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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00075-00

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00075-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la excepción de caducidad del derecho de acción que le asistía a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, para interponer la acción extraordinaria de revisión en contra de la sentencia del 18 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00075-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00075-00 (0338-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Ana Aurora Urdaneta de Aponte

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literales a) y b). Caducidad de la acción.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del 18 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió a
las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Ana Aurora Urdaneta de Aponte.

ANTECEDENTES

La UGPP, interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de
2003, contra la sentencia del 18 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, para lo cual
invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que
permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Ana Aurora Urdaneta, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Caja de Previsión
Social (CAJANAL E.I.C.E.), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución N°PAP
025787 del 16 de noviembre de 2010, mediante la cual se negó el reconocimiento
y pago del reajuste del valor de la pensión mensual vitalicia por vejez, teniendo en
cuenta la asignación mensual que en el año de 1999 fuera equivalente al 60% de
todo lo recibido por los magistrados de las Altas Cortes, al 70% en el año 2000 y al

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80% a partir del año 2001, según las ordenes proferidas dentro de las acciones de
tutela por ella presentadas previamente1.

Como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada a: i)
reliquidar la mesada pensional en el equivalente al 75% del promedio de sueldos y
demás factores que conforman la asignación mensual más alta devengada en el
último año de servicios, sin aplicar el tope limite dispuesto en el reconocimiento
inicial y en cumplimiento a lo decidido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda en providencias del 16 de abril de 2003 y 29 de
julio de 2004 y por el Consejo de Estado en sentencia del 13 de octubre de 2005 2;
ii) reconocer y cancelar las sumas debidas en forma indexada y los
correspondientes intereses moratorios.

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
Sala de Descongestión, el 18 de septiembre de 2012, profirió sentencia de primera
instancia a través de la cual accedió a las pretensiones y ordenó reliquidar la
pensión de jubilación, de conformidad con los Decretos 546 de 1971 y 610 de 1999,
esto es, en un monto equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada
que hubiere devengado en el último año de servicio, con inclusión de todos los
factores salariales recibidos en dicho lapso, sin limitación de cuantía o monto de la
prestación.

La anterior decisión fue notificada por edicto el 18 de septiembre de 2012, el cual
fue desfijado el 27 de septiembre del mismo año. La parte demandada interpuso
recurso de apelación, el cual fue denegado por extemporáneo el 18 de enero de
2013 y confirmado mediante autos del 3 de mayo de 2013 y 9 de septiembre de
2014, que resolvieron los recursos de reposición y queja, respectivamente.

La UGPP dio cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la Resolución N°RDP 031728 de 31 de julio de 2015.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia del 18 de septiembre de 2012, declaró la nulidad del acto demandado y
ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Ana Aurora Urdaneta de

1 Por medio de la sentencia del 11 de diciembre de 2002, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Civil de
Decisión, modificó el fallo de tutela proferido 4 de octubre de 2002 el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito
de Bogotá que ordenó reliquidar la pensión de quien es hoy demandada, en el sentido de indicar que el amparo
otorgado se concedía tan solo como mecanismo transitorio, previendo a la accionante que, debía promover el
respectivo medio ante la jurisdicción contencioso- administrativa. Explicó que dentro del sub- examine quedó
probado que la señora Ana Aurora Urdaneta de Aponte es beneficiaria del régimen especial para los
funcionarios de la Rama Judicial y Ministerio Público, a saber, el contenido en el Decreto 546 de 1971, por lo
que ordenó la reliquidación de su pensión en los términos allí descritos.
2 A través de la cual se confirmó la sentencia del 29 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca por medio de la cual se ordenó a CAJANAL reliquidar la pensión de jubilación para que se le
incluyera en la misma lo recibido por bonificación por servicios prestados, primas de servicios, de vacaciones y
de navidad.

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Aponte, a partir del 29 de diciembre de 2001, en un monto equivalente al 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio, con inclusión de todos los factores salariales recibidos en dicho lapso, sin
limitación de cuantía.

