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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00386-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00386-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente la acción especial de revisión presentada por la Ugpp contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Aclara voto Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Salva voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00386-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00386-00 (2706-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Inés del Rosario Vargas de Miranda

Tema: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Reconocimiento de una pensión gracia

Sentencia única instancia

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 30 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Bolívar2
por medio de la cual confirmó la decisión del 16 de septiembre de 2015 emitida
por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Inés del Rosario Vargas de Miranda
contra esa entidad de previsión social.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 3, la
Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2018
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual se confirmó la
decisión del 16 de septiembre de 2015 emitida por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cartagena dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-012-2014-00095-
00(01), que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Inés del
Rosario Vargas de Miranda contra dicha entidad de previsión social,
encaminadas al reconocimiento de una pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó (i) la revocatoria de la sentencia

1 En adelante Ugpp.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado:
13001-33-33-012-2014-00095-
00(01). Demandante: Inés del Rosario Vargas de Miranda. Demandado: Ugpp.
3 Folios 1 a 6.

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Demandante: Ugpp

objeto de revisión; (ii) la declaratoria de que no había lugar al reconocimiento de
la pensión gracia reclamada; y (iii) la devolución de las sumas pagadas en virtud
de las órdenes impartidas en la providencia cuestionada, debidamente
indexadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Inés del Rosario Vargas de Miranda nació el 25 de abril de 1942 y prestó
sus servicios en la Secretaría de Educación de Bolívar como docente municipal
del «24/09/1997 al 05/06/2007», esto es, por «9 años 8 meses y 12 días» (sic).

3.2. A través de la Resolución UGM 018601 del 28 de noviembre de 2011, la
Ugpp le negó el reconocimiento de la pensión gracia, porque no demostró haber
laborado como docente oficial del orden municipal, departamental, distrital o
nacionalizado con vinculación con anterioridad al año 1980. Decisión
confirmada por medio de la Resolución UGM 050524 del 25 de junio de 2012,
al resolver el recurso de apelación.

3.3. Inconforme con lo anterior, Inés del Rosario Vargas Miranda presentó
demanda contra la Ugpp en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo5, en orden a
que se declarara la nulidad de las resoluciones UGM 018601 del 28 de
noviembre de 2011 y UGM 050524 del 25 de junio de 2012, a través de las
cuales se le negó la pensión gracia. En consecuencia, solicitó el reconocimiento
de la prestación.

3.4. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, en sentencia del
16 de septiembre de 2018 accedió a las pretensiones. Para el efecto declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a la Ugpp «a
reconocer, liquidar y pagar a la demandante […] una pensión vitalicia denominada
pensión gracia en cuantía de 75% del promedio mensual de los salarios devengados
por la demandante durante el año anterior o adquirir el derecho a la pensión, esto es
entre el 18 de diciembre de 1998 y el 17 de diciembre de 1999, teniendo en cuenta la
totalidad de los factores salariales devengados por la accionante, efectiva desde el 18
de diciembre de 1998 , hoy fecha en que adquirió el estatus pensional pero con efectos
fiscales a partir del 24 de febrero de 2011. Prescripción trienal» (sic). Decisión contra
la cual la Ugpp interpuso recurso de apelación.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de
Bolívar confirmó la decisión del 16 de septiembre de 2015, mediante la cual el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena accedió a las
pretensiones de la demanda encaminadas al reconocimiento de la pensión
gracia a favor de Inés del Rosario Vargas, al encontrar acreditados los requisitos

4 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según los elementos probatorios allegados.
5 En lo que sigue CPACA.

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necesarios para acceder a la referida prestación, pues prestó sus servicios como
docente oficial municipal por más de 20 años y fue vinculada antes del 31 de
diciembre de 1980, esto es, el 18 de diciembre de 19796.

1.2. Las causales de revisión invocadas

5. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes
argumentos7:

5.1. La sentencia recurrida confirmó el reconocimiento de una pensión gracia a
favor de Inés del Rosario Vargas de Miranda, pese a que no había acreditado el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación, en particular, los 20
años de servicios en la docencia con anterioridad al 29 de diciembre de 1989,
límite temporal establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues para el
momento de su entrada en vigencia solo había acreditado 10 años y 12 días.

5.2. El reconocimiento pensional se obtuvo con violación del debido proceso, en
la medida en que la sentencia objeto de revisión se apartó de las normas
aplicables y del precedente constitucional sobre la materia, especialmente de la
sentencia C-489 de 2000, conforme con la cual la pensión gracia solo podía
reconocerse a quienes hubieran consolidado la totalidad de los requisitos antes
del 29 de diciembre de 1989.

5.3. La decisión judicial comprometió recursos públicos sin causa legal, con
afectación de la sostenibilidad financiera del sistema pensional y de los
principios constitucionales que regían la seguridad social.

