RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00305-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00305-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00305-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor Diego Alonso Peláez Velásquez en contra de los numerales 2 y 3 del artículo 2 de la Resolución 371 del 22 de mayo de 2017, «[p]or la cual se fijan los lineamientos para el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1780 de 2016 relacionado con las 19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta subsección: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018) y ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000- 23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019). 20 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 19 Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019) Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez modificaciones de planta de personal de las entidades del Estado», expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00305-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

24 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez
Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública

Temas: Política de promoción de empleo

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el ciudadano Diego Alonso Peláez Velásquez contra el
Departamento Administrativo de la Función Pública, en adelante DAFP.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 el ciudadano Diego Alonso Peláez Velásquez, actuando en nombre
propio, solicitó declarar la nulidad de los numerales 2 y 3 del artículo 2 de la
Resolución 371 del 22 de mayo de 2017, «[p]or la cual se fijan los lineamientos
para el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1780 de 2016 relacionado con las

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

modificaciones de planta de personal de las entidades del Estado», expedida por
el DAFP.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

El demandante sostuvo que las disposiciones acusadas violaron los artículos 113
y 150 de la Constitución Política y 14 de la Ley 1780 de 2016.

Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

i) El artículo 14 de la Ley 1780 de 2016 dispuso que el DAFP debía fijar los
lineamientos y proponer las modificaciones a la normativa vigente para que las
entidades del Estado garantizaran que al menos un 10% de los nuevos empleos
no requieran experiencia profesional, con el fin de que pudieran ser provistos con
jóvenes recién egresados de programas técnicos, tecnólogos y pregrado.

ii) La resolución enjuiciada conduce a que las entidades públicas cumplan con
objetivos distintos a los trazados por el legislador, «homologando el compromiso
reglamentado, con un cumplimiento en factores que nada tienen que ver con tener
cargos sin requisitos de experiencia, tales como las equivalencias consagradas en
los Decretos Ley 770 y 785 de 2005 y […] en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083
de 2015».

iii) El acto demandado invadió las competencias atribuidas al congreso y
desconoció los expresos lineamientos de la Ley 1780 de 2016, por cuanto
reemplazó el porcentaje mínimo de empleos que no requieren experiencia
profesional por alternativas en materia de homologaciones que pugnan con el
objetivo de la promoción del empleo y el emprendimiento juvenil contenido en
dicha norma. De esta manera, se les brindó a los entes oficiales «una “puerta
trasera” para incumplir la ley y cerrar así la entrada a los aspirantes sin
experiencia al empleo público».

1.2. Contestación de la demanda

2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

El DAFP, por intermedio de apoderada, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:2

i) El demandante no explicó con suficiencia las razones por las cuales consideraba
que el artículo 14 de la Ley 1780 de 2016 no guarda correspondencia con la
resolución demandada, ni tampoco sustentó los efectos adversos que se le
enrostraron para la promoción del empleo.

ii) El DAFP se encontraba legalmente autorizado para expedir el acto enjuiciado y
su contenido se limitó a acatar la disposición superior en comento. Es así como
existe coherencia interna y externa entre ambas normativas.

iii) La demanda se estructuró sobre una interpretación subjetiva del accionante
que no corresponde al texto legal enjuiciado, es decir, que se trata de una
conjetura carente de soporte probatorio e impide contrastar objetivamente la
resolución cuestionada con los textos legales y constitucionales presuntamente
vulnerados. De esta manera, los cargos de nulidad endilgados no resultan claros,
ciertos, específicos, pertinentes e idóneos para obtener una sentencia favorable a
las pretensiones.

iv) La resolución acusada perdió vigencia porque la materia referida a la
destinación del 10% de los empleos para personas sin experiencia laboral, fue
regulada nuevamente por la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019.

