Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00240-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00240-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00240-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de junio de 2022
Radicado: 110010325000201900240 00 (1522-2019)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000201900240 00 (1522-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: ELEUTERIO RENTERÍA RODRÍGUEZ
Temas: Acción de revisión. Artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a) y
b). Ingreso base de liquidación de beneficiario del régimen de
transición.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-035-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 22 de abril de 2016 proferida por
el Tribunal Administrativo del Chocó, que revocó la sentencia del 30 de junio de 2015
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Eleuterio
Rentería Rodríguez contra la UGPP, radicado 270013333002201300662.
ANTECEDENTES DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
El señor Eleuterio Rentería Rodríguez, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la nulidad
parcial de las Resoluciones 011581 del 20 de junio de 2000 y 19930 del 21 de agosto
de 2001, mediante las cuales, en su orden, se reconoció la pensión de vejez en cuantía
de $650.690 y, se reliquidó la prestación, con lo que se incrementó la cuantía en
$735.158.
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Folios 1 a 10 del cuaderno de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 110010325000201900240 00 (1522-2019)
Demandante: UGPP
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió se
condene a la demandada a: i) Reliquidar y pagar la pensión de jubilación en favor del
señor Eleuterio Rentería Rodríguez a partir del 27 de julio de 2000, en un monto
equivalente al 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios, con
inclusión de todos los factores salariales recibidos durante ese período, a saber, la
asignación básica, la prima de servicios, la bonificación por servicios prestados, la
prima de navidad y la prima de vacaciones; ii) Ajustar las sumas reconocidas conforme
al IPC; iii) indexar la primera mesada pensional como se indicó en las sentencias SU-
120 del 2003, T-098 del 2005, C-891A de 2006 y T-815 del 2007 y iv) Cumplir la
sentencia en los términos previstos en los artículos 188, 192, 195-4 del CPACA.
Fundamentos fácticos
1. El señor Eleuterio Rentería Rodríguez nació el 16 de agosto de 1943 y prestó
sus servicios al Estado, así:
Entidad Tiempo
Departamento del Chocó 12/03/1968 al 5/06/1979
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 30/05/1979 al 26/07/2000
2. Por medio de la Resolución 011581 del 20 de junio del 2000, CAJANAL
reconoció en favor del señor Eleuterio Rentería Rodríguez una pensión de vejez en
cuantía de $650.690,64. La liquidación se efectuó con el 75% del promedio de lo
devengado durante los últimos 5 años de servicio, a saber, entre el 1 de abril de 1994
y el 30 de marzo de 1999, conforme lo prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la
sentencia C-168 de 1995, con inclusión de la asignación básica y la bonificación por
servicios.
3. Mediante Resolución 19930 del 21 de agosto de 2001, CAJANAL reliquidó la
pensión de vejez del señor Eleuterio Rentería Rodríguez, efectiva a partir del 27 de
julio del 2000. La liquidación la efectuó con el promedio de lo recibido entre el 1 de
abril de 1994 y el 26 de julio de 2000, con inclusión de los mismos factores tenidos en
cuenta en el acto de reconocimiento pensional.
Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los
artículos 2, 5, 13, 25, 29, 48, 53-3, y 373 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley 33
de 1985; 1, inciso 3.º de la Ley 62 de 1985 y 11,14, 21, 36-2 y 279 de la Ley 100 de
1993.
Como concepto de violación, indicó que las resoluciones demandadas adolecen de
nulidad por infracción de las normas en que debieron fundarse. Argumentó que
CAJANAL debió calcular su prestación de acuerdo con lo previsto en las Leyes 33 y
62 de 1985.
Seguidamente, recordó que el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 prevé que para las personas que al momento de entrar en vigor el
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Demandante: UGPP
sistema general de seguridad social tengan 35 años de edad si son mujeres o 40 o
más si son hombres, o 15 años de servicio, será aplicable la edad, el tiempo de
servicios y el monto de la pensión determinado en la normativa anterior, esto es, la Ley
33 de 1985. En su concepto, esta disposición debe aplicarse en el sub examine de
forma integral, en virtud del principio de inescindibilidad, tal y como lo sostuvo el
Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 2.
