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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01177-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01177-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social presentó contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala 2 de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01177-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01177-00 (4053-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Luis Guillermo de Ávila Osorio

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de la pensión con el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Beneficiario de
la Ley 33 de 1985

Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 5 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala 2 de
Decisión que confirmó la decisión emitida el 16 de mayo de 2016 por el Juzgado 8
Oral Administrativo del Circuito de Cartagena, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Luis Guillermo de Ávila Osorio contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp
solicitó la revisión2 de la sentencia proferida el 5 de junio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala 2 de Decisión que confirmó la decisión emitida el 16
de mayo de 2016 por el Juzgado 8 Oral Administrativo del Circuito de Cartagena,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
13001-33-33-008-2015-00200-00 (01), a través de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Luis Guillermo de Ávila Osorio contra
esa entidad, encaminadas a la reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión
de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.

1 En lo que sigue Ugpp.
2 Folios 288 a 297.

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Demandante: Ugpp

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de las sentencias objeto
de revisión; ii) la declaratoria de inexistencia de un derecho adquirido respecto de
la pensión de vejez de Luis Guillermo de Ávila Osorio; y iii) la reliquidación y pago
de la mesada pensional de conformidad con las reglas fijadas por la Corte
Constitucional3, con base en el IBL previsto en el inciso 3 del artículo 36 o el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, y la
tasa de reemplazo del 75% conforme con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 al haber
adquirido el estatus pensional bajo las reglas del régimen de transición creado por
el Sistema General de Pensiones.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luis Guillermo de Ávila Osorio nació el 4 de abril de 1944 y prestó sus servicios
en el Ministerio de Industria y Comercio, del 26 de julio de 1967 al 7 de febrero de
1969; en el municipio de Cartagena, del 13 de enero de 1975 al 1 de diciembre de
1977 y del 1 de febrero de 1979 al 5 de octubre de 1980; en el Ministerio de
Hacienda, del 1 de julio de 1983 al 21 de julio de 1986; y en la Registraduría
Nacional, del 16 de diciembre de 1986 al 3 de abril de 2009.

3.2. Consolidó su estatus pensional, el 4 de abril de 2004.

3.3. Mediante Resolución RDP 14395 del 1 de abril de 2013, la Ugpp le reconoció
una pensión de vejez en cuantía de $3.109.879, efectiva a partir del 4 de abril de
2009, condicionada al retiro del servicio.

3.4. A través de la Resolución RDP 43701 del 20 de septiembre de 2013, la entidad
modificó el acto anterior en lo relacionado con la distribución de cuotas partes.

3.5. Mediante resoluciones RDP 47726 del 11 de octubre de 2013 y RDP 18161 del
10 de junio de 2014, la Ugpp negó la reliquidación de la pensión solicitada por el
actor.

3.6. Contra esta última decisión, el demandando interpuso recurso de apelación, que
fue negado mediante la Resolución RDP 27278 del 5 de septiembre de 2014.

3.7. Con Auto RDP 680 del 28 de enero de 2015, la entidad precisó que la
reliquidación no procedía con la inclusión de todos los factores salariales.

3.8. Contra
las anteriores decisiones Luis Guillermo de Ávila Osorio presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

3.9. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena conoció el
asunto en primera instancia y con fallo del 16 de mayo de 2016 ordenó la
reliquidación de la pensión en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo

3 Providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 del 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017,

SU-395 de 2017, SU-631 de 2017; A326 de 2014 y A229 de 2017.

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Demandante: Ugpp

devengado en el último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales
percibidos en dicho período.

3.10. LaUgpp interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y en
sentencia del 5 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la
decisión, la cual quedó ejecutoriada el 20 de octubre de 2017.

3.11. La entidad dio cumplimiento al fallo a través de la Resolución RDP 034976 del
28 de agosto de 2018 y, en consecuencia, reliquidó la prestación con un IBL
correspondiente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio,
en cuantía de $4.700.771, efectiva a partir del 5 de abril de 2009.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 5 de junio de 20174, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
confirmó la decisión del 16 de mayo de 20165, proferida por el Juzgado Octavo Oral
Administrativo del Circuito de Cartagena que accedió a las pretensiones de la
demanda y que, en tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO- Declarar la NULIDAD de las Resoluciones No. 014395 del 01 de abril de
2013, No. RDP043701, RDP 018161 del 10 de junio de 2014, No. RDP 027278 del 05
de septiembre de 2014 y No. ADP 000680 del 28 de enero de 2015 NOT-76199, por la
cuales Se le negó la reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación al señor LUIS
GUILLERMO DE AVILA OSORIO por no tener en cuenta la totalidad de los factores
salariales durante el año de servicios devengados por el demandante.

