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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00411-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00411-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B; a través de la cual, se confirmó la sentencia del Doce (12) de Febrero de Dos Mil Quince (2015), emitida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. 11001-33-35-012- 2013-00287-00, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00411-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00411-00 (2894-2019)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandados: Luis Emilio Arroyabe Ocampo y Carmen Julia
Quintero Quintero2
Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 23 de junio de
2016, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Causal regulada en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Tema: Reliquidación pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, contra la sentencia del Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B; a través de la cual se confirmó la sentencia del Doce (12) de Febrero de
Dos Mil Quince (2015), emitida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bogotá; providencias judiciales que accedieron parcialmente a las súplicas de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Luis Emilio
Arroyave Ocampo.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión3

1
Expediente híbrido.
2
En calidad de beneficiaria de Luis Emilio Arroyave Ocampo.
3
Cuaderno 1, folios 1 a 10.

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia del Veintitrés (23) de Junio de Dos
Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B; a través de la cual se confirmó la sentencia del Doce (12) de
Febrero de Dos Mil Quince (2015), emitida por el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá, dictadas dentro del proceso con radicado No. 11001-33-35-012-2013-
00287-00 y, en su lugar, se declare que al señor Luis Emilio Arroyave Ocampo, no le
asiste el derecho a que la pensión de jubilación sea reliquidada con la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios y, se ordene la reliquidación
de la pensión conforme a las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36, en
armonía con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario preceptuados
en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional
en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y SU-023 de 2018 y la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018).

Finalmente, solicitó que se ordene a la señora Carmen Julia Quintero Quintero restituir a
la UGPP los valores pagados en exceso por la reliquidación de su mesada pensional,
debidamente actualizados e indexados, como consecuencia de las sentencias objeto de
revisión. Asimismo, el reintegro conforme al artículo 178 del CPACA, incluyendo los
intereses moratorios previstos en el artículo 192 ibidem, respecto de las sumas
canceladas indebidamente por la reliquidación de la pensión de vejez.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, el señor Luis Emilio Arroyave
Ocampo, nació el Cinco (5) de Septiembre de Mil Novecientos Cincuenta (1950) adquirió
el estatus jurídico de pensionado el Cinco (5) de Septiembre de Dos Mil Cinco (2005), y
prestó sus servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Instituto de Mercado
Agropecuario IDEMA desde el Diecisiete (17) de Abril de Mil Novecientos Setenta y Dos
(1972) hasta el Primero (1) de Marzo de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977).
Igualmente, en el Ministerio de la Protección Social desde el Ocho (8) de Junio de Mil
Novecientos Setenta y Nueve (1979) hasta el Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil
Siete (2007), con interrupción desde el Diecisiete (17) de Diciembre de Mil Novecientos
Setenta y Nueve (1979) hasta el Dieciséis (16) de Enero de Mil Novecientos Ochenta
(1980).

2

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

Asimismo, expresa que, a través de Resolución No. 36250 de Veintiocho (28) de Julio de
Dos Mil Seis (2006)4, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, le
reconoció una pensión de vejez al señor Arroyave Ocampo en cuantía de Seiscientos
Quince Mil Quinientos Trece Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos ($615.513,49),
condicionada al retiro efectivo del servicio, prestación que fue liquidada teniendo en
cuenta el 75% del promedio de lo devengado en los últimos Diez (10) años, incluyendo
los factores salariales devengados.

Señaló que, mediante la Resolución No. UGM 000653 del Ocho (8) de Julio de Dos Mil
Once (2011)5, la extinta CAJANAL reliquidó la pension vejez, en cuantía de Seiscientos
Ochenta y Un Mil Treinta y Cinco Pesos con Seis Centavos ($681.035.06), efectiva a
partir del Treinta (30) de Octubre de Dos Mil Siete (2007), condicionado al retiro definitivo
del servicio, prestación que fue liquidada teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo
devengado en los Diez (10) últimos años de servicio, incluyendo dentro de la liquidación
los factores de asignación básica, dominicales y festivos, horas extras, bonificación por
servicios prestados y recargo nocturno.

Indicó que, posteriormene a través de las resoluciones Nos. RDP 016325 del Veintiuno
(21) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012)6 y RDP 021838 del Catorce (14) de Mayo de
Dos Mil Trece (2013)7, se negaron las solicitudes de reliquidación de la pensión de vejez
presentadas por el actor.

