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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01426-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01426-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA el recurso extraordinario de revisión interpuesta por la María Bernardet López Rivas, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, confirmada mediante fallo de 10 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, dictada dentro del expediente radicado 76001-33-31-702-2011- 00209-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01426-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-0325-000-2018-01426-00 (4704-2018)
Accionante : María Bernardet López Rivas
Accionado : Departamento del Valle del Cauca
Trámite : Recurso extraordinario de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 10 de junio de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle Sala de
Descongestión. Causal regulada en los numerales 1 y 2
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María
Bernardet López Rivas contra la sentencia de 19 de diciembre de 2012, proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, confirmada
mediante fallo de 10 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala de Descongestión, que negó las súplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda del recurso extraordinario de revisión

La señora María Bernardet López Rivas formuló el recurso extraordinario de revisión
prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, con la que
pretende se infirme la sentencia de 19 de diciembre de 2012, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, confirmada mediante fallo
de 10 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de
Descongestión, dictada dentro del expediente radicado 76001-33-31-702-2011-00209-01
y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias y ordené «[…] el reintegro de

Número Interno: 4704-2018
Accionante: María Bernardet López Rivas
Accionada: Departamento del Valle del Cauca

la actora al cargo de Auxiliar Administrativo código 407 grado 04 o a otro de igual o
superior categoría, reconociendo y pagando […] todas las sumas de dinero
correspondientes a salarios y/o sueldos, primas, prestaciones sociales, vacaciones,
intereses y demás emolumentos dejados de percibir, con sus aportes a la seguridad
social, desde el momento de su desvinculación del cargo, hasta el momento de su
efectivo reintegro, sumas que deberán ser indexadas con el pago.»

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que mediante Decreto 0740 de 15 de
julio de 2008, fue nombrada por el Gobernador del Valle del Cauca, en el cargo de Auxiliar
Administrativo, código 407, grado 04 de la Secretaría de Desarrollo Institucional que no
estaba inscrito funcionalmente al despacho del Gobernador, otorgándole la condición de
empleada en provisionalidad tomando posesión del cargo el 17 de julio de 2008 y
devengando al momento de la desvinculación la suma de $ 1.255.414.

Precisa que el gobernador de turno, mediante Decreto 0044 de enero de 2011, sin
motivación alguna y con violación al debido proceso decidió declararla insubsistente del
cargo que venía desempeñando contrariando el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 y
la Ley 909 de 2004.

Señala que promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que
declaró insubsistente su nombramiento, proceso que le correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali y mediante sentencia de
19 de diciembre de 2012 que negó las pretensiones de la demanda y confirmada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión mediante proveído
de 10 de junio de 2015, en el cual tuvo en cuenta para decidir la certificación aportada en
la prueba de oficio por el Secretario de Recursos Humanos del Departamento del Valle
la cual indicó «de acuerdo a lo solicitado en su oficio de la referencia, radicado con SADE 852030, con
el debido respeto le informo que el cargo que ostentaba la señora MARIA BERNARDET LOPEZ RIVAS, es
de naturaleza de libre nombramiento y remoción.»

Que el Gobernador del Valle del Cauca, con el visto bueno del Subsecretario de Recursos
Humanos, cinco (5) meses después de terminado el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante Decreto 1794 de 27 de noviembre de 2015,
modificó la naturaleza de la planta de cargos de ese ente territorial con fundamento en el
artículo 5 de la Ley 909 de 2004, concluyendo que « […] los empleos con nombramiento ordinario
que actualmente están desarrollando sus funciones en las diferentes dependencias de la administración

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Número Interno: 4704-2018
Accionante: María Bernardet López Rivas
Accionada: Departamento del Valle del Cauca

central, ajenas al despacho del señor Gobernador, su naturaleza real es de carrera administrativa, entonces
la vinculación de los funcionarios que se desempeñan estos empleos no puede ser otra que en
provisionalidad»

