Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00029-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
Demandado: Nación, Ministerio del Trabajo
Tema: Naturaleza jurídica de los actos susceptibles de control a través
del medio de control de nulidad
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad instaurada por Jairo
Benjamín Villegas Arbeláez en contra de la Resolución 000818 del 3 de marzo de
2014, expedida por el Ministerio del Trabajo.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1. En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, Jairo
Benjamín Villegas Arbeláez presentó demanda de nulidad contra la Resolución
000810 del 3 de marzo de 2014.
2. Como consecuencia de la anterior solicitó:
«Declarar la nulidad de la omisión reglamentaria y con fundamento en el artículo 187
inciso 3° de la L. 1437/11 “estatuir disposiciones nuevas” del siguiente tenor:
Artículo 12. Registro de los Comités Ejecutivos de las Federaciones y Confederaciones
sindicales.
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
Para efectos de la notificación de constitución de una Federación y Confederación
Sindical, o de los cambios totales o parciales en sus Comités Ejecutivos Nacionales o
Seccionales, en las respectivas comunicaciones al empleador y al inspector de trabajo
o al alcalde, la federación y confederación debe constatar y manifestar expresamente
como requisito para la validez legal del registro conforme al artículo 422 del Código
Sustantivo del Trabajo, que quienes harán parte de sus comités ejecutivos, son
trabajadores miembros activos de una de las organizaciones afiliadas.
Parágrafo. La condición de ser miembro activo de una [de] las organizaciones afiliadas,
no se toma en cuenta cuando se compruebe debidamente que el trabajador está
amenazado, despedido o perseguido debido a su actividad sindical, lo cual deberá ser
declarado por la mayoría absoluta de la asamblea general o congreso que haga la
elección». (sic)
1.1.1. El acto demandado
3. El demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución 000810 del
20142, disposición que se transcribe:
«EL MINISTRO DEL TRABAJO,
en ejercicio de sus facultades legales y en especial, de las conferidas en los numerales
2, 5, 11 y 15 del artículo 6º del Decreto Nro. 4108 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 39 de la Constitución establece el derecho de los trabajadores y
empleadores de constituir sindicatos y asociaciones, sin intervención del Estado y,
reconoce a los representantes sindicales el fuero y demás garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión.
Que el referido precepto constitucional, en cuanto a la estructura interna y el
funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales, establece el
marco en que se deben desarrollar, ya que los sujeta al orden legal y los principios
democráticos.
Que el artículo 8º del Convenio 87 de la OIT dispone, que al ejercer los derechos que se
les reconocen en ese convenio, los trabajadores y sus organizaciones respectivas están
obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a
respetar la legalidad.
Que el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 44 de
la Ley 50 de 1990, señala que toda organización sindical de trabajadores por el solo
hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de
personería jurídica.
Que el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo sindicato de
trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de
2
Por la cual se establece el trámite interno para el registro sindical de organizaciones sindicales de
primer, segundo y tercer grado.
2
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
Trabajo y Seguridad Social - hoy Ministerio del Trabajo - para lo cual, dentro de los 5
días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará
ante esta entidad solicitud escrita de inscripción en el registro sindical acompañada de
los documentos señalados en la norma en mención.
Que el artículo 372 del mismo Código, modificado por el artículo 6º de la Ley 584 de
2000 indica, que ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la
ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan,
mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y sólo durante la vigencia de esta inscripción.
Que mediante Sentencia C-465 del 9 de julio de 2008, la Corte Constitucional declaró
exequible de manera condicionada, el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, en
el entendido de que la inscripción del acta de constitución del sindicato ante el Ministerio
cumple exclusivamente funciones de publicidad.
RESUELVE:
Artículo1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el procedimiento
interno del registro sindical de las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer
grado en virtud de lo establecido en los artículos 364 y siguientes del Código Sustantivo
del Trabajo.
Artículo 2. Definición [de] registro sindical. El registro sindical es el trámite administrativo
mediante el cual el Ministerio del Trabajo inscribe a la organización sindical en el kárdex
correspondiente, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la
Constitución y la ley.
Artículo 3. Fines del registro sindical. El registro sindical cumple fines de publicidad, al
tiempo que habilita la actuación de las organizaciones sindicales conforme lo establecido
en sus propios estatutos, una vez materializada la inscripción respectiva.
Artículo 4. Requisitos para proceder al registro sindical. De conformidad con lo
establecido en el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará ante
este Ministerio, solicitud escrita de inscripción en el registro sindical, acompañándola de
los siguientes documentos:
a) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su
documento de identidad;
b) Copia del acta de elección de la junta directiva, suscrita por los asistentes con
indicación de sus documentos de identidad;
c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos;
d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la junta
directiva;
e) Nómina de la junta directiva, con indicación de sus documentos de identidad;
f) Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de
identidad.
Artículo 5º. Adopción de formatos de registro sindical. Adóptense los formatos de las
constancias de inscripción del acta de constitución de una organización sindical (A1), de
depósito de reforma de estatutos (A2), de depósito de junta directiva (A3) y de
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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
modificación de juntas directivas de una organización sindical (A4), que hacen parte
integral de la presente resolución, los cuales deberán utilizar a partir de la fecha las
Direcciones Territoriales.
Artículo 6º. Causas para negar la inscripción en el registro sindical. De conformidad con
lo establecido en el numeral 4º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, son
causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:
1. Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución y la
ley, y
2. Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al
exigido por la ley.
Parágrafo. En el evento que el funcionario competente evidencie la presencia de una de
estas causales, se dejará constancia de los hechos que fundamentan la negativa en los
formularios de depósito.
Artículo 7º. Publicación. El acto administrativo por el cual se inscriba en el registro una
organización sindical, deberá ser publicado por cuenta de esta, una sola vez, en un diario
de amplia circulación nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Un
ejemplar del diario deberá ser depositado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
en el Registro Sindical, a cargo del Grupo de Archivo Sindical de este Ministerio.
