Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01210-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01210-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01210-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
12 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01210-00 (4180-2018)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01210-00 (4180-2018)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: CELINA GARCÍA GUTIÉRREZ
Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Ingreso base de liquidación régimen de transición de la Ley 100
de 1993.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-027-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
en adelante UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 24 de octubre de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que
confirmó la sentencia del 23 de junio de 2016 emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Montería, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Celina García Gutiérrez, en su
contra.
ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La señora Celina García Gutiérrez, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 los siguientes
actos administrativos:
• Nulidad parcial de las Resoluciones 009350 del 8 de agosto de 1996 y 002181
del 11 de febrero de 1998, mediante las cuales la extinta Cajanal EICE
reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, en los términos previstos
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
• Nulidad total de las Resoluciones RDP 009520 del 18 de septiembre de 2012 y
017915 del 4 de diciembre de 2012, actos por medio de los cuales la UGPP
1 Demanda a folios 1 a 14 y reforma a folios 84 a 87 del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 23001-33-33-002-2013-00699.
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Demandante: UGPP
negó la reliquidación de su pensión con inclusión de todos los emolumentos
devengados durante el último año de servicio, conforme lo prevén las Leyes 33
y 62 de 1985.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a la demandada a: i) reconocer y pagar en favor de la señora Celina García
Gutiérrez la pensión de jubilación efectiva a partir del 1.° de enero de 1997, en cuantía
de $245.191,85 con el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior al
retiro del servicio, con inclusión del incentivo de localización, auxilio de alimentación,
auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios, en
los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985 y 71 de 1988; ii) pagar la diferencia entre el
valor de las mesadas pensionales inicialmente reconocidas y las que resulten de la
declaratoria de nulidad; iii) indexar conforme al IPC los valores adeudados; iv) pagar
los intereses moratorios, según el artículo 192 del CPACA; y v) pagar las costas,
gastos y agencias en derecho dentro del proceso.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:
1. La señora Celina García Gutiérrez laboró para el Instituto Colombiano Agrícola,
ICA, en el cargo de auxiliar de servicios generales, desde el 16 de septiembre de 1974
hasta el 30 de diciembre de 1996.
2. A través de la Resolución 009350 del 8 de agosto de 1996, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, le reconoció y ordenó el pago de la
pensión de vejez en una cuantía de $120.438,41, efectiva a partir del 1.° de octubre de
1995. La liquidación se efectuó de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, con el 75% de lo devengado entre el 1.° de abril y el 15 de septiembre de 1994,
teniendo en cuenta la asignación básica, incremento por antigüedad y la bonificación
por servicios prestados.
3. Posteriormente, la prestación fue reliquidada por retiro del servicio mediante
Resolución 002181 del 11 de febrero de 1998 en cuantía de $187.559,58, teniendo en
cuenta el 75% de lo percibido entre el 1.° de abril de 1994 y el 30 de diciembre de
1994, incluyendo la asignación básica, el incremento por antigüedad, la bonificación
por servicios prestados y las horas extras.
4. La señora Celina García Gutiérrez pidió ante la UGPP la reliquidación pensional
con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio,
de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, y el Decreto 1848 de 1969. La entidad
denegó la petición a través de la Resolución RDP 009520 del 18 de septiembre de
2012, con el argumento de que los factores que integraron el IBL de su pensión son
aquellos previstos en el Decreto 1158 de 1994.
5. Mediante la Resolución 017915 del 4 de diciembre de 2012, al desatar el
recurso de reposición, se confirmó la decisión adoptada en el acto administrativo
descrito en el numeral anterior.
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Demandante: UGPP
Como disposiciones vulneradas, citó los artículos 2, 6, 25 y 58 de la Constitución
Política; 10 del Código Civil, 138 de la Ley 1437 de 2011; 36 de la Ley 100 de 1993; 4
de la Ley 4 de 1966; el Decreto 1743 de 1966; el Decreto 3135 de 1968; la Ley 5 de
1969 y la Ley 71 de 1988.
Como concepto de violación de la normativa invocada, indicó que los actos acusados
infringen las normas en que debieron fundarse, así como los principios de
progresividad y favorabilidad en materia laboral. Argumentó que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, desconoció sus derechos adquiridos, por cuanto liquidó su
pensión con fundamento en la Ley 100 de 1993 pese a que esta norma no le es
aplicable, por cuanto, en su criterio, quedó cobijada por el régimen de transición, por
lo que la prestación debe calcularse de acuerdo con la Ley 33 y la Ley 62 de 1985.