SEGUNDO- En consecuencia a lo señalado en el numeral anterior, CONDENESE a la
demandada, a efectuar una nueva liquidación de dicha Pensión, en cuantía equivalente
al 75% del promedio de todo lo devengado por ella en el último año de servicios, con
inclusión de todas las sumas devengadas en dicho periodo por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia, cuales son Salario básico, auxilio de alimentación,
bonificación, prima servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, de acuerdo con
lo expuesto en la parte motiva del presente fallo. Si frente a alguna de estas sumas no
se realizaron descuentos con destino al sistema de seguridad social, la entidad realizará
los descuentos que por ley le correspondía efectuar al trabajador, que no hayan sido
objeto de descuento y que se haya ordenado incluir en el cómputo de la prestación, y los
girará a las entidades destinatarias si hay lugar a ello.

TERCERO- CONDENASE a la Demandada, pagar al demandante las diferencias que
resulten entre la nueva liquidación y las sumas pagadas por Pensión de Jubilación,
según 10 dispuesto en el numeral 30 de la parte Resolutiva de esta sentencia,
ajustándola en los términos del art. 187 del C.P.A.C.A. […].

CUARTO- Sin prescripción, conforme a la parte motiva de la presente providencia.» (sic).

5. Para el efecto el tribunal se pronunció en los siguientes términos:

5.1. Luis Guillermo de Ávila Osorio prestó sus servicios al Estado por más de 40 años
y se desempeñó como delegado del registrador nacional del estado civil, por lo
tanto, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y tenía derecho a que su pensión se liquidara conforme con la
normativa anterior.

4 Samai tribunales, índice 96, documento 84, páginas 21 a 39.
5 Samai tribunales, índice 96, documento 87, páginas 294 a 311.

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Demandante: Ugpp

5.2. La pensión le fue reconocida con aplicación del régimen de transición, en lo
relacionado con la edad y las semanas cotizadas, y el ingreso base de liquidación
se determinó con el promedio de los salarios sobre los cuales realizó cotizaciones
entre el 4 de abril de 1999 y el 3 de abril de 2009. Como adquirió el estatus pensional
el 4 de abril de 2004, cuando se encontraba vigente el Decreto 691 de 1994, los
factores salariales para establecer el ingreso base de cotización (IBL) debían
determinarse conforme con el Decreto 1158 de 1994.

5.3. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, el monto de la pensión debía establecerse conforme con el artículo
1 de la Ley 33 de 1985, esto es, sobre el 75% del promedio de lo devengado durante
el último año de servicio.

5.4. Durante el último año de servicio el demandante percibió asignación básica,
prima mensual, auxilio de alimentación, bonificación por servicios; primas técnica
factor salarial, de servicios, de vacaciones y de navidad, los cuales debían tenerse
en cuenta como factores salariales para efectos de la liquidación pensional, de
acuerdo con las normas aplicables.

5.5. También devengó la remuneración electoral pero no podía incluirse como factor
salarial para la liquidación pensional, porque el Decreto 28 de 1996 que reguló el
otorgamiento de este emolumento previsto en el artículo 12 del Decreto 1434 de
1982 señaló que se recibía por una sola vez cada año electoral, el cual, conforme
con la jurisprudencia del Consejo de Estado no podía tenerse en cuenta para
efectos del reconocimiento pensional, por no constituir una percepción habitual o
permanente.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. La liquidación de la pensión de Luis Guillermo de Ávila Osorio si bien debía
atender el régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985 en cuanto a edad,
tiempo de servicio y monto, en lo relativo al IBL debía regirse por los artículos 36,
inciso 3 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 1158 de 1994, esto es, con el
promedio de lo devengado durante los últimos 10 años y con los factores salariales
expresamente autorizados.

6.2. Al definir la liquidación de la pensión, la decisión objeto de revisión desconoció
el precedente fijado en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016; SU-210, SU-395 y SU-631 de 2017; A326 de 2014, y 229
de 2017; y T-039 de 2018, en las que se precisaron las reglas sobre el régimen de
transición y la determinación del IBL. Lo anterior dio lugar al reconocimiento y pago
de una mesada pensional en cuantía superior a la legalmente debida, y consolidó
una situación jurídica individual en favor de Luis Guillermo de Ávila Osorio, con
detrimento del erario y afectación del interés general, al carecer de sustento
normativo.

