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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00243-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00243-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social con el fin de que se infirme la sentencia del 7 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la providencia del 19 de julio de 2012 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Buga, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 76-111-3-31-701-2011-00310-01. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio identificado con cédula de ciudadanía 8.299.453 de Medellín y tarjeta profesional 12.100 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la UGPP, en los términos de la escritura pública 1957 de 16 de septiembre de 2024, que obra a índice 46 de Samai. CUARTO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00243-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de enero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00243-00 (1527-2019)
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00243-00 (1527-2019)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Luis Fernando Tocora López
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003

Tema: causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 7 de octubre de 2014, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que confirmó la providencia del 19 de
julio de 2012 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Buga,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) solicita que se infirme la sentencia del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca antes mencionada, puesto que considera
que incurrió en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, toda vez que el señor Luis Fernando Tocora López no tiene derecho a la
reliquidación de la pensión de vejez con el 75% de la asignación mensual más elevada
en el último año de servicios con la inclusión de todos los factores devengados en ese
mismo periodo, puesto que el IBL debe establecerse según el inciso 3° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Carlos Eduardo Chaves Zúñiga, demandante: Luis Fernando Tocora López, demandado: Caja Nacional de

Previsión Social (CAJANAL), radicación número: 76-111-3-31-701-2011-00310-01.
1

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00243-00 (1527-2019)
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Luis Fernando Tocora López, en ejercicio de la acción prevista en el artículo
85 del Código Contencioso Administrativo3, presentó demanda contra la UGPP con el
fin de que se declarara la nulidad parcial de: (i) la Resolución AMB 55208 del 26 de
noviembre de 2007, a través de la cual la Caja Nacional de Previsión Social (en
adelante CAJANAL) reconoció a su favor una pensión de vejez; (ii) la Resolución
48640 del 18 de septiembre de 2008, que confirmó el acto administrativo anterior, al
resolver el recurso de reposición interpuesto en su contra; y (iii) la Resolución PAP
028238 del 29 de noviembre de 2010, que reliquidó la pensión de vejez.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada reliquidar la pensión de vejez teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios con el valor de la
asignación más elevada, liquidada con una tasa de reemplazo del 75%, con la
consecuente indexación, el pago de intereses moratorios, y la condena en costas.

2.2. Sentencia de primera instancia4

3.El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Buga, en sentencia del 19
de julio de 2012, resolvió lo siguiente:

Primero: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN SOCIAL EN LIQUIDACIÓN- CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN,
atendiendo los fundamentos de hecho y de derecho esbozados anteriormente.

Segundo: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones números AMB 55208 del 26
de noviembre de 2007 y 48640 del 18 de septiembre de 2008, suscritas por el Gerente
General de CAJANAL E.I.C.E., por medio de las cuales se reconoció y ordenó el pago
de la pensión mensual vitalicia por vejez al actor y confirmó en todas sus partes la misma,
respectivamente, en cuanto no se acataron las disposiciones del Decreto 546 de 1971,
acorde con lo expuesto en las motivaciones precedentes.

Tercero: DECLARAR la nulidad de la Resolución PAP 028238 del 29 de noviembre
de 2008 (sic), suscrita por el Liquidador de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN,
por medio de la cual se dio cumplimiento al fallo de tutela proferido el 29 de junio de 2008
por el Juzgado Noveno Administrativo de Santiago de Cali, en cuanto no incluyó la
totalidad de los factores salariales devengados por el actor, y estableció el ajuste del
valor de la pensión a la suma equivalente a 25 salarios mínimos, conforme a lo
anteriormente analizado.

Cuarto: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN- CAJANAL E.I.C.E., expida el acto administrativo mediante el cual
reliquide y ordene el pago de la pensión de vejez del doctor LUIS FERNANDO TOCORA
LÓPEZ, efectiva a partir del 1° de abril de 2009, con fundamento en el 75% de la
asignación mensual más elevada devengada el último año de servicio- 1° de abril de

3 Norma vigente para la época. La Demanda se presentó en el año 2011.
4 Samai, índice 40, ED_C02_01 OTROS - CUADERNO 2 PRINCIPAL-RESERVADO.(.pdf) NroActua 40, págs. 37

a 62.
2

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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

2008 a 31 de marzo de 2009-, con la inclusión de todos y cada uno de los factores
salariales percibidos durante el mismo periodo, los cuales, según certificación de la
entidad empleadora fueron: Asignación básica, prima de navidad, bonificación servicios
prestados (sic), prima de servicios, prima especial, bonificación por gestión, bonificación
por compensación y prima de vacaciones. Así mismo, deberá prescindir del criterio de la
fijación de tope a referida la pensión (sic), según los términos indicados en esta
providencia.