De igual manera, destacó que, según la sentencia referida en el párrafo anterior, la
pensión deberá incluir todos los emolumentos devengados de forma habitual y
periódica por el trabajador como retribución directa de sus servicios, dado que la norma
que rige el derecho pensional no tiene una lista taxativa de factores.
Por último, indicó que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia han emitido múltiples sentencias sobre la indexación del IBL para liquidar
la primera mesada pensional.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Al respecto, precisó que el
hecho de que el demandante se encuentre en régimen de transición de la Ley 100 de
1993 implica que deben atenderse las normas anteriores, esto es, la Ley 33 de 1985,
en relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la
prestación. No obstante, en cuanto a las demás condiciones, señaló que se rige por lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y, los factores salariales
que se deben atender son aquellos sobre los cuales el empleado efectivamente cotizó.
Por otro lado, en cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, indicó que
es una figura jurídica de competencia exclusiva de los jueces de la República, con la
cual se pretende hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las
obligaciones dinerarias. Para el efecto citó la providencia del 8 de noviembre de 1995
proferida por el Consejo de Estado, así como las sentencias T-007 de 2013 y SU-1073
de 2012 emitidas por la Corte Constitucional.
De igual manera, enmarcó su defensa dentro de las siguientes excepciones:
i) Inexistencia de la obligación: Señaló que la prestación discutida fue
liquidada conforme a la ley, por lo que la UGPP no tiene la obligación de
reliquidarla.
ii) Cobro de lo no debido: Indicó que no es procedente el cálculo de la
prestación con inclusión de emolumentos sobre los cuales no se realizaron
los aportes correspondientes.
2
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 4 de agosto de 2010, radicado: 2006-07509
(0112-09).
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Folios 60 a 69 del cuaderno de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
iii) Falta de competencia subjetiva: Explicó que, para que proceda la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario haber agotado
previamente los requisitos de procedibilidad, en los términos del artículo 161
del CPACA, tal es el caso de la interposición de los recursos legales para
discutir la decisión adoptada por la entidad. En su concepto, dentro del
proceso no obra prueba de que el pensionado haya discutido los actos
demandados a través de los recursos que le confiere la ley.
iv) Ilegalidad de las pretensiones conjuntas de condenas al pago de
intereses moratorios e indexación y ajustes de la condena: Aseveró que
no es posible recibir de forma simultánea indexación e intereses moratorios,
pues tal como lo señaló el Consejo de Estado mediante sentencia del 18 de
febrero de 2010 ello constituye un doble pago, en la medida en que ambas
sanciones tienen la misma finalidad.
v) Ineptitud de la demanda por no cumplimiento de requisitos de
procedibilidad: Insistió en que el demandante no agotó la conciliación, de
que trata el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, pese a que esto es un
requisito de procedibilidad.
vi) Ineptitud de la demanda: Aseguró que existe ineptitud de la demanda,
comoquiera que el pensionado omitió demandar la nulidad de la Resolución
33001 del 7 de julio de 2006, mediante la cual la entidad pensional negó la
reliquidación de la pensión.
vii) Prescripción: Solicitó se declare la prescripción trienal en los términos
previstos en los artículos 488 del CST, 151 del CPT y 102 del Decreto 1848
de 1969.
Adicionalmente, la entidad demandada presentó escrito por medio del cual llamó en
garantía4 a la Dirección Regional del Trabajo del Chocó, que ostentaba la calidad de
empleador del demandante para que compareciera en el proceso y ejerciera su
defensa sobre las pretensiones de la demanda. Sin embargo, a través de auto del 28
de julio de 2014, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó
inadmitió el llamamiento 5 por considerar que no se hacía necesaria la intervención de
la mencionada entidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, profirió sentencia en
audiencia celebrada el 30 de junio de 2015, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda instaurada por el señor Eleuterio Rentería Rodríguez contra la UGPP, y
no condenó en costas.
4
Folios 70 y 71 del cuaderno de nulidad y restablecimiento del derecho
5
Folio 85 del cuaderno de nulidad y restablecimiento.