Expuso que, contra la Resolución No. RDP 021838 del Catorce (14) de Mayo de Dos Mil
Trece (2013) el demandado interpuso recurso de apelación, habiendo sido desatado a
través de la Resolución No. RDP 029825 del Dos (2) de Julio de Dos Mil Trece (2013)8,
confirmando el acto administrativo recurrido.

Afirmó que, el demandado interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con miras a obtener la reliquidación de su pensión, la cual,
le correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, siendo
radicada bajo el No. 11001-33-35-012-2013-00287-00, proceso en el cual se dictó
sentencia el Doce (12) de Febrero de Dos Mil Quince (2015)9, donde se declaró probada
la excepción de prescripción, planteada por la accionada en la constestación de

4
Cuaderno 1, folios 79 v a 81.
5
Cuaderno 1, folios 142 a 146.
6
Cuaderno 3, folios 465 a 466.
7
Cuaderno 2, folios 354 a 355.
8
Cuaderno 3, folios 468 a 470.
9
Cuaderno 1, folios 196 v a 203.

3

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

demanda, en relación con las mesadas pensionales causadas con anterioridad al Nueve
(9) de Julio de Dos Mil Siete (2007) y declaró no probadas las restantes excepciones,
accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó la reliquidación de la prestación
teniendo en cuantía equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado durante el
año anterior al retiro definitivo del servicio, esto es, lo percibido durante el lapso
compredido entre el Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Seis (2006) y el Veintiocho
(28) de Octubre de Dos Mil Siete (2007), incluyendo no sólo la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados, sino también las primas de: servicios, navidad y
vacaciones, subsidio de alimentación y auxilio de transporte, efectiva a partir del Nueve
(9) de Julio de Dos Mil Siete (2007), teniendo en cuenta la prescripción declarada probada
en el fallo.

Contra la anterior sentencia se presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante
sentencia del Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Dieciséis (2016)10, confirmando la
anterior decisión.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante
sentencia de Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Dieciséis (2016)11, confirmó la sentencia
de primer grado.

Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que el señor Luis Emilio Arroyave
Ocampo era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, comoquiera
que, para su entrada en vigor contaba con más de 40 años; por tanto, el régimen
pensional que lo gobierna es la Ley 33 de 1985, pues, los servicios los prestó al Ministerio
de la Protección Social, por lo que, al ser beneficiario del citado régimen de transición,
para la reliquidación de su pensión se deben tener en cuenta todos los factores salariales
que fueron devengados durante el último año.

En tal sentido indicó que, en aplicación de la sentencia del Consejo de Estado del Cuatro
(4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010) y, según lo certificado, durante el último año de
servicios prestados comprendido del Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Seis (2006)
al Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Diecisiete (2007), el allí demandante tiene

10
Cuaderno 1, folios 165 a 175.
11
Ibid.

4

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

derecho a que sea reconocida su pensión de jubilación con inclusión como factores
salariales, además del sueldo básico, la bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, navidad y vacaciones, subsidio de alimentación y auxilio de transporte.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó la causal de revisión establecida en los literales a) 20 de la Ley 797 de
2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto a la violación al debido proceso, aduce la parte actora que la sentencia
recurrida ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la ley; transgreden
los principios constitucionales consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123 inciso 2;
y 124 de la Constitución Política al otorgar un aumento en la mesada pensional sin
fundamento constitucional y legal, lo que generó una clara violación de los principios
constitucionales. Lo anterior, toda vez que, el IBL debe ser el establecido en el inciso 3
del artículo 36 o en el artículo 21, ambos, de la Ley 100 de 1993; así como, los factores
salariales son los consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
reiteró que la cuantía de la mesada pensional fijada en virtud del fallo objeto de esta
acción es contraria a las reglas jurisprudenciales que regulan la materia y desatiende las
de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018 y SU-223 de 2018.

Sostuvo que, el IBL aplicable al caso del demandado es el contenido en la Ley 100 de
1993, esto es, el salario promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años o,
el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho; además, los factores salariales a
tener en cuenta son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994; no hacerlo de esa
manera genera detrimento y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional.

1.4 Auto admisorio

Por medio de providencia del Once (11) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) se admitió

5

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

el recurso12. Posteriormente, mediante auto del Quince (15) de Noviembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024)13, se ordenó notificar personalmente a la señora Carmen Julia
Quintero Quintero, en calidad de beneficiaria del señor Luis Emilio Arroyave Ocampo
(q.e.p.d.) a la dirección física que reposa en el recurso.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

Notificado el auto que admitió el recurso, la parte pasiva contestó la demanda solicitando
que se nieguen las pretensiones formuladas, por cuanto el derecho a la reliquidación
pensional en su calidad de pensionada sobreviviente, fue reconocido por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo conforme a los parámetros legales que regulan la
pensión especial de los servidores sometidos a régimen especial14.

