Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01651-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01651-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01651-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018).
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros1
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil2, municipio de Soacha
(Cundinamarca)
Tema: Nulidad de los Acuerdos CNSC - 20182210000586 del 12 de
enero de 2018 y CNSC - 20182210000976 del 11 de abril de
2018
Sentencia de única instancia
Asunto
La Sala profiere sentencia de única instancia en el medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3.
1. Antecedentes
1.1. Demanda4
1.1.1. Las pretensiones
1 José Ernesto Morales Morales, Ruth Emilia Acuña Guerrero, Alba Graciela Rodríguez Rincón, Juan
Evangelista Ramírez Castillo, Oscar Fernando Charry Suarez, Ingry Jusmira Gutiérrez Parra,
Rolando Vargas Bello, Sandra Lugo Murillo, Claudia Patricia Ahumada Sabalza, Hilda Margarita
Gaitán Suarez, Karina Johanna Gallo Agudelo, Mirian Rosalba Vasaquez Rosas, Mayor, Luis Alberto
Gaitán Reyes, Omar Jesús Diaz Sánchez, Deyanira Caro Osuna, Claudia Liliana Reyes Vargas,
Gloria Margoth Caicedo Cicua, Patricia Bolívar Castro, María Beatriz Fonseca Sánchez, Neyiber
Alexandra Zambrano Castillo, Gladys Amanda Acosta de Velásquez, María Victoria Bogotá Prieto,
Luis Elvety Solorzano Herrera, José Benjamín Ramos Montenegro, Luz Amanda Laverde Sabogal,
Olga Lucia Tovar González, Olga Rocío Garzón Russi, Martha Isabel Alvarado González, María del
Pilar Cantor Bermúdez, Olga Lucia Betancourt Mona, Inés Yasbleidy Obando Alonso, Marlen Garnica
Plata, Luz Dary Hilarion Ávila, Luz Marina Salamanca López, Gina Lizeth Gutiérrez Álvarez,
Soreamaria Gallardo Quintero, Luz Mery Gaitán Barrero, Omar Alberto Párraga Sarmiento, Carolina
Moya Triana, Margarita Moreno Peña, Johanna Andrea Bulla Luna, Diana Patricia Uribe González,
Olga Arboleda Ortegón, María concepción Gutiérrez Sanabria, María Del Pilar Tique, Yohanna
Alexandra Leal Roa, Francy Viviana Tocora Sabogal, Heidy Katerine Rodríguez Beltrán, Oscar Julio
Sánchez Páez, José Faber Barco Morales, Carmen Cecilia Suárez Muete y Martha Yaneth González
Solorzano.
2 En adelante CNSC.
3 En lo sucesivo CPACA.
4 Índice 2 Samai Actuación EXPEDIENTE DIGITAL «DEMANDA ACCION DE NULIDAD
CONCURSO 571-2017.pdf»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
1. María Eugenia Casasbuenas González, junto con los demás demandantes,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo
137 del CPACA en orden a que se declarara la nulidad de los Acuerdos CNSC -
20182210000586 del 12 de enero de 2018, «[p]or el cual se establecen las reglas del
concurso abierto de mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
Alcaldía de Soacha, Proceso de Selección No. 517 de 2017 - Cundinamarca» y CNSC –
20182210000976 del 11 de abril de 2018, «[p]or el cual se aclaran los artículos 39 y 41
de los Acuerdos correspondientes a los procesos de selección 507 a 591 Cundinamarca»5.
2. Solicitaron que, una vez declarada la nulidad de los actos antes reseñados, se
dejara sin efectos jurídicos la oferta pública de carrera administrativa6, proferida por
el alcalde municipal de Soacha (Cundinamarca), correspondiente a dicho proceso
de selección, compuesta por 113 empleos distribuida en 211 vacantes.
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Como hechos relevantes, los demandantes señalaron lo siguiente:
3. La CNSC adelantó la etapa de planeación y convocatoria para la provisión de los
empleos que se encontraban en situación de vacancia definitiva pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal.
4. El presidente de la CNSC profirió el Acuerdo CNSC - 20182210000586 del 12 de
enero de 2018, el cual no fue suscrito por el alcalde de Soacha. Situación que
desconoció el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, según el cual la convocatoria era
la norma reguladora del concurso y debía ser suscrita por la CNSC y por el jefe de
la entidad u organismo interesado en la provisión de los cargos. En ese sentido, no
bastaba con que el municipio hubiera participado en etapas previas de planeación
o cargue de información en el sistema SIMO, sino que era necesaria su participación
formal mediante la firma del acto que fijó las reglas definitivas del concurso.
5. La ausencia de la firma del alcalde no constituyó un defecto menor o formal, sino
una irregularidad que afectó la competencia y la validez del acto administrativo. La
convocatoria de un concurso público de méritos no era un acto aislado de la CNSC,
sino una actuación que requería coordinación con la entidad que necesitaba proveer
los cargos, especialmente porque esta última era la que aportaba la información
sobre los empleos, definía el manual de funciones, reportaba las vacantes y asumía
los costos del proceso. Por ello, la expedición unilateral del acuerdo por parte de la
CNSC rompió la bilateralidad exigida por la ley y desconoció la colaboración
armónica que debía existir entre las entidades públicas.
6. Antes de la convocatoria el municipio de Soacha había consolidado la OPEC en
el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad 7, la cual contenía
la identificación de los empleos, su denominación, código, grado, asignación
salarial, ubicación y los requisitos de educación y experiencia establecidos en el
manual específico de funciones, adoptado mediante la Resolución 1292 del 10 de
5 Índice 2 Samai Actuación EXPEDIENTE DIGITAL «ANEXOS DEMANDA NULIDAD CONCURSO
571-2017.pdf», folio 1 – 4.
6 En adelante OPEC.
7 En adelante SIMO
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
noviembre de 2017, el cual sirvió como base para definir los perfiles de los cargos
que serían ofertados en el concurso.
7. Durante el desarrollo del proceso de selección, el municipio de Soacha expidió la
Resolución 568 del 18 de junio de 2018, mediante la cual modificó la Resolución
1292 de 2017. Actuación realizada cuando el concurso ya estaba en curso, sin
previa socialización, notificación a los aspirantes ni respeto de las condiciones
inicialmente publicadas, pues ello implicó cambios en funciones, competencias y
ejes temáticos de varios empleos, lo que afectó directamente la participación de los
concursantes.
8. El Acuerdo 20182210000976 del 11 de abril de 2018 también fue expedido sin la
firma del alcalde de Soacha y modificó aspectos relevantes de la valoración de
antecedentes, pese a que la convocatoria, por su naturaleza, debía ser estable,
clara y obligatoria tanto para la administración como para los participantes y las
entidades contratadas para ejecutar el concurso. Por tanto, la modificación de los
criterios de calificación, requisitos o ejes temáticos después de iniciada la
convocatoria, se generaba una alteración de las condiciones de igualdad entre los
concursantes.
9. En relación con los certificados de disponibilidad presupuestal y registros
presupuestales para cubrir los costos del concurso, previo a que se hubiera suscrito
válidamente el acuerdo de convocatoria entre la CNSC y la alcaldía de Soacha, ya
se habían destinado recursos por la suma de $620.000.000, lo cual no era de recibo
toda vez que el acto administrativo que le debía dar soporte al concurso no estaba
firmado por las dos entidades obligadas, por lo que mal podía comprometerse el
presupuesto municipal.
10. La CNSC suscribió el contrato de prestación de servicios 108 de 2018 con la
Fundación Universitaria del Área Andina8, cuyo objeto era desarrollar la etapa de
verificación de los requisitos mínimos y la de pruebas escritas hasta la publicación
de los resultados definitivos dentro de varios procesos de selección. La validez de
dicha contratación también dependía de que existiera una convocatoria
correctamente expedida y debidamente suscrita por las autoridades competentes.
Por ello, la presunta irregularidad en el acuerdo inicial tendría efectos sobre el
desarrollo posterior del concurso.
