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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01463-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01463-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, contra la señora Eucaris María Narváez Mondul, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 con el fin de que se revise la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, que confirmó el fallo de primera instancia, emitido el 28 de mayo de 2014, por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 080013331006201400699. Segundo: Sin condena en costas. 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03- 15-000-2018-01884-00(REV). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Radicado: 110010325000201801463 00 (4820-2018) Demandante: UGPP Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01463-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

24 de noviembre de 2022

Radicado: 110010325000201801463 00 (4820-2018)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000201801463 00 (4820-2018)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: EUCARIS MARÍA NARVÁEZ MONDUL

Temas: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ingreso base de liquidación régimen de transición de la Ley 100 de
1993.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-068-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, que
confirmó el fallo de primera instancia, emitido el 28 de mayo de 2014, por el Juzgado
Sexto Administrativo de Barranquilla, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por la señora Eucaris María Narváez Mondul contra el extinto
Instituto de Seguros Sociales, ISS.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La señora Eucaris María Narváez Mondul, por intermedio de apoderado y en ejercicio
de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó1 la nulidad de la
Resolución 2260 del 28 de noviembre de 2011 y del Oficio 15231.04-003665 del 14 de
marzo de 2012, actos mediante los cuales el extinto Instituto de Seguros Sociales, ISS,
negó la reliquidación de su pensión de jubilación con inclusión de los factores
contemplados en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.

1 Documento denominado «01DEmanda» obrante en el índice 9 del sistema informático SAMAI, el cual

contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a la demandada a: i) reliquidar la pensión de jubilación con el promedio de
los factores previstos en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, incluidos la prima de
servicios, prima de vacaciones, auxilio de alimentación y auxilio de transporte; ii) pagar
el reajuste de la pensión a partir del 21 de diciembre de 2005; ii) indexar conforme al
IPC los valores adeudados; y iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 176 y 177 del CCA.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes:

1. La señora Eucaris María Narváez Mondul laboró para el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales, desde el 1.º de
diciembre de 1975 hasta el 25 de junio de 2003 y para la ESE José Prudencio Padilla,
desde el 26 de junio de 2003 hasta el 21 de diciembre de 2005.

2. A través de la Resolución 2260 del 28 de noviembre de 2011, el extinto ISS le
reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez en una cuantía de $1.564.470, a
partir del 21 de diciembre de 2005. La liquidación se efectuó con la tasa de reemplazo
del artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y el IBL previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994, con el promedio de lo devengado entre el 26
de junio de 1993 y el 25 de junio de 2003.

3. El 5 de diciembre de 2011 la señora Eucaris María Narváez Mondul pidió la
reliquidación pensional con inclusión de todos los factores contemplados en el artículo
19 del Decreto 1653 de 1977. La entidad denegó la petición a través del Oficio
15231.04-003665 del 14 de marzo de 2012.

Como disposiciones vulneradas, citó los artículos 48, 49, 53, 86, 228 y 229 de la
Constitución Política; 36 y 288 de la Ley 100 de 1993; Decreto 1653 de 1977 y Decreto
604 del 7 de marzo de 1997.

Como concepto de violación de la normativa invocada, indicó que los actos acusados
infringen las normas en que debieron fundarse y desconocen el debido proceso.
Argumentó que la seguridad social es un derecho irrenunciable constitucionalmente
protegido que se consolida siempre que se cumplan los presupuestos legales para
ello, como ocurre con las personas cobijadas por el régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, quienes son acreedoras de un derecho adquirido.
Agregó que el derecho a la pensión de jubilación conlleva el carácter de fundamental
en los eventos en los que de su reconocimiento dependen otros derechos como la
vida, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad o la integridad física y
moral de las personas de la tercera edad, de acuerdo con la sentencia T-111 de 1994
de la Corte Constitucional.

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Demandante: UGPP

De otra parte, señaló que las normas laborales deben ser interpretadas conforme a los
principios de favorabilidad y de la condición más beneficiosa. Adujo que así lo han
explicado el Consejo de Estado2 y la Corte Constitucional3.

En consecuencia, sostuvo que, por ser beneficiaria del régimen de transición en
comento, la entidad demandada debió liquidar su pensión con inclusión de los factores
contemplados en el Decreto 1653 de 1977, es decir, con el promedio de lo percibido
en los últimos 10 años de servicio, esto es, entre el 26 de junio de 1993 y el 7 de junio
de 2003.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

El Instituto de Seguros Sociales, ISS, se opuso a las pretensiones de la demanda y
aseguró que los actos acusados se ajustan al ordenamiento jurídico.

En primer lugar, aclaró que el fenómeno de la prescripción operó a partir del 14 de
marzo de 2007.