6 Folios 254 a 287.

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Demandante: Ugpp

6.3. La sentencia objeto de revisión vulneró el debido proceso al ordenar la
reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de factores salariales no
autorizados y con base en el promedio del último año de servicio, en lugar del
promedio de los últimos 10 años. Esta decisión dio lugar al reconocimiento de una
prestación en cuantía superior a la legalmente debida, afectó el erario y configuró
un abuso del derecho.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Olga Shirley Fuentes Mindiola, quien fue reconocida como sucesora procesal
mediante auto del 4 de marzo de 20247 ante el fallecimiento del demandado, no
emitió pronunciamiento8.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador delegado ante esta Corporación no emitió concepto9.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA10.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.3. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

7 Samai, índice 52.
8 Según se deprende de la constancia secretarial del 16 de julio de 2025. Índice 87 de Samai. La

notificación se surtió el 31 de octubre de 2024, entre otros, al correo fuentesol25@hotmail.com como
se evidencia de las constancias que obran en el índice 67 de Samai.
9 Conforme se evidencia en la constancia secretarial a índice 67 de Samai.
10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias

ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

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12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 20 de
octubre de 201712 y la presente acción fue radicada el 26 de julio de 201813, lo que
permite concluir que su presentación fue oportuna.

2.4. Los problemas jurídicos

13. Se circunscribe a establecer ¿si la sentencia que puso fin al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho adelantado por Luis Guillermo de Ávila Osorio contra
la Ugpp se expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está
inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003?; y ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se
configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.5. Marco normativo

2.5.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 14 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen15.

17. Respecto de la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.

18. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas

12 En la medida que fue notificada el 17 de octubre de 2017. Samai tribunales, índice 96, documento

84, página 41.
13 Folios 288 a 297.
14 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
15 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

19. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes16:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

20. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»17.

16 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01177-00 (4053-2018)
Demandante: Ugpp

21. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 18 han admitido
expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

22. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»19.

2.5.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985

23. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.

24. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».

25. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01177-00 (4053-2018)
Demandante: Ugpp

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].

26. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.

27. En línea con lo expuesto, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto
Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación acudió a las disposiciones contenidas en la Ley 6a
de 194520, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a
las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar
también el régimen anterior, porque resulta más favorable»21; este último exigía 55 años
de edad «si es varón, o 50 si es mujer»22.

28. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 23, esta corporación24
señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicaría el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es del orden territorial se acudiría a la Ley 6 a de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194525 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a
los servidores públicos del nivel territorial […].

[…]

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación
que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55
años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró
un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de
su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado

25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
22 Artículo 27.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado

47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
25 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01177-00 (4053-2018)
Demandante: Ugpp

continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre
edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que
para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de
1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» [Se resalta].

29. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tener en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200926 y del 16 de diciembre de 200927, en las que se indicó lo
siguiente:

«El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en
que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]

Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]

Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto
en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» [Se resalta].

30. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios»28.

2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-

000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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Demandante: Ugpp

31. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201829 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

32. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».

33. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

34. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

29 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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Demandante: Ugpp

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».

35. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».

36. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

37. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

38. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio30 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

39. Este criterio jurisprudencial no permite, por sí solo, reabrir asuntos definidos
mediante providencias que hicieron tránsito a cosa juzgada. Lo anterior, sin perjuicio

30 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».

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de la procedencia excepcional de la acción especial de revisión respecto de tales
decisiones, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en los términos expuestos en
precedencia.

2.6. Caso concreto

40. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente.

41. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la vulneración
a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.

42. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión31 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes 3 elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente; ii) (e)l
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

43. Se advierte que los argumentos de la recurrente se dirigen a cuestionar los
factores considerados al liquidar la prestación y el periodo a tener en cuenta, sin
hacer manifestación alguna en relación con la vulneración de los elementos que
componen el derecho fundamental al debido proceso; por lo tanto, el examen del
recurso se debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

44. Ahora bien, en relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables», la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala 2 de Decisión profirió la decisión objeto de revisión,
el criterio que acogía el Consejo de Estado en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 era el
expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 201032, según la cual, la expresión
«monto», contenida en el artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe
el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus
servicios, independientemente de la denominación que se les dé».

45. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen

31 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00, MP. Alberto Yepes Barreiro.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado

25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09), MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de
las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

46. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia proferida el 5 de junio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala 2 de Decisión no fue caprichosa y por el contrario
respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo
de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso-administrativo y órgano de
cierre de la jurisdicción.

47. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
201033, la cual señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir
a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los
aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en especial, cuando
ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.

48. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es claro que
para la época en que se expidió la sentencia recurrida [5 de junio de 2017], la
posición era que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse
teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración
de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el principio de la
inescindibilidad de la norma.

49. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala 2 de Decisión, confirmó
la decisión de primera instancia emitida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que ordenó reliquidar la pensión de jubilación de Luis
Guillermo de Ávila Osorio con la inclusión de la asignación básica, el auxilio de
alimentación, la bonificación por servicios prestados y las primas de servicios, de
navidad y de vacaciones.

50. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo particular
dispuso:

«[E]n sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de fecha 4 de
agosto de 2010 […] se concluyó que la lista de los factores salariales incluida en el artículo
3º de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985, no es taxativa, puesto que una
Interpretación taxativa de la norma constituye una regresividad en los derechos sociales de
los ciudadanos y vulnera los principios de progresividad, igualdad y de primacía de la
realidad sobre las formalidades.

Razón por la cual, se deben incluir todos los factores que constituyan salario, es decir,
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como

33 Con radicado 25000232500020060750901 (0112-2009).

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contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se
les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales
y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, Incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo
para señalar algunos factores de salario, tal como lo indicó en aquella oportunidad el
máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

[…] en lo relacionado con los factores salariales devengados por la parte activa en el último
año de servicios, se encuentra acreditado por la Gobernación de Córdoba el certificado N°
0698 que reposa a fl. 17 y 18 del plenario, que el Sr. Julio Jerónimo Rangel Martínez durante
el último año de servicio comprendido entre el 29 de marzo de 1998 y el 29 de marzo de
1999; además, en el mismo certificado se encuentran probados cuales fueron los
emolumentos devengados durante el último año de servicios.

Motivo por el que resulta pertinente que tal como lo realizó el A- quo, se decrete la nulidad
parcial de los actos administrativos impugnados, […] y se ordene a la UGPP reliquidar la
pensión del actor con la inclusión de los factores devengados durante el último año de
servicios, que de conformidad con la ley y la jurisprudencia citadas se deban tener en
cuenta para el cómputo de la pensión.

Así mismo, cabe recalcar que en el sub lite corresponde darle aplicación en su integridad
al régimen establecido en la Ley 33 de 1985, por lo que la liquidación de la pensión debe
efectuarse conforme los factores enlistados en el artículo 3º de dicha ley y la consecuente
Ley 62 de 1985, listado que […] no es taxativo y por lo tanto, se debe tener en cuenta para
efectos de la reliquidación pensional aquellas partidas que comporten una contraprestación
directa por sus servicios y siempre que se reciban habitualmente, para el caso además de
la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima
de navidad, prima anual de servicio y prima de alimentación anual.

[…] en tratándose de la prima de navidad y de la prima de vacaciones, deben ser tenidas
en cuenta pese a no encontrarse concebidas como factor salarial, por el principio de no
regresividad en materia laboral desarrollado por la Jurisprudencia de marras, ya que en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior a la Ley 33 de 1985, venla enlistado
como factor de salario, para efectos de reconocer y pagar las pensiones de los empleados
públicos y trabajadores oficiales.

Así las cosas […] es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante
Sr. Julio Jerónimo Rangel Martínez con base en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, esto es,
con el salario promedio devengado durante el último año de servicios comprendido entre el
29 de marzo de 1998 y el 29 de marzo de 1999. Con base en lo dispuesto en la Ley 33 de
1985».

51. Ahora, se encuentra que en el expediente administrativo obra certificación del
31 de diciembre de 201234, expedida por el Grupo de Salarios y Prestaciones de la
Gerencia de Talento Humano de la Registraduría Nacional de Estado Civil, en la
que consta que Luis Guillermo de Ávila Osorio percibió durante el último año de
servicio asignación básica, prima mensual, auxilio de alimentación, bonificación por
servicios; prima técnica factor salarial, de servicios, de vacaciones y de navidad.

52. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el tribunal de instancia
aplicó el criterio jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado, máximo
órgano de lo contencioso - administrativo, luego de considerar la obligatoriedad del
precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos allí contenidos que
se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad material, primacía
de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y favorabilidad en
materia de derechos laborales. Por tanto, no se advierte una actuación caprichosa,

34 Samai tribunales, índice 96, documento 87, páginas 118 a 120.

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arbitraria o contraria a derecho; en contraste, está razonablemente sustentada y
fundamentada.

53. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:

53.1. Por medio de la Resolución RDP 14395 del 1 de abril de 2013, la Ugpp le
reconoció a Luis Guillermo de Ávila Osorio una pensión de vejez en cuantía de
$3.109.879 efectiva a partir del 4 de abril de 2009, equivalente al 81.67% del
promedio de lo devengado entre el 4 de abril de 1999 y el 3 de abril de 2009,
condicionada al retiro del servicio35. Al efecto tuvo en consideración que aquel había
acreditado 1617 semanas, que tenía 68 años de edad y que el último cargo
desempeñado era el de delegado del registrador nacional del estado civil. Para la
liquidación de la prestación tuvo en cuenta el promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales cotizó entre el 4 de abril de 1999 y el 3 de abril de 2009, de manera que
incluyó: asignación básica, bonificación por servicios prestados, y prima técnica.

53.2. Mediante la Resolución RDP 47726 del 11 de octubre de 2013 la Ugpp negó la
reliquidación de la pensión con la inclusión de los factores salariales percibidos
durante el último año de servicio. Lo anterior, con fundamento en que el estatus
jurídico de pensionado lo adquirió en vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que
dicha prestación se regía por el tiempo de servicio y monto que estableció el artículo
21 ejusdem, así que la liquidación se debía efectuar con los factores salariales
previstos en el Decreto 1158 de 199436.

53.3. Con Resolución RDP 18161 del 10 de junio de 2014 confirmó la decisión
anterior. En consecuencia, aplicó las reglas vigentes (artículo 36 de la Ley de 1993)
para la fecha de adquisición del estatus pensional, esto es, el 4 de abril de 2004,
por lo que tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley 797 de 2003 en cuanto a los
requisitos y monto de la prestación y, en lo relativo al IBL, lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994, con la
inclusión de los factores salariales allí previstos37.

53.4. En cumplimiento de la sentencia proferida el 5 de junio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala 2 de Decisión, mediante Resolución RDP 034976
del 28 de agosto de 201838 la Ugpp reliquidó la pensión de vejez de Luis Guillermo
de Ávila Osorio. Al efecto tuvo en cuenta los siguientes factores percibidos entre los
años 2008 y 2009: asignación básica, auxilio de alimentación, bonificación por
servicios prestados; primas de navidad, de vacaciones, de servicios, y técnica; e
indicó que había tenido en consideración el certificado de salarios devengados mes
a mes No. 117, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 27 de
febrero de 2018.

53.5. En el artículo noveno dispuso «[d]escontar de las mesadas atrasadas a las que tiene
derecho el(a) señor(a) DE AVILA OSORIO LUIS GUILLERMO, la suma de CIENTO
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO pesos ($ 104,368,488.00 m/cte) por concepto de aportes para pensión

35 Folios 118 a 120.
36 Folios 126 y 127.
37 Folios 123 a 125.
38 Samai tribunales, índice 96, documento 84, páginas 67 a 75

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de factores de salario no efectuados. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se
determine que el pensionado adeuda valores adicionales o superiores por el referido
concepto, o se establezca que los aportes inicialmente descontados deben ser objeto de la
aplicación de algún tipo de actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se proceda
a adelantar su cobro, para lo cual se deberá enviar una copia de la presente resolución al
área competente. Igualmente, la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en
deducir los valores previamente ordenados y descontados en actos administrativos
anteriores por el mismo concepto».

54. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Administrativo de Bolívar, sobre la pensión de vejez reconocida a Luis Guillermo de
Ávila Osorio, no evidencia un incremento desproporcionado o que no guarde
relación con su trayectoria laboral.

55. Por otra parte, también se acreditó que el demandado percibió, durante el último
año de servicio, los factores salariales ordenados por las sentencias censuradas.
En consecuencia, la liquidación de su pensión no excedió lo debido de acuerdo con
la ley, pues se demostró que i) era beneficiario del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años de edad y más de 15 años de labores;
ii) completó más de 20 años de servicios; y iii) durante el último año percibió los
factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la pensión.

56. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues « (n)o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

57. La Sala concluye que la sentencia del 5 de junio 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar no incurrió en las causales de revisión previstas en los
literales a) y b) de la Ley 797 de 2003, por lo que se declarará infundada la acción
de revisión interpuesta por la Ugpp.

2.7. Costas

58. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

3. Conclusión

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es las señaladas en los literales a) y

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b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, razón por la cual se declarará infundada la
acción de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social presentó contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2017 por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala 2 de Decisión, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
FNM

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