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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00256-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00256-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar probada la cosa juzgada, respecto de la solicitud de nulidad de los artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; 7 y 18 del Decreto 108 de 1994; 7 y 17 del Decreto 49 de 1995; 7 y 17 del Decreto 108 de 1996; 7 y 17 del Decreto 52 de 1997; 7 y 18 del Decreto 50 de 1998; 7 y 17 del Decreto 38 de 1999; 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000; 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001; 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; 15 del Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004; 15 del Decreto 943 de 2005; 15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de 2007; 15 del Decreto 665 de 2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395 de 2010; 15 del Decreto 1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del Decreto 1035 de 2013; 15 del Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de 2015; 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017. Segundo: Estar a lo resuelto en las sentencias del 3 de marzo de 2005, radicación 11001032500019971702101 (17021), 13 de septiembre de 2007, radicación 11001032500020030011301 (478-03), 14 de febrero de 2002, radicación 11001- 03-25-000-1999-0031-00 (197-99), 15 de abril de 2004, radicación 11001032500020010004301 (0712-01), 15 de julio de 2004, radicación 1100103250002002017801 (3531-02) y 21 de septiembre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018). Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai. 28 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicación 11001-03-25-000-2018-01101-00 [3974-2018]. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 11001-03-25-000-2019-00256-00 (1562-2019) Demandante: Cecilia Renza Campo La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00256-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00256-00 (1562-2019)
Demandante: Cecilia Renza Campo
Demandado: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la Nación, y
Departamento Administrativo de la Función Pública

Tema: Nulidad decretos expedidos por el gobierno nacional. Prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Cosa
Juzgada

Sentencia de única instancia

Asunto

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo1.

1. Antecedentes

1.1. Demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Cecilia Renza Campo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad por inconstitucionalidad y de nulidad y restablecimiento del derecho,
previstos en los artículos 135 y 138 del CPACA, respectivamente. Sin embargo,
mediante auto del 23 de agosto de 20222 se adecuó al medio de control de nulidad
simple3, en orden a que se declarara la nulidad parcial de los decretos que

1 En lo sucesivo CPACA.
2 Folios 73 a 76.
3 Respecto del medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho la providencia resolvió:

«ESCINDIR la demanda de la referencia para que, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia, las pretensiones subjetivas de nulidad y restablecimiento del
derecho sean conocidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda. La
demanda que se someterá al conocimiento del Tribunal, en primera instancia, será aquella que
busca discutir la legalidad de la Resolución No 2-0989 de 9 de abril de 2018, expedida por el
subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante la que se negó la
reliquidación de la prima especial de servicios y confirmó el Oficio No.GDS-31060-20420-609 del
30 de noviembre de 2017» [sic] y «REMITIR de manera inmediata copia íntegra de este expediente
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – reparto-, a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado
en el numeral anterior […]» [sic].

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00256-00 (1562-2019)
Demandante: Cecilia Renza Campo

establecieron el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la
Fiscalía General de la Nación, así:

1.1. Los artículos 6 del Decreto 53 de 1993; 7 del Decreto 108 de 1994; 7 del Decreto
49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1996; 7 del Decreto 52 de 1997; 7 del Decreto
50 de 1998; 7 del Decreto 38 de 1999; 8 del Decreto 2743 de 2000; 8 del Decreto
2729 de 2001 y 7 del Decreto 685 de 2002, en cuanto dispusieron: «[e]l treinta por
ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se considera
como prima especial de servicios sin carácter salarial [...]».

1.2. Igualmente, de los artículos 16 del Decreto 53 de 1993; 18 del Decreto 108 de
1994; 17 del Decreto 49 de 1995; 17 del Decreto 108 de 1996; 17 del Decreto 52
de 1997; 18 del Decreto 50 de 1998; 17 del Decreto 38 de 1999; 17 del Decreto
2743 de 2000; 17 del Decreto 2729 de 2001; 16 del Decreto 685 de 2002; 15 del
Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004; 15 del Decreto 943 de 2005;
15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de 2007; 15 del Decreto 665 de
2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395 de 2010; 15 del Decreto
1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del Decreto 1035 de 2013; 15 del
Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de 2015; 16 del Decreto 219 de 2016 y
17 del Decreto 989 de 2017, los cuales reiteraron el siguiente contenido normativo:
«[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional
estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4a. de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo
efecto y no creará derechos adquiridos».

1.1.2. Fundamentos fácticos

2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

2.1. El Congreso de la República, en ejercicio de la competencia prevista en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f), de la Constitución Política, expidió la Ley
4ª de 1992, cuyo artículo 14 creó una prima especial no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial, disposición que fue modificada por
la Ley 332 de 1996 y aclarada por la Ley 476 de 1998, normas que se encuentran
vigentes. No obstante, el emolumento no se estableció para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación.

2.2. Cecilia Renza Campo se vinculó a la Fiscalía General de la Nación el 1 de
septiembre de 1999 como fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos,
cargo que ejerció hasta el 4 de mayo de 2004. Posteriormente, desempeñó
funciones ante jueces del circuito entre el 5 de mayo de 2004 y el 14 de mayo de
2015; ante jueces municipales del 15 de mayo al 20 de julio de 2015; y desde el
21 de julio de 2015 ejerció ante jueces del circuito en la ciudad de Cali.

