Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01678-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01678-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01678-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de enero de 2025
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01678-00 (5727-2018)
Demandante: UGPP
Demandado: Adolfo Zenón Rengifo Garcés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01678-00 (5727-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Adolfo Zenón Rengifo Garcés
Referencia: Acción especial de revisión
Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literal b). Subtema 1:
naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis del reconocimiento y
liquidación de la pensión. Régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985; IBL. Subtema 3:
conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo debido de acuerdo con la ley.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 31 de octubre de 2013,
que confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación reconocida a favor de Adolfo Rengifo, conforme a la Ley 33 de
1985.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 31 de octubre de 2013, por medio de la cual confirmó la
providencia de primera instancia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación
reconocida a favor de Adolfo Rengifo, bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, en una
cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año
de servicio, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004, con la
inclusión de todos los factores salariales devengados como profesional especializado
de Codechocó. El ente demandante sustenta la acción especial en la causal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque considera que la prestación fue liquidada
con desconocimiento de la normativa aplicable y del precedente de la Corte
Constitucional que estableció el alcance de la transición prevista en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
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Demandante: UGPP
Demandado: Adolfo Zenón Rengifo Garcés
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión
1. Adolfo Zenón Rengifo, por conducto de apoderado judicial, presentó una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto ficto configurado
por el silencio de Cajanal, frente a la petición de reliquidación de la pensión de
jubilación presentada el 30 de septiembre de 2011.
2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión
judicial objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener la reliquidación
de la pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución RDP 0508 del 14 de mayo
de 2007, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por Adolfo Rengifo
en el último año de servicio, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2004, lapso en el que ejerció el cargo de profesional especializado en Codechocó.
3. El Juzgado Quinto Administrativo de descongestión de Quibdó, mediante sentencia
dictada el 19 de marzo de 2013, declaró la nulidad del acto negativo surgido con motivo
del silencio de la administración y le ordenó a la Cajanal reliquidar la pensión de jubilación
en cuantía equivalente «al 75% del salario del último año de servicio, teniendo en
cuenta todos los salarios devengados por el empleado en el último año de servicio
(…), conforme a la ley 33 de 1985», y pagar la diferencia entre la suma reconocida y
la reliquidada1.
4. Al sustentar la decisión, el juzgado consideró que, según el precedente del
Consejo de Estado establecido mediante la sentencia del 4 de agosto de 2010, los
factores dispuestos en la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 del mismo año,
«están simplemente enunciados y no impide la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios». Por
tanto, ordenó la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores
devengados en el último año», en cuantía equivalente al 75%.
5. El Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión anterior, mediante
sentencia dictada el 31 de octubre de 2013, al considerar que «para determinar el
ingreso base de liquidación, es del caso aplicar la tesis fijada por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010, (…) en la que se
concluyó que la preceptiva contenida en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, es un
principio general y no puede considerarse de manera taxativa, por tal razón deben
incluirse los factores efectivamente devengados realizando los aportes que
correspondan»2.
6. De acuerdo con este precedente, concluyó que la pensión de jubilación
reconocida al señor Adolfo Zenón Rengifo, liquidada con la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados, debía incluir, además, todos los factores
devengados en el último año de servicio, sobre los cuales tendría que realizar los
aportes correspondientes con cargo a la diferencia que resultara entre lo pagado y lo
1
Folio 279 del cuaderno ppal.
2 Folios 166 vto. del cuaderno ppal.
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que se debió pagar por concepto de la reliquidación.
2.2. Solicitud de revisión especial
7. El apoderado de la UGPP presentó una solicitud de revisión en ejercicio de la
acción especial establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó el 31 de octubre de 2013,
para que se revoque y, en su lugar, se ordene lo siguiente3:
(i) que se declare que la liquidación de la mesada pensional no constituye un
derecho adquirido para Adolfo Zenón Rengifo Garcés, por lo tanto, resulta
viable ordenar que se calcule el IBL conforme a las reglas previstas en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, dictadas por la Corte
Constitucional;
(ii) que la UGPP reliquide la pensión reconocida al señor Adolfo Zenón Rengifo
de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, en armonía con lo previsto en el artículo 21 de dicha normativa y el
Decreto 1158 de 1994, esto es, «con los factores base de cotización
taxativamente determinados», en una cuantía equivalente al 75% en el
último año de servicio, «por haber adquirido su estatus pensional conforme
a las condiciones del régimen de transición».
