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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00055-00

Fecha
23 de mayo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00055-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral de Yopal, el 29 de noviembre de 2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 85001-33-33- 002-2012-00075, al configurarse la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Segundo: Infirmar la sentencia referida. En consecuencia, se dispone: Denegar las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo expuesto ut supra. 29 El abogado no reporta antecedentes disciplinarios, tal como se advierte en la certificación de la Comisión Nacional de Disciplina consultada el 21 de abril de 2022. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/ 30 Tal como consta en el índice 39 del programa informático SAMAI. 22 Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019) Demandante: UGPP Tercero: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión. Cuarto: Reconocer personería a LEGAL ASSISTANCE GROUP SAS, representada legalmente por Cristian Felipe Muñoz Ospina 31, en los términos y para los efectos del poder conferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Quinto: Sin condena en costas. Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al Juzgado de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00055-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

23 de mayo de 2022

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00055-00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00055-00 (0177-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
UGPP
Demandado: JULIO ROBERTO GAITÁN GÓMEZ

Temas: Causal de revisión artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de
2003. Reintegro de aportes al sistema de seguridad social, pensión
gracia.

SENTENCIA DE REVISIÓN
O-028-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 29 de noviembre de 2013
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor
Julio Roberto Gaitán Gómez contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social
EICE, con radicado 85001-33-33-002-2012-00075.

ANTECEDENTES

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El señor Julio Roberto Gaitán Gómez, por intermedio de apoderado y en ejercicio
de la acción consagrada en el artículo 138 del CCA, demandó1 la nulidad parcial de
la Resolución 20051 del 15 de mayo de 20072, mediante la cual la Caja Nacional de
Previsión Social EICE reconoció en su favor una pensión gracia, descontándole de
sus mesadas el 12% por concepto de aporte a salud.

1 Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho obrante en folios 2 a 4 del cuad. ppal del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
2
Obrante en folios 65 y 66 del cuaderno principal.

2

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicitó
condenar a la entidad demandada a: i) reintegrar y dejar de descontar de cada
mesada pensional el monto equivalente al 12% de los descuentos que le han
efectuado por concepto de salud a su pensión gracia, ii) reconocer y pagar las
sumas que dejó de percibir por la aplicación del descuento del 12% para Seguridad
Social en Salud de su pensión gracia, las cuales serán actualizadas de conformidad
con lo previsto en el inciso final del artículo 187 del CCA, y se reajuste su valor
desde que se hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria del correspondiente
fallo, iii) que se condene en costas a la demandada, iv) que se dé cumplimiento a
la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 ibidem.

Como normas vulneradas invocó los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 58 de la
Constitución Política; las Leyes 114 de 1913, 6.ª de 1945, 4.ª de 1966, 33 de 1985,
91 de 1989, 100 de 1993, 60 de 1993, 115 de 1994, 715 de 2001 y 812 de 2003,
así como el Decreto 2277 de 1979 y los Actos Legislativos 01 de 2001 y 01 de 2005.

Como concepto de violación, expuso que el acto objeto de demanda adolece de
nulidad por haber sido expedido con violación de la ley. Explicó que la entidad
ordenó un descuento que no está autorizado en las normas que regulan la pensión
gracia ni en el régimen especial aplicable al personal docente, esto es, la Ley 91 de
1989. Agregó que, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de su ámbito a
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Sistema
Integral de Seguridad Social creado por tal norma. Por lo tanto, no pueden
atenderse en su caso las disposiciones relativas a los aportes aplicables a quienes
se rigen por dicha ley.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3

CAJANAL se opuso a las pretensiones de la demanda. Arguyó que tanto la Ley 100
de 1993 como la Ley 812 de 2003 ordenan que de la mesada pensional debe
descontarse un 12% por concepto de aportes en salud, sin prever ninguna
excepción a los beneficiarios de la pensión gracia. Bajo esa misma línea, destacó
que, en virtud de los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad, los
docentes que perciben la referida prestación no están exentos de efectuar los
aportes por concepto de salud.

Recordó que, tal como lo prevé el artículo 280 de la Ley 100 de 1993, los aportes
para los fondos de solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados
en los artículos 27 y 204 de la citada ley serán obligatorios en todos los casos y sin
excepciones.

A continuación, formuló las siguientes excepciones:

3
Folios 34 a 39 del cuaderno 3.

3

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

• «Indebida conformación o integración del contradictorio por pasiva»: Aseveró que
no se integró en debida forma el contradictorio, pues, en su concepto, debió
vincularse como litisconsorte necesario al FOSYGA, habida cuenta de que allí es
donde se trasladan los recursos, según lo previsto en el artículo 14, inciso 2 del
Decreto 1703 de 2002. De ahí que, de ser el caso, el llamado a efectuar la
devolución de los aportes es dicha entidad, al tiempo que la demandada solo tendría
que abstenerse de continuar efectuando los descuentos.