Expone que: «resulta fácil concluir que la respuesta que emitió el Subsecretario de Recursos Humanos
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante oficio 0102-035-01 de noviembre 19 de 2014 fue
FALSA al parecer y por lo tanto, el juez colegiado en segunda instancia, dictó sentencia con fundamento
en “documento falso” supuestamente, en cuanto a su contenido […]»

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, mediante
sentencia de 19 de diciembre de 2012, que negó las pretensiones, como sustento la
decisión tuvo en cuenta la sentencia de 13 de mayo de 2010, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B” radicado 15001-23-31-000-2001-01226-02, la
cual analizó «la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción, como
el demandante, es procedente de forma inmotivada, sin procedimientos y condiciones, y goza de
presunción de legalidad tal como lo ha sostenido la jurisprudencia […]»

Además de lo anterior, verificó de las pruebas obrantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho; (i) copia auténtica del Decreto 740 de 15 de julio de 2008,
por medio del cual la demandante fue nombrada en un cargo de libre nombramiento y
remoción denominado auxiliar administrativo código 407 grado 04; (ii) Decreto 0044 de
12 de enero de 2011, por medio del cual su nombramiento fue declarado insubsistente
del cargo de auxiliar administrativa código 407 grado 04.

Con fundamento en lo probado en el proceso el juzgado de primera instancia determinó
que «[…] el cargo ocupado era de libre nombramiento y remoción, lo cual implica que la desvinculación
pueda ser sin indicar los motivos que la produjeron, sin procedimientos o condiciones, gozando el acto de
insubsistencia de presunción de legalidad.»

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 10 de junio de
2015, confirmó la decisión de primera instancia, estableciendo que « […] la señora MARIA
BERNADET LOPEZ RIVAS se encontraba ocupando el cargo de Auxiliar administrativo Código 407 Grado
04 que es un cargo de libre nombramiento y remoción, de manera que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5 de la citada Ley 909 de 2004 y el Decreto 778 de 2005, su retiro bien podía fundarse en la
facultad discrecional del nominado como en efecto ocurrió.»

Que dicha « […] circunstancia se ratifica con el material probatorio que se aporta con la demanda, entre

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los cuales se encuentra por ejemplo el Decreto No. 740 del 15 de julio de 2008 expedido por el Gobernador
del Valle del Cauca […] por el cual nombra a la actora en el empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código 407 Grado 04, y donde considera que “…es propio del Gobernador dirigir y coordinar la acción
administrativa del departamento, incluyéndose la facultad para nombrar y remover libremente a los
inmediatos colaboradores en cargos de Libre nombramiento y remoción. »

Además, corroboró que « […] el Oficio 0102-035-01 del 19 de noviembre de 2014 […] suscrito por el
Subsecretario de recursos humanos del al Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de
la Gobernación del Valle, mediante el cual da respuesta a la prueba de oficio decretada por el Despacho
el 22 de octubre de 2014 […] así: “De acuerdo a lo solicitado en su oficio de referencia, radicado SADE
852030, con el debido respeto informo que el cargo que ostentaba la señora MARIA BERNADET LOPEZ
RIVAS, es de naturaleza de libre nombramiento y remoción.»

Del análisis del material probatorio determinó que « […] El señalamiento de que la actora no
ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, sino que se encontraba nombrada en
provisionalmente (sic) en cargo de carrera, es una afirmación que no tiene sustento alguno, toda vez que
del material probatorio arrimado se vislumbra a todas luces que la actora era una empleada de libre
nombramiento y remoción que podía ser desvinculada en cualquier momento por parte del nominador
mediante acto administrativo que no requiere motivación: Tampoco es dable pretender que por el solo
hecho de que la actor no accediera al cargo por concurso de méritos, es porque estaba nombrada en
provisionalidad, toda vez que en el expediente no obra acta alguna de nombramiento ni posesión en un
cargo de carrera en provisionalidad de la señora LOPEZ RIVAS, ni mucho menos puede considerarse que
la actora ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad por hecho de estar ubicada en la Secretaría de
Desarrollo Institucional.»