1.3. Sentencia anticipada

Por auto del 11 de noviembre de 2021, el magistrado conductor del proceso
evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los
términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080

2 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

de 2021. En consecuencia, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 ibidem y se fijó el litigio en la siguiente forma:3

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los
de su contestación, se concluye que el objeto de la controversia que se presenta en
el caso sub judice recae en determinar i) si el Departamento Administrativo de la
Función Pública, al expedir los numerales 1 y 2 del artículo 2.º de la Resolución 371
de 2017, se abrogó funciones que solo le atañen al Legislador, en contravía de los
artículos 113 y 150, numerales 1 y 2 de la Constitución Política; o si, por el contrario,
ii) los argumentos expuestos por el actor son insuficientes para desvirtuar la
presunción de legalidad que cobija las normas enjuiciadas.

1.4. Alegatos de conclusión

El demandante guardó silencio en esta etapa y el DAFP reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.4

1.5. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

El DAFP afirmó que la Resolución 371 del 22 de mayo de 2017, acusada en el sub
lite, perdió vigencia porque la materia allí desarrollada fue regulada nuevamente
por la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019, es decir, que operó una
subrogación tácita del acto enjuiciado.

De este modo, se observa que dicha resolución fijó los lineamientos para el
cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1780 de 2016, cuyo tenor es el siguiente:

3 Folios 35 a 38.
4 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

Artículo 14. Modificación de las plantas de personal. Las entidades del Estado
que adelanten modificaciones a su planta de personal, a partir de la publicación de
la presente ley, deberán garantizar que al menos un diez por ciento (10%) de los
nuevos empleos no requieran experiencia profesional, con el fin de que puedan ser
provistos con jóvenes recién egresados de programas técnicos, tecnólogos y
egresados de programas de pregrado de instituciones de educación superior. El
Departamento Administrativo de la Función Pública fijará los lineamientos y
propondrá las modificaciones a la normativa vigente, para el cumplimiento de lo
señalado en el presente artículo.

Parágrafo. Para el cumplimiento de este artículo se tendrán en cuenta las
disposiciones previstas en la Ley 909 del 2004.

Una vez consultada la página oficial del Senado de la República no se observa
ninguna nota de modificación o derogatoria de la norma citada; sin embargo, le
asiste razón al DAFP en el sentido de indicar que la temática fue abordada
posteriormente en la Ley 1955 de 2019,5 en los siguientes términos:

Artículo 196. Generación de empleo para la población joven del país. Con el fin
de generar oportunidades de empleo para la población joven del país y permitir
superar las barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades
públicas darán prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual
deberán garantizar cuando adelanten modificaciones a su planta de personal, que el
diez por ciento (10%) de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional,
con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas técnicos,
tecnológicos y de pregrado. Para la creación de nuevos empleos de carácter
permanente del nivel profesional, no se exigirá experiencia profesional hasta el
grado once (11) y se aplicarán las equivalencias respectivas.

Parágrafo 1. Las entidades públicas deberán adecuar sus manuales de funciones y
competencias laborales para permitir el nombramiento de jóvenes entre los 18 y 28
años graduados y que no tengan experiencia, o para determinar las equivalencias
que corresponda, siempre y cuando cumplan con los requisitos del cargo.

Parágrafo 2. Las entidades y organismos que creen empleos de carácter temporal
deberán garantizar que el 10% de estos empleos sean asignados para jóvenes
entre los 18 y 28 años.

Parágrafo 3. Cuando las entidades públicas vinculen provisionales a sus plantas de
personal deberán dar prioridad a los jóvenes entre los 18 y 28 años para dicha
vinculación.

Parágrafo 4. Para el cumplimiento en lo consagrado en el presente artículo, tendrán
prioridad los jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y
protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

5 Por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. «Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad».

5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

A su turno, el presidente de la República expidió el Decreto 2365 de 2019, en
ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019,
por lo que adicionó el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo
relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público y, en especial, dictó
los lineamientos para la modificación de las plantas de personal en orden a
ejecutar los mandatos del legislador.

Bajo este escenario, es razonable entender que la resolución enjuiciada en el sub
lite fue subrogada tácitamente por la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019,
pues estas normas regularon y reglamentaron nuevamente la materia que en su
momento se le encargó desarrollar al DAFP.6

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza
ejecutoria de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al
respecto, esta corporación ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por
haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser
aplicable por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio
para los asociados».7

A pesar de que la norma parcialmente acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón
de su subrogación tácita, es importante resaltar que ello no impide estudiar su
legalidad, por cuanto el medio de control de nulidad no está condicionado a la
vigencia del acto, sino que su finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en
aras de mantener el imperio del orden jurídico.