4. Como fundamento de su decisión, el juzgado señaló que el actor tenía derecho a la
reliquidación de su pensión de vejez equivalente al 75% de la asignación básica más
elevada con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último
año de servicios (1 de abril de 2008 a 31 de marzo de 2009), de conformidad con lo
previsto en el Decreto 546 de 1971, el cual regula el régimen especial de la Rama
Judicial, toda vez que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
tenía más de 15 años de servicios al Estado.

2.3. Sentencia de segunda instancia5

5.La decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en sentencia del 7 de octubre de 2014, al resolver los recursos de
apelación interpuestos por la parte actora y demandada en su contra.

6. El tribunal indicó que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, debe aplicárseles en su integridad el régimen anterior, en virtud del principio de
inescindibilidad de la ley. Por ende, en el caso concreto, al accionante le era aplicable
el Decreto 546 de 1971, para efectos del reconocimiento de una pensión de vejez, en
cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto.

7. Sostuvo que dicha pensión equivalía al 75% de la asignación más elevada que
hubiese devengado el demandante en el último año de servicios, la cual incluía la
asignación mensual fijada por la ley para el empleo, y todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios, de
acuerdo con la jurisprudencia de la corporación.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda6

8. La UGPP, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
antes referida, invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 20037 y formuló las siguientes pretensiones:

5 Samai, índice 40, ED_C02_01 OTROS - CUADERNO 2 PRINCIPAL-RESERVADO.(.pdf) NroActua 40, págs. 22

a 35.
6 Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), págs. 4 a 27.
7 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza

pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
3

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00243-00 (1527-2019)
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

(i) Revocar la sentencia objeto de revisión.

(ii) Declarar que al señor Luis Fernando Tocora López no le asiste derecho a la
reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de factores salariales
devengados en el último año de servicios, pues el ingreso base de liquidación
debe calcularse conforme al inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o el
artículo 21 de la misma ley.

(iii) Ordenar la reliquidación y pago de la pensión de vejez del accionado, según
lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o el artículo 21
de la misma ley, según corresponda.

9. A juicio de la parte recurrente se configura la causal a), toda vez que la orden judicial
violó el derecho al debido proceso de la UGPP, ya que la reliquidación de la pensión
no se ajustó a derecho, pues lo procedente era interpretar correctamente los artículos
21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Tampoco se tuvo en cuenta el artículo 1° del Decreto
1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales. Indicó que la decisión judicial
acusada es contraria a la ley y la jurisprudencia, en la medida que otorgó un aumento
en la mesada pensional sin fundamento constitucional ni legal.

10. Por otra parte, la entidad señaló respecto a la causal b) que la cuantía del derecho
reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que al accionado no
le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de factores
salariales devengados en el último año de servicios, puesto que el IBL debe calcularse
conforme con lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo
en cuenta los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

11. Resaltó que se desconoce el precedente judicial de las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017
y SU- 631 de 2017, T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos
por la Corte Constitucional; así como el fallo SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del
28 de agosto de 2018 dictado por la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del
Consejo de Estado.

12. Afirmó que se configuró un abuso palmario del derecho, debido a la equivocada
interpretación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como al
desconocimiento del precedente vinculante de la Corte Constitucional sobre la forma
de calcular el IBL de las pensiones para los beneficiarios del régimen de transición. A
su juicio, la reliquidación pensional es irregular, ya que el señor Luis Fernando Tocora
López está obteniendo ventajas irrazonables relacionadas con un incremento en su
prestación, en grave detrimento del erario.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
4

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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

3.2. Actuaciones procesales relevantes

13. Por medio del auto del 24 de octubre de 2019 se admitió la demanda, y se ordenó
notificar por estado a la entidad recurrente y personalmente al señor Luis Fernando
Tocora López8.