Igualmente ordenó incluir el reajuste reconocido a través de la sentencia del 19 de
abril de 2001, proferida por el mismo Tribunal y confirmada por el Consejo de Estado
en providencia del 4 de diciembre de 2007, es decir, la bonificación por
compensación en una proporción del 60% para el año 1999, del 70% en el 2000 y
del 80% desde 2001 en adelante de la remuneración que por todo concepto
devengan los magistrados de Altas Cortes.

Para arribar a tal conclusión tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que en el sub lite no existe duda acerca del régimen especial que cobija a la
demandante, toda vez que la jurisdicción a través de sentencia del 29 de julio de
20044, le reconoció a la señora Ana Aurora Urdaneta de Aponte la liquidación de su
pensión de acuerdo con lo establecido en el Decreto 546 de 1971, decisión que fue
confirmada por el Consejo de Estado de 13 de octubre de 2005.

A su vez que está demostrado que, en las sentencias antes anotadas, a la actora le
fue ordenado el reajuste de su remuneración como magistrada auxiliar de la Corte
Suprema de Justicia conforme a lo establecido en el Decreto 610 de 1999, es decir,
el del 60% para el año 1999, del 70% en el 2000 y del 80% desde 2001 en adelante
de la remuneración que por todo concepto devengan los magistrados de Altas
Cortes.

Que con fundamento en lo anterior, la accionante solicitó de la demandada el
reajuste de su pensión de jubilación, petición que fue despachada
desfavorablemente a través del acto acusado de nulidad, en el que CAJANAL
consideró que había incurrido en un error involuntario al no aplicar desde la primera
resolución de reliquidación de la pensión de la actora el límite establecido en el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993, que se refiere al tope máximo de las pensiones,
que para el caso fijó en 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Que cuando una persona es beneficiaria de un régimen de transición especial no
es posible la aplicación de normas generales en el reconocimiento o la reliquidación
de su pensión, más si se tiene en cuenta que dichos regímenes no prevén tal
posibilidad, como lo es en el caso en el Decreto 546 de 1971 que establece lo
concerniente a los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión de
jubilación, pero no prevé límite alguno o tope máximo en la cuantía de la prestación.

Citó las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 25 de noviembre de 2010,
exp. 2005-03714-013 y por la Corte Constitucional C-089 de 1997 y C-461 de 1995,

3 M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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para resaltar que la aplicación de topes máximos en pensiones de jubilaciones es
complemente legal cuando los mismos tengan origen en la ley aplicable a la
pensionada y dicho tope no le afecte derechos adquiridos; así mismo para resaltar
el establecimiento de regímenes especiales y la aplicación al principio de
favorabilidad.

Que el régimen que cobija a la actora, lejos de ser discriminatorio, le resulta
favorable y por ende aplicable en su integralidad, sin que le sea permitido a la
accionada fraccionar su aplicación en unos aspectos y en otros recurrir a normas
generales, como efectivamente ocurrió en el acto acusado, en el cual para
establecer la cuantía de la prestación dio aplicación al artículo 18 de la Ley 100 de
1993 y limitó el monto de la prestación al valor de veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, vulnerando el principio de inescindibilidad de la ley.

Concluyó que el acto administrativo demandado está incurso en causal de anulación
consistente en violación de la Ley por indebida aplicación, toda vez que a través del
mismo no solo se desconoció el régimen aplicable legalmente a la demandante,
sino que se le dio un trato discriminatorio y lesivo para sus intereses, al disminuir el
monto de la prestación que ya tenía reconocida.

Sobre la nueva cuantía de la pensión de jubilación ordenó realizar los descuentos
respectivos que por aportes de debía hacer a la entidad de previsión de acuerdo
con la norma aplicable y en la proporción que correspondiera.

