Recurso extraordinario de revisión (artículo 20 de la Ley 797
de 2003)
Tema : Reliquidación de pensión de jubilación, conforme a las Leyes
33 de 1985 y 100 de 1994
Decisión : Sentencia de única instancia
Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en contra de la sentencia del 20 de junio de 2013 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F (en
descongestión), mediante la cual confirmó parcialmente la del 29 de junio de 2012 dictada
por el Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito de Bogotá, que accedió de manera
parcial a las pretensiones de la demanda2.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
1.1 La acción. El señor Tito Alcides Vargas Bernal, concurrió ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), en contra de la extinguida Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal), con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones
58530 del 31 de octubre de 2006, mediante la cual se negó la reliquidación de la pensión
de vejez, 16521 del 29 de abril de 2009, con la que se resolvió un recurso de reposición
y la PAP 053180 del 17 de mayo de 2011, con la se negó nuevamente el reajuste de la
1
Expediente híbrido, esto es, que algunas actuaciones se encuentran alojadas en la herramienta judicial Samai.
2
Expediente 11001-33-31-013-2011-00035-01.
Nº Interno: 4036-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
prestación.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara
a la accionada (i) reliquidar y pagar la pensión de vejez, con el promedio del 75% de todos
los factores devengados durante el último año de servicios, en cuantía de $724.651,43,
pagadera a partir del 1º de enero de 2002; (ii) sufragar las diferencias de las mesadas
recibidas con las ordenas mediante decisión judicial; (iii) ajustar los valores reclamados,
en atención al IPC; (iv) dar cumplimiento a la sentencia; y (v) condenar en costas.
1.2 Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte actora. Relató el señor Tito
Alcides Vargas Bernal, que prestó sus servicios al Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
en el cargo de técnico operativo, por más de 20 años, hasta el 1º de enero de 2002, por
lo que al 1º de abril de 1994, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con
más de 15 años de servicios y 40 de edad, lo cual lo hizo beneficiario del régimen de
transición, razón por la que la entonces Cajanal le otorgó pensión de jubilación mediante
Resolución 21203 del 5 de septiembre de 2001 con aplicación de la Ley 33 de 1985, no
obstante, a posteriori le negó la reliquidación con las Resoluciones 15754 del 20 de junio
de 2002, 58530 del 31 de octubre de 2006 y 165221 del 29 de abril de 2009. Aseveró
que, pidió nuevamente el reajuste, toda vez que, en la pensión solo se tuvo en cuenta los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, pero le resuelto desfavorablemente con
el acto PAP 053180 del 17 de mayo de 2011.
II. PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F (en
descongestión), en sentencia del 20 de junio de 20133, confirmó parcialmente el fallo del
29 de junio de 2012 del Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito de Bogotá4, que
ordenó la reliquidación de la pensión del accionante en el otrora proceso, con el 75% del
salario promedio devengado durante el año anterior al retiro del servicio, esto es, con
inclusión de los factores no tenidos en cuenta en el reconocimiento inicial, tales como el
auxilio de alimentación, prima de servicios y las doceavas partes de las primas de
vacaciones y navidad, con efectos fiscales a partir del 5 de junio de 2003, al encontrar
probado el fenómeno prescriptivo. En tal sentido, el Tribunal encontró ajustada al
ordenamiento la decisión, toda vez que el señor Vargas Bernal es beneficiario del régimen
de transición de las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, por cuanto al 13 de febrero de 1985
3
Folios 231 a 241.
4
FF. 196 a 207.
2
Nº Interno: 4036-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
(fecha en que entró en vigencia la Ley 33) contaba con 15 años de servicios, así las cosas
determinó que le correspondía las prerrogativas del régimen anterior, consignado en el
Decreto 3135 de 1968, el cual exige 20 años de servicios y 55 años de edad para obtener
la pensión con inclusión de todos los factores percibidos durante el último año laborado.
Explicó que, las prestaciones salariales a incluir no eran las descritas en el Decreto 1045
de 1978, dado que como lo estableció la sentencia de unificación del Consejo de Estado,
dichos factores son enunciativos, por lo que al momento de fijar el IBL, se deben tener
en cuenta todos aquellos que constituyen salario, percibidos de manera habitual y
periódica.