14. En auto del 20 de mayo de 2021, se libró despacho comisorio al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dado que no fue posible la notificación personal9.
Este se requirió por segunda vez en providencia del 25 de agosto de 202210, y se tramitó
debidamente con posterioridad11.

15. Mediante auto del 9 de marzo de 2023, una vez vencido el término para que la parte
accionada y el Ministerio Público se pronunciaran sobre la admisión de la acción
especial de revisión, se tuvieron como pruebas los documentos allegados con la
demanda; se rechazaron las pedidas por la parte demandada; y se prescindió del
periodo máximo probatorio12.

3.3. Contestación a la acción especial de revisión13

16. El señor Luis Fernando Tocora López, actuando a través de apoderado, se opuso a
las pretensiones, manifestó que las causales formuladas por la UGPP no están llamadas
a prosperar, por cuanto la pensión de vejez se fundamentó en los decretos 546 de 1971
y 717 de 1978 que le eran aplicables, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y el precedente judicial de ese entonces. Agregó que la UGPP desconoce sus
derechos adquiridos y el principio de cosa juzgada.

3.4. Concepto del Ministerio Público

17. Guardó silencio14.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

18. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso
2, del CPACA15.

8 Samai, índice 40, ED_C02_01 OTROS - CUADERNO 2 PRINCIPAL-RESERVADO.(.pdf) NroActua 40, págs. 115

a 117.
9 Samai, índice 40, ED_C02_01 OTROS - CUADERNO 2 PRINCIPAL-RESERVADO.(.pdf) NroActua 40, pág. 126.
10 Samai, índice 40, ED_C02_01 OTROS - CUADERNO 2 PRINCIPAL-RESERVADO.(.pdf) NroActua 40, págs. 135

a 136.
11 Samai, índice 25.
12 Samai, índice 40, ED_C02_01 OTROS - CUADERNO 2 PRINCIPAL-RESERVADO.(.pdf) NroActua 40, pág. 141.
13 Samai, índice 26.
14 Samai, índice 42.
15 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por

los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
5

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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

19. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión,
según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 16, por
tratarse de un asunto de carácter laboral.

4.2. Oportunidad

20. La UGPP invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo en cuenta que la sentencia
objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en vigencia del CPACA, resulta
aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de esta normativa que precisa lo
siguiente:

[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […].

21. En el presente caso, se tiene que la sentencia objeto de revisión, proferida el 7 de
octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca quedó ejecutoriada
el 28 de octubre de 201417, de modo que al haberse interpuesto el recurso
extraordinario de revisión el 21 de marzo de 201918, se presentó dentro del término
previsto en la normativa en mención.

4.3. Legitimación en la causa

22. Lalegitimación por activa y por pasiva se verifica a partir de las siguientes
circunstancias:

23. La UGPP se creó para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de las administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de
las entidades públicas del mismo carácter respecto de las cuales se haya decretado
su liquidación, como sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE (art. 156
de Ley 1151 de 2007).

24. Ahora bien, el numeral 6º del artículo 6º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de
200919, le asignó la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Este precepto fue reiterado en el Decreto 575 de 201320.

25. A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 201621, indicó que la
UGPP tiene legitimación en la causa por activa para interponer el recurso de que trata
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «con el propósito de cuestionar las decisiones
16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
17 Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), pág. 308.
18 Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), pág. 27.
19 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.”
20 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias”. De conformidad
con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las funciones asignadas a la UGPP, está la de: “6. Adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adiciones
o modifiquen.
21 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

6

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Demandado: Luis Fernando Tocora López

judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho».

26. Por su parte, el señor Luis Fernando Tocora López está legitimado por pasiva, dada
su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en el
que se dictó la sentencia cuya revisión se solicita.

4.4. Problema jurídico

27. Conforme con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que propuso
la UGPP, corresponde a la Sala determinar si ¿La pensión de vejez reconocida al
señor Luis Fernando Tocora López se reliquidó con violación al debido proceso y en
una cuantía superior a la prevista por la ley, teniendo en cuenta que, a juicio de la parte
actora, no se calculó de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado?