11. Varios de los concursantes -hoy accionantes- se encontraban vinculados al
municipio en provisionalidad o en encargo. Algunos de ellos eran personas de
especial protección constitucional en razón de su condición de pre pensionados, de
madres o padres cabeza de familia, de discapacidad o de enfermedad, por lo que
las entidades accionadas debieron adoptar algunas medidas antes de avanzar con
decisiones que pudieran comprometer su estabilidad laboral, especialmente porque
el retiro de una persona en provisionalidad con una de estas condiciones podía
conllevar la afectación de derechos fundamentales como el mínimo vital, la igualdad
y/o la estabilidad laboral relativa.
12. Si bien los servidores provisionales no tenían derecho a permanecer
indefinidamente en el cargo, pues la regla general en la carrera administrativa era
que los empleos se proveyeran mediante concurso de méritos, en tratándose de
8 En adelante FUAA.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
sujetos de especial protección la administración debía estudiar la situación particular
de cada uno de ellos y así adoptar medidas razonables para evitar afectaciones
desproporcionadas, tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia
SU–446 de 2011, la cual reconoció la necesidad de aplicar acciones afirmativas en
favor de ciertos servidores provisionales.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
13. Los demandantes citaron como vulneradas las siguientes normas: artículos 113,
130 y 209 de la Constitución Política y 30 y 31 de la Ley 909 de 2004.
14. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos:
14.1. Los actos administrativos demandados desconocieron los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
14.2. Elcitado artículo 30 reguló la competencia de la CNSC para adelantar
concursos y estableció que los costos debían ser asumidos por las entidades que
requirieran la provisión de cargos. El artículo 31, por su parte, dispuso que la
convocatoria debía ser suscrita por la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo
beneficiario. Disposición que fue desconocida por las demandadas, toda vez que no
firmaron de manera conjunta el acuerdo de la convocatoria, en contravía de las
reglas previstas en la ley, como garantía de transparencia, igualdad de
oportunidades y basado en el debido proceso administrativo.
14.3. La convocatoria de un concurso de méritos era la norma reguladora de todo
proceso y obligaba tanto a la administración como a los participantes. Por esta
razón, cualquier irregularidad en su expedición afectaría la confianza legítima de los
aspirantes, la transparencia del concurso y la validez de las actuaciones futuras.
14.4. La falta de firma conjunta produjo varios vicios de nulidad. En primer lugar, falta
de competencia, porque la CNSC habría actuado sin la concurrencia formal de la
entidad territorial - municipio de Soacha. En segundo lugar, expedición irregular
porque el acto no cumplió con las formalidades exigidas por la ley. En tercer lugar,
falsa motivación, toda vez que, las reglas no fueron adoptadas conforme con el
procedimiento legal. En cuarto lugar, desviación de poder, por la presunta utilización
del concurso de una manera que no correspondería plenamente a la finalidad legal
de provisión transparente y total de los empleos de carrera.
1.2. Solicitud de medida cautelar9
15. Los accionantes solicitaron la suspensión provisional de los efectos de: (i) el
Acuerdo CNSC 20182210000586 del 12 de enero de 2018; (ii) la OPEC entregada
por el municipio de Soacha a la CNSC, compuesta por 113 empleos distribuidos en
211 vacantes; y (iii) el contrato de prestación de servicios 108 de 2018 suscrito entre
la CNSC y la FUAA cuyo objeto fue «[d]esarrollar la etapa de verificación de requisitos
mínimos y la etapa de pruebas escritas hasta la publicación de resultados definitivos dentro
9 Índice 2 Samai Actuación EXPEDIENTE DIGITAL «SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL
ACTOS ACUSADOS.pdf».
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
de los procesos de selección 507 a 590 para la provisión de empleos vacantes del sistema
general de carrera administrativa de algunos municipios del departamento de
Cundinamarca», exclusivamente en relación con la convocatoria 571 – 2017 Soacha
• Cundinamarca.
16. Mediante auto del 17 de octubre de 202310, esta corporación negó la solicitud de
medida cautelar al considerar que, si bien el artículo 31 de la Ley 909 de 2004
estableció que la convocatoria debía ser suscrita por la CNSC y por el jefe de la
entidad beneficiaria del concurso, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional precisó que la ausencia de la firma del jefe de la entidad no
generaba automáticamente la nulidad del acto de convocatoria, siempre que se
demostrara que la entidad beneficiaria participó activa y coordinadamente en la
etapa de planeación del concurso.
16.1. Además, el certificado de disponibilidad presupuestal no constituía un requisito
de validez del acto de convocatoria; la financiación de los concursos de méritos
correspondía a la entidad beneficiaria con cargo a su propio presupuesto, conforme
con el artículo 30 de la Ley 909 de 2004. Por tanto, la responsabilidad de tramitar
los recursos necesarios recaía principalmente en la entidad que requiriera la
provisión de los cargos, no en la CNSC.
1.3. Contestaciones de la demanda
13. La Comisión Nacional del Servicio Civil11 se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, de conformidad con los siguientes argumentos:
13.1. Los actos acusados fueron expedidos en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales como órgano responsable de la administración y
vigilancia de la carrera administrativa. El proceso de selección se adelantó conforme
con el principio del mérito y con observancia de las normas que regulaban los
concursos públicos.
13.2. La validez de una convocatoria a concurso público de méritos no podía
depender de la firma del representante legal de la entidad beneficiaria, aceptar esa
tesis desconocería la independencia que la Constitución Política otorgó a la CNSC
como órgano responsable de la administración y vigilancia de la carrera
administrativa. En consecuencia, la firma de la entidad beneficiaria no constituía un
requisito de existencia ni de validez del acto administrativo mediante el cual se
convocaba a concurso, sino un elemento relacionado con aspectos de eficacia o
coordinación interinstitucional.
13.3. La ausencia de firma del representante legal de la entidad beneficiaria no
afectaba la validez de la convocatoria, pues la competencia para expedirla
correspondía a la CNSC en virtud de su naturaleza constitucional y legal. La
jurisprudencia emitida por esta corporación ha definido que la firma de la entidad
beneficiaria del concurso no era un requisito sine qua non para la existencia y
10 Índice 54 Samai Actuación Auto que resuelve medida cautelar
«030_AUTOQUERESUELVEMEDIDACAUTELAR.pdf».
11 Índice 23 Samai Actuación Recibe memoriales «062_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSMARIA
EUGEN» pdf.
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validez del acto administrativo que incorpora la convocatoria pública de méritos.
Desde esa perspectiva, dicha firma no tenía la capacidad jurídica de perturbar la
legalidad del acto.
13.4. Los actos administrativos acusados se fundaron en el principio meritocrático
previsto en los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, los cuales
establecieron la regla general del mérito para el acceso y permanencia en los
empleos públicos, y asignaron a la CNSC la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, con excepción de aquellas especiales de origen
constitucional.
13.5. La sentencia C-183 de 2019 de la Corte Constitucional estudió la
constitucionalidad parcial del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en la que precisó
que los acuerdos mediante los cuales se convocaba a concursos de méritos no
requerían estar suscritos simultáneamente por la CNSC y por los representantes
legales de las entidades beneficiarias. Toda vez que, la finalidad de la norma estaba
relacionada con el principio de planeación y con los deberes de coordinación
institucional, pero no con la creación de un requisito formal de validez cuya ausencia
pudiera conllevar la nulidad de los actos de convocatoria.
13.6. El precedente del Consejo de Estado, Sección Segunda sobre la materia ha
indicado que los acuerdos expedidos por la CNSC para convocar concursos de
méritos no requerían, para su validez y ejecutividad, la firma concurrente del
representante legal de la entidad convocante y el de la entidad beneficiaria. Esta
línea argumentativa demostraría que la controversia planteada por la parte actora
ya ha sido resuelta en sede judicial y que la reiterada interpretación favorecía la
autonomía funcional de la CNSC frente a las entidades que participaban o se
beneficiaban de los procesos de selección.
13.7. Como excepciones propuso: (i) «[i]nepta demanda»; (ii) «[f]alta de legitimación
en la causa por activa»; y (iii) «[e]rrada interpretación y exequibilidad condicionada del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004».
14. El municipio de Soacha se opuso a las pretensiones de la demanda, con base
en los siguientes argumentos12:
14.1. La concurrencia de la firma en el acuerdo de convocatoria demandado no
constituía un requisito de su existencia ni de su validez, sino una manifestación del
principio de coordinación entre entidades públicas. El artículo 30 de la Ley 909 de
2004 debía interpretarse en armonía con el 113 y 209 de la Constitución Política,
que reconocían los principios de coordinación, concurrencia y colaboración
armónica entre las entidades estatales. Desde este punto de vista, la legalidad del
concurso no dependía de una formalidad aislada, sino de que se demostrara la
participación efectiva de la entidad territorial en la planeación, financiación y
ejecución del proceso de selección.