En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o subrogación de
un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro,
situación que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad, pues

6 En relación con la derogación normativa pueden consultarse los artículos 3 de la Ley 153 de 1887, 70 y 71 del Código

Civil y las Sentencias C-348 de 2017 y C-021 de 2020, proferidas por la Corte Constitucional.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado 25000-23-24-000-

2009-00068-02 (2635-2013).

6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

ello «comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si
nació o no válido a la vida jurídica».8

2.2. El problema jurídico

Consiste en determinar si el DAFP, al expedir el acto parcialmente acusado, se
arrogó funciones reservadas al legislador; o si, por el contrario, los argumentos
expuestos por el actor son insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad
que ampara la Resolución 371 del 22 de mayo de 2017, como lo afirmó la entidad
demandada en su defensa.

2.3. Contenido de la norma parcialmente acusada9

RESOLUCIÓN 371 DE 2017
(Mayo 22)

Por la cual se fijan los lineamientos para el cumplimiento del artículo 14 de la
Ley 1780 de 2016 relacionado con las modificaciones de planta de personal de
las entidades del Estado

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 14 de la Ley 1780 de 2016, y

[…]

RESUELVE:
[…]

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001-03-26-000-2016-

00017-00 (56307). En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia del 14 de enero de 1991,
Expediente S-157, sostuvo:

Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda
de ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se
mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma
administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal. Pues, contrario a lo que se había
afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente
vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aún si
ha sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que sólo se pierde ante
pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden
vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello,
además, se ve confirmado por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin
afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio,
restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad.
9 Folio 5.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

ARTÍCULO 2°. Lineamientos para la modificación de las plantas de personal. Las
entidades señaladas en el artículo anterior, deberán cumplir con los siguientes
lineamientos:
[…]

2. El diez por ciento (10%) de los empleos de que trata la Ley 1780 de 2016 se
podrá cumplir a través de empleos que exijan 24, 36 o 48 meses de experiencia,
siempre y cuando en el respectivo manual de funciones y competencias laborales se
permita acreditarla con las equivalencias consagradas en los Decretos Ley 770 y
785 de 2005 o en las normas que consagren los sistemas especiales o específicos.

3. Cuando por razones del servicio no sea viable crear en la nueva planta de
personal el diez por ciento (10%) de empleos sin experiencia profesional, el requisito
señalado en la Ley se cumplirá cuando se demuestre que en el 10% o más de los
empleos de la respectiva planta de personal vigente no se exige experiencia
profesional o se prevé, para el desempeño del cargo, la aplicación de las
equivalencias consagradas en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
[…]

2.4. Marco normativo

Teniendo en cuenta que la resolución demandada se encaminó a desarrollar el
artículo 14 de la Ley 1780 de 2016, la Sala abordará la controversia a partir del
tenor de esta disposición, el contexto en que fue expedida y los pronunciamientos
de la Corte Constitucional en la materia.

Entonces, es pertinente indicar que la mencionada ley se profirió con en el objetivo
de promover el empleo y el emprendimiento juvenil, así como generar medidas
para superar barreras de acceso al mercado de trabajo.

Tales propósitos resultan congruentes con los fines esenciales del Estado
trazados por el artículo 2 de la Constitución Política, de los que se destacan la
promoción de la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos
consagrados en la Carta, entre estos el trabajo y la igualdad; facilitar la
participación de todos en la vida económica, política y administrativa de la Nación;
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Por su parte, la Corte Constitucional ha explicado que es necesario que el aparato
estatal disponga de todos sus poderes para institucionalizar los mecanismos
tendientes a satisfacer los mencionados objetivos.

8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

A su vez, la configuración de dichas medidas está permeada por la realización de
la igualdad material, por lo que en su diseño e implementación se deben hacer
diferenciaciones positivas con miras a proteger a la población vulnerable o que
sistemáticamente ha sido discriminada por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. De esta manera, se les
deben otorgar mayores garantías para que puedan acceder a los derechos,
beneficios y posibilidades que el Estado tiene previstos para sus asociados, de los
que se destacan el trabajo digno; la participación en la conformación, ejercicio y
control del poder político y el desarrollo de la función pública.