Valga reiterar que, la decisión fue adoptada con respaldo en la jurisprudencia vigente del
máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, en particular, la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 20105.
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión6, el
26 de junio de 2018, contra la anterior providencia, con fundamento en la causal prevista
en la letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables», al respecto, expresó que los jueces de instancia
desconocieron los parámetros señalados por la Corte Constitucional en lo que tiene que
ver con la aplicación del IBL para los personas beneficiarias del régimen de transición,
por lo cual se encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, al otorgarse
una pensión sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo que significa una lesión al
erario público, toda vez que, le corresponde a la Nación asumir los recursos para su
financiación, los cuales son recursos indispensables para el sostenimiento del sistema
general de seguridad social en pensiones.
Aduce que, al no aplicarse lo dispuesto en los artículos 21 y 33 de la Ley 100 de 1993,
se trasgreden los principios superiores consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123
y 124, dado que si bien, al demandado le asiste la normatividad anterior que se
encontraba vigente, esto es, la Ley 33 de 1985, lo cierto es que, solo le debe respetar las
condiciones de edad, tiempo de servicio y monto, y en cuanto al IBL, sería menester el
5
Expediente 25000-23-25-000-2006-07509-01 (112-2009), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
6
Folios 247 a 256.
3
Nº Interno: 4036-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
75% del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicios, razón por
la que estima que la apreciación de los jueces es equivocada al aplicar una norma
inexistente, puesto que el derecho no se causó antes del 1º de abril de 1994.
En consecuencia, pide revocar las decisiones del 29 de junio de 2012 y el 20 de junio de
2013, del Juzgado y Tribunal, y declarar que el señor Tito Alcides Vargas Bernal no es
acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, en su lugar,
ordenar la reliquidación de la pensión conforme a las reglas insertadas en las sentencias
C-168 de 1995,C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017 de la Corte
Constitucional, es decir, que se liquide la pensión de jubilación con base en los artículos
21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con los factores salariales del Decreto 1158 de 1994.
IV. TRÁMITE PROCESAL
4.1 Admisión del recurso. Mediante auto del 29 de junio de 20237, se admitió el recurso
y se ordenó la notificación al ahora accionado y al señor procurador delegado ante esta
Corporación, oportunidad desaprovechada por el Ministerio Público para rendir concepto.
4.3 El señor Tito Alcides Vargas Bernal, no contestó el recurso, de acuerdo con
constancia secretarial del 25 de octubre de 20238.
4.2 Período probatorio. A través de auto del 29 de febrero de 20249, se tuvieron como
pruebas los documentos allegados por la UGPP, así mismo, el expediente ordinario
11001-33-31-013-2011-00350-00, enviado a través de medio electrónico por la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá, en cumplimiento a lo ordenado
en el auto del 2 de diciembre de 202110.
V. CONSIDERACIONES
5.1 Cuestión previa. Antes de decidir si en el presente asunto se configuran la causal
de revisión invocada, resulta necesario precisar el régimen jurídico aplicable, toda vez
que el recurso extraordinario de revisión fue presentado el 26 de junio de 2018 en contra
de la sentencia proferida el 20 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo de
7
F. 311.
8
Visible a índice 24 de Samai.
9
F. 313.
10
F. 305.
4
Nº Interno: 4036-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F (en descongestión).
Sobre la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, consideró la sala de lo
contencioso-administrativo de esta Corporación11 que no comporta una tercera instancia,
sino una «[…] nueva acción con un objeto de impugnación diferente, cual es una
sentencia que ostenta la condición de inmutabilidad en virtud de la cosa juzgada y que
por la vía del Recurso Extraordinario de Revisión busca ser invalidada», es decir, un
proceso nuevo, autónomo, independiente y con trámite propio (etapas procesales) y fallo
que define sobre la legalidad de una providencia ejecutoriada, como medio excepcional
de impugnación.
Al respecto, el CPACA se aplica «[…] a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia»12 (2 de julio de 2012).
Así las cosas, comoquiera que el recurso extraordinario de revisión no constituye una
tercera instancia u otra adicional, sino un nuevo proceso o mecanismo de control, este
se rige con la norma que esté en vigor al momento de su presentación.
