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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00247-00

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00247-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Descongestión, del 22 de agosto de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. 23 Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019) Demandante: UGPP Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76 001 33 31 710 2012 00212 01 al tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00247-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

27 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: José Hernando Buritica Giraldo

Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión,1 del
22 de agosto de 2016, a través de la cual se confirmó parcialmente y modificó el
numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, el 5 de septiembre de 2013, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

1 Consta en la providencia objeto de revisión, que el Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión

procedió en los «términos del ACUERDO No. PSAA16-10535 de junio de 27 de 2016 a conocer de
los asuntos del sistema escrito para fallo que le sean remitidos por los Tribunales Administrativos,
en especial del presente proceso proveniente del Tribunal Administrativo del Valle del Cau[ca], para
fallo». Folio 211 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado judicial,
solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión, del
22 de agosto de 2016, a través de la cual se confirmó parcialmente y modificó el
numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, el 5 de septiembre de 2013, que
accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor José Hernando
Buritica Giraldo, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado 76 001 33 31 710 2012 00212 01.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, el 5 de septiembre de 2013,
«confirmada» por el Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión, el 22 de agosto
de 2016; ii) declarar que el señor José Hernando Buritica Giraldo, en cuanto a su
mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la
legislación colombiana; iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del
demandado, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 75 % prevista en la Ley
33 de 1985, el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o
21 de la Ley 100 de 1993, y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con
lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C- 258
de 2013, SU- 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y
SU-631 de 2017; y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017; y iv) condenar al
demandado a reintegrar, de manera indexada, las sumas pagadas en exceso por
causa de lo ordenado por el Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los
siguientes:

i) El 20 de noviembre de 1947, nació el señor José Hernando Buritica Giraldo. Prestó
sus servicios en los siguientes períodos y entidades: a. Desde el 1.º de febrero de
1971 hasta el 30 de diciembre de 1976 y desde el 10 de febrero de 1978 hasta el

2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

10 de mayo de 1979, en el departamento del Valle del Cauca; y b. desde el 1.º de
febrero de 1980 hasta el 30 de agosto de 1994, en el «Ministerio de Trabajo»2 (sic).

ii) El 22 de noviembre de 2002, el demandado adquirió el estatus jurídico de
pensionado.

iii) El 6 de noviembre de 2003, a través de la Resolución 2115, CAJANAL reconoció
una pensión de jubilación al señor Buritica Giraldo, en cuantía de $ 309.000, a partir
del 20 de noviembre de 2002.

iv) Los días 29 de diciembre de 2005 y 14 de febrero de 2012, CAJANAL expidió las
Resoluciones 46191 y UGM 032966, respectivamente, a través de las cuales negó la
reliquidación de la pensión de jubilación presentada por el hoy demandado.

v) El 5 de septiembre de 2013, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Buritica Giraldo contra la entonces CAJANAL, hoy
UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:3

[…] SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución UGM 032966 del 14 de febrero
de 2012, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación,
por medio de la cual se negó al actor la reliquidación de la pensión vitalicia.

TERCERO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP, a título de restablecimiento del derecho a re –
liquidar la pensión por vejez reconocida a favor del señor José Hernando Butiric[a]
Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.944.476 expedida en Cali (Valle
del Cauca) de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, teniendo en cuenta
como ingreso base de liquidación todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, debidamente certificados por la entidad pagadora (bonificación
por servicios prestados, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de
servicios, prima de navidad y prima de vacaciones), y a pagarle las diferencias que
resulten entre las mesadas ajustadas y las canceladas, a partir del 7 de abril de 2008,
en razón a la prescripción trienal.

2 Si bien la entidad recurrente aduce que el demandado trabajó en el Ministerio del Trabajo, lo cierto

es que la Sala advierte que aquel laboró en la Unidad Administrativa Especial de Campañas
Directivas, zona VIII de Cali, desde el 1.° de diciembre de 1980 hasta el 30 de agosto de 1994, según
consta en la certificación emitida por la coordinadora del Grupo Gestión del Recurso y del Talento
Humano del Ministerio de Salud, el 21 de agosto de 2002. Folio 72 del cuaderno 1 de la acción
especial de revisión.
3 Folios 151 reverso y 153 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

[…] QUINTO: DECLARAR probada la excepción de “Prescripción” e infundada las de
“Cobro de lo no debido”, “Violación al principio de legalidad” y “Subsidiaria de buena fe”.
[…] (Cursiva y comillas originales del texto).

vi) El 22 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión,
emitió sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó parcialmente y
modificó el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el
Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali, en los siguientes términos:4

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 5 de septiembre de 2013,
proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de
Cali, que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por JOSÉ
HERNANDO BURITICÁ GIRALDO contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL E.I.C.E. – CAJANAL – “EN LIQUIDACIÓN” hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, por las razones anotadas en la presente decisión.

