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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00181-00

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00181-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP contra el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá el 31 de mayo de 2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación: 110013331016201200163. 74 Según consulta en la página de la Rama Judicial, Comisión Nacional de Disciplina, el abogado no reporta antecedentes disciplinarios. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/ 75 Índice 35 del sistema informático SAMAI. 76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03- 15-000-2018-01884-00(REV). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019) Demandante: UGPP Segundo: Reconocer personería a LEGAL ASSISTANCE GROUP SAS, representada legalmente por Cristian Felipe Muñoz Ospina, en los términos y para los efectos del poder conferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Tercero: Sin condena en costas. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al Juzgado de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00181-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

2 de junio de 2022

Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., dos (02) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00181-00 (1095-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: JORGE ARTURO ROMERO RODRÍGUEZ

Temas: Causal de revisión artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de 2003.
Ingreso base de liquidación servidores del DAS cobijados por el
régimen de transición del Decreto 1835 de 1994.

SENTENCIA – Ley 1437 de 2011 O-031-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 31 de mayo de 2013 proferida por
el Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jorge Arturo Romero
Rodríguez contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Arturo Romero Rodríguez, por intermedio de apoderado y en ejercicio de
la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,
demandó1 la nulidad parcial de la Resolución UGM 015303 del 25 de octubre de 2011,
mediante la cual el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL en

1
Folios 14 a 31 del cuad. ppal. del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

Liquidación, reliquidó la mesada pensional a partir del 1 de agosto de 2009, en cuantía
de $1.071.023.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condene a la entidad demandada a: i) reliquidar su pensión de jubilación con el
75% del promedio de lo percibido durante el último año de servicio, con inclusión de
todos los factores devengados durante dicho lapso, a saber, además de los ya
reconocidos, la prima de vacaciones, la prima de navidad, la prima de servicios y la
prima de riesgo; ii) pagar las diferencias que se causen entre lo cancelado con
fundamento en la Resolución 9733 del 27 de febrero de 2009, acto de reconocimiento
pensional, y lo que se ordene mediante sentencia, sumas debidamente indexadas; iii)
cancelar los intereses comerciales y moratorios según lo previsto en el artículo 177 del
CCA; iv) pagar las costas y agencias en derecho; y v) cumplir la sentencia de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 ibidem.

Fundamentos fácticos

1. El señor Jorge Arturo Romero Rodríguez laboró como detective del DAS
durante el período comprendido entre el 10 de noviembre de 1987 al 31 de julio de
2009, es decir, por 21 años, 8 meses y 21 días.

2. Por medio de la Resolución 9733 del 27 de enero de 2009, la Caja Nacional de
Previsión Social, EICE, reconoció una pensión de vejez al señor Jorge Arturo Romero
Rodríguez, a partir del 1 de enero de 2008, con fundamento en el artículo 4 del Decreto
1835 de 1994 en concordancia con los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989,
condicionada al retiro del servicio.

3. Mediante escritos radicados el 2 de diciembre de 2009 y 1 de diciembre de 2010,
el pensionado solicitó a CAJANAL reliquidar la prestación. Dicha decisión fue resuelta
parcialmente a través de la Resolución UGM 015303 del 25 de octubre de 2011, dado
que la entidad tuvo en cuenta los nuevos tiempos laborados, pero no incluyó en la
liquidación la prima de vacaciones, la prima de navidad, la prima de servicios y la prima
de riesgo.

4. El pensionado devengó durante el último año de servicios, comprendido entre
agosto de 2008 y agosto de 2009, asignación básica, prima de riesgo, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad.

Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos
2, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 21 y 147 del Código Sustantivo del
Trabajo; las Leyes 57 y 153 de 1887; 4 de la Ley 4 de 1966; 27 del Decreto 3135 de
1968; 73 del Decreto 1848 de 1969; 10 del Decreto 1933 de 1989; 1 del Decreto 1047
de 1978; las Leyes 33 y 62 de 1985; artículos 36, 140 y 288 de la Ley 100 de 1993;
Decretos 1158 y 1835 de 1994 y Decreto 2527 de 2000.

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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

En cuanto al concepto de violación, explicó que el acto acusado desconoció los
principios de inescindibilidad de la ley y de favorabilidad. Expuso que si bien CAJANAL
reconoció el derecho pensional con fundamento en el régimen especial aplicable a los
empleados del DAS, a saber, el Decreto 1835 de 1994, lo cierto es que, en relación
con los factores salariales tuvo en cuenta los descritos en el Decreto 1158 de 1994,
normativa que rige a los pensionados con base en la Ley 100 de 1993. En su criterio,
el régimen especial que rige las pensiones de los detectives del DAS debe aplicarse
en su integridad.

De igual manera, recordó que el régimen de transición para los servidores públicos del
DAS que laboren en actividades de alto riesgo está consagrado en el artículo 4 del
Decreto 1835 de 1994, que exige como requisito estar vinculado en los cargos allí
definidos antes de la vigencia del referido decreto, esto es, el 3 de agosto de 1994,
presupuesto que acreditó el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez, quien ingresó al
servicio y laboró como detective desde el 5 de marzo de 1983, y por ende, le resultan
aplicables en su integridad los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978,
1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Finalmente, como sustento de sus argumentos citó las sentencias del 7 de julio de
20052, 28 de febrero de 20083, 11 de junio de 20094 y 7 de abril de 20115, proferidas
por el Consejo de Estado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA6

La Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE en Liquidación contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones. Manifestó que el acto objeto de demanda
reliquidó la prestación con respeto de las disposiciones jurídicas que rigen su situación
particular. Anotó que el demandante adquirió su estatus en vigencia de la Ley 100 de
1993, por lo cual se debía hacer el cálculo según lo ordena el artículo 36 ibidem, con
inclusión de los factores sobre los cuales se hubieran efectuado los respectivos
aportes en los términos del Decreto 1158 de 1994. Adicionalmente, indicó que los
empleados del nivel central del DAS fueron incorporados al régimen general de
seguridad social por medio del Decreto 691 de 1994.