Por tanto, como este recurso extraordinario de revisión se presentó el 26 de junio de
2018, el régimen jurídico aplicable es el contenido en el CPACA, en armonía con el
artículo 20 (inciso 3°) de la Ley 797 de 2003, según el cual «La revisión se tramitará por
el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código […]».
5.2 Competencia. En relación con la competencia de esta Colegiatura para conocer del
recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
este dispone que «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias […]» (inciso 1°)13.
Por su parte, el artículo 249 del CPACA preceptúa:
11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, auto de 12 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2013-02110-
00.
12
Artículo 308 del CPACA.
13
Los apartes «en cualquier tiempo» fueron declarados inexequibles, a través de sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
5
Nº Interno: 4036-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión [14].
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De la precitada norma se colige que la competencia para decidir el recurso extraordinario
de revisión interpuesto contra un fallo proferido por un tribunal administrativo,
corresponde a las secciones y subsecciones de esta Corporación, según la materia.
Analizado el asunto sometido a consideración, a la luz de las anteriores disposiciones, se
observa que la decisión objeto del recurso extraordinario de revisión fue dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F (en
descongestión), el 23 de junio de 2013, que confirmó parcialmente la que accedió de
forma parcial, y el tema examinado fue la reliquidación de la pensión de jubilación del
señor Tito Alcides Vargas Bernal, en atención a la Ley 33 de 1985, al ser beneficiario del
régimen de transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Dichos presupuestos permiten concluir que la competencia para conocer del presente
medio de impugnación es de esta sección, no solo por cuanto cuestiona una providencia
dictada por un tribunal administrativo, sino, además, porque su materia es de carácter
laboral.
Así las cosas, en este caso resulta procedente el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP contra la aludida sentencia del 23 de junio de 2013.
5.3 Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión. Sea lo primero decir
que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prescribe:
Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
14
El aparte «sin exclusión de la sección que profirió la decisión» fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
6
Nº Interno: 4036-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables[ 15].
El recurso extraordinario de revisión, en la hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
es un medio de impugnación sui generis, por su creación y al prever la revisión del
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública,
por causales definidas en forma precisa, lo cual implica que las facultades del juez que lo
conoce se reducen al estudio de los planteamientos aducidos por el recurrente, que
deben estar dirigidos a configurar la causal alegada como sustento de la pretensión bajo
examen.
5.4 Término para su interposición. Conforme al artículo 251 del CPACA, «En los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos
de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».
Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 201616, sobre el particular
precisó que la UGPP «[…] está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo
de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal EICE-» (se
subraya).
En este orden de ideas, a pesar de que la providencia objeto del presente recurso
extraordinario de revisión alcanzó su ejecutoria el 5 de julio de 2013, el término de 5 años
para presentarlo se debe contabilizar a partir del 12 de junio de 2013 (vencía los mismos
día y mes de 2018) y, en esa medida, como en el sub lite ello ocurrió el 26 de junio de
201817, se tendrá como oportunamente interpuesto, por cuanto los términos empezaron
15
Las frases tachadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-835 de 23 de septiembre
de 2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.
16
M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17
F. 256 vuelto.
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Nº Interno: 4036-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
a correr desde el 5 de julio de 2013.
5.5 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si la
sentencia del 20 de junio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F (en descongestión), mediante la cual
confirmó parcialmente la del 29 de junio de 2012 del Juzgado Trece (13) Administrativo
del Circuito de Bogotá, se encuentra inmersa en el supuesto fáctico previsto en la letra b
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como causal de revisión invocada por la UGPP; y,
en consecuencia, si al señor Tito Alcides Vargas Bernal, en su condición de beneficiario
del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le asistía
el derecho al reajuste de su pensión de jubilación con inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional o,
por el contrario, debe ser reliquidada conforme a las reglas previstas en los artículos 21
o 36 ibidem, en armonía con las providencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la
Corte Constitucional.
5.6 Caso concreto. En el asunto sub judice, la UGPP invocó la causal contenida en la
letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables», al sostener que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F (en descongestión) no solo interpretó
de manera equivocada los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, sino que desconoció
el precedente obligatorio y vinculante sentado por la Corte Constitucional en sentencias
C-168 de 1995,C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, que aluden que
el concepto «monto» solo hace referencia a la tasa de reemplazo y no incluye el IBL.