6
Folios 146 a 157 del cuaderno 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
Para comenzar, señaló que, de acuerdo con la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado bajo el radicado
0112-2009, la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que aquellos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de servicio, máxime cuando estos cumplen con los criterios de
retribución y habitualidad. De igual manera, que, sobre el asunto, la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 asumió una
posición diferente a la expuesta por el Consejo de Estado, en tanto consideró que el
IBL a tener en cuenta para los beneficiarios del régimen de transición es el contenido
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Seguidamente, precisó que para resolver el sub lite daría aplicación al criterio
desarrollado por la Corte Constitucional, en armonía con el artículo 48 de la
Constitución Política, comoquiera que, ante una incompatibilidad entre esta última y la
ley, deberá prevalecer aquella. En consecuencia, analizadas las probanzas obrantes
en el dossier, concluyó que el demandante no demostró que efectuó aportes por
factores distintos a la asignación básica y la bonificación por servicios prestados,
motivo por el cual estos son los únicos que deberán tenerse en cuenta para calcular el
IBL.
RECURSO DE APELACIÓN 7
El señor Eleuterio Rentería Rodríguez, apeló el fallo de primera instancia, pidió revocar
la decisión y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
Explicó in extenso cuándo puede hablarse de un derecho adquirido. Luego, afirmó que
el señor Eleuterio Rentería Rodríguez, además de ser un sujeto de especial protección
por hacer parte del grupo poblacional de la tercera edad, cumplió con los requisitos
para ser acreedor de la pensión de jubilación antes de la entrada en vigor del Acto
Legislativo 1 de 2005, por lo que las disposiciones en él contenidas no le resultan
exigibles.
De igual manera, aseveró que su derecho pensional no puede restringirse porque la
entidad empleadora no efectuó los aportes a la caja de previsión social, en primer
lugar, porque, inicialmente, la afiliación a la seguridad social era facultativa, y, en
segundo, habida cuenta de que sobre la suma reconocida podrán efectuarse los
descuentos correspondientes.
Insistió en que los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se les
respeten las condiciones de edad, tiempo y monto que exige la norma anterior para
efectos pensionales. Dicho de otro modo, en el sub lite debe aplicarse la posición del
Consejo de Estado por resultar más favorable para el trabajador y en garantía de los
principios de la condición más beneficiosa e inescindibilidad de la norma.
7
Folios 160 a 173 del cuaderno de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 110010325000201900240 00 (1522-2019)
Demandante: UGPP
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 8
El Tribunal Administrativo del Chocó, a través de sentencia del 22 de abril de 2016,
resolvió: i) revocar la decisión adoptada por el a quo; ii) declarar la nulidad parcial de
la Resolución 09930 del 21 de agosto de 2001; iii) ordenar a la UGPP reliquidar la
pensión de jubilación en favor del señor Eleuterio Rentería Rodríguez con la inclusión
de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios,
la prima de vacaciones y la prima de navidad, junto con los reajustes de que hayan
sido objeto y iv) declarar prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 5 de
noviembre de 2010. Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes
consideraciones:
Explicó que con la expedición de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005
se pretendió homogenizar el sistema pensional en Colombia, propendiendo por el
desaparecimiento de los regímenes especiales sin desconocer los derechos
adquiridos de los beneficiarios de estos. Es así, que la referida normativa previó un
régimen de transición, dentro del cual se determina que la edad para acceder a la
pensión, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la
prestación de las personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993
tengan 35 o más años de edad para las mujeres, o 40 o más años de edad si son
hombres, o 15 o más años de servicio cotizados, será la prevista en el régimen anterior
al cual se encuentre afiliado el trabajador.
De igual manera, señaló que el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de
2010, en desarrollo de los principios de igualdad, favorabilidad, progresividad y
primacía de la realidad sobre las formalidades, sostuvo que la pensión de los
beneficiarios del régimen de transición debía liquidarse con inclusión de todos los
factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de servicio, en
razón a que las Leyes 33 y 62 de 1985 no contienen un listado taxativo de aquellos,
circunstancia que admite la inclusión de otros que el empleado hubiere recibido de
forma habitual, periódica y como contraprestación de su labor.
Así mismo, advirtió que, aunque la referida tesis difiere de la expuesta por la Corte
Constitucional, en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, lo cierto es que,
esta no resulta aplicable para resolver el sub lite, comoquiera que en ellas se limitó a
analizar el régimen pensional de los congresistas y magistrados de las altas
corporaciones, condición que no tiene el demandante. En este sentido citó la sentencia
del 12 de septiembre de 2014 9 emitida por el Consejo de Estado.