En segundo lugar, explicó que la servidora adquirió el estatus de pensionada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual la entidad reconoció su prestación
en las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto, este último entendido como
la tasa de reemplazo, previstas en el Decreto 1653 de 1977, empero el IBL debe
determinarse conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En relación con la indexación de la mesada pensional, arguyó que no era procedente
ordenarla comoquiera que su prestación ya había sido actualizada de manera oficiosa
por la entidad de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones:

• «Buena fe»: Explicó que la liquidación pensional fue efectuada conforme a las
normas aplicables.

• «Carencia del derecho reclamado»: Insistió en que la demandante no tiene
derecho a la reliquidación que reclama, puesto que para el cálculo de la
prestación se incluyeron todos los factores ordenados por la ley.

• «Prescripción y caducidad»: Pidió que se declare la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues, para el momento en que se
presentó la demanda, habían transcurrido más de 4 meses desde que la
demandante tuvo conocimiento de los actos administrativos cuestionados.

2 Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2007, radicado: 11001030600020060012200.
3 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-168 de 1995.
4 Documento denominado «07ContestacionDemanda» obrante en el índice 9 del sistema informático

SAMAI, el cual contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla, en sentencia del 28 de
mayo de 2014, declaró la nulidad parcial de la Resolución 2260 de 28 de noviembre
de 2011 y total del Oficio 15231.04-003665 del 14 de marzo de 2012. A título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, como
sucesora procesal del extinto ISS, reliquidar la pensión de jubilación de la señora
Eucaris María Narváez Mondul, con inclusión de los factores salariales contemplados
en el Decreto 1653 de 1977, que enlista los siguientes: asignación básica mensual,
gastos de representación, prima técnica de gestión y localización, prima de servicios,
prima de vacaciones, auxilio de alimentación, auxilio de transporte y valor de trabajo
suplementario o de horas extras.

El a quo consideró que del material probatorio allegado al plenario, es posible inferir
que la demandante está cobijada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y que, por esa razón, tiene derecho a que su pensión sea reconocida
conforme a las normas anteriores a la entrada en vigor de la citada ley que, en su caso,
es el Decreto 1653 de 1977, que contiene un régimen especial para los funcionarios
de la seguridad social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales, que
se debe atender de manera integral. Al respecto, destacó que el Consejo de Estado,
en sentencias del 18 de febrero de 20106 y del 3 de marzo del 20117, explicó que el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debía ser interpretado conforme a los principios de
favorabilidad e inescindibilidad normativa.

RECURSO DE APELACIÓN

Parte demandante

La señora Eucaris María Narváez Mondul impetró recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia, con fundamento en que la reliquidación ordenada en la
providencia le es desfavorable, puesto que la aplicación integral del artículo 19 del
Decreto 1653 de 1977 a su pensión de jubilación, genera un detrimento del valor de
aquella, comoquiera que implica que para el efecto de liquidarla se tenga en cuenta lo
devengado en el último año de servicios y no durante los últimos 10 años, como se
efectuó en sede administrativa.

Adicionalmente, indicó que su pretensión de restablecimiento del derecho se
circunscribe a que se incluyan en el IBL pensional todos aquellos factores salariales
previstos en el citado artículo 19 del Decreto de 1653 1977 y, por ello, al haber

5 Documento denominado «16SentenciaPrimeraInstancia» obrante en el índice 9 del sistema
informático SAMAI, el cual contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
6 Consejo de Estado, sentencia del 18 de febrero de 2010, demandante: Julio Alberto Rodríguez,

radicado: 250002325000200701287 01 (0507-2010),
7 Consejo de Estado, sentencia del 3 de marzo de 2011, demandante: Julio Alberto Rodríguez, radicado:

250002325000200701287 01 (0507-2010),
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modificado el período sobre el cual se efectuó la liquidación en sede administrativa, la
sentencia recurrida contraviene el principio de congruencia.

Parte demandada8

Inconforme con la anterior decisión, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP presentó
recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

Aseveró que, en efecto, la demandante quedó inmersa en el régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en tal virtud, tiene derecho a la
pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, previstas
en la Ley 33 de 19859, empero, el IBL debe determinarse conforme al artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y con los factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994, por
cuanto aquel no fue objeto de transición. Aseguró que esta fue la tesis acogida por el
Consejo de Estado en la sentencia del 18 de febrero de 2010 y la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia del 19 de noviembre de 2009; así mismo, el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, mediante concepto 14822 del 9 de septiembre de 2009, adoptó tal
criterio.

