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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01572-00

Fecha
29 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01572-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia del Treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, que confirmo parcialmente el fallo del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012), emitido por el Juzgado Primero Administrativo de descongestión del circuito judicial de Armenia, dentro del expediente radicado No. 63001-33-31-002-2012-002-02, de acuerdo con lo expuesto 19 Número Interno: 5127-2018 Accionante: UGPP Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01572-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2018-01572-00 (5127-2018)1.
Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
Accionado : Héctor Alfonso Torres Agudelo
Trámite : Acción especial de revisión.
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 31 de octubre de
2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío.
Causal regulada en el literal a y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra las
sentencias del Treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el
Tribunal Administrativo de Quindío que confirmó parcialmente el fallo del Veinticuatro (24)
de julio de Dos Mil Doce (2012), emitido por el Juzgado Primero Administrativo de
descongestión del circuito judicial de Armenia, que accedieron a las súplicas de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor Héctor
Alfonso Torres Agudelo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende se infirmen las sentencias del Veinticuatro (24) de julio de
Dos Mil Doce (2012), proferida por el Juzgado Primero Administrativo de descongestión

1
Expediente hibrido.
2
Folios 176 a 185, expediente físico, cuaderno 1.

Número Interno: 5127-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

del circuito judicial de Armenia, confirmada parcialmente mediante fallo del Treinta y uno
(31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), dictadas dentro del expediente radicado No.
63001-33-31-002-2012-00202 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende que:

Se declare que el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo, en relación con la liquidación de
su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la
legislación colombiana y se ordene la reliquidación y pago de la pensión que recibe,
adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas por el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la citada normatividad y, los
factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo
señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-
230 de 2015 y SU- 427 de 2016; SU-210 de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017
y autos 326 de 2014 y auto 229 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que el señor Héctor Alfonso Torres
Agudelo, nació el doce (12) de noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro (1954).

A través de Resolución No. 23272 del Trece (13) de octubre de Dos Mil (2000), CAJANAL
reconoció pensión de vejez al señor Torres Agudelo, en cuantía de Cuatrocientos Quince
Mil Ciento Sesenta y Siete pesos Con Ochenta y Siete centavos ($415.167,87), efectiva
a partir del primero (1) de Julio de Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999).

Por medio de Resolución No.24639 del veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Uno (2001),
se reliquidó la pensión de vejez, por retiro definitivo, elevando el valor de la mesada, a
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco pesos ($465.255.99).

A través de la resolución No. 111444 del doce (12) de marzo de Dos Mil Ocho (2008), se
negó la reliquidación de la pensión de vejez.

El demandado inconforme con la anterior decisión inició proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que correspondió al Juzgado Primero de Descongestión de
Armenia, que mediante sentencia del veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012),
declaró la nulidad del acto demandado y ordenó la reliquidación sobre el 75% de los

2

Número Interno: 5127-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

factores devengados en el último año de servicio conforme al artículo 45 del Decreto 1045
de 1978.

Decisión confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Quindío, con
providencia de Treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), en la cual, ordenó
modificar el ordinal segundo y tercero, en punto a excluir de la base de liquidación
pensional el concepto de prima de riesgo, el subsidio familiar y la indemnización por
vacaciones a partir del Nueve (09) de Abril de Dos Mil Nueve (2009) en atención a la
prescripción trienal.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo de Quindío, mediante sentencia de treinta y uno (31) de octubre
de Dos Mil Trece (2013), confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, al
considerar que, en la liquidación de la pensión del señor Torres Agudelo no se debía
tener en cuenta, los conceptos de prima de riesgo, el subsidio familiar y la indemnización
por vacaciones, pues, no constituían factor salarial. Modificando el ordinal segundo y
tercero del fallo proferido el Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012)3:

«PRIMERO: CONFIRMARSE, la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil
doce (2012) por el juzgado primero administrativo de descongestión del circuito de Armenia
(Q), que accedió a las pretensiones de la demanda, MODIFICANDO sus numerales segundo
y tercero en el sentido de precisar que la reliquidación y pago en ellos ordenados se realizará
excluyendo de los factores requeridos por el actor la prima de riesgo, el subsidio familiar y la
indemnización por vacaciones respecto de las mesadas causadas a partir del 09 de abril de
2009, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Autorizase a la UGPP el descuento de aportes que no hubieran sido efectuados
con destino al Sistema de Seguridad Social de los valores resultantes de la condena
impuesta». ( Resaltado por fuera de texto)