Artículo 8. Efectos jurídicos de la inscripción. Ningún sindicato puede actuar como tal,
ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los
derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante
el Ministerio del Trabajo y sólo durante la vigencia de esta inscripción, cumpliendo este
registro funciones exclusivas de publicidad, conforme lo señalado en Sentencia C-465
de 2008.
Artículo 9. Inexistencia de control previo por parte de las autoridades administrativas del
trabajo. Los funcionarios de este Ministerio no efectuarán control previo respecto de las
actas de asamblea de constitución de las organizaciones sindicales, ni sobre el
contenido de las solicitudes de reforma de estatutos o de juntas directivas y por tanto,
no se realizarán observaciones ni solicitudes de modificación.
En los casos en que se evidencie la existencia de alguna de las causales para negar la
inscripción, se debe dejar la anotación respectiva dentro de los formatos de depósito, sin
emitir juicios de valor sobre los documentos entregados por los peticionarios.
Artículo 10. Registro de novedades. El Grupo de Archivo Sindical podrá registrar, a
solicitud de los interesados, las novedades presentadas en la última asamblea celebrada
por la organización sindical que para tal efecto sea depositada en dicha dependencia.
Artículo 11. Registro de directivas sindicales. Para efecto de la notificación de
constitución de un sindicato o de los cambios totales o parciales en las juntas directivas,
subdirectivas o comités seccionales, en las respectivas comunicaciones al empleador y
al inspector del trabajo o alcalde, el sindicato debe constatar y manifestar expresamente,
que quienes harán parte de las mencionadas juntas o comités no ocupan cargos
directivos o de representación en otros sindicatos. Se exceptúan los cargos directivos o
de representación en federaciones y confederaciones.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 39 de la Constitución Política; y 353.1, 356,
358, 359, 363, 364, 365, 383 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo 3. Asimismo,
los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo4.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. La resolución demandada «anunci[ó]» que establecería el trámite interno para el
registro sindical de primer, segundo y tercer grado, sin embargo «solo reguló lo
relacionado con las organizaciones sindicales de primer grado o sindicatos». Con esta
«omisión reglamentaria» se omitió «cumplir un deber específico impuesto, anunciado por
la misma resolución».
5.2. Por lo anterior, el acto objeto de control «se reputa incompleto» puesto que no
reguló «un ingrediente o condición esencial, necesaria para completar y armonizar
integralmente la Resolución 000810/14 y evitar una desigualdad negativa entre
organizaciones sindicales “de primer, segundo y tercer grado” dado que se cumplió al
regular las organizaciones sindicales de “primer grado”, [...] pero se dejó en el vacío, sin
regular, a las organizaciones sindicales de “segundo y tercer grado”».
5.3. La «omisión reglamentaria» se configuró a partir del artículo 11 del acto, toda
vez que «ha debido reglamentar y omitió hacerlo, mediante un artículo 12, nuevo, sobre el
registro de los comités ejecutivos de las federaciones y confederaciones sindicales».
1.2. Trámite procesal
6. Mediante auto del 7 de marzo de 2019 se admitió la demanda, se ordenó la
notificación a las partes e intervinientes5 y se dispuso informar a la comunidad de la
existencia del proceso6. Asimismo, en providencia de esa fecha, se corrió traslado
de la medida cautelar solicitada por el demandante7, la cual fue negada a través de
la providencia del 25 de julio de 2022.
3
En adelante CST.
4 En adelante OIT.
5
En esta providencia se ordenó vincular a las federaciones y confederaciones sindicales inscritas en
el Ministerio del Trabajo, de conformidad con la información reportada en la página web de esa
cartera.
6 Folios 23 a 26
7 Folio 7 del cuaderno de medidas cautelares.
5
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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
1.2.1. Contestación
7. El Ministerio del Trabajo contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones con
fundamento en las siguientes razones:
7.1. En cuanto al desconocimiento del artículo 422 del CST, por la supuesta omisión
en la «regulación relativa al establecimiento de un requisito para la validez legal del registro
de organizaciones sindicales de segundo y tercer grado», esa cartera ministerial no tiene
la competencia para efectos de adelantar control de legalidad sobre la creación de
esas organizaciones o el trámite de depósito que estas deben efectuar. «Así como
tampoco de la integración o validez del registro de los comités directivos de las
organizaciones sindicales de segundo o tercer grado».
7.2. En relación con la omisión de regulación del registro para las organizaciones
sindicales de segundo y tercer grado, con el acto acusado se estableció una
reglamentación interna para efectos del trámite de registro sindical «determinando
que un único trámite o procedimiento es suficiente para el registro de los 3 diferentes tipos
de grados de organizaciones sindicales», de conformidad con sus competencias
legales y constitucionales y las disposiciones del CST.
7.3. No es cierto que se esté «frente a una exclusión negativa», puesto que el no incluir
la «reglamentación pedida por el demandante en el sugerido artículo 12, solo genera en
cabeza del Ministerio del Trabajo el cumplimiento de su obligación de no ejercer injerencia
o control previo de legalidad frente a la constitución y/o registro de organizaciones sindicales
de todo grado».
7.4. Adicionalmente, la resolución de la que se pretende la declaratoria de nulidad se
fundó en las normas que le otorgan a la entidad la competencia para adelantar el
procedimiento de registro.
7.5. Propuso como excepciones previas: i) «legalidad y plena validez de los actos
administrativos demandados»; ii) «cumplimiento del deber legal por parte del Ministerio del
Trabajo»; e iii) innominada o genérica.
1.2.2. Intervención coadyuvante
8. Mediante auto del 27 de mayo de 2022, Alonso Caicedo Montaño fue aceptado
como coadyuvante, quien manifestó que «coadyuva en forma íntegra las razones de
hecho y de derecho» tendientes a la nulidad de la Resolución 00810 de 2014,
proferida por el Ministerio del Trabajo.