De conformidad con lo anterior y analizadas las probanzas obrantes en el dossier
concluyó que el pensionado tiene derecho a que se reliquide su pensión con el
promedio de todos los factores recibidos durante el último año de servicio, a saber, la
asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la
prima de vacaciones y la prima de navidad.
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Folios 228 a 237 del cuaderno 2.
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Sección Segunda, radicación: 250002342000201300632 01.
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Radicado: 110010325000201900240 00 (1522-2019)
Demandante: UGPP
LA ACCIÓN DE REVISIÓN10
La UGPP presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo
del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales a.) y
b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 22
de abril de 2016, mediante la cual se revocó la decisión emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Quibdó, el 30 de junio de 2015, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Eleuterio Rentería Rodríguez,
bajo el radicado 270013333002201300662.
2. Declarar que el señor Eleuterio Rentería Rodríguez, en cuanto a la liquidación
de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido.
3. Ordenar que la pensión del señor Eleuterio Rentería Rodríguez se liquide
conforme a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017,
y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional y la providencia del 28 de agosto de 2018, emitida dentro del proceso
radicado 52001233300020120014301 por el Consejo de Estado. De acuerdo con
aquellas providencias, se debe adoptar como ingreso base de liquidación las
directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda. Los factores base de cotización son los
taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
expresamente consagren la condición de factor salarial con incidencia pensional, con
una tasa de reemplazo del 75% previsto en la Ley 33 de 1985, por haber adquirido su
estatus pensional conforme a las condiciones del régimen de transición creado por el
Sistema General de Pensiones.
A continuación, explicó la configuración de las causales de revisión, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso.
Expuso que la decisión objeto de revisión viola el derecho al debido proceso, por
cuanto desconoció lo consagrado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993
respecto al IBL, así como los factores enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de
1994, que deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar la liquidación de la
pensión. En su concepto, la reliquidación pensional que se ordenó no atiende la
normativa y jurisprudencia aplicables. Con ello se genera un aumento en la mesada,
10
Folios 1 a 6 del cuad. ppal. parte 1 y folios 259 a 264 del cuad. ppal. parte 2.
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que trae consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del sistema
general de seguridad social en pensiones que la nación debe administrar.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Advirtió que el derecho reconocido en la decisión emitida por el Tribunal Administrativo
del Chocó excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una
reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. En este sentido, explicó que el señor Eleuterio Rentería Rodríguez al estar
cobijado por el régimen de transición, dado que tenía más de 40 años de edad al
momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, tiene
derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de
servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985. No obstante, el IBL se encuentra
regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Así mismo, aseguró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera del
sistema, pues aumenta en un 24,38% la mesada pensional del demandado, sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la mesada
actual es de $2.227.536 cuando debía equivaler a $1.790.939, con lo cual se genera
una diferencia de $436.597. En su criterio, tal situación permite observar que se
configura un abuso palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento
del precedente de la Corte Constitucional.
En ese mismo sentido, indicó que teniendo en consideración la edad del pensionado
y las 171 mesadas que deberán pagarse, es claro que se genera un detrimento al
erario en tanto que la proyección de los pagos futuros debidamente indexados dan un
total de $88.212.132.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN11
El señor Eleuterio Rentería Rodríguez contestó la acción de revisión 12 y, solicitó
denegar las pretensiones. Señaló que la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, el 22 de abril de 2016, atendió el precedente jurisprudencial
vigente del Consejo de Estado, contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010.
Seguidamente, afirmó que la referida providencia debía ser acatada por las
autoridades administrativas y judiciales, pues fue proferida en virtud de la función de
unificación atribuida al Consejo de Estado, en virtud del artículo 103 de la Constitución
Política. Bajo esa misma línea argumentativa, citó algunas sentencias de la Corte
Constitucional 13, con base en las cuales destacó la importancia de la unificación
11
Visible a índice 25 de SAMAI.
12
El señor Eleuterio Rentería Rodríguez se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda el
13 de mayo de 2021 (folio 281 del c. ppal.), razón por la cual es posible concluir que la oportunidad para
contestar la demanda transcurrió desde el 14 hasta el 28 de mayo de 2021. Lo anterior significa que,
para el 25 de mayo de 2021, fecha en la que se radicó la contestación de la demanda, se encontraba
dentro del término previsto para el efecto.
