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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01339-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01339-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 24 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que confirmó la sentencia del 15 de diciembre de 2016 dictada por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Olga Marina Valero de Hernández contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, proceso radicado 15001333301420150013801, de conformidad con las razones expuestas. 27Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 835 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2018-01339-00 (4494 -2018) Demandante: UGPP SEGUNDO: Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI. LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Consejero de Estado Consejero de Estado JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Consejero de Estado Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso. 835 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01339-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia:Acción especial de revisión
Radicación:11001-03-25-000-2018-01339-00 (4494-2018)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-
Demandado: Olga Marina Valero de Hernández
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Presupuestos de configuración. Reconocimiento pensional.
Régimen de transición de la Ley 100 de 1993. IBL.

Decisión: Declara infundada la acción. Sin condena en costas.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia del 24 de enero de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá3, que confirmó la sentencia del
15 de diciembre de 2016 dictada por el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito de Tunja, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Olga Marina Valero de Hernández en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP-, proceso radicado 15001333301420150013801.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda4
2. La señora Olga Marina Valero de Hernández, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Fue presentada el 6 de septiembre de 2018, según da cuenta expediente digitalizado visible en el archivo
«10_ED_CUADERNO PRINCIPAL_01CuadernoPrincipalFolio1al217.pdf(.PDF) NroActua 23», folio 294,
índice 23 del aplicativo Samai, de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por
remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana.

4 Expediente digitalizado, visible en el aplicativo SAMAI. Archivo «10_ED_CUADERNO
PRINCIPAL_01CuadernoPrincipalFolio1al217.pdf(.PDF) NroActua 23», En el folio 220 aparece la sentencia
de primera instancia donde se encuentra resumida, índice 23 del aplicativo Samai».

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Demandante: UGPP

del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP-, con el objetivo de obtener, en síntesis, que se declare
la nulidad de la Resolución RDP 016007 de 22 de mayo de 2014, mediante la
cual se le negó su solicitud de reliquidación de la pensión con inclusión de los
factores salariales devengados en el último año de servicios anterior a su retiro y
la Resolución 024307 de 5 de agosto de 2014, mediante la cual se resolvió el
recurso de apelación y se confirmó en todas y cada una de sus partes la decisión
recurrida.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la UGPP
reliquidar la pensión de jubilación, en un 75% de todos los factores salariales
percibidos en el último año de prestación de servicios, esto es, la prima de
navidad, la bonificación, las primas de servicios de junio, de diciembre, y de
vacaciones, en cuantía de $2´779.780, con efectividad desde el 1.° de enero de
2003, según lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y que se le realicen los
ajustes señalados en las Leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988; que se le paguen las
diferencias pensionales adeudadas y que se realicen los ajustes de acuerdo con
el IPC y que finalmente se le paguen los intereses moratorios.

4. Como fundamentos fácticos de la demanda, se relató que la señora Olga
Marina Valero de Hernández nació el 11 de febrero de 1946, por lo que a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad
y prestó sus servicios como docente a la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia por más de 20 años.

5. Por lo anterior, la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación le
reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución 29331 de 31 de
diciembre de 2001; ésta fue reliquidada por la Resolución 20724 de 21 de julio
de 2005 y fue aclarada mediante la Resolución 32393 de 18 de octubre de 2005.

6. Finalmente, la prestación fue reliquidada por medio de la Resolución 62485 de
31 de diciembre de 2008, en cuantía $ 2´422.714,56, con efectividad a partir del
1.° de enero de 2003.

7. El 8 de abril de 2014 la señora Valero de Hernández solicitó ante la entidad
demandada la reliquidación de su pensión de jubilación con inclusión de todos
los factores salariales percibidos en el último año de prestación de servicios (1.°
de enero al 31 de diciembre de 2002) y en respuesta de lo anterior se profirieron
los actos demandados que negaron su petición.

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Demandante: UGPP

2.1.3. Sentencia de primera instancia5

8. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, mediante
providencia del 15 de diciembre de 2016, accedió a las súplicas de la demanda.