De otra parte, señaló que el Decreto 1653 de 1977 fue derogado por mandato del Acto
Legislativo 01 de 2005.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA10

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, profirió
sentencia el 28 de noviembre de 2014, por medio de la cual confirmó el fallo de primera
instancia con el argumento de que el IBL de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 se calculará con inclusión de todos los factores salariales
recibidos durante el último año de servicio, independientemente de la denominación
que se les dé. Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes consideraciones:

Señaló que la demandante acreditó que quedó inmersa en el régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por ello, tiene derecho a que su
pensión sea reconocida bajo las condiciones fijadas en el artículo 19 del Decreto 1653
de 1977, contentivo del régimen especial de los servidores del Instituto de Seguros
Sociales, ISS. Dicha norma prevé que se debe liquidar la pensión de jubilación con el
100% de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

Igualmente, precisó que si bien la entonces demandante solicitó se reliquide su
pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales conforme el régimen
especial antes aludido, también pretende que se tengan en cuenta los emolumentos

8 Documento denominado «17RecursosApelacion» obrante en el índice 9 del sistema informático
SAMAI, el cual contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
9 Así lo dijo, aunque en sede administrativa y en la contestación de la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho invocó el Decreto 1563 de 1977.
10 Documento denominado «20SentenciaSegundaInstancia» obrante en el índice 9 del sistema

informático SAMAI, el cual contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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devengados durante los últimos 10 años de servicio, de acuerdo con el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que, en su criterio es inviable toda vez que, en
virtud del principio de inescindibilidad normativa, debe aplicarse el régimen
correspondiente de manera integral, de ahí que mantuvo la orden impartida por el juez
de primera instancia.

Por último, destacó que el Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia11, expuso
que, en aplicación del principio de favorabilidad, ante la posibilidad de aplicar dos
normas diferentes, debe optarse por aquella que le sea más favorable al trabajador, la
cual debe atenderse de manera integral, que para el caso concreto es el Decreto 1653
de 1977.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN12

La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP
invocó como causal de revisión la consagrada en el artículo 20, literal b), de la Ley 797
de 2003, que se refiere a la posibilidad de interponer esta acción contra acuerdos
conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública que prevé lo siguiente: «b.) Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. «Revocar» la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, que confirmó el fallo de
primera instancia emitido el 28 de mayo de 2014 por el Juzgado Sexto Administrativo
de Barranquilla, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Eucaris María Narváez Mondul contra el extinto Instituto de
Seguros Sociales, ISS.

2. Se declare que la señora Eucaris María Narváez Mondul no es acreedora de un
derecho adquirido a la pensión de jubilación con inclusión de los factores salariales
previstos por el Decreto 1653 de 1977.

3. Se declare que la pensión de jubilación causada debe calcularse conforme a las
reglas previstas por las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-023 de 2018
y SU-023 de 2018, providencias proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional,
de acuerdo con las cuales se debe adoptar como ingreso base de liquidación las
directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según el caso.

11 Sobre el punto, citó las sentencias sentencia del 6 de mayo de 2010 radicado 25000-23-25-000-2005-

05689-01 (0041-2009); del 26 de enero de 2012, radicado 25000-23-25-000-2008-002260-01 (1121-
2011); del 31 de enero de 2013, radicado 23001-23-31-000-2010-00036-01 (2106-2012); y del 14 de
febrero de 2013, radicado 25000-23-25-000-2011-00021-01 (2340-2012).
12 Folios 92 a 101 del cuad. ppal.

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Como sustento de sus pretensiones, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría los artículos 19 del Decreto 1653 de 1977; 36 de la Ley
100 de 1993 y 1 del Decreto 1158 de 1994.

En criterio de la entidad, el reconocimiento del derecho pensional realizado en la
decisión cuestionada excede lo debido de acuerdo con la ley. En este sentido, explicó
que la señora Eucaris María Narváez Mondul está cobijada por el régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual puede acceder
a la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, contemplados
en las normas anteriores a la vigencia de la citada ley que, en su caso, por haber
prestado sus servicios al extinto Instituto de Seguridad Social, es el Decreto 1653 de
1977. No obstante, el IBL debe determinarse según lo regulado en los artículos 36 y
21 de la Ley 100 de 1993 y con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994,
normas vigentes para el momento en que se consolidó el estatus pensional, pues este
aspecto no fue objeto de transición. Destacó que así lo ha interpretado la Corte
Constitucional en reiterados pronunciamientos13, que tenían el carácter de precedente
obligatorio para el juez de instancia, pues, según sentencia del 25 de febrero de 2016
del Consejo de Estado14, las sentencias del tribunal constitucional son vinculantes para
los jueces de la República.

Así mismo, aseguró que afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues aumenta
en un 52,95% la mesada pensional de la demandada, sin que exista justificación legal
ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la pensión ascendería a
$1.776.075 cuando debía equivaler a $1.161.221, con lo cual se genera un pago
retroactivo injustificado de $148.719.287.

Por otra parte, solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de la
sentencia objeto de revisión, la cual fue negada mediante auto del 18 de junio de
201915.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN16

Dentro del término, la señora Eucaris María Narváez Mondul, mediante apoderado, se
opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó denegarlas.

