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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01474-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01474-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E el 22 de octubre de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. 19 Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018) Demandante: Ugpp Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01474-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: María Hortensia Sánchez de Bautista

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 22 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual se confirmó
parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado 21 Administrativo
de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María
Hortensia Sánchez de Bautista.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la
Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 22 de octubre de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

1
En lo que sigue Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

11001-33-31-021-2011-00338-00 (01), que confirmó el fallo dictado por el Juzgado
21 Administrativo de Bogotá el 9 de marzo de 2012, por medio del cual se accedió
a las pretensiones de la demanda presentada por María Hortensia Sánchez de
Bautista contra la Ugpp y se ordenó incluir todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio para la reliquidación de su pensión.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias
proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria
de que María Hortensia Sánchez de Bautista no era acreedora de un derecho
adquirido amparable en la legislación colombiana; y iii) la orden de reliquidación y
pago de la pensión reconocida conforme con las reglas de las sentencias C-168
de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, entre otras proferidas por la Corte
Constitucional, de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, así como los factores de cotización taxativamente determinados en el
Decreto 1158 de 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

3.1. María Hortensia Sánchez de Bautista nació el 3 de febrero de 1949.

3.2. Mediante la Resolución 34946 del 28 de octubre de 2005 Cajanal le reconoció
una pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de abril de 2005 en una cuantía de
$598.761.71.

3.3. Con la Resolución 3812 del 2 de febrero de 2009, se reliquidó la pensión de
conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, en una cuantía de
$670.846.23 efectiva a partir del 1 de septiembre de 2006.

3.4. En virtud de la Resolución PAP 24431 del 29 de octubre de 2010 se negó una
solicitud de reliquidación de la pensión de vejez reconocida.

3.5. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, María Hortensia Sánchez de Bautista presentó demanda contra la
Ugpp con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le
negaron la reliquidación de su pensión. Este asunto correspondió al Juzgado 21
Administrativo de Bogotá, el que por medio de la sentencia del 9 de marzo de
20123 accedió a las pretensiones, para lo cual resolvió:

2
En lo sucesivo CPACA.
3
Cuaderno principal, folio 247.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

«PRIMERO. DECLARAR NO PROBADAS las interpuestas por el apoderado de la
parte demandada, por las razones expuestas al inicio de las presentes
consideraciones.

SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución PAP 024431 de octubre de
2010 (fl.3-6), en cuanto negó la reliquidación de la pensión de jubilación a la actora.

TERCERO. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, Se le ordena a la
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL- CAJANAL, reliquidar la pensión de
jubilación de la señora MARIA HORTENSIA SANCHEZ DE BAUTISTA identificada con
cédula de ciudadanía No. 41.451.430 de Bogotá, con el 75% promedio de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio, reliquidación que se
efectuará a partir de la fecha de retiro. (…)» (sic)

3.6. Inconformes con lo decidido, las partes interpusieron recursos de apelación, los
cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, mediante sentencia del 22 de octubre de 2013, que
confirmó parcialmente la providencia recurrida, así:

«PRIMERO. CONFÍRMASE parcialmente la sentencia del nueve (9) de marzo de dos
mil doce (2012), proferida por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: MODIFÍCASE el ordinal “TERCERO” de la parte resolutiva de la
sentencia de 9 de marzo de 2012, el cual quedará así:

“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
Ugpp, a reconocer, liquidar y pagar a la señora MARÍA HORTENSIA SÁNCHEZ DE
BAUTISTA, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.451.430 de Bogotá,
la pensión de jubilación a partir del 1° de septiembre de 2006, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio del 1°
de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006- teniendo en cuenta además de los
factores ya reconocidos (asignación básica, bonificación por servicios prestados, la
prima de antigüedad, las horas extras y recargo nocturno y las horas extras-
diferencia de horario), el subsidio de alimentación, la 1/12 de la prima de navidad, la
1/12 de la prima de servicios y la 1/12 de la prima de vacaciones. (…)”