En atención a lo anterior, el legislador expidió la Ley 1780 de 2016 en aras de
garantizar que la población joven pudiera vincularse al mercado laboral, ya que los
estudios estadísticos habían demostrado que se encontraban en desventaja frente
a otros grupos poblacionales. En torno a esta afirmación se resaltan los siguientes
apartes de la exposición de motivos de la norma en comento: 10

En Colombia los jóvenes han sido beneficiados con mayor cobertura educativa,
mayor acceso a las tecnologías de la información, las comunicaciones y en general,
con capacidad de adaptación a los nuevos retos que imponen las economías
modernas; sin embargo, hoy se enfrentan a importantes brechas que tienen que ver
con el acceso al mercado laboral en relación con otros grupos poblacionales.
[…]
El problema de los jóvenes en el mercado laboral se asocia a un problema de
barreras al acceso a oportunidades de trabajo decente. La OIT ha señalado que el
acceso a un trabajo decente es la mejor manera para que los jóvenes puedan
alcanzar sus aspiraciones, mejorar sus condiciones de vida y participar activamente
en la sociedad y en la estimulación de la economía. Todo trabajador, joven o adulto,
tiene derecho a un trabajo decente.

Este proyecto de ley pretende atacar algunas de las principales barreras a las que
se enfrenta la población joven del país, entre las cuales se encuentran:
[…]

b) Barreras en la contratación

Una de las barreras no formales más importantes que tienen los jóvenes para
ingresar al mercado de trabajo es la falta de oportunidades para adquirir experiencia
laboral pertinente.
[…]

10 Gaceta del Congreso 880 del 5 de noviembre de 2015.

9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

d) Jóvenes y sector público

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las memorias de la Conferencia
Internacional del Trabajo número 93 (2005), señala la importancia de promover el
empleo juvenil en el sector público, buscando establecer vínculos más estrechos
entre la educación y el aprendizaje en el lugar de trabajo. […].

Es importante que se establezcan mecanismos y estrategias para atraer a los
jóvenes al sector público y facilitar su acceso, para aprovechar sus conocimientos y
capacidades y ponerlos al servicio del país. Según estimaciones del Departamento
Administrativo de la Función Pública, del total de empleados públicos que tiene el
país, solo un 10% tienen menos de 30 años.

De esta manera, la Ley 1780 de 2016 estableció las bases para el diseño de
políticas de empleo y emprendimiento en favor de las juventudes y, en lo que
atañe al sub lite, en su artículo 14 determinó que las sucesivas modificaciones de
las plantas de personal debían garantizar que al menos el 10% de los nuevos
empleos no requieran experiencia profesional, con la intención de que fueran
ocupados por jóvenes recién egresados de programas técnicos, tecnólogos y de
pregrado.

La anterior medida no ha sido estudiada en el marco de la acción pública de
inconstitucionalidad; sin embargo, la Corte Constitucional sí ha tenido oportunidad
de examinar el contexto en que se expidió la Ley 1780 de 2016 y las finalidades
que se propuso alcanzar, de cuyos análisis se destacan los siguientes: 11

i) La Ley 1780 de 2016 pretendió afrontar la problemática que tiene la
población joven para acceder formalmente al mercado laboral, en especial
porque se encuentran con una barrera difícil de superar como lo es la falta de
experiencia para acceder a cargos que tengan este requerimiento.

ii) La referida norma constituyó un esfuerzo tendiente a fomentar el empleo y
el emprendimiento juvenil de técnicos, tecnólogos y profesionales, quienes a
pesar de su capacitación, no encontraban un «ambiente propicio para
desarrollar sus potencialidades».12

11 Sentencia C-337 de 2017.
12 Sentencia C-337 de 2017.

10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

iii) Los principios de igualdad, solidaridad, dignidad humana y trabajo le
imponen al Estado Social de Derecho el deber de asegurar condiciones de
subsistencia digna para todos sus habitantes y, de manera especial para
aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que se deben
adoptar acciones afirmativas en beneficio de las personas con dificultades para
ejercer plenamente sus derechos. Es así como se hacen merecedores de
prerrogativas, estímulos y beneficios que les permitan superar tales barreras.