Indicó que la tesis jurisprudencial vigente para el momento en el que se adoptó la
decisión cuestionada era la contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010 proferida por el Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, según la cual la expresión monto comprende el ingreso
base de liquidación y la tasa de reemplazo. Aseguró que, por esa razón, no eran
aplicables a su caso la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la misma corporación,
ni las sentencias SU-230 de 2015 y C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, las
cuales no habían sido proferidas para el momento en el que adquirió el estatus jurídico
de pensionada, por lo que, de atender a estas providencias para la liquidación de su

13 Citó las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de

2017, SU-395 de 2015, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
14 Consejo de Estado, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2016-00103-00.
15 Folios 435 a 439 del cuaderno principal.
16 Folios 451 a 474, c. ppal.

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Demandante: UGPP

prestación, se contravendrían el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y los principios de seguridad jurídica, justicia material, igualdad y confianza
legítima.

Luego, propuso las siguientes excepciones:

• «Prescripción»: Solicitó que se declaré la «prescripción» de la acción judicial de
las mesadas pensionales respecto de las cuales ya operó dicho fenómeno.

• «Buena fe»: Pidió que, en caso de acceder a las pretensiones, no se ordene el
reintegro de las sumas recibidas de buena fe por la demandada, puesto que
confió en que aquellas eran resultado de una liquidación pensional efectuada
conforme a la ley.

• «Cobro de lo no debido»: Señaló que la UGPP no tiene derecho a las sumas que
reclama.

• «Falta de título y causa»: Sostuvo que no es procedente que se infirme la
sentencia objeto de revisión.

• «Excepción genérica»: Deprecó que se decrete, de oficio, cualquier excepción
que se encuentre configurada en el proceso.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.17.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 18.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:

«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».

17 «Artículo 249. Competencia.

[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
18 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.

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Demandante: UGPP

De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
interpuesta contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión.

Legitimación

Conviene señalar que, sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas
Especiales de Decisión19, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos.

Es de anotar que, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, artículo 6, numeral 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para
iniciar acciones de esta naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de
la acción de revisión.

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 25,

sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Demandante: UGPP

Oportunidad

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 28 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, fue notificada a través de
edicto desfijado el 13 de febrero de 201520, razón por la cual, en principio, quedó
ejecutoriada el día 18 de los mismos mes y año. Sin embargo, la providencia fue
corregida a través de auto del 18 de febrero de 2019, que cobró ejecutoria el 15 de
enero de 202021. Así pues, teniendo en cuenta que la acción de revisión se presentó
con fundamento en la causal prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, que,
respecto de ella, el artículo 251 del CPACA establece un término de cinco años para
su interposición, es claro que al haberse radicado la demanda el 2 de octubre de
201822, la entidad se encontraba dentro del término legal.

Acción de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200323 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»24.

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto

20 Página 22 del documento denominado «20SentenciaSegundaInstancia» obrante en el índice 9 del

sistema informático SAMAI, el cual contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
21 Teniendo en cuenta que los términos estuvieron suspendidos entre el 20 de diciembre de 2019 y el

10 de enero de 2020, en virtud de la vacancia judicial.
22 Folio 432 vuelto del cuaderno principal.
23 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.».
24 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-

835 de 2003.
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es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación25.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones26.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira27.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia28.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, en la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, al ordenar la reliquidación
de la pensión de la señora Eucaris María Narváez Mondul, cobijada por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo el ingreso base de liquidación previsto

25 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
26 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,

sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,

sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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por el Decreto 1653 de 1977, y no el señalado por la Ley 100 de 1993, con los factores
previstos por el Decreto 1158 de 1994?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) El régimen
pensional de los servidores de la seguridad social; iii) El régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, y iv) verificación de la causal de revisión invocada en el caso
particular y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal, es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»29. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Eucaris María Narváez Mondul debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación previsto por el inciso 3. ° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según sea el caso, con los factores descritos por el Decreto 1158 de
1994 y no el previsto por el Decreto 1653 de 1977, con la inclusión de todos los factores
devengados en el último año de servicio. En esa medida, se debe definir si el valor de
la prestación que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe
ser reducido en la misma proporción, a efectos de contribuir a la sostenibilidad
financiera del sistema general de seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito se analizarán: i) el régimen pensional de los servidores de
la seguridad social, (ii) el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, posiciones
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y (iii)
configuración de la causal de revisión en el caso concreto.

Régimen pensional de los servidores de la seguridad social

Los funcionarios de la seguridad social fueron una categoría de empleado público creada
por virtud del Decreto 1651 de 1977. Ellos estarían vinculados a la administración a través
de una relación legal y reglamentaria especial que les permitía celebrar convenciones
colectivas, al señalar:

29 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.