14.2. En la sentencia C-183 de 2019 de la Corte Constitucional, se concluyó que
la firma del jefe de la entidad beneficiaria no era un requisito obligatorio de validez
Índice 23 Samai Actuación Recibe memoriales «062_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSMARIA
EUGEN» pdf.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
de la convocatoria, sino una expresión del deber de coordinación institucional. Por
ello, lo importante no era la suscripción formal del acuerdo por parte del
representante legal de la entidad territorial beneficiaria, sino que antes de la
convocatoria se hubieran cumplido con los presupuestos de planeación,
disponibilidad presupuestal y articulación administrativa exigidos por la ley. Razón
por la cual, la ausencia de la firma del representante del municipio de Soacha en la
convocatoria cuestionada no era un presupuesto suficiente para anularla, al quedar
acreditada su participación material en el proceso.
14.3. El municipio participó activamente en la estructuración del concurso, pues
intervino en la consolidación de la OPEC, en la construcción de los ejes temáticos,
en la expedición de los actos administrativos relacionados con el manual de
funciones, en la certificación de disponibilidad presupuestal, en los giros
correspondientes y en la suscripción conjunta del aviso de convocatoria con la
CNSC.
14.4. No fue ilegal la ordenación del gasto, toda vez que la financiación del
concurso estuvo respaldada por actos administrativos y presupuestales regulares,
entre ellos la Resolución CNSC 20172210029255 del 5 de mayo de 2017 y sus
modificatorios y los certificados de disponibilidad y registros presupuestales
expedidos internamente. Además, el desarrollo operativo del proceso se realizó
mediante contrato celebrado entre la CNSC y la Fundación Universitaria del Área
Andina, esta última encargada de ejecutar etapas como la de la verificación de
requisitos mínimos, la aplicación de las pruebas y la publicación de los resultados.
En consecuencia, no existió prueba de detrimento patrimonial, desviación
presupuestal o gestión antijurídica de recursos públicos.
14.5. No se desconoció derecho alguno de los sujetos de especial protección
constitucional, pues en el artículo 50 del Acuerdo CNSC 20182210000586 de 2018
se incorporó una medida de trato preferente para personas con discapacidad en los
eventos de empate en la lista de elegibles, regla que constituyó una acción
compatible con el artículo 13 constitucional, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y la jurisprudencia constitucional.
14.6. Respecto de los servidores provisionales, pre pensionados y padres o
madres cabeza de familia, no existía una norma que le otorgara cupos
preferenciales, puntajes adicionales o ventajas automáticas dentro de un concurso
público de méritos. Máxime si la regla constitucional del artículo 125 determinó que
el ingreso de los empleos públicos de carrera debía realizarse mediante concurso,
con fundamento en el mérito y en igualdad de oportunidades. Es decir, los
empleados provisionales no tenían un derecho adquirido a permanecer
indefinidamente en el cargo ni a ser excluidos de los efectos de un concurso de
méritos, por lo que su estabilidad era relativa como medida de protección contra
retiros arbitrarios, sin que ello impidiera el nombramiento de quien hubiera superado
el proceso de selección conforme con las reglas objetivas del concurso.
14.7. Los demandantes acudieron indebidamente al medio de control de nulidad
simple, cuando en realidad sus pretensiones tendrían efectos propios de la nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA. Aunque
formalmente los actores solicitaron la nulidad de actos generales, materialmente
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
pretendieron proteger su permanencia en cargos ocupados en provisionalidad y
evitar una eventual desvinculación del municipio.
14.8. En el escrito demanda no se refirió la vinculación de terceros con un interés
jurídico directo. Esto es, las personas que integraron las listas de elegibles
conformadas como resultado del concurso de méritos cuestionado, personas
plenamente identificables a través del banco nacional de listas de elegibles
administrado por la CNSC, en una eventual sentencia anulatoria de los actos
acusados.
14.9. Como excepciones planteó: (i) «[l]ndebida integración del contradictorio»; (ii)
«[i]nepta demanda por indebida escogencia del medio de control»; y (iii) «[l]egalidad del
acto administrativo atacado».
15. La Fundación Universitaria del Área Andina, aunque presentó escrito de
contestación a la demanda, fue extemporáneo.
1.4. Decisión sobre excepciones previas13
15. El auto del 30 de septiembre de 2024 resolvió las excepciones previas y declaró
no probadas las siguientes: (i) inepta demanda; y (ii) indebida integración del
contradictorio. En cuanto al medio exceptivo «falta de legitimación en la causa por
activa» presentado por la CNSC, se indicó que se resolverá con la sentencia.
1.5. Trámite de sentencia anticipada14
16. Con auto del 30 de abril de 2025 se impartió el trámite de sentencia anticipada.
Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de pruebas, se fijó el litigio y se
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.
17. El problema jurídico que habría de resolverse en la sentencia de fondo se delimitó
a «determinar si los actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento de
las normas en las que debían fundarse y con falsa motivación ».
1.6. Alegatos de conclusión
18. La CNSC15 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda:
18.1. Los actos administrativos acusados fueron expedidos por la autoridad
competente, dentro del marco constitucional y legal de la carrera administrativa, por
lo que gozaban de presunción de legalidad. La parte demandante no acreditó causal
de nulidad alguna capaz de desvirtuar esa presunción. El cargo basado en la falta
de firma del representante legal de la entidad beneficiaria carecía de fuerza
anulatoria, porque esta no constituía un requisito esencial de validez del acto de
convocatoria.
13 Samai, índice 69, actuación «Auto que decide sobre excepciones previas.pdf».
14 Samai, índice 76 actuación «Auto que corre traslado para alegar en trámite de sentencia
anticipada» 49Autoquecorre_OK55452018Sentenciaa(.pdf) NroActua 76.
15 Samai, índice 84 actuación 62_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSMARIAEUGEN(.pdf)
NroActua 84.
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
19. El municipio de Soacha también reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda:
19.1. Se presumía la legalidad de los actos administrativos demandados, prevista
en el artículo 88 del CPACA, mientras no existiera decisión judicial o administrativa
que los anulara o suspendiera.
19.2. Correspondía a la parte demandante cumplir con una carga argumentativa y
probatoria estricta, en la que identificara las normas violadas y el concepto de ello y
demostrara la configuración de causal alguna de nulidad, lo cual no fue satisfecho,
pues sus argumentos se basaron principalmente en inconformidades subjetivas
frente al concurso y no en una demostración concreta de ilegalidad.
19.3. Los actos acusados fueron expedidos conforme con el ordenamiento jurídico,
toda vez que: (i) la falta de firma del representante legal del municipio en el acuerdo
convocante no afectaba su validez, porque existió coordinación efectiva con la
CNSC en su desarrollo; (ii) se incorporaron acciones afirmativas en favor de
personas con discapacidad; (iii) no existía obligación legal de privilegiar a servidores
provisionales, pre pensionados o padres cabeza de familia dentro del concurso; (iv)
las modificaciones al manual de funciones no alteraron las reglas sustanciales del
proceso; (v) el medio de control escogido fue improcedente frente a pretensiones
con efectos subjetivos; y (vi) que la falta de vinculación de los elegibles impedía
adoptar una decisión de fondo sin afectar su derecho de defensa.
1.7. Concepto del Ministerio Público
20. Se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:16.
20.1. Los actos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico, sin que se
advirtiera irregularidad alguna que pudiera conllevar a declarar su nulidad. Los
cargos formulados por la parte demandante no tenían la fuerza suficiente para
desvirtuar la presunción de legalidad de los acuerdos acusados. El concurso ya
culminó y generó derechos adquiridos en favor de quienes superaron las etapas
correspondientes y ocuparon lugares en las listas de elegibles.
20.2. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, la ausencia de la firma del representante legal de la entidad
beneficiaria no constituía, por sí sola, una causal automática de nulidad del acto de
convocatoria, siempre que se demostrara su participación activa y coordinada en la
planeación y preparación del concurso. En ese sentido, la firma del alcalde se
entendía como una manifestación de colaboración armónica, pero no como un
requisito indispensable para la existencia o validez del respectivo acto
administrativo.
