República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00199-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de junio de 2026
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00199-00 (1298-2019)
Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00199-00 (1298-2019)
Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz1
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Tema: legalidad de las reglas de valoración médica y reclamaciones en la
Convocatoria 335 de 2016 para el cargo de dragoneante del INPEC. Subtema 1:
ineptitud de la demanda por dirigirse contra una decisión que no constituye un acto
administrativo definitivo susceptible de control. Subtema 2: cosa juzgada respecto del
requisito de estatura para el cargo de dragoneante. Subtema 3: inaplicabilidad del
régimen general de recursos del CPACA frente al procedimiento especial de
reclamaciones de la Convocatoria 335 de 2016.
Sentencia de única instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
demanda presentada en ejercicio de los medios de control de nulidad simple y nulidad
y restablecimiento del derecho, presentada por el señor Miguel Ángel Narváez Ortiz
contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC o Comisión).
1. Síntesis del caso
El señor Miguel Ángel Narváez Ortiz demandó, en ejercicio de los medios de control
de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los artículos 50, 52, 53 y
54 del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016 de la CNSC, mediante el cual se
reglamentó la Convocatoria 335 de 2016 para proveer el cargo de dragoneante del
INPEC, así como el oficio 20182120694961 del 26 de diciembre de 2018, por el cual
esa entidad mantuvo la exclusión del accionante del proceso de selección. A juicio del
demandante, las normas acusadas vulneran el derecho al debido proceso al impedir
la interposición de recursos contra la decisión que resuelve la reclamación sobre la
valoración médica, discriminan a los aspirantes por razón de su estatura física sin
sustento científico suficiente, y desconocen el principio del mérito al someter la
selección al resultado irrecurrible de una entidad privada contratada.
1 El nombre del accionante se corrigió en la audiencia inicial del 4 de marzo de 2024, toda vez que con anterioridad
las diferentes actuaciones identificaban al demandante como Miguel Ángel Ortiz Narváez, es decir, invirtiendo el
orden de los apellidos.
1
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00199-00 (1298-2019)
Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
La Sala no accede a las pretensiones. Desde el punto de vista procesal, se declara
que el INPEC fue debidamente vinculado al proceso en calidad de tercero interesado;
que la demanda es inepta respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, por haberse dirigido contra un oficio que carece de contenido decisorio
propio y que se limitó a reiterar lo resuelto mediante actos anteriores que definieron
definitivamente la situación del demandante en el concurso; y que la demanda
igualmente carece de concepto de violación apto respecto del artículo 53 del Acuerdo
563 de 2016.
De otra parte, se constata que opera la excepción de cosa juzgada frente a la
pretensión de nulidad del artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016. Asimismo, se concluye
que los artículos 50 y 54 del anterior acto administrativo no vulneran el debido proceso,
la igualdad ni el principio del mérito, pues la convocatoria, en su condición de norma
reguladora del concurso vinculante para todos los participantes, garantizó el derecho
de defensa mediante el mecanismo de reclamación, cuya restricción de recursos
adicionales resulta razonable, proporcionada y acorde con el régimen especial de
carrera penitenciaria que gobierna el proceso de selección, conformado por el Decreto
Ley 407 de 1994 y la Ley 909 de 2004, frente al cual el CPACA opera únicamente de
manera supletoria.
2. Antecedentes
2.1. Demanda
2.1.1. Pretensiones
1. El 15 de febrero de 20192, el señor Miguel Ángel Narváez Ortiz, por intermedio
de apoderada judicial, instauró demanda contra la CNSC en ejercicio de dos medios
de control acumulados: de un lado, nulidad simple contra los artículos 50, 52, 53 y 54
del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016, por el cual se reglamentó la Convocatoria
335 de 2016 para proveer el cargo de dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (en adelante INPEC). De otro, nulidad y restablecimiento del derecho
contra la respuesta otorgada el 26 de diciembre de 2018 bajo el radicado
20182120694961, mediante la cual la Comisión ratificó la exclusión del demandante
de la mencionada convocatoria.
2. Solicitó la nulidad de los artículos antes señalados y de la mencionada
respuesta. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a la CNSC
a reintegrarlo a la Convocatoria 335 de 2016, permitiéndole continuar con las pruebas
restantes del proceso de selección y ser incluido en la lista de elegibles para el cargo
de dragoneante del INPEC.
2 Folio 1 a 7 del expediente físico. También en Samai, expediente digital, índice 72, documento
«75ED12982019PDF(.pdf) NroActua 72», págs. 2 al 8.
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Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
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2.1.2. Hechos
3. Narró que mediante el Acuerdo 563 de 2016 la CNSC reglamentó la
Convocatoria 335 del mismo año para proveer el cargo de dragoneante del INPEC, en
cuyo marco expidió varias reglas que a su juicio contrarían los principios legales y
constitucionales que rigen el acceso a los cargos públicos de carrera.
4. En lo que concierne al contenido de los artículos acusados, refirió que el 50
regula la importancia y los efectos del resultado de la valoración médica, precisando
que con ella se analiza la aptitud médica y psicofísica del aspirante —entendida como
la capacidad mental y física para desempeñar una actividad u oficio—; que la medición
es realizada por el médico especialista en salud ocupacional contratado por la
universidad o institución de educación superior que la CNSC designe para el proceso,
que ese resultado es el único válido; que la valoración no constituye prueba dentro de
la convocatoria sino un requisito para ingresar al curso de formación o
complementación en la Escuela Penitenciaria del INPEC; y que el resultado publicado
después de las reclamaciones tendrá carácter definitivo, de manera que el aspirante
que obtenga calificación de no apto será excluido del proceso de selección.
5. El artículo 52 establece la estatura mínima y máxima de los aspirantes de
conformidad con la Resolución 005657 del 24 de diciembre de 2015 del INPEC, fijando
como rangos válidos para hombres una estatura mínima de 1.66 m y máxima de 1.98
m, y para mujeres mínima de 1.58 m y máxima de 1.98 m, señalando que dicha
medición será realizada por el médico especialista en salud ocupacional y que
constituye la única valoración válida para el proceso de selección, con la advertencia
de que quien no cumpla tales estándares será excluido.
6. El artículo 53 regula la publicación de los resultados de la valoración médica en
la página web de la CNSC. Finalmente, el artículo 54 reglamenta la atención y
respuesta a las reclamaciones sobre los resultados de la valoración médica,
estableciendo que ante la decisión que resuelva la reclamación contra el resultado de
la valoración médica no procede recurso alguno.
7. Expuso que, como efecto de la aplicación de las anteriores reglas, el
demandante fue excluido del concurso, pese a que —según afirmó— en ningún
momento presentó restricción o inhabilidad de estatura, pues contaba con la talla de
1.67 m que correspondía al rango exigido por la propia convocatoria. Señaló que este
error existía desde el inicio y nunca fue escuchado ni atendido favorablemente.
8. Narró que agotó la reclamación administrativa, solicitando la inaplicación de las
reglas que considera ilegales e inconstitucionales y aportando pruebas científicas que
acreditaban su condición, pero que la CNSC mantuvo la exclusión mediante la
respuesta del 26 de diciembre de 2018 (controvertida en esta oportunidad), con grave
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violación a sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a los cargos públicos.
9. Añadió que en el trámite de una acción de tutela el juez de primera instancia
había concedido el amparo de los derechos al debido proceso y a la igualdad,
ordenando su reincorporación al concurso, pero que el fallo respectivo fue revocado
en segunda instancia, lo que en su criterio no desvirtuaba la existencia de la
vulneración constitucional que motivaba la demanda.
2.1.3. Concepto de violación
10. Vulneración del artículo 29 de la Constitución Política — debido proceso.
Arguyó que los artículos 50 y 54 del Acuerdo 563 de 2016 infringen el derecho al
debido proceso administrativo. La contravención se produce porque si bien el artículo
50 establece que el resultado de los exámenes médicos después de las reclamaciones
tendrá carácter definitivo, el artículo 54 va más lejos al disponer que ante la decisión
que resuelva la reclamación contra el resultado de la valoración médica no procede
recurso alguno, con lo cual se elimina por completo la posibilidad de que el aspirante
ejerza su derecho a impugnar el acto administrativo definitivo que afecta sus intereses.
11. Sostuvo que esa previsión contraría de manera directa el artículo 74 de la Ley
1437 de 2011, que establece como regla general que contra los actos definitivos
proceden recursos, en particular el de reposición ante quien expidió la decisión para
que la aclare, modifique, adicione o revoque.
12. Al declarar irrecurribles las decisiones sobre reclamaciones médicas, la
convocatoria convierte la reclamación en un formalismo que no garantiza la efectiva
defensa del aspirante, parte de la premisa de que los resultados de la entidad
examinadora son infalibles, y desconoce que en el caso concreto el demandante
aportó pruebas científicas que no fueron despachadas favorablemente pese a
acreditar que contaba con la estatura requerida.
13. Subrayó que al no aplicarse las normas generales del derecho administrativo —
que son garantía del ciudadano para ejercer el derecho de defensa y contradicción
contra los actos definitivos—, las reglas acusadas deben ser declaradas nulas por
haber sido expedidas con infracción de las normas en que debían fundarse.
14. Vulneración del artículo 13 de la Constitución Política — derecho a la
igualdad. Sostuvo que el artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016 viola el principio de
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, que prohíbe la
discriminación de los ciudadanos por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión u opinión política o filosófica.
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Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
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15. Argumentó que la norma acusada discrimina injustificadamente a los
ciudadanos por razón de su estatura o contextura física, sin prever si tal característica
obedece o no a patologías médicas o si simplemente es parte de la naturaleza del
aspirante. Afirmó que si bien la adopción de un «profesiograma» puede determinar
inhabilidades médicas derivadas de deficiencias del crecimiento, ello debe
corresponder a una determinación técnica y científica, y no a una declaración simple y
elemental de que la talla o contextura física impide el acceso a un cargo público.
16. Puso de presente que, además, considerar la estatura como inhabilidad para
ejercer el cargo de dragoneante sin sustento riguroso trasgrede los principios y valores
constitucionales de manera injustificada, pues en la práctica genera inseguridad
jurídica para cada aspirante y somete su suerte a la valoración unilateral de una
entidad médica contratada, sin que el afectado pueda oponerse eficazmente. En el
caso concreto, el demandante no se encontraba en ningún rango de exclusión y así lo
acreditó en repetidas ocasiones, sin que sus peticiones fueran atendidas de manera
favorable.