2.3. Durante todo el tiempo de su vinculación como fiscal, no se le reconoció ni pagó
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ni se efectuó la
reliquidación y pago de los emolumentos laborales que tienen como base el
concepto.

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2.4. Presentó petición en el cual solicitó el reconocimiento y pago de la prima
especial equivalente al 30% de su remuneración mensual y de las sumas derivadas
de ella, solicitud que fue negada por la administración.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales se citaron los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150
[literales e) y f) del numeral 19], 189. 209, 228 y 253 de la Constitución Política; 8
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Convenio 95 de la
Organización Internacional de Trabajo; 4 del Protocolo de San Salvador; 11, 13,
21, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo4; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4ª
de 1992; y 152 (numeral 7) de la Ley 270 de 1996.

4. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos5:

4.1. La Ley 4ª de 1992, modificada por las Leyes 332 de 1996 y 476 de 1998,
constituyó la norma marco del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, incluida la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la competencia
exclusiva del legislador para crear derechos salariales y prestacionales. En
consecuencia, el gobierno nacional solo contaba con la potestad reglamentaria, sin
competencia para alterar el contenido esencial del salario ni para establecer límites
que implicaran una restricción material de la remuneración legalmente reconocida
a los fiscales, como ocurrió con las disposiciones demandadas.

4.2. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 creó una prima especial a favor de los
fiscales, la cual debía reconocerse como un incremento real del salario básico,
conforme con los principios de progresividad, favorabilidad e irrenunciabilidad. Sin
embargo, entre 1993 y 2002 el ejecutivo desnaturalizó el emolumento al
incorporarlo dentro del salario básico, lo que produjo una reducción material de la
remuneración y de las prestaciones sociales. A partir de 2003, el gobierno nacional
suprimió de manera absoluta la prima especial, pese a que el legislador nunca la
derogó ni la modificó.

4.3. Este proceder vulneró la reserva de ley en materia salarial y prestacional, al
haber ejercido el Ejecutivo una competencia que no le correspondía, excedió la
potestad reglamentaria y desconoció los principios constitucionales de
progresividad, no regresividad, favorabilidad, igualdad, confianza legítima y
protección especial al trabajo.

4.4. De esta manera, las disposiciones acusadas fueron expedidas con
desconocimiento de la Ley 4ª de 1992, al regular una materia de reserva legal y al
limitar la remuneración salarial de los fiscales sin competencia para ello.

4.5. La actuación del ejecutivo constituyó una medida regresiva injustificada,
prohibida por la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa. En particular, el Consejo de Estado
reconoció que las primas representaban un ingreso adicional y que resultaba

4 En lo que sigue CST.
5 Folios 2 vuelto a 12 vuelto.

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contrario a la lógica jurídica aceptar que estas generaran una disminución del
salario6.

4.6. No operó la cosa juzgada, toda vez que la causa petendi del presente proceso
se fundó en la falta de reglamentación válida y en la supresión indebida de un
derecho laboral creado por la ley y no en la naturaleza salarial de la prima. Por
tanto, las disposiciones reglamentarias demandadas carecieron de validez jurídica
y debieron retirarse del ordenamiento por contrariar normas superiores y
desnaturalizar el régimen salarial fijado por el legislador.

1.2. Contestación de la demanda

5. La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda con
fundamento en lo siguiente7:

5.1. Los precedentes invocados por la parte actora no resultaron aplicables al caso
concreto. En particular, la sentencia del 2 de abril de 2009, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto
618 de 2007, versó sobre una prima distinta, reconocida a servidores públicos
diferentes y carente de sustento directo en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En
este sentido, pese a la similitud nominal y porcentual, correspondía a una
retribución legal y materialmente diversa de la prima especial objeto de estudio.

5.2. No se acreditó la existencia de un precedente aplicable, pues la tesis invocada
desconoció decisiones que habían reconocido la legalidad de la prima especial sin
carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la configuración
de cosa juzgada absoluta respecto de los decretos salariales expedidos entre 1993
y 20028.

5.3. Laexistencia de cosa juzgada se configuró respecto de varias de las
disposiciones demandadas, al haber sido previamente anuladas mediante
sentencias del Consejo de Estado con efectos erga omnes, circunstancia que
impedía un nuevo pronunciamiento sobre su validez.

5.4. En efecto, desde el año 2002 la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró la nulidad de distintos artículos de los decretos que regulaban el régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, entre
ellos los decretos 38 de 1999, 2743 de 2000, 685 de 2002, 53 de 1993, 52 de 1997,
49 de 1995, 108 de 1994 y 1996, 50 de 1998 y 2729 de 2001, mediante
providencias ejecutoriadas proferidas entre 2002 y 2007, las cuales produjeron
efectos definitivos y excluyeron dichas disposiciones del ordenamiento jurídico9.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicación 11001-03-25-

000-2007-00098- 00 (1831-07).
7 Samai, índice 43, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 43», folios 3 a 15.
8 Sección Segunda del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006,

radicación 11001032500020030005701 [121-03], M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
9 Sentencias del 14 de febrero de 2002, radicación 1100103250001999003100 [197-99], 15 de abril

y 15 de julio de 2004, radicados. 1100103250002001004301 [712-01] y 1100103250002002017801
[3521-02], 3 de marzo de 2005, radicación 11001032500019971702101 [170-21] y 13 de
septiembre de 2007, radicación 11001032500020030011301 [478-03].