En efecto, el fallo de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda en los
siguientes términos:4

El juzgado determinó que el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo, se encontraba cobijado

3
Folios 127-136, cuaderno principal
4 El Juzgado Primero Administrativo en Descongestión del circuito judicial de Armenia, mediante sentencia de Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce
(2012)3, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

3

Número Interno: 5127-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto,
su mesada debía reliquidarse conforme a lo establecido en la Ley 32 de 1986, teniendo
como base el 75% sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último
año de servicio, como: asignación básica, sobresueldo, subsidio de alimentación, auxilio
de transporte, prima de riesgo, subsidio familiar, bonificación de servicios, prima de
servicios, prima de vacaciones y prima de navidad. Siendo procedente reliquidar la
pensión de jubilación, desde la fecha en que el actor le fue reconocida la mesada.

A su vez, al haber radicado ante Cajanal petición de reliquidación pensional el Siete (7)
de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), interrumpió el termino de prescripción, por lo tanto,
el pago de las diferencias de los valores reconocidos sería a partir del Siete (07) de
noviembre de Dos Mil Tres (2003).

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declárese la nulidad de la Resolución No. 11144 del 12 de marzo de 2008,
expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, empresa Industrial y Comercial del Estado
hoy en la Liquidación, “ por la cual se niega una reliquidación de una pensión de vejez”

SEGUNDO: Condénese a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.I.C.E- EN
LIQUIDACIÓN a reconocer, a favor del demandante, las diferencias de las mesadas
pensionales por la inclusión de todos los factores salariales percibidos por el actor, valores
que deberán ser pagados debidamente indexados, con efectos fiscales a partir del 07 de
noviembre de 2003.

TERCERO: Ordenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E EN
LIQUIDACIÓN, incluir en nómina de pensionados el mayor valor que deberá ser reconocido
desde la fecha en que el actor adquirió su pensión, y la diferencia en el pago de las mesadas
será pagada desde el 07 de noviembre de 2003, en virtud a la prescripción trienal (art. 488
del C.S. del T, 151 del C. de P. L y 41 del Decreto 3135 de 1968), con la aplicación de las
fórmulas referenciadas en la parte motiva de este fallo. […]»

1.3. Causales de revisión invocadas.

En principio, aunque en las pretensiones de la demanda no se menciona la causal del
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el apartado «Concepto de violación» sí se
hace referencia a ella, por lo tanto, la Sala infiere que la UGPP la propone como causal
de revisión. En efecto, manifiesta que: «pues la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido
proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante en los términos ordenados en
estas no le corresponde, pues lo correcto es que tuviera en cuenta las disposiciones contenidas en los
artículos 36 y 21 de la ley 100 de 1993, respecto del IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación, por lo anterior se considera que el fallo acusado trasgrede los principios

4

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Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

superiores de legalidad consagrados en los artículo 1,2,6,29, 121, 132 inciso 3 y 124 de la carta política 5».

Por otra parte, La UGPP invocó la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «[c]uando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión solicita ordenó un ajuste pensional que excede lo
establecido por la legislación, pues, es claro que de acuerdo con las sentencias C-168
de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210
de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, auto 229 de 2017 y T-039 de 2018, el ingreso
base de liquidación no hace parte del régimen de transición, de manera que, una correcta
aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, impone liquidar la
pensión del señor Torres Agudelo con los aportes efectuados durante los últimos 10 años
de servicio y los factores de salario establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

1.4. Contestación de la demanda de revisión.

El auto admisorio de la acción, fue notificado personalmente al señor Héctor Alfonso
Torres Agudelo el Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)6, quien,
dentro del término otorgado, guardó silencio

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA7 y 20 de la Ley 797 de 20038, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 20199.

2.2. Oportunidad.

5 pagina 179 del expediente

6
Samai, índice 50. Actuación del tribunal de origen samai índice 10.
7
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
8
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado
o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
9
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

5

Número Interno: 5127-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia revisada
fue notificada el Siete (7) de noviembre de Dos Mil trece (2013)10, cobró ejecutoria el 15
de ese mismo mes y año y la demanda fue presentada el Diecinueve (19) de octubre de
Dos Mil Dieciocho (2018)11, razón por la cual, no fue superado el término de 5 años
establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Treinta y uno (31)
de octubre de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Tribunal Administrativo de Quindío,
está incurso en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido
con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo
preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

10
Pagina 117 del cuaderno principal
11
Pagina 186 reverso- sello de recibido en la sección segunda del Consejo de Estado

6

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Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material12 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 13.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios14.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos
Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean
equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 15 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui
generis16, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso

12
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-
000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-
15-000-01027-00.
15
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan
con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión
constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de
2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo
de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade
Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las
formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo
20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de
transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de
revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto
de las sentencias.