Señaló que dicha normativa no contiene una lista taxativa de factores salariales que
integran el IBL, puesto que, si bien el artículo 1 de la citada Ley 62 de 1985 enunció
los factores salariales para tener en cuenta en el cálculo del monto de la pensión de
jubilación, lo cierto es que el inciso 2 de la misma norma admite la existencia de otros
factores, en tanto se limita a señalar que son todos aquellos que hayan servido como
base para calcular los aportes al sistema de seguridad social.
A lo anterior agregó que el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia2 ha definido
el salario como toda suma recibida por el trabajador con ocasión de la relación laboral
y como retribución del servicio. En particular, se refirió a la sentencia de unificación del
4 de agosto de 2010.
Por último, precisó que el hecho de haber omitido hacer las deducciones
correspondientes sobre determinados factores salariales no es óbice para incluirlos en
la liquidación pensional.
En consecuencia, sostuvo que, por ser beneficiaria del régimen de transición en
comento, la entidad demandada debió liquidar su prestación conforme a lo previsto en
las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, con el 75% de lo percibido en el último año de
servicios, a saber, asignación básica, incremento por antigüedad, bonificación por
servicios prestados, horas extras, incentivo de localización, auxilio de alimentación,
auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, se opuso a las pretensiones de la demanda y aseguró
que los actos acusados se ajustan al ordenamiento jurídico, con fundamento en
argumentos que enmarcó dentro de las siguientes excepciones:
• Legalidad del acto administrativo demandado: Explicó que la servidora adquirió
el estatus jurídico de pensionada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por
la cual tiene derecho a la pensión en las condiciones de edad, tiempo de
2 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 8 de mayo de 1997, radicado: 14.291.
3 Folios 92 a 97 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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servicios y monto, este último entendido como la tasa de reemplazo, previstas
en la Ley 33 de 1985, empero, el IBL debe determinarse conforme al artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, toda vez que este aspecto
no fue objeto de transición.
• Prescripción trienal: Pidió que se decrete la prescripción de las mesadas
pensionales que no fueron reclamadas en tiempo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería, en sentencia del 23
de junio de 2016, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 009350 del 8 de agosto
de 1996 y 002181 del 11 de febrero de 1998, y total de las Resoluciones RDP 009520
del 18 de septiembre de 2012 y 017915 del 4 de diciembre de 2012. En consecuencia,
ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, reliquidar la pensión de jubilación de la
señora Celina García Gutiérrez, con una tasa de reemplazo del 75% de la totalidad de
los factores salariales devengados durante el último año de servicios, estos son: la
asignación básica, incremento por antigüedad, la bonificación por servicios prestados,
incentivo de localización, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de
vacaciones, prima de navidad y prima de servicios, con el descuento de los aportes
legales cuya inclusión se ordenó y sobre los cuales no se hubiera efectuado la
respectiva deducción.
El a quo consideró que, del material probatorio allegado al plenario, es posible inferir
que la demandante está cobijada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y que, por esa razón, a su pensión de jubilación deben aplicarse en su
integridad las disposiciones contenidas en la Ley 33 y la Ley 62 de 1985, en virtud del
principio de inescindibilidad normativa.
Seguidamente, destacó que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 18 de febrero de 2010, explicó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debía ser
interpretado conforme al principio de favorabilidad. En igual sentido, aseveró que la
sentencia de unificación proferida por esta corporación el 4 de agosto de 2010, precisó
que el IBL de los pensionados beneficiarios de dicho régimen sería el contenido en la
Ley 33 de 1985 en su integridad, y que aquella no señala una lista taxativa de factores
salariales, sino que estos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador como retribución de su labor. Por ello,
es posible incluir cualquier concepto que el trabajador haya devengado de forma
habitual y como contraprestación de su labor durante el último año de servicios.
En cuanto a la sentencia C-258 de 2013, advirtió que, si bien en ella la Corte
Constitucional indicó que el ingreso base de liquidación pensional no fue objeto de
transición, lo cierto es que esta providencia solo atañe al régimen especial contenido
en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que rige a los congresistas y otros funcionarios,
por lo que sus efectos no pueden extenderse a otros regímenes. Sostuvo que así lo
expuso el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 25 de febrero de 2016,
al señalar que el monto de las pensiones reconocidas conforme al régimen de
4 Folios 149 a 156 ibidem.
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transición comprende el IBL y la tasa de reemplazo, y que únicamente los congresistas
y asimilados quedan exceptuados de este criterio.
