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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01208-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01208-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual, revocó íntegramente la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, del veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado n.° 73001333300520140020100, instaurado por el señor Alfonso Devia Cifuentes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01208-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01208-00 (4178-2018)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP
Demandado: Alfonso Devia Cifuentes
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, del veintiséis (26) de
agosto de dos mil dieciséis (2016), en el marco de
las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social -
UGPP, contra la sentencia del veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis
(2016), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual,
revocó íntegramente la decisión del Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué, proferida el veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016),
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el n.° 73001333300520140020100, instaurado por el señor Alfonso Devia
Cifuentes, contra la ahora accionante.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de revisión2.

1
Expediente físico.
2
Expediente físico, folio 3 y s.s.

2

Número Interno: 4178-2018
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

1. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, formuló acción de revisión, al amparo de los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito que se revoque
la sentencia proferida el veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016),
por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual, accedió a las
pretensiones de la demanda instaurada por el señor Alfonso Devia Cifuentes
y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación, con el
75 % del promedio de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo
la prima de servicios, vacaciones y de navidad.

2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicitó declarar
que, el demandado, en cuanto a la liquidación pensional, no es acreedor de
un derecho adquirido y, por lo tanto, se disponga la reliquidación pensional,
conforme a las sentencias de la Corte Constitucional C-168 de 1995, C – 258
de 2013, SU – 230 de 2015, SU 427 de 2016, SU 210 de 2017, SU 395 de
2017, y SU 631 de 2017, adoptando como ingreso base de liquidación, el
artículo 36 o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores base de cotización
determinados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994, y fijando como
monto o tasa de reemplazo, el 75 % dispuesto en la Ley 33 de 1985.

3. Adicionalmente, solicitó como pretensión subsidiaria la exclusión de la
bonificación por recreación, rubro que no constituye factor de salario.

4. Como sustento de sus pretensiones, la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP, adujo que el señor
Alfonso Devia Cifuentes, es beneficiario del régimen de transición establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, al primero (01) de abril de
mil novecientos noventa y cuatro (1994), contaba con más de cuarenta (40)
años de edad, lo que le permite dar aplicación a la normativa anterior, esto es,
la Ley 33 de 1985, respetando las condiciones de edad, tiempo y monto o tasa
de reemplazo (75%), pero, en cuanto al cálculo del ingreso base de liquidación,
corresponde al establecido en el inciso tercero del artículo 36 y/o 21 de la Ley
100 de 1993, esto es, con el promedio de lo percibido durante los últimos diez
(10) años de servicios, y la inclusión estricta de los factores salariales
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

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Número Interno: 4178-2018
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

1.2 Sentencia objeto de revisión.

5. A través de la sentencia del veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis
(2016)3, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con Rad. n.° 7300133330520140020102,
revocó la sentencia del veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016)4,
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué,
mediante la cual, negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor
Alfonso Devia Cifuentes contra la UGPP.

6. Al respecto, en la sentencia de segunda instancia se resolvió lo siguiente:

(…) REVOCASE la sentencia apelada, proferida el 20 de abril del año en curso por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, en su lugar se dispone:

PRIMERO: ANULANSE las resoluciones No. RPD 28048 del 20 de Junio de 2013 y
RPD 36904 del 12 de agosto de 2013. Proferidas por la Subdirectora de Determinación
de Derechos Pensiónales, de la Unidad Administrativa Especial de la Protección
Social, por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez del
accionante.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENASE (SIC) a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP- a
reliquidar y pagar la pensión de jubilación de la (sic) accionante en las condiciones
señaladas en la parte motiva de esta providencia, con la inclusión en el IBL de las
primas de servicios, de vacaciones y de navidad en una doceava (1/12) parte.

Las sumas liquidadas serán indexadas en las condiciones señaladas en la parte
motiva de esta sentencia.

TERCERO: La entidad accionada está facultada para efectuar los correspondientes
descuentos debidamente indexados en caso de no haberse realizado los respectivos
aportes sobre los aportes salariales que aquí se reconocen.

CUARTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos
señalados en el artículo 192 del CPACA.