De acuerdo con lo anterior, en lo que respecta a la causal de revisión alegada, se
abordará el tema del régimen de transición y la interpretación que de este han planteado
tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado para, seguidamente, establecer
si la acogida en la decisión revisada deviene acertada.
5.6.1 Régimen de transición en el sistema general de pensiones. Cabe recordar que
la Ley 100 de 1993 fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros,
de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales
existentes.
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Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
No obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se
encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó
el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993.
En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en
vigencia el sistema de seguridad social integral (1º de abril de 1994) contaran con treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si
son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la
pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban
afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y
«monto» se les aplicará aquel.
En lo que corresponde al concepto monto, es necesario precisar que, ciertamente, desde
la expedición de la Ley 100 de 1993, se plantearon variadas interpretaciones que, en los
años siguientes, dieron lugar a decisiones encontradas entre las altas corporaciones
judiciales.
En un primer momento, la Corte Constitucional, en sentencia C-168 de 1995, al estudiar
la constitucionalidad de los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la mencionada norma,
destacó el interés del legislador por salvaguardar las expectativas de quienes estaban
próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas de adquirir el
derecho a la pensión de jubilación.
Sin embargo, del contexto de la mencionada providencia, la Sala no encuentra que haya
establecido reglas específicas frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 o sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de liquidación, por cuanto
solo hubo pronunciamiento frente a la diferenciación que realizaba la normativa original
entre trabajadores de los sectores público y privado.
Sin perjuicio de lo anotado, la Corte Constitucional, en providencias T-1122 de 2000, T-
1000 de 2002, T-169 de 2003, T-830 de 2004, C-177, T-1087 de 2006, T-711 de 2007,
T-248 de 2008 y T-610 de 2009, entre otras, aseveró que se vulneran derechos
pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen en el que se encuentra
amparado el beneficiario de la transición y cuando se desconoce que el monto y la base
de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible y, por tanto, corresponde
implementar la totalidad de lo establecido en aquel y no lo consagrado en el inciso 3º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
Entretanto, las subsecciones A y B de la sección segunda del Consejo de Estado, en
relación con el concepto monto, adoptaron el criterio según el cual este estaba
conformado por la tasa de reemplazo y el IBL, de manera que la persona beneficiaria de
la transición tenía derecho al reconocimiento pensional con aplicación íntegra del régimen
anterior que regía su situación jurídica.
Esta tesis no solo subsistió en el seno de la sección segunda del Consejo de Estado, sino
que se afianzó por aquella en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 201018. En
efecto, en dicha providencia se analizó una discusión referente a la reliquidación de la
pensión de un empleado bajo el régimen especial de la Ley 33 de 1985 y cuya situación
particular se enmarcaba dentro de la transición consagrada en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En ese orden, recordó que la última norma «[…] creó un régimen de
transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas
que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo
que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la
pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban
afiliados».
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo C-258 de 2013, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, concerniente al régimen pensional
de los congresistas, declaró inexequibles las expresiones «durante el último año y por
todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario
mínimo legal», contenidas en el primer inciso, así como «por todo concepto», citada en
el parágrafo, y concluyó, entre otras cosas, que (i) «Como factores de liquidación de la
pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente
por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se
hubieren realizado las cotizaciones respectivas»; y (ii) «Las reglas sobre ingreso base de
liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las
contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso».
Luego, con la sentencia SU-230 de 2015, la sala plena de la aludida Colegiatura
«cambió» su jurisprudencia, para lo cual aclaró que si bien las reglas del IBL establecidas
en el fallo C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en
el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, «ello no excluye la interpretación en abstracto que se
realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-07509-01 (112-
2009), C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que
deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que se pertenezca». Es decir, coligió que tenía carácter vinculante la postura
efectuada en la mencionada providencia C-258 de 2013 respecto del IBL pensional de
las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En virtud de lo anterior, la sala contencioso-administrativa del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-
00143-01 (4403-2013), en la que al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste
de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, asumió una nueva
posición y precisó que en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador
excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de
obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen previo
al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella; por ende, según el principio de
favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación
pensional, debe determinar el IBL que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida
en que la Ley 100 de 1993 permite optar por el promedio de lo cotizado durante (i) el
lapso que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1º de abril de 1994) y la
adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) todo el tiempo, si el monto
es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii)
los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.
