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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01349-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01349-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Gloria Saturia García de García contra la sentencia del 1 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado. TERCERO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón, que obra en el índice 63 del aplicativo Samai, en calidad de apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGP, por acreditarse el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso. CUARTO: RECONOCER personería al abogado Omar Trujillo Polanía como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el índice 23 del aplicativo Samai. QUINTO: ACEPTAR la sustitución de poder a la abogada Melissa Fernández Suárez como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el índice 62 del aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01349-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01349-00
Nº interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 1
de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Causal regulada en el numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 20111

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la señora
Gloria Saturia García de García contra la sentencia del 1 de marzo de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la
señora Gloria Saturia Gómez de Gómez

La señora Gloria Saturia Gómez de Gómez, a través de apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, para que se declare
la nulidad de las Resoluciones RDP 36266 de 28 de noviembre de 2014 y RDP
05352 de 10 de febrero de 2015, mediante las cuales la UGPP negó la
reliquidación de la pensión.

Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la UGPP que se
reliquide y se pague una pensión de jubilación en favor de la demandante con la

1
Aunque en el recurso se invoca la causal prevista en el numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo, la norma vigente al momento de la presentación del recurso extraordinario de revisión que regula esta
causal, es el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios,
conforme a lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985, por ser beneficiaria del
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.

Como fundamentos de hecho indicó que la señora Gloria Saturia García de
García nació el 20 de agosto de 1947 y laboró en la Universidad Pedagógica por
un término superior a 26 años.

Señaló que el 16 de junio de 2005 solicitó a Cajanal el reconocimiento de la
pensión de jubilación y que dicha entidad mediante Resolución 32691 de 10 de
julio de 2006 reconoció la pensión a partir del 1 de abril de 2005.

Que el 11 de agosto de 2014 la demandante solicitó a la UGPP la reliquidación
de la pensión, para que se tuviera en cuenta la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

La UGPP a través de Resolución RDP 036266 de 28 de noviembre de 2014 negó
la reliquidación de la pensión, decisión que fue confirmada por la Resolución RDP
005352 de 10 de febrero de 2015.

2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, se opuso a las
pretensiones de la demanda y señaló que en el caso bajo estudio las normas
aplicables son las Leyes 33 y 62 de 1985, sin embargo, el IBL aplicable es el
dispuesto en la Ley 100 de 1993 reglamentado por el Decreto 1158 de 1994.

Propuso como excepciones: prescripción, inexistencia de la obligación,
compensación, pago y la innominada o genérica.

2.2. La Universidad Pedagógica Nacional, como llamado en garantía, se opuso
a las pretensiones de la demanda y advirtió que, contrario a lo afirmado por la
parte demandante, la interpretación adecuada del régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993, fue la efectuada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la sentencia SU-230 de 2015.

Propuso como excepciones: pago de la obligación por parte de la universidad y

3

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

desconocimiento del principio de congruencia.

3. La sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho

El Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad de Bogotá, mediante sentencia
dictada en audiencia celebrada el 5 de julio de 2017, decidió: (i) declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados; (ii) condenar a la UGPP a
reliquidar la pensión a favor de la señora Gloria Saturia García de García,
aplicando el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último
año de servicios anterior al retiro, esto es del 28 de febrero de 2013 al 28 de
febrero de 2014, incluyendo además de los ya reconocidos, el sueldo, prima de
servicios, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de
vacaciones, a partir del 1 de marzo de 2014, descontando los valores
correspondientes por los aportes no efectuados; (iii) actualizar el valor de las
sumas reconocidas; (iv) negar las demás pretensiones de la demanda; (v)
ordenar a la Universidad Pedagógica Nacional pagar en forma indexada a la
UGPP los aportes que le corresponden en calidad de empleador2.

Señaló que, en el caso concreto no se otorga una ventaja irrazonable ya que lo
devengado por la demandante en su vida laboral corresponde a unos ingresos
normales, sin que se hubiera presentado un incremento significativo de los
mismos.