8. Al sustentar la solicitud de revisión, la UGPP afirmó que la liquidación de la
pensión desconoció el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 porque, si bien este beneficio permite el reconocimiento de la pensión de
jubilación conforme al régimen pensional anterior, su aplicación se circunscribe a la
edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo. El IBL, por su parte, debe
corresponder al promedio de lo devengado durante los 10 años de servicio anteriores
a la adquisición del derecho, con la inclusión de los factores descritos en el artículo 1
del Decreto 1158 de 1994, según lo establece el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
9. De acuerdo con lo anterior, afirmó que la providencia mediante la cual se le
ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación reconocida a Adolfo Zenón
Rengifo Garcés incurre en la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar el cálculo del IBL con la inclusión de factores
adicionales a los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, pues este genera «un
incremento de su prestación en grave detrimento del erario». Como sustento indicó
que la mesada pagada antes de la reliquidación correspondía a dos millones
ochocientos dos mil novecientos diecinueve pesos ($2.802.920), valor que con motivo
de la sentencia objeto de revisión aumentó a seis millones cuatrocientos setenta y siete
mil novecientos cincuenta y tres pesos ($6.477.953)4.
2.3. Trámite de la acción especial de revisión
3 Folio 305 del cuaderno ppal.
4 Folio 313 vto, del cuaderno ppal.
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10. Esta corporación, mediante auto del 20 de mayo de 2021, admitió la demanda
interpuesta por la UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 13 de octubre de 2016,
y ordenó la notificación personal del auto al pensionado Adolfo Zenón Rengifo y al
agente del Ministerio Público5.
11. Por medio de auto del 10 de febrero de 2022, el despacho sustanciador ordenó
el emplazamiento del pensionado conforme a los artículos 108 del CGP y 10 del
Decreto 806 de 2020, por expresa remisión de los artículos 200 y 306 del CPACA6.
12. Mediante auto del 7 de julio de 2022, se designó como curador ad litem a
Elizabeth Cristina Vásquez Estrada; abogada que tomó posesión mediante el acta del
6 de enero de 20237. En el escrito de contestación, la curadora se opuso a las
pretensiones, pues consideró que el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, aplicable
al reconocimiento pensional por virtud del beneficio de la transición, permitía calcular
el IBL con la inclusión de todos los factores que el empleado recibió en el último año
de servicio, «esto es asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de
navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima técnica; valores estos que no
debían ni pueden dejarse de lado para hacer la liquidación pensional»8.
13. El despacho sustanciador, por auto del 28 de agosto de 2024, incorporó al
expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; requirió a la UGPP
para que constituyera nuevo apoderado, solicitud que atendió mediante poder
conferido al abogado Jorge Iván Palacio Palacio9, y corrió traslado de las pruebas
conforme al artículo 110 del CGP10.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso
segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)11, por cuanto este
mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario
que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos.
3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión
5 Folio 321 del cuaderno ppal.
6 Folio 326 del cuaderno ppal.
7 Folios 329 y 343 del cuaderno ppal.
8
Samai, índice 45.
9 Samai, índice 64.
10 Samai, índice 57.
11 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió
la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo
adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se
aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción,
regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).
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15. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo
251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.
16. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia expedida por el
secretario del Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó que la
sentencia objeto de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó el 31 de
octubre de 2013, fue notificada mediante edicto publicado el 7 de noviembre y cobró
ejecutoria el 26 del mismo mes y año12. Ahora, como la demanda de revisión fue
radicada el 9 de noviembre de 201813, se entiende que el ejercicio de la acción
especial fue oportuno.