Así las cosas, a partir del 28 de agosto de 2018 el Consejo de Estado modificó su criterio,
para acompasarlo con aquel fijado por la Corte Constitucional.
En el asunto sub judice, la UGPP asevera que en el fallo objeto de revisión se desconoció
el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto de la transición prevista
en la Ley 100 de 1993, particularmente en que esta solo permite la aplicación ultractiva
de los regímenes a los que se encontraba afiliado el interesado frente a los requisitos de
edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, mas no el IBL.
En tal sentido, se encuentra que, aunque la posición actual del máximo tribunal de lo
contencioso-administrativo coincide con la adoptada desde 2013 por la Corte
Constitucional, lo cierto es que, para el 20 de junio de 2013 fecha en que fue dictada la
decisión acusada, la tesis vigente, imperante y pacífica era la fijada por la sección
segunda del Consejo de Estado desde inicios de siglo (año 2000).
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Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
Entonces, con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F (en descongestión), confirmó
parcialmente la del 29 de junio de 2012 del Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito
de Bogotá, que accedió de manera parcial a la suplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, al declarar la nulidad de la Resoluciones 58530 del 31 de
octubre de 2006, 16521 del 29 de abril de 2009 y PAP 053189 del 17 de mayo de 2011,
expedidas por la extinta Cajanal, y dispuso la reliquidación de la pensión de jubilación del
señor Vargas Bernal, con inclusión de todos los factores salariales devengados, no
tenidos en cuenta inicialmente, esto es, el auxilio de alimentación, prima de servicios y
las doceavas partes de las primas de vacaciones y navidad, con efectos fiscales a partir
del 5 de junio de 2003, al configurarse el fenómeno de la prescripción trienal.
En relación con lo expuesto, no es dable aceptar la afirmación de la UGPP según la cual
en la providencia revisada se desconocieron los criterios jurisprudenciales originarios de
la Corte Constitucional, puesto que, como se dijo, esta data del 20 de junio de 2013,
siendo dictada con anterioridad a las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y, lo
ordenado se dio conforme a los criterios consignados en la del 4 de agosto de 2010 de
esta Corporación, la cual constituía un carácter vinculante.
Asimismo, cabe recordar que en el citado fallo de unificación del 28 de agosto de 2018
esta Corporación dijo que «No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta
sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si
se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que
haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada»; y, por ende, determinó que «[…] los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables».
En similares términos concluyó la sala especial de decisión 12 de esta Colegiatura, en
providencia de 10 de septiembre de 201919, que al analizar un asunto análogo al que
ahora nos ocupa, sostuvo:
[…] No resultan extensivos los pronunciamientos posteriores de la Corte
Constitucional (sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015), toda vez que
no se trataban de decisiones preexistentes para el momento en que se
adoptó la decisión objeto de revisión […].
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Sala especial de decisión 12, consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2016-01410-00 (REV).
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Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
Tampoco podría decirse que es posible la aplicación retrospectiva de la
sentencia del Pleno de esta Corporación de 2018. Vale recordar que la
causal en comento fue promovida en esta oportunidad por la liquidación de
la pensión en contravía de lo dispuesto por la ley. Como quedó expuesto, el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha tenido diferentes interpretaciones
jurisprudenciales; sin embargo, para cuando se adoptó la decisión aquí
cuestionada, la interpretación mayoritaria y vigente en esta Corporación era
la sostenida en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de 2010
[…].
Dicha postura ha sido acompañada por las demás salas de decisión del Consejo de
Estado; por ejemplo, la subsección A de la sección segunda, en fallo de tutela de 29 de
octubre de 202020, dejó sin efectos el de 25 de noviembre de 2019 de esta subsección B,
al estimar que como la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión 11001-03-
25-000-2016-00386-00 (1867-2016) fue expedida con fundamento en la de unificación de
4 de agosto de 2010, cuyos lineamientos se mantuvieron vigentes hasta el 28 de agosto
de 2018, «[…] no era exigible una interpretación normativa distinta a la acogida y menos
era viable determinar que la decisión no se acompasaba con una tesis jurisprudencial
que no existía para el momento en que fue proferida».