Igualmente, señaló que la parte actora adquirió el estatus pensional antes de
haberse proferido la sentencia SU-230 de 2015, razón por la cual se apartó de lo
allí considerado y acogió lo dispuesto en la sentencia de unificación proferida el 4
de agosto de 2010 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En virtud de lo anterior, concluyó que la pensión debía reliquidarse teniendo en
cuenta lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, con el 75% del
promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

4. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

2
Folios 185-212 del cuaderno del proceso ordinario.

4

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

La UGPP presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, bajo el
argumento que no se configura la figura de los derechos adquiridos y que debe
darse aplicación a lo previsto por la Corte Constitucional en las sentencias C-238
de 2013 y SU-230 de 2015.

A su vez, la Universidad Pedagógica Nacional recurrió el fallo de primera
instancia, al considerar que debe aplicarse lo dispuesto por la Corte
Constitucional frente al tema bajo estudio y, de no aceptarse lo anterior, se debe
reducir la condena en su contra, tendiendo en cuenta que el término para iniciar
las acciones de cobro de las obligaciones parafiscales es de cinco años.

5. Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 19 de marzo de 2018, decidió: (i) revocar la sentencia de
primera instancia; (ii) negar las pretensiones de la demanda; y (iii) no condenar
en costas3.

Señaló que, sería del caso estudiar la reliquidación de la pensión al amparo de la
Ley 71 de 1988, sin embargo, como ello no fue solicitado en la demanda, en
aplicación del principio iura novit curia y con respeto del principio de congruencia,
indicó que el caso se debe analizar al amparo de las Leyes 33 y 62 de 1985.

Advirtió que, en el caso de empleados del orden nacional beneficiarios del
régimen de transición, la pensión se liquida con la inclusión de aquellos factores
sobre los cuales se hubiera aportado. Igualmente, indicó que el Consejo de
Estado en sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda el 4 de
agosto de 2010 consideró que el IBL también fue objeto de transición, razón por
la cual dicho concepto se encuentra constituido con la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicio.

No obstante, el Tribunal manifestó que en sesión del 3 de noviembre de 2016
decidió acoger la postura expuesta por la Corte Constitucional en las sentencias
SU-230 de 2015 y SU-427 de 11 de agosto de 2016, según la cual el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 regula la edad, tiempo de servicio y tasa de
reemplazo de la pensión, sin que se encuentre el IBL sometido a dicha transición,

3
Folios 316-329.

5

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

por lo que frente a este punto debe aplicarse el régimen general de pensiones.

Igualmente, advirtió que esa Sala es del criterio según el cual las personas que a
la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones acreditaron 20 años de
servicio, pero no cumplían con la edad requerida, se les aplica en su integridad el
régimen anterior a la Ley 100 de 1993, sin embargo, en el presente asunto la
demandante cumplió los 20 años de servicio con posterioridad, razón por la cual
el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda.

6. El recurso extraordinario de revisión

La señora Gloria Saturia García de García, a través de apoderado, interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada el 1 de marzo de
2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que establece: “5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”4.

Como resumen de los hechos que dieron origen al presente recurso, indicó:

Que la señora Gloria Saturia García nació el 20 de agosto de 1947 y laboró como
docente en la Universidad Pedagógica Nacional por más de 20 años.

Que mediante la Resolución 32691 de 10 de julio de 2006, expedida por Cajanal,
le fue reconocida una pensión de jubilación, la cual fue reliquidada a través de la
Resolución RDP 012996 de 24 de abril de 2014.

Que el 11 de agosto de 2014 presentó petición ante la UGPP con el fin de
obtener la reliquidación de la pensión con aplicación de las Leyes 33 y 62 de
1985, teniendo en cuenta que es beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993.

Mediante la Resolución RDP 036266 de 28 de noviembre de 2014, la UGPP negó
la reliquidación de la pensión. Esta decisión fue confirmada a través de la
Resolución RDP 005352 de 10 de febrero de 2015.
4
Folios 62-87.