Por último, declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de
enero de 2011.
RECURSO DE APELACIÓN5
Inconforme con la anterior decisión, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP presentó
recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.
Aseveró que la demandante quedó inmersa en el régimen de transición contenido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual tiene derecho a la pensión en
las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, previstas en la Ley
33 de 1985, empero, el IBL debe determinarse conforme al artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y con los factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994, por cuanto aquel
no fue objeto de transición. Sostuvo que esta fue la interpretación desplegada por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015.
En igual sentido, señaló que la providencia del 5 de mayo de 2016 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado6 indicó que las sentencias de la Corte Constitucional que fijan
reglas de interpretación de las normas se constituyen en precedente obligatorio para
los jueces de la República, quienes no pueden apartarse de aquel con el argumento
de la primacía de la autonomía e independencia judicial. En tal virtud, el a quo debió
atender a las sentencias T-078 de 2014, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, para decidir
sobre la liquidación de la pensión de la señora Celina García Gutiérrez.
Finalmente, manifestó que la procedencia de la condena en costas está sujeta a la
configuración de diversos eventos que, en el caso particular, no ocurrieron toda vez
que la actuación de la entidad no fue temeraria o de mala fe. Además, arguyó que
aquella no puede superar el 20% del valor de las pretensiones, tope que fue excedido
por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA7
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, profirió sentencia el
24 de octubre de 2017, por medio de la cual confirmó el fallo de primera instancia.
Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes consideraciones:
Señaló que la demandante acreditó que quedó inmersa en el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por ello, tiene derecho a que su
pensión sea reconocida bajo las condiciones del artículo 3 de la Ley 33 de 1985,
modificado por la Ley 62 del mismo año.
5 Folios 165 a 172 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de mayo de 2016, radicado: 11001-03-15-000-
2016-00132.
7 Folios 35 a 47 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, cuaderno 2.
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Expuso que en las sentencias C- 258 de 2013 y SU-230 de 2015 la Corte
Constitucional hizo referencia particularmente al régimen especial de los congresistas
y funcionarios de las altas cortes, es decir que la tesis acogida en aquellas providencias
no es extensible a otros trabajadores, razón por la que de manera alguna instituyen
precedente vinculante para el caso bajo estudio, puesto que su ratio decidendi no es
aplicable a este caso, en tanto los supuestos fácticos y jurídicos difieren de los que se
presentan en este asunto. Advirtió que así lo determinó el Consejo de Estado en la
sentencia del 12 de septiembre de 20148.
De otra parte, recordó que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en sentencia del 4 de agosto de 2010, precisó que el IBL de los
pensionados beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 sería el
contenido en la citada Ley 33 de 1985 y que aquella normativa no prevé una lista
taxativa de factores salariales, sino que estos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de servicio. Sostuvo que esta posición fue la acogida por la sala, por cuanto la
estimó ajustada a los principios de progresividad, favorabilidad e inescindibilidad
normativa que rigen el derecho laboral, máxime teniendo en cuenta su carácter
vinculante, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 270 del CPACA.
Así las cosas, explicó que la pensión de la señora Celina García Gutiérrez debe
reconocerse en un monto equivalente al 75% del promedio de lo percibido durante el
último año de servicio, lo que comprende la asignación básica, incremento por
antigüedad, la bonificación por servicios prestados, incentivo de localización, auxilio
de alimentación, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad y prima
de servicios, tal y como lo ordenó el juez de primera instancia.
LA ACCIÓN DE REVISIÓN9
La UGPP presentó acción de revisión de providencias que imponen el reconocimiento
de sumas periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que
trata el artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Cuarta de Decisión el 24 de octubre de 2017 que confirmó la sentencia del 23 de junio
de 2016 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería,
dentro del proceso ordinario instaurado por la señora Celina García Gutiérrez, bajo el
radicado 23001-33-33-002-2013-00699.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2014, radicado: 25000-23-
42-000-2013-00632-00 (1434-2014).
9 Folios 92 a 101 del cuad. ppal.
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Demandante: UGPP
2. Declarar que la señora Celina García Gutiérrez no es acreedora de un derecho
adquirido, frente a la liquidación pensional con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio.