2
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 250002325000200204131 01 (2530-2004), actor: Luis
Levi Maldonado Martinez, demandado: CAJANAL.
3
Sección Segunda, Subsección B. No aporta más datos.
4
Sección Segunda, Subsección B, radicación: 080012331000200502301 01 (1390-2008), actor: Alirio
José Solano Cabezas.
5
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 760012331000200700249 01 (0953-2010), actor: Edgar
Osorio Rivas, demandado: CAJANAL.
6
Folios 45 a 53 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

A continuación, destacó que para la liquidación de la pensión solo se tendrán en cuenta
emolumentos sobre los que se hubieren hecho cotizaciones. De ahí que no proceda la
inclusión de la prima de riesgo, habida cuenta de que sobre este no se hicieron los
descuentos correspondientes para aportes.

Seguidamente, formuló los siguientes medios exceptivos:

• «AUSENCIA DE VICIOS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO»:
Afirmó que el acto demandado no adolece de ningún vicio, toda vez que fue
expedido por la autoridad competente, con observancia de la ritualidad exigida
para su creación y ejecutoria, está debidamente motivado y atiende las normas
que le son exigibles.

• «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RELIQUIDAR DE (sic) LA
PENSIÓN»: En su concepto, la entidad demandada no le adeuda suma alguna
al pensionado, en la medida en que reliquidó la prestación en los términos
descritos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

• «COBRO DE LO NO DEBIDO»: Aseguró que al demandante no le asiste
derecho a pago adicional alguno.

• «SOBRE LA INDEXACION»: Sobre el punto, pidió no condenar a la entidad al
pago indexado con el fin de evitar un detrimento injustificado al erario. Insistió
en que el reconocimiento pensional se hizo con observancia del ordenamiento
jurídico vigente.

• «IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS»: Destacó que CAJANAL actuó
de buena fe y, por lo tanto, no procede la condena en costas.

• «GENÉRICA»: Solicitó declarar, de oficio, cualquier excepción que se
encuentre probada dentro del proceso.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN7

El Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá, el 31 de mayo de
2013, profirió sentencia de primera instancia en la que declaró la nulidad de la
Resolución UGM 015303 del 25 de octubre de 2011. Condenó a CAJANAL EICE, en
Liquidación, a reliquidar y pagar al señor Jorge Arturo Romero Rodríguez su pensión,
a partir del 1 de agosto de 2009, con inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, comprendido entre el 1.° de agosto de
2008 y el 31 de julio de 2009, estos son: asignación básica, la bonificación por

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Folios 75 a 85 del cuad. Ppal. del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

servicios, la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima
de riesgo.

Advirtió que el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez es destinatario del Decreto 1835
de 1994, puesto que se vinculó al DAS desde el 10 de noviembre de 1987. En esas
condiciones, consideró que su pensión debe liquidarse conforme las previsiones de
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 en armonía con los Decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969. Entonces, en aplicación de la normativa referida, el cálculo ha de
efectuarse con base en el 75% del promedio de los salarios y prestaciones recibidos
en el último año, esto es, del 1 de agosto de 2008 y el 31 de julio de 2009, según lo
señalado por el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y, con los factores salariales
enlistados por el artículo 18 del mencionado Decreto 1933 de 1989, a saber, la
asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la prima de
navidad, la pima de vacaciones y la prima de riesgo.

Con todo, excluyó los denominados «indemnización vacaciones» y «factores por
vacaciones», pues estimó que estos corresponden a un descanso que disfruta el
trabajador por su labor.

En contra de la anterior decisión no se interpuso recurso de apelación.

ACCIÓN DE REVISIÓN

La UGPP presentó la acción especial de revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. Se «revoque» la sentencia proferida el 31 de mayo de 2013 por el Juzgado
Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso ordinario
instaurado por el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez contra la extinta CAJANAL,
bajo el radicado: 1100113331016201200163.

2. Se declare que el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez no es acreedor de un
derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, en cuanto a la liquidación
de su mesada pensional.

3. Ordenar que la pensión del señor Jorge Arturo Romero Rodríguez se liquide
conforme a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017,

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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, providencias proferidas por la Sala Plena de
la Corte Constitucional, de acuerdo con las cuales se debe adoptar como ingreso base
de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, con la inclusión de los factores
base de cotización taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás
disposiciones que expresamente consagren la condición de factor salarial con
incidencia pensional, con una tasa de reemplazo del 75% conforme lo previsto en los
Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y la Ley 860 de 2003.

Como fundamento de la acción, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2 y 124 de la
Constitución Política; el Acto Legislativo 01 de 2005; las Leyes 100 de 1993 y 860 de
2003; así como también los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1158 de 1994.

Estimó que la providencia acusada vulneró el derecho al debido proceso, bajo dos
argumentos, a saber: i) porque ordenó la reliquidación pensional con inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio por el señor Jorge
Arturo Romero Rodríguez, cuando lo cierto es que, debieron atenderse las
disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y ii)
comoquiera que la UGPP carece de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta
de que esta no es ni la destinataria ni depositaria de los descuentos que se efectúan
por concepto de salud con destino al sistema de seguridad social en salud.

Seguidamente, expuso que el derecho reconocido, en la decisión objeto de revisión,
excede lo debido de acuerdo con la ley al haberse accedido a una reliquidación
pensional en contravía de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En
este sentido, explicó que el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez al estar cobijado
por el régimen de transición, dado que tenía más de 40 años de edad al momento de
la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y
monto, previstas por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 y la Ley 860 de 2003,
salvo en lo que tiene que ver con el IBL, el cual se encuentra regulado en el inciso 3.º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Destacó que así lo ha interpretado la Corte
Constitucional en reiterados pronunciamientos.