8 Folios 40 a 45.
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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
1.3. Sentencia anticipada
9. Mediante auto del 5 de marzo de 2024 se evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del numeral 1 del artículo
182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En
consecuencia, se adoptaron medidas para dictar sentencia anticipada, se ordenó
correr traslado a las partes y al Ministerio Público para los alegatos finales y se fijó
el litigio en la siguiente forma:
«La demanda y sus contestaciones muestran que el problema jurídico a resolver en el
presente asunto se circunscribe a determinar: ¿si la Resolución 810 del 3 de marzo de
2014 incurrió en omisión reglamentaria, al no regular los comités ejecutivos de los
sindicatos de las federaciones y confederaciones, es decir de segundo y tercer grado, y
desconoció lo previsto en los artículos 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425 y 426 del Código
Sustantivo del Trabajo y el derecho a la igualdad de los sindicatos de las federaciones y
confederaciones?».
1.4. Alegatos de conclusión
1.4.1. Parte demandante
10. Manifestó que se remitía a las razones de hecho y de derecho expuestas en el
escrito contentivo de la demanda.
1.4.2. Parte demandada
11. No se pronunció en esta etapa procesal.
1.5. El Ministerio Público
12. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. Previo a estudiar el problema jurídico planteado en el auto del 5 de marzo de
2024, esta Subsección debe establecer si la Resolución 000818 del 3 de marzo de
2014, expedida por el Ministerio del Trabajo, contiene un acto administrativo y como
consecuencia puede ser objeto de control a través del medio de control de nulidad.
14. Por lo anterior y de acuerdo con la fijación del litigio establecido en el sub judice,
los problemas jurídicos se circunscriben a definir:
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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
14.1. ¿Si la Resolución 000818 del 3 de marzo de 2014, expedida por el Ministerio
del Trabajo, contiene un acto administrativo susceptible del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA?
14.2. Y si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa ¿si la Resolución 810 del
3 de marzo de 2014 incurrió en omisión reglamentaria, al no regular los comités
ejecutivos de los sindicatos de las federaciones y confederaciones, es decir de
segundo y tercer grado, y desconoció lo previsto en los artículos 417, 418, 419, 420,
422, 423, 425 y 426 del Código Sustantivo del Trabajo y el derecho a la igualdad de
los sindicatos de las federaciones y confederaciones?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre las características de existencia de los actos administrativos
susceptibles de control a través del medio de control de nulidad
15. El artículo 137 del CPACA establece que «[t]oda persona podrá solicitar por sí, o por
medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter
general», asimismo, excepcionalmente «podrá pedirse la nulidad de actos
administrativos de contenido particular» cuando: i) de la pretensión de nulidad no se
persiga un restablecimiento del derecho; ii) se trate de recuperar bienes de uso
público; iii) los efectos nocivos del acto afecten en materia grave el orden público,
político, económico, social o ecológico; y iv) lo autorice expresamente la ley.
16. Asimismo, la pretensión de nulidad deberá sustentarse en la causal genérica por
infracción de las normas en que debería fundarse, esto es, i) por falta de
competencia de la autoridad; ii) por expedición irregular o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa; iii) por falsa motivación; o iv) por abuso o
desviación del poder.
17. En ese orden, el objetivo de este es propender por la preservación del
ordenamiento jurídico y la materialización del principio de legalidad; en otras
palabras, es ejercer un control de legalidad en abstracto de los actos administrativos
expedidos por la administración.
18. De los apartes normativos transcritos se advierte que el medio de control de
nulidad contiene la pretensión de corrección de un acto administrativo, entendido
este como la declaración unilateral de la voluntad de la administración pública o de
un particular, efectuada en ejercicio de la función pública administrativa otorgada
por la Constitución o la ley, capaz de producir efectos jurídicos directos o definitivos,
es decir, el mecanismo con el cual la administración crea, modifica o extingue una
situación jurídica determinada.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
19. Las múltiples manifestaciones de la actividad de la administración pública han
hecho que la jurisdicción y la doctrina delimitaran conceptualmente el acto
administrativo con el fin de determinar la susceptibilidad de su control de legalidad
por vía judicial. En ese orden hay diferentes tipos de actos a saber: los primeros,
denominados actos preparatorio y de trámite, por medio de los cuales, si bien la
administración no resuelve el fondo de la controversia, sí impulsa la actuación
administrativa a fin de llevarla hasta su culminación9; el segundo, correspondiente
al acto definitivo, esto es aquel que resuelve o decide directa o indirectamente el
fondo de un asunto o hacen imposible continuar la actuación; y el tercero, que ha
sido previsto como acto de ejecución, a través del cual la administración se limita a
dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa.
20. Valga la pena precisar que, respecto de este último tipo de actos, esta
Corporación de manera reiterada10 ha determinado que, por si solos, no son
enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, comoquiera que
haría nugatorio el principio de cosa juzgada material11, máxime en atención a que
cualquiera fuere la forma en que se manifieste, dicho acto no crea, modifica o
extingue situación jurídica alguna.
21. Con el fin de precisar cuáles son los actos de la administración que pueden ser
objeto de control por esta jurisdicción, a través de los diferentes medios de control
establecidos en el respectivo estatuto procesal, se destacan las siguientes
definiciones del acto administrativo:
21.1. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado12 «es toda
manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de
funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos. En consonancia con esta
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de
noviembre de 1997, expediente 3762, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.
10 Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 9 de agosto de 1991, expediente CE-SEC3-EXP1191-N5934, M.P. Julio césar
Uribe Acosta; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 4 de septiembre de 1997, expediente 4598, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz;
De la Sección Segunda, sentencias del 27 de septiembre de 2007, expediente 25000-23-25-000-
1999-03741-01 (7392-05), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; del 5 de junio de 2014, expediente
11001-03-25-000-2011-00015-00 (0044-11), M.P. Bertha lucía Ramírez de Páez; del 4 de noviembre
de 2010, expediente 25000-23-25-000-2003-01124-02 (1712-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila; del 4 de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-02 (1717-2009), M.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila.