Finalmente, no declaró la prescripción de ninguna mesada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en concordancia con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, pues entre la fecha en que se realizó la
reclamación a la administración (10 de septiembre de 2009) y la fecha de
presentación de la demanda (27 de mayo de 2011), no transcurrieron más de los 3
años.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

En la acción de revisión, la UGPP advirtió que se desconocieron los procedentes
jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional4 y el Consejo de Estado5,
a partir de la cuales se determinó que para los beneficiarios del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de
liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3° de dicha norma o en el artículo
21 ibidem; criterio desarrollado a partir del estudio de la constitucionalidad de los
apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
19936, la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 junto con las reglas del

Las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017, SU 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidos por la Sala Plena
de la Corte Constitucional.
5Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, emitida por la Sala Plena del Consejo de Estado
6 Sentencia C-168 de 1995

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IBL para los congresistas y su reiteración del estudio en abstracto sobre el régimen
de transición.

Que la liquidación ordenada excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
la señora Ana Aurora Urdaneta de Aponte, al estar cobijada por el régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión en las condiciones de edad, tiempo de servicios y
monto, entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas en el Ley 33 de
1985, pero, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley
100 de 1993; motivo por el cual CAJANAL mediante la Resolución Nº011790 de 9
de mayo de 2001, reconoció el derecho pensional en dichas condiciones.

Igualmente, afirmó que los factores salariales que se deben aplicar son los
contenidos en el Decreto 1158 de 1994, siendo inviable considerar que todos y cada
una de las sumas devengadas por el causante para la liquidación de la pensión.

Finalmente, que en lo que se refiere al factor denominado bonificación por
recreación señaló que la jurisprudencia es estable al señalar que dicho concepto no
constituye factor salarial para efectos prestaciones, toda vez que este no pretende
remunerar directamente la prestación del servicio.

Contestación a la acción especial de revisión

Una vez notificada de la existencia de la presente acción, la señora Ana Aurora
Urdaneta de Aponte en calidad de abogada debidamente inscrita, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al señalar que el recurso fue interpuesto por fuera de
la oportunidad procesal pues, la sentencia que reconoció el derecho fue dictada el
18 de septiembre de 2012, siendo notificada por el edicto fijado el 25 de noviembre
de 2012 y desfijado el 27 del mismo mes y año, por lo que cobró ejecutoria el 1 de
octubre de 2012, ya que el recurso de apelación fue interpuesto de forma
extemporánea.

Ahora, señala que la UGPP contaba con 5 años contados a partir del 13 de junio de
2013, cuando asumió las funciones de la extinta CAJANAL para interponer el
recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 18 de septiembre de
2018 y solo hasta el 31 de octubre de 2018, radicó el mismo ante el Consejo de
Estado.

Indica que para ocultar el yerro la UGPPP pretende contabilizar el término de
caducidad a partir de la ejecutoria del auto que declaró bien denegado el recurso de
apelación, artilugio jurídico que le permitiría revivir los términos de caducidad de
cualquier proceso; más aún cuando el recurso proceso contra sentencias y no autos.

Frente a la supuesta violación al debido proceso y al exceso de la cuantía que le
era aplicable adujo que si bien es cierto es beneficiaria del régimen de transición
también lo es que adquirió el status de pensionada el 8 de abril de 2000, fecha para

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la cual no se había proferido el acto legislativo 1 de 2005, por lo que las
disposiciones allí contenidas no eran aplicables a su situación jurídica particular y
menos las sentencias de unificación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional
proferidas con posterioridad a la sentencia del 18 de septiembre de 2012.

Que los argumentos que habilitaron su reconocimiento prestacional se encuentran
amparados por las reglas de interpretación establecidas en la sentencia del 4 de
agosto de 2010 del Consejo de Estado, según la cual para la liquidación de las
pensiones de los empleados regidos por la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen
de transición, deben tenerse encuentra todos los factores devengados en el último
año de servicios que constituyen salario.

Que de forma posterior a la ejecutoria de la sentencia que puso fin al proceso por
ella instaurado, concretamente en el año 2015, se presentó una variación de la
jurisprudencia que hasta ese momento histórico regía la materia y solo para la Corte
Constitucional con las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de
2017 y SU-023 de 2018, se mutó del criterio interpretativo del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 para los empleados públicos beneficiarios del régimen de transición,
en donde dicho beneficio únicamente cubría lo relacionado con los requisitos de
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, excluyéndose de la transición el
ingreso base de liquidación y generando que de manera sistemática se fuera
evaluando las reglas interpretativa, adoptadas finalmente el 28 de agosto de 2018
por el Consejo de Estado a través de sentencia de unificación.

