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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01227-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01227-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DECLÁRAR INFUNDADA la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la sentencia proferida por el proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 25 de octubre de 2017 que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Catorce Administrativo de Tunja el 13 de febrero de 2017 dentro del proceso ordinario 15001333301420150020600 a través de la cual, accedió a las pretensiones formuladas por la señora María de Jesús Cáceres de Arévalo para obtener la reliquidación de su derecho pensional. SEGUNDO.- Sin codena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01227-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

18 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2022.

Acción: Acción de revisión.
Radicación: 11001032500020180122700.
No. Interno: 4197-2018.
Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.
Asunto: Ingreso base de liquidación de persona beneficiaria del
régimen de transición.
Decisión: Se declara infundada la acción de revisión.

I. Asunto.

1. La Sala procede a dictar sentencia1 dentro de la acción de revisión interpuesta
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra el fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá de fecha 25 de octubre de 20172 que confirmó
la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Tunja el 13 de
febrero de 2017 en la cual, se ordenó reliquidar y pagar la pensión de jubilación
sustituida en favor de la señora María de Jesús Cáceres de Arévalo «en cuantía
del 75% del promedio de lo devengado por el causante JORGE EDMUNDO
ARÉVALO DAZA (q.e.p.d.) en su último año de servicio, esto es, entre el 01 de
julio de 1992 al 30 de junio de 1993, incluyendo en la base de liquidación
además de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios
prestados, los siguientes factores: prima de junio, prima de servicios, subsidio de
alimentos, prima de diciembre, prima de navidad y prima de vacaciones a partir
del 30 de noviembre de 1993 (…)»3.

1 El proceso ingresó al despacho con nota secretarial de fecha 21 de julio de 2022, folio 321.
2 Ver fallo que obra a folios 199 a 210 del expediente.
3 Transcripción literal del ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo visible a folios 189 a 198 del expediente.

Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180122700
Interno: 4197-2018
Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

De la acción de revisión4.

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social invocó como causales de revisión las
contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su
tenor señalan lo siguiente:

«ARTÍCULO 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.

(…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicable»
Negrillas fuera de texto.

3. La UGPP alega que la sentencia cuestionada reconoció un derecho que excede
lo debido de acuerdo con la ley, lo que comporta una vulneración al debido
proceso, en tanto dispuso la reliquidación de la pensión de sobrevivientes de la
accionada en cuantía del 75% de la totalidad de los factores salariales
devengados por el causante del derecho en su último año de servicio, sin tener en
cuenta que por encontrarse bajo el régimen de transición se rige por la
normatividad anterior, esto es, la Ley 33 de 1985, solamente en lo que tiene que
ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación, mientras que el
ingreso base de liquidación debe calcularse atendiendo las previsiones del inciso
3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores a tener en cuenta son los
contemplados en el Decreto 1158 de 1994, conforme lo expresó la Corte
Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017.

Contestación de la acción extraordinaria de revisión.

4. La señora María de Jesús Cáceres de Arévalo una vez notificada del auto

4 Folios 1 a 11 del expediente.

2

Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180122700
Interno: 4197-2018
Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

admisorio de la demanda5 se abstuvo de pronunciarse al respecto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

De la competencia.

5. La demanda en ejercicio de la acción de revisión que ocupa la atención de la
Sala fue interpuesta6 en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Corporación es competente
para conocer de ella en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 249
ibídem7. Así como también, atendiendo el criterio de especialización, por tratarse
de un asunto de carácter pensional, la Sección Segunda es competente para
conocer del presente mecanismo extraordinario al tenor de lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55
de 20038 y el Acuerdo 080 de 20199.

Problema jurídico.

6. Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia del 25 de octubre de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que confirmó el fallo dictado por
el Juzgado Catorce Administrativo de Tunja de fecha 13 de febrero de 2017 a
través del cual, accedió a las pretensiones de la accionada para obtener la
reliquidación de su derecho pensional, se encuentra incursa en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es
decir, establecer si la reliquidación de la pensión de sobrevivientes de la señora
María de Jesús Cáceres Arévalo, en atención a que el causante del derecho fue

5 Conforme lo acredita la constancia secretarial visible a folio 317.

6 En fecha 27 de julio de 2018, tal como se observa en el folio 290 del plenario.
7 «Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
8 «Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se
expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así:
Artículo 13.- Distribución de los negocios entre las secciones.
Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Segunda:
(…)
3-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección».
9 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180122700
Interno: 4197-2018
Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 en cuantía
del 75% con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último
año de servicios desconoce los precedentes de la Corte Constitucional sobre la
forma de liquidar el IBL de las personas amparadas por el régimen de transición,
comporta el pago de una mesada pensional desproporcionada que vulnera el
debido proceso y excede lo debido de acuerdo con la ley afectando el sistema
financiero pensional.

7. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el
estudio referido a las causales invocadas, para posteriormente, resolver el caso
concreto.

Análisis de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

8. La entidad actora fundó el recurso de revisión en las causales contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.
Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».10

9. Al respecto ha de señalarse que esta disposición tuvo respaldo en la exposición
de motivos del proyecto de Ley 56 de 2002 - Senado que indicó lo siguiente:

«Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos
contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o
las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que
no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las

10 Énfasis de la Sala.

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Radicación: 11001032500020180122700
Interno: 4197-2018
Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los
graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que
pueda sufrir la Nación».11

10. Conforme al texto normativo que la consagra, la causal específica invocada
para su procedencia, prevé varios supuestos sine qua non, a saber. Unos
generales que devienen del aparte que antecede a las causales en específico,
tales como: i) que se trate, por regla general, de providencias judiciales, ello por
cuanto se permitió extenderlo a lo logrado en la transacción y la conciliación; ii)
que recaiga sobre un reconocimiento a favor del administrado, lo que se deduce
de la utilización de la frase que «hayan decretado o decreten el reconocimiento».

11. Por eso con razonado criterio, la jurisprudencia del Consejo de Estado12, ha
señalado que las providencias denegatorias del derecho no serían susceptibles de
este recurso; iii) que ese reconocimiento recaiga en una suma periódica de dinero
o pensión; iv) que ese pago se deba hacer con cargo a los recursos de tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Además, la acción extraordinaria en cita
consagró dos requisitos procesales. De una parte, el atinente a la legitimación en
la causa por activa que es cualificada, por cuanto su incoación se deja en cabeza
de tres estamentos: del Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; del Contralor
General de la República y del Procurador General de la Nación, legitimación
extendida de antaño a la UGPP y, de otra, que los únicos operadores facultados
para asumir esa revisión extraordinaria son los órganos de cierre jurisdiccional13, a
saber, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, conforme a las
competencias asignadas dependiendo de los asuntos que conocen.

12. En cuanto a la utilización de las causales en materia de la acción de revisión,
es pertinente traer a colación lo señalado en reiteradas oportunidades por la Corte
Suprema de Justicia en su Sala Laboral, al limitar la procedencia de dichas
causales para aquellos casos en que la sentencia acusada resulte groseramente
evidente y plenamente manifiesta la violación al debido proceso, el exceso y

11Consulta disponible en:
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=56&p_consec=4821
12
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de diciembre de 2010. Radicación
número: 11001-03-15-000-2005-00297-01(REV) Actor: María Ofir Jaramillo Buitrago. C. P. Dr. Rafael E. Ostau De
Lafont Pianeta y sentencia de 4 de junio de 1991, expediente 3920, Sección Segunda, C. P. Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
13
Esto teniendo en cuenta lo regulado con antelación a la reforma consagrada en la Ley 2080 de 2021, disposición ésta
última que no es aplicable al presente asunto.

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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180122700
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Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida, atendiendo el
siguiente derrotero:

«[…] la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse
dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se
armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera
que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo
ameriten realmente, distrayendo a la Administración de Justicia de su trascendental
función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la
violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora
de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y
plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias
conceptuales las dos nuevas causales»14. Negrillas fuera de texto.