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Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 17», tal como

el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial18.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
• Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.

Así las cosas y conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas
por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

En efecto, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial
de Revisión de esta Colegiatura ha señalado : 19

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección
ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en

17
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la
legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)].
MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández
Gómez.
18
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-
03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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relación con los núcleos esenciales que lo componen» 20 y «la parte interesada debe promover la acción
especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 21.

2.4.3. Régimen pensional especial del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto
Penitenciario y Carcelario-INPEC

La norma general en materia pensional aplicable a los empleados públicos antes de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 era la Ley 33 de 1985. No obstante, el artículo 1°
de dicha ley precisó que no quedarían sujetos a su régimen general aquellos empleados
oficiales que, por la naturaleza de sus funciones, justificaran una excepción determinada
expresamente por la ley, ni quienes gozaran de un régimen especial de pensiones.

En este contexto, el legislador expidió la Ley 32 de 1986, mediante la cual, se adoptó el
Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del INPEC.
El artículo 96 de dicha ley estableció que, los miembros de este gremio tendrían derecho
a pensión al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos, sin
consideración a la edad. Posteriormente, el Decreto 407 de 1994, creó el régimen de
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, pero no definió el
monto ni la base de liquidación de las pensiones.

Sin embargo, el artículo 114 de la Ley 32 de 1986 dispuso que:

«En los aspectos no previstos en esta Ley o en sus decretos reglamentarios, a los miembros
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les aplicarán las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales»

Por tanto, para determinar el monto y la base de liquidación de las pensiones de los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, debe acudirse a la Ley 4 de 1966, cuyo
artículo 4° señaló:

«A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan
derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público se liquidarán y
pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual
obtenido en el último año de servicios».

En consecuencia, al tratarse de un régimen especial de naturaleza exceptuada, los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, como el señor Héctor Alfonso
Torres Agudelo, están sujetos a la aplicación de las disposiciones especiales vigentes al

20
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-00728-00 (5558-2019);
consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

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momento de la consolidación de su derecho. Ello, además, considerando que el
mencionado funcionario era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, resultan aplicables las normas anteriores a dicha
ley en materia de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión.

2.4.4. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo
con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un
monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda
en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017, SU-631 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel
no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se agota en la simple
confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que, impone un
análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos
y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los
servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía
previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55
años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas,
con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el
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Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos
señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión22, aludiendo a los componentes de
edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas
legítimas de las personas próximas a pensionarse.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual, la
Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro
(4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010)23, acogió el principio de inescindibilidad, conforme
al cual, dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al
momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante
el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230 de
2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente
al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso base de
liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando
el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base
de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que, solo fue superada hasta la emisión
de la sentencia de unificación jurisprudencial de Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018)24, en la cual, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, modificó
la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:

22
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y
62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas
que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si
son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el
tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
23
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009. Demandante: Luis Mario Velandia.
Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el
IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a
las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones[…]».

En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no es un
elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, también lo
es que, con antelación a la emisión del citado fallo de 28 de agosto de 2018, la posición
unificadora del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura
que, con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales
administrativos del país a la hora de proferir sus sentencias.

Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de Veintiocho (28) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), y con el objeto de clarificar la aplicación de las reglas
jurisprudenciales fijadas, estableció los efectos de la decisión de la siguiente manera:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo
que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

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Número Interno: 5127-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada […]».

Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en aquellos casos en los que, en el marco de
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa una
determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en una cuantía
que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta
Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto
de 201825 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que fijan el ingreso base
de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 201826 en las que se hubiere preferido dar aplicación a la posición
de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis
expuesta en sentencia SU-230 de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen
el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las particularidades de
cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de una pensión con abuso del
derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió el límite legal.