Precisó que la sentencia de unificación referida previamente impidió que situaciones
administrativas o judiciales que se encontraban consolidadas fueran modificadas y
por ello no es posible dar aplicación a esta a derechos consolidados antes de la
fecha de expedición de la misma.

Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Teniendo en cuenta que la parte demandada en su intervención solicitó se declarará
la improcedencia la acción, la Sala entrará a examinar esta cuestión con el fin de
determinar si la misma fue instaurada oportunamente, para así, solo en el caso que
resulte procedente, realizar la formulación del problema jurídico y resolver el mismo.

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La Subsección precisa que, si bien no se desconoce que ni para el recurso
extraordinario de revisión ni para la acción especial de revisión el CPACA prevé la
posibilidad de proponer excepciones previas, se estima pertinente abordar el
argumento relativo a la caducidad de la acción de revisión, en la medida que hace
parte de la defensa de la pensionada.

Para efectos metodológicos, el estudio del presente asunto se realizará en el
siguiente orden: i) la caducidad del recurso extraordinario de revisión, ii) excepción
aplicable a la UGPP, en cuanto al término de caducidad frente a las causales
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) ejecutoria de las decisiones
judiciales ante la presentación de recursos extemporáneos y; iv) solución del caso
concreto.

• La caducidad del recurso extraordinario de revisión

El acceso a la administración de justicia no es un derecho absoluto. Su ejercicio
puede encontrarse limitado, legítimamente, al cumplimiento de ciertos requisitos,
entre otros, la exigencia de que se accione en forma oportuna, según los términos
legalmente consagrados. Por ello, en materia contencioso-administrativa se ha
contemplado la institución jurídica de la caducidad. Aquella se refiere al término de
orden público que tiene el interesado para instaurar los medios de control que tenga
a su alcance con el fin de buscar la protección de sus derechos, es decir, se trata
de un fenómeno que se predica del derecho de acción.

Su finalidad es racionalizar el ejercicio de este último, lo que impone al interesado
la obligación de emplearla oportunamente, so pena de que las situaciones
adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso
administrativo para estudiarlas7. Lo anterior, a efectos de evitar la incertidumbre
que provocaría la facultad irrestricta de ventilar las controversias que se presentan
en sociedad ante la jurisdicción en cualquier momento, lo que de bulto sería
atentatorio del principio de seguridad jurídica.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), vigente para la presentación de la acción de revisión que se estudia,
dispuso diversos términos de caducidad que se aplican según la naturaleza del
medio de control o del recurso extraordinario. Tratándose del de revisión, el artículo
251 del CPACA estableció una regla general de caducidad de 1 año que se ve
exceptuada por un término de 5 años aplicable a la revisión de reconocimientos de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en
los términos de la Ley 797 de 2003. Al respecto, señaló la norma:

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 7 de octubre de 2010, radicación: 25000-

23-25-000-2004-05678-02 (2137-09). Demandante: José Darío Salazar Cruz. Demandado: Procuraduría
General de la Nación y Congreso de la Republica.

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«[…] ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El
recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia.

En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente,
deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia penal que así lo declare.

En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año
siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]» (Se subraya)

Como antecedente de tal disposición conviene remitirse a lo señalado por el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, en cuanto dispone:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier8
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código
y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Es importante destacar que la expresión contenida en la norma transcrita en
cualquier tiempo fue declara inexequible por la Corte Constitucional, en la sentencia
C-835 de 2003, por considerarla lesiva del debido proceso, debida justicia y del
imperio del Estado Social de Derecho, puesto que desborda el campo de acción
delimitado por el artículo 89 superior al Legislador, así lo consideró la Corte:

«[…] Entonces, la expresión "en cualquier tiempo", ¿es constitucional? La
respuesta es no.

8 El aparte destacado en negrilla fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de

2003.