9. Para adoptar esa determinación estableció que la situación jurídica de la
señora Valero de Hernández se encontraba cobijada por el régimen de transición
de la Ley 33 de 1985 y que los factores salariales enlistados en la Ley 62 de
1985 no eran taxativos de acuerdo con lo señalado por la sentencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, dictada dentro
del proceso 0112-2009.

10. Estableció que la Corte Constitucional en sentencias C- 258 de 2013 y SU-
230 de 2015 adoptó un criterio disímil al expuesto en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, al indicar, que la interpretación
del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 se debe entender
en el sentido de que el modo de promediar la base de liquidación de la pensión
de jubilación o vejez no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en
razón a que dicho régimen solo comprende los conceptos de edad, monto y
semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación y que por tanto, el
IBL debe ser el contemplado en el régimen general para todos los efectos.

11. Empero acogería el criterio adoptado por el Consejo de Estado en sentencia
de 25 de febrero de 2016 dictada en el proceso 4683-2013, con ponencia del
consejero Gerardo Arenas Monsalve donde señaló que mantendría su postura
frente a que el monto de las pensiones del régimen de transición pensional del
sector oficial comprenda la base (ingreso salarial del último año de servicios) y
el porcentaje dispuesto que generalmente es del 75% a excepción de las
pensiones de los congresistas y asimilados, regidos por la Ley 4ª de 1992 en
virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la sentencia C- 258 de
2013.

12. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos cuestionados y ordenó a la
entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación, sobre el 75% del
promedio mensual de todos los salarios legales devengados durante el último
año de prestación de servicios comprendido entre el 1.°de enero y el 31 de
diciembre de 2002, esto es: el sueldo devengado, la bonificación por servicios
prestados. los gastos de representación, reajuste prima de vacaciones (mayo),
prima de servicios (junio y diciembre) y prima de navidad, cada uno de estos
factores con el correspondiente al reajuste salarial de ley que se le hubiera
efectuado, a partir del 1.° de enero de 2003. No incluyó el incentivo salarial 2001
y el reajuste de las vacaciones.

5 Expediente digitalizado, visible en el aplicativo SAMAI. Archivo «39Anexo notificación del
39_AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION.rar\1367-2017\1367-2017 - archivo
RAR», documento: « 3501 SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA-8-2017-01-31_121800.PDF».
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Demandante: UGPP

13. Ordenó el descuento de los aportes que no se realizaron sobre los factores
salariales indicados, así como el pago de las diferencias generadas desde el 8
de abril de 2011 por efectos de la prescripción, reajuste de acuerdo con el IPC y
finalmente condenó en costas a la parte vencida.

2.1.4. Sentencia de segunda instancia6

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 24 de enero de 2018
confirmó la sentencia apelada y condenó en costas de segunda instancia a la
UGPP.

15. Para tal efecto, a partir de las pruebas allegadas estableció que la señora
Valero de Hernández se encontraba amparada por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 por cuanto nació el 11 de febrero de 1946 y se desempeñó
como docente de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud
desde el 29 de noviembre de 1976 hasta el 31 de diciembre de 2002 de forma
interrumpida y además en la Escuela de Auxiliares de Enfermería desde el 8 de
marzo de 1979 hasta el 17 de febrero de 1980.

16. Según lo explicó al estar amparada por el régimen de transición le eran
aplicables las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985 en virtud del principio de
inescindibilidad normativa, en atención a lo señalado por el Consejo de Estado
en providencia de 4 de agosto de 2010, en la que se indicó que los fáctores
salariales allí enlistados no era taxativa, por lo que debían tenerse en cuenta los
emolumentos percibidos entre el 1.° de enero al 31 de diciembre de 2002, sin que
obste la omisión en la realización de aportes por parte del empleador pues estos
podían ser descontados con posterioridad haciendo las deducciones
correspondientes.

17. Señaló que no eran aplicables al caso las sentencias C 258 de 2013 y SU
230 de 2015, dado que la primera aplica al régimen pensional establecido en el
artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y además acataría el precedente del Consejo de
Estado por tratarse de su superior funcional.