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5.5. En relación con las restantes normas acusadas, estas se limitaron a reproducir
la regla prevista en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, relativa a la competencia
exclusiva del gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional, sin que
se evidenciara vulneración alguna de la Constitución o de la ley.

5.6. El desarrollo jurisprudencial consolidado estableció que el ejecutivo carecía de
competencia para extender la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 a funcionarios distintos de los expresamente previstos por el legislador,
en particular a los fiscales que optaron por la escala salarial de la Fiscalía General
de la Nación, lo que conducía a estarse a lo resuelto respecto de las disposiciones
ya anuladas y a negar las demás pretensiones de nulidad.

6. El Departamento Administrativo de la Función Pública contestó la demanda
con fundamento en lo siguiente10:

6.1. La sentencia del 2 de abril de 200911, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, no resultaba aplicable al caso, toda vez que allí se examinó un
decreto dirigido a empleados subalternos de la Rama Judicial, con base en una
fuente normativa distinta y respecto de un grupo diferente de servidores públicos,
sin que se debatiera la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 ni sus modificaciones.

6.2. Las disposiciones demandadas, al prohibir que autoridades distintas del
gobierno nacional crearan o modificaran el régimen salarial y prestacional,
constituyeron un desarrollo directo del artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, cuyo
propósito fue preservar la competencia asignada por el legislador al ejecutivo, sin
que ello implicara la inmutabilidad de los decretos salariales ni el desconocimiento
de derechos laborales.

6.3. Con fundamento en el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política, el
Congreso, mediante leyes marco, fijó los objetivos y criterios generales del régimen
salarial y prestacional, mientras que al gobierno nacional le correspondió su
desarrollo. En ejercicio de dicha competencia se expidió la Ley 4ª de 1992, que
reguló el régimen aplicable a distintos grupos de servidores públicos.

6.4. El artículo 14 de esa ley estableció una prima especial, sin carácter salarial,
para determinados funcionarios expresamente señalados, distinta de la prevista en
el artículo 15 para los magistrados de las altas cortes, por lo que no resultaron
equiparables. La delimitación de sus beneficiarios fue reafirmada por la Ley 332 de
1996, que excluyó a los fiscales sometidos al régimen salarial optativo.

6.5. La Corte Constitucional, en las sentencias C-279 de 1996 y C-052 de 1999,
declaró la exequibilidad de dichas disposiciones, al concluir que no vulneraron el
principio de igualdad ni los derechos laborales, y precisó que la prima especial solo
integraba el ingreso base de liquidación para efectos pensionales.

10 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«53_MemorialWeb_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 47».
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicación 11001-03-25-

000-2007-00098- 00 (1831-07).

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6.6. El Consejo de Estado, en jurisprudencia reiterada, determinó que el gobierno
nacional carecía de competencia para extender esa prima a los fiscales del
régimen optativo, razón por la cual anuló disposiciones reglamentarias que así lo
dispusieron, sin que ello afectara la validez de las escalas salariales ni el carácter
salarial de los incrementos reconocidos.

6.7. Se configuraron las excepciones de: (i) caducidad de la acción de nulidad
simple; (ii) trámite inadecuado de la demanda; (iii) cosa juzgada material y
absoluta; y (iv) genérica.

7. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la
demanda con base en los siguientes argumentos12:

7.1. La controversia debía analizarse conforme con el Estatuto Orgánico del
Presupuesto. La elaboración del presupuesto general de la nación correspondía al
Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, su aprobación
al Congreso de la República y su ejecución a cada sección presupuestal, en
ejercicio de su autonomía.

7.2. La asignación de recursos estaba condicionada por la disponibilidad fiscal, el
marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal, y las apropiaciones se otorgaban
de manera global y correspondía a cada entidad la priorización del gasto. En ese
contexto, la Fiscalía General de la Nación tenía autonomía para comprometer y
ordenar el gasto, incluso los recursos destinados al pago de personal.

7.3. Las normas demandadas se expidieron en ejercicio de la potestad
reglamentaria conferida al gobierno nacional por los artículos 189, numeral 11, y
150, numeral 19, de la Constitución y por la Ley 4ª de 1992, sin vulnerar el principio
de legalidad.

7.4. La Ley 4ª de 1992 atribuyó al gobierno nacional la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos los de la
Fiscalía General de la Nación, por lo que los decretos cuestionados se expidieron
dentro de dicha competencia, sin extralimitación ni alteración del régimen legal.

7.5. La demanda incumplió con los requisitos de claridad y precisión exigidos por el
artículo 162 del CPACA y, además, recayó en buena parte sobre normas
previamente anuladas por el Consejo de Estado, con efectos erga omnes y tránsito
a cosa juzgada, lo que impedía reabrir el debate judicial. Ciertamente, entre los
años 2002 y 2007, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad
de distintos artículos de los decretos que regulaban el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos los
decretos 38 de 1999, 2743 de 2000, 685 de 2002, 53 de 1993, 52 de 1997, 49 de
1995, 108 de 1994 y 1996, 50 de 1998 y 2729 de 2001, mediante providencias
ejecutoriadas, las cuales produjeron efectos definitivos y excluyeron dichas
disposiciones del ordenamiento jurídico13.