6

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

Que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, entidad que llamó en garantía a la
Universidad Pedagógica Nacional. Lo anterior, para que se declarara la nulidad
de los actos acusados y se ordenara a la demandada reliquidar la pensión de
jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio.

Que el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad de Bogotá, mediante sentencia
del 5 de julio de 2017, accedió a las súplicas de la demanda. Contra esta decisión
la entidad demandada y la llamada en garantía presentaron recurso de apelación.

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, mediante sentencia del 1 de marzo de 2018 revocó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de la causal invocada, señaló que la señora Gloria Saturia García
adquirió el estatus pensional desde el 20 de agosto de 2002 y que, en su caso, el
régimen de transición pensional era un derecho adquirido, sin que pudiera ser
desconocido o vulnerado por normas posteriores.

Advirtió que, el derecho de la recurrente está protegido por el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y por el Acto Legislativo 01 de 2005, que extendió el régimen de
transición hasta el 31 de diciembre de 2014.

Agregó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de unificación
proferida el 4 de agosto de 2010, protegió los derechos de los empleados
públicos que se encontraban en las condiciones descritas en la sentencia, y
definió cuáles factores forman parte del salario del trabajador. Esta tesis fue
ratificada por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de febrero de 2016.

Con el fin de sustentar lo anterior, citó apartes de las siguientes sentencias:
providencia proferid el 4 de agosto de 2010 por la Sección Segunda del Consejo
de Estado y las sentencias C-621 de 2015, C-836 de 2001 y C-168 de 1995,
dictadas por la Corte Constitucional.

Igualmente, se observa que el apoderado de la recurrente afirmó que:

7

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

“[…] el sentenciados no tuvo otra intención que la de desconocer los derechos de
la demandante, por esta razón no le interesó realizar un estudio a la sentencia del
caudal probatorio arrimado al proceso, que demuestra claramente que el derecho
de mi mandante es un derecho adquirido que no puede ser desconocido ni aún,
por la sentencia SU-30 de 2015 (sic), Que como es de todos conocido, se refiere a
otra clase de servidores públicos, pero no a los docentes universitarios en general
[…]”.

Afirmó que en la sentencia recurrida se incurrió en los siguientes errores: (i) se
apartó del precedente jurisprudencial del superior jerárquico; (ii) no aplicó la Ley
33 de 1985 en su integridad; (iii) no tuvo en cuenta el acervo probatorio, según el
cual es claro que la demandante es beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y que se debe aplicar la Ley 33 de 1985 al tener derechos
adquiridos; (iv) revocó una sentencia que estaba sustentada correctamente; (v)
aplicó incorrectamente la Ley 33 de 1985, pues no tuvo en cuenta en su totalidad
lo allí consagrado.

Como pretensiones del recurso, solicitó:

“PRIMERO: Que se revoque la sentencia de fecha de fecha (sic) 1º de Marzo de
2018 proferida por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca y Bogotá, Sección Segunda, Subsección “A”, Magistrado Ponente,
Dr. CARMEN ALICIA RENGIFO SANGUINO, mediante la cual se REVOCO la
sentencia de primera instancia de fecha 05-07-2017, proferida por el Juzgado 20
Administrativo del Circuito de Oralidad de Bogotá, que declaró la nulidad de las
resoluciones RDP 036266 de fecha 28 de Noviembre de 2014 y RDP 005352 de
fecha 10 de febrero de 2015, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, “UGPP”
que negaron la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de los factores
salariales devengados por la señora GLORIA SATURIA GARCÍA DE GARCÍA, […].

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión se acojan todas y cada
una de las súplicas de la demanda incoada por la señora GLORIA SATURIA
GARCÍA DE GARCÍA, ya identificada, protegiendo definitivamente los derechos
adquiridos, el mínimo vital y los derechos de las personas de la tercera edad.

TERCERA: Que todos los valores a que hacen referencia las peticiones de la
demanda, sean indexados conforme al índice de precios al Consumidor
Certificados por el DANE, mes a mes y año por año”.