Igualmente, consideró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera
del sistema, pues aumenta en un 42% la mesada pensional del demandado, sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor actual de la
pensión es de $2.549.119 cuando debía equivaler a $1.487.375, con lo cual se genera
una diferencia de $1.061.743. Tal situación permite observar que se configura un
abuso palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento del precedente
de la Corte Constitucional.

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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

De igual forma, expuso que en atención a la edad del pensionado y las 367 mesadas
que deberán pagarse, es claro que se genera un detrimento al erario, en tanto que la
proyección de los pagos futuros debidamente indexados dan un total de 567.992.343.

CONTESTACIÓN DEL RECURSO8

Dentro del término, el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez, mediante apoderado, dio
respuesta al recurso para solicitar que se denieguen las pretensiones. Aseveró que la
decisión objeto de revisión se profirió con observancia de las normas que le resultaban
aplicables al pensionado, con fundamento en la jurisprudencia vigente para la época y
en virtud de los principios de inescindibilidad, favorabilidad e igualdad.

A continuación, consideró que la UGPP se equivoca cuando manifiesta que el
pensionado es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Explicó
que, tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en las sentencias del 7 de julio de 20059
y 7 de abril de 201110, los detectives vinculados al departamento administrativo de
seguridad, DAS, con anterioridad al 3 de agosto de 1994, que acrediten 20 años de
servicio a la institución por tener un régimen de transición especial, no están sujetos al
régimen general de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Bajo esa línea argumentativa, aseguró que el derecho pensional del aquí
demandado se rige por el régimen especial contenido en los Decretos 1047 de 1978,
1933 de 1989 y 1835 de 1994, tal como lo señaló la misma entidad en el acto de
reconocimiento pensional.

En ese sentido, afirmó que el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 ni el Decreto 1158 de
1994 son aplicables para quienes se desempeñaron en actividades de alto riesgo en
el cargo de detective en virtud del régimen de transición especial previsto en el Decreto
1835 de 1994. Así como tampoco las disposiciones contenidas en la sentencia C-258
de 2013, comoquiera que en ella no se analizó el régimen especial del DAS, menos
aún se dispuso que sus argumentos podrían ser extendidos a los funcionarios de esta
entidad.

Por otro lado, indicó que, si bien a través de sentencia del 28 de agosto de 2018, el
Máximo Tribunal de lo contencioso administrativo varió la tesis sobre el IBL de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, esta de
manera alguna puede afectar la prestación ya reconocida al demandado, pues aquella
salvaguardó las pensiones que se hubieren reconocido o reliquidado con fundamento
en la postura que sostenía la Sección Segunda de la referida corporación.

Finalmente, precisó que, en todo caso, la liquidación ordenada por el Juzgado
Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá no excede los montos
8
Índice 18 del sistema informático SAMAI.
9
No aporta más datos
10
Sección Segunda, Subsección A, número interno: 0953-10

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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

determinados por la ley, y, por ende, no se ha generado un detrimento al erario. En su
criterio, el juez de instancia atendió las normas que rigen la pensión de los detectives
del DAS, particularmente, el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, que prevé como
factores para la liquidación de la pensión, entre otras, la prima de servicio, la prima de
navidad y la prima de vacaciones. Seguidamente, destacó que, tan acertada fue la
decisión que en casos de similares circunstancias jurídicas y fácticas el Consejo de
Estado resolvió de la misma manera. Para el efecto, citó las sentencias del 1 de agosto
de 201311 y 18 de septiembre de 201712.

Propuso las siguientes excepciones:

• «AUSENCIA DE VICIOS EN FALLO JUDICIAL»: Sobre el punto, estimó que la
decisión objeto de revisión no adolece de ningún vicio, pues fue proferida por la
autoridad competente, con observancia de la ritualidad propia de cada juicio y
en aplicación del régimen especial contenido en los Decretos 1047 de 1978,
1933 de 1989 y 1835 de 1994. Igualmente, atendió la jurisprudencia que sobre
el asunto desarrolló el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Así mismo, recordó que la acción de revisión no es una tercera instancia, de ahí
que no pueda ser utilizada con el fin de reabrir el debate probatorio que ya se
surtió ante el juez ordinario y mucho menos para controvertir la interpretación
que éste efectuó en el caso particular y concreto.

• «PRESCRIPCION Y CADUCIDAD»: Afirmó que la acción de revisión se
presentó extemporáneamente. Explicó que la sentencia objeto de revisión
quedó debidamente ejecutoriada el 27 de junio de 2013, lo que significa que
para el 4 de marzo de 2019 cuando se radicó la demanda ya habían transcurrido
los 5 años que prevé el artículo 32 de la Ley 712 de 2001.

• «INNOMINADA»: Solicitó declarar, de oficio, cualquier excepción que se
encuentre probada dentro del proceso.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala
en el inciso segundo del artículo 249 que, de los recursos de revisión contra las

11
Radicado: 44001232100020080015001
12
No aporta más datos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia 13.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 14.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO
DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. […]».
(Se subraya)

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la norma en cita no restringe la posibilidad
de revisar las sentencias de única, primera o segunda instancia en las que se
reconozcan sumas periódicas o pensiones, con cargo al erario. En otras palabras,
pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a un fondo de similar
naturaleza la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza indistintamente de la instancia en que fueron proferidas, comoquiera que la
ley de forma expresa le atribuyó su conocimiento al Consejo de Estado y a la Corte
Suprema de Justicia, según las materias sometidas a su competencia.

En consecuencia, esta Subsección es competente para conocer de la acción de
revisión formulada por la UGPP15.

13
«Artículo 249. Competencia.
[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
14
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
15
Bajo este mismo criterio la Subsección ha conocido la acción de revisión con el fin de que se infirmen
sentencias proferidas por juzgados administrativos, para el efecto puede consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicación:
11001-03-25-000-2014-01347-00 (4377-2014), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021, radicación:
11001-03-25-000-2017-00264-00 (1310-2017), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Si bien la Ley 2080 de 2020 en el artículo 68, radicó la competencia de estos asuntos en los Tribunales
Administrativos, lo cierto es que el presente proceso ingresó antes de la entrada en vigor de aquella
normativa.
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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 16 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»17

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación18.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito

16
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
17
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
18
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
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Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones19.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira20.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 21.