12 Samai, índice 49, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 49».
13 Sentencias del 14 de febrero de 2002, radicación 11001-03-25-000-1999-0031-00 [197-99], 15

de abril de 2004, radicación 11001-03-25-000-2001-0043-01 [712-01], 15 de julio de 2004,

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00256-00 (1562-2019)
Demandante: Cecilia Renza Campo

7.6. La prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, modificada
por la Ley 332 de 1996, fue una prestación sin carácter salarial y de destinación
taxativa, distinta de la prima de nivelación del artículo 15 de esa ley. Las normas
reglamentarias demandadas se limitaron a reiterar ese marco legal, sin vulnerar la
Constitución ni desvirtuar su presunción de legalidad.

8. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda con base en los
siguientes argumentos14:

8.1. La Ley 4ª de 1992, expedida en desarrollo del artículo 150, numeral 19, de la
Constitución, fijó el marco general que debía observar el gobierno nacional para
regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluida la
Fiscalía General de la Nación. En su artículo 14 autorizó la creación de una prima
especial sin carácter salarial para determinados funcionarios de la Rama Judicial
y otros cargos expresamente señalados, con la exclusión de quienes optaran por
el régimen salarial propio de la Fiscalía, vigente desde el 1 de enero de 1993.

8.2. En concordancia con esa voluntad legislativa, los fiscales de la Fiscalía General
de la Nación, tanto quienes optaron voluntariamente por el régimen salarial
especial como quienes se vincularon con posterioridad, no fueron beneficiarios de
dicha prima. No obstante, el gobierno nacional incluyó indebidamente una prima
del 30% en los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2002, lo que llevó al
Consejo de Estado a declarar la nulidad total de las disposiciones que la
establecían, al haber constatado una extralimitación de la potestad reglamentaria.

8.3. En acatamiento de esos fallos y del marco legal fijado por el legislador, a partir
de 2003 los decretos salariales de la Fiscalía no incluyeron la referida prima. Ello
no implicó la supresión ni regresividad de derechos laborales, pues los fiscales
nunca adquirieron un derecho legítimo a dicha prestación. Además, sus salarios
fueron incrementados progresivamente conforme con la Ley 4ª de 1992 y los
principios constitucionales.

8.4. Por otra parte, el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que todo régimen
salarial o prestacional establecido en contravía de la ley marco carecía de efectos
y no generaba derechos adquiridos. Esta regla fue reiterada en los decretos
salariales demandados y garantizaba el respeto de la competencia exclusiva del
gobierno nacional en la materia, dentro de los límites fijados por el legislador.

8.5. Formuló como excepción de cosa juzgada, toda vez que los apartes normativos
demandados ya habían sido objeto de control jurisdiccional por parte del Consejo
de Estado y declarados nulos mediante sentencias ejecutoriadas.

8.6. Lo anterior, toda vez que los artículos 6 del Decreto 53 de 1993 y 7 de los
decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y 52 de 1997 fueron anulados por
la sentencia del 3 de marzo de 2005 [rad. 11001032500019971702101]. Asimismo,

radicación 11001-03-25-000-2002-0178-01 [3531-02], 3 de marzo de 2005, radicación 11001-03-
25-000-1997-17021-01 [17021] y 13 de septiembre de 2007, radicación 11001-03-25-000-2003-
00113-01 [478-03].
14 Samai, índice 51, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«60_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 51».

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Demandante: Cecilia Renza Campo

los artículos 7 del Decreto 50 de 1998 y 8 del Decreto 2729 de 2001 fueron
anulados mediante sentencia del 13 de septiembre de 2007 [rad.
11001032500020030011301]. De igual forma, el artículo 7 del Decreto 38 de 1999
fue anulado por sentencia del 14 de febrero de 2002 [rad.
1100103250001999003100]. Finalmente, los artículos 8 del Decreto 2743 de 2000
y 7 del Decreto 685 de 2002 también fueron anulados por las sentencias del 15 de
abril de 2004 [rad. 11001032500020010004301] y del 15 de julio de 2004 [rad.
1100103250002002017801], respectivamente.

1.3. Decisión sobre excepciones previas

9. El auto del 11 de julio de 202315 estudió las excepciones propuestas y resolvió lo
siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones previas o mixtas de
caducidad y trámite inadecuado de la demanda, propuestas por las entidades
accionadas.

SEGUNDO: DECLARAR que la excepción de cosa juzgada y los demás medios
defensivos propuestos como excepciones sustanciales serán estudiados al
resolver el fondo del asunto.

TERCERO: DECLARAR que no hay lugar a adoptar medidas de saneamiento
procesal.

CUARTO: NEGAR la solicitud de acumulación de procesos del Ministerio de
Justicia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo
expuesto ut supra.

[…]» [sic].

1.4. Trámite de sentencia anticipada

10. Con auto del 5 de diciembre de 202316 se impartió el trámite de sentencia
anticipada. Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de pruebas; fijó el
litigio; y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de
conclusión. Los problemas jurídicos que habría de resolverse en la sentencia de
fondo se delimitaron de la siguiente forma:

«En primer lugar, definir si los 25 Decretos expedidos por el Gobierno
Nacional, en la parte que disponen que “[e]l treinta por ciento (30%) del salario
básico mensual de los siguientes servidores públicos se considera como
prima especial de servicios sin carácter salarial”, violan la Ley 4ª de 1992
porque entran a “MODIFICAR Y SUPRIMIR remuneración salarial y
prestacional a los Fiscales”, sin tener competencia para ello.