20.3. No se acreditó la vulneración del principio de legalidad del gasto, pues el
municipio de Soacha asignó recursos para financiar el concurso conforme con las
directrices de la CNSC y los actos administrativos expedidos para cubrir los costos
16 Samai, índice 82 actuación «RECIBE MEMORIALES», «Memorial_FLF_52Concepto(.pdf)
NroActua82».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
del proceso de selección. Además, aunque la disponibilidad presupuestal era un
requisito importante dentro de la etapa preparatoria, su eventual insuficiencia o
discusión no generaba automáticamente la nulidad de la convocatoria.
20.4. El manual de funciones era un instrumento importante para el desarrollo de
los concursos, porque definían las funciones, requisitos y competencias de los
empleos públicos. Punto respecto del cual, la parte demandante no logró demostrar
que las modificaciones alegadas hubieran alterado de manera sustancial los ejes
temáticos publicados o afectado directamente la legalidad de los acuerdos
demandados.
20.5. Si bien los servidores provisionales en condiciones de especial protección
gozaban de una estabilidad laboral relativa, ello significaba que no pudieran ser
retiradas del servicio de manera arbitraria, pero no que tuvieran un derecho
indefinido de permanencia en cargos de carrera. Ante la existencia de una lista de
elegibles producto de un concurso de méritos, el derecho de quien ganó el concurso
prevalecía sobre la permanencia del servidor provisional. Sin embargo, la entidad
debía procurar medidas afirmativas para que estas personas fueran las últimas en
ser desvinculadas o que pudieran ser reubicadas en vacantes equivalentes, si
existieran.
20.6. No podía utilizarse la condición de provisionalidad o de protección especial
como fundamento para desconocer los derechos de quienes superaron el concurso
público y adquirieron el derecho a ser nombrados en carrera administrativa.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
21. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia sobre las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 1317, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 18
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.
2.2 Problema jurídico
22. De acuerdo con las pretensiones, los cargos de nulidad, las contestaciones de
demanda y la fijación del litigio, corresponde resolver los siguientes problemas
jurídicos:
22.1. ¿si los Acuerdos CNSC 20182210000586 del 12 de enero y
20182210000976 del 11 de abril de 2018 deben ser declarados nulos por la
presunta infracción de las normas en que debían fundarse, en especial por la falta
17 Reglamento interno del Consejo de Estado.
18 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se
le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
de firma del alcalde del municipio de Soacha en el acto de convocatoria y por las
modificaciones introducidas posteriormente por la CNSC?
23. Para resolver el problema jurídico, la Sala analizará si: (i) la ausencia de firma
del alcalde municipal de Soacha en el Acuerdo CNSC 20182210000586 afecta la
validez del acto; (ii) se vulneró el principio de legalidad del gasto; (iii) el Acuerdo
CNSC 20182210000976 de 2018 modificó ilegalmente las reglas del concurso; (iv)
la modificación del manual de funciones incidió de manera invalidante en la
convocatoria; y (v) se acreditó la vulneración de derechos de sujetos de especial
protección constitucional.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Generalidades de la carrera administrativa
24. Para cumplir con sus fines esenciales19, el Estado desarrolla sus funciones a
través de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores
específicas, lo cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el
ejercicio de las labores que les asignan la ley y los reglamentos20. En atención a la
trascendencia de las funciones públicas, como regla general, la Carta Política
ordena que el personal que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de
carrera administrativa21.
25. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada
aspirante. Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se
desenvuelva bajo los principios de moralidad administrativa, imparcialidad política
de los funcionarios, igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar
empleos públicos y la estabilidad en ellos22. La finalidad de la selección de acuerdo
con el principio del mérito fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los
siguientes términos:
«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más altas
calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las leyes
han confiado a las entidades del Estado23, responsabilidades que exigen, para su
adecuado cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la administración
pública que posibiliten la realización de los fines y objetivos estatales más próximos,
como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y la efectividad
19 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
20 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
21 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. […]»
22 Sentencia C-1230 de 2005.
23 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»
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de los principios, derechos y deberes que la propia constitución reconoce a todos y cada
uno de los habitantes del territorio nacional” 24 [...]»25.
26. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores
públicos, con excepción de las de carácter especial. Se trata de la CNSC cuya
naturaleza se encuentra descrita en el artículo 7 de la Ley 909 de 200426 en los
siguientes términos:
«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del
Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la
administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un
órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los
términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional,
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de
carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con
los principios de objetividad, independencia e imparcialidad […]».
27.Las funciones concretas de la CNSC para la administración de la carrera
administrativa están descritas en el artículo 11 de la ley ibidem, así:
[…] a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales
con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de
carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de conformidad
con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos,
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de
carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el
reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco
de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos
y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de
carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las
listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la
información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en
carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan
la carrera administrativa;
24 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»
25 Sentencia C-1320 de 2005
26 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones»
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate
para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión del
empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la
evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa. […]
28. Conforme con el artículo 12 de la Ley 909 de 2004, la CNSC ejerce vigilancia
sobre la aplicación de las normas de carrera administrativa, con facultades para:
verificar y controlar concursos, suspenderlos cautelarmente, anularlos ante
irregularidades, recibir y resolver quejas, actuar como segunda instancia, conocer
reclamaciones sobre inscripciones, supervisar evaluaciones de desempeño, remitir
violaciones a autoridades competentes y adoptar medidas que garanticen mérito e
igualdad. Además, puede imponer multas a servidores públicos, previo debido
proceso, cuando incumplan con las normas o sus instrucciones.
29. En efecto, el artículo 19 ibidem define el empleo público como el «conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los
planes de desarrollo y los fines del Estado». De ahí que en su diseño, se deban tener
en cuenta la descripción de las funciones que tendrá a su cargo, así como el perfil
de competencias requeridas para su desempeño.
30. Como antes se mencionó, la CNSC es la entidad encargada de la elaboración
de las convocatorias a concurso para el acceso al desempeño de empleos públicos.
Esta competencia se reitera en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, con la precisión
de los costos que genere el proceso de selección que estarán a cargo de la entidad
para la cual se adelante. Esta labor se desarrolla a través de contratos o convenios
interadministrativos suscritos con universidades o instituciones de educación
superior acreditadas para ello.
31. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para que una persona
logre su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, deberá superar las
etapas del concurso de méritos, estas son: convocatoria, reclutamiento, práctica de
pruebas, elaboración de lista de elegibles y nombramiento en período de prueba.
32. Como se advierte, la convocatoria es la que fija las reglas de todo el concurso
de méritos. Es el acto administrativo en el que se determinan las condiciones para
participar, los requisitos y tiempos de inscripción, los cargos ofertados, las
condiciones de estudio y de experiencia para ocuparlos, los modos de evaluación y
puntajes27 y demás pasos necesarios para garantizar dentro del proceso de
selección el principio del mérito.
33. La jurisprudencia de esta sección ha señalado que «[l]a convocatoria es norma
reguladora de todo concurso público de méritos y obliga tanto a la administración como a
los participantes, es decir, es ley para las partes. Así, la convocación garantiza a los
aspirantes, en el evento de que cumplan las exigencias estatuidas, igualdad de
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de noviembre de 2020,
radicado 11001-03-25-000-2015-01035-00 (4501-2015).
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oportunidades para acceder a ocupar cargos públicos, y el derecho a concursar en igualdad
de condiciones […]»28 [sic].
34. Por lo anterior, las reglas de la convocatoria son obligatorias y supedita a la
actividad de la administración en el desarrollo del concurso. Este carácter de norma
invariable es lo que garantiza el debido proceso y la igualdad de quienes participan.
Cambiar los preceptos que contiene contraría los principios de buena fe,
transparencia, publicidad, imparcialidad, moralidad e igualdad al defraudar la
confianza legítima de aquellos que estaban convencidos de su deber de surtir las
etapas, cumplir con los requisitos, aprobar las evaluaciones y ser calificados con las
pautas previamente definidas29.