28. En este orden de ideas, para resolver el problema planteado, la Sala analizará las
generalidades de la acción especial de revisión, además de las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, resolverá el caso
concreto.

4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia22

29. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas23.

30. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial»24,

22 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado

11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
23 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
24 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. M.P. Gerardo Arenas

Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés “ […] En este
orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que
se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de
obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala). Cfr., sentencia de 25 de febrero de
2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado 11001-03-15-000-2019-04468-00 REV.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de Decisión sentencia de 22 de noviembre
de 2021, radicado No. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sala Veinticinco
Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y
sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV. M.P. Martha Nubia
Velásquez Rico.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00243-00 (1527-2019)
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en
cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.

31. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la
caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado25 y de la Corte
Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia26.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado27.

(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social28.

(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde29.

32. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional
establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable
financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De
modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o

25 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de

Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000- 2020-03549-00. M.P. William
Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-
01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William

Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William

Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
27 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°

de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18

de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. M.P. William Hernández
Gómez.
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación’»30.

33. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200331, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 32.

34. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:

[…]

El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser
revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]».

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto

30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
31«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
32 Al respecto puede verse, entre otras decisiones, la sentencia dictada por la Sala Novena Especial de Decisión el

22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular. […]”33.

35. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

36. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.

4.6. Análisis del caso concreto

37. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la pensión de vejez reconocida al señor Luis Fernando Tocora
López se reliquidó con violación al debido proceso y en una cuantía superior a la
prevista por la ley, teniendo en cuenta que, a juicio de la parte actora, no se calculó de
conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 y la interpretación que sobre
esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

38. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:

(i) El señor Luis Fernando Tocora López nació el 6 de julio de 195134 y laboró al servicio
de la Rama Judicial del 16 de julio de 1977 al 31 de marzo de 2009; el último cargo
que desempeñó fue el de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga35,
y adquirió el estatus pensional el 6 de julio de 200636. Durante el último año de
servicios, devengó los siguientes factores: asignación básica; bonificaciones por
servicios prestados, gestión y compensación; primas de navidad, de servicios,
especial, y de vacaciones37.

(ii) CAJANAL, a través de la Resolución AMB 55208 del 26 de noviembre de 2007,
reconoció una pensión de vejez al señor Luis Fernando Tocora López, efectiva a partir
del 1 de enero de 2007, condicionada al retiro del servicio; equivalente al 75% de lo

33 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5

de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
34 De acuerdo con registro civil de nacimiento que obra en Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1

PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS -
RESERVADO(.pdf), pág. 95.
35 Conforme a la constancia proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali que

reposa en Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), pág. 169.
36 Conforme se señaló en la Resolución AMB 55208 del 26 de noviembre de 2007, que reconoció una pensión de

vejez al accionado. Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), pág. 121.
37 Según certificación expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, vista en

Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO EXTRAORDINARIO
DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), págs. 167 a 168.
10

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devengado sobre el salario promedio de los últimos 10 años, conforme lo previsto en
la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 199438.

(iii) Por medio de la Resolución 48640 del 18 de septiembre de 2008, CAJANAL
confirmó el anterior acto administrativo, al resolver el recurso de reposición interpuesto
en su contra por el pensionado39.

(iv) Mediante la Resolución PAP 028238 del 29 de noviembre de 2010, en
cumplimiento de un fallo de tutela de manera transitoria, CAJANAL reliquidó la pensión
reconocida al accionado, con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en cuantía del
75% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada
durante el último año de servicios, efectiva a partir del 1 de abril de 2009, durante
cuatro meses desde la inclusión en nómina de pensionados40.

39. Una vez expuestas las causales alegadas y los presupuestos fácticos del asunto, la
Sala procede a estudiar el ingreso base de liquidación de los regímenes especiales
dada la transición de la Ley 100 de 1993.