Y, en segundo lugar, definir si los 25 Decretos expedidos por el Gobierno
Nacional, en la parte que disponen que “[n]inguna autoridad podrá establecer
o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del
presente decreto, en consecuencia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos”, violan la Constitución porque el Gobierno
“usurpó las funciones del legislador y se blindó con este artículo, porque
contravino la misma Ley 4ª de 1992”» [sic].

15 Folios 79 a 86.
16 Folios 88 a 92.

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Demandante: Cecilia Renza Campo

1.5. Alegatos de conclusión

11. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión, en el siguiente orden:

12. El
Departamento Administrativo de la Función Pública reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda17.

13. La Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó estarse a lo resuelto
en las sentencias «1100103250001999003100 del 2002, 1100103250002001004301 y
1100103250002002017801 del 2004, 11001032500019971702101 del 2005,
11001032500020030011301 del 2007, 11001032500020180110100 del 2022», toda vez
que en estas providencias ya se resolvió de fondo el tema debatido y se declaró la
nulidad de las normas demandadas18.

14. La demandante, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado no se pronunciaron en la instancia procesal19.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

15. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia sobre las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 1320, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201921
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problema jurídico

16. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el
trámite de sentencia anticipada, y en atención a los argumentos expuestos por las
partes, se considera necesario, de manera previa a su estudio, pronunciarse sobre
la cosa juzgada advertida por las entidades demandadas, en tanto constituye un
presupuesto procesal que, de configurarse, impediría el estudio de fondo del
asunto.

17 Samai, índice 67, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«75_MemorialWeb_ALEGATOS(.pdf) NroActua 67».
18 Samai, índice 68, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 68», folios 3 a 6.
19 De conformidad con el informe secretarial del 12 de marzo de 2024. Samai, índice 70, actuación

«AL DESPACHO PARA SENTENCIA», documento
«79ALDESPACHOPAR_PASEDESPACHOFALLONUL(.docx) NroActua 70».
20 Reglamento interno del Consejo de Estado.
21 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».

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Demandante: Cecilia Renza Campo

17. En este sentido, el problema jurídico a resolver de forma preliminar consiste en
determinar ¿si la controversia se encuentra cobijada por el fenómeno de la cosa
juzgada, en consideración a la existencia de decisiones previas que habrían
definido de manera definitiva la legalidad de los actos demandados?

18. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, se considera
necesario efectuar unos ajustes a los problemas jurídicos planteados en el auto del
5 de diciembre de 2023, para mayor precisión conceptual, para señalar que se
deberán resolver los siguientes interrogantes:

¿Los artículos 6 del Decreto 53 de 1993; 7 del Decreto 108 de 1994; 7 del
Decreto 49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1996; 7 del Decreto 52 de 1997;
7 del Decreto 50 de 1998; 7 del Decreto 38 de 1999; 8 del Decreto 2743 de
2000; 8 del Decreto 2729 de 2001 y 7 del Decreto 685 de 2002 fueron
expedidos sin compentencia al limitar la remuneración salarial de los
fiscales y con desconocimiento de los principios de progresividad, no
regresividad, favorabilidad, igualdad, confianza legítima y protección
especial al trabajo?

¿Los artículos 16 del Decreto 53 de 1993; 18 del Decreto 108 de 1994; 17
del Decreto 49 de 1995; 17 del Decreto 108 de 1996; 17 del Decreto 52 de
1997; 18 del Decreto 50 de 1998; 17 del Decreto 38 de 1999; 17 del Decreto
2743 de 2000; 17 del Decreto 2729 de 2001; 16 del Decreto 685 de 2002;
15 del Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004; 15 del Decreto
943 de 2005; 15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de 2007; 15
del Decreto 665 de 2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395
de 2010; 15 del Decreto 1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del
Decreto 1035 de 2013; 15 del Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087
de 2015; 16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017 fueron
expedidos con desconocimiento de la Ley 4ª de 1992 al regular una materia
de reserva legal?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Cosa juzgada

19. La cosa juzgada es una institución jurídica en virtud de la cual las decisiones
contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales adquieren el carácter
de inmutables, vinculantes y definitivas. Este atributo propende a la seguridad
jurídica, pues tiene por finalidad lograr la terminación definitiva de los litigios22 y dar
«certeza a la relación jurídica objeto de litigio»23.

20. De esta manera, se establece un impedimento para que el juez se pronuncie
sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio
planteado se ha proferido previamente una decisión judicial. Al respecto, la Corte

22 En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 28

de febrero de 2013, Radicación: 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07) Actor: Luz Beatriz
Pedraza Bernal, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, y de la Corte Constitucional C-259 de
2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
23 Sentencia C-100 de 2019.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00256-00 (1562-2019)
Demandante: Cecilia Renza Campo

Constitucional señaló que se trata de una institución jurídico-procesal, en los
siguientes términos:

«[...] mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia
y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos
consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se
imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del
Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto
de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las
providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los
funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a
entablar el mismo litigio»24.

21. Esta figura jurídica se encuentra prevista en el artículo 303 del Código General
del Proceso, según el cual «la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes».

22. En atención a lo anterior, para establecer si se presenta el fenómeno de la cosa
juzgada respecto de una decisión judicial anterior, es necesario determinar si
concurren los siguientes requisitos: i) identidad de objeto; ii) identidad de causa; e
iii) identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido definidos por la
jurisprudencia constitucional en los siguientes términos25:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado
o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente
se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho
que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos
o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada».