De la Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013, T-153 de 2015, T-464 de 2015 y T-228 de
2016
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 23 de enero de 2020. Radicación 25000-23-42-000-2013-04019-01(3927-15)
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18).
9
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
definición, se han identificado las siguientes características del acto administrativo: i)
Constituye una declaración unilateral de voluntad. ii) Se expide en ejercicio de la función
administrativa, por parte de una autoridad estatal o de particulares. iii) Se encamina a
producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación
jurídica de que se trate y, por ende, vinculante». iv) Los efectos del acto administrativo
consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o
particular, que impacta los derechos u obligaciones de los asociados, «sean subjetivos,
personales, reales o de crédito» [se resalta].
21.2. La Corte Constitucional, también lo ha definido como «la manifestación de la
voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando,
modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene
como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y
derechos de los administrados» [se resalta].
21.3. Y, finalmente la doctrina ha señalado que se trata de «[l]a manifestación
unilateral de la voluntad administrativa, a través de cualquier rama del poder público, o
de los particulares, que tiene por finalidad crear, modificar o extinguir una situación
jurídica13» [se resalta].
22. Así las cosas, tanto la jurisprudencia como la doctrina han entendido el acto
administrativo como la manifestación de la voluntad de la administración o de
particulares en ejercicio de funciones públicas, expresa o presunta, que produce
efectos jurídicos de carácter general o particular. Es decir que la voluntad y los
efectos en tanto crea, modifica o extingue una situación jurídica, se tornan en
requisitos sin los cuales no se puede hablar de su existencia.
23. En este punto, se encuentra pertinente la precisión que frente a la existencia,
validez y eficacia ha expuesto la doctrina14:
«[…] En los actos administrativos se distinguen los presupuestos de existencia, los
presupuestos de validez y los presupuestos de eficacia final. Los presupuestos de
existencia son aquellas exigencias sin las cuales el acto no se configura como tal y por
ende no surge a la vida jurídica. Los presupuestos de validez son aquellas condiciones
de un acto existente que determinan que sea valorado positivamente por encontrarse
ajustado al ordenamiento o, con otras palabras, que si el acto es sometido a un juicio de
validez no permiten que le sobrevenga una valoración negativa. Los presupuestos de
eficacia final son aquellos requisitos indispensables para que el acto existente y válido
produzca finalmente los efectos que estaría llamado a producir […]»
13
PENAGOS, Gustavo. Op. cit. p. 86.
14
SANTOFIMIO Gamboa, Jaime Orlando. Procedimientos Administrativos y Tecnología. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá DC. 2011. Pág. 58.
10
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
24. Se deduce del aparte doctrinal que, la existencia difiere de la validez, puesto que
para que el acto sea válido es necesario que exista, pero la ausencia de uno de los
presupuestos de validez no conlleva a concluir que el acto no existió, puesto que,
existió y produjo efectos jurídicos y es, frente a estos, que el juez contencioso-
administrativo deberá efectuar el respectivo control de legalidad.
25. En consonancia, en relación con los requisitos de existencia del acto
administrativo se destacan la voluntad de la administración declarada y el contenido
entendido como los efectos que pretende la autoridad que lo profiere. Los cuales se
comprenden:
25.1. La voluntad declarada: i) la causa o motivo: que puede estar en la valoración
que se hace de los hechos o, incluso, de una norma, es decir que «se trata de un
fenómeno subjetivo, una realidad síquica o espiritual que experimenta el sujeto»; ii) la
forma: se refiere a la exteriorización de la voluntad; y iii) el fin: entendido como la
pretensión que persigue el titular del poder administrativo con los efectos jurídicos
que unilateralmente crea e impone.
25.2. El
contenido: se refiere a los derechos y obligaciones producidos por la
declaración de la voluntad.
26. En suma, como lo señaló la Corte Constitucional15, «[l]a existencia del acto
administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta
a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde
el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la
prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz».
27. En línea con lo expuesto, los actos que son susceptibles de examen a través del
medio de control de nulidad son aquellos que contienen una manifestación de
voluntad de la autoridad administrativa o de particulares en ejercicio de esta, que
produzca efectos particulares o generales, siempre y cuando, con la pretensión de
impugnación se propenda por la protección del ordenamiento jurídico en abstracto.
2.2.1. Sobre la naturaleza de los actos que reproducen una norma
[Constitución Política, ley o acto administrativo]
28. De conformidad con lo expuesto, los actos a través de los cuales la
administración reproduce el contenido de una norma con jerarquía superior, con el
objetivo de instruir, orientar o coordinar la actuación de la administración o de los
15 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.
11
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
particulares ante esta, no cuentan con los elementos de existencia como se
explicará a continuación:
28.1. En estos no se materializa el elemento de la expresión unilateral de la voluntad
de la administración, entendido como16 la facultad de «decidir y ordenar la propia
conducta» o la «de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue», puesto que,
en aquellos casos la autoridad se limita a reproducir lo decido por una autoridad
legislativa o administrativa, según sea el caso.
28.2. Asimismo, tampoco se modifica la situación jurídica de los destinatarios del
acto, por cuanto, el acto que en esta situación expide la autoridad no tiene como
consecuencia «transformar o alterar» las características con las que contaba o que
regía una situación determinada antes de su expedición. Esto, puesto que las
disposiciones que se replican en el acto, de manera previa, ya regían la situación
jurídica de sus destinatarios.