Legitimación por activa de la acción de revisión

Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, que la Corte Constitucional en la sentencia
SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas

19
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Especiales de Decisión22, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección23.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de
la acción de revisión.

Cuestión previa: la oportunidad de la acción

Antes de abordar lo relacionado con el problema jurídico, la Sala se pronunciará sobre
el argumento expuesto en la contestación de la demanda en relación con la
oportunidad de presentación de la acción de revisión. El señor Jorge Arturo Romero
Rodríguez sostuvo que la demanda fue radicada cuando ya había concluido el término
de cinco años, previsto en el artículo 32 de la Ley 712 de 2001.

Para comenzar, se advierte que la Ley 712 de 2001, por medio de la cual se reformó
el Código Procesal del Trabajo, no resulta aplicable en el sub examine comoquiera
que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo existe norma especial sobre la
caducidad de la acción de revisión, la cual se encuentra contenida en el artículo 251

22
Ibidem.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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del CPACA. En consecuencia, será con fundamento en ella que se analizará si la
UGPP presentó la demanda en término.

Sobre el particular, se precisa que el artículo 251 del CPACA, previó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio.»

En ese orden, se tiene que la sentencia del Juzgado Dieciséis de Descongestión de
Bogotá, proferida el 31 de mayo de 2013, se notificó a través de edicto que permaneció
fijado entre el 7 y 12 de junio de 201324 y quedó ejecutoriada el 27 de los mismos mes
y año25. La demanda fue radicada el 8 de junio de 201826, por lo que se concluye que
aquella se encuentra en tiempo.

En esas condiciones, no le asiste razón a la parte demandada cuando afirma que la
demanda se interpuso extemporáneamente.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configura la causal de revisión prevista en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 al ordenar la liquidación de la pensión de un exdetective del
Departamento Administrativo de Seguridad, cobijado por el régimen de transición del
Decreto 1835 de 1994, atendiendo el ingreso base de liquidación de las normas
generales anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de
servicios, y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El régimen
pensional de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) verificación de la causal de revisión
invocada en el caso particular y concreto.

24
Tal como consta en el edicto 0175 obrante 139 del cuad. ppal.
25
Folio 142 del cuad. ppal.
26
Tal como conta en el sello de recibido obrante en el folio 1 de la demanda y en el acta de reparto
obrante en el folio 173 del cuad. ppal.
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La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso» .

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia27. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 28:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»

27
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
28
Sentencia C-341 de 2014
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Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales29, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 30 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»31. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez debe liquidarse teniendo en cuenta un
ingreso base de liquidación calculado con el promedio de lo devengado durante el
último año de servicios, incluyendo todas aquellas sumas que recibió en aquel período,
y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994. Así, se
debe definir si la mesada que se le paga mensualmente debe verse reducida en la

29
Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
30
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
31
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema
general de seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito se harán algunas precisiones en relación con los siguientes
aspectos: i) Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social; ii) El régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado; iii) Actividades de alto riesgo del sector
público; iv) La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen
de transición; y con fundamento en ello, se analizará v) la configuración de la causal
de revisión en el caso concreto.

Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 32, norma que en el
artículo 133 dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas
en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de
formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una
pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, en el artículo 2, ordenó que
los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido y permanezcan al servicio
de la entidad por un término no inferior a 18 años continuos como dactiloscopistas,
pueden acceder a la prestación al cumplir la edad de 50 años, siempre que para ese
momento estuvieran vinculados.

Más adelante, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 198934 dictó una norma general
según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
adicionen o modifiquen35. En el artículo 1036, previó que los empleados del

32
«Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
33
«Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las
dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de
formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
34
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
35
«Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán
derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden
nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los
que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
36
«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas
para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad.

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Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. Por otro lado, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives, en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por
lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978 37.

En este contexto, comoquiera que el régimen especial para algunos servidores del
DAS no prevé lo relativo a la liquidación de pensión, en atención a la remisión a las
normas generales, aquella se debe ajustar a lo señalado por el Decreto 1848 de 1969,
reglamentario del Decreto 3135 de 1968, esto es, que su monto debe corresponder al
75% del ingreso base de liquidación.

El régimen de transición de la Ley 100 de 1993

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 concibió un régimen de transición que ha sido
entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella. Esto les permitirá regirse por las normas
aplicables en el régimen anterior al que se encontraban afiliados en cuanto a la edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto de la prestación. Así lo
señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»

De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad

Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de
jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
37
«Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que
permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18
años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de
jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento.»
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o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último
aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha
sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del
régimen de transición o no, como pasa a exponerse:

• Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha
Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de
pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior

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interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.

En esta última providencia, esto es, la SU-395 de 201738 la Corte conoció de varias
acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de
pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos
546 de 197139 y 929 de 197640, y consideró que la regla general de liquidación
pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas especiales,
según lo había analizado la sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición
consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado
el servidor, solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

• Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 201041 así se refirió al tema:

«Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas
que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley,
en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y
monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al
cual se encontraban afiliados.

38
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
39
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
40
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.
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Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios[…]»

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales. Esta providencia constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.»

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La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Con todo, la Sala Plena también sostuvo:

«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado,
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión
comprende los procesos administrativos en curso, la Sala solicita de manera
imperiosa a las entidades administradoras de pensiones del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida que, al momento de efectuar el reconocimiento de la
pensión, expliquen precisa, completa y detalladamente cada uno de los factores y/o
valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación, de forma que sea
comprensible al usuario y garantice un debido proceso administrativo».

Actividades de alto riesgo del sector público

El artículo 14042 de la Ley 100 de 1993 previó:

«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional
expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto
riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de
semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos
sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.
Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.»

El Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los servidores públicos al Sistema
General de Pensiones, en el artículo 5, extendió el régimen general a los trabajadores
que laboren en actividades de alto riesgo para su salud. En atención a esta preceptiva
y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
1835 del 3 de agosto de 1994. Este último reglamentó las actividades de alto riesgo de
los servidores públicos, dentro de las cuales incluyó al personal de detectives en sus
distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

42
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
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De acuerdo con lo anterior, se concibió un régimen de transición especial43 para
quienes, a su entrada en vigor44 laboraran en dicha actividad, con el beneficio de
acceder a la pensión en las condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley
100 de 1993, es decir a los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Por su parte, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200345 derogó el Decreto 1835 de
1994, y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin
incluir al DAS. En el artículo 6 se introdujo un régimen de transición para las personas
que para esa época tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial46, así:

«Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado
cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una
vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo47.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los
previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de
la Ley 797 de 2003.»

No obstante, la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 48 se ocupó de regular
nuevamente la materia pensional para los servidores que desarrollan labores de alto
riesgo en el DAS. La norma señaló otro régimen de transición en el parágrafo 5 del
artículo 2. Aquel consiste en que los detectives vinculados antes del 3 de agosto de
1994 que para la entrada de esa ley hubieran cotizado 500 semanas, pueden acceder
a la pensión en las condiciones definidas por el Decreto 1835 de 1994.

43
«Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que
respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el
número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación,
se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente
en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
44
Esta norma comenzó a regir a partir de su publicación. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41473. 4,
AGOSTO, 1994. PAG. 25.
45
«Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
46
Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de
2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015, radicación: 2555-
13.
47
Declarado exequible condicionalmente en la sentencia C-663 2007: «[…] en el entendido que para el
cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
48
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
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La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen
de transición

En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que debe atenderse en
su integridad la normativa precedente. En un principio estimó que debían atenderse
aquellos factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933
de 1989, esto son:

• La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
• Los incrementos por antigüedad;
• La bonificación por servicios prestados;
• La prima de servicio;
• El subsidio de alimentación;
• El auxilio de transporte;
• La prima de navidad;
• Los gastos de representación;
• Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país,
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180)
días en el último año de servicio;
• La prima de vacaciones.

Más adelante, el Decreto 1137 del 2 de junio de 199449 creó la prima mensual de riesgo
equivalente al 30% de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives
de la entidad, con la salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría
devengarse simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de
que tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por
el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre
de 199450 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35% y la hizo incompatible
solamente con las prestaciones con la misma denominación previstas en los Decretos
1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión como factor salarial.

En vista de lo anterior, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que aquella
no constituye factor salarial51. Más adelante, consideró que debía acogerse el criterio
de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 2010 52, según el cual es

49
«Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados
del Departamento Administrativo de Seguridad».
50
«Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
51
Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688
01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
52
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25
000 2006 07509 01 (0112-09).
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válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera
habitual y periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su
denominación53. Esta tesis se fundó en que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969
dispuso que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75% del promedio de los
salarios y primas de toda especie recibidos durante el último año de servicio,
argumento que sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no
estaban previstas por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los
detectives del DAS.

Bajo esta nueva óptica, en la sentencia del 1 de agosto de 201354 la Sección Segunda
unificó su posición sobre el tema para acoger este último criterio y agregó que una
interpretación distinta vulneraría las garantías que la Constitución Política de 1991
impuso como referencia para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho
fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los
principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto
precisó que la prima de riesgo es percibida en forma permanente y mensual. En
consecuencia, hace parte de la contraprestación directa que recibían los servidores
del DAS, por lo que debía ser considerado dentro del ingreso base de cotización y de
la liquidación de la pensión.

Verificación de las causales de revisión invocadas

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La UGPP estimó que la providencia acusada vulneró el derecho al debido proceso,
bajo dos argumentos, a saber: i) porque ordenó la reliquidación pensional con inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio por el señor
Jorge Arturo Romero Rodríguez, cuando lo cierto es que, debieron atenderse las
disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y ii)
comoquiera que la UGPP carece de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta
de que esta no es ni la destinataria ni depositaria de los descuentos que se efectúan
por concepto de salud con destino al sistema de seguridad social en salud.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia sobre la causal contenida en el literal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, teniendo en consideración que la UGPP discute
la interpretación y aplicación de las normas que hizo el juez de instancia para el cálculo
de la prestación, pues en su criterio ello condujo a que la cuantía de la pensión
excediera lo debido de acuerdo con la ley, se advierte que esta cuestión hace
referencia a la causal descrita en el literal b) del artículo 20 de la citada ley. Por lo

53
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
54
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
440012331000200800150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
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tanto, para definir si se configura la hipótesis contemplada en el literal a), en lo atinente
a la liquidación de la pensión, es necesario verificar lo relativo al literal b), la cual se
analizará más adelante.

En cuanto al segundo argumento, la Subsección observa que dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no fue objeto de discusión la legitimación en la
causa por pasiva de la entidad con base en que la UGPP no era la depositaria ni
destinataria de los descuentos por aportes a salud con destino al sistema general de
Salud, así como tampoco la procedencia o no de estos, por el contrario, la controversia
se circunscribió a analizar la forma de calcular el IBL del señor Jorge Arturo Romero
Rodríguez como beneficiario del régimen especial de pensiones del DAS.

Por consiguiente, es plausible concluir que no se configura la causal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 por este aspecto, en la medida en que este último argumento
no corresponde al objeto de debate en el proceso ordinario.

Conclusión: No se configura la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en relación con la legitimación en la causa por activa, pues el asunto
objeto de litigio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
restringió a la forma en cómo se debía calcular el IBL del pensionado, sin analizar de
manera alguna los descuentos que por concepto de salud le corresponde efectuar a la
entidad pensional.

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003.