5.4. La cuantía del derecho reconocido excedía lo debido conforme con la ley,
porque se dispuso el reconocimiento y pago de una pensión gracia sin que la
beneficiaria cumpliera con los requisitos exigidos para ello.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

6. Inés del Rosario Vargas de Miranda, pese a las gestiones adelantadas para
garantizar su derecho de defensa y a que fue notificada personalmente del auto
admisorio de la demanda el 11 de marzo de 2025, en la dirección electrónica
que suministró para el efecto, guardó silencio en la instancia procesal8.

1.4. Concepto del Ministerio Público

7. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

6 Folios 147 a 154.
7 Folios 1 a 6.
8 Así se dispuso en el auto de pruebas proferido el 23 de mayo de 2025. Samai, índice 61,

archivo «Auto que decreta pruebas», documento
«70Autoquedecret_27062019Abreapruebas(.pdf) NroActua 61», archivo
«70_Autoquedecret_27062019Abreapruebas_0_20250701170128907».

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2.1. Competencia

8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de
revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de
2003 y 249, inciso 2, del CPACA9.

9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados
a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

11. En el subjudice la sentencia objeto de revisión fue notificada a las partes el 22
de enero de 2019 y quedó ejecutoria el 25 de igual mes y año11. Así las cosas,
comoquiera que la acción de revisión se presentó el 17 de mayo de 201912, esto
es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, se
impone concluir que su ejercicio fue oportuno.

2.3. Problemas jurídicos

12. Se circunscriben a establecer lo siguiente: (i) ¿si la sentencia recurrida
mediante la cual confirmó la decisión de reconocer una pensión gracia a favor
de Inés del Rosario Vargas Miranda vulneró el debido proceso y en
consecuencia incurrió en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003?; y (ii) ¿si la cuantía reconocida excedió lo debido de acuerdo
con la ley y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

9 Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. (se resalta).
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Así se dispuso en el auto admisorio de la demanda proferido el 11 de julio de 2019. Folios 209

a 212.
12 Folio 6 reverso.

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13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2013 de la Ley 797 de 2003
las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.

14. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias
que reconocen sumas periódicas cuando (i) el reconocimiento se haya obtenido
con violación del debido proceso; o (ii) la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

15. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se
configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso», así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la
vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos
esenciales que lo componen15.

16. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia
reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o
convencionalmente establecido.

17. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o
cuantía excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el
propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.

18. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003
indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del

13 Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
14 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en

la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados
y especiales.
15 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por
la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En
tal sentido, se han definido los siguientes16:

«[…] i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la
ley, o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley. […]». (sic)

19. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que
se encuadren en dichas causales»17.

20. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación18 han
admitido expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión
de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además,
la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«[…] (a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo
de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el

16 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de

junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-
2017), M.P. William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado

11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal. […]». (sic)

21. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió
en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un
estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en
últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario» (sic)19.

2.4.2. De la pensión gracia

22. La Ley 114 de 191320 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de
las escuelas primarias. El artículo 4 ejusdem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20
años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial,
no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50
años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia
con honradez, consagración y buena conducta.

23. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta corporación21 señaló
que «[…] el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal
diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria
estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a
cargo de la Nación.» (sic).

24. Posteriormente, las leyes 116 de 192822 y 37 de 193323 en sus artículos 6 y
3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

25. Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala
Plena de esta corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la
pensión, así24:

«[…] El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la
pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En
este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018,

radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas,
entre otras.
20 Por la cual «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela»
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21

de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
22 Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.
23 Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de

algunos empleados.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto

de 1997, radicado No. S-699.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00386-00 (2706-2019)
Demandante: Ugpp

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales. […]». (sic)

26. Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó
la Ley 43 de 197525 y en línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91
de 198926, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión
gracia, debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar
las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200027 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos
que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas
concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada
quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión
gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza
nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con
las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin
importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de
servicio.

28. En torno a su reconocimiento se ha señalado que los docentes deben
acreditar: (i) una experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una
institución educativa territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de
servicios en una plaza territorial o nacionalizada28 y (iii) tener buena conducta
durante su desempeño como docente. No se puede exigir haber completado los
requisitos ni encontrarse vinculado en la fecha señalada, teniendo en cuenta
que pueden ser computados los tiempos laborados con posterioridad; y no se
requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

29. El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 29 además de
restringir el reconocimiento del derecho a la pensión gracia a aquellos docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, dispuso la compatibilidad de esta
prestación con la pensión ordinaria de jubilación en los siguientes términos:

«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los

25 Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen
prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y
comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan
otras disposiciones.
26 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
27 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
28 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicado 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra

Vélez; sentencias de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014) y del 11 de agosto de 2022 radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01
(3018-2017).
29 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Demandante: Ugpp

requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
[…]». (sic)

30. En similar sentido, el artículo 6 de la Ley 60 de 199330 previó:

[…] El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial. […]

31. Ahora bien, es preciso señalar que el reconocimiento de esta prestación
económica estaba a cargo de Cajanal de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 81 de 1976, en los artículos 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 y en el 279 de la Ley 100 de 1993, parágrafo 2, y en la actualidad la pensión
gracia es asumida por la Ugpp.