13
T-330 de 2005, C-634 de 2011 y C-816 de 2011.
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Demandante: UGPP
jurisprudencial y el carácter vinculante del precedente fijado por el órgano de cierre de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Luego, insistió en que el pensionado es beneficiario del régimen de transición que
prevé la Ley 100 de 1993, y, por ende, su derecho pensional se rige por las
disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y demás normas complementarias;
dentro de las cuales los factores salariales no se encuentran enlistados taxativamente,
tal y como lo sostuvo no solo el Consejo de Estado, sino también la Corte
Constitucional en sentencias T-631 de 2002, T-386 de 2005, T-158 de 2006 y T-251
de 2007.
Finalmente, manifestó que si bien el 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó su posición sobre la forma de liquidación del IBL, para los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, dicha circunstancia no
puede afectar la decisión que el Tribunal Administrativo del Chocó adoptó en la
sentencia del 22 de abril de 2016, ya que esta atendió la interpretación que sobre el
particular efectuó el alto tribunal en la providencia del 4 de agosto de 2010,
jurisprudencia vigente al momento de resolver el caso.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .14.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 15.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa:
«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación ».
14
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
15
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Demandante: UGPP
De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
formulada por la UGPP contra la sentencia del 22 de abril de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el señor Eleuterio Rentería Rodríguez contra la UGPP,
radicado 270013333002201300662.
Legitimación
Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU -
427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión 16, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección17.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
16
Ibidem.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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Demandante: UGPP
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la
acción de revisión.
Oportunidad
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 22 de abril de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó quedó ejecutoriada el 14 de junio de 2016 18. Así las cosas,
como en este caso la demanda fue radicada el 21 de marzo de 201919, se concluye
que aquella se encuentra dentro del término de los 5 años previsto por el artículo 251
del CPACA.
Acción de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 20 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»21.
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
18
Constancia de ejecutoria visible a folio 231 del cuaderno 2.
19
Folio 12 vuelto del cuaderno principal.
20
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
21
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación 22.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones 23.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira 24.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 25.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar el reconocimiento de la pensión del señor Eleuterio
Rentería Rodríguez, cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
22
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
23
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985 modificada por el
artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% de
todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de
servicio, y no el previsto por los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso,
con los factores descritos por el Decreto 1158 de 1994?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) La verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para la acción de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia26. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 27:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
26
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
27
Sentencia C-341 de 2014
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(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».
Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales28, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 29 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables. ». En relación con esta causal es importante
anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»30. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
el señor Eleuterio Rentería Rodríguez debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985 y con el inciso 3 del artículo
36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados
por el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación
que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido
en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema
general de seguridad social en pensiones.
Para el propósito descrito se analizarán el i) El ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, (ii) el régimen de transición
28
Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
29
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
30
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y (iii) configuración de las causales de revisión en el caso concreto.
El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley
33 de 1985
En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de
1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.».
Por su parte, la Ley 6 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta
para efectos de determinar el ingreso base liquidación, definió:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».
Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el
objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que
les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la
protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
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15
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momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».
De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la
mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie
de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
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«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia31, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 32 y 929 de 1976 33.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 34 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
31
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
32
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
33
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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Demandante: UGPP
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios. […]».
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídic amente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Verificación de las causales de revisión invocadas
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las
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Demandante: UGPP
normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación. En su criterio,
ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido según la ley. Esta
cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis contemplada en el
literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que pasa a estudiarse.
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003
Para comenzar, cabe precisar que no se discute que el señor Eleuterio Rentería
Rodríguez es beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En efecto, nació el 16 de agosto de 194335 y laboró para el Departamento
del Chocó y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su orden, entre el 12 de
marzo de 1968 y 5 de junio de 1979 36 y desde el 30 de mayo de 1979 hasta el 26 de
julio del 200037. Es decir que para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de
la mencionada Ley 100 de 1993 para el orden nacional, y más aún para el 30 de junio
de 1995, cuando comenzó a regir para el orden territorial, contaba con más de 15 años
de servicio y más de 40 años de edad. Lo anterior implica que adquirió el estatus de
pensionado el 16 de agosto de 1998 cuando cumplió 55 años de edad.