2.5. Caso concreto.

Debe señalarse que, en el asunto de la referencia, no se discute el derecho pensional del
señor Héctor Alfonso Torres Agudelo, sino, el derecho a que la pensión de jubilación se
reliquide conforme a las directrices previstas, por el inciso tercero del artículo 36 o el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, con los factores de salario preceptuados en el Decreto
1158 de 1994, fijando el monto pensional o tasa de reemplazo del 75%.

Sobre la primera causal invocada.

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

En principio, en el acápite de pretensiones de la demanda, la parte actora no menciona
la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. No obstante,
en el apartado titulado «Concepto de violación – Demostración de la causal de revisión», sí hace
referencia a dicha causal; sin embargo, sus argumentos no son claros respecto de los
motivos por los cuales, se alega la vulneración al debido proceso. El recurrente se limita
a concluir que dicha vulneración se configura por la supuesta aplicación indebida de una
norma al caso en cuestión.

En efecto, la parte demandante no cuestiona la competencia del juez que emitió la
providencia, ni las normas procesales aplicadas para resolver el caso. Tampoco, señala
la existencia de vulneraciones al derecho de audiencia, defensa o contradicción, ni la falta
de motivación en la decisión. En lugar de ello, centra su argumentación en un análisis
normativo e interpretativo, orientado a debatir la forma en que debe integrarse el ingreso
base de liquidación de la pensión reconocida al accionante.

En consecuencia, se concluye que la demanda de revisión no desarrolló adecuadamente
la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por tanto, no es
procedente acoger dicha causal, dado que, el recurrente incumplió con el deber procesal
de motivar debidamente su solicitud.

Sobre la segunda causal invocada.

Descendiendo al sub lite, la UGPP solicita se infirme la sentencia del Treinta y Uno (31)
de octubre de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío,
que confirmó parcialmente el fallo del veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012),
por el Juzgado Primero de Descongestión de Armenia y, en su lugar, se declare que señor
Héctor Alfonso Torres Agudelo, no tiene derecho a que su pensión de jubilación, se liquide
con la totalidad de factores de salario devengados en el último año de servicio,
contrariando las directrices fijadas en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, Decreto 1158 de 1994 y el precedente Constitucional.

Expuesto el extremo de la controversia que corresponde a la presente acción, la Sala
reitera la subregla de aplicación normativa identificada en el estudio que antecede, según
la cual, las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de

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Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)27,
en las que se hubiere decidido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por
esta Corporación con fallo de Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010) y, no así, a la
tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no contravienen, por ese solo hecho, las
normas que rigen el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese sentido, está demostrado que mediante sentencia del veinticuatro (24) de julio de
Dos Mil Trece (2013), el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Armenia, dispuso la reliquidación de la pensión del señor Torres Agudelo,
sobre el «75% sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio».
Decisión confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Quindío, el Treinta y
uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013)28, mediante la cual, modificó los ordinales
segundo y tercero, en el sentido de «precisar que la reliquidación y pago ordenados se efectuarán
excluyendo la prima de riesgo, el subsidio familiar y la indemnización por vacaciones a partir del 09 de abril
de 2009 en atención a la prescripción trienal»

Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal atendió la directriz de la sentencia de
unificación de Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), radicado 25000 23 25 000
2006 07509 01 (0112-09), que establecía, «cuando se aplica el régimen de transición es preciso
recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho […] valido tener en cuenta todos los factores que
constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independiente de la denominación que se les dé, tales como,
asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilio de
transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos de
antigüedad, quinquenios, entre otro». Fundamentando el reconocimiento de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, según la cual, la liquidación de la pensión
se debe efectuar con el 75% del promedio del salario devengado durante el último año,
teniendo en cuenta, los factores previstos en el Decreto 1045 de 1978 y las excepciones
del Decreto 446 de 1994.

En efecto, el régimen aplicable a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciario, no precisó los factores que debían tenerse en cuenta para la liquidación,

27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
28
Folios 127-136, cuaderno principal

15

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Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

por ello, por remisión del artículo 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 de 1994, se debe aplicar
las normas vigentes para los empleados públicos nacionales. Que, en este caso, sería la
Ley 33 de 1985; sin embargo; esta no aplica a los empleados con régimen especial. Por
consiguiente, se debe acudir al Decreto 1045 de 1978, como lo hizo el Juzgado y Tribunal.

Por tanto, la Sala vislumbra que, la sentencia materia de censura, atendió la posición
jurisprudencial de esta Corporación que se encontraba en vigor al momento en que se
profirió, razón por la cual, no se observa que configure una trasgresión normativa directa,
ni es, por sí sola, contraria al régimen legal.