18. En cuanto a la sentencia SU- 427 de la Corte Constitucional señaló que, si
bien enfatiza en que el régimen de transición no incluyó el IBL, contrario a lo
concluido por el Consejo de Estado en sus sentencias de unificación, sería
también inadmisible tal interpretación cuando se evidencia un abuso del derecho,
como cuando en el último año de servicios la Ley 33 de 1985 se presentan
situaciones de ingresos salariales intempestivos y desproporcionados, que no

6 Ibidem. Folios 246 y s.s. del archivo PDF Ibidem.
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Demandante: UGPP

corresponden a su historia laboral, sin embargo este no era el caso de la señora
Valero de Hernández.

19. De acuerdo con esto, confirmó la decisión de primera instancia y condenó en
costas de segunda instancia a la UGPP.

2.1.5. La acción especial de revisión7

20. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-, invocó como causales de revisión
las consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra
acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente
cuando:

a) el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

21. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

« […]
PRIMERA: Revocar la sentencia del JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE TUNJA de fecha 15 de diciembre de 2016 y confirmado por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA de fecha 24 de enero de 20167
dictadas dentro del proceso judicial 15001333301420150013800.
SEGUNDA: Declarar que La señora OLGA MARINA VALERO DE HERNANDEZ,
en cuanto a la liquidación de su pensión de vejez, no es acreedor de un
DERECHO ADQUIRIDO amparable por la Legislación Colombiana, y en su lugar,
ORDENAR LA RELIQUIDACIÓN Y PAGO de su mesada pensional conforme a
las reglas previstas en la sentencia SU 395 de 2017, puesto que la aplicación
incorrecta del régimen de transición en la que se liquida la pensión con el 75%
del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios, constituye un defecto sustantivo y en violación directa de la
constitución.
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, RELIQUIDAR y PAGAR la mesada pensional de la
señora OLGA MARINA VALERO DE HERNANDEZ, conforme a las reglas
previstas en las Sentencias C-168 de 1995, C- 258 de 2013, Auto 326 de 2014,
SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395
de 2017 y SU- 631 de 2017 proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las
directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE
COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y

7 Ibidem.
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Demandante: UGPP

demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de
FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijando como MONTO
PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO el 75% previsto en el artículo 6º del
Decreto ley 33 de 1985; por haber adquirido su status pensiona! conforme a las
condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de
Pensiones, y no antes. […]».

22. Para fundamentar sus pretensiones señaló:

• Frente a la primera causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, señaló que se configuró porque « […] la reliquidación de
la pensión de jubilación de la causante en los términos ordenados en estas
no le corresponde, pues lo correcto es que se tuvieran en cuenta las
disposiciones contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993
respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de
liquidar la prestación, por lo anterior se considera que el fallo acusado
transgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los
artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123 inciso 2º y 124 de la Carta Política .

• Frente a la segunda causal establecida en el literal b)8 del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 sostuvo que la señora Valero de Hernández no tenía
derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que es beneficiaria
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto
en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores de
cotización establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994.

Además, de lo anterior, aseguró que se desconocieron las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015,
Auto 326 de 2014, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017,
SU 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.

2.1.6. Medida cautelar

23. La entidad demandante solicitó como medida precautelativa la suspensión
provisional del cumplimiento de las providencias objeto de la acción especial de
revisión, mediante las cuales se ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de
jubilación reconocida a Olga Marina Valero de Hernández.

24. Mediante proveído de 14 de septiembre de 20209 se rechazó por
improcedente la solicitud de la entidad accionante.

8 «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención

colectiva que le eran legalmente aplicables».
9 Expediente digitalizado visible en el archivo «10_ED_CUADERNO

PRINCIPAL_01CuadernoPrincipalFolio1al217.pdf(.PDF) NroActua 23», folio 332, índice 23 del aplicativo
Samai,.
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Demandante: UGPP

2.1.7. Contestación

25. La señora Olga Marina Valero de Hernández no dio contestación a la
demanda, pese a que fue notificada como se aprecia en el aplicativo SAMAI10 e
intervino, a través de apoderado judicial, en oposición a la medida cautelar.