TERCERO: ADICIÓNASE a la sentencia de 9 de marzo de 2012, lo siguiente:
“La entidad deberá realizar los descuentos de los aportes a pensión frente a los
factores cuya inclusión se ordenó en esta providencia y sobre los cuales no se haya
efectuado la deducción legal, de acuerdo con la normatividad aplicable para el caso
y teniendo en cuenta el porcentaje que corresponda sufragar ala trabajadora ”
(…)»(Sic)

3.7. Mediante la Resolución RDP 0221 del 7 de enero de 2014, se negó la solicitud
de cumplimiento de los fallos proferidos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Decisión confirmada por la Resolución RDP 3684
del 4 de febrero de 2014.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

3.8. Finalmente,con la Resolución RDP 016794 del 28 de mayo de 2014 se
reliquidó la pensión de la demandada en cumplimiento del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 22 de octubre de 2013 confirmó parcialmente la sentencia
dictada por el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá, que accedió a las súplicas de
la demanda.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:

5.1. María Hortensia Sánchez de Bautista fue beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985 en tanto que al 13 de febrero de 1985 contaba con 16 años,
3 meses y 13 días de servicio por lo que cumplió con el presupuesto señalado en
el artículo 1 de esa norma.

5.2. Por ser beneficiaria del régimen de transición tenía derecho a las previsiones
contenidas en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 no obstante, solicitó por
favorabilidad la aplicación de la Ley 100 de 1993.

5.3. El juzgado de primera instancia advirtió que la Ley 100 de 1993 no le resultó
más favorable, ante lo cual la parte demandante recurrió tal consideración, sin
embargo se concluyó que la pensión debió ser reconocida con fundamento en el
Decreto ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 18448 de 1969, lo que le
era más favorable a sus intereses en la medida que se tasa en un monto del 75%
pero con la inclusión de la mayoría de los factores salariales devengados en el
último año de servicio (en atención a la sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010), mientras que la Ley 100 de 1993, si bien permitiría un monto superior, en la
situación particular de la demandante, le correspondería solo un 80% pero
únicamente con los factores sobre los cuales aportó para pensión.

5.4. En ese orden, la demandante tuvo derecho a que se le reliquidara la pensión
en cuantía equivalente del 75% de lo devengado en el último año de servicio
prestado, con la inclusión de los factores salariales, además de los ya reconocidos
(la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de
antigüedad, las horas extras y recargo nocturno y las horas extras- diferencia de
horario), el subsidio de alimentación, la 1/12 de la prima de navidad, la 1/12 de la

4
Índice 9 de Samai, expediente digital, archivo denominado D110010325000202000075001
EXPEDIENTEDIGITALCdo1Demanda202098102542, páginas 141 a 165.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

prima de servicios y la 1/12 de la prima de vacaciones.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes
argumentos6:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la
reliquidación de la pensión de vejez no se ajustó a derecho, pues lo procedente
era dar una correcta interpretación de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993
en cuanto se refieren al IBL, por lo que las providencias acusadas transgredieron
los principios constitucionales al haber accedido a la reliquidación de la prestación
conforme con una interpretación errada de las normas y sin el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos para tal fin.

6.2. La cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU 427 de 2016 entre otras, lo que constituyó una grave afectación a la
sostenibilidad financiara del sistema.

1.3 Contestación a la acción especial de revisión

7. John Fredy Álvarez Camargo, en calidad de Curador Ad- Litem de María
Hortensia Sánchez de Bautista contestó la demanda en los siguientes términos7:

7.1. Los criterios jurídicos de la sentencia atacada se encontraron acordes con el
derecho y por ende, la reliquidación y los montos fijados no violaron ningún
presupuesto jurídico, en atención a que se debió acoger la condición más
beneficiosa para el trabajador, de manera que debe declararse infundado el
recurso contra las sentencias que ordenaron el pago de mesadas pensionales
teniendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales percibidos en el último
año de servicio, en tanto es válido tener en cuenta todas las sumas que percibió el
trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación de su servicio.