23. Asimismo, el artículo 189 del CPACA dispone:

«La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso
tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen
en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga
omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales
se haga el examen [...]»

24 Sentencia C-774 de 2001.
25 Sentencia C-774 de 2001.

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24. Por su parte, el artículo 182A del CPACA, le impone al juez contencioso el deber
de dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre
probada la cosa juzgada.

2.4. Caso concreto

25. En el asunto de la referencia, a través del presente medio de control se pretendió
la nulidad de los artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; 7 y 18 del Decreto 108
de 1994; 7 y 17 del Decreto 49 de 1995; 7 y 17 del Decreto 108 de 1996; 7 y 17
del Decreto 52 de 1997; 7 y 18 del Decreto 50 de 1998; 7 y 17 del Decreto 38 de
1999; 8 y 17 del Decreto 2743 de 2000; 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001; 7 y 16
del Decreto 685 de 2002; 15 del Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de
2004; 15 del Decreto 943 de 2005; 15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625
de 2007; 15 del Decreto 665 de 2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto
1395 de 2010; 15 del Decreto 1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del
Decreto 1035 de 2013; 15 del Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de 2015;
16 del Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.

24. Para efectos de constatar si el presente asunto cumple con los supuestos para
que se configure la cosa juzgada, se advierte en primer lugar, en cuanto a la
identidad de partes que, comoquiera que el medio de control de nulidad simple
tiene la naturaleza de acción pública, puede ser interpuesta por cualquier persona,
pues su finalidad lleva implícito restablecimiento en abstracto del orden jurídico y,
por ende, el interés general. En esta medida, en lo que atañe a la cosa juzgada,
no es necesario que se presente identidad absoluta de partes26.

26. Ahora, en relación con la identidad de objeto, verificados los antecedentes
jurisprudenciales sobre la materia, se identificaron decisiones proferidas por la
Sección Segunda, que se pronunciaron sobre la legalidad de las disposiciones
demandadas, como pasa a exponerse:

26.1. La sentencia del 14 de febrero de 2002, demandante: Everardo Venegas
Avilan, radicado: 11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99), M.P. Nicolás Pajaro
Peñaranda, declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 38 de 1999. Lo anterior,
toda vez que la disposición desconoció lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, al atribuirle el carácter de prima especial de servicios a un porcentaje del
salario básico mensual de servidores de la Fiscalía General de la Nación que se
encontraban expresamente excluidos por el legislador de ese beneficio, sin que
existiera habilitación legal para ello.

26.2. La sentencia del 15 de abril de 2004, demandante: Everardo Venegas Avilan,
radicado: 11001032500020010004301 (0712-01), M.P. Nicolás Pajaro Peñaranda
declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de 2000, por juzgar que dicha
disposición desconoció lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al otorgar
una prima especial de servicios a servidores de la Fiscalía General de la Nación
que el legislador había excluido expresamente de ese beneficio.

26En este sentido, se puede consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 14 de abril de 2016, radicado: 110010325000200700078 00 (1552-
2007), demandante: Hugo Antonio Navarro y otros, M.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: Cecilia Renza Campo

26.3. La sentencia del 15 de julio de 2004, demandante: Everardo Venegas Avilan,
radicado: 1100103250002002017801 (3531-02), M.P. Ana Margarita Olaya Forero
declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 685 de 2002, al considerar que el
gobierno nacional carecía de competencia para establecer una prima especial sin
carácter salarial a favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación
sometidos a la escala salarial prevista en los Decretos 52 y 53 de 1993, en
contravía de la exclusión expresa prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

26.4. La sentencia del 3 de marzo de 2005, demandante: Everardo Venegas Avila y
otros, radicado: 11001032500019971702101 (17021), M.P. Ana Margarita Olaya
Forero, declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto 53 de 1993; 7 del Decreto
108 de 1994; 7 del Decreto 49 de 1995; 7 del Decreto 108 de 1996; y 7 del Decreto
52 de 1997, por contrariar el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y otorgar una prima
especial sin carácter salarial por fuera del marco legal aplicable.

26.5. La sentencia del 13 de septiembre de 2007, demandante: Luz Mireya
Amezquita Ballesteros, radicado: 11001032500020030011301 (478-03), M.P.
Alejandro Ordóñez Maldonado, declaró la nulidad de los artículos 7 del Decreto 50
de 1998 y 8 del Decreto 2729 de 2001, por desconocer la exclusión prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 respecto de los servidores de la Fiscalía General
de la Nación acogidos a la escala salarial vigente desde el 1 de enero de 1993.
Igualmente, se estuvo a lo resuelto en las sentencias del 15 de julio de 2004,
radicado 11001-03-25-000-2002-0178-01 (3531-02), y del 3 de marzo de 2005,
radicado 11001-03-25-000-1997-17021-01 (17021), en las que se declaró la
nulidad de disposiciones que también habían sido demandadas en esa
oportunidad.