7. Trámite del recurso extraordinario de revisión

Mediante auto del 17 de junio de 2020, el despacho sustanciador admitió el
recurso extraordinario de revisión y ordenó notificar a la UGPP y al Ministerio
Público5. A través de providencia del 20 de mayo de 2021 se requirió a la UGPP

5
Folios 344-345.

8

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

para que constituyera apoderado judicial dentro del proceso de la referencia6.

Por auto del 25 de noviembre de 2021 se vinculó a la Universidad Pedagógica de
Colombia, para que actúe como tercero con interés directo en las resultas del
proceso 7 . Posteriormente, en providencia de 19 de mayo de 2022 se puso a
disposición de la parte recurrida la totalidad del expediente físico8. Finalmente, en
auto del 8 de junio de 2023 se prescindió del periodo probatorio 9.

8. Oposición al recurso extraordinario de revisión10

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE solicitó que, en
aplicación de las reglas fijadas en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de
2018, se profiera sentencia anticipada negando las pretensiones de la
demanda11.

La Universidad Pedagógica Nacional se opuso a las pretensiones de la
demanda, toda vez que no se configuró ninguna de las causales previstas en el
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Igualmente, señaló que la sentencia recurrida se fundamentó en
los fallos dictados por la Corte Constitucional (SU-230 de 015 y SU-395 de 2017),
que interpretan la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 en
el sentido de precisar que este régimen respeta solamente la edad, el tiempo de
servicio y el monto del régimen anterior y que, contrario a lo pretendido por la
señora Gloria Saturia García de García, el IBL no es un aspecto a tener en
cuenta en la transición12.

9. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no presentó concepto de fondo en el asunto de la
referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia y oportunidad

6
Folio 348.
7
Folios 380-reverso.
8
Folios 380-reverso.
9
Folios 354-reverso.
10
Índice 18 de Samai, al consultar el proceso de la referencia.
11
Índice 38 de Samai, al consultar el proceso de la referencia.
12
Índice 44 de Samai, al consultar el proceso de la referencia.

9

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 1 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249
ídem.

Respecto de la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión,
la Sala advierte que el inciso primero del artículo 251 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que
podrá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.

En el sub lite la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se profirió
el 1 de marzo de 2018 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 16
de marzo de la misma anualidad13. Por consiguiente, el recurso se interpuso de
forma oportuna.

2. Problema Jurídico

En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 1 de marzo de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que revocó el fallo dictado el 5 de
julio de 2017 por el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad de Bogotá, que
accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negó las mismas.

Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 1 de
marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se incurrió en la
causal de revisión alegada por la recurrente, contenida en el numeral quinto del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta que, en su criterio, en la providencia dictada
en segunda instancia se desconocieron las pruebas y precedente jurisprudencial
vigente.

Con el propósito de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión; 2.2

13
Folio 333 del cuaderno principal.

10

Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 2.3 Caso
concreto.

2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.

Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera
taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa
juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la
decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia
material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia
ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que
constituye un proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que
afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia.14 Más que un recurso, es un
verdadero proceso15 sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de
proferir la sentencia cuestionada16”17.

Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección
de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
pese a que el trámite judicial haya finalizado 18, y salvo la causal 4ª del artículo
25019, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo
se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la
labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de

14
C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
15
C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez.
16
C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
17
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18
Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”.

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Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos
que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”20.

Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está
obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden
el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de
errores ‘in judicando’21. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso
extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro
del proceso ordinario.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios22.

2.2. Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Pues bien, bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso
extraordinario de revisión, como se vio en la jurisprudencia transcrita, es
necesario examinar la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente
en “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.