QUINTO: CONDÉNAR (SIC) en costas de segunda instancia a la parte accionada,
liquídense por Secretaría del Juzgado de origen.

7. El Tribunal indicó que, el señor Devia Cifuentes era beneficiario del régimen
de transición, porque a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía
más de cuarenta (40) años de edad, pues, nació el siete (07) de enero de mil
novecientos cincuenta y cuatro (1954).

3
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) NroActua 59, folio 147.
4
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) NroActua 59, folio 137.

4

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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

8. Consideró que, los factores salariales corresponden a todas las sumas
percibidas de manera habitual y periódica, como retribución directa de sus
servicios, independientemente de la denominación que se les otorgue,
devengadas en el último año de servicios, de acuerdo con la sentencia del
cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), proferida por el Consejo de Estado.

9. Concluyó que, era evidente que las primas de servicios, de vacaciones y de
navidad devengados por el señor Alfonso Devia Cifuentes, constituyen factor
salarial, por lo que son computables en la liquidación de la pensión en la
doceava parte (1/12).

1.3 Causales de revisión invocadas.

10. La entidad accionante invocó las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto
de revisión reconoció una prestación periódica con vulneración del debido
proceso y, además, en una cuantía superior a la legalmente debida.

11. Consideró que, se transgrede el debido proceso, porque la reliquidación
de la pensión, en los términos dispuestos, no se ajusta a derecho y lo
procedente era dar correcta interpretación a los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993, en cuanto al cálculo del Ingreso Base de Liquidación de la pensión
de vejez reconocida.

12. Respecto a los factores salariales, expresó que, al no corresponder a los
establecidos en el Decreto 1158 de 1994, las providencias cuestionadas
trasgreden los principios consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123,
inciso 2, y 124 de la Constitución Política, constituyendo un defecto sustantivo,
al anteponer el interés particular sobre el general, comprometiendo recursos
públicos con una causa ilegítima, lo que podría implicar para los funcionarios
judiciales que permitieron tal situación, investigaciones disciplinarias, fiscales
y penales.

13. Añadió que, el reconocimiento pensional, con inclusión de la totalidad de
factores salariales devengados, compromete la sostenibilidad financiera del
sistema pensional, el cual, goza de protección constitucional, conforme al

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artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de
2005.

14. Adicionalmente, sostuvo que la providencia cuestionada efectuó una
interpretación errónea del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, porque los factores
salariales para tener en cuenta en la liquidación de los últimos diez (10) años
de servicios, son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

15. Señaló que, el Tribunal se apartó de lo establecido en la norma y la
jurisprudencia, accediendo a la reliquidación conforme a una interpretación
errada, lo que, a su juicio, constituye una vulneración al debido proceso.

16. De otra parte, en cuanto a la causal relacionada con el reconocimiento en
exceso, adujo que, la sentencia cuestionada accedió a la reliquidación de la
pensión de vejez, en contravía a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993; porque al estar en transición, el señor Devia Cifuentes tenía derecho
a la aplicación de la Ley 33 de 1985, en cuanto a la edad, tiempo y tasa de
reemplazo del 75 %, pero el Ingreso Base de Liquidación, debía regirse por la
Ley 100 de 1993, esto es, por los últimos diez (10) años, o el tiempo que le
hiciera falta para adquirir el derecho pensional.

17. Consideró que, aplicar la norma derogada para las pensiones gobernadas
por el régimen de transición, sería tanto como aplicar el principio de
reviviscencia de la ley derogada, que fue reemplazada por la Ley 100 de 1993.

18. Concluyó que, la interpretación adoptada por la corporación judicial, en
realidad contraviene postulados de rango constitucional, conduciendo a
resultados desproporcionados, porque viola los criterios de sostenibilidad
financiera del sistema pensional.

19. Precisó que, la reliquidación pensional se otorgó contrariando el
precedente fijado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado, que han establecido una línea jurisprudencial exacta y
ajustada a la Constitución Política, interpretando los parámetros legales sobre
los cuales deben ser reconocidas las pensiones sujetas al régimen de
transición; defendiendo el interés público, con prevalencia de los principios de

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moralidad pública, del interés general y el respeto del debido proceso, con el
objeto de evitar el otorgamiento de subsidios a través de reliquidaciones
pensionales, en detrimento de los demás ciudadanos.