13. Dilucidado lo concerniente a utilidad de las causales previstas en la Ley 797 de
2003 referidas a la acción de revisión, corresponde a continuación examinar de
manera independiente, si la providencia acusada se encuadra en las causales de
los literales a) y b) del artículo 20 de la ley en comento, así:

Caso en concreto:

14. Previo a resolver la cuestión litigiosa, atendiendo los argumentos expuestos
por la entidad previsional accionante, teniendo en cuenta que la UGPP invocó
como causales las previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, corresponde a esta Sala analizar de manera independiente cada una de
ellas, así:

De la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
Cuando el reconocimiento de la pensión se obtuvo con violación al debido
proceso.

15. La entidad previsional accionante adujo que la sentencia objeto de la acción de
revisión fue expedida con violación al debido proceso, porque la reliquidación del
derecho pensional de la accionada en ella contenida se efectuó desatendiendo lo
planteado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-
631 de 2017, lo que generó el reconocimiento de una mesada pensional en
cuantía superior a la debida conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993.

14
Ib, en la que se indicó que la posición planteada también se encontraba en “CSJ SL, 21 en. 2006, rad. 28263; CSJ SL,
22 abr. 2008, rad. 30517; CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 31802; y CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157, entre otras.”

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Acción de Revisión
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Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

16. En ese orden de ideas, debe señalar la Sala que el derecho al debido proceso,
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, es entendido por el máximo
tribunal de lo constitucional como15:

«[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:
(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) [e]l derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso
público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o
la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas».

17. Conforme lo anterior, la Sala encuentra que el argumento expuesto por la
UGPP para sustentar la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 no hace referencia a ninguna de las garantías que componen el derecho
al debido proceso, tales como el derecho a la jurisdicción, al juez natural, el
derecho de defensa, a que el proceso sea público y a que la decisión se profiera
con independencia e imparcialidad.

18. Puesto que la entidad previsional se limita a cuestionar el ingreso base de
liquidación (IBL) aplicado en la sentencia cuestionada, conformado –según su
dicho– por un lapso inferior al previsto en la ley, con la inclusión de factores
salariales que no debieron serle incluidos al causante del derecho sustituido en
favor de la accionada, así como el periodo que se debe tener en cuenta para su
conformación. Lo que permite colegir que la sustentación referida se dirige a

15
Corte Constitucional, sentencia C-341 de 2014. Reiterado en la sentencia de la Sala Plana de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado del 27 de febrero de 2018, exp. núm. 11001-03-15-000-2017-00558-00.

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Radicación: 11001032500020180122700
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Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

cuestionar la cuantía de la pensión ordenada en la sentencia controvertida, por lo
que la Sala despachará de manera desfavorable el cargo por violación al debido
proceso y procederá al análisis de la segunda causal invocada.

De la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

19. Al respecto, la UGPP pretende se revoque la sentencia proferida el 13 de
febrero de 2017 por el Juzgado 14 Administrativo de Tunja, confirmada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá mediante fallo proferido el 25 de octubre de
esa anualidad, que ordenó reliquidar la pensión de sobrevivientes reconocida a la
accionada en cuantía del 75% con la inclusión de todos los factores salariales
percibidos en el último año laborado por el causante del derecho, para que en su
lugar, se disponga su reliquidación conforme las reglas jurisprudenciales fijadas
en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017 por la Corte
Constitucional en materia de IBL en régimen de transición y se aplique un ingreso
base de liquidación del 75%, teniendo como factores únicamente los previstos en
el Decreto 1158 de 1994.

20. Al efecto, observa la Sala que en el fallo controvertido se dejó consignado que
para la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, esto es, el 1° de abril de 1994, el causante del derecho, esto es el
señor Jorge Edmundo Arévalo Daza había laborado en el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi durante 24 años, 5 meses y 29 días y contaba con más de 40
años de edad, como quiera que nació el 30 de noviembre de 1940. Razón por la
cual forzoso resulta concluir, que es beneficiario del régimen de transición que
prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 lo que significa que para el
reconocimiento de su pensión se aplican las reglas previstas en la Ley 33 de 1985
pero únicamente en tres aspectos: la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y el monto, entendiéndose por este último el porcentaje o tasa de
reemplazo, más no la base reguladora de la pensión o los ingresos en que se
fundamenta la liquidación, por no hacer parte esta última de la transición.