1.6 Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público emitió concepto15, donde solicitó que se declare
infundado el recurso, toda vez que, no se apartó de ningún criterio jurisprudencial vigente
al momento de su expedición, pues, profirió una decisión con sujeción a la normatividad
pensional y a la jurisprudencia aplicable que resultaban vinculantes para el demandado.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA16 y 20 de la Ley 797 de 200317, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 201918.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia del

12
Samai, índice 19.
13
Samai, índice 31.
14
Samai, índice 37.
15
Samai índice 26.
16
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
17
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
18
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

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Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, fue notificada por
correo electrónico el Veintiocho (28) de Julio de Dos Mil Dieciséis (2016)19, quedando en
consecuencia ejecutoriada el Dos (2) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)20; la
demanda fue presentada el Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019)21, esto
es, dentro del término establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Veintitrés (23) de
Junio de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, está incursa en las causales de revisión
consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el
beneficio pensional del demandante fue obtenido con violación del debido proceso y/o si
la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales

19
Samai índice 49, archivo «58RECIBEMEMORIAL_11001333501220130028(.pdf)», pg 330.
20
Cuaderno 2, folio 252.
21
Cuaderno 1, folio 10 v.

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Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material22 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 23.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios24.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

22
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

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que el trámite25 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 26, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 27», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial28.

2.4.2 Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. -
Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido
proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación,
en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales
que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión
de esta Colegiatura ha señalado29:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y

25
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
27
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
28
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019;
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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Número Interno: 2894-2019
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iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección
ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en
relación con los núcleos esenciales que lo componen» 30 y «la parte interesada debe promover la acción

especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 31.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el
régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por

un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda
en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017 y SU-631 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel
no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple
confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que impone un
análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos
y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los
servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía

30
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-
00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

10

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55
años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas,
con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el
Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos
señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión32, aludiendo a los componentes de
edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas
legítimas de las personas próximas a pensionarse.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual la
Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el 4 de
agosto de 201033, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que a
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada,
en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró
en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación
de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230 de
2015, en la cual la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente
al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el ingreso base de
liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y, por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas con el
porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, calculado sobre el ingreso
base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

32
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de
vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres
o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo,
cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base
para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de
un (1) año para los servidores públicos. […]»
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2006-7509-01.

11

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que solo fue superada hasta la emisión
de la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 34, en la cual la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Colegiatura modificó la postura que
sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

«92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la
siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el
IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a
las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.»

En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no es un
elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, también lo
es que, con antelación a la emisión del citado fallo de 28 de agosto de 2018, la posición

34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

12

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

unificadora del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura
que, con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales
administrativos del país a la hora de proferir sus sentencias.

Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, y con el objeto de aclarar los efectos de ese fallo, estableció lo siguiente:

«115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.»

Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en aquellos casos en los que, en el marco de
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa una
determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en una cuantía
que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta
Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:

a. El cambio de tesis adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 201835 no estructura, por sí solo, mérito para la revisión de sentencias
consistente en la infracción de las normas que fijan el ingreso base de las pensiones
reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

13

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 201836 en las que se hubiere preferido
dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo
de 4 de agosto de 201037, y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015,
no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el reconocimiento de
pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

2.5 Caso concreto

Debe primero indicarse que, en el acápite de la demanda denominado pretensiones, la
UGPP no hace mención a la causal establecida en el Literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003; sin embargo, en el acápite titulado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN –
INDICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN» del libelo
introductorio, sí la menciona, pero, sus argumentos no son claros, respecto a los motivos
por los cuales se pregona que hubo la violación al debido proceso, la recurrente se enfoca
en concluir que tal vulneración se presenta, por cuanto se aplicó indebidamente una
norma, al litigio planteado.

En esas consideraciones, la UGPP entonces no formuló reparos constitutivos de una
eventual trasgresión al derecho fundamental al debido proceso, en la que pudiera haber
incurrido el Tribunal, habiendo tan solo realizado un recuento normativo y la interpretación
de este, concluyendo con base en él que hubo un yerro al momento de determinar por el
operador judicial, el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida al demandado.