20. Enfatizó que, la liquidación de la mesada con la inclusión del 75 % del
promedio de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, comporta una afectación grave a la sostenibilidad financiera del
sistema, puesto que, se incrementa su valor en un 21.98 %, de manera
injustificada.

21. Finalmente, adujo la configuración de un abuso del derecho, ante la
equivocada interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y el
desconocimiento de los precedentes vinculantes de la Corte Constitucional,
respecto de la forma de liquidar el IBL, que dan cuenta del reconocimiento
prestacional irregular, por lo que las decisiones judiciales no pueden
mantenerse incólumes.

2. Contestación de la demanda de revisión.

22. Mediante el auto del seis (06) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)5,
el despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión y, en
aplicación del artículo 6º, inciso 6º, de la Ley 2213 de 2022, ordenó las
notificaciones de rigor. La providencia fue notificada el cuatro (04) de marzo
de dos mil veinticinco (2025)6, mediante curador ad litem y, en el término de
traslado, la parte demandada se pronunció de forma extemporánea7, conforme
la constancia que reposa en el auto de pruebas, proferido el diecinueve (19)
de junio de dos mil veintiséis (2026)8.

23. El Ministerio público no se pronunció al respecto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

5
Expediente físico, folio 185 a 187.
6
Samai, índice 000048.
7
Samai, índice 00049.
8
Samai, índice 00053.

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24. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA9 y 20 de la Ley 797
de 200310, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de
esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)11.

2.2 Oportunidad.

25. A efectos de establecer la oportunidad de la acción especial de revisión,
se tiene que, la sentencia objeto de revisión, fue proferida por el por el Tribunal
Administrativo del Tolima, el veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis
(2016), y notificada por correo electrónico, el treinta y uno (31) del mismo mes
y año12, cobrando ejecutoria el cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016)13, de tal suerte que, al ser presentada la demanda el veintidós (22) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), se efectuó dentro de los términos
dispuestos para tal fin, en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.

2.3 Problema jurídico.

26. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el veintiséis
(26) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual, revocó
íntegramente la decisión absolutoria adoptada por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, proferida el veinte (20) de abril de
dos mil dieciséis (2016), está incursa en las causales de revisión consagradas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

9
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
10
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
11
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
12
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) Nro Actua 59, folio 148.
13
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) Nro Actua 59, folio 152 vuelto.

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27. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción
especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

28. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

29. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material14 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido
que: «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 15.

30. Por lo tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar
y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso

14
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.

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de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto
de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia.

31. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues
ello, desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos
extraordinarios16.

32. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio
de la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como
lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia
del cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 17 […] pues esta
acción especial “tiene un carácter sui generis 18, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia 19», tal como el análisis que sobre su
configuración realiza el juez de esta acción20.

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de
febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
17
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión
que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una
acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad.
11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad.
11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de
la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se
indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.
19
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad
propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA]
sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Número Interno: 4178-2018
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Protección Social - UGPP
Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.

33. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos,
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su
competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso.

34. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado21:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar
la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista
en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o
judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in ídem.»

35. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión,
esta Sección ha sostenido que, «es necesario que se exponga la vulneración del
derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 22 y «la

21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de
febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-
25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre
los cuales estructura su petición»23.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas
de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

36. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir,

cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente procedente.

37. Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la
recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la
Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C – 258 de 2013, SU –
230 de 2015, SU 427 de 2016, SU 210 de 2017, SU 395 de 2017, SU 631 de
2017, T-039 de 2018, SU 023 de 2018, y la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018),
a partir de las cuales, se advierte que, el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues,
aquel no hace parte de los beneficios que éste otorga.

38. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a
la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la
controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables
y la sentencia revisada, sino que, impone un análisis más detallado y
cuidadoso. En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión
de jubilación, por parte de los servidores públicos, se encontraban contenidas
en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que, todo «empleado oficial» que
acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al
reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio».