4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes
especiales en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993

40. El Consejo de Estado en su jurisprudencia, en principio, consideró que el régimen
pensional especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público previsto en el artículo 6
del Decreto 546 de 1971 debía aplicarse en su integridad a los beneficiarios de la
transición normativa de la Ley 100 de 1993. Ello significaba que el ingreso base de
liquidación de la pensión de vejez no podía calcularse de acuerdo con lo señalado por
el artículo 36 ibidem41.

41. No obstante, dicho criterio cambió con la sentencia de unificación del 11 de junio de
2020 dictada por la Sección Segunda de la corporación, que estableció las reglas
sobre el ingreso base de liquidación42, así:

iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b)
el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores
a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación
de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es

38
Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), págs. 120 a 124.
39 Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), págs. 126 a 130.
40 Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), págs. 182 a 188.
41 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2013. Radicación: 1208-2012;

sentencia del 11 de julio de 2013. Radicación: 0102-2012. Demandante: Ligia Bernal Gaitán. Demandado: Cajanal;
sentencia del 7 de noviembre de 2013. Radicación 2672-2012. Demandante: Melva Alina Navas de Cabrales.
Demandado: Cajanal; sentencia de 12 de mayo de 2014. Radicación: 1770-2013. Demandante: Alfonso Eslava
Ruiz. Demandado: Cajanal; Consejo de Estado. Sentencia de 10 de julio de 2014. Radicación 2763-2012.
Demandante: Martha Elena Casas Sastre. Demandado: Cajanal; sentencia de 6 de mayo de 2015. Radicación
4183-2013. Demandante: Aura Esther Herrera Ruiz. Demandado: Cajanal.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020,

proceso con radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).
11

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decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le
faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de
liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;
1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de
2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público.

42. La anterior sentencia, según se dispuso, tenía efectos retrospectivos respecto de
los asuntos similares que se estuviesen tramitando en la administración y de aquellos
adelantados en la jurisdicción de lo contencioso – administrativo. Es decir, que solo no
resultaba aplicable a los casos en los que existiese sentencia ejecutoriada, por virtud
del principio de cosa juzgada.

43. A su vez, se destaca que el fallo de unificación del 11 de junio de 2020 se remitió a
las reglas y subreglas establecidas en la providencia del 28 de agosto de 2018 de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que trató el ingreso base de liquidación
para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se
pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
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[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base43.

44. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto Ley 546 de 1971 o la Ley 33 de 1985, respectivamente, son
sujetos de estas disposiciones, pero solamente en cuanto a tiempo de servicios, edad
y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto en los
artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.

4.6.2. Verificación de las causales de revisión invocadas por la UGPP

• Respecto a la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - violación al debido proceso

45. En el caso bajo análisis, la UGPP sostuvo que se configuró la causal del literal a)
porque la decisión judicial acusada es contraria a la ley y la jurisprudencia, en la
medida que otorgaron un aumento en la mesada pensional sin fundamento
constitucional ni legal, por cuanto desconocieron los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, así como el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994. Agregó que, en el caso del
demandado, como beneficiario del régimen de transición, el ingreso base de
liquidación está regido por los artículos 21 y el inciso 3 del 36 de la Ley 100 de 1993.

46. En este orden de ideas, según se explicó en el acápite del marco normativo de esta
providencia, la acción especial de revisión no es una tercera instancia para reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, en tanto se limita a revisar los aspectos, en
concreto, frente a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, concernientes al reconocimiento del derecho cuando este se otorgó con
vulneración al debido proceso.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César

Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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47. En tal sentido, es imperioso que la parte actora ilustre los elementos sobre los que
sustenta su petición y demuestre que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento del referido derecho constitucional.

48. Así, revisada la demanda presentada por la UGPP se advierte que no cumplió con
la carga argumentativa que le correspondía en lo que respecta a la violación del
derecho al debido proceso, toda vez que no alude ningún elemento que deba revisar
la Sala en atención al desconocimiento de las garantías constitucionales que debieron
atenderse, como que el medio de control hubiese sido decidido por un juez sin
competencia; se hubiese desconocido el procedimiento propio del asunto; o no
hubiese tenido oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción dentro
del trámite procesal.