SEGUNDO: MODIFICAR EL NUMERAL TERCERO de la sentencia del 5 de septiembre
de 2013, proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de
Santiago de Cali, que queda así:

“a) Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA a la CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. – CAJANAL – “EN LIQUIDACIÓN” hoy UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, a reliquidar la pensión de
jubilación del demandante JOSÉ HERNANDO BUTIRIC[A] GIRALDO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.944.476 de Cali Valle, en cuantía equivalente al 75 % del
promedio mensual que hubiere devengado durante el último año de servicios,
comprendido entre el 1.° de septiembre de 1993 y el 31 de agosto de 1994, efectiva a
partir del 20 de noviembre de 2002, la cual debe comprender los factores de asignación
básica, bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios, prima
de navidad, auxilio de alimentación y auxilio de transporte, en la proporción que
está demostrado se pagaban por la administración en su momento, pero con
efectos fiscales a partir del 7 de abril de 2008, por prescripción trienal de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, así mimo
(sic) deberá indexar la primera mesada pensional del demandante en lo relacionado a
la inclusión de los factores salariales reconocidos por la presente decisión judicial, es
decir, bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de
navidad, auxilio de alimentación y auxilio de transporte, como quiera que con la
Resolución No. 0021115 del 6 de noviembre de 2003, se indexó la primera mesada
pensional del demandante JOSÉ HERNANDO BUTIRIC[A] GIRALDO, pero sólo con
relación a la asignación básica.

Igualmente, sobre la diferencia de los nuevos valores aquí reconocidos, deberá hacerse
los descuentos de ley de manera proporcional, pero si por algún motivo no se le hace tal
descuento, esto no da lugar a que se niegue la inclusión de determinado factor para la
liquidación ordenada. Así mismo en el evento de no haberse pagado la totalidad de los

4 Folio 227 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.

4

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Demandante: UGPP

aportes de ley la demandada (sic) deberá realizar las compensaciones a que haya lugar
al momento de pagar las mesadas correspondientes” […]. (Resaltado y comillas
originales del texto).

vii) El 6 de abril de 2017, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo, Sala de Descongestión.

viii) El 22 de septiembre de 2017, la UGPP expidió la Resolución RDP 036554
mediante la cual dio cumplimiento a la providencia referida. De esta manera,
resolvió reliquidar la pensión de jubilación del señor Buritica Giraldo, en cuantía
$387.170, efectiva a partir del 7 de abril de 2008.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión,5 mediante sentencia del 22 de
agosto de 2016,6 confirmó parcialmente y modificó el numeral tercero de la parte
resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Cali, el 5 de septiembre de 2013, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por el señor José Hernando Buritica Giraldo contra CAJANAL, hoy UGPP,
con sustento en las siguientes consideraciones:

i) El señor José Hernando Buritica Giraldo al momento de entrar en vigencia la Ley
100 de 1993, contaba con más de 15 años de servicios y superaba los 40 años de
edad, por lo que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

ii) Con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010,7 emitida por el Consejo
de Estado, respecto de los factores salariales que deben tenerse en cuenta para
efectos de liquidación de las pensiones del régimen de transición, se dio unidad al
criterio y se indicó que debían incluirse todos aquellos devengados en el último año

5
Consta en la providencia objeto de revisión, que el Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión
procedió en los «términos del ACUERDO No. PSAA16-10535 de junio de 27 de 2016 a conocer de
los asuntos del sistema escrito para fallo que le sean remitidos por los Tribunales Administrativos,
en especial del presente proceso proveniente del Tribunal Administrativo del Valle del Cau[ca], para
fallo». Folio 211 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.
6 Folios 211 al 228 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación

N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09).

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

de servicio. En este sentido, precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente
los factores de salario, debían incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que
de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del
servicio.

iii) Con sustento en las reglas jurisprudenciales para los beneficiarios del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo es en el
presente asunto, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985, es decir, edad,
tiempo de servicios y monto de la pensión.

iv) Los factores a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación del
señor Buritica Giraldo se determinan con el régimen pensional anterior, esto es, bajo
las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, en concordancia con lo dispuesto en
la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010. De ahí que en el ingreso base
de liquidación de la prestación deben tenerse en cuenta todos los factores que
constituyen salario, devengados durante el último año de servicio, comprendido
entre el 1.° de septiembre de 1993 y el 31 de agosto de 1994.

v) En consecuencia, teniendo en cuenta que el a quo ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación en los términos expuestos, se confirmará parcialmente la
providencia de primera instancia, pues está demostrado que el actor tiene derecho
a la reliquidación de la prestación, en el equivalente al 75 % del promedio mensual
percibido en el último año de servicio a partir del 20 de noviembre de 2002, con
efectos fiscales desde el 7 de abril de 2008, por prescripción trienal. En esa medida,
se deben incluir los factores de asignación básica, bonificación por servicios, primas
de vacaciones, de servicios y de navidad, y auxilios de alimentación y de transporte.