Ahora, el Ministerio de Trabajo certificó38 que el señor Eleuterio Rentería Rodríguez
devengó los siguientes emolumentos durante su último año de servicio, de julio de
1999 a julio de 2000:
• Asignación básica
• Prima de servicios
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
• Bonificación por servicios prestados
• Bonificación por recreación
• Vacaciones
Por medio de la Resolución 011581 del 20 de junio del 2000, CAJANAL39 reconoció
en favor del señor Eleuterio Rentería Rodríguez una pensión de vejez en cuantía de
$650.690,64, condicionada al retiro definitivo del servicio. La liquidación se efectuó con
el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 5 años de servicio, a saber,
entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de marzo de 1999, conforme a lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-168 de 1995, con inclusión de la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
35
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 102 del cuaderno principal.
36
Tal como consta el documento denominado «4.-Certificado de información laboral-causante»
contenido en el CD obrante a folio 97 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
37
Conforme al certificado obrante a folios 82 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y
166 del cuaderno principal.
38
Folio 72 del cuaderno principal.
39
Folios 11 a 15 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
A través de la Resolución 19930 del 21 de agosto de 2001 40, CAJANAL reliquidó la
pensión de vejez del señor Eleuterio Rentería Rodríguez, a partir del 27 de julio del
2000. La liquidación se realizó con el promedio de lo recibido entre el 1 de abril de1994
y 26 de julio de 2000, con inclusión de los mismos factores descritos en el acto de
reconocimiento pensional.
El 1 de septiembre de 2005 el señor Eleuterio Rentería Rodríguez solicitó la
reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores salariales
devengados el último año de servicios. No obstante, mediante Resolución 33001 del
12 de julio de 2006, CAJANAL negó la referida petición.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante sentencia,
dictada en audiencia celebrada el 30 de junio de 2015, negó las pretensiones de la
demanda instaurada por el señor Eleuterio Rentería Rodríguez, bajo el argumento de
que en aplicación del criterio desarrollado por la Corte Constitucional en las sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, el IBL no fue una elemento del régimen de transición
que prevé la Ley 100 de 1993, y en esa medida, en la liquidación pensional, solo
podrán tenerse en cuenta los factores sobre los que efectivamente se efectuaron las
cotizaciones.
El Tribunal Administrativo del Chocó, profirió sentencia el 22 de abril de 2016 por medio
de la cual revocó el fallo de primera instancia, para en su lugar, ordenar a la entidad
reliquidar la prestación con los factores recibidos durante el último año de servicio, así:
«[…] En el presente asunto la Caja Nacional de Previsión Social- EICE en
Liquidación aplicó el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, salvo en el cálculo del
Ingreso Base de Liquidación, con la primera regla del inciso 3.º ibídem, esto es,
con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hiciere falta al empleado
para acceder a la pensión a partir de la vigencia de la Ley 100, cuando éste fuere
inferior a 10 años, tal como se puede observar en el acto de reconocimiento de la
prestación.
[…]
En las anteriores condiciones, la Sala no comparte la decisión de primera instancia
en cuanto el Juez no ordenó la liquidación de pleno derecho, pues nótese del
certificado de factores salariales obrante a folios 82-84 del cuaderno principal, la
liquidación aplicable por CAJANAL al actor no es más favorable, ya que la
empleada (sic) no obtuvo mayores ingresos salariales precisamente en los años
que precedieron al que adquirió el status y posterior retiro definitivo del servicio.
Igualmente observa la Sala que la entidad demandada no tuvo en cuenta todos
los factores salariales devengado[s] por el actor en el año inmediatamente anterior
al retiro del servicio, pues en dicha liquidación solo tuvo en cuenta la asignación
básica, la bonificació[n] por servicios prestados, cuando además de ellos percibió
prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y la bonificación por
recreación.
En este sentido, se le hace necesario a la Sala poner de presente que a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, la sección segunda del Consejo de Estado
unificó su jurisprudencia sobre los factores de liquidación de las pensiones de
jubilación de las personas a quienes en virtud del régimen de transición de la ley
100 de 1993 (art. 36) se les aplica la ley 33 de 1985. Frente a esta pluralidad de
enfoques existentes, la sentencia citada resuelve unificar su jurisprudencia,
adoptando la tesis menos restrictiva de los derechos de las personas en régimen
40
Folios 16 a 20 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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de transición, se apoya para ello en los principios de igualdad material,
favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas.