3. Ordenar que la pensión de la señora Celina García Gutiérrez se liquide
conforme a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y
T-039 de 2018, así como los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidos por la Sala
Plena de la Corte Constitucional. De acuerdo con aquellas providencias, para
determinar el ingreso base de liquidación, se deben adoptar las directrices fijadas en
el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según el caso. Los factores base de cotización son los taxativamente enlistados por el
Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresamente consagren la
condición de factor salarial con incidencia pensional, con una tasa de reemplazo del
75%, conforme lo prevé la Ley 33 de 1985.
Como sustento de sus pretensiones, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2 y 124 de la
Constitución Política; la Ley 100 de 1993; la Ley 33 de 1985; el Decreto 1158 de 1994;
el Acto Legislativo 01 de 2005 y demás normas concordantes.
Al respecto, argumentó que el reconocimiento del derecho pensional realizado en la
decisión cuestionada se efectuó con violación al debido proceso, al haberse accedido
a una liquidación en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100
de 1993 y en detrimento del interés general.
También adujo que el derecho concedido excede lo debido de acuerdo con la ley. En
este sentido, explicó que la señora Celina García Gutiérrez está cobijada por el
régimen de transición, razón por la cual tiene derecho a acceder a la pensión bajo las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido este último como la tasa
de reemplazo, previstas por la Ley 33 de 1985. No obstante, el IBL debe determinarse
según lo regulado en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y con los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, normas vigentes para el momento en que se
consolidó el estatus pensional, pues este aspecto no fue objeto de transición. Destacó
que así lo ha interpretado la Corte Constitucional10 en reiterados pronunciamientos,
que tenían el carácter de precedente obligatorio para el juez de instancia.
Así mismo, consideró que la liquidación ordenada constituye un abuso palmario del
derecho, toda vez que desconoce el precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional, en torno al ingreso base de liquidación.
Además, aseguró que afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues aumenta en
un 30% la mesada pensional de la demandada, sin que exista justificación legal ni
jurisprudencial. Puso de presente que el valor actual de la pensión es de $977.471,00
cuando debía equivaler a $685.417,00, con lo cual se genera una diferencia de
$292.324,00 mensuales.
10 Citó las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de
2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2015, SU-631 de 2017 y T-039 de 2019 y los autos 326 de 2014 y
229 de 2017.
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CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN
La señora Celina García Gutiérrez no contestó la acción de revisión, dentro del término
dispuesto para el efecto11.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.12.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 13.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:
«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».
De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
interpuesta contra la sentencia proferida el 24 de octubre de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.
Legitimación
Conviene señalar que, sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
11 La señora Celina García Gutiérrez fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda el
día 15 de noviembre de 2019 (tal como consta en la página 21 del índice 20 de SAMAI), sin que haya
presentado contestación de la demanda.
12 «Artículo 249. Competencia.
[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
13 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas
Especiales de Decisión14, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos.
Es de anotar que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de
la acción de revisión.
Oportunidad
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 24 de octubre de 2017 emitida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, se notificó por medio de correo
electrónico del 26 de octubre de 201715, es decir, que quedó ejecutoriada el día 31 de
los mismos mes y año.
Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 10 de agosto de 201816,
se concluye que aquella se encuentra dentro del término de los 5 años previsto por el
artículo 251 del CPACA.
Acción de revisión de sentencias sobre pensiones
14 Ibidem.
15 Folio 48 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
16
Folio 101 vuelto vuelto del cuaderno principal.
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El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200317 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»18.
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación19.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones20.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
18 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
19 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
20 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
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salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira21.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia22.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, al ordenar la reliquidación de la pensión de la señora Celina
García Gutiérrez, cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985, modificada por el
artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios y con la inclusión de la
totalidad de factores recibidos en el mismo periodo?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) La verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia23. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son24:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».
Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales25, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias26 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En el presente asunto, se observa que los argumentos expuestos por la UGPP se
relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las normas que hizo
el juez de instancia para el cálculo de la prestación. En su criterio, ello condujo a que
la cuantía de la pensión excediera lo debido según la ley. Esta cuestión hace referencia
a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto,
23 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
24 Sentencia C-341 de 2014
25 Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
26 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
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para definir si se configura la hipótesis contemplada en el literal a), es necesario
verificar lo relativo al literal b).