• «Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido»: Sobre este punto, explicó
que los aportes a salud deducidos nunca entran al patrimonio de la demandada ni
hacen parte de los recursos administrados por ella, comoquiera que son trasladados
directamente al FOSYGA. Estimó que al no efectuar los respectivos descuentos por
concepto de aportes a salud se afecta el fondo público en detrimento de miles de
pensionados.

• «Ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de agotamiento de la vía
gubernativa o de reclamación administrativa»: Aseguró que el pensionado no agotó la
vía administrativa previo a la presentación de la demanda, impidiéndose con ello
que la entidad efectuara un pronunciamiento sobre lo que hoy es objeto de
pretensión.

• «Inexistencia de acto administrativo demandable»: En relación con esta expuso
los mismos argumentos descritos en la excepción anterior.

• «Prescripción»: Solicitó que, en caso de acceder a las pretensiones de la
demanda, declare la prescripción trienal de las sumas no reclamadas en tiempo.

• «Innominada»: Pidió declarar, de oficio, cualquier excepción que resulte
probada durante el proceso.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN4

El Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral de Yopal, el 29 de noviembre de
2013, dictó sentencia en la que declaró la nulidad parcial del acto administrativo
demandado; condenó a la entidad a devolver los descuentos efectuados por
concepto de salud de la pensión gracia del señor Julio Roberto Gaitán Gómez;
declaró la prescripción trienal de los descuentos realizados con anterioridad al 21
de septiembre de 2009 y negó las demás pretensiones de la demanda. Las
consideraciones que sirvieron de fundamento fueron las siguientes:

Para comenzar, recordó que las excepciones previas propuestas por la parte
demandada fueron resueltas en la audiencia inicial y aquellas denominadas de
mérito serían abordadas al momento de resolver el fondo del asunto.

4
Folios 205 a 275 del cuaderno principal.

4

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

Luego, expuso que la pensión gracia tiene una naturaleza especial, y que se
encuentra regulada por las disposiciones contenidas en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989. De igual manera, indicó que según los Decretos
806 de 1998 y 1703 de 2002 toda persona con capacidad de pago deberá afiliarse
al régimen contributivo mediante el pago de una cotización o aporte económico.

Con fundamento en lo anterior, destacó que, en su criterio, no es dable impedir los
descuentos por aportes en salud y menos la restitución de las sumas deducidas por
dicho concepto. Explicó que, los docentes, por la pensión ordinaria de jubilación,
deberán cotizar al sistema de salud del FOMAG, en tanto que por la pensión gracia
lo harán a través del FOSYGA. Sin embargo, dado que el Tribunal Administrativo
del Casanare, en asuntos de similares características al caso bajo estudio5, ha
accedido a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no existe
normativa expresa que consagre la viabilidad de efectuar los descuentos por
concepto de salud en pensiones gracia, ya que es un régimen carente de
reglamentación, acogió dicha posición con el fin de acatar el precedente vertical.

Finalmente, declaró probada la prescripción de los descuentos realizados con
anterioridad al 21 de septiembre de 2009, comoquiera que la demanda se interpuso
el 21 de septiembre de 2012.

ACCIÓN DE REVISIÓN6

La UGPP presentó acción de revisión con fundamento en el artículo 20, literales a.)
y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso », y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó: (i) «Revocar» la sentencia
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Oral de Yopal el 29 de
noviembre de 2013, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
bajo el radicado 85001-33-33-002-2012-00075; (ii) declarar que al demandado no
le asiste el derecho a que se suspendan los descuentos efectuados por concepto
de aportes en salud; (iii) declarar la nulidad de la Resolución RDP 006192 del 21 de
febrero de 2014 mediante la cual la UGPP dio estricto cumplimiento al fallo proferido
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Oral de Yopal; (iv) condenar al
señor Julio Roberto Gaitán Gómez a reintegrar los valores correspondientes al
aporte de salud a partir del 21 de septiembre de 2009 y (v) condenar al pensionado
a pagar las costas procesales.

Para fundamentar la demanda, expuso lo siguiente:

5
Sentencia del 7 de julio de 2011. M.P. Néstor Trujillo. Exp. 2009-00108.
6
Folios 24 a 35 del cuad. ppal. Subsanación de la demanda folios 164 a 167 del cuad. ppal.

5

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

Estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión contraría los
artículos 13, 48, 53, 83, 95 y 128 de la Constitución Política; 1 y 4 de la Ley 114 de
1913, 6 de la Ley 116 de 1928, 7 de la Ley 4 de 1976, la Ley 91 de 1989; 143 de la
Ley 100 de 1993, 14 del Decreto 1703 de 2002 y 81 de la Ley 812 de 2003.