2.5. Caso concreto

32. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de
revisión, la Sala precisa lo siguiente:

33. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», se reitera que es necesario que se exponga la
vulneración de este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

34. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión, según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes 3 elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
[e]l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen
el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el
derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y
la garantía de non bis in ídem».

35. En tal sentido, se advierte que los argumentos de la entidad recurrente se
dirigieron a cuestionar el reconocimiento de la pensión gracia por el
incumplimiento de los requisitos, sin hacer manifestación alguna en relación con
la vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental al
debido proceso. Así las cosas, la causal prevista en el literal a) del artículo 20

30 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad

con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

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de la Ley 797 de 2003 no se configura.

36. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) de la norma
en que se funda la acción, se recuerda que los argumentos expuestos por la
entidad recurrente fueron dirigidos a cuestionar la decisión mediante la cual el
tribunal confirmó la declaratoria de nulidad de las resoluciones UGM 018601 del
28 de noviembre de 2011 y UGM 050524 del 25 de junio de 2012, a través de
las cuales la Ugpp le negó a Inés del Rosario Vargas de Miranda el
reconocimiento de una pensión gracia en consideración al incumplimiento de los
requisitos para ello.

37. En ese contexto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de
análisis de la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un
derecho, pues su propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía
proveniente de una prestación ya otorgada y respecto de la cual, en torno al
derecho subjetivo y particular, no hay discrepancias. Contrario a ello, en la
providencia recurrida se definió que Inés del Rosario Vargas de Miranda había
acreditado los requisitos para beneficiarse de la pensión gracia, de manera que
la esencia de las pretensiones del medio de control revisado no guarda relación
con la forma en que debió realizarse la liquidación de la pensión sino con la
aptitud legal para beneficiarse de esta.

38. En efecto, lo que se desprende de la demanda [acción especial de revisión]
es un cuestionamiento dirigido a provocar un nuevo estudio acerca de si la
docente cumplía con los requisitos para ser acreedora de una pensión gracia, el
cual se relaciona con la aptitud legal para beneficiarse de una prestación
periódica, supuesto regulado en la causal 7 del artículo 250 del CPACA que
dispone:

Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:

[…]

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

39. En ese sentido, la causal invocada no resulta idónea respecto de los
argumentos expuestos en el escrito de la acción de revisión y el derecho
subjetivo reconocido en la sentencia revisada.

40. Sobre el particular, la Sala debe precisar que el principio de la cosa juzgada
no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el debido proceso
sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger hechos y conductas
que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una decisión que ya
cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad de invalidarla
y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la prevalencia de
una injusticia, todo esto mediante la acción especial de revisión.

41. Asimismo, este mecanismo excepcional permite que la sentencia

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ejecutoriada u otro tipo de providencia que tenga como efecto el reconocimiento
de una prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con
el fin de restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio
patrimonial al erario, a través de una nueva decisión que resulte acorde con el
ordenamiento jurídico.

42. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las
etapas procesales instituidas para ello. En ese orden, el legislador fijó derroteros
de procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa
denominados causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que
pudieran dar lugar a la discrecionalidad del juzgador para encuadrar o
aproximarse al marco de alguna de ellas previstas en el ordenamiento, lo cual
resulta razonable debido al alcance de la acción, esto es, infirmar providencias
amparadas por el principio de cosa juzgada31.

43. En ese orden de ideas, de los argumentos y las pretensiones expuestas en
el proceso no se evidencia que el mecanismo excepcional incoado esté dirigido
a cuestionar el cómputo de la cuantía proveniente del reconocimiento de algún
derecho, de suerte que no se encuadra en la causal de revisión invocada por la
Ugpp y, ante la imposibilidad de esta Sala para realizar una adecuación respecto
de la causal idónea o de reabrir un debate concluido en una etapa procesal ya
fenecida, se declarará improcedente la acción de revisión interpuesta.

44. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 30 de noviembre de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar no incurrió en las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, porque no acreditan una vulneración del debido proceso ni están
dirigidos a cuestionar la cuantía de la prestación reconocida, sino la aptitud legal
de la beneficiaria para acceder a la pensión gracia. Por lo tanto, se declarará
improcedente la acción de revisión interpuesta por la Ugpp.

2.6. Costas

45. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer
el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

3. Conclusión

46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual se declarará
improcedente la acción especial de revisión.

31 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación se ha expresado

en ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo
de 2021 en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente
70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con
radicación 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se
ha pronunciado en igual sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003.

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Demandante: Ugpp

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente la acción especial de revisión presentada por
la Ugpp contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

LAVM

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