7.2. Propuso como excepciones las que denominó; (i) inexistencia de causal que
permita romper el principio de cosa juzgada; (ii) inexistencia de causal frente al

6
Cuaderno principal, folios 290 a 300.
7
Índice 43 de Samai, archivo denominado 32_110010325000201801474001RECIBEMEMORIAL
20221130102555.

5

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Demandante: Ugpp

recurso de revisión; y (iii) genérica.

1.4 El Ministerio Público

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo8, que estableció:

«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la
Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del
derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en
un término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».

12. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 6
de noviembre de 201310 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 2 de
octubre de 201811 fue oportuna.

2.3 Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E se
expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la

8
En lo que sigue CPACA.
9
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10
Cuaderno principal, folio 189.
11
Cuaderno principal, folio 300, reverso.

6

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Demandante: Ugpp

causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003?; y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se
configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4 Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 200312 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala
precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003
indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la
Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal
sentido, se han definido los siguientes14:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas

12
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
13
Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
14
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

7

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Demandante: Ugpp

pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»15.

19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985

20. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes

15
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018,
radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre
otras.

8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.

21. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso
«las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes».

22. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos
o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la
edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

23. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de
manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las
normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no
completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años
de edad para acceder a la pensión.

9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

24. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la
Ley 6a de 194517 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así
como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que
la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto
se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al
demandante»18; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es
mujer»19.

25. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 202020, esta corporación21
señaló que si el servidor era del orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era del orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194522 se aplicó para efectos de las
prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así
como a los servidores públicos del nivel territorial (…).

(…)

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a
la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince
(15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente
ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional
era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945»
(se resalta).

26. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008,
radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
19
Artículo 27.
20
Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
21
En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
22
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».

10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior
y de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló, entre otras, en las sentencias
del 19 de noviembre de 200923 y del 16 de diciembre de 200924, en las que se
indicó lo siguiente:

«(…) El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición
consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la
fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen
anterior de pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).

Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
(…)

Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de
hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza
se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación (…).

Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya).

27. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del
Consejo de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los
principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y
favorabilidad en materia laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional,
sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de
servicios»25.

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-
25-000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

11

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado

28. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201826 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

29. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que
«una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el
régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto
pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma».

30. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de
estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional
«[t]ales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión».
Esto señaló la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

26
Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

12

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

31. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

32. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los
siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones (…)».

33. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto
en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad,
tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley
33 de 1985».

13

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

34. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como
instrumento de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban
próximos a pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la
norma anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y
tasa de retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos
a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

35. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio27 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso
en la decisión.

2.5 Caso concreto

36. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de
revisión, la Sala advierte lo siguiente:

37. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

38. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) (e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para
impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y
defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de

27
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)».

14

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho
a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

39. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación con
la vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental al debido
proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco de la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

40. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió la decisión objeto de revisión (22 de
octubre de 2013), el criterio que acogía el Consejo de Estado en relación con el
IBL de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de las
leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, era el expuesto en la sentencia del 4 de agosto
de 201028, antes referida, según la cual, la expresión «monto», contenida en el
artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de manera
habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente
de la denominación que se les dé».

41. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de
las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

42. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la
Sala considera que la sentencia proferida el 22 de octubre de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, no fue caprichosa y por el contrario respetó los
derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado
como máximo tribunal de lo Contencioso-administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.

43. Lo anterior es así, toda vez que fundamentó su decisión en la referida sentencia

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

15

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

del 4 de agosto de 2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es
preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer
ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en
especial, cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación;
de manera que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la
Sección Segunda del Consejo de Estado para la época.

44. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es claro que
para la época en que se expidió la sentencia recurrida (22 de octubre de 2013), la
posición era que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse
teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la
consideración de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el
principio de la inescindibilidad de la norma.

45. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmó la
providencia que ordenó que la pensión de jubilación reconocida a María Hortensia
Sánchez de Bautista se reliquidara con la inclusión de los factores salariales
legalmente devengados por ella. En relación con lo anterior, se advierte que el
tribunal siguió la línea jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto
de 2010, que en lo particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios
de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes
históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de
unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

(…)

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es
decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación
que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando» (negrillas del original).