iv) Los jóvenes hacen parte de la mencionada población vulnerable, pues se
ha demostrado que corresponden a la mitad de los desempleados en Colombia,
por lo que el Estado adquiere la obligación de disponer de los mecanismos
tendientes a garantizarles su inserción al mercado laboral, con lo que también
se mejoran sus condiciones materiales de existencia.

v) La promoción del empleo y el emprendimiento juvenil resulta armónica con
los valores y principios consagrados en el Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la
Carta, así como con la garantía de los derechos fundamentales a la igualdad y
al trabajo. A su vez, la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar
estimula el desarrollo empresarial de la población, su inserción en la economía
colombiana y la formalización del trabajo; permite aprovechar el recurso
humano; y se cumplen los compromisos adquiridos a través del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en materia de
atención a las personas desempleadas.

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la Ley 1780 de 2016 se
encaminó a fortalecer el empleo y el emprendimiento juvenil en aras de realizar la
igualdad material y proteger con medidas afirmativas a un grupo poblacional que
sistémicamente ha encontrado dificultades para desplegar sus potencialidades en
el mercado laboral.

De esta manera, el legislador se orientó a facilitar el acceso al trabajo en
condiciones dignas para un grupo poblacional afectado por el desempleo y la

11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

informalidad, así como viabilizar la transición entre la etapa de formación y el
ingreso al sector productivo a través de un empleo que les garantice una
remuneración y los beneficios del sistema de seguridad social integral en términos
de igualdad y justicia social.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

En virtud de la naturaleza predominantemente rogada de esta jurisdicción, el
Consejo de Estado ha sostenido que la sentencia proferida por el juez de lo
contencioso administrativo debe limitarse a los argumentos propuestos por el
demandante, claro está que ese postulado debe armonizarse con la facultad que
le asiste al funcionario judicial de interpretar la demanda.13 En consecuencia, para
resolver el presente asunto la Sala aplicará dicho lineamiento y centrará su
análisis en los cargos de nulidad endilgados por el accionante al acto parcialmente
demandado.

Ahora bien, el demandante sostuvo que en los numerales 2 y 3 del artículo 2 de la
Resolución 371 del 22 de mayo de 2017 el DAFP no se ajustó a los precisos
mandatos del artículo 14 de la Ley Ley 1780 de 2016; por el contrario, se arrogó
competencias asignadas al congreso, pues homologó el porcentaje de empleos
que no requerían experiencia con requisitos que no tienen que ver con este
aspecto, como lo son las equivalencias previstas en los Decretos Leyes 770 y 785
de 2005 y en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Para resolver el citado motivo de inconformidad, es oportuno retomar la lectura del
artículo 14 de la Ley 1780 de 2016, antes citado, de cuyo tenor se extraen las
siguientes conclusiones:

i) El legislador reguló las modificaciones de las plantas de personal que se
lleven a cabo en el sector oficial a partir de la expedición de la Ley 1780 de
2016.

13 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicado: 68001-23-31-000-2005-02784-01 (1327-

11).

12

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

ii) En los rediseños institucionales se debe garantizar que al menos el 10% de
los nuevos empleos no requiera experiencia profesional, con el fin de que
puedan ser provistos con jóvenes recién egresados de programas técnicos,
tecnólogos y de pregrado.

iii) El DAFP tiene la función de fijar los lineamientos y proponer las
modificaciones a la normativa vigente en aras de acatar los mandatos del
artículo 14 de la Ley 1780 de 2016. Para el efecto también resulta relevante la
aplicación de la Ley 909 del 2004.

La configuración normativa del artículo 14 de la Ley 1780 de 2016 evidencia que el
legislador se abstuvo de regular en detalle la forma como debía implementarse la
política de promoción de empleo allí establecida, es decir, que su reglamentación
gozaba de un mayor margen de acción.