Las nulidades procesales son irregularidades que se presentan durante el trámite
de una actuación, y que, por su connotación, tienen la entidad de vulnerar el
derecho fundamental al debido proceso. En razón a su gravedad, el legislador
estableció la posibilidad, a modo de sanción, de que todas aquellas actuaciones
que se adelantaron viciadas sean invalidadas, con el fin de salvaguardar los
intereses superiores de las partes.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
21
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

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Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

Dada su importancia en el marco de la normativa procesal, especialmente por su
función protectora, el legislador permitió que las nulidades fueran incluidas como
motivo válido para acudir ante las autoridades jurisdiccionales en revisión, pues,
inclusive en la sentencia que pone fin a los procedimientos, es posible que se
presente una irregularidad que no es subsanable.

En este contexto, es importante señalar que la nulidad debe darse en la
sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron
ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos, o adoptar las medidas
necesarias para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la Sala 8
Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado, en
pronunciamiento que se reitera, “para que esta causal de revisión prospere, entre
otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o
bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una
influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales
que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y
no con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades
procesales generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al
cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure
aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso
terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece
firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos
no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio
de la non reformatio in pejus”23.

Para ello, es necesario que el recurrente aduzca una anomalía que se haya
configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho
o circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna
ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se
presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía.

Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en párrafos
anteriores, del 2 de marzo de 2010, señaló:

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de
2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.

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Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

“Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden
considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente
ilustración de esta Sala Plena:

“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de
acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se
condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere
estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un
número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre
aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional
ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada´. […]

En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse
motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso
extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso
taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en
aquella oportunidad:

“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el
proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición
referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez
jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación,
se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en
firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se
pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos. […]

Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencial,
esta Sala anotó:

Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente
Rev-93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan
la sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los
establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. […]

En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente
manera:

[…]

En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver
el recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o

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Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
Demandado: UGPP
Fallo

competencia tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el
vicio se habría originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la
contrademanda y en esta hipótesis no sería causal de revisión […]”24.

De acuerdo con lo anterior, la causal de revisión por nulidad originada en la
sentencia que ponga fin al proceso contra la cual no proceda recurso de
apelación, debe corresponder a un vicio que se debe presentar al momento de
dictar la providencia recurrida, porque de lo contrario se estaría ante una
situación que pudo haber sido alegada y estudiada en el curso del proceso.

Así mismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros
motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del
Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede
ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho
fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión Veintidós de la Sala
Plena del Consejo de Estado, al considerar que: “la violación al debido proceso
constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento,
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede
configurar la causal de revisión en comento. Así también lo entendió esta Sala Especial
de Decisión en reciente fallo de 7 de febrero de 201725: ‘En este caso, el juez no está
creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la
nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la
potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso’”26.

La violación al debido proceso se configura cuando la sentencia impugnada
desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la garantía de ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad
judicial competente y según las formas propias de cada juicio; ii) la aplicación de
la ley más permisiva o favorable, antes que la restrictiva o desfavorable, aunque

24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-
000-2001-00091-01(REV).
25
Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 4 de abril
de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

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Número interno: 4524-2018
Demandante: Gloria Saturia García de García
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Fallo

aquella sea posterior, en los casos que ello sea procedente; iii) la presunción de
inocencia; iv) el derecho de defensa y de ser asistido por un abogado en aquellos
casos que la ley lo indique; v) un proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el
principio del non bis in ídem; vii) la posibilidad de presentar, conocer y controvertir
las pruebas dentro del trámite procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas
providencias condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que
haya sido obtenida ilícitamente27.

En todo caso, aun, bajo el amparo de invocar una nulidad constitucional, al igual
que cualquier causal que implique la nulidad originada en la sentencia, se
requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma providencia; que se trate
de una irregularidad procesal y que sea de tal envergadura que, de no haberse
presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este
evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional,
se utilice el recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o
probatorio que se dio en la instancia correspondiente.

Sobre el parámetro temporal de la causal de nulidad, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en sentencia del
23 de julio de 2019, señaló que este debe ocurrir en “la expedición del fallo mismo,
y no en instancias o etapas anteriores, salvo “… que el afectado no haya tenido la
oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se dictó la
sentencia recurrida” 28 , comoquiera que lo contrario desnaturalizaría la esencia de la
causal, pues la norma que la consagra es suficientemente explícita en la oportunidad de
configuración. Esta concepción impide el acaecimiento de la inexorable confusión entre
el instrumento de corrección y saneamiento del proceso con el de realización de la
justicia material que subyace al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la
decisión judicial que puso fin a la litis”29.

Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también comprende la violación
del principio de congruencia, que puede presentarse, verbi gratia cuando el
accionado es condenado por una cantidad superior a la pretendida en la

27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013,
Exp. 11001-03-15-000-2008-01027-00.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, sentencia de 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
29
Expediente No. 11001-03-15-000-2018-04345-00(REV) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Número interno: 4524-2018
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Fallo

demanda, o por objeto y causa diferentes a los invocados en ésta; igualmente se
configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos
litigiosos objeto del debate30.

Sobre el principio de congruencia de la sentencia, el artículo 281 del Código
General del Proceso, establece que la providencia debe estar acorde con los
hechos y pretensiones de la demanda, así:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.

[…]”

El citado principio tiene dos ámbitos de aplicación, la congruencia interna y la
externa. La primera consiste en la coherencia entre la motivación del fallo y la
parte resolutiva; y la segunda trata de la armonía entre lo expresado por las
partes y lo decidido por el fallador31.

Entonces, la falta de coherencia de la sentencia puede acarrear la invalidez de la
decisión, siempre y cuando sea de tal envergadura la incongruencia que sea
necesario corregirla mediante su anulación, por ello “el juez de la revisión debe
cuidarse de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener los
sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta
de armonía sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario
debe negarse, pues el mismo se estaría empleando como una tercera instancia -propia
de los recursos ordinarios o de la discusiones de instancia-, y no para enervar la

30
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio, proceso con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01
31
Consultar sentencia del 1 de octubre de 2019, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2; M.P. César Palomino
Cortés; proceso: 11001-03-15-000-2013-02216-00

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Número interno: 4524-2018
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Fallo

inmutabilidad del fallo a partir de la naturaleza especial del recurso extraordinario”32.

De todo lo anterior se concluye que para que sea procedente infirmar la sentencia
cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de nulidad originada
en la sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la sentencia o por
hechos posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento previo, pues en
tal caso las partes deben poner el hecho en conocimiento del juez conductor del
proceso, salvo que no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo
conocimiento de ellos cuando se dictó la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada
sea de tal entidad, que influya en la decisión a adoptar, ello en razón a que no
cualquier irregularidad tiene la fuerza suficiente de romper esa cosa juzgada de la
que la sentencia está investida.

2.3. Caso concreto

La señora Gloria Saturia García de García presentó recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia proferida el 1 de marzo de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al considerar que se incurrió en la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Lo anterior, al considerar que en la sentencia recurrida se incurrió en los
siguientes errores de hecho:

“[…] 1.- Apartarse del precedente jurisprudencial de su superior jerárquico, sin
tener en cuenta que para apartarse de él debía, no sólo acogerse a lo dicho por la
Corte Constitucional, sino seguir los lineamientos establecidos por la propia Corte
[…]

2.- No aplicar la ley en su integridad. La Ley 33 de 1985, aplicable en el presente
caso, es clara al establecer en su artículo 1° lo siguiente: […]

3.- No tener en cuenta el caudal probatorio, pues es clarísimo que con las pruebas
aportadas al expediente quedó demostrado que la demandante, tiene derecho a
que se le apliquen las Leyes 33 y 62 de 1985, demostró igualmente que se trata de
un derecho adquirido protegido por la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia.

4.- REVOCAR una sentencia sustentada correctamente conforme lo ordena la
Corte Constitucional al apartarse de su decisión.