Consideró que se vulneró el debido proceso dada la falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto de la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación
(hoy UGPP), ya que esta entidad no era la destinataria ni depositaria de los recursos
que se recaudaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Más adelante, en relación con la improcedencia del reembolso de los descuentos a
salud de la pensión gracia, hizo referencia a la sentencia T-546 de 2014 proferida
por la Corte Constitucional. Con base en ella, sostuvo que la orden judicial objeto
de reproche desconoce (i) que incluso antes de la Ley 100 de 1993 los pensionados
de Cajanal contribuían con el 5% de su mesada pensional para financiar los
servicios de salud, por mandato del artículo 2 de la Ley 4 de 1966; (ii) que al entrar
en vigencia aquella norma se estableció de manera general una tasa inicial de
cotización del 12% y (iii) que para evitar la pérdida de poder adquisitivo que sufrirían
las pensiones reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1994 en razón a ese
incremento en la tasa de cotización, el artículo 143 de la citada Ley 100 de 1993
concedió un reajuste mensual de las mesadas en la misma proporción.

En tal virtud, afirmó que el aporte al régimen contributivo, actualmente fijado en un
12.5% por el artículo 204 de la citada ley, modificado por el artículo 10 de la Ley
1122 de 2007, debe efectuarse a los docentes beneficiarios de la pensión gracia
porque estos no hacen parte de la excepción que prevé el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, aunque en principio pueda generarse la apariencia de que sí lo son.

Por lo anterior, en su concepto, mantener la decisión objeto de revisión trasgrede la
normativa que rige la prestación y los descuentos por aportes a salud.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN

El señor Julio Roberto Gaitán Gómez no contestó la acción de revisión tal como
consta en el auto del 25 de junio de 2021, emitido por el despacho sustanciador.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala, en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos extraordinarios de
revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales
administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado
según la materia.

6

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 20197.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación. […]». (Se subraya)

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la norma en cita no restringe la
posibilidad de revisar las sentencias de única, primera o segunda instancia en las
que se reconozcan sumas periódicas o pensiones, con cargo al erario. En otras
palabras, pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a un fondo
de similar naturaleza la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza indistintamente de la instancia en que fueron proferidas,
comoquiera que la ley de forma expresa le atribuyó su conocimiento al Consejo de
Estado y a la Corte Suprema de Justicia, según las materias sometidas a su
competencia8.

En consecuencia, esta Subsección es competente para conocer de la acción de
revisión formulada por la UGPP.

Legitimación

Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias
judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la
sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo
7
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
8
Bajo este mismo criterio la Subsección ha conocido la acción de revisión con el fin de que se
infirmen sentencias proferidas por juzgados administrativos, para el efecto puede consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicación:
11001-03-25-000-2014-01347-00 (4377-2014), demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021, radicación:
11001-03-25-000-2017-00264-00 (1310-2017), demandante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Si bien la Ley 2080 de 2020 en el artículo 68, radicó en los Tribunales Administrativos la competencia
para conocer de las acciones de revisión interpuestas contra sentencias de los juzgados
administrativos, lo cierto es que el presente proceso ingresó antes de la entrada en vigor de aquella
normativa.

7

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho,
en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a
cargo Cajanal.»

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sus Salas
Especiales de Decisión9, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social está habilitada para adelantar esta clase de procesos.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la
UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo nivel que hayan tenido a su cargo el
reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se
decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión
Social EICE.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que
estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto
dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones
asumidas por ese organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió
la legitimación como demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que
comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró
terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
Adicionalmente, el Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la
competencia para iniciar acciones de esta naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación
de la acción de revisión.

Oportunidad

En el presente asunto se advierte que la sentencia objeto de revisión fue proferida
el 29 de noviembre de 2013 por el Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral
de Yopal. La providencia quedó ejecutoriada el día 16 de diciembre del mismo año10.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 251 del CPACA previó cinco años
para promover la acción de revisión, es viable concluir que como la demanda se
presentó el 6 de mayo de 201611, aquella se encuentra en tiempo.

9
Ibidem.
10
Folio 39 del cuad. ppal.
11
Folio 24 del cuad. ppal.

8

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

La acción de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 12 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»13.

Es de resaltar que si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo
cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre
los cuales se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción
y conciliación14.

12
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.».
13
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia
C-835 de 2003.
14
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.

9

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional, por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones15.

• Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a
reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito
de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira16.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció
con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 17.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 29 de noviembre de 2013, proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral de Yopal, por haber condenado a la
UGPP a la devolución de los dineros que descontó de la pensión gracia del señor
Julio Roberto Gaitán Gómez por concepto de aportes a salud?

2. ¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 en la sentencia del 29 de noviembre de 2013, proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral de Yopal, al considerar que sobre
la pensión gracia no proceden las deducciones de cotizaciones a salud en
porcentaje del 12%?

15
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.°
4, sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV).
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.°
25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.

10

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

Primer problema jurídico

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 en la sentencia del 29 de noviembre de 2013, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo, Sistema Oral de Yopal, por haber condenado a la UGPP a
la devolución de los dineros que descontó de la pensión gracia del señor Julio
Roberto Gaitán Gómez por concepto de aportes a salud?