35. Específicamente, respecto de los principios de transparencia, imparcialidad y
moralidad e igualdad en los concursos de méritos, la jurisprudencia ha señalado lo
siguiente:
«[…] El principio de transparencia se desconoce si la administración modifica la posición
del aspirante dentro del concurso de méritos en contra de sus expectativas; el de
publicidad cuando se varían las reglas sin el consentimiento de los participantes; los de
imparcialidad y moralidad si los cambios de las pautas del proceso de selección se dan
con el fin de beneficiar a un sector de los que concursan. El derecho al trabajo, por su
parte, se conculca si al no tener reglas claras se priva a una persona de la oportunidad
de acceder a un empleo público que podría alcanzar si superaba el concurso; y el
derecho a la igualdad se trasgrede si se otorga un trato preferente e injustificado a quien
resulta elegido sin merecerlo […]»30.
2.3.2 Alcance del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004
36. El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 regula las etapas del proceso de selección
o concurso. En su numeral 1 establece que la convocatoria « deberá ser suscrita por
la Comisión Nacional del Servicio Civil, el jefe de la entidad u organismo», y que
constituye la norma reguladora de todo concurso, obligatoria para la administración,
las entidades contratadas y los participantes.
37. En torno a la interpretación de si la convocatoria de un concurso de méritos
debía estar suscrita tanto por el presidente de la CNSC como por el jefe de la
entidad beneficiaria del concurso de méritos, el pleno de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 2019, al resolver de fondo una
demanda de nulidad de varios acuerdos de la CNSC, fijó la interpretación y alcance
del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Así pues, el criterio vigente de
esta Corporación allí establecido, consiste en que si bien la norma obliga a que las
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicación: 11001-
03-25-000-2016-00988-00(4469-16). Sentencia del 10 de octubre de 2019. Medio de control:
Nulidad.
29 Sentencia T-682-16 del 2 de diciembre de 2016. También en la sentencia T-256 de 1995 la Corte
Constitucional manifestó lo siguiente: «[p]or consiguiente, cuando la administración se aparta o
desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los
resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios que
rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede
violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de
aquélla». Ver también Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de
noviembre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2015-01035-00 (4501-2015).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de noviembre de 2020,
radicado 11001-03-25-000-2015-01035-00 (4501-2015). Sobre este tema también se puede
consultar las sentencias SU-133 de 1998 y SU-913 de 2009.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
convocatorias a concurso de méritos sean suscritas por la CNSC y las entidades
beneficiarias de dichos procesos de selección, el hecho de que dichos actos
administrativos sólo sean firmados por la CNSC, en los eventos en los que se
demuestre que las entidades que no firmaron, sí participaron en la etapa de
planeación de la convocatoria, no constituye «per se» una irregularidad, pues, se
entiende cumplido el fin de la norma que está referido a garantizar que los
concursos de méritos se desarrollen en un marco de coordinación
interadministrativa31.
38. La mencionada sentencia comienza por señalar, conforme con la interpretación
que ha hecho la Corte Constitucional del artículo 130 de la CP, que las
competencias constitucionales de la CNSC no pueden compartirse con otros
órganos32. Sin embargo, en razón a que estas competencias implican el ejercicio
de funciones administrativas33, corresponde aplicar también los principios
constitucionales que las rigen, previstos en el artículo 209 ibidem y, en
consecuencia, para efectos de la convocatoria al concurso converge, de manera
coordinada, el ejercicio de diversas funciones, tanto de la CNSC como de la entidad
cuyos cargos se van a proveer por medio del concurso, por lo tanto, respecto del
artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. En la providencia se señala que « no ofrece duda
alguna que se establece a manera de norma imperativa el que, para efectos de lograr
realizar la convocatoria del concurso de méritos, deben concurrir tanto la CNSC como la
entidad u organismo, beneficiario de la provisión de los empleos, en su suscripción».
39. No obstante, la sentencia reconoce que la entidad beneficiaria del concurso
tiene, respecto de él, unas competencias que le son propias, las cuales debe ejercer
de manera coordinada con las de la CNSC. Este ejercicio coordinado, a juicio de la
sentencia, «se entiende cumplido en la medida en que firme el respectivo documento [de
convocatoria] o ejecute actos inequívocamente dirigidos a participar activa y
coordinadamente en la emanación del mismo». Sobre esta base: la convocatoria no
requiere de dos voluntades, sino que en ella concurren de manera coordinada el
ejercicio de diversas competencias, y «en ese sentido, esta Sección resalta que cuando
la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 se refiere
a la suscripción de la convocatoria, implica que tanto la CNSC como la entidad beneficiaria
deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de planeación y coordinación
interinstitucional por las implicaciones administrativas y presupuestales que ello comporta,
sin que este proceso de participación e interrelación implique necesariamente que ambas
entidades, a través de sus representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto
administrativo que incorpora la convocatoria al proceso de selección o concurso».
40. La jurisprudencia de esta Corporación precisó que la exigencia de suscripción
del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 debe entenderse a la luz de los principios
de coordinación, colaboración armónica, eficacia, económica y conservación del
acto administrativo. Por lo que, la ausencia de la firma del jefe de la entidad
beneficiara no genera, por sí sola, la nulidad de la convocatoria, cuando se
demuestre que dicha entidad participó de manera activa en la planeación,
estructuración y desarrollo del concurso.
31 La posición jurisprudencial expuesta, fue ratificada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
en las sentencias del 10 de octubre de 2019, expediente 11001-03-25-000-2016 00988-00 (4469-
2016) y del 5 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-25 000-2017-00670-00 (3297-2017).
32 Sentencia C-476 de 1999.
33 Esta afirmación la hace con fundamento en la sentencia C-471 de 2013.
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
41. Acogiendo en parte el criterio jurisprudencial relativamente pacífico elaborado
por el Consejo de Estado, en lo referente al sentido y alcance de la expresión según
la cual la convocatoria «deberá» ser suscrita por la CNSC «y» el «jefe de la entidad
u organismo» contenida en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004, la Corte
Constitucional en sentencia C-183 de 201934 zanjó de manera definitiva cualquier
duda sobre la interpretación de la referida norma, al declarar su exequibilidad con
fundamentos en los siguientes argumentos, que la misma Corte resumió de la
siguiente manera:
«[…] 4.7. Síntesis
[…]
4.7.5. Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la
constitucionalidad de la norma demandada. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la
interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades:
la de la CNSC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, es
abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación
posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de
colaboración (art. 113 y 209 CP): la de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo
puede suscribir la convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, de
esta posibilidad no se sigue de ningún modo (i) que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla
y (ii) que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad o u organismo,
y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del
concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer
por medio de éste, los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley. […]».
42. Para la Corte, si bien el jefe de la entidad u organismo al cual están adscritos
los empleos a ofertarse en el respectivo concurso puede suscribir la convocatoria,
de esta posibilidad no se sigue de ningún modo (i) que el jefe de la entidad
beneficiaria del concurso pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla, y (ii) que la
validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad u organismo a
cuya planta pertenezcan los empleos ofrecidos en concurso. Entonces, el que el
jefe de la entidad u organismo pueda suscribir la convocatoria, se da como una
manifestación del principio de colaboración armónica, pero no es un requisito
indispensable para la validez de la convocatoria, en tanto es norma rectora del
concurso. De otra parte, según la mencionada sentencia de constitucionalidad, en
todo caso, la CNSC, que es el autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer
la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad
cuyos cargos se van a proveer por medio de este, los presupuestos de planeación
y presupuestales previstos en la ley.
43. En consecuencia, como quedó expuesto ut supra debe entenderse que el
requisito cuyo cumplimiento exige el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004, esto es, la
concurrencia de firmas tanto de la CNSC como entidad encargada de la
coordinación, planeación y ejecución de los concursos de méritos, como de las
entidades beneficiarias de estos, de conformidad con la jurisprudencia mencionada,
se entiende cumplido en la medida en que se firma la respectiva convocatoria o se
ejecuten actos inequívocamente dirigidos a participar activa y coordinadamente en
la emanación de este.
2.4. Hechos probados35
34 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
35 Índice 2 Samai «actuación EPEDIENTE DIGITAL», 053ED_cd3car_CD:
ANEXOSDEMANDANULIDAD.