23
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

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Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

39. Así, aunque la Ley 100 de 1993, supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar
una pensión, el Legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de
transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en
cuestión24, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto
de la pensión, a efectos de proteger las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse.

40. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo
por el cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de
unificación proferida el cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010)25, acogió
el principio de inescindibilidad, conforme al cual, dispuso que a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser
aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento
en que esta entró a regir, y concluyó que: «(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios».

41. Tal interpretación permaneció invariable, hasta la expedición de la
sentencia SU-230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el
sentido de su jurisprudencia, referente al inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso base de liquidación no es un
elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal
razón, dichas pensiones deben ser liquidadas, calculando el porcentaje

24
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y
cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de
la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años,
para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
25
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.

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previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de
liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

42. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa, que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del
veintiocho (28) de agosto de 201826, en la cual, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los
siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones […]».

43. En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia vigente de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que, el ingreso base de liquidación
no es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100
de 1993, también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura que,

26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y
tribunales administrativos del país, a la hora de proferir sus decisiones.

44. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de
clarificar la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron
los efectos de la decisión de la siguiente manera:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada […]».

45. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que,
en el marco de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, se acusa una determinada providencia judicial de ordenar la
liquidación de una pensión en una cuantía que excede lo que legalmente
corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta Corporación, es
factible compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 2018 27 no configura, por sí solo, infracción de las normas
pensionales que fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 28 en las que se hubiere
preferido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación

27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230
de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el
reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

46. Bajo ese entendimiento, el análisis en sede de revisión, no se agota en la
verificación de la postura jurisprudencial aplicada en la sentencia cuestionada,
sino que, exige constatar en cada caso concreto, si la liquidación pensional
reconocida desbordó los parámetros legales, de manera tal, que configure un
reconocimiento indebido de la prestación en cuantía superior a la permitida por
el ordenamiento jurídico.

47. Así las cosas, en atención al derrotero jurisprudencial citado en torno al
régimen de transición, se procede a resolver el asunto objeto de revisión.

2.5 Caso concreto.

48. Antes de descender al asunto sub examine, para lo que nos interesa, se
precisa que el señor Devia Cifuentes se desempeñó como auxiliar
administrativo grado ocho (08), en la institución educativa Simón Bolivar de
Ibagué, y nació el siete (07) de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro
(1954), por lo que estaba en régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Ahora, en lo que respecta a la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, relacionada con la presunta vulneración del debido
proceso, la Sala observa que, los argumentos de la entidad recurrente, se
dirigen esencialmente a cuestionar la interpretación normativa y jurisprudencial
acogida por los jueces de instancia, en torno al alcance del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, particularmente,
frente a la forma de determinar el ingreso base de liquidación.

49. No obstante, tal circunstancia no resulta suficiente para estructurar la
causal de revisión invocada, toda vez que, la acción especial de revisión no
constituye una instancia adicional, orientada a reabrir el debate jurídico

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resuelto en el proceso ordinario, ni habilita al juez extraordinario para sustituir
el criterio interpretativo adoptado por los jueces naturales del asunto, salvo
que, se evidencie una afectación real y concreta de las garantías que integran
el debido proceso.

50. La Sala no advierte que, en el trámite del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, se hubiese configurado una irregularidad
procesal sustancial, relacionada con la competencia del juez natural, la
pretermisión de etapas esenciales del proceso o la vulneración de los
derechos de defensa, contradicción y audiencia de la entidad demandada; por
el contrario, se evidencia que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
ejerció plenamente su derecho de contradicción29, formuló excepciones,
participó en la audiencia inicial30, y en las distintas etapas procesales.

51. Así las cosas, la controversia planteada por la entidad accionante, se
circunscribe a una discrepancia hermenéutica sobre el alcance del régimen de
transición y la determinación del ingreso base de liquidación, aspecto que
corresponde a un debate de legalidad sustancial y no a la configuración de un
defecto procesal constitutivo de violación del debido proceso, motivo por el
cual, la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no
está llamada a prosperar.