Análisis de la configuración de la causal de revisión prevista en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La parte demandante consideró que se presentaba esta causal en la medida en
que, al no ser la destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudaban para
el Sistema de Seguridad Social en Salud, carecía de legitimación en la causa por
pasiva en lo relativo a la orden de devolución del dinero que ya se había deducido
de la pensión gracia. A su juicio, ello comporta el desconocimiento del derecho al
debido proceso.

En ese sentido, la Sala se ocupará, en primer lugar, de establecer si, en efecto, la
UGPP (antes CAJANAL EICE) carecía de legitimación en la causa por pasiva y, de
resultar procedente, analizará si dicha circunstancia puede ser violatoria del
derecho en cuestión.

Sobre la falta de legitimación en la causa, la corporación ha sostenido que se trata
de una figura que puede ser abordada desde dos perspectivas, una de hecho y otra,
material. La primera de ellas se establece en virtud de la relación procesal que se
teje entre demandante y demandado con ocasión de la mera atribución que el
primero de ellos formula en contra del segundo a través de la pretensión procesal y
de su vinculación al proceso cuando se traba la litis. Por su parte, la legitimación
material en la causa se refiere a quienes tienen, de un lado, la titularidad del derecho
y, de otro, la titularidad de la obligación, es decir, a quienes verdaderamente
corresponde asumir la condición de partes dentro del proceso por ser los que, en
realidad, ostentan la calidad para exigir lo que reclaman y para negarlo.

A efectos de emitir un pronunciamiento sobre el particular, lo primero que ha de
tenerse en cuenta es que lo pretendido en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho fue la supresión del descuento que para salud dispuso efectuar la Caja
Nacional de Previsión Social EICE en liquidación sobre las mesadas de la pensión
gracia y la devolución de valores que ya le habían sido retenidos por tal concepto.

Por ahora, basta mencionar brevemente que dicha entidad realizó los referidos
descuentos con apoyo en los artículos 157, 202, 203, 204 y 279 de la Ley 100 de
1993, normas que, con independencia de la legalidad o no de la práctica de esta
deducción en el caso concreto, cuestión que será abordada en el siguiente problema
jurídico, les asignaban a las administradoras de pensiones, como pagadoras de tal
prestación, la competencia para realizarlo. En el caso particular de Cajanal, el

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Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

artículo 2, numeral 5, del Decreto 65 de 2004 le atribuyó la función de «[…] Efectuar
el recaudo de las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, en los términos establecidos
por la ley […]».

Es cierto que, aunque la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación
efectuaba las deducciones en comento, no era la receptora final de dichos recursos
económicos ya que aquellos, al hacer parte del Sistema de Seguridad Social en
Salud, debían ser girados al Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, donde se
le imprimiría la destinación adecuada. Así lo dispone el artículo 14, inciso 2, del
Decreto 1703 de 2002, en los siguientes términos:

«[…] Artículo 14. Régimen de excepción. Para efecto de evitar el pago doble de
cobertura y la desviación de recursos, las personas que se encuentren
excepcionadas por ley para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, no podrán utilizar simultáneamente los servicios del Régimen de
Excepción y del Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizantes
o beneficiarios.

Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen de excepción
tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté
obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, su
empleador o administrador de pensiones deberá efectuar la respectiva
cotización al Fosyga en los formularios que para tal efecto defina el
Ministerio de Salud. Los servicios asistenciales serán prestados,
exclusivamente a través del régimen de excepción; las prestaciones
económicas a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, serán
cubiertas por el Fosyga en proporción al Ingreso Base de cotización sobre el
cual se realizaron los respectivos aportes. Para tal efecto el empleador hará los
trámites respectivos.» (Negrillas de la Sala).

Establecido lo anterior, la Sala concluye que no es de recibo el argumento de la hoy
demandante en revisión, quien en el proceso primigenio se encontraba legitimada
en la causa por pasiva no solo de hecho, al haberse dirigido en su contra la demanda
ordinaria, sino también materialmente.

Esta última legitimación no logra desvirtuarse por el hecho de que el dinero
correspondiente a los aportes de salud debiera ser trasladado al Fondo de
Solidaridad y Garantía (hoy ADRES), pues, en cualquier caso, quien tomó la
decisión de efectuar los descuentos que el Juzgado Segundo Administrativo,
Sistema Oral de Yopal, consideró no ajustados a derecho en la sentencia objeto de
revisión fue la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación (hoy UGPP).

En ese orden de ideas, no resulta razonable que la demandante en revisión hubiere
alegado falta de legitimación en la causa por pasiva para cumplir la orden de
devolución de los valores que dedujo de la pensión gracia del señor Julio Roberto
Gaitán Gómez.

Luego, sería una afrenta a la proporcionalidad imponerle al pensionado la carga de
reclamar ante el FOSYGA el reintegro del dinero que, a juicio del a quo, le fue

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Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

descontado de sus mesadas sin justificación jurídica por la Caja Nacional de
Previsión Social EICE en liquidación, a quien, en virtud de la sentencia objeto del
actual recurso, le correspondía proceder con la devolución ordenada para, en un
segundo momento, iniciar un trámite administrativo ante el FOSYGA tendiente a la
devolución de tales recursos.