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«Serán empleados públicos de libre nombramiento y remoción, el Director General
del Instituto (...). Tales empleados se sujetarán a las normas generales que rigen
para los funcionarios de la Rama Ejecutiva, las demás personas naturales que
desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente- cargos asistenciales
y administrativos- se denominarán funcionarios de seguridad social, con excepción
de las personas que cumplan las funciones relacionadas con las siguientes
actividades, que serán trabajadores oficiales: aseo, jardinería [...]»30.

La referida categoría de servidores tuvo un régimen pensional especial que estaba
contenido en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, norma que previó:

«ARTÍCULO 19. DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El funcionario de seguridad
social que haya prestado servicios durante veinte años continuos o discontinuos al
Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco años si es varón o de cincuenta si
es mujer, tendrá derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia
de jubilación. Esta pensión equivaldrá al ciento por ciento del promedio de lo
percibido en el último año de servicios por concepto de los siguientes factores de
remuneración:

a) Asignación básica mensual.
b) Gastos de representación.
c) Primas técnica, de gestión y de localización.
d) Primas de servicios y de vacaciones.
e) Auxilios de alimentación y de transporte.
f) Valor del trabajo en dominicales y feriados, y
g) Valor del trabajo suplementario o en horas extras.
No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de
jubilación y de retiro por vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por
uno y otro concepto, más del ciento por ciento del promedio a que se refiere el
presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de
jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de
la pensión de vejez.».

Más adelante, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-579 de 1996, declaró
inexequible la expresión «las demás personas naturales que desempeñen las funciones de
que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios de seguridad social»,
contenida en el inciso 2 del artículo 3 del Decreto Ley 1651 de 1977, con lo cual
desapareció la categoría de trabajadores de la seguridad social.

En síntesis, la mencionada sentencia consideró que aunque el legislador tiene la
posibilidad de crear empresas industriales y comerciales del Estado « con un régimen
diferente al que generalmente se adopta para sus trabajadores en la categoría de oficiales
con la posibilidad de crear tipos distintos y determinar restricciones mayores en lo
concerniente a la fijación del régimen respectivo», en el caso particular del Instituto de
Seguros Sociales, al haber adoptado tal naturaleza, sus trabajadores adquirieron la
calidad de oficiales, con las excepciones legales.

Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 416 del 20 de febrero de 199731, en el
cual definió:

30 El aparte en cursivas fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-579 de

1996.
31 Por el cual se aprueba el Acuerdo 145 del 4 de febrero de 1997, emanado del Consejo Directivo del

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«Artículo 1º. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en
empleados públicos y trabajadores oficiales.

A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la
planta de personal del ISS:
1. Presidente del Instituto.
2. Secretario General y Seccional.
3. Vicepresidente.
4. Gerente.
5. Director.
6. Asesor.
7. Jefe de Departamento.
8. Jefe de Unidad.
9. Subgerente.
10. Coordinador Clase 1, ll, lll, IV y V.
11. Jefe de Sección.
12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de
servicios de Salud y Contratación de Servicios de Salud.
13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los
despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente
y Director.

B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los
demás cargos.».

A su vez, el Decreto 604 del 7 de marzo de 199732 creó un régimen de transición para
los servidores del I.S.S. que adquirieron la condición de empleados públicos por virtud
del Decreto 416 de 1997, quienes conservarían el régimen salarial y prestacional que les
correspondía a los funcionarios de la seguridad social, mientras que a los demás
empleados públicos y los que se llegaran a vincular les serían aplicables las normas
generales que rigen a los servidores del orden nacional.

Ahora, en relación con la interpretación de los decretos en mención, esta corporación
consideró lo siguiente:

«De lo dispuesto en los dos primeros artículos transcritos, los únicos
servidores de la entidad demandada que conservaron el régimen
prestacional y los factores salariales que venían disfrutando como
funcionarios de seguridad social, fueron exclusivamente los que
adquirieron la calidad de empleados públicos de acuerdo con el Decreto
416 de 1997.
Según el Artículo 3.° del Decreto 604 de 1997, también transcrito, los demás
empleados públicos y quienes con tal calidad se vincularan a esa entidad en el
futuro, gozarían del régimen salarial y prestacional establecido por las normas
generales aplicables a los empleados públicos del orden nacional.
Lo anterior quiere decir que aquellos servidores que con antelación a la
expedición del Decreto 416 de 1997 tenían la condición de empleados públicos,
quedaron excluidos del régimen salarial y prestacional excepcional establecido
en los Artículos 1.° y 2.° del Decreto 604, toda vez que se hallan subsumidos
dentro de lo previsto en el Artículo 3.° de este decreto, y por tanto les son
aplicables las disposiciones generales que en materia salarial y prestacional
gobiernan a los empleados públicos del orden nacional, pues, se reitera,
solamente quienes a partir de la expedición del decreto 416 de 1997 fungieron
o fungen como empleados públicos, en dichas materias, –prestacional y
factores salariales-, les sería aplicable, en caso de ser jurídicamente viable, lo
previsto en el Artículo 2.° del Decreto 604 de 1997, esto es, el sistema salarial
32 Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos del

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y prestacional vigente para los funcionarios de seguridad social»33 (subrayado
de la sala).

Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el
objeto de hacer efectivos esos derechos irrenunciables de las personas, en
condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).

En el artículo 36 de la norma en mención, se concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.[…]».

De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.

• Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la
mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie
de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de julio de 2002, radicación:

0631-2001, reiterado en la sentencia del 23 de junio de 2016, radicación: 050012331000201101958-
01 (0805-14), actor: Cesar Anibal Villegas Uribe, entre otras.
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T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015, definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera
de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia34, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 197135 y 929 de 197636.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
34 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
35 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados

de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
36 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la

Contraloría General de la República y sus familiares.»
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de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

• Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 201037 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-

000-2006-07509-01.
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En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Verificación de la causal de revisión invocada

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003

En el presente asunto no se discute que la señora Eucaris María Narváez Mondul es
beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
pues en el proceso ordinario quedó acreditado que, en efecto, nació el 14 de junio de
195538 y laboró para el Instituto de Seguros Sociales, ISS, en el cargo de auxiliar de
servicios asistenciales, desde el 1.º de diciembre de 1975 hasta el 25 de junio de 2003
y para la ESE José Prudencio Padilla, desde el 26 de junio de 2003 hasta el 21 de
diciembre de 200539, es decir que, para el 1.° de abril de 1994, tenía la edad de 38
años y contaba con 18 años y 5 meses de servicio.

De acuerdo con los actos de reconocimiento y liquidación de la prestación, así como
de la decisión judicial cuestionada, la señora Eucaris María Narváez Mondul adquirió
el estatus de pensionada 14 de junio de 2005, cuando cumplió la edad de 50 años,
aspecto que tampoco se discute en sede de revisión.

El jefe de Recursos Humanos de la ESE José Prudencio Padilla certificó que la
demandada devengó los siguientes emolumentos durante el periodo comprendido
entre el 21 de enero de 1995 y el 21 de enero de 200540:

• Asignación básica
• Horas extras
• Recargo nocturno, dominicales y feriados

38 Según cédula de ciudadanía obrante a folio 63 del cuaderno principal.
39 De acuerdo con el certificado laboral obrante a folios 49 y 50 del cuaderno principal.
40 Folios 53 y 54 del cuaderno principal.

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Mediante Resolución 0370 del 24 de enero de 200641, el gerente de la ESE reconoció
y ordenó el pago de la pensión de jubilación a favor de la señora Eucaris María Narváez
Mondul, en cuantía de $1.161.221, efectiva desde el 21 de diciembre de 2005, que fue
liquidada con el 75% del salario promedio percibido entre el 21 de diciembre de 1995
y el 21 de diciembre de 2005, con fundamento en los artículos 36 de la Ley 100 de
1993 y 21 del Decreto 1653 de 1977.

Más adelante, a través de la Resolución 2260 del 28 de noviembre de 201142, el extinto
ISS le reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez en una cuantía de $1.564.470,
efectiva a partir del 21 de diciembre de 2005, en virtud del concepto DJN-US 014380
del 24 de noviembre de 2008 de la Dirección Jurídica Nacional del ISS. La liquidación
se efectuó teniendo en cuenta el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 en cuanto a los
requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo de la prestación (100%),
y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, respecto a los factores
salariales y el periodo a tener en cuenta para efectuar la liquidación pensional, es decir,
con el promedio de lo devengado entre el 26 de junio de 1993 y el 25 de junio de 2003.
Adicionalmente, ordenó el pago de las diferencias que se causaran respecto de la
liquidación efectuada en el acto anterior.

El 5 de diciembre de 2011 la señora Eucaris María Narváez Mondul pidió ante el ISS
la reliquidación pensional con inclusión de todos los factores salariales contemplados
en el Decreto 1653 de 1977, lo que comprende la prima de servicios, prima de
vacaciones, auxilio de alimentación y auxilio de transporte43. La entidad denegó la
petición, por medio del Oficio 15231.04-003665 del 14 de marzo de 2012.

Dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
la señora Eucaris María Narváez Mondul, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Barranquilla, en sentencia del 28 de mayo de 201444, accedió a las pretensiones y
le ordenó reliquidar su pensión de jubilación de acuerdo con las normas anteriores a
la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:

«TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Gerencia Nacional de Recursos
Humanos del Instituto de Seguros Sociales hoy Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
reliquidar a favor de la señora Eucaris María Narváez Mondul, la pensión mensual
de jubilación con base en los factores salariales establecidos en el artículo 19 del
Decreto 1653 de 1977 como son: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica de gestión y localización, prima de servicios y de
vacaciones, auxilios de alimentación y de transporte, valor te trabajo
suplementario o de horas extras.

La demandada pagará a la actora las diferencias entre lo que venía pagándole en
virtud de la Resolución 2260 de 28 de noviembre de 2011 y la mesada pensional
que resulte de la reliquidación en los términos aquí ordenados, todo a partir del 21
de noviembre de 2005».

41 Folios 70 a 72 del cuaderno principal.
42 Folios 76 y 77 del cuaderno principal.
43 Páginas 8 a 13 del documento denominado «03AnexosReclamacionAdministrativa» obrante en el

índice 9 del sistema informático SAMAI, el cual contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
44 Documento denominado «16SentenciaPrimeraInstancia» obrante en el índice 9 del sistema

informático SAMAI, el cual contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, profirió
sentencia el 28 de noviembre de 201445, en la cual analizó las tesis de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en torno al IBL de las pensiones reconocidas
en el marco del régimen de transición, y con base en ello resolvió confirmar la
sentencia de primera instancia, así:

«[…] la Sala se permite aclarar, rectificar y reafirmar su posición frente a la solicitud
efectuada por la parte demandante en su demandada (sic) y conforme a los cargos
de apelación que esta igualmente plantea, donde si bien solicita se reliquide su
pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales conforme el
régimen especial del que alega ser beneficiario por efectos de la transición, parece
estar de acuerdo y pretende que se le liquide el IBL conforme al inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con base en los ingresos devengados durante
el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho contado a partir del 1.° de
abril de 1994 o en los últimos 10 años; es preciso manifestar que el a (sic) a criterio
de la Sala, no es admisible desde ningún punto de vista que para establecer la
edad y el tiempo de servicios se apliquen las disposiciones de la normatividad
anterior que según el caso cobije al demandante, y para efectos del monto, es
decir el cálculo del IBL, se ampare en la normativa de la Ley 100 de 1993, más
concretamente el inciso 3° del artículo 36, ya que de acceder a lo pedido, se
estaría violando el principio de seguridad jurídica en materia prestacional y de
contera […] el principio de inescindibilidad normativa, que supone la aplicación
integral de un régimen […].

La línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo ha
sido reiterada en señalar que existiendo dos normas aplicables para el
reconocimiento de una misma pensión, en virtud del principio de favorabilidad
habrá de aplicarse aquella que le sea más favorable al trabajador, pero, así mismo,
en virtud del principio de inescindibilidad de las leyes, esa norma habrá de
aplicarse en forma íntegra, completa, quedando rotundamente prohibido tomar lo
más favorable de cada una para hacer de ello un híbrido o un tercer régimen
diferente de pensión».

Mediante Resolución RDP 014341 del 24 de abril de 201846, la UGPP dio cumplimiento
al fallo en comento.

Análisis de la Subsección

Se observa que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se discutió
el hecho de que la señora Eucaris María Narváez Mondul fue servidora de la seguridad
social. Tal condición la hizo acreedora de una pensión por parte del Instituto de
Seguros Sociales en calidad de empleador. Ciertamente, la UGPP hizo alusión a ello
en el reconocimiento efectuado mediante la Resolución 2260 del 28 de noviembre de
2011, en la que se aplicó el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 en cuanto a los
requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo de la prestación, y el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, respecto a los factores
salariales y el periodo a tener en cuenta para efectuar la liquidación pensional.

Es importante dejar claro que aspectos tales como el período tomado para calcular el
ingreso base de liquidación y el porcentaje para la determinación del monto pensional

45 Documento denominado «20SentenciaSegundaInstancia» obrante en el índice 9 del sistema
informático SAMAI, el cual contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
46 Folios 164 vuelto a 167, c. ppal.

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no fueron discutidos por la entidad demandante, que se limitó a cuestionar la
posibilidad de tener en cuenta los factores salariales señalados por el artículo 19 del
Decreto 1653 de 1977. Sin embargo, en cuanto a este aspecto se advierte que los
jueces de instancia consideraron que el IBL que se debía aplicar era el contenido en
el decreto mencionado, con sustento en el principio de inescindibilidad pensional, que
impone atender el régimen pensional en su integridad.

Ahora bien, es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión objeto
de revisión, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de
201047, antes referida, según la cual este aspecto también se rige por las normas
anteriores a dicha ley. En consecuencia, era plausible tener en cuenta los
emolumentos devengados en el último año de labor, en los términos del Decreto 1653
de 1977.