3.3. Legitimación para la causa
17. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del Sistema General de
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos
activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo
y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el contralor general de la república y el
procurador general de la nación, quienes pueden ejercerla con el propósito de lograr
la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La primera, establecida en el
literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.
18. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este
organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las
sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse
de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a
entidades públicas del orden nacional.
19. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-258 de 2013, legitimó a
diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de
revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin
cumplir las previsiones fijadas en esa providencia, frente a la aplicación del régimen
pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
20. Asimismo, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que la UGPP,
como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de
cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho
pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse
antes de que la UGPP asumiera las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión
Social, esto es, del 12 de junio de 2013, «en atención al estado de cosas
inconstitucional que afrontaba Cajanal».
12 Folio 161 del cuaderno ppal.
13 Folio 315 del cuaderno ppal.
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21. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por
activa para ejercer la acción de revisión especial, prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de
revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de
dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.
22. Adolfo Zenón Rengifo Garcés se encuentra legitimado para la causa por pasiva,
dado que actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que finalizó con la providencia objeto de la acción especial de revisión,
dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó el 31 de octubre de 2013, que ordenó
la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a su favor.
3.4. Problema jurídico
23. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión
especial presentada por la UGPP, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 31 de octubre de 2013, la Subsección se ocupará de
establecer si la decisión judicial incurrió en la causal prevista en el literal b del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta al siguiente problema:
24. ¿El IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a favor de Adolfo Zenón Rengifo Garcés, conforme a la Ley 33
de 1985, excede lo debido de acuerdo con la ley, al incluir para su liquidación los
factores salariales previstos en el régimen pensional anterior, en virtud de la transición
dispuesta en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?
3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que
imponen el pago de pensiones
25. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones
judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen
sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte
Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»14.
26. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para
revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones irregularmente»
como las providencias que reconocen «montos que no corresponden a la ley», con el
propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia» y/o «evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos pensionales
reconocidos de manera irregular o por reliquidaciones que exceden lo debido de
acuerdo con la ley15.
27. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales
de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del
monto debido de acuerdo con la ley, constituyen una garantía para la defensa de los
14 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.
15 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
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principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la
seguridad social en pensiones16.
28. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión
establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa
codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
29. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos
248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la
naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión17
que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa
juzgada18.
30. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza
eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la
sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa
juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA19, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de
las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias
ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley 20, «buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción
al principio general de la cosa juzgada21».
31. En este orden, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en
la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso
extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere
decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»22.
32. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado23 ha considerado que la
acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala Cuarta
Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, Sala Veintidós
Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3
de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
18 CPACA, artículo 250.
19 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
20
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009.
21 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión (…)».
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 18
de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2019-01749-00.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9, sentencias
del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021,
expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
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Demandado: Adolfo Zenón Rengifo Garcés
i) Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer
el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y
las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de
naturaleza pública;
ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de
revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA;
iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas
periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social24;
iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los
presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha
sido concedida con violación al debido proceso (literal a) y/o cuando la
liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)25.
3.6. Análisis del caso concreto. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Exceso de la cuantía pensional.
33. El apoderado de la UGPP sustentó la configuración de la causal b) en el hecho
de que la orden de reliquidación que cobró firmeza con la sentencia cuestionada
excedió lo debido conforme a la ley, al determinar el IBL como lo preveía el régimen
pensional anterior, aplicado por virtud de la transición normativa establecida en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de la que fue beneficiario Adolfo Zenón Rengifo
Garcés.
34. A juicio del ente accionante, la pensión de jubilación debió ser reliquidada con
el promedio de los factores salariales pagados durante los 10 años anteriores al
cumplimiento del estatus, «con los factores base de liquidación taxativamente
determinados en el Decreto 1158 de 1994»26.