Conclusión: No se configura la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en la sentencia impugnada en vía extraordinaria, toda vez que la
falta de legitimación en la causa por pasiva que la hoy demandante acusó como
violatoria del derecho al debido proceso no se presentó.

Segundo problema jurídico

¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 en la sentencia del 29 de noviembre de 2013, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito, Sistema Oral de Yopal, al considerar que sobre
la pensión gracia no proceden las deducciones de cotizaciones a salud en
porcentaje del 12%?

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, así:

«[…] Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas […] b) Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]».

En la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797
de 2003 se observa que aquella obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para
todos los ciudadanos […]»18. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta
norma y en particular del artículo 20 ibidem estaba el de reducir el déficit fiscal y
hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo
debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales
de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca dentro
de tales parámetros, pues lo que se ha de dilucidar es si sobre la pensión gracia a
que tiene derecho el señor Julio Roberto Gaitán Gómez debe practicarse el

18
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

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Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

descuento para salud propio del Sistema General de Seguridad Social en el
porcentaje que consagra la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, si la mesada que se
le paga mensualmente debe verse reducida en la misma proporción de dicho aporte
a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera de aquel.

• La pensión gracia como prestación sujeta a descuentos en salud

El propósito que pretendió satisfacer el legislador con la consagración de la pensión
gracia fue el de compensar el poder adquisitivo de los maestros de primaria del
sector oficial vinculados a entidades territoriales, cuya remuneración era baja con
relación a la de los educadores del nivel nacional, debido a la escasez de recursos
de los departamentos y municipios para cumplir con las obligaciones laborales a su
cargo. Ello permitió que, de manera simultánea, se pudiera ser acreedor de la
pensión de jubilación territorial (pensión ordinaria) y de la nacional (pensión gracia),
sin que en ningún escenario ambas prestaciones pudieran provenir de recursos
nacionales.

En principio, el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 concedió esta prestación económica
para los maestros de las escuelas de primaria oficiales, pero luego se ampliaría
dicho beneficio a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y
a los inspectores de instrucción pública atendiendo a las condiciones definidas en
la Ley 116 de 1928. Tiempo después, de conformidad con la Ley 37 de 1933, los
maestros de escuela que completaran el tiempo de servicio legalmente exigido en
establecimientos de enseñanza secundaria también podrían hacerse beneficiarios
de dicha prestación.

Con posterioridad, el servicio de educación oficial de primaria y secundaria que
estaba siendo prestado y financiado por los departamentos y municipios pasó a
redefinirse como un servicio público a cargo de la Nación, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 43 de 1975. Esta última introdujo un proceso gradual de nacionalización
que culminó el 31 de diciembre de 1980 y que tenía como propósito equiparar las
condiciones salariales y prestacionales entre los educadores del nivel territorial y los
del nivel nacional.

El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, además de restringir el
reconocimiento del derecho a la pensión gracia a aquellos docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980, consagró expresamente la compatibilidad de esta
prestación con la pensión ordinaria de jubilación, así:

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la nación […]».

14

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Demandante: UGPP

Como puede advertirse, la norma en cuestión exceptuó la regla que impedía que la
pensión gracia y la ordinaria de jubilación fueran ambas de carácter nacional, lo que
se permitió única y exclusivamente respecto de los docentes departamentales y
municipales que, a 31 de diciembre de 1980, quedaron comprendidos en el proceso
de nacionalización que implantó la Ley 43 de 1975 19. En similar sentido, el artículo
6 de la Ley 60 de 1993 dispuso:

«[…] El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial […]».

De otro lado, es preciso señalar que el reconocimiento de esta prestación
económica estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 81 de 1976; en el artículo 15, numeral 2, literal a), de
la Ley 91 de 198920 y, en el 279 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 221. Como quedó
explicado, en la actualidad la pensión gracia es asumida por la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Con la expedición de la Ley 4 de 1966 los aportes para financiar los servicios de
salud se hicieron obligatorios, sin excepción alguna, para todos los pensionados por
dicha caja. Así lo previó el parágrafo del artículo 2 ibidem al señalar:

«[…] Artículo 2º.- Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de
Previsión Social, cotizarán con destino a la misma así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de
afiliación, y
b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes.
Parágrafo.- Los pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por
ciento (5%) de su mesada pensional […]» (Negrillas de la Sala).