49. Lo anterior obedece a que en lugar de dar cuenta de una situación constitutiva
de una violación al debido proceso, lo que se reprocha es una presunta omisión de las
autoridades judiciales en la aplicación de las normas y la jurisprudencia que prevén los
criterios a tener en cuenta para liquidar la pensión, lo que corresponde a un aspecto
del fondo del asunto que, por cierto, fue ampliamente debatido y decidido en el proceso
ordinario, y que no está llamado a reabrirse por vía de la acción especial de revisión,
pues se insiste, no es una tercera instancia.

50. Por ende, advertido que el sustento de la acción de la referencia no guarda relación
con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará que
no se configura la mencionada causal de revisión.

• Acerca de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
• la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley

51. La UGPP alegó la causal prevista en el literal b) porque la sentencia del Tribunal,
que hizo tránsito a cosa juzgada, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez sin
tener en cuenta que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 está regido por los artículos 21 y 36 ídem y el artículo
1° del Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales. Igualmente, indicó
que existió un abuso palmario del derecho, dado que la reliquidación pensional fue
irregular y concedió ventajas irrazonables al señor Luis Fernando Tocora López por el
incremento de la pensión.

52. Ahora bien, se destaca que para esta Subsección lo relevante cuando se trata de
acciones especiales de revisión es analizar el criterio jurisprudencial vigente para la
época en que el Tribunal dictó la decisión censurada44. Esto, acorde con los efectos
del fallo de unificación CE-SUJ-S2-021-2045 donde expresamente se indicó que
prevalecerá la fuerza de cosa juzgada y no puede entenderse en principio que las
pensiones reliquidadas con fundamento en las tesis anteriores del Consejo de Estado
lo hayan sido con abuso del derecho o fraude a la ley, así:

44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, radicado número 11001-

03-25-000-2018-01458-00 (4815-2018).
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, fallo del 11 de junio de 2020,

proceso con radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), M.P. Rafael Francisco Suárez.
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

La Sección Segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii)
respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de
aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta
sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a
la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en
jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de
cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el
artículo 250 del CPACA».

53. En efecto, la tesis jurisprudencial de la Sección Segunda hasta el año 2020 consistía
en que el régimen especial de la Rama Judicial, regulado en el Decreto Ley 546 de
1971, debía ser aplicado integralmente, sin que fuera posible alterar los elementos que
lo hacían especial en respeto al principio de inescindibilidad normativa; de modo que
no podía acudirse a la Ley 100 de 1993 para establecer la base de liquidación
pensional46.

54. En el presente caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia
el 7 de octubre de 2014, en la que aplicó en su integridad al señor Tocora López el
régimen pensional especial previsto en el Decreto 546 de 1971, en calidad de
funcionario de la Rama Judicial, y como beneficiario de la transición de la Ley 100 de
1993. Al respecto, precisó que no es posible la aplicación conjunta de las normas del
régimen especial con normas del régimen general de pensiones, por virtud del principio
de inescindibilidad de la norma.

55. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó el fallo del Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Buga, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda del señor Luis Fernando Tocora López, en el sentido de
ordenar que la pensión se reliquidara con el 75% de la asignación mensual más
elevada en el último año de servicios con la inclusión de todos los factores devengados
del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, siguió la línea jurisprudencial vigente y
aplicable para el asunto particular, por tanto, prevalece la fuerza de cosa juzgada.

56. Con lo anterior, en manera alguna se desconoce que para el momento en que se

46 Este recuento sobre el desarrollo jurisprudencial en el Consejo de Estado se encuentra en el fallo de unificación

CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, proceso con radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

dictó la sentencia objeto de revisión y con posterioridad, la Corte Constitucional, entre
otras, en las providencias relacionadas en la demanda de la referencia47, defendía una
tesis contraria a la entonces sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado;
no obstante, como se destacó con antelación, en el margen de la autonomía funcional,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió acogerse a la postura del máximo
tribunal de lo contencioso – administrativo, lo que resulta razonable y no es constitutivo
de una circunstancia que permita predicar la configuración de la causal excepcional
que se estudia.