Que «la legalidad que ampara el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia y que se presume
que la decisión tomó en aras del buen servicio, no se desvirtuó, toda vez que la actora debía probar que
con su despido se desmejoró el servicio prestado por la administración, cosa de lo cual no existe probanza
en el plenario. Se deduce entonces que la determinación tomada por el nominador, obedeció a la facultad
discrecional que la ley otorga para declarar insubsistente un empleado de libre nombramiento y remoción,
razón por la cual, la actuación de la administración se ajustó a derecho, toda vez que tal atribución, es una
facultad que la ley ha concedido a la autoridad nominadora respecto de los empleados no protegidos por
fuero alguno de estabilidad y de ella ha de hacer uso con el único y exclusivo fin de mejorar el
funcionamiento de la entidad y el de procurar el buen servicio público.»

1.3 Causales de revisión invocadas

La demandante invocó las causales de revisión establecidas en los numerales 1 y 2 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, procede la revisión «[h]aberse encontrado
o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso

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fortuito o por obra de la parte contraria.», y « [h]aberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados.»

Aduce que la sentencia cuya revisión solicita fue dictada « […] con fundamento en un documento
supuestamente “falso” en cuanto a su contenido, por cuanto se apoyó en la respuesta del subsecretario de
Recursos Humanos vertida en el oficio 0102-035-01 de noviembre 19 de 2014, realidad legal que fue
revaluada por el Sr. Gobernador mediante Decreto 1794 del 27 de noviembre de 2015, con el visto bueno
del mismo funcionario al aplicar el artículo de la Ley 909 de 2004, considerando que los cargos adscritos
al despacho del gobernador son empleos de carrera administrativa tal como se sostuvo en la demanda y
fue reconocido por el Ministerio Público.»

1.4 Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio del recurso extraordinario de revisión fue notificado por correo
electrónico el 7 de marzo de 2024 a la entidad demandada Departamento del Valle del
Cauca y mediante escrito de 19 de marzo, se opuso a las pretensiones de la acción de
revisión.

En síntesis, manifestó que el «[…] oficio 0102-035-01 del 19 de noviembre de 2014 expedido por el
Subsecretario de Recursos Humanos, y por consiguiente siga encolumne y desfavorablemente las
pretensiones de la accionante, por cuanto, el acto administrativo de insubsistencia de la demandante No.
Decreto 0044 de enero 12 de 2011, es válido en todo su contenido y goza de plena legalidad como ha bien
se ha indicado en las sentencias del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cali mediante
sentencia de 19 de diciembre de 2012, que negó las pretensiones como la decisión confirmada en segunda
instancia por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle el Cauca mediante sentencia del
10 de junio de 2015.»

1. 5. Ministerio Público.

El Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, solicito declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión, indicando que «el documento señalado como falso por la
demandante, Decreto 0044 de 2011, fue expedido por funcionario competente y contiene información que
corresponde en su contenido y forma a las disposiciones vigentes al momento de expedición que
clasificaban el empleo que ocupaba la demandante como de libre nombramiento y remoción.» y « […] el
expediente no hay prueba que señale que la mentada certificación de Talento Humano haya sido declarada
falsificada o contraria a la verdad, es decir que el a quo en su proceder tomó la decisión según documentos
aportados al expediente y que no fueron tachados de falsos por las partes, es decir que la segunda instancia
no se discutió su legalidad sino que se aceptó sin reparos, por consiguiente, de los documentos aportados
por las partes en contienda y decretados en proceso se presumen legales hasta tanto no se desvirtué dicha
presunción y que en el sub lite no ocurrió, por consiguiente es plena prueba para tomar decisiones.»

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II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA1 y 20 de la Ley 797 de 20032, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 20193.

2.2 Oportunidad

El recurso extraordinario de revisión del epígrafe resulta oportuno, toda vez que la
sentencia revisada fue proferida el 10 junio de 2015, ejecutoriada el 25 de ese mes y año,
y la demandante lo radicó el 21 de junio de 2016 ante el Tribunal Administrativo del Valle
y solo lo remitió a esta Corporación el 29 de junio de 2018, razón por la cual no fue
superado el término de 1 año establecido en el artículo 251 del CPACA.