35. Para resolver este cuestionamiento, la Sala procede a verificar los hechos que
se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar la conformidad de
la situación pensional con la orden judicial de liquidación, a partir del análisis de la
motivación de la sentencia y el alcance de la causal consistente en el exceso de la
cuantía del derecho, frente a lo debido de acuerdo con la ley.
3.7.1. Reconocimiento y liquidación pensional
36. La Resolución núm. 000508 de 14 de mayo de 2007, incorporada al expediente,
da cuenta de que Cajanal reconoció una pensión de jubilación a favor de Adolfo Zenón
Rengifo Garcés, a partir del 1 de enero de 2005, en cuantía de un millón quinientos
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 5
de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-2012-
00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de mayo de 2018,
expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre de 2021, expediente 2018-00963-
00 (acción de revisión).
26 Folio 306 del cuaderno ppal.
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Demandante: UGPP
Demandado: Adolfo Zenón Rengifo Garcés
treinta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho pesos con ochenta y ocho centavos
($1.534.683.88), equivalente al 75% del promedio de lo devengado por concepto de
asignación básica y bonificación por servicios, durante los últimos 6 años, 10 meses y
22 días de servicio, comprendidos entre el 1 de abril de 1994 y el 23 de febrero de
2001, «fecha hasta la cual el peticionario laboró» 27.
37. El acto administrativo citado refiere que el pensionado nació el 23 de febrero de
1946, por lo que adquirió el estatus pensional el 23 de febrero de 2001; que trabajó en
el sector público desde el 2 de abril de 1976 hasta el 20 de diciembre de 2004 y que
el último cargo desempeñado fue el de profesional especializado de Codechocó,
empleo que ejerció desde marzo de 1998 hasta la fecha de retiro del servicio.
38. Adolfo Zenón Rengifo Garcés, el 30 de septiembre de 2011, solicitó ante la
extinta Cajanal la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida conforme al
régimen de la Ley 33 de 1985, para que incluyera todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, en atención a la tesis jurisprudencial fijada
por el Consejo de Estado en la sentencia de 4 de agosto de 2010 y a las sentencias
de tutela de la Corte Constitucional T-414-2009, T-174-2008, T-052-2008 y T-070 de
200728.
39. El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó, mediante la
sentencia del 19 de marzo de 2013, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho iniciado por Adolfo Zenón Rengifo Garcés, en contra de la decisión
negativa configurada por el silencio de la administración frente a la petición de
reliquidación pensional, declaró la nulidad del acto ficto y condenó a la extinta Cajanal
a lo siguiente:
«SEGUNDO: Ordenar a CAJANAL EICE en liquidación, o a quien haga sus veces,
reliquidar la pensión de jubilación del señor Adolfo Zenón Rengifo (…), en cuantía
equivalente del 75% del salario del último año de servicio, teniendo en cuenta todos
los factores devengados por el empleado en el último año. Lo anterior atendiendo las
consideraciones de la sentencia y conforme a la Ley 33 de 1985 y las normas que la
modifican y complementan.»29.
40. El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 31 de octubre de 2013,
objeto de la presente acción de revisión, confirmó la providencia apelada por la UGPP,
al considerar que en este caso «aplica la tesis fijada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010, M.P. Dr. Víctor Hernando
Alvarado Ardila, en la que se concluyó que la preceptiva contenida en el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985, es un principio general y no puede considerarse de manera
taxativa».
41. En atención a esta tesis, afirmó que la base de liquidación solo incluyó la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados, «excluyendo los demás
factores devengados por el actor, lo que sin duda alguna impone la necesaria
reliquidación del derecho pensional reconocido, como asertivamente concluyó el a –
27
Folio 115 del cuaderno ppal.
28 Folios 137, 139 y 140 del cuaderno ppal.
29 Folio 283 del cuaderno ppal.
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quo, incluyendo esta vez los factores inobservados, devengados en el último año de
servicio.» 30.