No obstante, se modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, en el sentido de autorizar a la entidad demandada a descontar el valor de
los aportes que el actor no hubiere cubierto respecto de los factores que se ordenan
tener en cuenta en la reliquidación de la prestación. Si por algún motivo no se hace
aquel descuento, ello no da lugar a que se niegue la inclusión anotada. Finalmente,
la UGPP deberá actualizar el valor de la mesada pensional con relación a los
emolumentos que se reconocen en este proveído.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:

i) La sentencia objeto de revisión, se apartó de la interpretación que había
desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias
de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos
1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

ii) El demandado no adquirió el derecho pensional antes del 1.° de abril de 1994,
sino con posterioridad. A pesar de ello, el Tribunal Administrativo, Sala de
Descongestión, no tuvo en cuenta que el ingreso base de liquidación no forma parte
del régimen anterior, sino que, para tales efectos, se deben aplicar los artículos 21
o 36, inciso 3.° de la Ley 100 de 1993.

iii) Es indiscutible que el régimen pensional aplicable al señor Buritica Giraldo es el
dispuesto en la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden
cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al
cual se encontraban afiliadas en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la
pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.
En igual sentido, lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, Auto
229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, T-039 de 2018.
iv) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional del demandando.

v) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional del señor
Buritica Giraldo se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial
para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema
pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor José Hernando Buritica Giraldo, por intermedio de apoderado, se opuso a
las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los
siguientes argumentos:8

i) La entidad recurrente no sustenta una transgresión al derecho al debido proceso
sino que reprocha la motivación y razonamientos realizados por el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali y por el Tribunal Administrativo, Sala
de Descongestión, pues, en su concepto, la reliquidación de la pensión de jubilación
del demandado fue otorgada en términos que no correspondían. Así, desconoce
que el recurso extraordinario de revisión no es una tercera instancia para debatir si
tenía o no derecho a la reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio, pues en lugar de
enfocarse en la demostración de las presuntas causales invocadas, pretende
generar una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate judicial.

ii) La providencia recurrida fundamentó su decisión en la postura vigente trazada
por el Consejo de Estado al momento de ser emitida, esto es, la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010,9 puesto que mantuvo la posición de reconocer
la pensión de jubilación de acuerdo a la Ley 33 de 1985, incluyendo todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio.

8 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia de 4 de
agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).

8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

iii) La Sentencia C-258 de 2013, expedida por la Corte Constitucional no es aplicable
al sub lite comoquiera que está demostrado que la situación del señor Buritica
Giraldo se rige por las Leyes 33 y 62 de 1985, y no por el artículo 17 de la Ley 4 de
1992, el cual se circunscribe a regular los supuestos fácticos de los congresistas y
magistrados de las altas cortes. Igual suerte corre la Sentencia SU-230 de 2015,
pues no tiene efectos erga omnes y solo se podría extender a quienes ostentan la
misma calidad que el entonces accionante, esto es, la de trabajador oficial.
Finalmente, las Sentencias SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017 tampoco le son
aplicables.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión
en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.10 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es
competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.11

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda

10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

Adicionalmente, la Sala resalta que el presente recurso extraordinario de revisión fue interpuesto
antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 21 de marzo de 2019, como
consta en el folio 11 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión; razón por la cual su
trámite no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».12

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 6 de abril de 201713 y
el recurso de revisión se interpuso el 21 de marzo de 2019,14 por lo que es dable
concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

Es pertinente señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de
2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la
interposición de esta demanda, teniendo en cuenta que se le asigna la función de
adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia emitida el 22 de agosto de 2016, por el
Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión, se encuentra inmersa en las
causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

12 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también

reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
13 Folio 260 del cuaderno 2 de la acción especial de revisión.
14 Folio 11 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido
advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró15 que el recurso extraordinario

15 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,16 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».17

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».18

proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
16 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario

de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
17 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,

radicado 2017-01529 (REV)
18 Ibidem.

13

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».19

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
por dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación
del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de 28 de agosto de 2018,20 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

2014-00845-00 (2743-13).
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre otras
consideraciones, la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).

Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,

15

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.

Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,21 la ley y la Corte Constitucional,22 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció que los efectos de la
mentada decisión, serían los siguientes:

La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Subrayado fuera del
texto).

21 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.

16

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.

Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios de revisión, estos deben
analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se
profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los efectos de la nueva
tesis jurisprudencial.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

En primera medida, la Sala advierte que en relación con la causal de revisión
establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando
«el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es necesario
que se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos
esenciales que lo componen.

Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión23 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) el
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»

23 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

17

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la
sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
sus argumentos se dirigen a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta
al momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación
con la vulneración de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido, la
Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Así las cosas, la inconformidad de la entidad recurrente consiste en que la sentencia
del Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión, del 22 de agosto de 2016,
habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en tanto ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del hoy
demandado, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en su
último año de servicio, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.

Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-
631 de 2017, a partir de las cuales se determinó que para los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso
base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma.

Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:

En primer lugar, es menester precisar que el Tribunal Administrativo, Sala de
Descongestión, con sustento en la sentencia emitida por la Sección Segunda de
esta Corporación, el 4 de agosto de 2010,24 entendió que la expresión «monto»,
contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia de 4 de

agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).

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que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución de sus
servicios», en el último año.

Concretamente, en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:25

[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios.

En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de reemplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al periodo de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.

En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período,
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones
disímiles respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable
a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-
23-33-000-2012-00143-01,26 unificó la jurisprudencia de esta Corporación en torno
a la integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo
el régimen de transición (inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para
concluir que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que
se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta
manera, la Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.

No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con

25
Ibidem.
26Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.

De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, cabe señalar que en varias decisiones de revisión de tutela,27 la
Corte Constitucional había dado la misma interpretación que la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado para entender que el ingreso base de liquidación
debía calcularse conforme a la normativa anterior a la Ley 100 de 1993. Bajo este
criterio, en el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, los factores salariales a tener
en cuenta están constituidos por todos aquellos emolumentos que hubiese
devengado el servidor público durante el último año de servicio.

Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay
cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como
fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión
de todos los factores percibidos en el último año de labor, lo cual se encuentra
ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de expedición de la
sentencia.

Así, el Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión, a través de la sentencia del
22 de agosto de 2016, confirmó parcialmente la providencia de primera instancia
emitida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali del 5 de septiembre de

27 Corte Constitucional, sentencias T-651-04, T-948-09, T-013-11 y T- 860-12. En la última citada, la

Corte Constitucional consideró: «Así mismo, ha dicho la Corte que el monto de la pensión
corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios,
sin que le sea dable al fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación
distinta a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son
inseparables.».

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

2013, y en ese sentido modificó el numeral tercero de su parte resolutiva con el fin
de ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación del hoy demandado, a partir
del 20 de noviembre de 2002, con efectos fiscales desde el 7 de abril de 2008, por
prescripción trienal, con la inclusión de los factores de asignación básica,
bonificación por servicios, primas de vacaciones, de servicios y de navidad, y
auxilios de alimentación y de transporte.

Es preciso reiterar que la UGPP en la acción de revisión, circunscribió su argumento
a discutir que, para calcular el IBL del pensionado, debieron atenderse las
disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión
de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. No
obstante, no expuso ningún reparo frente a algún emolumento en particular, por lo
que la Subsección, siguiendo el criterio de anteriores decisiones, 28 restringirá su
análisis a ello.

En línea con lo anterior, cabe advertir que los factores referidos y que el tribunal
ordenó incluir en la reliquidación de la prestación fueron debidamente devengados
por el hoy demandado, tal como lo certificó el coordinador del Grupo de Tesorería y
Pagaduría del Ministerio de Salud, para los años 1993 y 1994, y visible en los folios
73 y 74 del cuaderno 1 de la acción de revisión.

En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas
con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica y la confianza legítima.29

28 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00

(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.
29 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.

21

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

Siendo así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en
lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación,
la sentencia del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación
vigente para la época, representada en la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009), que expresamente
trajo a colación, al igual que lo hizo la sentencia de primera instancia emitida el 5 de
septiembre de 2013, por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Descongestión, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, según el cual en el IBL se deberán
incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicios.

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado las causales contempladas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA, prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público».

En ese sentido, esta corporación30 ha considerado que el ejercicio de la acción
especial de revisión, de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un
mecanismo para contrarrestar los graves casos de corrupción que en materia de
pensiones se han presentado y, por lo mismo, para garantizar los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación de la
Seguridad Social, así como el de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión,
sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de
octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000- 2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

22

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

Por lo tanto, es improcedente la condena en costas en el presente caso.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de
revisión debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración
de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

Lo anterior, por cuanto, por un lado, la entidad recurrente no hizo alusión a la
vulneración de las garantías propias del derecho al debido proceso, razón por la
cual se abordó el estudio respecto al literal b) y por el otro, como quedó visto, la
sentencia cuestionada se profirió bajo los parámetros de las normas aplicables y la
jurisprudencia vigentes para aquella época en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, por ende, no excedió lo debido de acuerdo con la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Descongestión, del 22 de agosto de 2016, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

23

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00247-00 (1538-2019)
Demandante: UGPP

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76 001 33 31 710 2012 00212 01 al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

24

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