La anterior providencia fue confirmada el 18 de febrero de 2021 por la sección cuarta21,
que anotó:
[…] lo resuelto en la sentencia de 4 de agosto de 2010, era un criterio válido
y vinculante para el Tribunal Administrativo del Cesar, al momento de proferir
la sentencia, como efectivamente lo hizo.
En segundo lugar, el 7 de mayo de 2013, la Corte Constitucional profirió la
sentencia C-258 de 2013, […] expedida de forma previa al fallo de 2 de
diciembre de 2014 expedido por el Tribunal Administrativo del Cesar,
empero, conviene precisar que la regla aludida no era aplicable a dicho
asunto, porque derivó del examen de constitucionalidad del artículo 17 de la
Ley 4 de 1992, que regula las pensiones de los congresistas. Y ese no es
precisamente el caso del señor Darío Villegas Jaramillo, que prestó sus
servicios al ICA.
En tercer lugar, si bien en la sentencia SU-230 de 2015, la Corte
Constitucional consideró que el ingreso base de liquidación no es un
elemento del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, dicha decisión fue proferida de forma posterior a la sentencia de 2
de diciembre de 2014. De modo que era imposible para el operador judicial
aplicar lo expuesto en esa decisión […]
En cuarto lugar, en sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado […], adoptó dos
20
Expediente 11001-03-15-000-2020-03272-00.
21
Fallo de 18 de febrero de 2021, C. P. Milton Chaves García, expediente 11001-03-15-000-2020-03272-01.
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Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
subreglas para establecer el IBL de aquellos empleados públicos a quienes
deba reconocerse pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985 por ser
beneficiarios del régimen general de transición en pensiones, en el sentido
que dicho reconocimiento se hace en los términos de la Ley 100 de 1993 y
solo se tienen en cuenta factores sobre los que se hubiera cotizado.
No obstante, respecto a la aplicación de dicha sentencia a los asuntos en los
que ya se hubiesen reconocido o reliquidado pensiones con fundamento en
la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, advirtió
que, en principio, no puede entenderse que fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley […].
Por consiguiente, se observa que las citadas subsección A y sección cuarta también han
acogido la tesis según la cual solo hasta el 28 de agosto de 2018 varió la tesis que adoptó
la sección segunda en 2010, en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en armonía con las sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional; entonces, en virtud de los
principios de seguridad jurídica y prevalencia de los principios fundamentales de la
seguridad social, en el presente caso no es dable aplicar un precedente que no estaba
vigente al momento de la emisión de la providencia acusada.
De conformidad con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto, esta Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la UGPP, por cuanto, las pretensiones van encaminadas a que se observen
derroteros jurisprudenciales que no se encontraban vigentes al momento en que fue
proferida la sentencia objeto de reproche, por lo tanto, dicha decisión se encuentra
ajustada al marco normativo y judicial dispuesto para la época, por lo que no se puede
predicar que la reliquidación de la pensión del señor Tito Alcides Vargas Bernal se haya
obtenido de manera fraudulenta o con desconocimiento del ordenamiento.
Por otra parte, conforme al criterio adoptado por esta Sala en sentencia de 1º de
diciembre de 2016, no se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto, «[…] a
diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria),
donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de
la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma»22 (artículo 188 del CPACA).
22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
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Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
VII. DECISIÓN
En tal virtud, frente al resultado adverso a los intereses de la parte demandante, se tiene
que el derecho de acción fue ejercido en forma legítima y no se observa que haya
empleado maniobras temerarias o dilatorias en la defensa de sus intereses; de igual
modo, la Sala infiere que el recurso extraordinario de revisión fue ejercido con la
posibilidad de que el superior funcional revisara soluciones probables diferentes a las que
arribó el Tribunal de instancia, por lo que no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) en contra de la sentencia del 20 de junio de 2013 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F (en
descongestión), que confirmó de manera parcial la decisión del 29 de junio de 2012 del
Juzgado Trece (13) Administrativo del Circuito de Bogotá que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por el señor Tito Alcides Vargas Bernal, conforme a la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas a la parte recurrente.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente ordinario al
juzgado de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones que
fueren menester.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Demandante: UGPP
Demandado: Tito Alcides Vargas Bernal
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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