16

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

46. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificación
del 20 de enero de 2014 expedida por la jefe de coordinación de nómina de la
Subdirección de Gestión de personal de la Dirección Administrativa Especial –
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, según la cual consta que María
Hortensia Sánchez de Bautista devengó entre el 1 de septiembre de 2005 y el 31
de agosto de 2006 los siguientes factores: asignación básica, bonificación por
servicios prestados, prima de antigüedad, horas extras y recargos nocturnos,
subsidio de alimentación, primas de navidad, vacaciones y servicios29.

47. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo contencioso-administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad
normativa y favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se
advierte una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.

48. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:

48.1. María Hortensia Sánchez de Bautista nació el 1 de marzo de 194930, prestó
sus servicios en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre el 1 de
noviembre de 1968 y el 31 de agosto de 2006.El último cargo desempeñado fue el
de auxiliar III, nivel 12, grado 831.

48.2. Mediante la Resolución 34946 del 28 de octubre de 2005 Cajanal le reconoció
una pensión mensual vitalicia de vejez, efectiva a partir del 1 de abril del 2005 en
una cuantía de $598.761.7132.

48.3. Con la Resolución 3812 del 2 de febrero de 2009, se reliquidó la pensión « de
conformidad con el artículo 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, en una cuantía de
$670.846.23» efectiva a partir del 1 de septiembre de 2006, condicionada al retiro
definitivo del servicio33.

48.4. En virtud de la Resolución PAP 24431 del 29 de octubre de 2010 Cajanal
negó una solicitud de reliquidación de la pensión de vejez reconocida34.

29
Cuaderno principal, folios 134 a 151.
30
Cuaderno principal, folio 168.
31
Cuaderno principal, folio 92.
32
Cuaderno principal, folios 84 a 86.
33
Cuaderno principal, folios 104 a 106
34
Cuaderno principal, folios 121 a 122.

17

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

48.5. Mediante la Resolución RDP 0221 del 7 de enero de 2014, se negó la solicitud
de cumplimiento de los fallos proferidos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho35, la cual fue confirmada por la Resolución RDP 3684
del 4 de febrero de 201436.

48.6. Finalmente, con la Resolución RDP 016794 del 28 de mayo de 2014 se
reliquidó la pensión de la demandada en cumplimiento del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una cuantía de $898.279 efectiva a
partir del 1 de septiembre de 2006.

49. Examinado lo anterior, se tiene que la reliquidación de la prestación efectuada
resultó con una diferencia de $227.433 a la reconocida inicialmente.

50. Adicionalmente, se encuentra acreditado que laboró al servicio de la DIAN por
más de 20 años.

51. Asimismo, se observa que el acto administrativo que dio cumplimiento a la
sentencia ordenó descontar, de las mesadas atrasadas a que tenía derecho la
entonces demandada, la suma de $1.229.286 por concepto de «aportes para
pensión de factores de salario no efectuados».

52. Así las cosas, la reliquidación
efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la pensión de vejez reconocida a
María Hortensia Sánchez de Bautista, no evidenció un incremento
desproporcionado o que no guardara relación con su trayectoria laboral. Por lo que
la Sala concluye que la situación en estudio no es de aquellas que puedan ser
consideradas como un abuso del derecho o fraude a la ley.

53. En consecuencia, la liquidación de su pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) fue beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985; ii) completó más de 20 años de servicio; y iii) durante el último
año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación
de la pensión.

54. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo
que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «(n)o puede

35
Cuaderno principal folios 180 a 181.
36
Cuaderno principal folios 174 a 175

18

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en
la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa
tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

55. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 22 de octubre de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E no incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y
b) de la Ley 797 de 2003 y por lo tanto se declarará infundada la acción de
revisión interpuesta por la Ugpp.

2.6 Costas

56. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se advierte que el
recurso se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, la de los literales a) y b) del
artículo 20 de la ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (Ugpp) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E el 22 de
octubre de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

19

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01474-00 (4831-2018)
Demandante: Ugpp

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

ACCR

20

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