Por otra parte, es necesario precisar que, de las providencias de la Corte
Constitucional que se citan como desconocidas48, solamente las sentencias C-168 de
1995 y C-258 de 2013, se habían emitido para la época en que fue proferida la
sentencia objeto de revisión, y, por lo tanto, se analizará su contenido de cara con el
sub examine.

En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se estudiaron los
siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto: i)
constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 199349 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el
artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales excede
la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de
quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas
a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política
social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar
especial protección al trabajo.

Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo recibido en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.

47 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-

000-2006-07509-01.
48 Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-

395 de 2015, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
49 Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36

de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.

En cuanto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección estima
importante precisar que, en esta providencia, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1.° de abril de 1994, no se encontraren
afiliados al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos
por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes
cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen
difiere del que rige el derecho pensional de la aquí demandada quien no es beneficiaria
de dicha normativa especial, pues no se discute que ella se desempeñó durante toda
su vida laboral como auxiliar de servicios asistenciales para el Instituto de Seguros
Sociales y luego en la ESE José Prudencio Padilla.

Ahora, en relación con las sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de
2015, SU-631 de 2017 y SU-023 de 2018, que citan como desconocidas en la
demanda de revisión es importante señalar que fueron proferidas con posterioridad a
la providencia que se revisa, además de que no se les otorgó efectos retrospectivos.
De esta manera, no se les puede considerar precedente en este asunto.

A lo anterior, se agrega que la misma Corte Constitucional, a través de sus salas de
revisión, venía acogiendo una interpretación según la cual el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 también incluía lo relativo al ingreso base de liquidación pensional
y, por lo tanto, debía atenderse la normativa anterior para su cálculo. Así lo señaló en
las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386
de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de
2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.

Así las cosas, es plausible colegir que el juez de instancia aplicó la posición del
Consejo de Estado contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, comoquiera
que fue proferida por su superior funcional y, porque, en su criterio, esta se
acompasaba con el principio de favorabilidad en materia de derechos sociales. En
esas condiciones, optó por atender tal posición en aplicación de los postulados
constitucionales50, y ordenó incluir todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio, los cuales efectivamente fueron incorporados por la entidad al
dar cumplimiento de la sentencia, Resolución RDP 014341 de 24 de abril de 2018,
estos son: asignación básica; dominical y festivo; horas extras; jornada nocturna; prima
de servicios y prima de vacaciones, certificados por el jefe de Recursos Humanos de
la ESE José Prudencio Padilla.

50 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2021, radicado 11001-03-25-

000-2018-01142-00(4018-18), demandante: UGPP.

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En el mismo sentido, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso
base de liquidación, es importante señalar que la tesis acogida tanto en primera como
en segunda instancia en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial fue la
sostenida por el Consejo de Estado. Aquella posición partió de que constituyen salario
todos aquellos emolumentos que percibe el servidor como retribución de su labor.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa
aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior funcional
y Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no puede
admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente
vinculante.

Ahora, no pasa por alto la Subsección que, mediante sentencia del 28 de agosto de
2018, la Sala Plena del Consejo de Estado replanteó el criterio frente a la interpretación
del IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sin
embargo, es importante precisar que no es procedente la aplicación en este caso de
las reglas allí fijadas. En efecto, en dicha providencia esta corporación acogió la tesis
sostenida por la Corte Constitucional según la cual el IBL no forma parte de la
transición y definió cómo se deben liquidar las pensiones cobijadas por aquel. Con
todo, se debe tener en cuenta que en esa oportunidad también se señalaron los efectos
que ese nuevo criterio unificado tendría respecto de las situaciones consolidadas y en
ese sentido se indicó:

«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 19 del Decreto 1653 de
1977; 36 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 1158 de 1994, citados como
desconocidos por la UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión, en
consideración a que la interpretación que la sentencia objeto de la acción impartió a
tales contenidos normativos, se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la
época en el Consejo de Estado.

Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica 51.

51 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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Radicado: 110010325000201801463 00 (4820-2018)
Demandante: UGPP

En conclusión: No se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión de la señora Eucaris María
Narváez Mondul, con el ingreso base de liquidación previsto por el Decreto 1653 de
1977, y no el señalado por la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el
Decreto 1158 de 1994.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configurada la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará
infundada la acción de revisión contra la sentencia del 28 de noviembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión,
profirió sentencia, que ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Eucaris
María Narváez Mondul.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación52 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP,
contra la señora Eucaris María Narváez Mondul, por la causal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 con el fin de que se revise la sentencia del 28 de noviembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión,
que confirmó el fallo de primera instancia, emitido el 28 de mayo de 2014, por el
Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 080013331006201400699.

Segundo: Sin condena en costas.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias

de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 110010325000201801463 00 (4820-2018)
Demandante: UGPP

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

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