19
Sobre el alcance del numeral 2.º, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puede verse la
sentencia proferida el 26 de agosto de 1997 por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado.
20
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado
y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones: […] 2. Pensiones: A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación […]
21
Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley
no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido
por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas […] PARÁGRAFO
2o. La pensión gracia para los educadores de que trata las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933, continuará a cargo de la Caja Nacional de Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional, cuando éste sustituya a la Caja en el pago de sus obligaciones pensionales […]

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Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 impuso una tasa de cotización del 12% para financiar
el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En efecto, en su artículo 280
consagró lo siguiente:

«[…] Artículo 280. Aportes a los fondos de solidaridad. Los aportes para los
fondos de solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en
los artículos 27 y 204 de esta Ley serán obligatorios en todos los casos y sin
excepciones. Su obligatoriedad rige a partir del 1 de abril de 1994 en las
instituciones, regímenes y con respecto también a las personas que por
cualquier circunstancia gocen de excepciones totales o parciales previstas en
esta Ley.
En consecuencia, a partir del 1 de abril de 1994, el aporte en salud pasará
del 7 al 8%* y cuando se preste la cobertura familiar, el punto de cotización
para solidaridad estará incluido, en todo caso, en la cotización máxima del
12% […]» (Negrillas de la Sala).

El debate que subyace a la presente controversia radica en establecer si dicha tasa
resulta aplicable a la pensión gracia por haber sido impuesta sin distinción alguna a
todos los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud o si el régimen de
excepción que consagra el artículo 279 excluye de su aplicación a las pensiones
gracia.

La Sala es de la primera tesis referida, pues considera que el precepto en cuestión
fijó en forma general una tasa de cotización en aras de financiar el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, hipótesis que va en consonancia con los principios
de solidaridad y sostenibilidad financiera que rigen la materia.

Lo anterior en consideración a que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptúa
a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado
por la Ley 91 de 1989, de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social
previsto en aquella, excepción que debe interpretarse en modo restringido, lo que
impone entender que solo aplica en lo que se refiere a las prestaciones que asume
aquel fondo22, entre las cuales no se encuentra la pensión gracia que, como se dijo,
correspondía inicialmente a la Caja Nacional de Previsión Social y, ahora, a la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.

Al no encontrarse exceptuados los docentes de la Ley 100 de 1993 en lo que hace
a la pensión gracia, les es aplicable el artículo 157 ibidem, literal a), numeral 1, en
cuanto prevé la afiliación obligatoria de los pensionados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, así:

«[…] Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad
social en salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano
participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al
régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como
participantes vinculados.

22
Corte Constitucional, sentencia C-369 de 2004.

16

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del
régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente
Ley […]» (Negrillas de la Sala).

Asimismo, sirve de fundamento a esta posición el artículo 52 del Decreto 806 de
199823, «por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud
y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud
y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional», que en su artículo 52
dispone:

«[…] Artículo 52. Concurrencia de empleadores o de administradoras de
pensiones. Cuando una persona sea dependiente de más de un empleador o
reciba pensión de más de una administradora de pensiones, cotizará sobre la
totalidad de los ingresos con un tope máximo de veinte salarios mínimos
mensuales legales vigentes24, en una misma Entidad Promotora de Salud,
informando tal situación a los empleadores o administradoras de pensiones
correspondientes.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, la persona
responderá por el pago de las sumas que en exceso deba cancelar el Fondo de
Solidaridad y Garantía a diferentes EPS por concepto de UPC. Cuando las EPS
hayan reportado oportunamente la información de sus afiliados en los términos
establecidos en el presente decreto, no estarán obligadas a efectuar reembolso
alguno.
Parágrafo. En el formulario de afiliación deberá quedar constancia de la
concurrencia de empleadores y administradoras de pensiones […]».

En efecto, esta interpretación resulta acorde con el artículo 143 de la Ley 100 de
1993 que, en virtud del incremento en la tasa de cotización a salud que implicó su
entrada en vigor, ordenó el reajuste de las pensiones en la misma proporción, según
el siguiente texto:

«[…] Artículo 143. Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes
con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión
de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha
fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para
salud que resulte de la aplicación de la presente Ley […]».

Sobre el asunto objeto de controversia, esta corporación precisó en sentencia del
26 de enero de 2017:

23
Con excepción de sus artículos 17 al 24, 52, 65, 70, 71, 72 y 79, el Decreto 806 de 1998 fue
derogado por el artículo 89 del Decreto 2353 de 2015.
24
Hoy en día el tope alcanza los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por
disposición expresa del artículo 1, parágrafo 1, del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el
artículo 48 de la Constitución Política.