Para abordar lo relativo a la configuración de esta causal de revisión, se destacan los
siguientes aspectos:

El señor Jorge Arturo Romero Rodríguez nació el 22 de marzo de 196155. Laboró en
el DAS desde el 10 de noviembre de 1987 hasta el 1 de agosto de 2009 56, para un
total de 21 años, 8 meses y 22 días57. El último cargo que desempeñó fue el de
detective especializado 206-13. Según la certificación suscrita por el coordinador del
Grupo de Tesorería58, durante el último año de servicios comprendido entre agosto de
2008 hasta agosto de 2009 devengó los siguientes emolumentos:

55
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 7 del anexo 1 del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho.
56
Mediante Resolución 0878 del 23 de julio de 2009 el DAS retiró del servicio al señor Jorge Arturo
Romero Rodríguez a partir del 1 de agosto de 2009. Obra a folio 4 del cuad. ppal. del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
57
De acuerdo con la certificación expedida el 10 de abril de 2012 por la coordinadora Grupo
Administración de Personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en Supresión, obrante
en el folio 3 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
58
Folios 5 a 6 del cuad. ppal. del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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• Asignación básica
• Bonificación por servicios
• Prima de servicios
• Prima de riesgo
• Indemnización vacaciones
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
• «FACTORES POR VACACIONES»

Por medio de la Resolución 9733 del 27 de febrero de 200959, la Caja Nacional de
Previsión, EICE, le reconoció al señor Jorge Arturo Romero Rodríguez una pensión de
vejez, condicionada al retiro definitivo del servicio. Para el efecto, tuvo en cuenta lo
siguiente:

➢ El demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
➢ Laboró un total de 7251 días, equivalente a 1035 semanas.
➢ Adquirió el estatus jurídico el 9 de noviembre de 2007.
➢ La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del promedio de lo
devengado durante los últimos diez años de servicios, comprendidos entre el 1
de enero de 1998 y el 30 de diciembre de 2007. Los factores que incluyó fueron:
asignación básica y bonificación por servicios.

A través de la Resolución UGM 015303 del 25 de octubre de 2011 60, la Caja Nacional
de previsión Social EICE, en Liquidación, reliquidó la pensión del señor Jorge Arturo
Romero Rodríguez a partir del 1 de agosto de 2009. En dicho acto, calculó la mesada
del demandado en cuantía del 75% de un ingreso base de liquidación conformado por
el promedio de los salarios sobre los cuales se efectuaron aportes durante los últimos
10 años de servicio, a saber, entre el 1 de agosto de 1999 y el 30 de julio de 2009. Los
factores que se incluyeron fueron los mismos descritos en el acto de reconocimiento
pensional. Negó la inclusión de todos los factores devengados durante el último año
de servicio, bajo el siguiente argumento:

«[…] Como el régimen del sistema general de pensiones no hace ninguna
excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma
de liquidar de la misma, se hace necesario señalar que ambos aspectos se
determinan de conformidad con lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios y no con lo dispuesto en las normas anteriores, pues los
empleados públicos del orden nacional fueron incorporados al Sistema General
de Pensiones a partir del 01 de abril de 1994, por mandato expreso de los artículos
1 y 2 del decreto 691 de 1994.
Por tanto, al ser éste el régimen aplicable de conformidad con la ley 100 de 1993
se deben tener en cuenta los factores salariales contemplados en el Decreto 1158
de 1994 para determinar el ingreso base de liquidación […]»

59
Folios 40 a 44 del anexo I del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
60
Folios 7 a 12 del cuad. ppal. del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP

El Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá, en la sentencia del
31 de mayo de 2013, ordenó la reliquidación de la pensión del señor Jorge Arturo
Romero Rodríguez, bajo los siguientes argumentos61:

«[…] Consta en el expediente que el demandante laboró en el Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS, desde el 10 de noviembre de 1987 hasta el 1
de agosto de 2009 y desempeñó el cargo de detective especializado 206-13
asignado al nivel central de Bogotá. Por consiguiente tenía derecho a los
beneficios del régimen de transición consagrado por el artículo 4.º del Decreto
1835 de 1994, pues en ese momento cumple con el requisito de la vinculación en
una actividad de alto riesgo en el DAS, encontrándose amparado por el régimen
legal especial a que estaba sometido con anterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993, es decir, el Decreto 1933 de 1989.
No obstante, la accionada pensionó al demandante mediante la Resolución Nº
09733 de 27 de febrero de 2009, pero le liquidó la pensión aplicando el 75% del
promedio de lo devengado por los años 1998 a 2007 (nueve años), teniendo en
cuenta los factores de asignación básica y bonificación por servicios prestados.
Se tiene entonces que la accionada ha debido liquidarle la pensión de jubilación
al actor de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1933 de 1989, con el 75%
del promedio mensual de lo devengado durante el último año de servicios […]
Por su parte el Decreto 1933 de 23 de agosto de 1989 “Por el cual se expide el
régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad” contempló algunos factores salariales que se deben
tener en cuenta para el momento de la liquidación pensional, pero como este
decreto no hace mención al porcentaje del ingreso base de liquidación, en sus
artículos 1.º y 10.º nos remite entonces al Decreto 3135 de 1968, que en su artículo
27, señala, que para establecer la pensión de jubilación se tiene en cuenta el
equivalente del 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
año de servicios que fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969 […]
En éste orden de ideas, resulta procedente declarar la nulidad parcial de la
Resolución N.º UGM 015303 del 25 de octubre de 2011, proferida por la
demandada; y ordenar que la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL – en
liquidación, reliquide y pague la Pensión de Jubilación reconocida a favor del
demandante, sobre el 75% del promedio de los factores salariales legales
devengados en el último año de servicios, comprendido entre el 1 de agosto de
2008 y el 31 de julio de 2009, incluyendo la asignación básica, la bonificación por
servicios, la prima de servicios, la prima de navidad, prima de vacaciones y la
prima de riesgo, de conformidad con los certificados salariales expedidos por el
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, visibles a folios 5 y 6 del
expediente, con efectos a partir del 1 de agosto de 2009, fecha del retiro del
servicio. Para tal efecto dichos emolumentos reconocidos y pagados anualmente
deben ser computados para efectos de determinar la base de liquidación en su
doceava.
Respecto de los factores de indemnización vacaciones y factores por vacaciones,
se tiene que como quiera que las vacaciones no son salario ni prestación, sino
que corresponden a un descanso remunerado para el trabajador, no es viable
computarlas para fines pensionales. El Consejo de Estado ha sido reiterativo en
precisar que la compensación monetaria, que se otorga al trabajador cuando no
disfruta de sus vacaciones, no puede servir de base salarial para liquidar la
pensión de jubilación.
[…]
RESUELVE
61
Folios 75 a 85 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución N.º UGM
015303 del 25 de octubre de 2011, proferida por la accionada, por medio de la
cual, la entidad demandada reliquidó parcialmente la pensión de jubilación del
actor […]
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título
de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la Caja Nacional de Previsión
Social E.I.C.E. en liquidación o a quien haga sus veces, reliquidar y pagar la
pensión de jubilación del señor JORGE ARTURO ROMERO RODRÍGUEZ […] en
cuantía del 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicios, periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009,
incluyendo la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de servicios,
la prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima de riesgo, con efectos a
partir del 1 de agosto de 2009 […]» (puntuación, gramática, negrillas y ortografía
del original)