[…]
Las personas que se les aplica la Ley 33 de 1985, como beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, debe hacerse en su integridad, de manera
que los topes fijados en la sentencia C-258 de 2013 no son aplicables, además de
que el beneficio consagrado para los funcionarios de la Rama Judicial y de los
Magistrados de las altas Corporaciones es sustantivamente distinto a la de
aquellos funcionarios y empleados que tuvieron ingresos menores.
Aplicar la referida sentencia se(sic) incurriría en una flagrante violación del
principio de “inescindibilidad de la ley”, que prohíbe dentro de una sana
hermenéutica desmembrar las normas legales, rompiendo de tal manera el
principio de la seguridad jurídica.
[…]
Por lo brevemente expuesto y sin disertaciones adicionales, la Sala ratifica la
postura que ha venido aplicando en casos similares al presente de conformidad a
la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado que es la de aplicar todos los
elementos del régimen anterior, a quienes gozan del régimen de transición (edad,
monto, entendido este como la tasa de reemplazo, e IBL) y únicamente se acude
a aplicar el ingreso base de liquidación de pensión contenido en la Ley 100 de
1993 por favorabilidad.
[…]
REVÓCASE la sentencia Nº 073 del 30 de junio de 2015, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las súplicas de la
demanda, dentro del proceso promovido por el señor ELEUTERIO RENTERÍA
RODRÍGUEZ contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, hoy UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- “UGPP”. En su lugar, se
dispone:
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la
Resolución N.º 09930 de 21 de agosto de 2001, por medio de la cual se reliquida
la prestación al actor sin la inclusión de todos los factores salariales devengados
el último año de servicios.
SEGUNDO.- CONDÉNESE a título de restablecimiento del derecho a la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, a RELIQUIDAR la pensión de jubilación ordinaria
reconocida al señor ELEUTERIO RENTERÍA RODRÍGUEZ, incluyendo como
factores salariales, además de la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, junto
con los reajustes de que hayan sido objeto, con la salvedad que, si sobre dicho
factor no se ha hecho aportes, la entidad podrá compensarlos, cuando realice el
pago de las respectivas mesadas.
Las sumas que resulten a favor del señor ELEUTERIO RENTERÍA RODRÍGUEZ
se indexarán de conformidad al artículo 187 del CPACA, hasta la fecha de
ejecutoria de la presente providencia, igualmente la sentencia se le dará
cumplimiento en los términos del artículo 192 y siguiente de la misma norma.
Declarar prescritas las diferencias, producto de la reliquidación ordenada sobre
la pensión que viene percibiendo el demandante, anteriores al 05 de noviembre de
2010. […]» (Ortografía, cursiva y negrilla del texto original).
La entidad dio cumplimiento al fallo citado mediante la Resolución RDP 003855 del 3
de febrero de 2017 41.
41
Folios 243 a 247 del cuaderno 2.
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Análisis de la Subsección
La UGPP estimó que, en la reliquidación de la pensión del aquí demandado, debió
tenerse en cuenta el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, al
considerar que el ingreso base de liquidación no resultaba objeto de transición. Como
sustento de ello, solicitó adoptar el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, que
consideró desconocido por la sentencia objeto de revisión, pues este le era aplicable
al demandado, comoquiera que consolidó el derecho pensional en vigencia del sistema
general de seguridad social. Así las cosas, el análisis se concretará a tal argumento.
De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación
Es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión de segunda
instancia, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de
201042, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley, pues también hacía parte de la transición.
En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se tiene lo siguiente:
En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, anterior a las sentencias que se revisan,
se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al
centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del
artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 43 ii) derecho a la
igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el
legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos
adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión
de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la
Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.
42
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
43
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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De acuerdo con lo anterior , es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.
De otra parte, conviene aclarar que la sentencia C-258 de 2013 se refirió
específicamente a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado. Este
no es el caso del demandado, pues no se discute que él se desempeñó como jefe de
división en la Dirección Regional del Trabajo en el Departamento del Chocó, desde el
30 de mayo de 1979 hasta el 26 de julio del 2000, razón por la cual, en manera alguna
resulta aplicable al sub examine44.