En efecto, esta corporación ha explicado que el grado de amplitud o detalle con
que el legislador haya regulado un asunto determina el margen de actuación del
ejecutivo, por ende, «ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un
mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa.
De hecho, el alcance de la potestad reglamentaria depende de la valoración
política que el Legislador haga de la materia que desarrolla pues puede regular
íntegramente una materia sin dejar margen alguna a la reglamentación, o
abstenerse de reglar algunos aspectos, que el Presidente la reglamente para su
debida aplicación».14

Bajo este hilo argumentativo, se concluye que el DAFP gozaba de un vasto margen
de acción para ejercer la atribución que expresamente le confirió el legislador en el
sentido de fijar los lineamientos y proponer las modificaciones a la normativa
vigente para el cumplimiento de lo señalado en el artículo 14 de la Ley 1780 de
2016.

14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de junio de 2020, radicado: 11001-03-24-000-2004-00343-01.

13

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

Con el ánimo de atender el referido mandato, el DAFP expidió la Resolución 371 del
22 de mayo de 2017 y en su artículo 2 estableció los siguientes lineamientos:

1. Cuando la modificación de una planta de personal conlleve la creación de
nuevos empleos de carácter permanente del nivel profesional, en el 10% de
los mismos no se deberá exigir experiencia profesional.

2. El 10% de los empleos de que trata la Ley 1780 de 2016 se podrá cumplir a
través de empleos que exijan 24, 36 o 48 meses de experiencia, siempre y
cuando en el respectivo manual de funciones y competencias laborales se
permita acreditarla con las equivalencias consagradas en los Decretos
Leyes 770 y 785 de 2005 o en las normas que consagren los sistemas
especiales o específicos.

3. Cuando por razones del servicio no sea viable crear en la nueva planta de
personal el 10% de empleos sin experiencia profesional, el requisito
señalado en la Ley se cumplirá cuando se demuestre que en el 10% o más
de los empleos de la respectiva planta de personal vigente no se exige
experiencia profesional o se prevé, para el desempeño del cargo, la
aplicación de las equivalencias consagradas en el artículo 2.2.2.5.1 del
Decreto 1083 de 2015.

En el sub lite, el actor reprocha la legalidad de las directrices 2 y 3 por estimar que
aludieron a un aspecto que en nada se relaciona con el deber de garantizar que
para el 10% de los empleos de las entidades públicas no se exija experiencia
profesional. En sentir del interesado, la mención a las equivalencias de los
Decretos 770 y 785 de 2005 y 1083 de 2015 no guardan coherencia con la
temática que se pretendía desarrollar.

Sin embargo, la Sala no encuentra el anterior reproche como suficiente por sí solo
para enervar la legalidad del acto parcialmente demandado, pues la referencia en
términos genéricos a las equivalencias no pugna con la finalidad de lograr que las

14

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

entidades tengan un 10% de los cargos sin sujeción al requisito de experiencia
profesional, ya que la remisión a las equivalencias se ha institucionalizado como
una medida para homologar unos requerimientos por otros de manera que sea
más flexible el acceso al empleo.

En este sentido, conforme al artículo 5 del Decreto Ley 770 de 2005, el Gobierno
nacional es el encargado de determinar las competencias y los requisitos de los
empleos de los distintos niveles jerárquicos, teniendo en cuenta una serie de
factores como estudios, experiencia, habilidades y aptitudes laborales.

En consonancia con lo anterior, los artículos 8 del Decreto Ley 770 de 2005 y
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 establecen las equivalencias entre estudios y
experiencia, para efectos de homologación de requisitos de los empleos públicos.
A su vez, el Decreto 785 de 2005 determinó el sistema de nomenclatura,
clasificación, funciones y requisitos generales de los cargos a nivel territorial. Es
preciso resaltar que el acto acusado se remitió a las mencionadas disposiciones.