21. Entonces, el régimen anterior al cual se encontraba afiliado en su calidad de
Coordinador Código 5005 Grado 17 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es

8

Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180122700
Interno: 4197-2018
Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

el consagrado en la Ley 33 del 29 de enero de 198516 y Ley 6217 de esa misma
anualidad, compendios normativos que consagran los requisitos y condiciones
necesarios para acceder al derecho pensional así:

«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio…»

22. Y en cuanto a la base de liquidación para la pensión, tenemos que el artículo
3º de la citada ley regula para los efectos allí previstos, los factores que se han de
tener en cuenta para la fijación de la pensión en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 3º. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o
como inversión.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los
siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación
básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio."
En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre
se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular
los aportes.»

23. Conforme al cuerpo normativo reseñado, el Tribunal Administrativo de Boyacá
al encontrar que el señor Jorge Edmundo Arévalo Daza es beneficiario del
régimen de transición, arribó a la conclusión que debía aplicársele la ley anterior
al sistema general de pensiones, esto es, la Ley 33 de 1985, que permite la
inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año laborado. En
ese sentido, el fallo aquí cuestionado indicó lo siguiente 18:

«[…] El señor Jorge Edmundo Arévalo Daza nació el 30 de noviembre de 1940
(documento 5 del expediente administrativo) y se desempeñó como coordinador
código 5005 grado 17 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” seccional Boyacá
desde el 1° de enero de 1969 al 30 de junio de 1993, (documento 6 del expediente
administrativo), por lo que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 (1° de
abril de 1994) llevaba más de 20 años laborando y tenía más de 50 años de edad.
(…)

16 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el
Sector Público.”
17 "Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".
18 Ver reverso del folio 302 y folio 303 del expediente.

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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180122700
Interno: 4197-2018
Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

Ahora bien, teniendo en cuenta la edad y el tiempo de servicios del causante, señor
Jorge Edmundo Arévalo Daza (q.e.p.d.) al momento de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, se observa que su situación encaja perfectamente en los
supuestos antes mencionados, razón por la cual debe aplicársele el régimen de
transición que esta ley establece para este tipo de trabajadores.
(…)
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que el causante señor Jorge Edmundo
Arévalo Daza se encontraba amparado por el régimen de transición de la Ley 100
de 1993 y por lo tanto se le debe aplicar la normatividad anterior a ésta ley, es
decir, las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
Así las cosas, no obstante ser aplicable al causante para efectos de la liquidación
de su pensión de vejez las normas establecidas en la precitada ley, modificada por
la ley 62 de 1985, también es cierto que debía atenderse el criterio de unificación
en mención19 en el que se consideró que, la pensión debe liquidarse con base en
todos los factores salariales devengados en el último año, luego para establecer la
forma como debe liquidarse dicha prestación periódica ha de atenderse este criterio
en consonancia con los principios ya enunciados, así como los derechos y deberes
consagrados en la Constitución Política en materia laboral.

Bajo este criterio, estima la jurisprudencia de la cual se viene hablando, que acorde
con lo previsto en el artículo 15 del Decreto Ley 1045 de 1978 los factores
salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de determinar el monto
pensional eran superiores a los enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985,
disposiciones que por demás no contienen una lista taxativa de los factores
salariales que han de servir de base para establecer el salario plante de liquidación,
sino meramente enunciativa, lo que permite incluir otros que también fueron
devengados por el causante Jorge Edmundo Arévalo en el último año de servicio,
criterio que hace reconocimiento también al principio de la primacía de la realidad
sobre las formas que impone tener en cuenta las condiciones bajo las cuales fue
desarrollada la actividad laboral por parte del trabajador.
(…)
De conformidad con la certificación No.6325263 expedida por el Instituto
Geográfico “Agustín Codazzi”- seccional Boyacá (documento 7 del expediente
administrativo), el señor Jorge Edmundo Arévalo Daza (q.e.p.d.) percibió los
siguientes factores salariales en el último año de servicios: sueldo, subsidio de
alimentación, prima de vacaciones, prima de diciembre, prima de recreación,
bonificación por servicios prestados e indemnización de vacaciones, así púes, la
entidad demandada no tuvo en cuenta los factores salariales devengados por el
causante el último año de prestación del servicio (…)».