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En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni
acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en
que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones
jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza
legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada
merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución
de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad
calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso
extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia
material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino
para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría
hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas
de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua
inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin
constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin
embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y
desproporcionada. Valga recordar que el procedimiento es vehículo impulsor
y definitorio de los derechos, deberes y garantías que la Constitución Política y
la ley establecen a favor de las personas. […]»

• Excepción aplicable a la UGPP, en cuanto al término de caducidad
frente a las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 20169, precisó que, en los eventos
en que el recurrente sea la UGPP, el término de caducidad de cinco años para
interponer la acción de revisión, prevista en la Ley 797 de 2003, no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, porque fue tan solo en esta
fecha que la mencionada entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía
a cargo CAJANAL. Textualmente expresó:

«Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias
judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo
que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el
estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el
término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte
que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la
providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la
caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional
que afrontaba Cajanal10, por lo que la Sala estima pertinente entender que el
plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día
en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir,
con posterioridad al 12 de junio de 2013.

(…)

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir
ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer

9 Sentencia 11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- contra la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otro.
10 Reconocido por la Corte en las sentencias T-068 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-1234 de

2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en las que advirtió un problema estructural de ineficiencia e inoperancia
administrativa.

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el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido
en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de
cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de
junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal.
[…]
[Así entonces] la UGPP [podrá] acudir hasta el 11 de junio de 2018 ante la Corte
Suprema o el Consejo de Estado para controvertir las decisiones judiciales que
considere lesivas para el tesoro público y frente a las cuales no precedía recurso
alguno.»

• Ejecutoria de las decisiones judiciales ante la presentación de
recursos extemporáneos

De conformidad con el contenido del artículo 173 del Decreto 01 de 1984 (norma
vigente en el momento en que se efectuó la notificación de la sentencia objeto de
revisión) consagraba el trámite de notificación de las providencias judiciales se
ajustaba al siguiente tenor:

«ARTICULO 173. Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el artículo
103 de este Código se notificará personalmente a las partes, o por medio de
edicto, en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento
Civil tres (3) días después de haberse proferido. Al Ministerio Público se hará
siempre notificación personal. Una vez en firme la sentencia deberá
comunicarse con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cumplimiento.»

A su vez la ejecutoria de las decisiones proferidas en vigencia del Código de
Procedimiento Civil se regía por los términos que a continuación se transcriben:

«ARTÍCULO 331. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos
sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso
de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza
sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida
ésta» (Subrayado fuera del texto original)

En ese sentido la Corte Suprema de Justicia, respecto de la norma que se viene
comentando, en providencia SC2776-2018, rad. 2016-0153511, precisó:

«[D]e lo previsto en el artículo 331 del mismo código se infiere los recursos
tienen la virtualidad de prologar el término de ejecutoria de las providencias
judiciales son únicamente los que fueren procedentes, de modo que si, de
entrada, o a posteriori, se concluye que no lo eran, la firmeza de dichos
pronunciamientos se retrotrae al momento del vencimiento de los tres días
siguientes a su notificación o al del señalado para la interposición de los que
fueren procedentes, pues si determinado recurso no era procedente, es de
entender que jamás se interpuso» (Subrayado fuera del texto original)

11 Sentencia del 17 de julio de 2018, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

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Caso concreto

De conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP se creó, entre
otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de
administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades
públicas del mismo nivel que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de
pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con CAJANAL.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto Nº2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que
estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto
dispuso que estarían a cargo de la UGPP en cuanto correspondieran a las funciones
asumidas por ese organismo.

En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución N°4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el
proceso de liquidación de CAJANAL.

De acuerdo con lo anterior y en armonía con la posición expuesta por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, la UGPP adquirió la facultad para
acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e
interponer la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
desde el 12 de junio de 2013.

Observa la Sala que la sentencia controvertida fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de
Descongestión el 18 de septiembre de 2012, la cual fue notificada mediante edicto
fijado entre el 25 y el 27 de septiembre de 201212.