17. Vulneración del artículo 125 de la Constitución Política — principio del
mérito. Arguyó que las reglas que establecen la reclamación sin posibilidad efectiva
de contradicción vulneran el principio del mérito contenido en el artículo 125 de la
Constitución Política, según el cual el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en
los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley
para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
18. Señaló que los méritos y calidades a que se refiere este principio constitucional
comprenden la valoración integral del empleado como ser humano, sus capacidades
académicas y las aptitudes adquiridas en el ejercicio de las funciones del cargo. Al
someter la selección a un resultado médico unilateral, definitivo e irrecurrible, sin
consideración de los soportes aportados por quien demuestra que no padece ninguna
inhabilidad, las normas acusadas cosifican al individuo y desvirtúan el sistema de
carrera basado en el mérito, pues la exclusión no responde a una evaluación objetiva
de las calidades del aspirante sino a una decisión inapelable de una entidad privada
contratada.
19. En relación con el acto particular demandado, arguyó que la respuesta del
26 de diciembre de 2018 mediante la cual la CNSC negó la reclamación administrativa
del demandante es ilegal, en cuanto se limitó a mantener la exclusión con fundamento
en las mismas reglas ilegales e inconstitucionales del Acuerdo 563 de 2016, sin tener
en cuenta la condición real del demandante —quien acreditó contar con la estatura de
1.67 m. requerida por la convocatoria— y sin brindarle ninguna oportunidad efectiva
de defensa. Indicó que la respuesta confirma la decisión de exclusión sin mayores
razonamientos y con desconocimiento de las pruebas científicas aportadas,
perpetuando así la violación de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a los cargos públicos.
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Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
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2.2. Admisión de la demanda y vinculación del INPEC
20. Mediante auto del 3 de junio de 20213 se admitió la demanda; no obstante, en
dicha oportunidad no se vinculó al INPEC a pesar de que tiene interés en el presente
proceso, al ser la entidad beneficiaria de la convocatoria de la que hizo parte el
accionante y que controvierte en esta oportunidad. Por tal motivo, a través del auto del
18 de marzo de 20224 se dispuso la vinculación de dicha entidad, que no contestó la
demanda5.
2.3. Contestación de la demanda
21. La CNSC se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda6 y formuló
excepciones de mérito, con fundamento en los siguientes argumentos:
22. Frente a los hechos de la demanda, admitió que mediante el Acuerdo 563 de
2016 se reglamentó la Convocatoria 335 del mismo año para proveer el cargo de
dragoneante del INPEC, que el artículo 52 del Acuerdo establece los rangos de
estatura mínima y máxima exigidos a los aspirantes de conformidad con la Resolución
005657 del 24 de diciembre de 2015 del INPEC, y que el demandante presentó
reclamación contra el resultado de su valoración médica, la cual fue resuelta
oportunamente.
23. Sin embargo, negó que la exigencia de requisitos físicos vulnere el debido
proceso de los aspirantes, pues tales requerimientos tienen justificada su necesidad
en las funciones a desempeñar y no constituyen factor de discriminación ni requisito
caprichoso, sino que derivan del estudio técnico de los requerimientos mínimos para
el personal que hará parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, establecidos a través
de los «profesiogramas «y «perfiles profesiográficos» del cargo.
24. En respaldo de esta posición invocó la sentencia T-785 de 2013 de la Corte
Constitucional, según la cual es viable exigir determinados requisitos de naturaleza
física siempre que exista un fundamento científico o médico que acredite dicha
posibilidad, y que tales requerimientos guarden relación con la labor a desempeñar,
sean razonables y proporcionales, y hayan sido previamente publicitados.
25. Informó además que, según los resultados de la valoración médica practicada
por la IPS Medicare S.A.S., la talla del demandante era de 1.65 m, es decir, inferior a
3 Folios 27 y 28. Samai, expediente digital, índice 6.
4 Folios 32 a 34. Samai, expediente digital, índice 29.
5 Como se dejó constancia en las providencias del 22 de enero de 2024, mediante las cuales se convocó a la
audiencia inicial y se determinó que las excepciones propuestas por la CNSC se resolverían en la sentencia. Folios
45-49.
6 Samai, expediente digital, índice 23, documento «18_MemorialWeb_ContestaciónDemanda(.pdf) NroActua 23».
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Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
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la mínima requerida de 1.66 m, lo que constituía una inhabilidad que le impedía
continuar en el proceso de selección.
26. Negó que se hubieran vulnerado derechos fundamentales del aspirante,
señalando que así lo había determinado el juez constitucional en segunda instancia al
declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el demandante —por los
hechos que motivaron la presentación de esta demanda.
27. En cuanto al concepto de violación, la CNSC sostuvo que la parte actora no
cumplió con la carga argumentativa mínima que exige controvertir la legalidad de los
actos administrativos, consistente en presentar un cargo concreto, invocando alguna
de las modalidades descritas en el artículo 137 del CPACA, claro, cierto, objetivo,
pertinente y suficiente que logre «desvirtuar la presunción constitucional de acierto y
legalidad de los actos administrativos acusados».
28. Formuló dos excepciones. La primera, denominada «improcedencia del cargo
presentado contra el acuerdo acusado», fundada en que las sentencias de la Corte
Constitucional invocadas por la parte actora –aunque esta en el escrito
correspondiente no relacionó alguna– no constituyen línea jurisprudencial ni
precedente judicial aplicable al caso, y en que el derecho positivo, convencional y
jurisprudencial no restringe a las entidades demandadas la posibilidad de interpretar
los textos normativos con fundamento en el principio de discrecionalidad administrativa
consagrado en los artículos 3 y 10 del CPACA, por lo que no existe agravio ni infracción
al régimen constitucional y legal vigente.
29. La segunda excepción, denominada «improcedencia de la acusación por no
existir contradicción evidente entre las razones jurídicas y fácticas expuestas en los
actos administrativos acusados y las razones concretas de la inconformidad», se fundó
en que el principio meritocrático es un elemento nodal del Estado Social de Derecho
que no puede ser sustituido ni eliminado —citó las sentencias C-699 de 2016 y C-588
de 2009 de la Corte Constitucional—, en que según el profesiograma del cargo de
dragoneante la estatura mínima requerida tiene justificación técnica relacionada con la
integridad física del personal de custodia, la proyección de autoridad y el uso adecuado
de los elementos de seguridad propios de funciones operativas, y en que la talla del
demandante medida por la IPS Medicare S.A.S. fue de 1.65 m , es decir, inferior a la
mínima requerida, lo que constituyó una inhabilidad que le impidió continuar en el
proceso de selección.
2.4. Audiencia inicial
30. El 4 de marzo de 2024 se celebró la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 20117, en la que se destacó que a través del auto del 22 de enero
7 Folios 50-52 del expediente físico.
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de 20148 se determinó que las excepciones propuestas por la parte demandada se
resolverían en la sentencia. Además, de oficio se advirtió que frente a la legalidad del
artículo 52 del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016, acusado en esta oportunidad,
esta corporación se pronunció en sentencia del 25 de noviembre de 20199, motivo por
el cual se debía establecer en la providencia que le ponga fin al proceso si se configuró
la excepción de cosa juzgada.
31. Como se resume en el acta correspondiente a la mencionada audiencia, en la
fijación del litigio se consideró que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:
i.Si en este caso se configura la cosa juzgada respecto del artículo 52 del Acuerdo
563 del 2016 [una de las normas demandadas] ii. Si las demás normas
demandadas [arts. 50, 53 y 54 del Acuerdo 563 del 2016 y el oficio
20182120694961 del 26 de diciembre de 2018], incurren en las exigencias, yerros
y omisiones alegadas en la demanda [establecer y exigir en el requisito de aptitud
física, una estatura mínima y máxima al concursante, y no contemplar recursos
contra la valoración médica]; en caso afirmativo si generan discriminación y
vulneran los artículos 13, 29, 125 de la Constitución Política, 74 de la Ley 1437 de
2011 y el principio del mérito.
32. En la misma diligencia se tuvieron como pruebas los documentos allegados por
los sujetos procesales, con el valor probatorio que la ley les otorga, y de oficio se
decretaron las siguientes10:
a. Que el INPEC allegara copia de la historia de salud ocupacional y laboral, así
como la hoja de vida del actor.
b. Que la CNSC aportara los antecedentes administrativos del demandante al
interior de la Convocatoria 335 de 2016, en especial la valoración médico
ocupacional, sus observaciones y resultados.
c. Se solicitó a la IPS Medicare S.A.S. remitir la «valoración médico talla»
efectuada al peticionario.
2.5. Audiencia de pruebas
33. El 29 de abril de 202411 se llevó a cabo esta audiencia, en la cual se
incorporaron al expediente «los documentos obrantes en la plataforma SAMAI,
allegados en cumplimiento de las pruebas decretadas en la audiencia inicial del 4 de
marzo de 2024». Adicionalmente, se otorgaron 10 días a las partes para presentar por
escrito sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir el concepto
respectivo.
8 Folios 48-49. Samai, expediente digital, índice 64.
9 Rad. 11001-03-25-000-2016-00700-00 (3049-2016).
10 Aunque se decretó el interrogatorio de parte solicitado por la demandada, esta desistió de dicha prueba,
desistimiento que fue aceptado.
11 Samai, índice 97.
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2.6. Alegatos de conclusión
2.6.1. Comisión Nacional del Servicio Civil
34. En síntesis, insistió en las razones expuestas al contestar la demanda y solicitó
declarar probadas las excepciones de mérito, negar las pretensiones y condenar en
costas a la parte demandante. Hizo énfasis en que la valoración médica practicada por
la IPS Medicare S.A.S. al peticionario estableció de manera coincidente que su talla
era de 1.65 m, inferior a la mínima requerida, por lo que no cumplía con los requisitos
del acuerdo de convocatoria y el profesiograma12.
2.6.2. Instituto Nacional Penitenciario
35. Como primer argumento, señaló13 que respecto de la pretensión de nulidad del
oficio 20182120694961, el INPEC carece de legitimación en la causa por pasiva, pues
no fue quien expidió ese acto administrativo. Indicó que la actuación del Instituto se
limitó a ofrecer los cargos vacantes y describir sus funciones, siendo la CNSC —
conforme al artículo 30 de la Ley 909 de 2004 y al artículo 2 del Acuerdo 564 de 2016—
la entidad competente para adelantar los concursos y asumir la directa responsabilidad
del proceso de selección. Apoyó esta posición en jurisprudencia de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, según la cual la parte pasiva en las acciones contencioso-
administrativas se determina por la autoría del acto, de suerte que el deber de
vinculación forzosa surge respecto de la autoridad que lo expidió.