16
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
44. De las pruebas allegadas al expediente, se tienen por acreditados los siguientes
hechos:
44.1. De acuerdo con el formato de acta de reunión 001-2017, realizada el 15 de
mayo de 2017, en la alcaldía del municipio de Soacha, se trataron los siguientes
ejes temáticos, relacionados con el desarrollo de la convocatoria para concurso de
méritos para la provisión de empleos de carrera:
17
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
44.2. Mediante el Acuerdo CNSC 20182210000586 del 12 de enero de 2018,
«[p]or el cual se establecen las reglas del concurso abierto de mérito para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Soacha, Proceso de selección No.
571 de 2017 – Cundinamarca», suscrito por el presidente de CNSC, se dispuso: (i) los
alcances de la convocatoria; (ii) la entidad responsable y participante de la
convocatoria; (iii) la estructura del proceso con los principios orientadores y las
normas que la rigen; (iv) la financiación y los gastos que debe asumir el aspirante;
(v) los empleos convocados; (vi) la divulgación, modificación y el procedimiento de
inscripción ; (vii) el cronograma de inscripción; (viii) la citación a pruebas, el lugar de
aplicación, el peso porcentual y el puntaje aprobatorio; (ix) la valoración de
antecedentes, (x) la publicación de los resultados de las pruebas practicadas dentro
de la convocatoria y los recursos; xi) la conformación de la lista de elegibles; y (xii)
el periodo de prueba, entre otros.
44.3. A través del Acuerdo CNSC 201810000976 del 11 de abril de 2018, se
aclararon los artículos 39 y 41 de los acuerdos correspondientes a los procesos de
selección 517 a 591 – Cundinamarca.
44.4. Según los certificados de disponibilidad presupuestal emitidos por la
directora de presupuesto del municipio de Soacha, en cumplimiento de la circular
20160000057 de 2016, correspondiente al concurso abierto de méritos que
adelantaba la CNSC a su favor, se giraron los siguientes valores:
18
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
Certificado de Fecha de expedición - Valor
disponibilidad Gastos de vinculación personal
presupuestal art. 39 Ley 909 de 2004
780 03-02-2017 60.000.000
1863 07-06-2017 60.000.000
3673 20-12-2017 620.000.000
3697 27-12-2017 58.500.000
3796 29-12-2017 620.000.000
3797 29-12-2017 58.500.000
44.5. De conformidad con la información compilada por la dirección de recursos
humanos, en la que se indicó que era necesario modificar el manual específico de
funciones, requisitos y competencias laborales para algunos empleos de personal,
con el fin de ajustarlos a las labores específicas que cumplía cada uno, el alcalde
municipal de Soacha profirió la Resolución 563-4 del 18 de junio de 2018, «[p]or la
cual se modifica la Resolución No. 1292 del 10 de noviembre de 2017 que adoptó a escala
humana el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleados
de la planta de personal del nivel central de la Alcaldía Municipal de Soacha».
44.6. El 24 de enero de 2018, la CNSC realizó una reunión cuyo objeto fue
presentar la revisión matriz de ejes temáticos en el proceso de selección de las
alcandías del departamento de Cundinamarca, entre las cuales se encontraba el
municipio de Soacha.
44.7. De acuerdo con el Acta de revisión de la OPEC expedida por el municipio
de Soacha, se observa las anotaciones realizadas dirigidas a cambiar a algunos
empleos ofertados en SIMO.
44.8. A través de la publicación en SIMO de la convocatoria 507 a 590 de 2017,
se informó a los interesados que, a partir del 15 de febrero de 2018, se iniciaba la
venta de derechos de participación e inscripciones para participar en el proceso de
selección para la provisión de vacantes de los municipios de Cundinamarca.
44.9. En la Resolución de recaudo CNSC 20182210049975 del 21 de mayo de
2018, se dispuso:
[…] ».
44.10. El representante legal y el jefe de talento humano de la alcaldía de Soacha
(Cundinamarca) de conformidad con lo dispuesto en la OPEC, certificaron los
empleos de carrera administrativa que se encontraban en vacancia definitiva dentro
de la entidad, con el propósito de que fueran publicados y ofertados por la CNSC,
en la correspondiente convocatoria.
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
2.5 Caso concreto, análisis de la Sala
2.5.1. Sobre la falta de firma del alcalde de Soacha en el acuerdo de
convocatoria
45. La parte demandante solicitó la nulidad de los Acuerdos CNSC -
20182210000586 del 12 de enero y 20182210000976 del 11 de abril de 2018, toda
vez que no fueron suscritos conjuntamente por el alcalde de Soacha y el
representante de la CNSC.
46. Se encontró acreditado en el expediente que el Acuerdo CNSC
20182210000586 del 12 de enero de 2018, por medio del cual la CNSC estableció
las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta
de personal de la alcaldía de Soacha, fue suscrito únicamente por el presidente de
dicha entidad. Sin embargo, conforme con el marco normativo y jurisprudencial
expuesto, esa circunstancia no es suficiente como para declarar la nulidad del acto
acusado, toda vez que fue expedido y desarrollado bajo los parámetros propios del
concurso público de méritos, con observancia de los principios de igualdad,
publicidad, transparencia, moralidad administrativa, eficacia, debido proceso, libre
concurrencia y mérito.
47. La finalidad de la exigencia prevista en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 no
consistió en convertir la firma del jefe de la entidad beneficiaria en un requisito
absoluto e insubsanable de validez del acto administrativo, sino en garantizar la
coordinación interinstitucional entre la CNSC y esta. Así, del material probatorio se
desprende que el municipio de Soacha participó en la estructuración del concurso,
en la consolidación de la OPEC, en la construcción de ejes temáticos, en la
expedición y actualización del manual específico de funciones, en la certificación
presupuestal, en la realización de giros y en la suscripción del aviso conjunto de
convocatoria. Elementos que resultan relevantes para determinar si se cumplió con
la finalidad del artículo 31 ibidem, esto es, la coordinación entre la CNSC y la entidad
cuyos empleos serían provistos mediante concurso.
48. Por tanto, la ausencia de firma del alcalde en el texto de los acuerdos
demandados no demuestra, por sí sola, falta de competencia, expedición irregular
ni falsa motivación. Lo anterior, en razón a que la CNSC conserva la competencia
constitucional, legal, prevalente para administrar y vigilar la carrera administrativa,
así como para adelantar los concursos de méritos destinados a la provisión definitiva
de empleos de carrera. Por ello, la participación del municipio de Soacha no
desplaza, comparte ni condiciona la competencia de la CNSC. Su intervención se
explica por razones de planeación administrativa, identificación de vacantes, reporte
de la OPEC, apropiación presupuestal, certificación de necesidades de personal y
articulación logística del concurso. En ese sentido, la firma del jefe de la entidad o
municipio beneficiario no lo convierte en la autoridad rectora del concurso, ni supone
que este pueda modificar, obstruir o sustituir las reglas fijadas por la CNSC.
49. Desde esta perspectiva, la suscripción conjunta del acto de convocatoria, lejos
de constituir un vicio invalidante, representa una manifestación objetiva de
colaboración armónica. Lo jurídicamente relevante es que la entidad beneficiaria
participara en las fases previas y concomitantes del proceso, que haya suministrado
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
la información necesaria para la estructuración de la convocatoria y concurrido a la
planeación del concurso y que el proceso se adelantara conforme con el acuerdo
regulador. En el expediente bajo estudio, no aparece acreditado que la falta de firma
del jefe del ente territorial del acto de convocatoria acusado haya generado una
alteración de su contenido, una modificación indebida de las reglas del concurso,
una afectación del principio de mérito o una restricción real a la participación de los
interesados. Por lo que, sin evidencia suficiente de que exista un perjuicio, sobre un
derecho y/o interés, no hay lugar a declarar la nulidad pretendida por
desconocimiento del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
50. Tampoco puede aceptarse que la convocatoria hubiera desconocido los
principios rectores del concurso. De acuerdo con las pruebas aportadas el proceso
fue divulgado, se permitió la inscripción de los interesados y se desarrolló con
sujeción a las etapas, términos, requisitos y condiciones previstos en el respectivo
acuerdo. La convocatoria, como norma reguladora del concurso, fijó las reglas
aplicables para todos los participantes, sin que se observe trato discriminatorio,
barrera irrazonable de acceso o modificación sorpresiva de las condiciones de
participación. En consecuencia, no se advierte una afectación cierta, directa y actual
de los derechos al acceso a cargos públicos y el debido proceso administrativo, ni
del principio de igualdad, pues todos los aspirantes estuvieron sometidos a las
mismas condiciones de exigencia previstas en el acuerdo de convocatoria.