17

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

«[…] esta Sala considera que los pensionados en gracia, tienen la obligación
de efectuar los aportes a salud en cuantía del 12%, pues el artículo 143 de la
Ley 100 de 1993, unificó el aporte de las mesadas pensionales al servicio de
salud, sin tener en cuenta la clase de pensión de que sean beneficiarios; por lo
tanto, la pensión gracia no está exceptuada de cotizar a dicho sistema […]»25

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ya había fijado el mismo criterio, al
sostener que los beneficiarios de la pensión gracia están obligados por aquella ley
a aportar a salud el 12% sobre el valor de su mesada, posición que definió en las
sentencias T-359 de 2009, T-546 y T-835 de 2014 y T-581 de 2015. Al respecto,
señaló el máximo tribunal constitucional:

«[…] En conclusión, ninguna disposición normativa excluye a los regímenes de
excepción del deber de cotizar al Sistema General de Seguridad Social, por el
contrario está demostrado que a través del tiempo los beneficiarios de la
pensión gracia han estado obligados a efectuar los aportes
correspondientes al sistema de salud para la prestación de los servicios
médico asistenciales, situación que no varió con la expedición de la Ley
100 de 1993. Conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución, definido
en el literal c) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, el pago de las cotizaciones
en salud es obligatorio, independientemente de que se preste o no el servicio,
en acatamiento del principio de solidaridad que rige el sistema de Seguridad
Social en Colombia […]»26 (Negrillas de la Sala).

De lo anteriormente expuesto, se colige que al considerar que las deducciones por
concepto de aportes a salud de la pensión gracia procedían, la sentencia del 29 de
noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral
de Yopal incurrió en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

En conclusión, se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, puesto que, al disponerse que las deducciones sobre la
pensión gracia de que es titular el señor Julio Roberto Gaitán Gómez no debían
efectuarse, incurrió en la interpretación indebida de las normas aplicables en
materia de descuentos a salud, además de que la cuantía del derecho que le fue
reconocido excedió lo debido de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

Por tanto, la Sala declarará fundado el recurso interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP. En consecuencia, infirmará la providencia proferida el 29
de noviembre de 2013 por el Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral de
Yopal y, en su lugar, dictará a continuación la sentencia de reemplazo.

25
Sentencia del 26 de enero de 2017; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, radicado 63001-23-33-000-2014-00239 01; expediente 1932-15.
26
Sentencia T-581 del 4 de septiembre de 2015; Corte Constitucional, Referencia: Expediente T-
4943302.

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Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Competencia

Esta Sala es competente para proferir la sentencia de reemplazo dentro de este
asunto, en virtud de lo preceptuado en el artículo 255 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Demanda

El señor Julio Roberto Gaitán Gómez por intermedio de apoderado y en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó27 la nulidad parcial
de la Resolución 20051 del 15 de mayo de 200728, mediante el cual la Caja Nacional
de Previsión Social EICE le reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia
descontando el 12% de cada una de sus mesadas pensionales para el servicio de
salud.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicitó
condenar a la entidad demandada a: i) reintegrar y dejar de descontar de cada
mesada pensional el monto equivalente al 12% de los descuentos que le han
efectuado por concepto de salud a su pensión gracia; ii) reconocer y pagar las
sumas que dejó de percibir por la aplicación del descuento del 12% para Seguridad
Social en Salud de su pensión gracia, actualizadas de conformidad con lo previsto
en el inciso final del artículo 187 del CCA, y se reajuste su valor desde que se
hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria del correspondiente fallo; iii) que se
condene en costas a la demandada; iv) que se dé cumplimiento a la sentencia en
los términos previstos en el artículo 192 ibidem.

Como concepto de violación, expuso que el acto objeto de demanda adolece de
nulidad por violación de la ley. Explicó que la entidad ordenó un descuento que no
está autorizado en las normas que regulan la pensión gracia ni en el régimen
especial aplicable al personal docente, esto es, la Ley 91 de 1989. Agregó que, el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de su ámbito a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Sistema Integral de Seguridad
Social creado por tal norma. Por lo tanto, no pueden atenderse en su caso las
disposiciones relativas a los aportes aplicables a quienes se rigen por dicha ley.

Contestación de la demanda

CAJANAL se opuso a las pretensiones y aseveró que el acto objeto de demanda
fue proferido con observancia de las normas que le eran aplicables. Afirmó que el

27 Folios 24 a 35 del cuad. ppal. Subsanación de la demanda folios 164 a 167 del cuad. ppal.
28
Obrante en folios 65 y 66 del cuaderno principal.

19

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

demandante, como cualquier otro pensionado, está obligado a cotizar, esto es a
aportar al régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud, con base
en todos sus ingresos. Agregó que no existe norma alguna que haya excluido a los
beneficiarios de la pensión gracia de los descuentos que se deben efectuar para
efectos de salud.

Así mismo, destacó que, en virtud de los principios de solidaridad, eficiencia y
universalidad, los docentes que perciben la referida prestación no están exentos de
efectuar los aportes por concepto de salud. Seguidamente, recordó que, tal como lo
prevé el artículo 280 de la Ley 100 de 1993, los aportes para los fondos de
solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en los artículos 27
y 204 de la citada ley serán obligatorios en todos los casos y sin excepciones.

Consideraciones de la Sala de Subsección

En virtud de lo anteriormente expuesto, el problema jurídico se resume en la
siguiente pregunta:

1. ¿El señor Julio Roberto Gaitán Gómez, en condición de beneficiario de la
pensión gracia, se encuentra obligado a cotizar el 12% sobre su mesada
como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud con fundamento en
la Ley 100 de 1993?