Por su parte, el Consejo de Estado ha sostenido que «[d]e manera general, las
normas que se encargan de regular la función pública suelen establecer reglas
que autorizan acreditar algunos requisitos generales con el cumplimiento de otros,
por considerar que son equivalentes».15

Así las cosas, la remisión que hizo el DAFP al concepto de equivalencias no
quebranta automáticamente el ordenamiento superior, pues con ello se buscó
lograr que la experiencia no se erigiera en una barrera de acceso al 10% de los
cargos oficiales. Esta conclusión también se funda en el documento denominado
«Revisión de la Ley 1780 de 2016, reglamentación requerida y líneas de acción a
seguir» que fue aportado al plenario por la apoderada del DAFP como antecedente
de la resolución parcialmente demandada, del cual se destacan los siguientes
apartes:16

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2020, radicado 11001-03-25-000-

2016-00181-00 (0885-2016).
16 Información visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

15

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

Respecto de la reglamentación que sea emitida se recomienda dar alcance a los
siguientes puntos:

• Aclarar que el alcance de la norma comprende empleos tanto del nivel técnico
como del profesional que no requieren experiencia profesional.

Para tal efecto, para el caso del Sistema General, de acuerdo con la nomenclatura
vigente y los requisitos del nivel técnico y profesional las entidades podrían crear, en
principio, los siguientes empleos que no exigen experiencia:

Nivel Grado Requisitos generales
Técnico 01 Diploma de Bachiller
Técnico 07 Aprobación de (2) años de educación superior de pregrado
Profesional 01 Título profesional

*Requieren experiencia el nivel técnico del grado 2 al 6

• Ordenar a las entidades ajustar el Manual de Funciones y de Competencias
Laborales de la entidad en los niveles técnico y profesional con el fin de establecer
alternativas de requisitos en las cuales se pueda compensar la falta de experiencia
con estudios adicionales.

• Cuando la modificación de la planta de personal implique únicamente la creación
de empleos del Nivel Directivo o Asesor, no es posible aplicar la norma por cuanto
en dichos niveles es indispensable la experiencia profesional desde el grado 01

En este sentido, se considera oportuno establecer que la aplicación de la norma se
limita a las modificaciones de planta que creen empleos del nivel profesional o
técnico.

• Se considera pertinente establecer lineamientos respecto del cálculo del 10% de
empleos, indicando que debe corresponder al valor global sobre la totalidad de
nuevos empleos a crear en los niveles profesional y técnico privilegiando al nivel
profesional, los cuales corresponderían al ámbito de aplicación del artículo 14 de la
Ley 1780 de 2016.
[…]

El documento citado evidencia un trabajo armónico tendiente a materializar el
artículo 14 de la Ley 1780 de 2016. De esta manera, se advierte que el estudio no
se limitó a fijar los lineamientos para llevar a cabo la política de promoción del
empleo juvenil, sino que también previó un acompañamiento a las entidades
públicas en aras de lograr su correcta aplicación.

Igualmente se observa un juicioso análisis de los empleos, sus requisitos y la
alusión al concepto de equivalencia y en pie de página se aclaró que su aplicación
implicaba «reemplazar, excepcionalmente, una condición del empleo, de

16

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

educación o experiencia, por una alternativa de requisito que compense la
carencia de uno o cualquiera de los dos elementos del mismo».

En este orden de ideas, la aplicación de la resolución parcialmente enjuiciada
también reconduce a un estudio de las plantas de personal de las entidades y a
sus manuales de funciones con el propósito de determinar si realmente se han
ajustado a la política institucional en materia de eliminación de barreras de acceso
a los cargos públicos para la población joven del país desde el punto de vista de la
experiencia profesional.

Lo anterior se debe a que la implementación de las equivalencias entre estudios y
experiencia constituye una potestad de las entidades, pero no una obligación, por
lo que tales homologaciones se aplican al momento de determinar los perfiles de
empleo en atención a las características del cargo, su jerarquía, funciones,
competencias y responsabilidades.17

De esta manera, cobra sentido la resolución acusada en tanto condiciona su
aplicación a dicho ajuste. En efecto, allí se indica que el mandato del artículo 14
de la Ley 1780 de 2016 se entenderá cumplido «siempre y cuando en el
respectivo manual de funciones y competencias laborales» se permita acreditar la
experiencia con las equivalencias consagradas en el ordenamiento vigente. En
otras, palabras, si no se hacen los ajustes a los perfiles de empleo se entenderá
que las entidades están desacatando la regla general prevista por el legislador de
garantizar que el 10% de los nuevos empleos no requieran experiencia
profesional.