29. En relación con este aspecto, en el marco de la competencia establecida en el
artículo 84 del Decreto 01 de 198417, esta Corporación señaló18:
«El Código Contencioso Administrativo, artículo 84, modificado por el artículo 14 del
Decreto 2304 de 1989, prevé la posibilidad de demandar las circulares de servicio, en
cuanto revistan el carácter de acto administrativo, entendido éste como manifestación
de voluntad de la Administración, destinada a producir efectos jurídicos, en cuanto crea,
suprime o modifica una situación jurídica. Si la circular no tiene la virtud de producir
esos efectos jurídicos externos, bien porque permanezca en el interior de los cuadros
de la Administración como una orientación para el desarrollo de la actividad
administrativa, o bien porque se limite a reproducir la decisión de una autoridad
diferente, no se considerará entonces un acto administrativo susceptible de
control jurisdiccional, porque en dicha hipótesis no se presenta la posibilidad de que
los derechos de los administrados sean vulnerados.»
30. De acuerdo con lo anterior, para efectos de verificar si el acto es objeto de control
por parte de la jurisdicción contencioso-administrativo, se debe verificar si contiene
una verdadera manifestación de voluntad de la autoridad que lo expidió y si con esta
se modificó o definió la situación jurídica de sus destinatarios, puesto que esto es lo
que le da la connotación de acto jurídico administrativo.
2.3. Análisis del caso concreto
16
https://www.rae.es/drae2001/voluntad
17
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro.
18
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de febrero de 2000, consejero ponente
Manuel Santiago Urueta Ayola. Radicación: 5236.
12
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
2.3.1. En cuanto a la naturaleza jurídica de la Resolución 000818 del 3 de marzo
de 2014, expedida por el Ministerio del Trabajo [acto demandado]
31. En el asunto en estudio, el demandante pretende la nulidad de la Resolución
000818 de 2014, a través de la cual el Ministerio del Trabajo « estableci[ó] el trámite
interno para el registro sindical de organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer
grado», por cuanto con esta se incurrió en una «omisión reglamentaria».
32. Al respecto, previo a examinar los cargos de nulidad planteados, esta Subsección
encuentra pertinente verificar si el acto objeto de reproche es de aquellos que son
susceptibles de control judicial a través del presente medio de control. Para esos
efectos, se compararán las disposiciones contenidas en este con las del CST en las
que la entidad sustentó su expedición, en tanto, en el artículo 1 señaló que el objeto
de esta era «reglamentar el procedimiento interno del registro sindical de las
organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado en virtud de lo establecido en
los artículos 364 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo».
2.3.1.1. Artículos 1 y 8 de la Resolución 000818 de 2014
33. A través de los artículos 1 y 8 la entidad señaló lo relacionado con los efectos de
la inscripción del acta de constitución, así:
Resolución 000818 de 2014 Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 3. Fines del registro sindical. El registro Artículo 37219. Efecto jurídico de la inscripción.
sindical cumple fines de publicidad, al tiempo Ningún sindicato puede actuar como tal, ni
que habilita la actuación de las organizaciones ejercer las funciones que la ley y sus
sindicales conforme lo establecido en sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los
propios estatutos, una vez materializada la derechos que le correspondan, mientras no se
inscripción respectiva. haya inscrito el acta de constitución ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sólo
Artículo 8. Efectos jurídicos de la inscripción. durante la vigencia de esta inscripción.
Ningún sindicato puede actuar como tal, ni
ejercer las funciones que la ley y sus En los municipios donde no exista Oficina del
respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la
derechos que le correspondan, mientras no se inscripción se hará ante el alcalde, quien tendrá
haya inscrito el acta de constitución ante el la responsabilidad de enviar la documentación
Ministerio del Trabajo y sólo durante la vigencia a la oficina del ministerio del municipio más
de esta inscripción, cumpliendo este registro cercano, dentro de las veinticuatro (24) horas
funciones exclusivas de publicidad, conforme lo siguientes. A partir de la inscripción se surten
señalado en Sentencia C-465 de 2008. los efectos legales.
34. En relación con los apartes transcritos, se advierte que, aunque no con una
redacción exacta, los artículos 3 y 8 de la resolución objeto de revisión se limitan a
19
Modificado por el artículo 6 de la Ley 584 de 2000.
13
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
reproducir en su esencia lo dispuesto en el artículo 372 del CST, en el sentido de
reiterar la exigencia legal de la inscripción del acta de constitución de los sindicatos,
con la precisión de que los efectos de estos se limitan a la publicidad. Este último
aspecto, se encuentra en consonancia con lo decidido por la Corte Constitucional
en sentencia C-695 de 2008, según la cual «la inscripción del acta de constitución del
sindicato ante el Ministerio de la Protección Social cumple exclusivamente funciones de
publicidad, sin que ello autorice a dicho ministerio para realizar un control previo sobre el
contenido de la misma».
35. Así las cosas, en los artículos 3 y 8 de la Resolución 000818 de 2014 se limitó a
reproducir lo dispuesto por el legislador en el artículo 372 del CST, con la inclusión
del alcance que a este dio el tribunal constitucional, el cual hace parte intrínseca en
tanto es lo que determina su constitucionalidad.