36. Sostuvo que sobre el requisito de estatura contenido en el artículo 52 del
Acuerdo 563 de 2016 opera la cosa juzgada, en tanto la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de noviembre de 2019, radicado 11001-
03-25-000-2016-00700-00 (3049-16), negó la nulidad de esa misma disposición, al
concluir que el requisito de estatura es razonable y proporcional con las tareas de
seguridad y custodia del cargo, no es arbitrario ni caprichoso —por ser el resultado de
una investigación interdisciplinaria de especialistas consignada en un documento
técnico y médico científico—, y fue conocido por los aspirantes previamente al
momento de su inscripción.
37. Expuso que el requisito de estatura encuentra sustento en el profesiograma
adoptado por el INPEC mediante la Resolución 005657 del 24 de diciembre de 2015,
aplicable a la Convocatoria 335 de 2016, y actualizado mediante la Resolución 002141
del 9 de julio de 2018. Precisó que el documento de inhabilidades médicas, versión 3,
justifica la exigencia de talla mínima en razones de salud ocupacional, entre las cuales
se encuentra las siguientes: el tipo de entrenamiento físico requerido, las posiciones
que pueden convertirse en generadores de lesiones, la incompatibilidad con el manejo
12 Samai, expediente digital, índice 98.
13 Samai, expediente digital, índice 100, documento «112_MemorialWeb_Alegatos-
ALEGATOSMIGUELANGE(.pdf) NroActua 100».
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seguro de elementos de entrenamiento y armamento, y la necesidad de proyectar
autoridad ante la población interna. Agregó que, según los estudios de Ordóñez y
Polanía incorporados al profesiograma, las estaturas mínimas fijadas corresponden al
promedio nacional para estratos bajo-bajo, y que el personal con talla inferior
incrementa el riesgo de ser golpeado o agredido, dado que la población reclusa
considera la baja talla como una debilidad, lo que puede generar accidentes de trabajo
graves o fatales.
38. Reseñó la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el requisito de
estatura para el cargo de dragoneante del INPEC. Destacó que en sentencia T-1098
de 2004 se consideró razonable y proporcional dicho requisito; que en sentencia T-
586 de 2017, al analizar casos de participantes de la Convocatoria 335 de 2016, se
concluyó que el criterio antropométrico no es susceptible per se de reproche
constitucional y que el requisito es razonable dado el carácter especial de las funciones
de custodia; y que en la sentencia T-438 de 2018 se reiteró que la exigencia no resulta
inconstitucional cuando es razonable, proporcional y necesaria, los candidatos fueron
debidamente advertidos, el proceso se adelantó en igualdad de condiciones y la
exclusión se basó en la verificación objetiva del requisito. Anotó que el Consejo de
Estado no ha adoptado una posición unánime en sede de tutela, razón por la cual
acogió los pronunciamientos más recientes de la Corte Constitucional —T-586 de 2017
y T-438 de 2018— como referente aplicable al caso.
39. Arguyó que los actos administrativos demandados gozan de presunción de
legalidad conforme al artículo 88 del CPACA, y que la parte actora no logró demostrar
que la administración hubiera incurrido en alguna de las causales de nulidad previstas
en el artículo 137 del mismo código.
40. En cuanto al oficio 20182120694961, sostuvo que se ajusta a derecho, pues la
CNSC lo expidió con fundamento en el resultado del trámite de tutela adelantado por
el peticionario, por lo mismos hechos, en virtud del cual se restableció la situación del
demandante al estado inicial de exclusión por concepto de «no apto» en la valoración
médica. Agregó que la decisión no obedece a intención particular, personal o arbitraria
ni implica falsa motivación, toda vez que se soportó en los resultados de la valoración
médica practicada con el lleno de los protocolos correspondientes.
2.6.3. Parte demandante
41. A través de su apoderada reiteró14 en lo sustancial los argumentos expuestos
en la demanda, insistiendo en que su poderdante contaba con la estatura mínima
exigida por la Convocatoria 335 de 2016 para el cargo de dragoneante del INPEC.
14 Samai, expediente digital, índice 101, documento «117_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSCONSEJODE(.pdf)
NroActua 101».
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42. Destacó que el demandante llegó hasta la etapa del curso concurso en la
Escuela Penitenciaria, lo que en su criterio demuestra que no existía impedimento
físico real para continuar con el proceso de selección; que fue retirado de ese curso
únicamente como consecuencia de la revocatoria del amparo constitucional en
segunda instancia, y no por verificación objetiva de una inhabilidad.
43. Centró su intervención en el principio de no discriminación. Con apoyo en la
Cartilla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que discriminar
consiste en dar un trato de inferioridad a personas o grupos con base en una distinción
injustificada y arbitraria, lo que produce la anulación o restricción del goce de sus
derechos. Bajo esa comprensión, afirmó que la exclusión de su representado del
concurso constituyó un trato discriminatorio carente de fundamento razonable, toda
vez que contaba con la talla requerida según los documentos de identidad y el
certificado expedido por la Cruz Roja Colombiana.
2.7. Concepto del Ministerio Público
44. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de solicitó
denegar las pretensiones formuladas por el demandante, por las siguientes razones15:
45. Arguyó que los planteamientos de la demanda no se encuentran
suficientemente soportados para declarar la ilegalidad de los actos administrativos
enjuiciados, y que la parte actora desatendió los principales derroteros
jurisprudenciales constitucionales sobre el requisito de estatura para el cargo de
dragoneante del INPEC.
46. Identificó dos contradicciones internas en la demanda que, a su juicio,
oscurecen el objeto de la controversia. De un lado, el demandante alegó
simultáneamente que el artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016 discrimina a los
ciudadanos por razón de su estatura y que él cumplía con la talla exigida por esa
misma norma, motivo por el cual si el actor satisfacía el requisito, no podía ser víctima
de la discriminación que le atribuye al acto.
47. De otro lado, frente al cargo atinente a la vulneración del debido proceso,
sostuvo que igualmente fue indeterminado, pues la demanda afirmó que las
reclamaciones no fueron despachadas favorablemente sin identificar concretamente
cuáles fueron, por qué vía administrativa se surtieron, ni qué medios probatorios las
respaldaban; tampoco se acreditó en el acápite de pruebas de la demanda el
cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido en el artículo 161.2 del
CPACA16.
15 Samai, expediente digital, índice 99.
16 «2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los
recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición
permitirá demandar directamente el acto presunto».
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48. Respecto de la estatura como requisito habilitante para el cargo, el Ministerio
Público invocó el precedente de la Corte Constitucional sentado en la sentencia T-438
de 2018, en la que se analizó un caso surgido de la Convocatoria 335 de 2016. Con
apoyo en esa decisión, señaló que no es posible concluir que existió error en la
medición oficial de la talla del aspirante por el solo hecho de que certificados expedidos
por entidades particulares arrojaran resultados distintos, toda vez que la convocatoria
estableció expresamente que la única valoración válida era la practicada por la entidad
especializada contratada por la CNSC conforme al artículo 50 del Acuerdo 563 de
2016.
49. Agregó que la anterior providencia subrayó que dichos documentos particulares
fueron aportados por el demandante solo al momento de interponer la tutela, esto es,
un mes después de haber sido declarado no apto, lo que abre la posibilidad de que el
crecimiento no hubiera concluido al momento de la medición oficial, como lo indicó el
accionante que dio lugar al referido fallo.
50. Finalmente, con apoyo en la sentencia T-586 de 2017 de la Corte
Constitucional, en la que se resolvieron los casos de cuatro aspirantes excluidos de la
Convocatoria 335 de 2016, reiteró que el requisito de estatura resulta razonable,
proporcional y necesario en atención a la naturaleza de las funciones de seguridad,
custodia y vigilancia que corresponden al cargo de dragoneante, siempre que los
candidatos hayan sido debidamente advertidos, el proceso se haya adelantado en
igualdad de condiciones y la exclusión se haya fundado en la verificación objetiva del
cumplimiento de las reglas aplicables, condiciones que en este caso se verificaron.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
51. De conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011
(antes de su reforma por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 17), y el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso de la
referencia.
3.2. Problemas jurídicos
52. Del análisis de las razones invocadas por los sujetos procesales a favor y en
contra de las pretensiones formuladas, se evidencian cuestiones procesales y de fondo
que deben abordarse en esta oportunidad, respecto de las cuales se formulan los
siguientes interrogantes:
17 Debido a que la demanda se presentó el 15 de febrero de 2019 (folio 7 del expediente físico).
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a. Cuestiones procesales
53. ¿Debía el INPEC ser vinculado al proceso en calidad de tercero interesado,
habida cuenta de su condición de entidad beneficiaria de la Convocatoria 335 de 2016?
54. ¿El oficio 20182120694961 del 26 de diciembre de 2018 constituye un acto
administrativo definitivo susceptible del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho?
55. Este problema se plantea debido a que el Ministerio Público advirtió en su
concepto que la demanda no acreditó respecto del acto administrativo particular cuya
nulidad se solicita, el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo
161.2 del CPACA, consistente en el agotamiento de los recursos obligatorios. Sin
embargo, con ocasión de dicho circunstancia y de la revisión de las actuaciones que
se adelantaron al interior de la Convocatoria 335 de 2016, se evidencia que con
anterioridad al referido oficio, se dictaron otros actos administrativos que decidieron
sobre la permanencia del peticionario en el proceso de selección, de allí que surge la
inquietud de si, con el fin de que se ordene, a título de restablecimiento del derecho,
que el demandante continúe en el concurso de méritos y sea incluido en la lista de
elegibles, el acto que debió demandarse era el oficio 20182120694961 del 26 de
diciembre de 2018 o uno de los actos anteriores atinentes a su permanencia en el
proceso de selección.
56. ¿La demanda formuló un concepto de violación apto y suficiente contra el
artículo 53 del Acuerdo 563 de 2016? Se formula este interrogante en atención a que
contra el artículo 53, que dispuso que los resultados de la valoración médica al interior
de la Convocatoria 335 de 2016 se publicarían en la página web de la CNSC, en
principio no se evidencia con claridad cuál es el motivo de inconformidad.
b. Aspectos de fondo
57. ¿Opera la excepción de cosa juzgada frente a la pretensión de nulidad del
artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016?