51. La Sala recuerda que el acuerdo de convocatoria es un acto administrativo
general y reglado mediante el cual la CNSC fija las reglas esenciales que regirán un
concurso público de méritos. Conforme con el artículo 88 del CPACA, dicho acto
está investido de la presunción de legalidad desde su expedición y hasta tanto no
sea anulado por esta jurisdicción, de suerte que es ejecutable salvo las excepciones
del artículo 91 ibídem. La presunción solo puede ser desvirtuada si se demuestra
que, desde su creación, adolecía de vicios que comprometían su validez, valoración
que debe efectuarse bajo un criterio ex tunc.
52. Este entendimiento ha sido reiterado por la jurisprudencia del Consejo de
Estado36, que ha señalado que la nulidad de un acto administrativo general produce
efectos ex tunc únicamente frente a situaciones no consolidadas, mientras que deja
incólumes aquellas que adquirieron firmeza durante su vigencia. Ello se sustenta en
la autonomía de cada acto administrativo, cuya validez debe examinarse a la luz de
las circunstancias normativas y fácticas existentes al momento de su expedición.
53. Los antecedentes administrativos aportados al proceso permiten constatar,
prima facie que la CNSC y el municipio de Soacha realizaron actuaciones previas
de planeación, coordinación y financiación para estructurar y llevar a cabo el
concurso de méritos para proveer los cargos vacantes pertenecientes a carrera
administrativa de ese municipio.
54. Lo anterior, ratifica que el municipio de Soacha planeó, coordinó, suministró
información, participó en la consolidación de la OPEC, gestionó recursos
presupuestales, verificó aspectos técnicos y administrativos, contribuyó en el
proceso de planeación que fue realizado por la CNSC previamente a la expedición
36 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencias del 10 de octubre de 2019, expediente 11001-
03-25-000-2016-00988-00 (4469-2016) y del 5 de diciembre de 2018, expediente 11001-03-25-000-
2017-00670-00 (3297-2017).
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del Acuerdo CNSC 20182210000586 del 12 de enero de 2018. Por lo que, se reitera
que, la ausencia de firma del alcalde municipal en el texto de la convocatoria no
desvirtúa la participación efectiva de la entidad territorial beneficiaria en la misma,
ni permite concluir que esta fue expedida de manera irregular o sin coordinación
interadministrativa.
55. Los accionantes no demostraron que con la expedición del Acuerdo CNSC
20182210000586 del 12 de enero de 2018, se hubiera afectado la igualdad de los
aspirantes, alterado las reglas del concurso, imposibilitado la libre inscripción,
desconocido el mérito o privado a los participantes de garantías de contradicción o
reclamación. El cargo se limitó a una irregularidad formal que, en el caso concreto,
quedó superada por la acreditación de la planeación y coordinación entre las
entidades convocantes.
56. Tampoco se probó que los Acuerdos CNSC -20182210000586 del 12 de enero
y 20182210000976 del 11 de abril de 2018 hubieran sido expedidos sin
competencia, pues la CNSC contaba con aquella constitucional y legal para elaborar
convocatorias y adelantar procesos de selección. La participación del municipio de
Soacha era necesaria para la planeación, reporte de empleos, financiación y
ejecución de actuaciones propias de su órbita, pero no para desplazar o condicionar
la competencia constitucional de la CNSC.
2.5.2 Sobre la presunta vulneración del principio de legalidad del gasto
57. La parte demandante sostuvo que el concurso de méritos se habría adelantado
sin que el municipio contara previamente con las apropiaciones presupuestales
necesarias para su financiación. Sin embargo, al revisar el material probatorio
obrante en el expediente, se advierte la existencia de certificados de disponibilidad
presupuestal, registros presupuestales, órdenes de pago y resoluciones que
guardan relación con los recursos destinados al desarrollo del proceso de selección.
58. Sobre este punto, esta corporación ha precisado que el certificado de
disponibilidad presupuestal no constituye un requisito de validez del acto de
convocatoria a concurso de méritos. En ese sentido, su ausencia no implica, de
manera automática, la suspensión o nulidad del proceso, pues la competencia para
garantizar la financiación del concurso recae principalmente en la entidad que
solicita la provisión de los cargos, y no en la CNSC.
59. Sin embargo, lo anterior no significa que el aspecto presupuestal sea irrelevante.
Por el contrario, la entidad interesada en proveer los empleos de carrera debe
prever y asegurar los recursos necesarios para cubrir los costos del concurso,
conforme con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004. De ahí que las unidades de
personal deben estimar dichos costos (artículo 17.1, c de la Ley 909 de 2004) y el
jefe de la entidad tiene la responsabilidad de adelantar las gestiones presupuestales
correspondientes para financiar la realización del concurso.
60. En efecto, a través de la Circular 20161000000057 del 22 de septiembre 2016 la
CNSC informó a los representantes legales y a las unidades de personal de las
entidades cuyo sistema de carrera administra, sobre el valor estimado de
apropiación presupuestal para cofinanciar y cubrir los costos de las convocatorias y
precisó que el saldo definitivo a pagar por las entidades se establecería una vez
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recaudado el valor total de los derechos de participación. Asimismo, los exhortó a
«apropiar en sus presupuestos los recursos para cofinanciar y cubrir los costos de las
respectivas convocatorias, en un valor estimado de $3.500.000 por vacante a proveer,
teniendo en cuenta la implementación del modelo de agrupación de entidades para efectos
de reducir los costos que conllevan los procesos de selección. Con el fin de fortalecer el
proceso de planeación de las convocatorias, se instruye a los destinatarios de esta circular
para que realicen la respectiva apropiación para la siguiente vigencia, atendiendo el valor
estimado antes señalado y el número de vacantes definitivas de carreras existentes a
proveer».
61. Por consiguiente, no procede la declaratoria de nulidad del Acuerdo CNSC
20182210000586 del 12 de enero de 2018, en lo que tiene que ver con la
inconformidad expuesta por la parte demandante, toda vez que se encuentra
acreditado que la alcaldía municipal de Soacha, previo a la convocatoria a concurso,
realizó las respectivas apropiaciones presupuestales para financiar el desarrollo del
concurso.
2.5.3 Sobre la modificación del Acuerdo CNSC 20182210000976 del 11 de abril
de 2018
62. Los demandantes cuestionaron que la CNSC hubiera modificado el acuerdo
inicial de convocatoria mediante el Acuerdo 20182210000976 del 11 de abril de
2018. Al respecto, debe señalarse que el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015
autoriza a dicha entidad para modificar o complementar la convocatoria en cualquier
aspecto, siempre que se garantice la correspondiente divulgación y publicación por
la entidad encargada de adelantar el proceso de selección.
63. En este punto, la parte actora tampoco logró desvirtuar la legalidad que ampara
dicho acto administrativo. Si bien afirmó que el acuerdo modificó los factores de
criterio de calificación de antecedentes, especialmente en los componentes de
educación y experiencia, en la demanda no precisó cuál fue la disposición superior
presuntamente infringida, ni demostró que el acto hubiera introducido nuevas reglas
con efectos contrarios a los principios que rigen los concursos de méritos y que
contradijeran aquellas contenidas en el acuerdo de convocatoria.
64. En ese sentido, no basta con señalar que el Acuerdo 20182210000976 del 11 de
abril de 2018 realizó ajustes frente a las reglas inicialmente previstas en el Acuerdo
de convocatoria CNSC 20182210000586 del 12 de enero de 2018, pues
correspondía a la parte actora acreditar que tales precisiones alteraron el desarrollo
del proceso de selección, afectando la igualdad, el debido proceso y la valoración
objetiva de los aspirantes. Por lo que, al no existir en el expediente argumentación
y elementos probatorios que demuestren la ilegalidad del acto administrativo, no
resulta procedente declarar la nulidad solicitada.
2.5.4 Sobre la modificación del Manual Específico de Funciones
65. La parte demandante alegó que el municipio modificó el Manual Específico de
Funciones mediante la Resolución 568 del 18 de junio de 2018, cuando el concurso
ya estaba en curso, y que ello habría afectado las condiciones de participación de
los aspirantes.