26.6. La Sección Segunda, Sala de Conjueces, profirió la sentencia del 21 de
septiembre de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018),
C.P. Néstor Raúl Correa Henao, por la cual declaró la nulidad de los artículos 6 y
16 del Decreto 53 de 1993; 7 y 18 del Decreto 108 de 1994; 7 y 17 del Decreto 49
de 1995; 7 y 17 del Decreto 108 de 1996; 7 y 17 del Decreto 52 de 1997; 7 y 18
del Decreto 50 de 1998; 7 y 17 del Decreto 38 de 1999; 8 y 17 del Decreto 2743
de 2000; 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001; 7 y 16 del Decreto 685 de 2002; 15 de
los Decretos 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007
y 665 de 2008; 16 de los Decretos 730 de 2009 y 1395 de 2010; 15 de los Decretos
1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013 y 205 de 2014; 16 de los Decretos 1087
de 2015 y 219 de 2016, y 17 del Decreto 989 de 2017, al considerar que las
disposiciones desconocieron el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al disponer que
un porcentaje del salario básico se imputara como prima especial de servicios,
cuando esta debía constituir un ingreso adicional y no parte del salario.

27. En atención a lo anterior, se procede a confrontar las disposiciones que fueron
anuladas con las que son objeto de demanda en esta oportunidad, en el siguiente
cuadro:

Norma demandada en este
Sentencia Norma anulada
proceso
Sentencia del 14 de febrero de
2002, radicado: 11001-03-25- Decreto 38 de 1999 [art. 7] Decreto 53 de 1993 [arts. 6 y 16]
000-1999-0031-00 (197-99)

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Demandante: Cecilia Renza Campo

Sentencia del 15 de abril de Decreto 108 de 1994 [arts. 7 y 18]
2004, radicado:
Decreto 2743 de 2000 [art. 8]
11001032500020010004301 Decreto 49 de 1995 [arts. 7 y 17]
(0712-01)
Sentencia del 15 de julio de Decreto 108 de 1996 [arts. 7 y 17]
2004, radicado:
Decreto 685 de 2002 [art. 7]
1100103250002002017801 Decreto 52 de 1997 [arts. 7 y 17]
(3531-02)
Decreto 53 de 1993 [art. 6] Decreto 50 de 1998 [arts. 7 y 18]
Sentencia del 3 de marzo de
Decreto 108 de 1994 [art. 7]
2005, radicado: Decreto 38 de 1999 [arts. 7 y 17]
Decreto 49 de 1995 [art. 7]
1001032500019971702101
Decreto 108 de 1996 [art. 7]
(17021) Decreto 2743 de 2000 [arts. 8 y 17]
Decreto 52 de 1997 [art. 7]
Sentencia del 13 de septiembre
Decreto 50 de 1998 [art. 7] Decreto 2729 de 2001 [arts. 8 y 17]
de 2007, radicado:
Decreto 2729 de 2001 [art. 8]
11001032500020030011301
(478-03) Decreto 685 de 2002 [arts. 7 y 16]
Decreto 53 de 1993 [arts. 6 y 16]
Decreto 3549 de 2003 [art. 15]
Decreto 108 de 1994 [arts. 7 y 18]
Decreto 4180 de 2004 [art. 15]
Decreto 49 de 1995 [arts. 7 y 17]
Decreto 943 de 2005 [art. 15]
Decreto 108 de 1996 [arts. 7 y 17]
Decreto 396 de 2006 [art. 15]
Decreto 52 de 1997 [arts. 7 y 17]
Decreto 625 de 2007 [art. 15]
Decreto 50 de 1998 [arts. 7 y 18]
Decreto 665 de 2008 [art. 15]
Decreto 38 de 1999 [arts. 7 y 17]
Decreto 730 de 2009 [art 16]
Decreto 2743 de 2000 [arts. 8 y 17]
Decreto 1395 de 2010 [art. 16]
Decreto 2729 de 2001 [arts. 8 y 17]
Decreto 1047 de 2011 [art. 15]
Decreto 685 de 2002 [arts. 7 y 16]
Decreto 875 de 2012 [art. 15]
Decreto 3549 de 2003 [art. 15]
Decreto 1035 de 2013 [art. 15]
Decreto 4180 de 2004 [art. 15]
Sentencia del 21 de septiembre Decreto 205 de 2014 [art. 15]
de 2022, 11001-03-25-000-
Decreto 943 de 2005 [art. 15]
2018-01101-00 (3974-2018). Decreto 1087 de 2015 [art. 16]
Decreto 396 de 2006 [art. 15]
Decreto 219 de 2016 [art. 16]
Decreto 625 de 2007 [art. 15]
Decreto 989 de 2017 [art. 17]
Decreto 665 de 2008 [art. 15]

Decreto 730 de 2009 [art 16]

Decreto 1395 de 2010 [art. 16]

Decreto 1047 de 2011 [art. 15]

Decreto 875 de 2012 [art. 15]

Decreto 1035 de 2013 [art. 15]

Decreto 205 de 2014 [art. 15]

Decreto 1087 de 2015 [art. 16]

Decreto 219 de 2016 [art. 16]

Decreto 989 de 2017 [art. 17]

28. De acuerdo con lo anterior se advierte que, el presente asunto cumple con la
identidad de objeto. De hecho, en atención a lo previsto en el artículo 189 del

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00256-00 (1562-2019)
Demandante: Cecilia Renza Campo

CPACA, en consideración a los efectos de cosa juzgada erga omnes de la que está
investida la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo no es
procedente emitir un nuevo pronunciamiento en relación con las mismas
disposiciones.