Ciertamente, en la sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados
al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el
beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes
cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen
difiere del que rige el derecho pensional del aquí demandado quien no es beneficiario
de dicha normativa especial.
Adicionalmente, dadas las dudas que generó la citada sentencia respecto de su
aplicación a regímenes distintos al allí analizado 45, la Corte mediante proveído SU-230
de 2015 definió claramente que dicha interpretación no era exclusiva del régimen
especial que se analizó, pues el estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición,
resulta aplicable para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que pertenezca el trabajador. No obstante, en aplicación de la teoría del
apartamiento judicial 46, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial, los jueces de instancia estaban facultados para acoger la desarrollada por el
Consejo de Estado.
44
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
45
Ejemplo de ello se puede analizar en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2014; radicación: 25000-23-42-000-2013-
00632-01 (1434-2014); demandante: Gladys Agudelo Ordoñez. En aquella oportunidad se sostuvo «[…]
A lo que debe agregarse, que esta Corporación jurisprudencialmente ha determinado en la aplicación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los regímenes de
transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral; de manera,
que los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida
su situación pensional por el Decreto 546 de 1971, no son aplicables, porque en efecto, son
contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (artículos 228 y 230 de la Carta
Política y 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011) y evidentemente a la propia Sentencia C-258 de 2013 de
la Corte Constitucional, que valga la pena resaltar, como regla jurídica de obligado acatamiento en
materia de constitucionalidad, contiene en sí misma una circunstancia antinómica, que amerita un
ejercicio interpretativo para facilitar su aplicación, en orden al principio de coherencia de todo el sistema
jurídico sobre el que expande sus efectos. […]»
46
Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación
de un precedente obligatorio.
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A lo anterior, se agrega que la misma Corte Constitucional, a través de sus salas de
revisión, venía acogiendo una interpretación según la cual el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 también incluía lo relativo al ingreso base de liquidación pensional
y, por lo tanto, debía atenderse la normativa anterior para su cálculo. Así lo señaló en
las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386
de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de
2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
En consecuencia, se observa que el juez de segunda instancia valoró los argumentos
esbozados por las partes, en consonancia con las pruebas allegadas y la normativa
aplicable, además explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior
funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no
puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho,
sino que se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente
vinculante. Ciertamente, expuso que este constituye el criterio de interpretación menos
restrictivo de los derechos de las personas en régimen de transición y se apoya para
ello en los principios de igualdad material, favorabilidad y primacía de la realidad sobre
las formas. De ahí que ordenó reliquidar la prestación con inclusión, además de la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados, de la prima de servicios, la
prima de vacaciones y la prima de navidad, los cuales se demostró que devengó el
trabajador durante su último año de servicio en el Ministerio del Trabajo47.
Finalmente, no pasa por alto la Sala que esta Corporación, en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, acogió la interpretación impartida por la Corte
Constitucional en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas bajo las condiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con todo, es
de resaltar que en aquella providencia también se sostuvo que «No puede entenderse,
en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley», en esas condiciones, la Sala de Subsección estima que las reglas allí fijadas
no pueden ser extendidas al presente caso, en la medida en que la decisión de los
jueces de instancia se ajustó a la tesis adoptada por el Consejo de Estado para la
época.
En esas condiciones, como no se encuentra probada la configuración de la causal b),
tampoco la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Las razones expuestas son suficientes para concluir que el señor Eleuterio Rentería
Rodríguez, por ser beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la sentencia del 4 de agosto de 2010, tenía
derecho a que se reliquidara su prestación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados por él durante su último año de servicios, motivo por el cual se
declarará infundada la acción de revisión.
Conclusión: : No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión del señor
47
Folio 72 del cuaderno principal.
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Demandante: UGPP
Eleuterio Rentería Rodríguez atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33
de 1985, modificada por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía
equivalente al promedio de lo devengado durante el último año de servicios, con
inclusión, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, de
la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 22 de abril de 2016, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 27001333300220130066200.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación 48 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP contra el
señor Eleuterio Rentería Rodríguez, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 22 de abril de 2016, dictada dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho de radicado 27001333300220130662, de acuerdo con
la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 110010325000201900240 00 (1522-2019)
Demandante: UGPP
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de
revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
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