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal, es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»27. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Celina García Gutiérrez debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base
de liquidación previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994 y no
el señalado por la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos los factores devengados
en el último año de servicio. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación
que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido
en la misma proporción, a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del
sistema general de seguridad social en pensiones.
Para el propósito descrito se analizarán: i) el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, (ii) el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y (iii) configuración de la causal de revisión en el caso concreto.
El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley
33 de 1985
En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de
1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.».
27 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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Por su parte, la Ley 6 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta
para efectos de determinar el ingreso base de liquidación, definió:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».
Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el
objeto de hacer efectivos esos derechos irrenunciables de las personas, en
condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, se concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.[…]».
De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
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a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la
mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie
de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015, definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia28, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
28 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
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sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 197129 y 929 de 197630.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 201031 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
29 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
30 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003
Para definir lo relativo a la configuración de esta causal de revisión, se destacan los
siguientes puntos:
En primer lugar, cabe precisar que no se discute que la señora Celina García Gutiérrez
es beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, pues en el proceso ordinario quedó acreditado que, en efecto, nació el 14 de
abril de 193932 y laboró para el Instituto Colombiano Agrícola, ICA, en el cargo de
auxiliar de servicios generales, desde el 16 de septiembre de 1974 hasta el 30 de
diciembre de 199633, es decir que, para el 1.° de abril de 1994, tenía la edad de 54
años y contaba con 19 años de servicio. Lo anterior implica que adquirió el estatus de
pensionada el 16 de septiembre de 1994, cuando cumplió 20 años de servicio oficial.
La Unidad de Registro y Nómina y el Tesoro Nacional del ICA, certificó que la
demandada devengó los siguientes emolumentos durante el periodo comprendido
entre el 31 de diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 199634:
32 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 74 del cuaderno principal.
33 De acuerdo con la Resolución 3128 de 1996 obrante a folio 21 del expediente ordinario.
34 Folio 32 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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• Asignación básica
• Incremento por antigüedad
• Incentivo de localización
• Horas extras, dominicales y feriados
• Auxilio de alimentación
• Auxilio de transporte
• Bonificación por servicios prestados
• Prima de vacaciones
• Prima de servicios
• Prima de navidad
A través de la Resolución 009350 del 8 de agosto de 199635, la extinta Caja Nacional
de Previsión Social, Cajanal EICE, reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez
en favor de la señora Celina García Gutiérrez en una cuantía de $120.438,41, efectiva
a partir del 1.° de octubre de 1995. La liquidación se efectuó de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con el 75% de lo devengado entre el 1.° de abril y
el 15 de septiembre de 1994, teniendo en cuenta la asignación básica, incremento por
antigüedad y la bonificación por servicios prestados.
Posteriormente, la pensión fue reliquidada por retiro del servicio mediante Resolución
002181 del 11 de febrero de 199836 en cuantía de $187.559,58, teniendo en cuenta el
75% de lo percibido entre el 1.° de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 1994,
incluyendo la asignación básica, el incremento por antigüedad, la bonificación por
servicios prestados y las horas extras.
Más adelante, la señora Celina García Gutiérrez pidió ante la UGPP la reliquidación
pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, y el Decreto 1848 de 1969.
La entidad denegó la petición a través de la Resolución RDP 009520 del 18 de
septiembre de 201237, con el argumento de que los factores que integraron el IBL de
su pensión son aquellos previstos en el Decreto 1158 de 1994. Esta decisión fue
confirmada mediante la Resolución 017915 del 4 de diciembre de 201238.
Dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
la señora Celina García Gutiérrez, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Montería, en sentencia del 23 de junio de 201639, accedió a las pretensiones y le
ordenó a la UGPP reliquidar su pensión de jubilación de acuerdo con las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:
«[…] QUINTO.- Ordénese a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP a
reliquidar la pensión de la señora Celina García Gutiérrez en la suma que
corresponda al 75% de los valores percibidos durante el último año de servicios,
incluyendo, además de la asignación básica, prima de servicios prestados, prima
de antigüedad y horas extras ya reconocidas, las doceavas de los valores
causados por concepto de incentivo por localización, auxilio de alimentación,
35 Folios 16 a 18 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
36 Folios 19 a 21 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
37 Folios 22 a 24 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
38 Folios 26 a 30 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
39 Folios 149 a 156 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.
La entidad demandada deberá efectuar los descuentos de los aportes
correspondientes a los factores sobre los cuales no se haya realizado deducción
legal […].».