5.- La sentencia impugnada en revisión, está incursa en la nulidad procesal citada,
por haber escindido la norma y no haberla aplicado en su integridad, por cuanto es

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV)

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Número interno: 4524-2018
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Fallo

innegable que, si el régimen de transición de mi mandante es el contenido en la ley
33 de 1985 art. 1, modificado por el art. 1 de la Ley 62 de 1985, no era posible
dejar de reliquidar su mesada pensional con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, tal como le fue certificado por la
Universidad Pedagógica Nacional en fecha 13 de junio de 2014, apartándose
abruptamente de la Jurisprudencia de su superior jerárquico de fecha 4 de agosto
de 2010, la cual ha venido ratificando año tras año […]”.

La Sala advierte que el recurrente expone una serie de errores que, a su juicio,
cometió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver en segunda
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por
ella, sin embargo, los puntos señalados en el recurso extraordinario de revisión
muestran la inconformidad de la señora Gloria García de García respecto a la
valoración probatoria, a la interpretación de las normas aplicables al caso y la
aplicación del precedente jurisprudencial sobre la materia.

También se observa que en el recurso extraordinario de revisión se afirma que en
la sentencia cuestionada debió confirmarse lo resuelto por el juez de primera
instancia, toda vez que en el proceso estaba acreditado que la demandante
cumplía los requisitos para pensionarse de conformidad con lo establecido en las
Leyes 33 y 62 de 1985, razón por la cual, a su juicio, el Tribunal no realizó un
análisis apropiado de la situación fáctica y jurídica del caso bajo estudio.

Pues bien, la Sala considera, los argumentos expuestos por la recurrente no
muestran la configuración de la causal invocada, pues se limita a decir que debió
haberse accedido a las pretensiones de la demanda porque era beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por lo mismo, que debió aplicarse
lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985. No obstante, no planteó la configuración
de alguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 133 del Código
General del Proceso.

La Sala considera que lo pretendido por la recurrente es que se emita un nuevo
pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque en su criterio la sentencia
recurrida no realizó un análisis correcto, ya que debió concluir que los actos
estaban viciados y que era procedente la reliquidación de la pensión que le fue
reconocida en los términos solicitados; sin embargo, estudiar lo alegado por la
señora Gloria García de García conlleva a que el recurso extraordinario de
revisión se convierta en una “tercera instancia” para debatir la posición que en
criterio de la parte vencida debió adoptarse en el proceso, sin que se evidencie

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Número interno: 4524-2018
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Fallo

que dicha situación generó una vulneración del derecho al debido proceso o de
algún derecho de la interesada, pues los argumentos demuestran la
inconformidad frente al análisis efectuado por el Tribunal, y no un error de tal
magnitud que haga procedente el análisis de lo alegado a través de este
mecanismo por haberse incurrido en alguna causal de nulidad.

Ahora bien, se debe resaltar que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una instancia adicional del proceso contencioso que se ha adelantado
ante los jueces competentes, sino que se trata de un mecanismo extraordinario,
que se funda en la configuración de alguna de las causales taxativamente
señaladas por el legislador, con el fin de revisar una decisión judicial y evitar la
afectación de los derechos fundamentales de alguno de los sujetos procesales y
no se puede emplear como una oportunidad de una de las partes para discutir
nuevamente un aspecto de la litis, cuestionar el sustento jurisprudencial aplicado
por el juez o la valoración efectuada por el mismo sobre las pruebas obrantes en
el proceso.

Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la causal
prevista en el artículo 250, numeral 5 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, no hay lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo
establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa
remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el
sub lite.

DECISIÓN

Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por la señora Gloria Saturia García de García y no condenará en
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Demandado: UGPP
Fallo

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Gloria Saturia García de García contra la sentencia
del 1 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la abogada Gloria
Ximena Arellano Calderón, que obra en el índice 63 del aplicativo Samai, en
calidad de apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGP, por acreditarse el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado Omar Trujillo Polanía como
apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los términos y
para los efectos del poder conferido, que obra en el índice 23 del aplicativo
Samai.

QUINTO: ACEPTAR la sustitución de poder a la abogada Melissa Fernández
Suárez como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los
términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el índice 62 del
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

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Demandante: Gloria Saturia García de García
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Fallo

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y
autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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