Lo mencionado se encuentra en los folios 169 a 173 del cdno. físico

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección debe establecer sí la sentencia de 19 de diciembre
de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito
de Cali, confirmada mediante fallo de 10 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, está incursa en las causales de revisión
consagrada de los numerales 1 y 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

2.4 Marco normativo del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de impugnación y la excepción al
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, por

1
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
2
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
3
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

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cuanto, abre la posibilidad de discutir los fallos ejecutoriados conforme la lista taxativa
que establece el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que se enlistan a continuación:

ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho
para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

Este recurso reviste connotación especial, no solo porque con su ejercicio se pretenden
desvirtuar las presunciones de legalidad y certeza que amparan una sentencia, sino por
las causales de procedencia que consagró de manera taxativa el legislador en el artículo
250 del CPACA, lo cual implica que las facultades del juez que conoce de él se sujetan

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al estudio de los argumentos planteados por el recurrente, los que, a su turno, deben
estar dirigidos a demostrar la causal alegada como sustento de la pretensión de revisión,
sin que sea dable incluir afirmaciones distintas ni revivir la controversia jurídica y fáctica
propia del proceso en el que se profirió la decisión objeto del recurso extraordinario 4.

Se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para
restablecer el imperio de la justicia, como supremo fin del derecho, cuando ellas son
proferidas con violación del derecho de defensa, desconocimiento de la cosa juzgada o
por circunstancias específicamente señaladas por la ley como delito, como lo dispone el
artículo 250 del CPACA; lo anterior significa que no constituye una nueva oportunidad
que conceda la ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias ni para
suplir la incuria o negligencia de ellas en materia probatoria, puesto que se fundamenta
en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso;
de modo que es un medio de impugnación excepcional de las sentencias, que permite el
rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer el ordenamiento jurídico, que
resulta lesionado por hechos externos al proceso judicial5.

Por consiguiente, para que este recurso prospere no solo resulta imperativo que se
demuestre la existencia de un motivo o causal de revisión que, de manera inequívoca,
tenga la aptitud suficiente para variar los resultados del fallo por las causales establecidas
en el mencionado artículo 250 del CPACA, sino que tal demostración debe corresponder

4
El Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, en fallo de 2 de abril de 2013, expediente 1997-00142-00, indicó:
«el recurso extraordinario de revisión establecido por el Código Contencioso Administrativo tanto por el artículo 164 de la Ley 167 de
1941, como el Decreto 01 de 1984, posteriormente modificado por la Ley 446 de 1998, tiene como característica que le es propia que
se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para restablecer el imperio de la justicia como supremo fin
del derecho cuando ellas son obtenidas con violación del derecho de defensa, con vulneración de la cosa juzgada o por circunstancias
específicamente señaladas por la ley como delito, tal como puede observarse por lo dispuesto en el artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo vigente. Conforme a lo acabado de expresar este recurso no es una nueva oportunidad que se conceda
por la Ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias, ni tampoco para suplir la incuria o negligencia de las mismas
en materia probatoria, sino que se fundamenta en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso,
como ocurre por ejemplo cuando la sentencia fue dictada con fundamento en documentos cuya falsedad fue declarada por la justicia
ordinaria, o con apoyo en testimonios en virtud de los cuales los declarantes fueron condenados por haber incurrido en el delito de
falsedad testimonial, o cuando los peritos en virtud de cuyo dictamen se dictó el fallo hubieren sido condenados penalmente por haber
cometido un delito en la rendición del mismo, o cuando el fallo se obtuvo en virtud de violencia o cohecho en el pronunciamiento de
la sentencia, o cuando se demuestra con posterioridad al fallo que este fue dictado con violación de la existencia de cosa juzgada
anterior entre las mismas partes, salvo que se hubiere alegado durante las instancias la excepción de cosa juzgada y hubiere sido
rechazada.