58. ¿Los artículos 50 y 54 del Acuerdo 563 de 2016 vulneran el derecho al debido
proceso administrativo, el principio de igualdad y el principio del mérito al suprimir la
posibilidad de interponer recursos contra la decisión que resuelve la reclamación sobre
la valoración médica?
3.3. Hechos probados
59. Para resolver los interrogantes formulados, a partir de las pruebas aportadas al
proceso, se tiene acreditado lo siguiente:
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(a) A través del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016 de la CNSC18, se convocó
«al concurso – curso abierto de méritos para proveer definitivamente las
vacantes del empleo denominado dragoneante, código 4114, grado 11,
perteneciente al régimen específico de carrera del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC». Una de la fase de este proceso de selección
consistió en la valoración médica, que se reglamentó, entre otros, en los
artículos 50, 52, 53 y 54, cuya nulidad se solicita en este proceso, y que
establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 50. IMPORTANCIA Y EFECTOS DEL RESULTADO DE LA
VALORACIÓN MÉDICA: Con la valoración médica practicada a cada aspirante que
supere el concurso, se analiza la aptitud médica y psicofísica, entendida esta de
manera general como la capacidad mental y física que posee un ser humano para
desempeñar una actividad u oficio.
La capacidad física es la compatibilidad adecuada, evaluada por el médico
examinador, entre el profesiograma para una función específica y el conjunto de
cualidades y condiciones físicas del aspirante a dicha función. Esta capacidad en cada
aspirante citado a practicarse exámenes médicos, se evaluará por medio de los
siguientes instrumentos presentes en el profesiograma adoptado por el INPEC: a) la
historia clínica ocupacional, con énfasis en el sistema neurológico y osteo-muscular,
b) la ficha de evaluación de la carga física y c) la ficha de evaluación osteo muscular.
La capacidad médica y psicofísica de los aspirantes a ingresar como alumno de la
Escuela Penitenciaria Nacional, se califica bajo los conceptos de APTO Y NO APTO.
El aspirante que cumpla con todas las condiciones médicas, físicas, psicológicas y
demás que le permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad
correspondiente, según el Profesiograma del empleo de dragoneante establecido por
el INPEC, será considerado APTO.
Será calificado NO APTO el aspirante que presente alguna alteración médica, según
el Profesiograma del empleo de dragoneante establecido por el INPEC, razón por la
cual será excluido del proceso de selección.
El único resultado aceptado en el proceso de selección, respecto de la aptitud médica
y psicofísica del aspirante, será el emitido por la entidad especializada contratada
previamente para tal fin por la universidad, institución universitaria e institución
de educación superior que la CNSC contrate para el desarrollo del proceso de
selección.
La valoración médica practicada a cada aspirante no es una prueba dentro de la
Convocatoria, sino que constituye un requisito para ingresar al Curso de Formación o
Complementación en la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, el resultado de los
exámenes médicos después de resueltas las reclamaciones, tendrá carácter definitivo.
El aspirante que obtenga calificación de NO APTO en la valoración médica, será
excluido del proceso de selección en esa instancia.
18 Disponible en https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2025-02/acuerdo-563-de-2016.pdf y que fue aportado
parcialmente con la demanda de la referencia, particularmente frente a los artículos acusados (folios 21-24 del
cuaderno principal). También en Samai, Tribunal, expediente digital, índice 72, documento
«75ED12982019PDF(.pdf) NroActua 72», págs. 23 a 26.
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ARTÍCULO 52. ESTATURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE LOS ASPIRANTES: De
conformidad con la Resolución No. 005657 del 24 de diciembre de 2015 del INPEC,
uno de los requisitos de aptitud física del aspirante es la estatura, la cual debe
encontrarse dentro de los siguientes rangos:
➢ Hombres mínima: 1.66m y máxima: 1.98m
➢ Mujeres mínima: 1.58m y máxima: 1.98m
La estatura de los aspirantes será evaluada al momento de la presentación de la
valoración médica, dicha medición será realizada por el médico especialista en salud
ocupacional, siendo ésta la única valoración válida para el proceso de selección.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, recomienda que el interesado que no cumpla
con los estándares de estatura mínima y máxima aquí precisados, no se inscriba en
el proceso, so pena ser excluido.
ARTÍCULO 53. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. En la fecha que disponga la
CNSC, a través del Despacho responsable de la Convocatoria, que será informada
con una antelación no inferior a cinco días hábiles, en la página web www.cnsc.gov.co,
en el link «Convocatoria No. 335 de 2016 – INPEC Dragoneantes», se publicarán los
resultados de la valoración médica.
ARTÍCULO 54. ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES SOBRE
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN MÉDICA. Las reclamaciones de los aspirantes
con concepto de NO APTO, con ocasión de los resultados de la valoración médica,
serán presentadas ante la universidad, institución universitaria e institución de
educación superior que la CNSC contrate para el desarrollo del proceso de selección,
dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados.
La reclamación será decidida y comunicada a través de la página web de la CNSC, en
el link «Convocatoria No. 335 de 2016 – INPEC Dragoneantes», o en la página de la
universidad, institución universitaria e institución de educación superior que la CNSC
contrate para el desarrollo del proceso de selección.
Ante la decisión que resuelva la reclamación contra el resultado de la valoración
médica, no procede ningún recurso.
(b) Según la constancia de inscripción del 25 de septiembre de 2023 de la CNSC19,
el señor Miguel Ángel Narváez Ortiz, dentro de la Convocatoria 335 de 2016,
aspiró al cargo de dragoneante, código 4114, grado 11.
(c) Con ocasión a dicha convocatoria, la Universidad Manuela Beltrán, que fue
seleccionada por la CNSC para desarrollar la etapa de verificación de requisitos
mínimos hasta la consolidación de la información para la publicación de
convocados a curso en la Escuela de Penitenciaria del INPEC, celebró un
contrato de prestación de servicios20 con la Fundación para el Desarrollo de las
Ciencias de la Comunicación Social, FUNDEMOS, en virtud de cual esta se
19 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», pág. 7.
20 Visible en Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87»,
págs. 10 a 30.
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comprometió a «prestar los servicios médicos de aplicación de exámenes
médicos, servicios médicos y generación de informes y resultados para la
valoración médica de las convocatorias N.° 335 dragoneante y N.° 336
ascensos de 2010 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC»21.
Entre las obligaciones específicas a cargo de la referida fundación se
encuentra: «9.1.8) Realizar la valoración médica en los términos del artículo 50
del Acuerdo 563 de 2016 (…) es decir realizar la medición de la capacidad
médica y psicofísica de los aspirantes y calificar los conceptos de APTO Y NO
APTO para ingresar al curso de formación y complementación de la
Convocatoria N.° 335 de 2016 INPEC dragoneantes»22.
(d) De acuerdo con el documento «historia clínica ocupacional y de salud» de la
IPS Fundemos, con fecha del 13 de octubre de 201623, se concluyó que el
accionante no es apto. En cuanto al examen físico, se destaca que se registró
como talla «165».
(e) Contra la anterior valoración médica, el accionante presentó al interior de la
referida Convocatoria la reclamación respectiva24, en la que en síntesis
reprochó que los exámenes médicos se realizaron sin seguir la guía de
orientación, el profesiograma y los protocolos médicos. Además, que se
concluyó que no era apto, pero no se especificó la razón de dicha decisión, por
lo que la decisión terminó materializando un trato discriminatorio injustificado.
(f) Mediante escrito del 18 de noviembre de 201625, la Universidad Manuela Beltrán
y la IPS Fundemos negaron la reclamación del señor Narváez Ortiz. En
resumen, subrayaron que el actor al formalizar su inscripción aceptó los
términos en que se llevaría a cabo la convocatoria, entre ellos, el plazo de 3
días para presentar las reclamaciones respectivas, previsto en los artículos 20
a 23 del Decreto 760 de 2005, que no fue atendido por el demandante. De otro
lado, indicó que no es posible reprogramar la valoración médica, pues dicha
alternativa no fue contemplada por la convocatoria, y que la misma estableció –
en el artículo 52– frente a las exigencias de la valoración médica, que los
concursantes hombres debían tener una estatura mínima de 1.66 m, exigencia
que el actor no cumple de acuerdo con el examen que le fue practicado, lo que
significó que fuera declarado no apto.
21 Ibidem, pág. 13.
22 Ibidem, pág. 19.
23 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 31
a 34.
24 No registra fecha. Puede apreciarse en: Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento
«92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 35 a 38.
25 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 39
a 49.
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(g) Con ocasión de la anterior decisión el señor Narvaéz Ortiz presentó acción de
tutela contra la CNSC, con fin de que se le permitiera continuar en el concurso
de méritos, pues su exclusión, por razón de su estatura, materializó un trato
discriminatorio26.
(h) En primera instancia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño – Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, mediante sentencia del 13 de diciembre de 201627
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del
demandante, por lo que le ordenó a la CNSC, al INPEC, a la Universidad
Manuela Beltrán y a la IPS Fundemos, que en el término de 48 horas incluyeran
nuevamente al peticionario en el concurso de méritos, a fin de que continuara
en él. En síntesis, concluyó el juez de tutela que no se advertía del hecho de
que el actor tuviera una estatura de 1.66 m, una razón válida para considerar
que no puede desempeñar el cargo para el cual aspiró.
(i) En cumplimiento de la anterior orden la CNSC profirió el auto 20162120005994
del 19 de diciembre de 201628, a través de cual volvió a admitir al demandante
a la Convocatoria 335 de 2016, le ordenó a la Universidad Manuela Beltrán que
modifique a apto la valoración médica de aquel, y al gerente de la Convocatoria
que adelante las gestiones pertinentes para que el señor Narváez Ortiz continúe
en el proceso de selección.
(j) El anterior acto administrativo y las actuaciones adelantadas con ocasión de él
fueron dejadas sin efectos por la CNSC, a través del auto 20172120004474 del
17 de abril de 201729, en el que, adicionalmente, se confirmó la exclusión del
accionante de la Convocatoria 335 de 2016 (numeral 2.°).