42. Mediante la Resolución núm. RDP 058400 del 27 de diciembre de 2013, la
UGPP le dio cumplimiento a la sentencia objeto de revisión, en el sentido de reliquidar
la pensión de jubilación reconocida a favor de Adolfo Zenón Rengifo Garcés, con el
promedio de lo devengado por el servidor durante el último año de servicio,
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004, con la inclusión de los
siguientes factores: asignación básica, bonificación por servicios prestados y primas
técnica, de navidad, de servicios y de vacaciones31. En este orden, resolvió lo
siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 31 de octubre de 2013, se reliquida la pensión de vejez del
señor Rengifo Garcés Adolfo Zenón, ya identificado, elevando la cuantía de la misma
a la suma de $3.546.771 (tres millones quinientos cuarenta y seis mil setecientos
setenta y un pesos m/cte), efectiva a partir del 1 de enero de 2005, con efectos ficales
a partir del 30 de septiembre de 2008, por prescripción trienal de conformidad con el
fallo objeto de cumplimiento.».
43. De acuerdo con la constancia expedida por el tesorero pagador de Codechocó
el 28 de julio de 2006, Adolfo Zenón Rengifo Garcés devengó durante el último año de
servicio la asignación básica, una bonificación por servicios prestados y las primas de
navidad, de servicios y de vacaciones. El 11 de junio de 2011, el tesorero de
Codechocó de la época incluyó en la «relación de pagos» la prima técnica pagada al
señor Rengifo Garcés en el año 2004, en ejercicio del cargo de profesional
especializado32.
44. La valoración en conjunto de los medios de prueba documental incorporados al
expediente permite afirmar que la situación pensional de Adolfo Zenón Rengifo Garcés
fue definida por la UGPP, conforme a la Ley 33 de 1985 aplicada en virtud del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 del que era beneficiario el pensionado, al acreditar
más de 20 años de servicio en el sector público y 55 años.
45. En punto a la determinación del IBL pensional, la sentencia cuestionada por la
UGPP determinó que la cuantía pensional debía ser calculada con el 75 % del
promedio de lo pagado en el último año de servicio, con la inclusión de todos los
factores salariales, entre los que se encuentran las primas de navidad, de servicios,
de vacaciones y técnica, «sobre los cuales se debe hacer el descuento
correspondiente».
46. Lo anterior, en atención a la aplicación de la Ley 33 de 1985 tanto para la
determinación de la edad, el tiempo de servicio y el monto, como para el periodo de
liquidación y los emolumentos a incluir en el cálculo del ingreso base de liquidación,
pues según lo expuesto en la sentencia cuestionada, «es del caso aplicar la tesis fijada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010»,
30 Folio 173 vto. del cuaderno ppal.
31 Folio 225 A del cuaderno ppal.
32 Folios 93 y 145 del cuaderno ppal.
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según la cual el IBL se debe conformar con «todos los factores efectivamente
devengados».
47. En este contexto, la Sala se ocupará de analizar los pronunciamientos de esta
corporación y de la Corte Constitucional sobre el alcance del régimen de transición
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permitió la aplicación de regímenes
anteriores para proteger la expectativa legítima de las personas próximas a pensionarse
al momento del cambio legislativo.
3.7.2. Verificación de la conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo
debido de acuerdo con la ley
48. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a
pensionarse mantener las condiciones previstas en el régimen anterior, siempre que
reunieran los requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la fecha de entrada
en vigencia de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios de esa
transición solo salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o
tasa de reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la expectativa
de pensionarse.
49. La Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos pensionales
derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible política social que,
en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial
protección al trabajo».
50. Así, concluyó que la regla de liquidación del IBL aplicable a los beneficiarios
de la transición es el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
pensionarse, siempre que fuera menor de diez años o el cotizado durante todo el
tiempo si este fuere superior; actualizado anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor33. En sentencias posteriores de constitucionalidad, la
Corte decidió estarse a lo resuelto en la providencia que declaró parcialmente
exequible el artículo 36 de la Ley 100 de 199334.
51. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior (Ley 33 de 1985), con la
precisión de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el
beneficio de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la
norma precedente, no con los señalados en el régimen general.
52. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
33 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
34 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
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agosto de 201035, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud
del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior.
53. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo36., por
medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis aplicada
por las Subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró que la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los presupuestos de edad,
tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos en el régimen anterior
para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda entender que el último
elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos en ese régimen, por no
formar parte del beneficio de la transición.
«Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993.».
54. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».
55. Conforme a la tesis referida, es claro que a partir de la sentencia proferida por la
Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo el 28 de agosto de 2018, por medio de la
cual esta corporación replanteó la jurisprudencia de la Sección Segunda frente al alcance
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, analizado
por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, los
beneficios de la transición solo cobijan los elementos de edad, tiempo de servicio y monto
o tasa de reemplazo.
56. Entonces, a partir de esta nueva jurisprudencia, las pensiones reconocidas en
aplicación de regímenes pensionales anteriores se deben liquidar conforme a lo previsto
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, regla que, por expresa disposición de la
Sala Plena, es obligatoria para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa
como judicial. Las situaciones definidas con anterioridad son consideradas decisiones
razonables sustentadas en el principio de autonomía judicial y en la obligatoriedad del
precedente del órgano de cierre de la jurisdicción.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018, exp.
2012-00143-01.
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57. Bajo este marco jurisprudencial, es válido afirmar que la sentencia objeto de la
acción especial dictada el 31 de octubre de 2013 no incurrió en la causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque para esa fecha se
encontraba vigente la regla de interpretación según la cual, las pensiones reconocidas
conforme al régimen establecido en la Ley 33 de 1985 se liquidaban con lo devengado
en el último año de servicio y con la inclusión de los factores pagados en ese periodo.
58. Esta consideración desvirtúa entonces la afirmación del ente demandado que
ponía de presente un aumento ilegal de la mesada que pasó de un millón quinientos
treinta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho pesos con ochenta y ocho centavos
($1.534.683.88) a tres millones quinientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y un
pesos ($3.546.771) con motivo de la reliquidación ordenada mediante la sentencia
objeto de revisión.
59. En este orden, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa, por
cuanto el IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a Adolfo Zenón Rengifo Garcés, se ajustó a la interpretación
jurisprudencial del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, vigente para la fecha en que
se expidió la sentencia objeto de revisión, según la cual las pensiones reconocidas
conforme a dicho régimen se liquidaban con el promedio de lo devengado por el servidor
durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores pagados en ese
periodo. Por tanto, el derecho pensional reliquidado en los términos dispuestos en la
sentencia cuestionada no excede lo debido de acuerdo con la ley.
4. Conclusión
60. Las razones expuestas permiten concluir que la sentencia objeto de revisión no
incurrió en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la reliquidación
pensional se ajustó a la interpretación jurisprudencial del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, vigente para la fecha en que se dictó la providencia (31 de octubre de 2013),
según la cual, el ingreso base de la pensión reconocida bajo el régimen previsto en la
Ley 33 de 1985 se liquida con el promedio de todo lo devengado en el último año de
servicio.
5. Costas
61. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece el deber del juez de pronunciarse sobre las
costas, cuya liquidación y ejecución se rigen por la norma procesal general, y fija como
excepción los eventos en que se «ventile un interés público».
62. La norma referida fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el siguiente sentido: «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
63. En el caso bajo estudio, no resulta procedente la condena en costas porque la
acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según lo
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expuesto en los antecedentes legislativos37, involucra un interés público dirigido a la
defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial
de la seguridad social. Además, no se estableció que la demanda se presentara con
manifiesta carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión ejercida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Chocó el 31 de octubre de 2013.
SEGUNDO. RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio para que
actúe como apoderado de la UGPP, en los términos del poder que obra en el índice
64 de Samai.
TERCERO. No condenar en costas.
Devolver el expediente ordinario al tribunal de origen, si hay lugar a ello, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
YOD
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del
CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través
del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
37 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
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