Es decir, como lo ha precisado la sala plena en anteriores oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio
de la justicia como del ordenamiento jurídico que resultan lesionados por hechos externos al proceso judicial. Tales hechos externos
están descritos en el artículo 188 C.C.A. y tienen que ver con la falsedad, el error, el dolo o la aparición de documentos decisivos que
hubieran alterado la decisión judicial.
Así mismo procede la causal de revisión cuando la sentencia fue proferida pese a la existencia de una nulidad originada en la misma
y cuando respecto de ese fallo no hubiere sido procedente el recurso de apelación.
Ha de anotarse que conforme a la jurisprudencia vigente de acuerdo con la sentencia C-520 de 2009 de la Corte Constitucional, el
recurso extraordinario de revisión se extiende también a las dictadas por los jueces administrativos en primera o segunda instancia
cuya naturaleza permita la interposición del recurso, pues en ella se declaró la inexequibilidad de la expresión "dictadas por las
secciones y subsecciones de la sala de lo contenciosos administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en
única o segunda instancia».
5
Ibidem.

8

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a las circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley y la jurisprudencia de esta
Corporación.
2.5. Sobre la causal prevista en el numeral 1) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
«haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que
el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria», invocada por la parte actora.

Para que se configure la aludida causal de revisión, es indispensable que se colmen los
siguientes presupuestos: (i) que se trate de prueba documental; (ii) que se haya
recobrado o encontrado después de la sentencia, esto es, que exista desde el momento
en que se instaura la demanda o, al menos, antes del vencimiento de la última
oportunidad para presentar pruebas; (iii) que su no aducción al proceso sea por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; y (iv) que sea un documento
conclusivo que hubiera podido cambiar el sentido del fallo.

Esta Corporación, en providencia de 30 de julio de 20156, se refirió, al decidir un recurso
extraordinario de revisión, a la causal mencionada, así:

El uso del verbo “recobrar” comporta que la prueba existía, pero no se obtuvo sino vencida la
oportunidad de allegarla al proceso. “De ahí que, inequívocamente, la ley emplee el verbo
recobrar y no presentar, aducir o allegar”7.

La existencia previa del documento exhibido como requisito de la revisión, fue destacada por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación:

“[L]a prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo, presentado por el
recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la decisión, no fue tenido
en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla
oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida
la sentencia. Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse
la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del
recurrente con posterioridad a ello”8- se destaca.

Por ello, tradicionalmente, se han establecido como inadmisibles en este recurso
extraordinario documentos generados con posterioridad al fallo9, al tiempo que tampoco
resulta válido que la causal se funde en aquellos que no pudieron ser aportados o solicitados
en las oportunidades procesales correspondientes pues, como quedó explicado, el recurso
extraordinario de revisión no fue establecido con ese fin10.

6
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, expediente 25000-23-26-000-2000-
01287-02 (32688), C. P. Stella Conto Díaz del Castillo.
7
«Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 18 de diciembre de 1986, Rad. 2724».
8
«Sentencia de 12 de julio de 2005, Rad. 1997-00143-02».
9
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de
julio de 2005, Rad. 2000-00236(REV)».
10
«Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1º de
diciembre de 1997, Rad. REV-117, 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril
de 2011, Rad. 0242-09».

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Accionada: Departamento del Valle del Cauca

Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez que
surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada, pues bastaría al
vencido que, una vez conocida la decisión desfavorable, intentara la producción o el
mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio, circunstancia que, por sus
consecuencias indeseables en términos de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso evitar.
Así lo ha señalado, igualmente, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia sobre el
particular, con base en la norma especial del Código de Procedimiento Civil 11:

“No es lo mismo recuperar una prueba, que producirla o mejorarla (…) La prueba
eficaz en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener
existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción (…) de donde
se sigue que no constituyendo esa pieza documental –bien por su contenido o
por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad frente al
material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta
resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento
aparecido”12.