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia del 24
de octubre de 201740, luego de analizar las tesis de la corte Constitucional y el Consejo
de Estado en torno al IBL de las pensiones reconocidas en el marco del régimen de
transición, resolvió modificar y confirmar la sentencia de primera instancia, así:
«[…] esta colegiatura ratifica la posición acogida conforme los pronunciamientos
de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, y en esa medida no es de recibo
el argumento del recurrente según el cual no debe acudirse al régimen anterior en
su integridad para determinar el ingreso base de liquidación -IBL-. Respecto a lo
dicho por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-203 de
2015, esta Sala ha sido enfática en señalar en anteriores oportunidades, frente a
la primera, que se limitó a revisar la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4
de 1992, régimen especial a favor de los Congresistas y que se extiende a los
funcionarios de las altas cortes […].
vii) Esta colegiatura ha adoptado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado,
especialmente la sentencia de unificación de fecha 4 de agosto de 2010 que
se refirió a los principios de progresividad, favorabilidad e inescindibilidad de
la norma en materia pensional […].».
Análisis de la Subsección
Es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión objeto de revisión,
la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de 201041, antes
referida, según la cual este aspecto también se rige por las normas anteriores a dicha
ley. En consecuencia, era plausible tener en cuenta los emolumentos devengados en
el último año de labor, en los términos de la Ley 33 de 1985.
En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se cita como
desconocida42, a continuación, se analizará su contenido de cara con el sub examine.
En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se estudiaron los
siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto: i)
constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 199343 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el
artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales excede
la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de
40 Folios 35 a 47 del cuaderno principal.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
42 Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2015, SU-631 de 2017 y T-039 de 2019, y los autos 326 de 2014 y 229 de
2017.
43 Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas
a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política
social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar
especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.
A lo anterior, se agrega que la misma Corte Constitucional, a través de sus salas de
revisión, venía acogiendo una interpretación según la cual el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 también incluía lo relativo al ingreso base de liquidación pensional
y, por lo tanto, debía atenderse la normativa anterior para su cálculo. Así lo señaló en
las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386
de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de
2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
De otra parte, conviene aclarar que la sentencia C-258 de 2013 se refirió
específicamente a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado, es
decir que no es aplicable a la demandada, pues se desempeñó como auxiliar de
servicios generales en el Instituto Colombiano Agrícola, ICA, desde el 16 de
septiembre de 197444.
Este mismo argumento fue sostenido por el juez de segunda instancia para asegurar
que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 no eran aplicables a la señora
Celina García Gutiérrez, pues con ello se afectaba los principios de favorabilidad e
inescindibilidad en materia pensional, además, sostuvo que ante la duda en la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía resolverse con la aplicación
del principio in dubio pro operario, por lo que acogió la tesis más benéfica para la
pensionada. El ad quem agregó que así lo determinó el Consejo de Estado en la
sentencia del 12 de septiembre de 201445.
Sobre el punto, cabe anotar que, la Sección Quinta de la Corporación, en fallo de tutela
del 15 de diciembre de 201646, dejó sin efectos la sentencia de unificación en comento
y ordenó emitir un pronunciamiento de reemplazo, atendiendo las reglas
44 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2014, radicado: 25000-23-
42-000-2013-00632-00 (1434-2014).
46 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2016, radicación AC 11001-
03-15-000-2016-01334-01.
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jurisprudenciales de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte
Constitucional. En cumplimiento de tal decisión, la Sección Segunda emitió la
sentencia de 9 de febrero de 201747, en la que precisó:
«[…] Desde ahora, la Sala advierte que la sentencia en los términos que aquí se adopta
obedece, simple y llanamente, al cumplimiento del fallo de tutela del 15 de diciembre de
2016, empero, no constituye una modificación al criterio interpretativo que del régimen de
transición consagrado en la ley 100 de 1993, ha sostenido la Sección Segunda de esta
Corporación.
[…]
Lo esbozado a lo largo de esta providencia, autorizan a la Sala para reiterar la tesis
dominante en esta Corporación y sostenida especialmente en la sentencia de unificación
de jurisprudencia del 4 de agosto de 2010, pues de lo contrario y de aplicar de tajo la
tesis de las sentencias C-258-13, SU-230-15 y T-615-16 de la Corte Constitucional, a
todas las situaciones amparadas por el régimen de transición es, simple y llamante,
atentatorio de los principios de progresividad y favorabilidad y compromete los derechos
laborales de rango fundamental. […]».