Ahora bien, también corresponde al Juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.

Al respecto, en sentencia del Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), se
indicó29:

«[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción de revisión se
erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el interés de la colectividad
por encima del particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas
en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario judicial o
administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión o ya sea por adoptarse una
interpretación que no se acompasa con los principios reguladores del sistema de seguridad
social en pensiones vertidos en la Carta Superior.

35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social en pensiones se
produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un individuo con una posición
económica privilegiada obtiene, además de las ventajas que ostenta en la sociedad, otras
adicionales que desafían los principios de la seguridad social en pensiones y resisten su
orientación equitativa, tal como lo reconoció la Sentencia C-258 de 2013 al sostener que
<<para que se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se
repite, debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su
historia laboral>>. Subrayado nuestro.

36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de las acciones
extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, al constatar que la ventaja
irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en riesgo el sostenimiento fiscal del sistema
y por ende, la expectativa de los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión
de una anomalía en la interpretación judicial, carga que por supuesto, está a cargo de quien
invoca la causal y que tiene el deber de demostrarlo. […]»

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-2018-01538-
00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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A su vez, la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, en sentencia del
Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), estableció30:

«[…] 65. Evidentemente, no puede considerarse que el presente caso se trate de una pensión
obtenida con abuso del derecho o con fraude a la ley o que se trate de una pensión
injustificada o excesivamente privilegiada, teniendo en cuenta que la cuantía de la pensión
inicialmente determinada en $1.356.900,61 fue reliquidada por el retiro del señor García
García a la suma de $1.541.1540,41 mediante Resolución 15191 del 12 de agosto de 2003
(aclarada por la Resolución 004902 del 27 de febrero de 2004) y, posteriormente, determinada
en $1.932.465,13, mediante Resolución 27739 del 13 de junio de 2007, a través de la cual
CAJANAL EICE dio cumplimiento al fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, según
consta en el folio 106 del cuaderno de anexos del recurso extraordinario de revisión.

66. Por otra parte, a juicio de la Sala, la pensión, en el monto así reconocido por el Consejo
de Estado hace más de 15 años, no atenta contra el interés general, ni tiene una repercusión
en detrimento de los recursos estatales; además, que, en tales condiciones, no pone en
desequilibrio la sostenibilidad fiscal del sistema pensional, primero porque no corresponde a
una de aquellas pensiones excesivas, privilegiadas, o a uno de los beneficios
desproporcionados que, entre otros aspectos, dieron origen a la necesidad de modificar el
sistema pensional para ponerles término31 y, segundo, porque la sentencia recurrida en
revisión, dispuso que en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la
Caja debería realizar las compensaciones correspondientes, lo cual, responde precisamente
a la observancia de este criterio de sostenibilidad financiera del sistema, como reiteradamente
lo consideraba el Consejo de Estado, en sus diferentes salas, al señalar, en algunos de sus
pronunciamientos, que “la decisión que accedió al reconocimiento de la reliquidación
pensional, no podía pasar por alto el criterio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Carta
Política (art. 48), lo que se manifiesta en la orden de descuento de los aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones, como se acaba de indicar […]» 32».

En el caso bajo estudio, se advierte que, el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo nació el
Once (11) de diciembre de Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro (1954)33 y adquirió el
estatus jurídico de pensionado el Ocho (8) de abril de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999)34. Prestó sus servicios durante más 20 años en el INPEC, entre Dieciséis (16) de
agosto de Mil Novecientos Setenta y Tres (1973) y Treinta (30) de diciembre de Dos Mil
(2000) y, su último cargo fue como dragoneante código 5260, grado 09.