Sin embargo, ha considerado esta Sala que, “existe al menos un caso en el que
un medio de convicción, sin ser preexistente a la decisión recurrida, puede, sin
embargo, a la luz de la finalidad perseguida por el recurso y teniendo en cuenta
los límites impuestos por su naturaleza extraordinaria, ser considerado como
prueba recobrada: el de aquel extrañado expresamente por el juzgador de
instancia y por cuya ausencia se adoptó la decisión proferida, recopilado con
posterioridad”13, en referencia a aquellos en los cuales la prueba extrañada sea
de curso obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de la reiterada jurisprudencia que
en materia de procesos de filiación e impugnación de paternidad ha producido la
Corte Constitucional, al estudiar la admisibilidad de pruebas de ADN, que aunque
posteriores, pueden dar lugar a revisar un fallo que ha hecho tránsito a cosa
juzgada, en tanto la ley misma le da el valor de una prueba obligatoria en materia
de filiación14.

11
«En efecto, a diferencia del texto del Código Contencioso Administrativo, el artículo 380.1 del Código de Procedimiento Civil –
retomado en el Código General del Proceso (art. 250), no se refiere como causal de revisión a las pruebas recobradas sino a las
encontradas, así: “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria”». 12
«Extractos de jurisprudencia 1998, No. 3, ps. 16 a 22, citado por Humberto Murcia Ballén, Recurso de Revisión Civil, Segunda
Edición, Ediciones Librería del Profesional, 1996, p. 183». 13
«Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 17 de junio de 2015, C.P. Danilo Rojas Betancourth, exp. 24767. En este caso en la sentencia de reparación directa se extrañó la aportación de un registro civil de defunción lo que llevó a la
denegatoria de las pretensiones, pero en sede de revisión se advirtió que los demandantes utilizaron todos los medios procesales y
probatorios para intentar la consecución del registro civil extrañado, sin que ninguna de las notarías ni sedes de la registraduría de la
región de la muerte dieran cuenta del documento, registro que sólo quedo asentado con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia
de reparación directa y luego de probarse que el mismo no pudo ser obtenido antes por acción de la parte contraria. Dijo la Sala:
“Aunque salta a la vista que dicho documento no preexistía a la sentencia de 27 de abril de 2001, objeto del recurso extraordinario,
en la medida en que, como se desprende fácilmente del texto de dicha providencia –supra párr. 2-, fue una de las pruebas por cuya
ausencia el Tribunal Administrativo-Sala de Descongestión-Sede Cali adoptó la decisión denegatoria de las pretensiones de la parte
demandante, a juicio de la Sala puede considerarse como prueba recobrada, en los términos antes explicados. Lo anterior por cuanto
se trató de un medio probatorio que tenía la potencialidad cierta de determinar el sentido de la decisión –tanto así que fue por su
ausencia que se denegaron las pretensiones de la demanda, a pesar de existir en el plenario otros medios probatorios que daban
cuenta del supuesto de hecho que, a juicio del Tribunal de instancia, no se encontró acreditado - y, sin embargo, dejó de ser aportado
al proceso no por desidia probatoria de los demandantes (12.2), sino por razones imputables al juzgado penal militar que adelantaba
la investigación, es decir, a la parte contraria (12.3)”». 14
«Frente a este punto, consideró la Corte Constitucional en sentencia T-1342 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, que tratándose de
los derechos fundamentales de las partes – como es el caso de la filiación- “[c]orresponde al juez de revisión admitir y tramitar la
demanda presentada contra una sentencia que prescindió de la prueba en que debía fundamentarse, cuando ésta se presenta, porque
se encuentra ante nuevos elementos probatorios que, de haberse conocido, habrían conducido a otro resultado, y respecto de los
cuales las omisiones de las partes no cuentan, porque las disposiciones imperativas del ordenamiento no pueden recibir el mismo
trato que los derechos disponibles por las partes. Ahora bien, si una vez utilizado tal mecanismo, la actora no consigue que la sentencia
se adecue a los dictados constitucionales, puede invocar, por estos nuevos hechos la protección constitucional, porque la revisión se
erige como el último recurso para que el fallador ordinario cumpla con su deber de someter los asuntos en litigio al Ordenamiento
Superior.