2.2. Concepto del Ministerio Público

26. El señor agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

27. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 24 de enero de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que confirmó la sentencia del 15 de diciembre
de 2016 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por Olga Marina Valero de Hernández contra la UGPP.

3.2. Oportunidad y legitimación

29. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 200311, declaró la inexequibilidad de
dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término

10 Expediente digital Aplicativo SAMAI:

«25RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEESTADOGOVCO_04
262021_RVRECURSODEREPOSICIONRADNO110010325000.PDF».
11 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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Demandante: UGPP

previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen
fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

30. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de esta12, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».

31. En este caso no se allegó constancia de ejecutoria de la sentencia del 24 de
enero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, sin embargo,
dado que la demanda de revisión se presentó el 6 de septiembre de 2018 se
colige que fue presentada en término.

3.3. Problema jurídico

32. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia del 24 de enero de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al
condenar a la UGPP, efectuar la reliquidación de la pensión de jubilación a favor
de la señora Olga Marina Valero de Hernández, con la inclusión de todos los
factores salariales percibidos en el último año de prestación de servicios.

33. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

34. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA13 (antes artículo

12 Fue presentada el 6 de septiembre de 2018, según da cuenta expediente digitalizado visible en el archivo
«10_ED_CUADERNO PRINCIPAL_01CuadernoPrincipalFolio1al217.pdf(.PDF) NroActua 23», folio 294,
índice 23 del aplicativo Samai, de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por
remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
.
13 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
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188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada14, aplicada exclusivamente a aquellas situaciones
«críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las
sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.

35. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.

36. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».15

3.4.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso».

37. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.

39. Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.

11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
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asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.

40. Según la citada norma, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes garantías16:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.

41. La entidad demandada centra el argumento frente a esta causal en que, en
su parecer no se atendieron los artículos 21 y 36 la Ley 100 de 1993 respecto al
IBL y factores a incluir con lo que se desconocen los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 29,
121, 123 inciso 2.º y 124 de la Carta Política.

42. Como se advierte, el argumento empleado por la UGPP para fundamentar el
cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, no se refiere al
desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad judicial al
proferir la sentencia judicial que se revisa.

43. Por el contrario, el argumento esbozado por la entidad está dirigido a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en
relación a la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993
para la determinación del ingreso base de liquidación -IBL-, asunto que no guarda
relación con la violación al debido proceso, por esa razón la causal a) esgrimida
por la entidad, se declarará infundada.

3.4.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

16 Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen reparos distintos en los que

se sustente una manifiesta vulneración al debido proceso.
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44. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente17 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa18 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones19,
en especial, el principio de solidaridad20 y equilibrio financiero.

45. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:

«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.

36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.

37. Bajo ese entendido, esta Corporación 21 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»22.

46. Frente a esta causal la apoderada de la UGPP estimó que no debió ordenarse
la liquidación de la pensión de la señora Olga Marina Valero de Hernández, toda
vez que al ser beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 debe acatarse lo dispuesto en el inciso 3. ° idem y los
factores de cotización establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994
y en acatamiento de las sentencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995,
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU-427 de 2016, Auto 229
de 2017, SU-210 de 2017, SU 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
18 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
19Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
20 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
21 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
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47.Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.

48. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que la pensión que
inicialmente se reconocía a la demandante correspondía a $2´422.714,56, pero
con la inclusión de los factores ordenados en la sentencia recurrida y con el IBL
basado en el último año de servicios se generó un aumento en el monto de la
mesada pensional.

49. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

50. Por lo anterior, se examinará, si en el caso concreto, se configura la
consecuencia procesal prevista en el precepto normativo mencionado, esto es,
si el quantum de la pensión desbordó el límite legalmente establecido.

3.4.2.2. Caso concreto

51.Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto
por los siguientes motivos:

52. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso no se discute que a
la señora Olga Marina Valero de Hernández le sea aplicable el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló la UGPP en la solicitud de
revisión y las providencias judiciales cuestionadas.

53. Revisado el expediente se observa que nació el 11 de febrero de 1946 como
lo indica la copia de la cédula de ciudadanía, que obra a folio 6123. del expediente.

54. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia como docente de la Escuela de
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud desde el 1.° de noviembre de
1976 hasta el 18 de abril de 1978, luego desde el 18 de febrero de 1980 al 31 de
abril de 1981 y luego desde el 1.° de mayo de 1981 hasta el 31 de diciembre de

23 Expediente digitalizado visible en el archivo «10_ED_CUADERNO

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2002. Así mismo laboró en la Escuela de Auxiliares de Enfermería de Tunja como
instructora de tiempo completo, desde el 8 de marzo el 1979 hasta el 17 de
febrero de 1980, como lo señala la certificación expedida por la Gobernación de
Boyacá de 28 de marzo de 2005, que obra a folio 9024.

55. De lo anterior se concluye que el 1.° de abril de 1994, fecha en la que entró
en vigor la Ley 100 de 1993, tenía 48 años edad y más de 15 de servicios.

56. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto
de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional anterior, en virtud
del régimen de transición del que es beneficiaria la señora Valero de Hernández,
bajo los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda
del Consejo de Estado vigente para la época en que se definió el proceso judicial
(enero de 2018), esto es con el 75% del promedio de los factores devengados
durante el último año de servicios (1.° de enero a 31 de diciembre de 2002), en
los términos de la Ley 33 de 1985, que para el caso consistieron en: sueldo, la
bonificación por servicios, los gastos de representación, el reajuste de la prima
de vacaciones, la prima de servicios( junio y diciembre) y la prima de navidad
como se lee a folio 239 de la providencia proferida por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

57. Tales factores fueron efectivamente devengados por la señora Valero de
Hernández durante el citado interregno, tal como se advierte al verificar las
certificaciones expedidas por la UPTC de 18 de marzo de 2005 y de 20 de febrero
de 2014 visibles en los folios 99 y 17425

58. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como
un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo
de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo
por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de abril
de 1994 el actor tenía más de 40 años, por lo cual se encuentra dentro de las
previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de
jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.

24 Ibidem.
25 Expediente digitalizado visible en el archivo «10_ED_CUADERNO

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(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».

59. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

60. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

61. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.».

62. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
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IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

63. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de las sentencias de 15 de
diciembre de 2016 y 24 de enero de 2018, lo cierto es que no se puede entender
que el reconocimiento se haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló
que se habría de adoptar la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62
de 1985 de conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.

64. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso.26

65. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, SU - 210 de 2017, SU - 395 de 2017, SU - 631 de 2017, y T – 039
de 2018, se advierte que, en las sentencias que se revisa, proferidas 15 de
diciembre de 2016 y 24 de enero de 2018 por el Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá hicieron referencia a
la sentencias de la Corte C- 258 de 2013 y SU- 230 de 2015, dictadas con
anterioridad, empero justificaron su decisión acogiendo el precedente de esta
Corporación establecido el 4 de agosto de 2010 y reiterado en sentencia de 25
de febrero de 2016 dictada en el proceso 4683-2013.

66.Cabe señalar que si bien para entonces, en la sentencia C- 258 del 7 de mayo
de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reúne el pensionado.

67. Tal como lo señaló esa Corporación, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

68. Finalmente, advierte la Sala que, si bien la UGPP manifestó que para calcular
el IBL del pensionado debieron atenderse las disposiciones contenidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en

26 . Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01

(3138-2020).

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Demandante: UGPP

el Decreto 1158 de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte
Constitucional ha desarrollado sobre el tema; lo cierto es que no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular.

69. A pesar de lo anterior, es necesario precisar que los factores salariales cuya
inclusión se ordenó en la sentencia revisada, se encuentran señalados en el
Decreto 1045 de 1978 y la Ley 62 de 1985.

70. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la UGPP.

3.5. Condena en costas

71. Dado que esta Sección27 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
contra la sentencia del 24 de enero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que confirmó la sentencia del 15 de diciembre de 2016
dictada por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Olga
Marina Valero de Hernández contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, proceso
radicado 15001333301420150013801, de conformidad con las razones
expuestas.

27Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01339-00 (4494 -2018)

Demandante: UGPP

SEGUNDO: Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

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