24. Lo anterior constituye el fundamento por el cual se confirmó la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones presentadas por la señora María
de Jesús Cáceres de Arévalo en la sentencia controvertida dentro del sub
examine, que en su ordinal primero dispuso lo siguiente:

«PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja de 13 de febrero de 2017, que
accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva (…)».

19
Esto es el contenido en la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010 con
ponencia del Doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180122700
Interno: 4197-2018
Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

25. Lo anterior, al considerar que en virtud del régimen de transición del cual era
beneficiario el señor Jorge Edmundo Arévalo Daza, se le debe aplicar el régimen
anterior en su integridad, es decir, que así como se tienen en cuenta para efectos
del reconocimiento de la pensión la edad, el tiempo de servicios y el monto
establecido en la Ley 33 de 1985, también se debe considerar el ingreso base de
liquidación que dicha ley dispone, es decir el 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio, tal y como lo dispuso
el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010.

26. Ahora, de acuerdo con las directrices impartidas por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, el ente previsional señala expresamente en la demanda del sub
examine que lo allí ordenado desconoce la normatividad y el precedente
constitucional sobre la materia, constituyendo así una grave afectación a la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, toda vez que contribuye a
aumentar para el caso concreto en un 19% la mesada pensional sustituida en
favor de la accionada, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello,
para lo cual se limita a señalar que existe una diferencia de $315.171 entre el valor
de su mesada actual sin la reliquidación ordenada y el que corresponde a dicho
concepto ajustado a la fecha de presentación de la acción de revisión, omitiendo
aportar como sustento de dicho planteamiento el acto administrativo mediante el
cual dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo judicial referido.

27. En ese orden de ideas, advierte la Sala que en las sentencias controvertidas
se incluyeron en la base para liquidar la pensión de la accionada, rubros que si
bien pudieran tener connotación salarial, no pueden ser tomados en cuenta para
su liquidación bajo los parámetros del régimen de transición, pues según el
Decreto 1158 de 1994 y la posición adoptada por esta Corporación en sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2020, solo pueden ser concebidos para dichos
efectos la asignación básica mensual, los gastos de representación, la
remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por servicios
prestados, así como la prima técnica y de antigüedad, ascensional y de
capacitación, cuando constituyan factor de salario. En esa medida, no tienen tal
naturaleza las primas de junio, servicios, diciembre, navidad y vacaciones, ni el
subsidio de alimentación reconocidos en las sentencias de primera y segunda

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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180122700
Interno: 4197-2018
Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

instancia como parte de la base para reliquidar el monto de la pensión otorgada al
causante del derecho y sustituida en favor de la accionada.

28. Sin embargo, revisado el expediente, no encuentra la Sala que la entidad
previsional accionante hubiera aportado la documental que acredite el
cumplimiento de la sentencia enjuiciada, circunstancia que tampoco es
relacionada en el acápite de los hechos contentivos de la demanda, de tal forma
que no es posible verificar si el reajuste pensional ordenado por el ad quem con
aplicación del régimen anterior resulte excesivo y afecte gravemente la
sostenibilidad del sistema pensional.

29. En ese entendido, se tiene que si bien la UGPP se encuentra facultada a
través de la acción de revisión para solicitar la revisión de mesadas pensionales
o sumas de dinero reconocidas en cuantía que excede lo debido por la ley, para
ello debe explicar y sustentar los razonamientos que fundamentan la causal
invocada, de suerte que, la sola reliquidación del derecho pensional por vía
judicial, por sí sola no conlleva a la prosperidad de la acción extraordinaria bajo
estudio, pues la causal alegada debe ser probada y en ese sentido, la entidad
previsional no solo tiene la carga procesal 20 de acreditar que el reconocimiento
pensional en los términos ordenados en la sentencia controvertida afecta la
sostenibilidad del sistema financiero por tratarse de un reconocimiento excesivo,
en especial, si se tiene en cuenta que aún ante la orden impartida por el juez, la
reliquidación de la pensión por parte de la UGPP no necesariamente culminaría
en un reconocimiento que resulte lesivo al sistema de seguridad social en
pensiones, por cuanto debe analizarse la situación fáctica concreta de su
beneficiario en vía administrativa.