Es más, el Código de Procedimiento Civil tiene previsto un trámite extrajudicial al que pueden acudir quienes requieren la
práctica de pruebas, con miras a adelantar un proceso, de tal suerte que la actora puede acudir a dicho trámite para que el juez
asignado le ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la prueba del HLA en las personas indicadas. Y, así, conforme al
resultado, presentar la demanda de revisión, o dejar de hacerlo” – se destaca-. Esta posición fue reiterada en sentencia T-1226 de
2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta oportunidad la Corte Constitucional consideró que aunque la sentencia de revisión
proferida por la Corte Suprema de Justicia no constituía una vía de hecho por cuanto aplicó el orden legal y la jurisprudencia civil en
relación con la causal invocada -haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en la producción de dicha prueba-, con miras a proteger los derechos fundamentales conculcados había lugar a habilitar
un término adicional para que el actor interpusiera un nuevo recurso extraordinario de revisión en el que podía invocar, entre otras,
“la causal primera –que se aplica cuando después de pronunciarse la sentencia se encuentran documentos que “habrían variado la

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Número Interno: 4704-2018
Accionante: María Bernardet López Rivas
Accionada: Departamento del Valle del Cauca

De este modo, una prueba encontrada o recobrada es aquella que existía al momento de
la sentencia, pero que estuvo refundida o extraviada para el tiempo en que debía
allegarse al proceso o se dictó la decisión, por lo que no resultan admisibles aquellos
elementos probatorios documentales que existan o surjan después del fallo.

A partir de ese entendimiento, los documentos posteriores a la sentencia no pueden
calificarse como recobrados, porque no es posible recuperar o encontrar aquello que no
existía o que no estaba oculto para las partes. Sobre el particular, el Consejo de Estado 15
estableció:

Resulta inadmisible aportar al proceso, a través del recurso extraordinario de revisión,
documentos generados con posterioridad al fallo, al tiempo que tampoco resulta válido que la
causal se funde en medios que pudieron ser aportados o solicitados en las oportunidades
procesales correspondientes (periodo probatorio), por cuanto el recurso no fue establecido
con esa finalidad. Lo anterior se explica en tanto que de aceptarse la procedencia de dichos
medios de prueba se quebrantaría el principio de seguridad jurídica, el derecho de
contradicción y la misma institución procesal de la cosa juzgada, pues bastaría que, la parte
afectada con la decisión de instancia, intente producir o mejorar el medio probatorio existente
para así reabrir el debate nuevamente.

Contrario a lo señalado por la recurrente, no puede colegirse que el Decreto 1794 de 27
de noviembre de 2015, sea una prueba recobrada, pues su emisión fue posterior al fallo
que aquí se censura

Consecuencia de lo planteado, resulta viable colegir que la accionante no formuló reparos
constitutivos de una eventual trasgresión de haberse encontrado o recobrado
documentos decisivos con los cuales hubiera podido proferir una decisión diferente y que
no pudo aportarlos por causa de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria, razón por la cual, es claro que, en estricto sentido, la demanda de revisión no
entraña la configuración de la causal establecida en el numeral 1 del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, razón por la cual, en lo sucesivo, el examen del recurso, se efectuará
bajo la lógica, materia y alcance de la causal prevista en el numeral 2 de la referida norma.

2.6. Sobre la causal prevista en el numeral 2) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
«haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.»

decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”, habida cuenta de que era imposible para él aportar evidencias científicas que no estaban disponibles dado el avance de la
ciencia en el momento del fallo”».
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia de 14 de agosto de 2018,
expediente 11001-03-15-000-2008-00534-00 (REV).

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Número Interno: 4704-2018
Accionante: María Bernardet López Rivas
Accionada: Departamento del Valle del Cauca

Para la configuración de esta causal la prueba documental que se discute como falsa o
adulterada, es necesario que haya tenido un carácter decisivo en la sentencia objeto de
revisión, al respecto esta Corporación ha señalado que: «no puede admitirse que el vicio recaiga
sobre cualquier documento o medio de convicción obrante en el proceso, sino que se requiere que se trate
de aquel o aquellos que sirvieron de sustento directo de la decisión adoptada en la providencia
cuestionada16».