52. Precisado lo anterior, corresponde analizar la causal prevista en el literal
b) de la citada disposición, relativa a si la cuantía del derecho reconocido
excedió lo debido conforme a la ley.

53. Sobre el particular, la Sala reitera la subregla jurisprudencial previamente
expuesta, conforme a la cual, las sentencias proferidas con anterioridad a la
providencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), que hubiesen aplicado la tesis acogida por el Consejo de Estado en la
sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), no contravienen, por
ese solo hecho, el ordenamiento jurídico aplicable en materia pensional.

29
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) Nro Actua 59, folio 82.
30
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) Nro Actua 59, folio 99.

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54. En el presente asunto, se observa que, la providencia objeto de revisión,
proferida en el año dos mil dieciséis (2016), fue dictada en vigencia de la línea
jurisprudencial consolidada por esta Corporación, según la cual, para los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, resultaba procedente aplicar integralmente el régimen anterior,
incluyendo la forma de determinar el ingreso base de liquidación y la inclusión
de aquellos factores salariales percibidos de manera habitual y periódica
durante el último año de servicios.

55. En efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que, el señor
Alfonso Devia Cifuentes, era beneficiario del régimen de transición, toda vez
que, para el primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
contaba con más de cuarenta (40) años de edad, razón por la cual, le
resultaban aplicables «los factores enlistados en el Decreto 1045 de 1978».

56. El Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver el recurso de apelación,
reiteró expresamente que, la interpretación acogida en la sentencia de
unificación del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), constituía el
precedente vertical aplicable para la época y, en consecuencia, concluyó que,
«Así las cosas y en relación con los factores salariales devengados por el accionante, se
advierte, de conformidad con la certificación de salarios expedida por el municipio de Ibagué,
que el actor percibió durante el tiempo comprendido entre los años 2008-2009 los siguientes
factores salariales: sueldo básico, las horas extras, la bonificación por servicios prestados, la
prima de antigüedad (...) omitiendo incluir (...) otros factores salariales percibidos en el último
año de servicios, concretamente la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima
de navidad».

57. Bajo ese entendimiento, la decisión cuestionada no se apartó
arbitrariamente del ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, se ajustó
al precedente jurisprudencial vigente y obligatorio para el momento en que fue
proferida, circunstancia que, impide afirmar que, por ese solo hecho, se
hubiese reconocido una prestación pensional contraria a derecho.

58. Ahora bien, conforme se precisó en el acápite precedente, no basta con
constatar la aplicación de una determinada postura jurisprudencial, sino que,

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Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

corresponde verificar si, en el caso concreto, la reliquidación ordenada
comportó un reconocimiento pensional excesivo, constitutivo de abuso del
derecho o fraude a la ley. Sobre este punto, la Sala reitera que, «la acción de
revisión se erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el interés de la
colectividad por encima del particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones
reconocidas en exceso […]»31 .

59. En el asunto objeto de estudio, la Sala advierte que, el Tribunal
Administrativo del Tolima, lejos de ordenar una inclusión indiscriminada de
factores salariales, efectuó un análisis detallado de cada uno de los conceptos
devengados por el demandante, durante el último año de servicios, esto es,
entre el primero (01) de febrero de dos mil ocho (2008), y el primero (01) de
febrero dos mil nueve (2009), como se prueba en el certificado laboral
expedido por la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué. 32 Para ello
tuvo en cuenta la asignación básica, la prima de antigüedad, la prima técnica
por evaluación, recargo nocturno ordinario, hora extra nocturna administrativa,
prima de servicios, vacaciones, prima vacaciones, y prima de navidad y,
concluyó que «el accionante tiene derecho a que su pensión se reliquide con la inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. En ese orden de
ideas y descendiendo al sub-lite, es evidente que las primas de servicios, de vacaciones y de
navidad devengados por el accionante y certificados por el municipio de Ibagué, constituyen
factor salarial (…) son computables en la liquidación de la pensión del demandante en una
doceava (1/12) parte»33.

60. Es de aclarar que, la sentencia de segunda instancia no mencionó nada
respecto a la bonificación por recreación, por lo que no hay lugar a emitir
pronunciamiento alguno sobre el particular, a pesar de haberse mencionado
este reparo por la entidad accionante.