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Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
66. Al respecto, las pruebas obrantes en el expediente no lograron demostrar que
dicha modificación hubiera alterado los requisitos mínimos, las funciones
esenciales, los ejes temáticos aplicados o los factores de evaluación de manera
sustancial e invalidante. El municipio sostuvo que los ejes temáticos fueron definidos
con base en el manual vigente al momento de la convocatoria y que las
modificaciones posteriores respondieron a ajustes administrativos internos, sin
incidencia sobre las reglas del concurso ya determinadas por la CNSC. Por lo que,
la sola existencia de una modificación al manual no genera automáticamente la
nulidad de la convocatoria. Para que ello ocurra, debía acreditarse que el cambio
afectó reglas esenciales del concurso, alteró los requisitos aplicables a los
aspirantes o modificó los contenidos evaluados en perjuicio de determinados
concursantes, lo cual no sucedió.
2.5.5 Sobre la ausencia de acciones en favor de personas con discapacidad,
discapacitados, pre pensionados, madres o padres cabeza de familia y
servidores en provisionalidad
67. Conforme con el artículo 125 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004, el
ingreso y ascenso en los empleos de carrera administrativa se rige por el principio
del mérito, de manera que quien supera válidamente un concurso público y ocupa
posición de elegibilidad adquiere un mejor derecho para ser nombrado en el empleo
ofertado. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional37 ha precisado que los
servidores vinculados en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa,
pero no de derechos de carrera ni de una garantía de permanencia indefinida, razón
por la cual su vinculación puede terminar válidamente cuando el cargo debe ser
provisto con la persona que superó el concurso de méritos y fue incluida en la lista
de elegibles.
68. No obstante, la prevalencia del mérito no faculta a la administración a desconocer
las condiciones particulares de quienes ocupan provisionalmente los cargos
ofertados y acreditan ser sujetos de especial protección constitucional, como
personas con discapacidad, pre pensionados, madres o padres cabeza de familia.
En tales eventos, la entidad debe realizar una valoración individual y adoptar
medidas, tales como, procurar que sean los últimos en ser retirados o estudiar su
eventual reubicación en vacantes equivalentes, entre otras, sin afectar el derecho
preferente de los integrantes de la lista de elegibles a ser nombrados en período de
prueba.
69. En el caso concreto, se encuentra acreditado que la situación alegada por la parte
actora sí fue prevista dentro de las reglas del proceso de selección adelantado por
la CNSC y el municipio de Soacha. En efecto, tal como lo expuso dicho municipio
en su escrito de alegatos, la Resolución 568 del 18 de junio de 2018 estableció una
regla de priorización en favor de las personas con discapacidad para los eventos de
empate, circunstancia que permite concluir que la administración adoptó una
medida orientada a garantizar su participación en condiciones de igualdad.
70. El Decreto 1083 de 2015, modificado por el 648 de 2017, dispuso medidas de
protección a favor de los servidores que ostentaban la condición de sujetos de
especial protección constitucional, entre ellos, quienes se encontraran próximos a
37 Corte Constitucional sentencia SU – 446 de 2011 y SU – 917 de 2010
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consolidar su derecho pensional. No obstante, dichas disposiciones estaban
dirigidas a regular las consecuencias derivadas de la provisión definitiva de empleos
de carrera y la eventual desvinculación de quienes los venían desempeñando en
provisionalidad, por lo que su aplicación se circunscribía a una etapa posterior al
desarrollo del proceso de selección.
71. En ese sentido, dicha garantía debía ser tenida en cuenta al momento de la
provisión efectiva del empleo, esto es, una vez culminado el concurso de méritos y
conformada la respectiva lista de elegibles. Así, la administración debía adoptar las
medidas necesarias respecto de los servidores que acreditaran alguna condición de
especial protección. Por consiguiente, tales disposiciones no imponían a las
entidades el deber de identificar previamente a aquellos servidores ni de excluir los
empleos por ellos ocupados de la OPEC contenida en la convocatoria.
72. Fue únicamente con la expedición de la Ley 1955 de 2019 que el legislador
incorporó una medida de protección de carácter previo a la convocatoria. En efecto,
el parágrafo 2 del artículo 263 dispuso que determinados empleados vacantes en
forma definitiva ocupados por servidores provisionales a quienes les faltaran 3 o
menos años para causar su derecho pensional fueran ofertados una vez se
consolidará el derecho. Sin embargo, tal disposición no resultaba aplicable al
presente asunto, toda vez que los acuerdos de convocatoria objeto de litis fueron
expedidos en el año 2018, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de
mencionada ley [25 de mayo de 2019]. En consecuencia, al no evidenciarse
omisión normativa ni afectación de derechos a los participantes, no hay lugar a
declarar la nulidad solicitada por este aspecto.
73. Por último, en cuanto a la excepción propuesta por la CNSC denominada «falta
de legitimación en la causa por activa», considera la Sala que no está llamada a
prosperar. Si bien la entidad demandada sostuvo que los accionantes participaron
en la convocatoria cuestionada y que, por esa razón, no estarían habilitados para
acudir al medio de control de nulidad, tal argumento no resulta suficiente para excluir
su legitimación. El artículo 137 del CPACA permite que toda persona solicite la
nulidad de los actos administrativos de carácter general, de manera que la sola
participación de los demandantes en el concurso no los inhabilitaba para promover
el control objetivo de legalidad respecto de los actos que fijaron las reglas generales
del proceso de selección.
74. Ahora bien, aunque la jurisprudencia ha precisado38 que el medio de control de
nulidad no puede utilizarse cuando la finalidad real de la demanda sea obtener el
restablecimiento automático de un derecho, pues en ese evento el medio procesal
adecuado sería el de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, en el
presente asunto no basta afirmar de manera genérica que los demandantes
obtendrían un beneficio con la eventual declaratoria de nulidad; sino que, era
necesario demostrar que la anulación de los actos acusados produciría, de forma
directa, inmediata y automática, un restablecimiento individual en favor de ellos.
75. En este caso, los actos demandados contenían reglas generales del concurso de
méritos y el debate planteado se dirigió a verificar su legalidad conforme con el
ordenamiento jurídico, sin que de las pretensiones se desprendiera una solicitud
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de septiembre de 2015,
radicado 11001-03-25-000-2010-00286-00 (2360-2010). M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
concreta de nombramiento, reconocimiento económico, reincorporación o
modificación de una situación jurídica particular. Por consiguiente, al no acreditarse
que la demanda persiga un restablecimiento automático del derecho, la
participación de los actores en la convocatoria no desnaturaliza el medio de control
ejercido ni impide el estudio de legalidad abstracta de los actos demandados, razón
por la cual se declarara no probada la presente excepción.
3. Costas
76. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
4. Conclusión
77. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que los Acuerdos CNSC
20182210000586 del 12 de enero y 20182210000976 del 11 de abril de 2018 no se
encuentran viciados de nulidad.
78. La falta de firma del alcalde de Soacha en los acuerdos acusados no constituye,
por sí sola, causal de nulidad, pues se acreditó coordinación efectiva entre la CNSC
y el municipio de Soacha. Tampoco se demostró vulneración del principio de
legalidad del gasto, ya que obran certificados, registros y actos presupuestales que
respaldan la financiación del concurso. Respecto del Acuerdo CNSC
20182210000976 del 11 de abril de 2018, no se probó que la aclaración y/o
modificación de unas reglas hubiera vulnerado el ordenamiento jurídico. En cuanto
al manual de funciones, no se acreditó que las modificaciones posteriores hubieran
alterado de manera sustancial las reglas de participación o evaluación. Finalmente,
tampoco prospera el cargo relativo a la omisión de acciones afirmativas, pues el
concurso incorporó una regla de priorización para personas con discapacidad y no
existe mandato legal que obligue a privilegiar a servidores provisionales frente al
mérito.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa propuesta por la CNSC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Negar la pretensión de nulidad de los Acuerdos CNSC -
20182210000586 del 12 de enero de 2018 y CNSC - 20182210000976 del 11 de
abril de 2018, formulada en la demanda interpuesta por María Eugenia
Casasbuenas y otros contra la CNSC y el municipio de Soacha.
Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01651-00 (5545-2018)
Demandante: María Eugenia Casasbuenas González y otros
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
BG
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