En lo concerniente al documento falso o adulterado esta jurisdicción no depende de una
decisión de la justicia penal, por cuanto el juez administrativo tiene la posibilidad de
realizar un pronunciamiento objetivo sobre el documento que se discute en el recurso de
revisión.

En virtud de lo anterior, la Sala observa que la parte actora discute que con la expedición
de un acto administrativo 1794 de 27 de noviembre de 2015, por el cual se modificó la
naturaleza de los empleos, y que fue proferido con posterioridad al fallo atacado, influye
tanto en el Decreto 0044 de enero 12 de 2011 y como en el oficio 0102-035-01 de 19 de
noviembre de 2014, el cual informó «[…] que el cargo que ostentaba la señora MARIA BERNARDET
LOPEZ RIVAS, es de naturaleza de libre nombramiento y remoción.». Sin embargo, estas
consideraciones, no estructuran el reproche que las decisiones judiciales censuradas se
profirieron con documentos falsos o adulterados.

Dirección argumentativa de la que vale hacer el siguiente recuento:

En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora López
Rivas, se encuentra probado que fue nombrada mediante Decreto 0740 de 2008, «[…] en
un empleo de libre nombramiento y remoción de la Planta Global de Cargos de la Gobernación del Valle
del Cauca» en el cargo de Auxiliar Administrativo código 407 grado 04. «La funcionaria
nombrada deberá tomar posesión del cargo en la oficina de Posesiones de la Secretaría de Desarrollo
Institucional […]»

16
CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA NOVENA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00164-00(REV)

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Número Interno: 4704-2018
Accionante: María Bernardet López Rivas
Accionada: Departamento del Valle del Cauca

Que mediante acta de posesión 2008-0795 de la Secretaría de Desarrollo Institucional
de la Gobernación del Valle del Cauca, se desprende que el cargo de Auxiliar
Administrativo código 407-04, es originario del despacho del gobernador.

Que mediante Decreto 0044 de 12 de enero de 2011, el gobernador del Valle del Cauca,
declaró insubsistente del nombramiento ordinario a la señora López Rivas del cargo de
auxiliar administrativo grado 407 grado 04.

Visto lo anterior, el nombramiento en el cargo que fungió la demandante de auxiliar
administrativo era un empleo de libre nombramiento y remoción, sin que se advierta por
tal motivo, una supuesta falsedad del oficio 0102-035-01 de 19 de noviembre de 2014, a
través del cual el ente departamental informó «[…] que el cargo que ostentaba la señora MARIA
BERNARDET LOPEZ RIVAS, es de naturaleza de libre nombramiento y remoción.»; de donde surge

que la realidad fáctica y jurídica al momento de la desvinculación de la recurrente no
evidenció que el cargo era de carrera, por lo que no puede argüirse que se desconoció
por parte del Tribunal accionado el Decreto 1794 de 27 de noviembre de 2015, «modificó
la naturaleza de unos empleos de la planta de cargos de la Gobernación del Valle del Cauca», al tratarse

de un acto administrativo emitido con posterioridad tanto a la insubsistencia de 2011
como a la respuesta al requerimiento de 2014, de suerte que no hay lugar para que se
estructure la causal alegada de revisión.

Así las cosas, comoquiera que la señora María Bernardet López Rivas, no logró acreditar
los elementos constitutivos de las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011.

2.7. Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que, si bien el inciso final del artículo
255 del CPACA dispone que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios
al recurre», también lo es que la condena no procede de manera automática, pues tal y

como se indica en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, «[…]
solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se

hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas
a la parte recurrente.
III. DECISION
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Número Interno: 4704-2018
Accionante: María Bernardet López Rivas
Accionada: Departamento del Valle del Cauca

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA el recurso extraordinario de revisión interpuesta
por la María Bernardet López Rivas, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, confirmada
mediante fallo de 10 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala de Descongestión, dictada dentro del expediente radicado 76001-33-31-702-2011-
00209-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

14

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