Lo anterior, en atención que el fallo que hizo posible que el actor retornara al
proceso de selección, fue revocado en segunda instancia mediante sentencia
del 16 de febrero de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, que en su lugar declaró improcedente la acción de
tutela.
(k) Según se evidencia en el oficio 20172120203471 del 24 de mayo de 2017 de la
CNSC, aportado con la demanda30, el señor Miguel Ángel Narvaéz Ortiz solicitó
lo siguiente:
26 El escrito de tutela puede apreciarse en: Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento
«92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 50 a 58.
27 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 61
a 80. El radicado del proceso de tutela corresponde al 52001110200020160080900/01.
28 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 82
a 84.
29 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 87
a 89.
30 Folios 17-20, del expediente físico. También en Samai, Tribunal, expediente digital, índice 72, documento
«75ED12982019PDF(.pdf) NroActua 72», págs. 19 a 22.
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Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
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por medio del presente escrito quiero manifestar que no estoy de acuerdo con lo
dispuesto con lo expuesto en la parte resolutiva del auto CNSC 20172120004474 del
17 de abril de 2017, donde en la parte resolutiva dispone «ARTÍCULO PRIMERO:
DEJAR SIN EFECTO el auto 20162120005994 del 19 de diciembre de 2016, por medio
del cual se da cumplimiento al fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Nariño – Sala Disciplinaria, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor
MIGUEL ÁNGEL NARVÁEZ ORTIZ, en [el] marco de la Convocatoria No. 335 de 2026
– INPEC dragoneantes, y las actuaciones que se adelantaron en virtud de este con
ocasión [de] lo dispuesto en el fallo de segunda instancia proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en la cual se resolvió negar
el amparo de los derechos fundamentales del prenombrado.
Si traemos a colación para el caso de referencia el Artículo 97 [del] CPACA, donde se
habla de la revocación de actos de carácter particular y concreto, salvo las excepciones
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya
creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin consentimiento
previo[,] expreso y escrito del titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a
la Constitución o la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Por esta razón y [en] aras del cumplimiento de ley quiero manifestar que niego mi
consentimiento, para que este acto [se] deje sin efecto el auto 20162120005994[,] de
lo contrario solicito se quede en firme.
(l) La anterior solicitud fue negada mediante el oficio 20172120203471 del 24 de
mayo de 2017 de la CNSC31, en el que se le explicó al actor que al inscribirse a
la convocatoria se sometió a la reglas previstas en ella; que inicialmente en
cumplimiento del referido fallo de tutela del 13 de diciembre de 2016, a través
del auto 20162120005994 del 19 de diciembre de 2016, se dispuso que
retornara al proceso de selección; pero que dicha decisión se dejó sin efectos
como consecuencia de que la orden judicial fue revocada por sentencia del 16
de febrero de 2017 del Consejo de Superior de la Judicatura. En virtud de lo
anterior, subrayó que se dejó sin efectos el acto administrativo que en su
momento permitió que el demandante siguiera en el concurso de méritos, de
manera tal que su situación se reestableció al estado inicial, es decir, cuando
fue excluido de este debido al concepto de no apto por talla, en la fase de
valoración médica.
En suma, destacó que «no le asiste razón al peticionario al afirmar que debe
ser convocado a curso, por cuanto se revocó la sentencia de primera instancia
proferida dentro de la acción de tutela por él instaurada».
31 Ibidem.
18
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(m) El 26 de noviembre de 201832, el actor volvió a realizar, en los mismos términos,
la petición que fue objeto de análisis en oficio 20172120203471 del 24 de mayo
de 2017 de la CNSC, antes descrito.
(n) La petición del 26 de noviembre 2018 fue negada a través del oficio
20182120694961 del 26 de diciembre de la misma anualidad33, cuya nulidad se
solicita en esta oportunidad. En este acto se le reiteró al demandante que la
decisión mediante la cual se dispuso que reingresara al concurso de méritos
tuvo como fundamento una sentencia de tutela que luego fue revocada, motivo
por el cual la decisión inicial, de excluirlo del concurso de méritos por su
condición de no apto, es la que debe tenerse en cuenta.
3.4. Análisis del caso en concreto
3.4.1. Vinculación del INPEC
60. El primer interrogante por resolver consiste en establecer si el INPEC debía
vincularse al proceso en calidad de tercero interesado habida cuenta de su condición
de entidad beneficiaria de la Convocatoria 335 de 2016.
61. Cabe advertir, en primer lugar, que el INPEC no contestó la demanda,
oportunidad en la que podía haber alegado su falta de legitimación en la causa por
pasiva, de manera que dejó transcurrir la etapa procesal prevista para tal efecto sin
formular reparo alguno sobre su vinculación a este trámite. Solo en los alegatos de
conclusión planteó este argumento, cuando ya había precluido la oportunidad para
hacerlo. No obstante, con el propósito de que no quede duda sobre la procedencia de
su vinculación, la Sala procede al análisis de fondo de este motivo de inconformidad.
62. Sobre el particular, se recuerda que el numeral 3 del artículo 171 de la Ley 1437
de 2011 dispone que al admitir la demanda el juez ordenará notificar personalmente a
los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo
en el resultado del proceso. En el presente caso, ese interés directo del INPEC se
evidencia desde una doble perspectiva.
63. De un lado, la demanda controvierte, en ejercicio del medio de control de nulidad
simple, los artículos 50, 52, 53 y 54 del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016, que es
el instrumento mediante el cual la CNSC reglamentó la Convocatoria 335 de 2016, que
precisamente tiene como fin proveer definitivamente 400 vacantes del empleo de
dragoneante, código 4114, grado 11, perteneciente al Sistema Específico de Carrera
Administrativa del INPEC.
32 Folios 12 y 13 (reverso) del expediente físico. Samai, Tribunal, expediente digital, índice 72, documento
«75ED12982019PDF(.pdf) NroActua 72», págs. 12 y 15.
33 Folios 14 a 16 del expediente físico. Samai, Tribunal, expediente digital, índice 72, documento
«75ED12982019PDF(.pdf) NroActua 72», págs. 16 a 18.
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64. El interés del Instituto en la legalidad de ese acuerdo no es indirecto ni eventual,
en tanto como se reconoce en los considerandos del Acuerdo 563 de 2016, fue el
INPEC quien, mediante oficio No. 8100-DINPE-0018 del 5 de enero de 2016, solicitó
a la CNSC iniciar el proceso de convocatoria para proveer los empleos de su planta
global, y fueron los equipos técnicos de ambas entidades quienes conjuntamente
analizaron y discutieron los términos de la convocatoria, los cuales quedaron
plasmados en el acto acusado. En esa medida, el INPEC participó activamente en la
etapa de planeación de la convocatoria y en la definición de los términos que se
consignaron en el acto general acusado, razón por la cual la declaratoria de nulidad
de los referidos artículos le afecta de manera directa.
65. De otro lado, frente a la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho,
el interés del INPEC es igualmente directo, pues la controversia versa sobre la
exclusión de un aspirante a uno de los cargos ofertados por esa entidad en el marco
de la misma convocatoria, y el restablecimiento pedido implica que ese aspirante
continúe en el proceso de selección y eventualmente sea incluido en la lista de
elegibles para ser nombrado en empleos de la planta del Instituto.
66. Por las anteriores razones, la vinculación del INPEC al proceso mediante el auto
del 18 de marzo de 2022 fue procedente y se ajustó a lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 171 de la Ley 1437 de 2011.
3.4.2. De la ineptitud de la demanda frente a la petición de nulidad del oficio
20182120694961 del 26 de diciembre de 2018 de la CNSC
67. En segundo lugar, corresponde establecer si el oficio cuya nulidad se solicita,
constituye un acto administrativo definitivo susceptible del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
68. Para tal efecto, se recuerda que el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 define los
actos definitivos como aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto o hacen imposible continuar la actuación. Bajo ese entendimiento, corresponde
determinar cuál fue el acto que decidió de manera definitiva la situación del señor
Narváez Ortiz al interior de la Convocatoria 335 de 2016.
69. El Acuerdo 563 de 2016 —norma reguladora del proceso de selección y
vinculante para todos los que hacen parte de él— establece en su artículo 50 que el
resultado de los exámenes médicos después de resueltas las reclamaciones tendrá
carácter definitivo, y que el aspirante que obtenga calificación de no apto en la
valoración médica será excluido del proceso de selección en esa instancia.
70. Ese carácter definitivo de la decisión que resuelve la reclamación es confirmado
por el artículo 54 del mismo Acuerdo, que prevé expresamente que ante la decisión
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00199-00 (1298-2019)
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que resuelva la reclamación contra el resultado de la valoración médica no procede
ningún recurso.
71. De lo anterior se sigue que en primera medida el acto que produjo la exclusión
del demandante del proceso de selección fue la decisión del 18 de noviembre de
201634, mediante la cual la Universidad Manuela Beltrán y la IPS Fundemos
resolvieron la reclamación presentada por el señor Narváez Ortiz contra el resultado
de su valoración médica –que dio como resultado no apto, por no cumplir con el
requisito de estatura mínima– acto que conforme al Acuerdo 563 de 2016 tenía
carácter definitivo e irrecurrible. Esa fue la decisión que decidió el fondo del asunto, en
los términos del artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con las normas
de la señalada Convocatoria.
72. Ahora bien, como se expuso en el acápite de hechos probados, no se
desconoce que con ocasión del trámite de tutela adelantado por el demandante, la
CNSC profirió el auto 20162120005994 del 19 de diciembre de 2016, a través del cual
dispuso su reingreso al proceso de selección en cumplimiento del fallo de primera
instancia del 13 de diciembre de 201635, proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño – Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sin embargo, dicho acto
administrativo fue dejado sin efectos mediante el auto 20172120004474 del 17 de abril
de 2017, una vez se revocó el referido fallo por el Consejo Superior de la Judicatura
— a través de sentencia del 16 de febrero de 2017 —; además, el auto antes señalado,
en su numeral segundo, confirmó expresamente la exclusión del accionante de la
Convocatoria 335 de 2016. Por lo tanto, este último acto constituyó la decisión
definitiva sobre la situación del demandante en el proceso de selección, luego de lo
ocurrido en virtud de la acción de tutela promovida por este.