La decisión se sustentó, fundamentalmente, en el criterio según el cual los servidores
del DAS que disfrutan del régimen especial de pensiones, contenido en los Decretos
1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, tienen derecho a que se les apliquen
tales preceptivas en lo relacionado con los factores computables para liquidar la
pensión de jubilación. Así mismo, consideró que la pensión de jubilación debía
liquidarse con el promedio de los salarios y primas de toda especie, devengados en el
último año de servicio, conforme lo prevé el Decreto 1848 de 1969.

Análisis de la Subsección

En la demanda de revisión, la UGPP discute la forma en la que la decisión de instancia
ordenó que se calculara el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida al
señor Jorge Arturo Romero Rodríguez. En su criterio, debe darse aplicación a lo
previsto por los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158
de 1994, de acuerdo con las reglas definidas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Así las cosas, el análisis se concretará a tal argumento.

De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación

Para abordar el anterior planteamiento, es de anotar que para el momento en el que
se produjo la decisión que se revisa, estaba vigente la tesis asumida en la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, dentro de la cual se
determinó que el IBL, de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, sería el previsto por las leyes anteriores, con inclusión de todas
aquellas sumas que el servidor percibía de manera habitual y periódica como
contraprestación del servicio, independientemente, de su denominación62. Dicha

62
Así se reiteró por el Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010,
radicación 250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
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Demandante: UGPP

posición, fue reiterada más adelante en la sentencia del 1 de agosto de 2013 63 en la
cual la Sección Segunda se refirió a los servidores amparados por el régimen especial
del DAS, tal y como se indicó previamente64. Sin embargo, incluso antes de que se
hubiera unificado el criterio, la jurisprudencia del Consejo de Estado ya venía
impartiendo esta interpretación65.

En ese orden, se observa que la decisión adoptada en la providencia bajo revisión se
acompasa con el criterio desarrollado por esta Corporación 66 vigente para la época,
comoquiera que se ordenó reliquidar la pensión de jubilación atendiendo las
disposiciones del régimen anterior, esto es, con inclusión de los factores contenidos
en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989. En el mismo sentido, la Subsección B, en
la sentencia del 18 de agosto de 2005 67 expuso una tesis orientada al reconocimiento
y liquidación de la pensión de los detectives del DAS con arreglo al régimen especial
contenido en los Decretos 3135 de 1968, 1933 de 1989, 1045 de 1978, 1047 de 1978
y 1933 de 1989.

Ahora, es necesario precisar que, de las providencias enunciadas en la demanda de
revisión, solamente las sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, se habían emitido
para la época en que fue proferida la sentencia cuestionada, y, por lo tanto, se
analizará su contenido de cara con el sub examine.

Pues bien, en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se
estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este
asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 199368 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos.
Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales
excede la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas
de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una
plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25
que ordena dar especial protección al trabajo.

63
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
64
Dicha posición también se había sostenido previamente en: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación 250002325000200500052 01(0568-2008),
demandante: José Luis Martínez Arteaga.
65
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
66
Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 14 de julio y 18 de agosto de 2005, radicación
44001-23-31-000-2002-00045-01 y 25000-23-25-000-2001-12163-01.
67
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de agosto de 2005, radicación
25000-23-25-000-2001-12163-01 (782-2004).
68
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público. Ciertamente, mientras para los primeros se toma como
base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los
segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año. Tal
desigualdad contraría el artículo 13 de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este asunto.

Ahora, en cuanto a la sentencia C-258 de 2013, se advierte que la Corte Constitucional
analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que
debe tenerse en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas,
determinó las siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada
ley no podrá extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se
encontraren afiliados a aquel; ii) los factores de liquidación serán aquellos
efectivamente recibidos por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado
las correspondientes cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y
36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar
los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de
2013. Lo anterior difiere de la normativa que rige el derecho pensional del aquí
demandado quien no es beneficiario de dicho régimen especial.