57. Por otra parte, la UGPP señaló que se configuró un abuso palmario del derecho,
toda vez que el señor Luis Fernando Tocora López obtuvo una ventaja irrazonable en
el incremento de su pensión. Sobre el particular, se indica que la procedencia de las
causales de revisión debe interpretarse atendiendo la facultad de revisión de los
reconocimientos pensionales, que afectan los principios de solidaridad y sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones. A su turno, el Acto Legislativo 01 de
2005 refiere que procede la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del
derecho o sin el cumplimiento de los requisitos legales, acorde con el procedimiento
establecido por el legislador, pero que a la fecha no ha sido expedido.

58. El abuso del derecho en materia pensional fue abordado por la Corte Constitucional,
en la sentencia C-258 de 201348, al indicar que se debe evidenciar un gran incremento
de los ingresos que no corresponda a la vida laboral y que represente un salto abrupto
frente a los salarios recibidos en toda su vida productiva. En otras palabras, precisó
que «los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de
servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial-
conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló
en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer un
subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».

59. En este contexto, se revisa la historia laboral del pensionado para verificar si se está
frente a un incremento desproporcionado o injustificado de la mesada pensional que
pudiera llegar a configurar abuso del derecho. Así pues, se encuentra que en el
expediente administrativo obra la certificación expedida por el área financiera de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, según la cual el señor
Luis Fernando Tocora López devengó en el último año de servicios los siguientes
emolumentos: asignación básica; bonificaciones por servicios prestados, gestión y
compensación; primas de navidad, de servicios, especial, y de vacaciones49.

60. A su vez, se advierte que la liquidación de la pensión del señor Tocora López no
excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) es beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
nació el 6 de julio de 1951, por lo que tenía más de 40 años de edad al 1 de abril de
199450; ii) acreditó más de 20 años de servicios; iii) demostró que prestó sus servicios
47 C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017 y SU-

631 de 2017, T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional.
48 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
49 Según certificación expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, vista en

Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO EXTRAORDINARIO
DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), págs. 167 a 168.
50 De acuerdo con registro civil de nacimiento que obra en Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1

PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS -
RESERVADO(.pdf), pág. 95.
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Demandado: Luis Fernando Tocora López

por más de 10 años a la Rama Judicial51, de ahí que su pensión se liquidó con base
en el régimen especial del Decreto 546 de 1971; iv) el último cargo que desempeñó
fue el de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, que ostentó del
3 de febrero de 1986 al 31 de marzo de 200952; y v) durante el último año percibió los
factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la pensión.

61. Así las cosas, la UGPP no acreditó en el presente proceso la configuración del
abuso del derecho en la reliquidación pensional ordenada por la autoridad judicial de
instancia, comoquiera que el incremento de la mesada pensional dispuesto en la
providencia censurada no demuestra que el valor de la pensión haya aumentado
significativamente sin guardar relación con los salarios recibidos por el señor Luis
Fernando Tocora López en su vida laboral.

62. En consecuencia, no se configura la causal de revisión prevista en el literal b) de la
Ley 797 de 2003, y, por ende, se declarará infundada la acción especial de revisión.

4.7. Costas

63. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

64. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso en
el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

65. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
condenará en costas por la naturaleza del asunto, de un lado, en la medida que se
trata de una acción especial en la que se ventila un interés público, pues la entidad
legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento
pensional en detrimento del erario53; de otro, porque no se evidencia que la demanda
se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

4.8. Conclusión

66. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de
revisión porque no se configuraron las causales previstas en los literales a) y b) del

51 Conforme a la constancia proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali que

reposa en Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), pág. 169.
52 Samai, índice 40, ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL-ESCRITO DE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON SUS ANEXOS - RESERVADO(.pdf), págs. 96 y 169.
53 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, proceso con

radicado 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 2 de junio de 2022
proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente con radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, expediente
con radicación: 11001-03-15-000-2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fernando Tocora López

artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

67. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social con el fin de que se infirme la sentencia del 7 de octubre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la
providencia del 19 de julio de 2012 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Buga, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el número 76-111-3-31-701-2011-00310-01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio
identificado con cédula de ciudadanía 8.299.453 de Medellín y tarjeta profesional
12.100 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la
UGPP, en los términos de la escritura pública 1957 de 16 de septiembre de 2024, que
obra a índice 46 de Samai.

CUARTO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

TAP/JCBB

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