30. En otras palabras, si bien es cierto la pensión se debió liquidar teniendo en
cuenta la edad, tiempo y monto de la Ley 33 de 1985 y en cuanto el IBL lo
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con los factores previstos en
el Decreto 1158 de 1994, sustentos normativos con los cuales la UGPP se
encontraba facultada para ejercer el presente mecanismo extraordinario, en el

20
<<[…] las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de
realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él
consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del
derecho sustancial debatido en el proceso[…]>> Ver sentencias de la Corte Constitucional tales como C-1512 de 2000, C-
1104 de 2001, C-662 de 2004, C-275 de 2006, C-227 de 2009 y C-279 de 2013, entre otras.

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caso bajo estudio no existe certeza que la orden impartida por el juez haya
derivado en un incremento excesivo e injustificado de la mesada pensional
reliquidada a la demandada como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes
de su cónyuge supérstite, por cuanto la entidad accionante omitió aportar los
elementos materiales de prueba que acrediten dichas circunstancias.

31. Se resalta, atendiendo a que el mecanismo objeto de este asunto, constituye
una excepción a la cosa juzgada, principio netamente fundamental e inherente al
de la certeza jurídica que deben revestir todas las decisiones judiciales a favor de
los administrados, que la utilización de estas causales debe ser igualmente de
carácter excepcional, es decir, que debe interponerse frente a sentencias,
transacciones y conciliaciones judiciales o extrajudiciales, que realmente se hayan
proferido por violación al debido proceso o en exceso y abuso de la normatividad
que da origen a la prestación periódica reconocida, de tal forma que se evidencie
de manera grosera, evidente y manifiesta la estructuración de las causales
invocadas.

32. También resulta pertinente indicar que la acción de revisión, como mecanismo
a través del cual se materializa el derecho de acceso a la administración de
justicia, inexorablemente conlleva el cumplimiento de ciertas obligaciones o
cargas de índole procesal o sustancial que la ley puede distribuir entre las partes,
el juez o incluso terceros intervinientes. En ese sentido, las cargas procesales 21
son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una
conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio
sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como
la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la
pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.

33. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha señalado en forma insistente
que evadir el cumplimiento de las cargas procesales no es un criterio avalado por
la jurisprudencia constitucional, «en la medida en que el desconocimiento de las
responsabilidades de las partes en el proceso atentaría contra los mismos
derechos que dentro de él se pretenden proteger y llevaría por el contrario a la
inmovilización del aparato encargado de administrar justicia». Autorizar libremente

21
Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición,
Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427.

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el incumplimiento de las cargas procesales «llevaría al absurdo de permitir que se
propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni
restricciones procesales, incluso alegando la propia culpa o negligencia»22, lo que
desde luego rechaza la jurisprudencia constitucional 23.

34. A partir de lo analizado, encontramos que una de las principales cargas
procesales cuando se acude a la administración de justicia, es la concerniente a
la prueba de los hechos que se alegan. La carga de la prueba es un elemento
característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva. Se conoce
como principio «onus probandi», el cual indica que por regla general corresponde
a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la
demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben
asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo 24.

35. De acuerdo con lo manifestado en las líneas anteriores y descendiendo al
caso bajo estudio, encuentra la Sala que si bien la UGPP discute la interpretación
que se le dio al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en la sentencia controvertida, la
cual en su sentir, influye en los reconocimientos de las mesadas pensionales de
la accionada, tales argumentos no constituyen per se prueba alguna que acredite
que su aplicación conforme a la posición adoptada en la sentencia del 4 de
agosto de 2010 por el máximo órgano contencioso administrativo, comporte o no
necesariamente para el caso particular y concreto un reconocimiento con abuso
del derecho que conlleve a la afectación de la sostenibilidad financiera del
sistema general de pensional, máxime cuando no existe un criterio objetivo en el
presente caso a partir del cual se pueda establecer de manera inequívoca la
transgresión de dicho principio.