En todo caso, también es de resaltar que la Corte Constitucional, a través de sus salas
de revisión69, sostuvo que el beneficio de la transición pensional consistía en acatar en
su integridad las condiciones del régimen anterior. En consecuencia, el ingreso base
de liquidación se entendía incluido en el régimen de transición 70. Por esa razón, se

69
Sobre este tema se pueden ver, de la Corte Constitucional las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de
2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
70
Se resalta lo considerado en la sentencia T-631 de 2002, en la que la Corte Constitucional se refirió
al ingreso base de liquidación que debía atenderse en los casos de las personas que se encontraran en
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así: «[…]El monto de la pensión se calcula sobre una base
y de allí se saca un porcentaje. No se puede entender el uno sin el otro. Esa base, en la teoría de la
seguridad social, se denomina indistintamente como base reguladora, haber regulador, salario
jubilatorio o haber jubilatorio. Tratándose de regímenes especiales, se tendrá en cuenta la base
reguladora y el porcentaje que señalen específicamente tales regímenes. Es imposible desvertebrar el
efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente
tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546/71 y la base reguladora es la
señalada en la ley 100 de 1993. Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne
los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto
546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es
afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. […]». Esta tesis fue reiterada en las sentencias T-1000
de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009, T-610 de 2009.
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admitía que la liquidación debía efectuarse sobre el promedio de lo devengado en el
último año de servicios.

De otra parte, en relación con las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y los Autos 326 de
2014 y 229 de 2017, es importante señalar que ninguna de ellas podía ser tenida como
precedente. Lo anterior en consideración a que son posteriores a la providencia que
se revisa, además de que no se les otorgó efectos retrospectivos. De esta manera, no
se les puede considerar precedente en este caso.

De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación

Respecto de los factores que se ordenó tener en cuenta en la liquidación de la pensión
del demandado, se advierte que el Juzgado consideró posible la inclusión de todas las
sumas que habitual y periódicamente recibió el trabajador como contraprestación
directa por sus servicios, independientemente de la denominación que tuvieran, con
fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 73 del Decreto 1848 de
1969, las cuales reflejan la posición que fue asumida en las sentencias de unificación
del 4 de agosto de 2010 y 1 de agosto de 201371.

En suma, en el presente asunto se demostró que el señor Jorge Arturo Romero
Rodríguez es beneficiario del régimen de transición de que trata el Decreto 1835 de
1994, pues este aspecto no fue objeto de discusión. La pensión fue liquidada con base
en lo devengado en el último año de servicio, con una tasa de reemplazo del 75%, en
cumplimiento de los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989, 3135 de 1968, 1848 de
1969 y 1835 de 1994 que consagra el régimen especial de los detectives del DAS, al
cual tenía derecho por haber estado vinculado a la entidad para el 3 de agosto de
1994. Los factores salariales que se ordenaron incluir fueron los devengados en el
último año de servicios conforme se sostuvo en la sentencia del 4 de agosto de 2010,
esto es, la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la
prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima de riesgo, tal como consta en la
certificación suscrita por el coordinador del Grupo de Tesorería 72.

En esas condiciones, no se encuentra demostrada la causal de revisión del artículo
20, literal b) de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite salvaguardar instituciones
superiores tales como la seguridad jurídica 73.

71
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
72
Folios 5 a 6 del cuad. ppal. del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
73
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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Finalmente, es importante advertir que, si bien la Sala Plena del Consejo de Estado
modificó su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen
general, en la sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, también es cierto que
en dicha providencia se delimitó su alcance para señalar que «No puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede
extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio imperante
para la época, a lo que se agrega que la posición contenida en la sentencia del 1 de
agosto de 2013, relativa a los servidores del DAS particularmente, no se ha
replanteado hasta el momento.

Denótese que si bien, la referida posición es posterior a la fecha en que se adoptó la
decisión objeto de revisión, lo cierto es que aquella recogió la tesis bajo la cual se
accedió a la reliquidación pensional del señor Jorge Arturo Romero Rodríguez.

Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2
y 124 de la Constitución Política; el Acto Legislativo 01 de 2005; las Leyes 100 de 1993
y 860 de 2003; así como también los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1158 de
1994, citados como desconocidos por la UGPP en el escrito contentivo de la acción
especial de revisión. Lo anterior, en consideración a que la interpretación que la
sentencia objeto del recurso impartió a tales contenidos normativos, se alineó con el
criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado.

En esas condiciones, tampoco se estructura la causal contenida en el literal a), relativa
a la vulneración del debido proceso, en relación con la liquidación de la pensión
ordenada.

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión del señor
Jorge Arturo Romero Rodríguez atendiendo el ingreso base de liquidación del régimen
especial del DAS previsto por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, esto es, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de
servicios, con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima
de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima de riesgo.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, se declarará infundada la acción especial de
revisión contra la sentencia del 31 de mayo de 2013 proferida por el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Descongestión de Bogotá, mediante la cual se ordenó la
reliquidación de la pensión del señor Jorge Arturo Romero Rodríguez, con el 75% del
promedio de todos los factores devengados en el último año de servicios, así como la
prima de riesgo. Emolumentos descritos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989,
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debidamente acreditados por el exdetective del DAS.

Reconocimiento de personería

Se reconocerá personería a LEGAL ASSISTANCE GROUP SAS, representada
legalmente por Cristian Felipe Muñoz Ospina74, quien se identifica con la cédula de
ciudadanía 75.096.530 de Manizales, y la tarjeta profesional 131.246 del C.S. de la J.
en los términos y para los efectos del poder conferido por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP75.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público », en esas condiciones,
teniendo en cuenta que esta Corporación 76 ha considerado que el ejercicio del
mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye
una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar
el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el
servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional; la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP
contra el señor Jorge Arturo Romero Rodríguez, por las causales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el
Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá el 31 de mayo de 2013,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación:
110013331016201200163.

74
Según consulta en la página de la Rama Judicial, Comisión Nacional de Disciplina, el abogado no
reporta antecedentes disciplinarios. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/
75
Índice 35 del sistema informático SAMAI.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Radicado: 110010325000201900181 00 (1095-2019)
Demandante: UGPP

Segundo: Reconocer personería a LEGAL ASSISTANCE GROUP SAS, representada
legalmente por Cristian Felipe Muñoz Ospina, en los términos y para los efectos del
poder conferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Tercero: Sin condena en costas.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al Juzgado de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el programa informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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