73. Frente la exclusión definitiva del concurso de méritos, como consecuencia de
que se ratificó en dos oportunidades la valoración médica de no apto del señor Narváez
Ortiz (al resolver la reclamación presentada mediante el escrito del 18 de noviembre
de 2016 y en el auto 20172120004474 del 17 de abril de 2017), el accionante
nuevamente manifestó su inconformidad, argumentando que el auto 20172120004474
del 17 de abril de 2017 implicaba una revocatoria de un acto de carácter particular y
concreto sin su consentimiento, en contravía del artículo 97 del CPACA.
74. La anterior solicitud fue resuelta mediante el oficio 20172120203471 del 24 de
mayo de 2017, en el que la CNSC explicó que la situación del demandante se había
restablecido al estado inicial de exclusión como efecto directo de la revocatoria del fallo
de tutela de primera instancia por parte del Consejo Superior de la Judicatura, y no
34 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 39
a 49.
35 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 87, documento «92_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 87», págs. 61
a 80.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00199-00 (1298-2019)
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como consecuencia de una revocatoria unilateral de un acto administrativo de
contenido particular.
75. Sin embargo, el actor insistiendo en su posición, el 26 de noviembre de 2018
presentó otro escrito en los mismos términos del que provocó el anterior
pronunciamiento, que en todo caso fue contestado por la CNSC a través del oficio
20182120694961 del 26 de diciembre de 2018, acusado en esta oportunidad, que no
es más que la reiteración de lo expresado en el oficio 20172120203471 del 24 de mayo
de 2017.
76. En efecto, la identidad entre ambas respuestas es total, tanto en su objeto como
en su motivación, de suerte que el oficio demandado no incorpora elemento decisorio
nuevo alguno, no resuelve una situación jurídica distinta ni modifica en modo alguno
la posición de la entidad frente al demandante. Se trata, en suma, de la reproducción
de un acto anterior que se había pronunciado sobre la inconformidad del demandante
frente a la decisión que dejó sin efectos su reingreso al proceso de selección y que
confirmó su exclusión de éste, inclusive, después del proceso de tutela que promovió.
77. En esas condiciones, los actos que debieron demandarse eran los que
efectivamente decidieron la situación del señor Narváez Ortiz al interior de la
convocatoria, esto es, la decisión que resolvió la reclamación contra el resultado de la
valoración médica y, en todo caso, el auto 20172120004474 del 17 de abril de 2017
que confirmó su exclusión definitiva del proceso de selección, actos que debieron
controvertirse dentro del término de caducidad de cuatro meses previsto en el literal d)
del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
78. Por consiguiente, al haberse dirigido la pretensión de nulidad y restablecimiento
del derecho contra un oficio que carece de contenido decisorio propio y que se limitó
a reproducir lo ya resuelto mediante actos anteriores, la demanda en este extremo es
inepta, toda vez que propuso un juicio de legalidad respecto de una decisión que no
fue la que lo excluyó del proceso de selección y, por ende, de cuya anulación no se
desprendería como parte del restablecimiento del derecho pretendido que vuelva a ser
parte de la convocatoria y su inclusión en la lista de elegibles.
79. Esta conclusión releva a la Sala de examinar las razones invocadas para
solicitar la nulidad del acto particular acusado, así como las pretensiones de
restablecimiento del derecho consistentes en el reintegro del demandante al concurso
de méritos y su inclusión en la lista de elegibles, pues dichas peticiones carecen del
presupuesto indispensable para su estudio, esto es, que la demanda se haya
formulado en debida forma contra un acto administrativo definitivo susceptible de
control jurisdiccional.
80. Vale la pena destacar que el anterior yerro no puede subsanarse teniendo por
demandados los actos que sí decidieron de manera definitiva la situación del
peticionario al interior del concurso de méritos, toda vez que, de un lado, ello supondría
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suplir la carga que le correspondía asumir al demandante y cambiar uno de los
aspectos esenciales de la controversia en la etapa final de la misma. De otro, porque
aún superando dicha falencia, desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva, el
estudio correspondiente tendría que estar supeditado al cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad correspondientes, por ejemplo, la presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en término36, exigencia respecto de la cual en
principio no se advierte su cumplimiento, pues la acción se ejerció el 15 de febrero de
201937, y la decisión definitiva más cercana al instante en que se acudió a la
jurisdicción, tuvo lugar aproximadamente un año y 10 meses antes (el auto
20172120004474 del 17 de abril de 2017).
81. En consecuencia, se declarará probada la excepción de ineptitud de la demanda
respecto del ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo que abarca la pretensión de nulidad del oficio 20182120694961 del 26 de diciembre
de 2018 y las atinentes al restablecimiento de los derechos subjetivos del demandante,
consistentes en su reintegro a la Convocatoria 335 de 2016 y/o la inclusión en la lista
de elegibles para el cargo de dragoneante del INPEC.
82. Se precisa que la declaratoria de ineptitud de la demanda respecto del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no impide que la Sala continúe
con el estudio de legalidad en abstracto de los artículos 50, 52, 53 y 54 del Acuerdo
563 de 2016, cuya nulidad simple también fue solicitada.
83. Lo anterior obedece a que la demanda acumuló pretensiones propias de dos
medios de control distintos, lo que es expresamente permitido por el artículo 165 de la
Ley 1437 de 2011, que autoriza acumular en una misma demanda pretensiones de
nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho.
84. En consecuencia, la ineptitud declarada se circunscribe exclusivamente a las
pretensiones de nulidad del acto particular y de restablecimiento de los derechos
subjetivos del demandante, sin afectar el estudio de los cargos de nulidad simple
formulados contra los artículos acusados del Acuerdo 563 de 2016, al cual se procede
a continuación.
3.4.3. De la ineptitud de la demanda contra el artículo 53 del Acuerdo 563 de
2016 de la CNSC
85. El numeral 4 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 establece que toda
demanda que impugne un acto administrativo deberá indicar las normas violadas y
explicar el concepto de su violación, exigencia que se complementa con la del numeral
3 de la misma disposición, que impone que los hechos y omisiones que sirvan de
fundamento a las pretensiones estén debidamente determinados, clasificados y
36 Es decir, dentro de los 4 meses de que trata el artículo 164.2, literal d) del CPACA.
37 Folio 7 del expediente físico.
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numerados. Estas exigencias no son un simple formalismo, en tanto constituyen la
carga mínima de argumentación que le corresponde asumir al demandante para
habilitar el control jurisdiccional del acto acusado, pues es a partir del concepto de
violación que el juez delimita el objeto del proceso y puede pronunciarse sobre la
legalidad de la norma cuestionada.
86. El artículo 53 del Acuerdo 563 de 2016 dispone que en la fecha que determine
la CNSC, a través del Despacho responsable de la Convocatoria, informada con una
antelación no inferior a cinco días hábiles, se publicarán en la página web de la entidad
los resultados de la valoración médica practicada en el marco de la Convocatoria 335
de 2016. Se trata, en consecuencia, de una norma de carácter procedimental que
regula exclusivamente el mecanismo de comunicación de los resultados de la
valoración médica a los aspirantes, sin establecer condición de aptitud alguna, sin fijar
parámetros de exclusión y sin restringir el ejercicio de recurso o reclamación alguna.
87. Revisada la demanda, se advierte que los cargos de violación formulados por
el demandante se dirigen de manera concreta contra los artículos 50, 52 y 54 del
Acuerdo 563 de 2016. Frente al 50 y el 54, por suprimir la posibilidad de interponer
recursos contra la decisión que resuelve la reclamación médica; y contra el 52, por
establecer un requisito de estatura que a su juicio discrimina a los aspirantes y carece
de sustento científico. Ninguno de esos reproches guarda relación con el contenido del
artículo 53, que se limita a prever la publicación de resultados en la página web de la
CNSC.
88. Es decir, la demanda no explica de qué manera esa regla de publicidad vulnera
el derecho al debido proceso, el principio de igualdad o el principio del mérito, ni
identifica norma superior alguna que resulte infringida por el hecho de que los
resultados de la valoración médica se comuniquen a través de la página web
institucional.
89. En esas condiciones, la demanda carece de concepto de violación apto y
suficiente respecto del artículo 53 del Acuerdo 563 de 2016, lo que la hace inepta en
este extremo por incumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 3 y 4 del
artículo 162 de la Ley 1437 de 2011. Esta conclusión releva a la Sala de examinar la
legalidad de dicha disposición, respecto de la cual no se formuló cargo concreto alguno
que habilite el control jurisdiccional.
3.4.4. De la existencia de cosa juzgada frente al artículo 52 del Acuerdo 563
de 2016
90. El inciso primero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 establece que la
sentencia que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes (es decir,
frente a todos) pero solo en relación con la causa petendi juzgada. En el presente caso,
esta Subsección, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2019, proferida dentro
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del proceso radicado 11001-03-25-000-2016-00700-00 (3049-2016)38, negó la nulidad
del artículo 52 del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016, que es la misma disposición
cuya nulidad se solicita en esta oportunidad.
91. Para determinar si opera la cosa juzgada, corresponde contrastar la causa
petendi juzgada en aquel proceso con la que sustenta la pretensión formulada en el
presente.
92. En el proceso anterior, el demandante Edwin Samuel Ramírez Losada
argumentó que el artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016 desconocía el derecho de
acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad respecto de los aspirantes que
no se encontraban dentro de los rangos de estatura exigidos, y que el perfil
profesiográfico adoptado por el INPEC carecía de sustento médico-científico que
explicara cómo la estatura influye en el desempeño de las funciones del empleo.
Planteó además que el requisito representaba una mayor afectación para el género
femenino, pues a las mujeres se les exigía exactamente la estatura media nacional.
93. Al resolver el caso, la Sala realizó algunas consideraciones sobre el principio
del mérito, la carrera administrativa y el origen constitucional y legal los sistemas
específicos de esta, destacando algunos aspectos del correspondiente al INPEC.
Seguidamente, abordó el marco jurisprudencial aplicable al control de los requisitos de
aptitud física en los concursos de mérito, precisando las condiciones bajo las cuales
su exigencia resulta constitucionalmente admisible. Al respecto señaló:
En suma, todo colombiano tiene derecho –conforme con los postulados de la igualdad–
a acceder a cargos públicos. Por regla general, el acceso a los mismos está supeditado
a un concurso, en el cual es viable la exigencia de requisitos físicos. Sin embargo, tales
requerimientos, para no trasgredir el orden constitucional, deben guardar relación con la
labor a desempeñar, además de haber sido previamente publicitados. Toda decisión de
exclusión debe estar justificada, para lo cual son válidos los fundamentos científicos,
entre otras, cuando obedezcan a estudios de salud ocupacional, en los que se busca
disminuir la probabilidad de que se presenten enfermedades o de que se dificulte el
cumplimiento de las labores propias del cargo.