36. Toda vez, que no es labor del juez realizar las operaciones aritméticas
tendientes a demostrar un posible reconocimiento en términos no acordes a

22 Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2004.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 2015: “En efecto, favorecer el desconocimiento general de las
responsabilidades procesales, no puede ser nunca un objetivo constitucional último, en la medida en que un propósito
semejante atentaría contra los derechos y las garantías que dentro de los mismos procedimientos se pretenden proteger, lo
que no sólo afectaría las actividades propias del aparato judicial (C-1104 de 2001), - inmovilizándolo eventualmente-, sino
que comprometería las expectativas ciudadanas de un juicio legítimo, justo y con garantías”.
24 “Luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado hasta el punto

que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos fundamentales: ‘onus probandi incumbit actori’, al
demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción; ‘reus, in excipiendo, fit actor’, el demandado,
cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa; y, ‘actore non probante, reus
absolvitur’, según el cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos
fundamento de su acción”. Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 1993.

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derechos, cuando es obligación de las partes dentro del proceso probar los
hechos que alegan, so pena de soportar una decisión adversa a sus
pretensiones, pues así lo dispone el artículo 16725 del Código General del
Proceso, máxime cuando en casos como el presente no siempre la reliquidación
de la pensión en cuantía del 75% del salario promedio de lo devengado en el
último año de servicio del servidor público comporta el reconocimiento de una
mesada pensional que afecta la estabilidad del sistema general de pensiones, por
lo que, el ente accionante debe ir más allá de establecer una mera controversia
fincada en las distintas interpretaciones de las que ha sido objeto el artículo 36
ibídem26.

37. En consecuencia y al no encontrarse acreditado el supuesto de hecho de las
causales que se invoca la UGPP a quien le correspondía probar que la
reliquidación de la pensión en los términos ordenados por la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 25 de octubre de 2017, comportó una
transgresión inequívoca al sistema financiero conforme a lo previsto por la Ley
100 de 1993 y que el reconocimiento pensional fue realizado con abuso del
derecho, considera la Sala que dicho mecanismo extraordinario no está llamado a
prosperar, razón por la cual lo declarará infundado.

38. Finalmente, en el caso bajo estudio no se observa una justificación que
implique el reconocimiento de la condena en costas, si se tiene en cuenta que la
UGPP utilizó su derecho desde un punto de vista jurídico y serio atendiendo la
pluralidad de interpretaciones existentes sobre la materia, aunado a no
encontrarse acreditada la causación de expensas dentro del proceso, requisito

25 Artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas

persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la
carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los
hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material
probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre
la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término
necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este
código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
26
Criterio que ha sido planteado de manera pacífica y reiterada por la jurisprudencia de esta Subsección, conforme consta
en las sentencias proferidas el 4 de marzo de 2021 y el 11 de noviembre de 2021 dentro de los procesos de acción de
revisión 11001032500020160029500 (1713-2016) y 11001032500020180177000 (6394-2018), con ponencia de la
suscrita consejera.

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Acción de Revisión
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Actor: UGPP.
Demandada: María de Jesús Cáceres de Arévalo.

indispensable para su imposición conforme lo dispone el ordinal 8° del artículo 365
del Código General Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- DECLÁRAR INFUNDADA la acción de revisión presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la sentencia proferida por el
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 25 de octubre de 2017 que
confirmó el fallo proferido por el Juzgado Catorce Administrativo de Tunja el 13 de
febrero de 2017 dentro del proceso ordinario 15001333301420150020600 a través
de la cual, accedió a las pretensiones formuladas por la señora María de Jesús
Cáceres de Arévalo para obtener la reliquidación de su derecho pensional.

SEGUNDO.- Sin codena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva.

Notifíquese y cúmplase.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firma Electrónica Firma Electrónica

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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