El día 18 de enero de 2013, el mismo tribunal rechazó por extemporáneo el recurso
de apelación interpuesto en contra de la anterior providencia, el cual fuere
confirmado a través de auto del 3 de mayo de 2013, al resolverse el recurso de
reposición interpuesto y por medio de queja ante esta Corporación, quien, mediante
auto del 9 de septiembre de 2014, estimó bien denegado el recurso de apelación.

De esas decisiones se deduce, que la apelación planteada era improcedente (por
extemporánea) y que, por tanto, carecía de virtud para extender la ejecutoria del
fallo, fuerza que tampoco tuvieron la reposición o la queja señaladas, toda vez que
estos recursos se deprecaron para discutir la negativa a conceder el referido
recurso y no la sentencia de primera instancia.

Lo expuesto permite concluir que, si bien la providencia objeto de discusión admitía

12 Según constancia secretarial obrante a folio 320, C1 y del sello que reposa en el Folio 292, Cdno. Anexos.

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la interposición del recurso de apelación, este no fue formulado oportunamente, por
lo cual el término de ejecutoria se consolidó vencido los tres días siguientes a la
notificación de la providencia, sin que se requiera de su declaratoria a través de una
constancia como erradamente concluyó la parte demandante en el escrito de la
demanda.

De ahí que la Sala considera que no puede afirmarse válidamente que quien resulte
afectado con una providencia pueda prorrogar el término de caducidad de la acción
mediante la interposición extemporánea del recurso pues, al tenor de la norma
aplicable para dicho momento, los únicos recursos llamados a paralizar la ejecutoria
de las decisiones judiciales, acorde con el artículo 331 ejusdem, son solo los
procedentes, siempre y cuando interpongan en la oportunidad legal

En ese orden de ideas, concuerda esta Subsección con el argumento expuesto por
la pensionada según el cual la UGPP pretende habilitar los términos fenecidos para
impetrar la acción de revisión al contabilizar el término desde la ejecutoria del auto
que declaró bien denegado el recurso de apelación, aun conociendo que la
inconformidad frente a la sentencia objeto de revisión fue radicada por fuera del
plazo legal.

En ese sentido, como era extemporánea la alzada formulada contra la sentencia
que se pide revisar, esta quedó ejecutoriada a los tres (3) días de su notificación,
esto es, 12 de septiembre de 2012, antes de que la UGPP hubiera asumido la
defensa de CAJANAL y por ello, el plazo de los 5 años para interponer el recurso
extraordinario de revisión por las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, solo podía contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013.

En este evento, debe entenderse que el término de 5 años que prevé la referida
normativa vencía el 11 de junio de 2018, según lo señalado por la Corte
Constitucional; sin embargo, se advierte que se radicó el 30 de octubre de 201813.
En consecuencia, para la fecha en que se interpuso la acción de revisión ya había
caducado el derecho de acción de que era titular la UGPP.

Ahora bien, la Sala no desconoce que la demanda de revisión fue admitida mediante
auto del 15 de julio de 201914; pese a ello se considera que no es posible emitir un
pronunciamiento sobre las pretensiones, porque no puede obviarse la caducidad
como presupuesto del derecho de acción y la posibilidad de su declarar su
configuración en cualquier momento. Aunado a ello, tal requisito se constituye en
una garantía sustancial, teniendo en cuenta que el propósito de la acción de revisión
y del recurso extraordinario de revisión es el de desvirtuar la cosa juzgada.

Conforme a lo expuesto, se procederá a declarar la excepción de caducidad del
derecho de acción que le asistía a la Unidad Administrativa Especial de Gestión

13 Tal y como consta en el sello de radicación obrante en el folio 48 vuelto
14 Según folio 75, C1.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00075-00 (0338-2019)

Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, para interponer la acción
extraordinaria de revisión en contra de la sentencia del 18 de septiembre de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, en el entendido que la UGPP buscó controvertir una providencia
judicial que ordenó la reliquidación de una pensión de jubilación para evitar un
posible detrimento al erario, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la entidad
demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar la excepción de caducidad del derecho de acción que le asistía
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales, para interponer la acción extraordinaria de revisión en contra de la
sentencia del 18 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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