De otro lado, conforme se citó en acápites precedentes, el artículo 196 de la Ley
1955 de 201918 reguló nuevamente la política de promoción del empleo para las
juventudes y de esta se destaca la alusión expresa al concepto de equivalencias.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de octubre de 2021, radicado 11001-03-25-000-

2014-01250-00 (4045-14).
18 Artículo 196. Generación de empleo para la población joven del país. Con el fin de generar oportunidades de empleo

para la población joven del país y permitir superar las barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades
públicas darán prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán garantizar cuando

17

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

Aunque la referida ley es posterior a la resolución demandada, se constituye en un
referente valioso para reafirmar que el DAFP no acudió a un criterio arbitrario con
miras a acatar el artículo 14 de la Ley 1780 de 2016 y que podía ampararse en la
figura de las equivalencias para fijar los lineamientos tendientes a lograr la
empleabilidad de la población joven, pues la materia no había sido desarrollada en
detalle por el Congreso, por ende, el órgano encargado de su reglamentación
tenía un mayor margen de maniobra para materializar el propósito legalmente
establecido con sujeción a la normativa superior.

De esta manera, la Sala no comparte el criterio del accionante en tanto afirma que
la alusión al concepto de equivalencia corresponde a un componente ajeno a la
regulación normativa del artículo 14 de la Ley 1780 de 2016, pues la experiencia y
las equivalencias son términos relacionados con la temática allí abordada.

Cosa distinta es que en cada caso deba verificarse si por la configuración del
manual de funciones y requisitos y el diseño de empleos de las entidades públicas
pudo haberse vulnerado la política tendiente a salvaguardar que las nuevas
modificaciones a la planta de personal cumplieran con el requerimiento de que un
10% de sus cargos pudiera ser ocupado por personas sin experiencia profesional.

Finalmente, es pertinente indicar que el demandante no encauzó su defensa a
demostrar si la forma en que estaban configuradas las equivalencias impedían el
acceso al empleo en los términos pretendidos por el legislador, por lo que esta
Subsección se abstendrá de hacer análisis adicionales frente a ello en aras de
garantizar el debido proceso de las partes. En efecto, esta corporación ha sido
enfática en salvaguardar el principio de congruencia en las decisiones judiciales,

adelanten modificaciones a su planta de personal, que el diez por ciento (10%) de los nuevos empleos no requieran
experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y
de pregrado. Para la creación de nuevos empleos de carácter permanente del nivel profesional, no se exigirá experiencia
profesional hasta el grado once (11) y se aplicarán las equivalencias respectivas.

Parágrafo 1. Las entidades públicas deberán adecuar sus manuales de funciones y competencias laborales para
permitir el nombramiento de jóvenes entre los 18 y 28 años graduados y que no tengan experiencia, o para determinar
las equivalencias que corresponda, siempre y cuando cumplan con los requisitos del cargo.
[…]. [Resalta la Sala].

18

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

por lo que «en una acción el control de legalidad se contrae a los motivos de
violación alegados por la parte actora y las normas que se señalen como
vulneradas, en la oportunidad legal, por ser el libelo demandatorio un marco de
referencia para que el operador jurídico emita su pronunciamiento judicial».19

2.6. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.20

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que el señor Diego Alonso Peláez Velásquez no
logró desvirtuar la legalidad de la resolución parcialmente enjuiciada y, en
consecuencia, se deberán negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor
Diego Alonso Peláez Velásquez en contra de los numerales 2 y 3 del artículo 2 de
la Resolución 371 del 22 de mayo de 2017, «[p]or la cual se fijan los lineamientos
para el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1780 de 2016 relacionado con las

19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-000-2010-00110-01

(19136). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta subsección: i) del 24 de
febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018) y ii) del 3 de febrero de 2022, radicado: 25000-
23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019).
20 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

19

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00305-00 (1972-2019)
Demandante: Diego Alonso Peláez Velásquez

modificaciones de planta de personal de las entidades del Estado», expedida por
el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

20

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.