2.3.1.2. Artículo 4 de la Resolución 000818 de 2014
36. El artículo 4 el Ministerio del trabajo relacionó los requisitos para efectos de
adelantar el trámite del registro sindical, así:
Resolución 000818 de 2014 Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 4. Requisitos para proceder al registro Artículo 36520. Registro sindical. Todo sindicato
sindical. De conformidad con lo establecido en de trabajadores deberá inscribirse en el registro
el artículo 365 del Código Sustantivo del que para tales efectos lleve el Ministerio de
Trabajo, dentro de los 5 días hábiles siguientes Trabajo y Seguridad Social.
a la fecha de la asamblea de fundación, el
sindicato presentará ante este Ministerio, Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
solicitud escrita de inscripción en el registro la fecha de la asamblea de fundación, el
sindical, acompañándola de los siguientes sindicato presentará ante el Ministerio de
documentos: Trabajo y Seguridad Social, solicitud escrita de
inscripción en el registro sindical,
a) Copia del acta de fundación, suscrita por los acompañándola de los siguientes documentos:
asistentes con indicación de su documento de
identidad; a) Copia del acta de fundación, suscrita por los
b) Copia del acta de elección de la junta asistentes con indicación de su documento de
directiva, suscrita por los asistentes con identidad;
indicación de sus documentos de identidad; b) Copia del acta de elección de la junta
c) Copia del acta de la asamblea en que fueron directiva, con los mismos requisitos del ordinal
aprobados los estatutos; anterior;
d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, c) Copia del acta de la asamblea en que fueron
autenticados por el secretario de la junta aprobados los estatutos;
directiva; d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato,
e) Nómina de la junta directiva, con indicación autenticados por el secretario de la junta
de sus documentos de identidad; directiva;
20 Modificado por los artículos 45 de la Ley 50 de 1990 y 4 de la Ley 584 de 2000.
14
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
f) Nómina completa del personal de afiliados e) Nómina de la junta directiva y documento de
con su correspondiente documento de identidad.
identidad. f) Nómina completa del personal de afiliados
con su correspondiente documento de
identidad.
Los documentos de que trata los apartes a), b)
y c) pueden estar reunidos en un solo texto o
acta.
37. La disposición en comento relacionó, «[d]e conformidad con lo establecido en el
artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo», los requisitos para efectuar el registro
sindical, que coinciden con los establecidos por el legislador, para lo cual solo
modificó algunos aspectos de la redacción sin incluir requerimiento adicional alguno.
Por lo que, la comparación de los dos textos se concluye que el artículo 4 de la
Resolución 000818 de 2014 transcribió en su integridad la disposición de orden legal
en comento.
2.3.1.3. Artículo 6 de la Resolución 000818 de 2014
38. En el artículo 6 la cartera ministerial enumeró las causales para negar la
inscripción en el registro sindical, así:
Resolución 000818 de 2014 Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 6º. Causas para negar la inscripción en Artículo 36621. Tramitación.
el registro sindical. De conformidad con lo
establecido en el numeral 4º del artículo 366 del […]
Código Sustantivo del Trabajo, son causales
para negar la inscripción en el registro sindical 4) Son causales para negar la inscripción en el
únicamente las siguientes: registro sindical únicamente las siguientes:
1. Cuando los estatutos de la organización a) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando
sindical sean contrarios a la Constitución y la los estatutos de la organización sindical sean
ley, y contrarios a la Constitución Nacional, la Ley o
2. Cuando la organización sindical se constituya las buenas costumbres;
con un número de miembros inferior al exigido b) Cuando la organización sindical se constituya
por la ley. con un número de miembros inferior al exigido
Parágrafo. En el evento que el funcionario por la ley,
competente evidencie la presencia de una de c) <Literal INEXEQUIBLE>
estas causales, se dejará constancia de los PARAGRAFO. El incumplimiento injustificado
hechos que fundamentan la negativa en los de los términos previstos en el presente artículo
formularios de depósito. hará incurrir al funcionario responsable en
causal de mala conducta sancionable con
arreglo al régimen disciplinario vigente.
21
Modificado por artículo 46 la Ley 50 de 1990.
15
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39. De la lectura de los dos textos, se evidencia que el Ministerio del Trabajo se limitó
a transcribir de forma casi literal lo que el CST denominó « causales para negar la
inscripción en el registro sindical», sin adicionar elemento alguno que permita concluir
que en este la autoridad manifestó su voluntad tendiente a modificar alguna
situación particular o general. Por lo que, se encuentra en línea con la primera parte
de esa disposición, que soportó su contenido en el artículo 366.4 del mencionado
estatuto.
40. Así las cosas, en el artículo 6 tampoco se advierte una manifestación de la
voluntad del Ministerio del Trabajo sino una reproducción de la norma de rango
legal.
2.3.1.4. Artículo 7 de la Resolución 000818 de 2014
41. El artículo 7 de la resolución se refirió a lo relacionado con la publicación del «acto
administrativo por el cual se inscriba en el registro una organización sindical», en los
siguientes términos:
Resolución 000818 de 2014 Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 7º. Publicación. El acto administrativo Artículo 36722. Publicación. El acto
por el cual se inscriba en el registro una administrativo por el cual se inscriba en el
organización sindical, deberá ser publicado por registro una organización sindical, deberá ser
cuenta de esta, una sola vez, en un diario de publicado por cuenta de ésta una sola vez en
amplia circulación nacional, dentro de los diez un diario de amplia circulación nacional, dentro
(10) días siguientes a su ejecutoria. Un ejemplar de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.
del diario deberá ser depositado dentro de los Un ejemplar del diario deberá ser depositado
cinco (5) días hábiles siguientes en el Registro dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
Sindical, a cargo del Grupo de Archivo Sindical en el registro sindical del Ministerio del Trabajo
de este Ministerio. y Seguridad Social.
42. Como se advierte de los artículos en comento, el Ministerio del Trabajo se limitó
a transcribir lo establecido por el legislador, solo con algunas modificaciones en la
puntuación del texto, es decir que mantuvo iguales exigencias y términos para su
cumplimiento. Asimismo, se advierte que la única modificación fue la precisión de la
dependencia de la entidad que funcionalmente le correspondía adelantar dicho
procedimiento sin que esto pueda entenderse como una decisión que modifique o
defina la situación jurídica de sus destinatarios, por lo que el artículo 7 solo
reproduce lo dispuesto previamente por el legislador.
22
Modificado por el artículo 47 de la Ley 50 de 1990.