Lo anterior se explica, por una parte, porque es legítimo que el Estado planifique y prevea
los riesgos a los que someterá a los futuros servidores públicos. Tanto es así que incluso
el Legislador en la Ley 1562 de 2012,39 definió como uno de los componentes de la salud
ocupacional, «(…) la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo (…)»;40 y por la otra, porque el Estado destinará recursos y
tiempo para capacitar a las personas que ingresarán en la carrera administrativa a
desempeñar un cargo, frente a lo cual es válido reducir las hipótesis que, con cierto grado
de certeza, podrían conducir a que una persona no cumpla finalmente con el trabajo para
el cual fue vinculado.
38 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
39 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional.
40 Ley 1562 de 2012, artículo 1.º.
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94. En aplicación de ese marco al caso concreto, la Subsección analizó en detalle
el documento titulado «Actualización de Profesiogramas, Perfiles de cargos (Perfiles
Profesiográficos) e Inhabilidades Médicas para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia -
CCV del INPEC- Versión 3 para Dragoneantes y Versión 2 para los cargos de
ascensos», elaborado conjuntamente por el Grupo de Salud Ocupacional de la
Subdirección de Talento Humano del INPEC y la Administradora de Riesgos Laborales
Positiva Compañía de Seguros, y concluyó que el requisito de estatura tenía plena
justificación técnica y científica.
95. En ese sentido, destacó que el estudio tomó en cuenta factores
antropométricos, definiendo la estatura como «una medida antropométrica que refleja
condiciones actuales de desarrollo óseo en forma vertical», y factores biomecánicos
relacionados con la postura, el movimiento repetitivo y la manipulación manual de
carga, propios de las labores del dragoneante, llegando a la siguiente conclusión frente
al empleo de dragoneante:
[P]ara realizar labores en estas áreas el trabajador debe cumplir con los requerimientos
antropométricos establecidos en los profesiogramas y perfiles profesiográficos,
permitiendo así, una dimensión interespacial funcional del trabajador con su entorno,
facilitando espacios de activación de movimiento en extremidades superiores e inferiores
en el desarrollo de tareas.
96. Con fundamento en ese análisis, la Sala concluyó:
La investigación realizada estudió los factores antropológicos y biomecánicos, a partir
de los cuales se establecieron los componentes ergonómicos necesarios para el
desempeño de las labores de «Dragoneante» de la planta global del Inpec. De tal forma
que, con la finalidad de obtener un resultado cuya aplicación disminuyera e[n] la mayor
medida posible los riesgos a los que se expone el empleado y que, además, fuera viable
económicamente, se adelantó un estudio técnico de las características estructurales de
los espacios de trabajo existentes, como garitas y patios de los centros de reclusión, así
como de los elementos que deben utilizar los empleados en el desarrollo de su labor,
por ejemplo, los fusiles y chalecos antibalas.
De este modo, en el perfil Profesiográfico resultante del profesiograma efectuado, se
consignó que los aspirantes al cargo de «Dragoneante» del cuerpo de custodia del Inpec,
debían encontrarse dentro de un rango de estatura comprendido entre los 1.66m y 1.98m
para los hombres, y 1.58 y 1.98m para las mujeres.
Lo expuesto, muestra a la Sala que el requisito de estatura exigido en el artículo 52 de
la Convocatoria 335 de 2016 se encuentra ajustado a los parámetros establecidos por la
Corte Constitucional, pues (i) es razonable y proporcional, dadas las especiales tareas
de seguridad y custodia que desarrolla el «Dragoneante» del Inpec, (ii) no es arbitrario
o caprichoso, ya que es el resultado de una investigación realizada por un grupo
interdisciplinario de especialistas, que fue consignada en un documento de carácter
técnico y médico científico, el cual se resalta, no fue controvertido u objetado por la parte
demandante; y (iii) fue conocido por los aspirantes previamente al momento de su
inscripción en el concurso, por lo cual sabían de su carácter eliminatorio.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00199-00 (1298-2019)
Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
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97. En consecuencia, la parte resolutiva de esa sentencia dispuso: «ARTÍCULO
ÚNICO. NEGAR las pretensiones de la demanda de Simple Nulidad presentada por el
señor Edwin Samuel Ramírez Losada».
98. En el presente proceso, el demandante Miguel Ángel Narváez Ortiz invocó como
cargo de nulidad contra el mismo artículo 52 que el requisito de estatura discrimina
injustificadamente a los ciudadanos por razón de su condición física sin prever si tal
característica obedece a patologías médicas, que su exigencia carece de sustento
científico riguroso y trasgrede el principio de igualdad del artículo 13 de la Constitución
Política, y que al someter la selección a una decisión unilateral, desconoce además el
principio del mérito del artículo 125 superior, en tanto cosifica al individuo y desvirtúa
el sistema de carrera basado en la demostración objetiva de calidades.
99. La comparación entre ambas causas petendi revela su identidad sustancial. En
los dos procesos se cuestionó el artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016 por vulneración
del derecho a la igualdad en el acceso a cargos públicos y por ausencia de fundamento
técnico y científico del requisito de estatura. La sentencia del 25 de noviembre de 2019
no solo estudió y descartó esos reproches, sino que además examinó expresamente
la relación entre el requisito y el principio del mérito en el marco del concurso de
méritos para el ingreso a la carrera penitenciaria, analizando la razonabilidad y
proporcionalidad de la exigencia a la luz del sistema específico de carrera del INPEC
y de las particulares funciones de seguridad, custodia y vigilancia que caracterizan el
cargo de dragoneante.
100. La circunstancia de que en el presente proceso el demandante haya invocado
adicionalmente el artículo 125 de la Constitución y el principio del mérito no modifica
esa identidad. Si bien el señor Narváez Ortiz, en relación con esa norma, argumentó
que la exigencia de una estatura mínima como requisito habilitante, sin consideración
de las condiciones individuales del aspirante, desvirtúa el sistema de selección basado
en las calidades y méritos del concursante, pues sustituye la evaluación objetiva de
capacidades por un criterio físico que excluye de plano a quienes no lo cumplen, con
independencia de sus demás aptitudes, lo cierto es que ese reproche también debe
entenderse analizado en la sentencia del 25 de noviembre de 2019.
101. En efecto, la sentencia antecedente estudió el principio del mérito y la carrera
administrativa como pilar fundamental del Estado, los sistemas específicos de carrera
y la competencia de la CNSC para administrarlos y vigilarlos, el sistema específico de
carrera penitenciaria del INPEC y las condiciones bajo las cuales la exigencia de
requisitos de aptitud física resulta compatible con el principio meritocrático que rige el
acceso a los cargos de carrera. En ese marco, el fallo concluyó que el mérito no se
agota en las capacidades académicas o de desempeño funcional, sino que comprende
también las condiciones físicas objetivamente requeridas para el ejercicio del cargo,
siempre que estén técnica y científicamente justificadas. Al verificar que el requisito de
estatura del artículo 52 cumplía esas condiciones —por estar sustentado en el
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00199-00 (1298-2019)
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profesiograma elaborado por el INPEC y la ARL Positiva—, se estima que la
Subsección también descartó que dicho requisito sustituyera o desplazara el principio
del mérito, pues lo reconoció como una condición objetiva de aptitud para el cargo y
no como un criterio arbitrario o ajeno a la evaluación de las calidades del aspirante.
102. En esa medida, el cargo por vulneración del artículo 125 de la Constitución
formulado en el presente proceso no introduce una perspectiva jurídica nueva que
escape al ámbito de lo ya juzgado, sino que reitera, con distinto énfasis, el mismo
cuestionamiento sobre la compatibilidad del requisito de estatura con los principios
constitucionales que rigen el ingreso a la carrera penitenciaria, asunto que fue resuelto
por en la sentencia del 25 de noviembre de 2019.
103. Vale la pena resaltar que la mera invocación de disposiciones constitucionales
adicionales o la formulación de argumentos con una estructura diferente a la expuesta
con anterioridad y que fue objeto de análisis y decisión mediante una providencia con
fuerza de cosa juzgada, no impide la configuración de esta excepción cuando el
reproche sustancial continúa siendo el mismo, en este caso, la alegada discriminación
y la falta de sustento técnico del requisito de estatura para el cargo de dragoneante.
104. Así las cosas, habiendo sido negada la nulidad del artículo 52 del Acuerdo 563
de 2016 en relación con la misma causa petendi que se invoca en este proceso, opera
la excepción de cosa juzgada con efectos erga omnes prevista en el artículo 189 de la
Ley 1437 de 2011, lo que impide un nuevo pronunciamiento sobre la legalidad de esa
disposición. En consecuencia, se declarará probada dicha excepción respecto de la
pretensión de nulidad del artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016.
3.4.5. De la supuesta vulneración del debido proceso, la igualdad y del principio
del mérito por parte de los artículos 50 y 54 del Acuerdo 563 de 2016
105. El último problema planteado consiste en establecer si los artículos antes
señalados vulneran el debido proceso administrativo, la igualdad y el principio del
mérito, al no permitir la posibilidad de interponer recursos contra la decisión que
resuelve la reclamación sobre la valoración médica.
A. Sobre el debido proceso administrativo
106. Lo primero que debe tenerse presente a propósito de la posibilidades y
restricciones que previó la referida convocatoria contra algunas de las decisiones que
se adoptan al interior de esta, es que como lo señala el artículo 90 del Decreto Ley
407 de 199441 y el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 200442, la convocatoria
constituye la norma reguladora del concurso que obliga tanto a la administración como
41 Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
42 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
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a las entidades contratadas para su realización y a los participantes. En consecuencia,
sus reglas vinculaban a todos los aspirantes desde el momento de su inscripción,
oportunidad en la que aceptaron expresamente las condiciones del proceso de
selección en igualdad de condiciones, tal como lo prevé el literal i) del artículo 15 del
Acuerdo 563 de 2016. Ello significa que el demandante, así como todos los aspirantes,
al inscribirse en la convocatoria, conocían de antemano las reglas que regirían cada
etapa del proceso, incluidas las relativas a la valoración médica y al trámite de
reclamaciones.