De acuerdo a la certificación expedida por el pagador de la Reclusión de Mujeres de

30
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-2018-
01426-00. Recurrente: UGPP. M.P. César Palomino Cortés.
31
En la Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020, citada anteriormente, se explicó como la sostenibilidad financiera fue el
fundamento del esquema pensional instituido por el Acto Legislativo 01 de 2005, así: “Como era alarmante la situación fiscal por la
que venía atravesando el Estado, puesto que había comprometido seriamente sus finanzas públicas, producto del reconocimiento y
pago de excesivas pensiones a su cargo, hecho sumado al retraso en la vigencia plena del nuevo sistema pensional, con ocasión de
un régimen de transición que estipuló el derecho a jubilarse con el régimen anterior que fuera aplicable, se presentó la necesidad de
adicionar el artículo 48 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo 01 de 2005, en cuyo artículo 1.° se estableció que al
Estado, no solo le corresponde respetar los derechos adquiridos de conformidad con la ley, sino que, además, garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al igual que asumir el pago de la deuda pensional que estuviera a su cargo (subraya
fuera del texto).
32
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018 (exp. 2017-01534-01), reiterada en sentencia del 14 de marzo
de 2019, (exp. 2018-00683-01(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
33
yPagina 49
34
Página 60 Resolución No, 27574 de 1999 por medio del cual Cajanal reconoció la pensión mensual vitalicia

17

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Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

Armenia Quindío35, se precisó que, el señor Torres Agudelo devengó en el último año de
servicios los siguientes factores: asignación básica, sobre sueldo, auxilio de alimentación,
auxilio de transportes, bonificación de servicio, prima de servicio, subsidio familiar, prima
de navidad y vacaciones

Mediante Resolución 023272 del trece (13) de octubre de Dos Mil (2000), la extinta
Cajanal reconoció al señor Héctor Alfonso Torres la pensión de vejez, equivalente al 75%
del salario promedio devengado entre en los últimos 5 años y 3 meses de servicio,
conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Dicho promedio se
calculó entre el Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) y el
Treinta (30) de junio de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), incluyendo todos los
factores salariales conforme al Decreto 1158 de 1994. La mesada fue fijada en
Cuatrocientos Quince Mil Ciento Sesenta y Siete pesos con Ochenta y Siete centavos
$415.167,87, efectiva a partir del Primero (1°) de Julio de Mil Novecientos Noventa y
Nueve (1999), condicionada al retiro36.

Cajanal reliquidó la pensión a través de Resolución No. 24639 del veintitrés (23) de
octubre de Dos Mil Uno (2001), con el 75% del promedio devengado el Primero (1) de
Abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) a Treinta (30) de Diciembre de Dos Mil
(2000), teniendo en cuenta los factores del Decreto 1158 de 1994, en cuantía de
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con Noventa y Nueve
centavos $465.255,99, efectiva a partir del Primero (1) de Enero de Dos Mil Uno (2001)37.

El señor Héctor Alfonso Torres presentó derecho de petición el siete (7) de noviembre de
Dos Mil Seis (2006), teniente a obtener la reliquidación de su pensión, pretensión negada
mediante Resolución No. 11144 del doce (12) de marzo de Dos Mil Ocho (2008)38

La subdirectora de determinación de derechos pensionales de la UGPP en cumplimiento
de las decisiones judiciales objeto de revisión, reliquidó la pensión de la demandada a
través de la Resoluciones RDP 057011 del diecisiete (17) de diciembre de Dos Mil Trece
(2013)39 y, por ende, el monto de la mesada pensional aumentó a Seiscientos Cincuenta
y Cinco Mil Trecientos Setenta y Tres pesos $ 655.373. Así las cosas, la diferencia de

35
Página 99
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Número Interno: 5127-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

acuerdo a la orden impartida es de Ciento Noventa Mil Ciento Diecisiete pesos con Un
centavo $ 190.117,01.

Así las cosas, los factores salariales incluidos por el Juzgado y modificados por el Tribunal
se ajustan a lo establecido en la sentencia de unificación del Cuatro (4) de agosto de Dos
Mil Diez (2010), sin exceder sus lineamientos ni incorporar emolumentos ajenos a la
retribución directa del servicio o excluidos por norma. Por tanto, la reliquidación ordenada
no representa un aumento desproporcionado de la mesada pensional, ni configura abuso
del derecho o fraude a la ley.

En consecuencia, comoquiera que la UGPP no logró acreditar los elementos constitutivos
de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se impone para
la Sala declarar infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte
resolutiva de esta sentencia.

2.6. Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que, no se evidencia que la demanda haya
sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), contra la sentencia del Treinta y uno (31) de octubre de Dos
Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, que confirmo
parcialmente el fallo del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012), emitido por el
Juzgado Primero Administrativo de descongestión del circuito judicial de Armenia, dentro
del expediente radicado No. 63001-33-31-002-2012-002-02, de acuerdo con lo expuesto

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Número Interno: 5127-2018
Accionante: UGPP
Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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