Según lo explicado en el acápite anterior, la solución al problema jurídico planteado
debe ser positiva por las razones que brevemente se exponen en los renglones que
siguen.

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no exceptúa de la aplicación del Sistema
General de Seguridad Social a los docentes beneficiarios de la pensión gracia, ya
que el reconocimiento de la prestación corresponde a la Caja Nacional de Previsión
Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y no al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, último respecto del cual aplica el régimen exceptuado de
conformidad con el inciso 2 de la norma ejusdem.

De otro lado, el artículo 157, literal a), numeral 1, prevé que los pensionados deben
afiliarse al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud
y, por su parte, el artículo 52 del Decreto 806 de 1998 dispone que en los eventos
en que una persona reciba pensión de más de una administradora de pensiones
debe cotizar sobre todos los ingresos que percibe.

Así las cosas, al encontrarse cobijados por la Ley 100 de 1993, las mesadas de
pensiones gracia de que sean beneficiarios los docentes deben ser objeto de la tasa
de cotización general y unificada del 12% que estableció dicha norma o el que

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Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

corresponda según las disposiciones que la modifiquen, sin que sean de recibo los
argumentos expuestos por el fallador de instancia, en cuanto afirma que existe un
vacío legal en relación con los descuentos que deben realizarse a las pensiones del
régimen excepcional de pensión gracia y que, por lo tanto, no era procedente
deducción alguna por el concepto de salud.

En conclusión, sobre la pensión gracia reconocida a favor del señor Julio Roberto
Gaitán Gómez, deben realizarse los descuentos por concepto de salud, conforme a
lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican o complementan.

En consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el señor Julio Roberto Gaitán Gómez.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, se declarará fundada la acción de revisión
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP (antes Cajanal EICE),
contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral
de Yopal, el 29 de noviembre de 2013, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 85001-33-33-002-2012-00075, la cual se
infirmará. En consecuencia, se dictará decisión de remplazo para disponer:

Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en
precedencia.

Ahora, en caso de que la entidad no haya realizado el pago en comento, no será
procedente que el señor Julio Roberto Gaitán Gómez lo exija pues, como quedó
establecido en esta providencia, sobre la pensión gracia sí debe hacerse la
deducción para aportes a salud. Sin embargo, en el evento en que la entidad sí
hubiese procedido a la devolución de ese dinero, no habría lugar a ordenar que sea
reintegrado porque, a pesar de haberse solicitado su reintegro en la demanda, es
preciso entender que fue recibido de buena fe pues esta no ha sido desvirtuada,
resultando aplicable lo establecido en el numeral 1, literal c), del artículo 164 del
CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda de revisión. La norma
prevé:

«[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe […]»

Esa buena fe se presume teniendo en cuenta que fue una decisión judicial proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho la que ordenó la
devolución de las sumas retenidas de la pensión gracia por concepto de aportes a
salud.

21

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

De la condena en costas

En relación con la condena en costas, el artículo 188 ibidem dispone que «[…] Salvo
en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas […]».

En esas condiciones, la Subsección considera que el ejercicio de la acción de
revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un mecanismo de defensa de los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social. Además, se
presenta como una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. En esa medida, se ventila un interés público y, por esa razón, la Sala
considera improcedente la condena en costas en el caso analizado.

Reconocimiento de personería

Se reconocerá personería a LEGAL ASSISTANCE GROUP SAS, representada
legalmente por Cristian Felipe Muñoz Ospina29, quien se identifica con la cédula de
ciudadanía 75.096.530 de Manizales, y la tarjeta profesional 131.246 del C.S. de la
J. en los términos y para los efectos del poder conferido por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP30.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar fundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), contra la sentencia proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral de Yopal, el 29 de noviembre de
2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 85001-33-33-
002-2012-00075, al configurarse la causal consagrada en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

Segundo: Infirmar la sentencia referida. En consecuencia, se dispone:

Denegar las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo expuesto ut supra.

29
El abogado no reporta antecedentes disciplinarios, tal como se advierte en la certificación de la
Comisión Nacional de Disciplina consultada el 21 de abril de 2022. Véase:
https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/
30
Tal como consta en el índice 39 del programa informático SAMAI.

22

Radicado: 110010325000201900055 00 (0177-2019)
Demandante: UGPP

Tercero: Denegar las demás pretensiones de la acción de revisión.

Cuarto: Reconocer personería a LEGAL ASSISTANCE GROUP SAS, representada
legalmente por Cristian Felipe Muñoz Ospina 31, en los términos y para los efectos
del poder conferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Quinto: Sin condena en costas.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al Juzgado de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el programa informático SAMAI y archívese el expediente de la
acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

31
El abogado no reporta antecedentes disciplinarios, tal como se advierte en la certificación de la
Comisión Nacional de Disciplina consultada el 21 de abril de 2022. Véase:
https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/

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