29. En este sentido, aun cuando no se cumpliera con el supuesto de identidad de
causa petendi, la expulsión del ordenamiento jurídico de un acto administrativo
implicaría que no habría un objeto de control respecto del cual se pudiera decretar
una nueva nulidad.

30. Así las cosas, se observa que las sentencias referidas examinaron y decidieron
sobre iguales preceptos a los demandados en este caso, en cuanto regulaban la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dentro del régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, razón
por la cual el objeto del control ejercido resulta plenamente coincidente. Asimismo,
se verificó que las referidas providencias se encuentran debidamente
ejecutoriadas, circunstancia por la cual produjeron efectos de cosa juzgada con
alcance erga omnes.

31. En el caso analizado se configuraron los presupuestos de la cosa juzgada en
tanto se acreditó la identidad de objeto, esto es de los contenidos normativos
sometidos al examen de legalidad a través del medio de control de nulidad simple,
con efectos erga omnes. En ese contexto, se excluye la posibilidad de un nuevo
pronunciamiento sobre normas ya retiradas del ordenamiento jurídico.

32. En ese orden, resulta procedente estarse a lo resuelto en dichas providencias,
en garantía de la seguridad jurídica y de la economía procesal, sin que haya lugar
a resolver los demás problemas jurídicos formulados en cuanto a la presunta falta
de competencia para expedir los actos demandados y al eventual desconocimiento
de la Ley 4ª de 1992 por regular materias sometidas a reserva legal.

33. Conviene precisar que la conclusión expuesta ya había sido adoptada por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En efecto,
mediante las sentencias del 6 de febrero de 2024, radicado 11001-03-25-000-
2018-00447-00 (1818-2018), y del 4 de julio de 2024, radicado 11001-03-25-000-
2018-00665-00 (2637-2018), se declaró probada la excepción de cosa juzgada
respecto de la nulidad de disposiciones de contenido idéntico a las aquí
demandadas, y se dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de
septiembre de 2022, proferida dentro del medio de control de simple nulidad,
radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018).

34. Asimismo, que la posición que ahora se adoptada ha sido reiterada en otros
procesos promovidos mediante igual medio de control, en los que se solicitó la
nulidad de decretos idénticos a los demandados en el presente asunto. Así,
mediante autos del 17 de octubre de 202527, se declaró la carencia actual de objeto
y se dispuso la terminación de los procesos, al constatarse que la nulidad

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de octubre de 2025,

radicaciones 11001-03-25-000-2018-01031-00 [3277-2018] y 11001-03-25-000-2018-01362-00
[4562-2018], M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00256-00 (1562-2019)
Demandante: Cecilia Renza Campo

pretendida ya había sido resuelta mediante sentencia ejecutoriada28.

3. Conclusión

35. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las disposiciones
demandadas fueron anuladas mediante sentencias ejecutoriadas del 3 de marzo
de 2005, radicación 11001032500019971702101 (17021), 13 de septiembre de
2007, radicación 11001032500020030011301 (478-03), 14 de febrero de 2002,
radicación 11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99), 15 de abril de 2004,
radicación 11001032500020010004301 (0712-01), 15 de julio de 2004, radicación
1100103250002002017801 (3531-02) y 21 de septiembre de 2022, radicado
11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018).

36. En consecuencia, se configuró la cosa juzgada, lo que impide un nuevo examen
de legalidad y conduce a estarse a lo resuelto en dichas providencias y a
abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones
formuladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar probada la cosa juzgada, respecto de la solicitud de nulidad de
los artículos 6 y 16 del Decreto 53 de 1993; 7 y 18 del Decreto 108 de 1994; 7 y 17
del Decreto 49 de 1995; 7 y 17 del Decreto 108 de 1996; 7 y 17 del Decreto 52 de
1997; 7 y 18 del Decreto 50 de 1998; 7 y 17 del Decreto 38 de 1999; 8 y 17 del
Decreto 2743 de 2000; 8 y 17 del Decreto 2729 de 2001; 7 y 16 del Decreto 685
de 2002; 15 del Decreto 3549 de 2003; 15 del Decreto 4180 de 2004; 15 del
Decreto 943 de 2005; 15 del Decreto 396 de 2006; 15 del Decreto 625 de 2007; 15
del Decreto 665 de 2008; 16 del Decreto 730 de 2009; 16 del Decreto 1395 de
2010; 15 del Decreto 1047 de 2011; 15 del Decreto 875 de 2012; 15 del Decreto
1035 de 2013; 15 del Decreto 205 de 2014; 16 del Decreto 1087 de 2015; 16 del
Decreto 219 de 2016 y 17 del Decreto 989 de 2017.

Segundo: Estar a lo resuelto en las sentencias del 3 de marzo de 2005, radicación
11001032500019971702101 (17021), 13 de septiembre de 2007, radicación
11001032500020030011301 (478-03), 14 de febrero de 2002, radicación 11001-
03-25-000-1999-0031-00 (197-99), 15 de abril de 2004, radicación
11001032500020010004301 (0712-01), 15 de julio de 2004, radicación
1100103250002002017801 (3531-02) y 21 de septiembre de 2022, radicado
11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018).

Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.

28 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicación

11001-03-25-000-2018-01101-00 [3974-2018].

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00256-00 (1562-2019)
Demandante: Cecilia Renza Campo

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA
ESCOBAR

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM

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