16
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Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
2.3.1.5. Artículo 9 de la Resolución 000818 de 2014
43. A través del artículo 9, la entidad demandada se refirió a la « inexistencia de control
previo» en el trámite del registro de las organizaciones sindicales y el depósito de la
modificación de los estatutos sindicales, de la siguiente forma:
Resolución 000818 de 2014 Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 9. Inexistencia de control previo por Artículo 37023. Validez de la modificación.
parte de las autoridades administrativas del <apartes tachados inexequibles. artículo
trabajo. Los funcionarios de este Ministerio no condicionalmente exequible. Ninguna
efectuarán control previo respecto de las actas modificación de los estatutos sindicales tiene
de asamblea de constitución de las validez ni comenzará a regir, mientras no se
organizaciones sindicales, ni sobre el contenido efectúe su depósito por parte de la organización
de las solicitudes de reforma de estatutos o de sindical, ante el Ministerio del Trabajo y
juntas directivas y por tanto, no se realizarán Seguridad Social.
observaciones ni solicitudes de modificación.
En los casos en que se evidencie la existencia
de alguna de las causales para negar la
inscripción, se debe dejar la anotación
respectiva dentro de los formatos de depósito,
sin emitir juicios de valor sobre los documentos
entregados por los peticionarios.
44. En relación con estas disposiciones, se precisa que la Corte Constitucional en
sentencia C-465 de 2008 declaró la exequibilidad del artículo 370 del CST « en el
entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple
exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección
Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma». Lo anterior, por
cuanto:
«el Ministerio de la Protección Social ya no puede negar la inscripción en el registro de
las modificaciones de los estatutos de las organizaciones sindicales que sean
depositadas ante él. Si la obligación del sindicato es simplemente la de “depositar” la
modificación de los estatutos ante el Ministerio lo que implica también depositar los
documentos que acrediten que la modificación se realizó de acuerdo con las exigencias
legales -, el Ministerio no puede entrar a juzgar si esas enmiendas se ajustan a la
Constitución o a la ley. De esta manera, si el Ministerio considera que las reformas
introducidas son inconstitucionales o ilegales tendrá que acudir a la jurisdicción laboral
para que así lo declare»
45. Asimismo, en relación con los cambios en las juntas directivas, en la mencionada
decisión judicial se precisó:
23
Modificado por el artículo 5 de la Ley 584 de 2000.
17
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
«La exigencia de informar al Ministerio de la Protección Social y a los empleadores
acerca de los cambios efectuados en las juntas directivas de los sindicatos tiene por fin
dar publicidad a las decisiones tomadas dentro de la organización, de tal manera
que ellas sean oponibles ante terceros y que los actos que realicen esos dirigentes
puedan obligar al sindicato. La comunicación no es un requisito de validez sino de
oponibilidad ante terceros.
[…]
Las modificaciones en la junta directiva, en virtud del principio de autonomía sindical,
deben tener efecto inmediato en relación con el sindicato, pero respecto de los
empleadores y el Gobierno los cambios tienen efectos a partir del momento en que el
sindicato les informe sobre ellos, y puesto que el depósito de la comunicación respectiva
en el Ministerio cumple con el requisito de publicidad sobre esas modificaciones, ha de
entenderse que a partir de ella los cambios en la junta directiva son oponibles a los
terceros. En el caso de los empleadores y el Gobierno es fundamental la determinación
acerca del momento en que adquieren eficacia los cambios para establecer cuáles son
los trabajadores amparados por el fuero sindical, protección foral que, desde la
perspectiva del derecho constitucional de asociación y libertad sindical, opera desde que
se efectúa la primera notificación, por cuanto en el caso de que el primer notificado
hubiere sido el empleador éste adquiere desde el mismo momento de la comunicación
la obligación de respetar el fuero sindical de los nuevos dirigentes, y en el caso de que
el primer notificado hubiera sido el Ministerio, éste adquiere la obligación de comunicar
inmediatamente al empleador sobre la designación realizada.»
46. Así las cosas, si bien la cartera ministerial no transcribió el artículo 370 del CST,
sí reprodujo [con una redacción diferente] la interpretación, alcance y precisión que
frente a este estableció la Corte Constitucional. Por lo que, para esta Subsección es
claro que el artículo 9 del acto demandado reprodujo esa disposición legal, en tanto,
es esa interpretación la que mantiene su vigencia en el ordenamiento jurídico.
47. De otra parte, se precisa que la « inexistencia de control previo» de las actas de
constitución de las organizaciones sindicales es el cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 39 de la Constitución, según el cual « [l]os trabajadores y
empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del
Estado», así como de la prohibición prevista en el artículo 2 del Convenio 87 de la
OIT24, según el cual «[l]Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes».
48. Así las cosas, para esta Subsección, el artículo 9 de la resolución objeto de
revisión no contiene la manifestación de la voluntad de la autoridad que lo expidió,
sino que se limitó a reproducir mandatos superiores contenidos en el bloque jurídico
que de manera previa regulaba el trámite de registro e inscripción de las
24
18
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
organizaciones sindicales y que, valga decir, surtía efectos jurídicos desde antes de
la expedición de esta.
2.3.1.6. Artículo 11 de la Resolución 000818 de 2014
49. En el artículo 11 de la Resolución 000818 señaló lo relacionado con la notificación
en los cambios de las directivas sindicales, así:
Resolución 000818 de 2014 Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 11. Registro de directivas sindicales. Artículo 371. Cambios en la junta directiva.
Para efecto de la notificación de constitución de Cualquier cambio, total o parcial, en la Junta
un sindicato o de los cambios totales o parciales Directiva de un sindicato debe ser comunicado
en las juntas directivas, subdirectivas o comités en los mismos términos indicados en el artículo
seccionales, en las respectivas comunicaciones 363. Mientras no se llene este requisito el
al empleador y al inspector del trabajo o alcalde, cambio no surte ningún efecto.
el sindicato debe constatar y manifestar
expresamente, que quienes harán parte de las Artículo 36325. Notificación. Una vez realizada
mencionadas juntas o comités no ocupan la asamblea de constitución, el sindicato de
cargos directivos o de representación en otros trabajadores comunicará por escrito al
sindicatos. Se exceptúan los cargos directivos o respectivo empleador y al inspector del trabajo,
de representación en federaciones y y en su defecto, al alcalde del lugar, la
confederaciones. constitución del sindicato, con la declaración de
los nombres e identificación de cada uno de los
fundadores. El inspector o alcalde a su vez,
pasarán igual comunicación al empleador
inmediatamente.