Por esta razón, en pronunciamientos posteriores48, el Consejo de Estado sostuvo la
tesis expuesta en la sentencia del 25 de febrero de 2016, situación que fue advertida
en la sentencia del 24 de octubre de 2017, que en esta oportunidad se revisa.
Así las cosas, los jueces de instancia optaron por la tesis contenida en la providencia
del 4 de agosto de 2010, al considerar que se acompasaba en mayor medida a los
principios de progresividad, favorabilidad e inescindibilidad normativa en materia
laboral. Además, estimaron que se trata de una decisión del superior funcional del juez
natural, que reviste de carácter vinculante para decidir sobre el asunto.
De lo expuesto se advierte que el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de
Decisión, valoró las pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las
razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior funcional y Máximo Tribunal
de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no puede admitirse que la decisión
bajo estudio haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, sino que se
encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante.
En relación con los factores que debían integrar el ingreso base de liquidación, la
sentencia objeto de revisión interpretó que la lista de emolumentos contenida en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985 no era taxativa sino enunciativa, en atención a la tesis
jurisprudencial señalada en la citada sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
De ahí que debían incluirse en el IBL todas las sumas que habitual y periódicamente,
la servidora hubiera devengado en el último año de servicios.
Ahora, en cuanto a la aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, es importante precisar que no es procedente. En efecto, en dicha providencia
esta corporación acogió la tesis sostenida por la Corte Constitucional según la cual el
IBL no forma parte de la transición, y definió cómo se deben liquidar las pensiones
47 Radicado 2013-1541-01.
48 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de marzo de 2017,
radicación: 68001-23-31-000-2011-00465-01(2767-13), actor: Lucila Sandoval de Navarro; sentencia
del 23 de marzo de 2017, radicación: 19001-23-33-000-2012-00167-01(2795-14), actor: José Ignacio
Muñoz Torres y sentencia del 6 de abril de 2017, radicación: 19001-23-33-000-2014-00307-01(4783-
15), Actor: José Duberney Vivas Idrobo.
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cobijadas por aquella. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en esa oportunidad
también se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado tendría respecto de
las situaciones consolidadas y en ese sentido se indicó:
«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
En suma, en el presente asunto se demostró que la señora Celina García Gutiérrez es
beneficiaria del régimen de transición, puesto que, como se dijo en precedencia, este
aspecto no fue objeto de discusión y, además, acreditó que, durante el periodo
comprendido entre el 31 de diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1996, devengó
la asignación básica, incremento por antigüedad, la bonificación por servicios
prestados, incentivo de localización, auxilio de alimentación, auxilio de transporte,
prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios, según la certificación
expedida por la Unidad de Registro y Nómina y el Tesoro Nacional del ICA. Con base
en lo anterior, en sentencia del 24 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia el ordenó la reliquidación pensional
en los términos de la Ley 33 y la Ley 62 de 1985, entendiendo que esta última no
contiene una lista taxativa de factores, sino enunciativa. Para el efecto y de manera
razonada, acogió la tesis jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado
contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010.
Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2
y 124 de la Constitución Política; la Ley 100 de 1993; la Ley 33 de 1985; el Decreto
1158 de 1994; y el Acto Legislativo 01 de 2005, citados como desconocidos por la
UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión, en consideración a que la
interpretación que la sentencia objeto de la acción impartió a tales contenidos
normativos, se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo
de Estado.
Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica49.
En esas condiciones, como no se encuentra probada la configuración de la causal del
literal b), tampoco la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión de la señora
Celina García Gutiérrez con fundamento en el ingreso base de liquidación de la Ley
49 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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33 de 1985, modificada por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de
servicios, con inclusión de la totalidad de los factores salariales recibidos en dicho
período.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configurada las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 24 de octubre de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que
ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Celina García Gutiérrez.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación50 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP,
contra la señora Celina García Gutiérrez, por las causales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 con el fin de que se revise la sentencia del 24 de octubre de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que
confirmó la sentencia del 23 de junio de 2016 emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Montería, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 23001-33-33-002-2013-00699.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Demandante: UGPP
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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