107. Asimismo, también se estima que los artículos acusados no suprimieron el
derecho de defensa del aspirante frente al resultado de la valoración médica. El
artículo 54 previó expresamente la posibilidad de presentar reclamación contra ese
resultado ante la universidad, institución universitaria o institución de educación
superior contratada por la CNSC, dentro de los dos días siguientes a la publicación de
los resultados. Esa reclamación constituye una manifestación concreta del derecho de
defensa y contradicción, pues le permitió al aspirante inconforme con la valoración
practicada, aportar argumentos y elementos de juicio, y obtener una respuesta
motivada de la entidad encargada del proceso.
108. Lo que los artículos 50 y 54 restringieron fue la posibilidad de interponer
recursos adicionales contra la decisión que resolvió esa reclamación, lo que no
equivale a suprimir el derecho de defensa sino a delimitar razonablemente su ejercicio
dentro del marco de un proceso de selección que, por su propia naturaleza, debe
avanzar de manera ordenada, eficiente y oportuna, cerrando sus etapas con las
garantías procesales mínimas sin prolongarlas indefinidamente. Esa restricción resulta
razonable y proporcionada frente a la finalidad que persigue el proceso concursal, que
es la selección objetiva de los mejores candidatos en condiciones de igualdad y dentro
de términos que garanticen la eficacia del sistema de carrera.
109. Ahora bien, frente a dicha limitación la parte accionante trae a colación el
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, que señala que «por regla general» contra los
actos administrativos proceden los recursos de reposición y apelación. Frente a este
argumento no puede olvidarse que el proceso de selección para el ingreso al cargo de
dragoneante del INPEC se rige por un régimen especial y no por el procedimiento
administrativo común, conclusión que no se extrae exclusivamente del análisis
normativo, sino que fue expresamente reconocida por esta Subsección en la sentencia
del 25 de noviembre de 2019, proferida dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-
2016-00700-00 (3049-2016), al pronunciarse sobre la legalidad del artículo 52 del
mismo Acuerdo 563 de 2016. En esa oportunidad, la Sala señaló:
Al entrar en vigencia la Ley 909 de 2004, que regula "el empleo público, la carrera
administrativa, la gerencia pública y establece otras disposiciones", se incluyó dentro de
los sistemas específicos de carrera administrativa, al que rige al personal que presta sus
servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec (art. 4º, Ley 909 de
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Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
2004). Por tal razón, en la actualidad todos los aspectos relativos al ingreso,
capacitación, permanencia, ascenso y retiro de personal se rigen de manera conjunta
por esta Ley y por el Decreto Ley 407 de 1994, en lo que sea pertinente.
110. De ese pronunciamiento se desprende con claridad que el marco normativo
especial que gobierna el proceso de selección para el ingreso al INPEC está
conformado por el Decreto Ley 407 de 1994 y la Ley 909 de 2004, en lo que sea
pertinente, y no por el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 1437 de
2011.
111. Por lo tanto, si bien el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 establece que contra
los actos definitivos procederán los recursos de reposición y apelación, no puede
considerarse que constituye una regla general de aplicación universal e irrestricta,
pues incluso el artículo 34 del mismo estatuto dispone expresamente que las
actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y
principal que en él se establece, sin perjuicio de los procedimientos administrativos
regulados por leyes especiales, y que en lo no previsto en dichas leyes se aplicarán
las disposiciones del CPACA. Esto significa que la Ley 1437 de 2011, lo que incluye
su artículo 74, opera de manera supletoria frente a los procedimientos especiales
regulados por leyes especiales, y solo resulta aplicable en lo que estos no hubieren
previsto.
112. Precisado esto, se reitera que los artículos 90 del Decreto Ley 407 de 1994 y
31 numeral 1 de la Ley 909 de 2004, señalan que «la convocatoria es norma
reguladora de todo concurso y curso y obliga tanto a la administración como a los
participantes». En consonancia con ello, el artículo 32 de la Ley 909, a propósito de
las distintas actuaciones al interior de los concursos de méritos, indicó expresamente
que «las reclamaciones que presenten los interesados y las demás actuaciones
administrativas de la Comisión Nacional del Servicio Civil (…) se sujetarán al
procedimiento especial que legalmente se adopte». Por lo tanto, en desarrollo de ese
marco especial el Acuerdo 563 de 2016 reguló el trámite de reclamaciones frente a los
resultados de la valoración médica, incluyendo la restricción de recursos contra la
decisión que resuelve dicha reclamación, lo que a juicio de la Sala descarta que el
artículo 74 del CPACA fuera la norma llamada a regir ese trámite.
113. Adicionalmente, revisado el Decreto Ley 407 de 1994, no se evidencia que
contemplara la existencia recursos contra los resultados de las etapas del proceso de
selección o concurso. Los artículos 107 y 108 de ese estatuto prevén recursos de
reposición y apelación únicamente respecto de la calificación de servicios, esto es,
frente a la evaluación del desempeño del servidor ya vinculado, mas no frente a las
decisiones adoptadas durante el proceso de selección previo al ingreso.
114. Esa coherencia sistemática del régimen especial confirma que la restricción
prevista en los artículos 50 y 54 del Acuerdo 563 de 2016 no es una anomalía ni una
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Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
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vulneración del ordenamiento, sino una expresión del procedimiento especial que rige
estos procesos, respecto del cual el CPACA opera únicamente de manera supletoria
y en lo no previsto.
B. Sobre la igualdad y el mérito
115. En ese orden de ideas, tampoco se advierte que a partir de la referida limitación
se estén vulnerando la igualdad o el mérito. En cuanto al primero, las reglas sobre
reclamaciones y la restricción de recursos adicionales previstas en los artículos 50 y
54 del Acuerdo 563 de 2016 aplicaron de manera uniforme a la totalidad de los
aspirantes inscritos en la Convocatoria 335 de 2016, quienes desde su inscripción
conocían y aceptaban en igualdad de condiciones las mismas reglas del proceso,
incluidas las relativas al trámite de reclamaciones frente a la valoración médica. No
existió, por tanto, trato diferenciado alguno que pudiera configurar discriminación.
116. En cuanto al segundo, la restricción de recursos adicionales contra la decisión
que resuelve la reclamación médica no desvirtúa el principio meritocrático que rige el
proceso de selección, pues este se garantiza a través de la evaluación objetiva de las
calidades y aptitudes de los aspirantes en cada una de las etapas del concurso, y no
a través de la posibilidad de prolongar indefinidamente las controversias sobre los
resultados de una etapa habilitante como la valoración médica. Por el contrario,
permitir que esa etapa quede abierta a sucesivos recursos comprometería la eficacia
y la celeridad del proceso concursal, en detrimento de quienes sí acreditaron los
requisitos de aptitud exigidos y esperan el avance ordenado del proceso de selección.
117. Por las anteriores razones, no se advierten los cargos de violación del derecho
al debido proceso administrativo, el principio de igualdad y el principio del mérito
imputados a los artículos 50 y 54 del Acuerdo 563 de 2016, razón por la cual las
pretensiones de nulidad formuladas contra dichas disposiciones no están llamadas a
prosperar.
3.4.6. Conclusión
118. Del análisis adelantado con anterioridad, frente a los problemas jurídicos
planteados se concluye lo siguiente:
➢ El INPEC fue debidamente vinculado al proceso en calidad de tercero
interesado, dada su condición de entidad beneficiaria de la Convocatoria 335
de 2016, que participó en su formación, como de interesada en la provisión de
una de las vacantes que fue objeto de aquella.
➢ El oficio 20182120694961 del 26 de diciembre de 2018 no constituye un acto
administrativo definitivo susceptible del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues carece de contenido decisorio propio y se
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limitó a reiterar lo resuelto mediante actos anteriores que definieron de manera
definitiva la situación del demandante en el proceso de selección, en particular
la decisión del 18 de noviembre de 2016 que resolvió la reclamación contra la
valoración médica y el auto 20172120004474 del 17 de abril de 2017 que
confirmó su exclusión de la Convocatoria 335 de 2016. En consecuencia, se
declarará probada la excepción de ineptitud de la demanda respecto de las
pretensiones de nulidad de ese oficio y de restablecimiento de los derechos
subjetivos del demandante.
➢ La demanda tampoco formuló concepto de violación apto y suficiente contra el
artículo 53 del Acuerdo 563 de 2016, que se limita a regular la publicación de
resultados de la valoración médica en la página web de la CNSC, sin que se
hubiera explicado en qué medida esa regla de publicidad vulnera norma
superior alguna. En consecuencia, se declarará probada la excepción de
ineptitud de la demanda también en este extremo.
➢ En cuanto la pretensión de nulidad del artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016 se
encuentra amparada por la excepción de cosa, en virtud de la sentencia del 25
de noviembre de 2019 proferida por esta Subsección dentro del proceso 11001-
03-25-000-2016-00700-00 (3049-2016)
➢ Finalmente, los artículos 50 y 54 del Acuerdo 563 de 2016 no vulneran el debido
proceso administrativo, la igualdad ni el principio del mérito. La convocatoria, en
su condición de norma reguladora del proceso de selección vinculante para
todos los participantes, garantizó el derecho de defensa mediante el mecanismo
de reclamación previsto en el artículo 54, cuya restricción de recursos
adicionales resulta razonable y proporcionada. Esa restricción es además
coherente con el régimen especial que rige el proceso de selección para el
ingreso al INPEC —conformado por el Decreto Ley 407 de 1994 y la Ley 909
de 2004—, frente al cual el CPACA, incluido su artículo 74, opera únicamente
de manera supletoria en lo no previsto por dicho régimen. Las condiciones para
recurrir aplican por igual a todos los aspirantes, lo que descarta la
discriminación, y la restricción de recursos adicionales no desvirtúa el principio
meritocrático, sino que contribuye a garantizar el avance ordenado y eficaz del
concurso de méritos.
3.5. Costas
119. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 43 de la
43 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el INPEC.
Segundo. Declarar probada la excepción de ineptitud de demanda frente a las
pretensiones de: (a) nulidad del oficio 20182120694961 del 26 de diciembre de 2018,
(b) las atinentes al restablecimiento de los derechos subjetivos del demandante y (c)
la nulidad del artículo 53 del Acuerdo 563 de 2016 de la CNSC, por las razones
expuestas en esta providencia.
Tercero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada frente a la petición de nulidad
del artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Quinto. Sin condena en costas.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Miguel Ángel Narváez Ortiz
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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