Artículo 38926. Empleados directivos. No
pueden formar parte de la junta directiva de un
sindicato, ni ser designados funcionarios del
mismo, los afiliados que representen al
empleador frente a sus trabajadores, ni los altos
empleados directivos de las empresas. Es nula
la elección que recaiga en uno de tales
afiliados, y el que, debidamente electo, entre
después a desempeñar alguno de los empleos
referidos, dejará ipso facto vacante su cargo
sindical.
50. En cuanto a los apartes transcritos se evidencia que el artículo 11 se limitó a
reiterar el procedimiento que los artículos 363 y 371 del CST establecen en aquellos
casos en los que se modifica la integración de las juntas directivas de las
organizaciones. Lo cual armonizó con la prohibición establecida en el artículo 389
de ese estatuto.
25
Modificado por el artículo 43 del Ley 50 de 1990.
26
Modificado por el artículo 53 de la Ley 50 de 1990.
19
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
51. Adicionalmente, se advierte que en relación con los cambios de las subdirectivas
y comités seccionales, el artículo en comento replicó lo dispuesto en el artículo 2
del Decreto 1194 de 1994, a través del cual presidente de la República dispuso « [l]os
cambios, totales o parciales, de las juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales
de las organizaciones sindicales, serán inscritos en el registro que para tales efectos lleve
el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social».
52. En orden con lo anterior, la entidad demandada solo replicó el trámite establecido
por el legislador, sin que se advierta que en este artículo se haya incluido decisión
alguna que pueda afectar los derechos de los destinatarios de esta, puesto que se
limitó a reiterar lo establecido por el legislador.
2.3.1.7. Artículos 1, 2, 5 y 10 de la Resolución 000818 de 2014
53. En relación con los artículos 1, 2, 5 y 10 de la Resolución 000818 de 2014 se
advierte que en estos se estableció: i) el objeto del acto, según el cual es
«reglamentar el procedimiento interno del registro sindical»; ii) la definición del registro
sindical; iii) los formatos que debían ser utilizados para el registro de las
organizaciones y iv) que el registro de las novedades presentadas en las asambleas
de las organizaciones sindicales se debería efectuar en el Grupo de Archivo Sindical
del Ministerio del Trabajo.
54. Al respecto, en los artículos en comento el Ministerio del Trabajo estableció
directrices tendientes a establecer el trámite interno para el registro sindical y la
dependencia funcional que se encargaría de este, sin que estos produzcan efectos
externos o impacten el ordenamiento jurídico puesto que se mantiene como una
orientación interna de la administración con el objeto de orientar el desarrollo de
esta competencia administrativa, por lo que no contienen un acto administrativo que
pueda ser objeto de control por parte de esta jurisdicción pues no modificó o afectó
los derechos de quienes puedan tener interés.
55. 2.3.1.8. De acuerdo con el análisis de los artículos que integran la Resolución
000818 de 2014 proferida por el Ministerio del Trabajo, esta Subsección advierte
que en esta, la cartera ministerial se limitó a reproducir las disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo a través de las cuales el legislador estableció el trámite para
efectos del registro sindical de las organizaciones sindicales, sin que en aquellos se
advierta una disposición diferente que reglamente las disposiciones legales y que
tenga efectos jurídicos en los destinatarios de estas.
56. En consonancia, el acto demandado no es un acto administrativo puesto que,
como se explicó en el marco normativo de esta providencia este: i) no contiene una
20
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
declaración unilateral de la voluntad de la autoridad administrativa, sino que se limitó
a reproducir lo dispuesto por el legislador y ii) no produjo efectos jurídicos ni de
carácter general ni particular, puesto que no modificó, creó o definió la situación
jurídica de los destinatarios de las disposiciones, esto es así, por cuanto aquellos
no vieron alterada la situación jurídica de la que eran beneficiarios antes de la
expedición de la mencionada Resolución 000818.
57. Lo anterior se encuentra en línea con el objeto de la resolución, según la cual,
era reglamentar «el trámite interno del registro sindical», sin que se encuentre que con
esta se desconociera lo dispuesto por la norma de orden legal o se efectuara una
interpretación contraria, sino que, al contrario, prácticamente se limitó a reproducirla
y a establecer líneas de acción en la entidad sin que esta extendiera sus efectos a
los usuarios de la administración.
58. En suma, la Resolución 000818 de 2014 en tanto no produjo efectos jurídicos
externos y se limitó a reproducir lo previamente establecido por el legislador, no
tiene la naturaleza de acto administrativo por lo que no es susceptible de control por
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Por lo que se declarará la probada
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto se demandó un acto
que no era susceptible de control judicial y como consecuencia esta Subsección se
declarará inhibida para emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución
demandada.
2.4. Costas
59. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto.
2.6. Conclusión
60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la Resolución 000818 de
2014 no tiene la naturaleza de acto administrativo por lo que no es susceptible de
control por parte de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Así las cosas,
se declarará probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto
se demandó un acto que no es susceptible de control judicial y como consecuencia
esta Subsección se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento sobre la
legalidad de la resolución demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez
F A L L A:
Primero. Declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
presentada por Jairo Benjamín Villegas Arbeláez en contra de la Resolución 000810
del 3 de marzo de 2014 y, como consecuencia, inhibida esta Sala para emitir un
pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución demandada.
Segundo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
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