61. Así las cosas, el Tribunal limitó la reliquidación pensional a la inclusión del
sueldo básico, y las doceavas partes de la bonificación por servicios prestados,
prima de navidad, prima de vacaciones y prima de servicios, factores que,
conforme al criterio jurisprudencial vigente para la época, sí podían integrar la
base de liquidación pensional.

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-
000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
32
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) NroActua 59, folio 38 a 40.
33
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) NroActua 59, folio 145.

19

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Protección Social - UGPP
Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

62. Tal circunstancia pone en evidencia que, la reliquidación ordenada en sede
judicial, no obedeció a un reconocimiento arbitrario o caprichoso de dichos
emolumentos, sino, al resultado de un ejercicio argumentativo y probatorio34,
encaminado a identificar aquellos conceptos salariales que, conforme al
precedente aplicable al momento de la decisión, podían integrar el ingreso
base de liquidación de la prestación.

63. La reliquidación pensional ordenada en sede judicial, fue materializada en
la Resolución RDP 047575 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP35, mediante la
cual, la entidad reliquidó la pensión de jubilación del señor Alfonso Devia
Cifuentes, con fundamento en el 75 % del promedio mensual, de los salarios
devengados durante el último año de servicios, incluyendo la asignación
básica y las doceavas partes de la prima de navidad, prima de vacaciones,
bonificación por servicios prestados y prima de servicios, conforme a lo
ordenado por el Tribunal administrativo del Tolima.

64. Así las cosas, la resolución de cumplimiento, determinó que la mesada
pensional ascendió a un millón novecientos ochenta y tres novecientos treinta
y ocho ($1.983.938), con efectos fiscales a partir del dos (02) de febrero del
dos mil nueve (2009)36.

65. La Sala no advierte que, la cuantía reconocida al señor Alfonso Devia
Cifuentes, resulte ostensiblemente desproporcionada, exorbitante o ajena a su
certificación salarial, pues, la prestación fue calculada con fundamento en
factores efectivamente devengados durante el último año de servicios,
expedida por la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué,

66. En esa medida, la Sala no encuentra acreditado que, la reliquidación
pensional reconocida en las providencias objeto de revisión, hubiese

34
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) NroActua 59, folio 20 a 23.
35
Samai, índice 00059, 51RECIBEMEMORIAL_73001333300520140020(.zip) NroActua 59, folio 168.
36
Expediente físico, folio 159.

20

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Protección Social - UGPP
Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

configurado un abuso del derecho o un fraude a la ley, ni que hubiese
generado un privilegio manifiestamente injustificado, en detrimento del erario.

67. Entonces, la sentencia cuestionada, fue proferida en armonía con el marco
normativo y jurisprudencial vigente para la época y que, la cuantía pensional
reconocida al señor Alfonso Devia Cifuentes, no excedió lo debido conforme a
la ley, razón por la cual, no se configura la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

68. En consecuencia, al no acreditarse la configuración de las causales
invocadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, se impone negar
las pretensiones de la presente acción especial de revisión.

2.6 Conclusión.

69. La Sala concluye que, la sentencia cuya revisión se pretende, no reconoció
una prestación periódica en cuantía superior a la legalmente debida, toda vez
que, la reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo del Tolima, se
sustentó en el régimen pensional que consideró aplicable al señor Alfonso
Devia Cifuentes y en la inclusión de factores salariales previstos en el artículo
45 del Decreto Ley 1045 de 1978. Entonces, no se configura por sí misma, la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, conforme
al precedente de esta Subsección. En consecuencia, al no encontrarse
acreditado un exceso objetivo en la cuantía del derecho reconocido, la acción
especial de revisión no está llamada a prosperar.

2.7. Condena en costas.

70. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre
la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual, releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

21

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Demandado: Alfonso Devia Cifuentes

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión,
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, contra la sentencia
proferida el veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual, revocó íntegramente la sentencia
del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, del veinte (20)
de abril de dos mil dieciséis (2016), dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado n.° 73001333300520140020100,
instaurado por el señor Alfonso Devia Cifuentes, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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