En ese orden de ideas, la Sala considera que, la demanda de revisión no desarrolló en
debida forma la configuración de la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003; por tanto, no sale avante dicha pretensión.

36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09),
demandante: Luis Mario Velandia.

14

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

La Subsección sobre este particular recuerda que, desde que se profirió la sentencia del
Cinco (5) de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019) por la Sala Especial de Decisión No.
22, esta Corporación ha sostenido que la configuración de esta causal se genera cuando
se vulnera alguno de los núcleos que lo conforman, siendo estos: i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada
juicio o procedimiento o, iii) las garantías de audiencia y defensa, lo cual incluye el
derecho a presentar y contradecir pruebas, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía del non
bis in ídem.

En la demanda no se argumentó que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, no fuera competente para resolver el recurso de
apelación y con ello proferir la sentencia de segundo grado; o que se hubieran
desatendido las reglas procesales que orientan el procedimiento contencioso
administrativo, la pretermisión de algún término u otra falencia procedimental con
trascendencia sustancial. Como tampoco se alegó la violación a los derechos de
audiencia, defensa o contradicción de la entidad, la ausencia de motivación de la decisión
u otra circunstancia que permita evidenciar una lesión al núcleo esencial del debido
proceso, por el contrario, se observa que, la entidad recurrente estuvo representada por
diferentes apoderados38, contestó la demanda39, presentó alegatos de conclusión40 y, el
respectivo apoderado tuvo la oportunidad de interponer el recurso de alzada41, de manera
que, de las actuaciones adelantadas no se advierte violación de las garantías al debido
proceso.

Sobre el particular, esta Subsección42 , en caso de contornos fácticos similares al
presente proceso, sostuvo que, cuando se incumple con el deber procesal de motivar la
solicitud y desarrollar en debida forma la configuración de la causal establecida en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no es procedente acceder a la causal de
revisión.

Así las cosas, se pasa a analizar la segunda causal de revisión, esto es, la establecida
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

38
Samai índice 49, archivo «58RECIBEMEMORIAL_11001333501220130028(.pdf)», pg 92, 164, 208, 262, 293.
39
, Samai índice 49, archivo «58RECIBEMEMORIAL_11001333501220130028(.pdf)», pg 149.
40
Samai índice 49, archivo «58RECIBEMEMORIAL_11001333501220130028(.pdf)», pg. 305 a 307.
41
Samai índice 49, archivo «58RECIBEMEMORIAL_11001333501220130028(.pdf)», pg 286.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 25 de octubre de 2025, radicado 11001-03-25-000-
2020-00043-00 (0044-2020),C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

15

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

En ese sentido, está demostrado que, por medio de la sentencia del Veintitrés (23) de
Junio de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la sentencia de primer grado,
disponiéndose la reliquidación de la pensión del señor Luis Emilio Arroyave Ocampo
teniendo en cuenta el 75% del promedio de los factores salariales devengados durante
el último año de servicios; comprendido entre el Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil
Seis (2006) y el Veintiocho (28) de Octubre de Dos Mil Siete (2007), con inclusión como
factores salariales, además del sueldo básico, la bonificación por servicios prestados,
prima de servicios, navidad, vacaciones, subsidio de alimentación y auxilio de transporte
a partir del Nueve (9) de Julio de Dos Mil Siete (2007).

Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal expuso que, el señor Arroyave Ocampo,
era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, siendo su régimen
pensional el establecido en la Ley 33 de 1985; así mismo, estableció que, los factores a
tener en cuenta en la reliquidación son todos los devengados durante el último año de
prestación del servicio, esto es, entre el Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Seis
(2006) y el Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Siete (2007), por lo que, la UGPP
debió aplicar el porcentaje del 75% a lo que resultare de la suma de dichos factores.

Dentro de las consideraciones de la providencia aquí recurrida, el Tribunal hizo mención
a la sentencia de unificación del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010) proferida
por esta Corporación, precisando que, lo allí dispuesto era la tesis que operaba en la
jurisdicción contenciosa administrativa, la cual, resultaba aplicable al caso en estudio y,
por tanto, era acogida por la citada colegiatura.

Por su parte, la entidad aquí demandante solicita se infirme la aludida providencia del
Tribunal argumentando que, aquella es contraria a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU- 427
de 2016; SU-210 de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017; ante lo cual, depreca se
ordene la reliquidación pensional teniendo como ingreso base de liquidación (IBL) lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de
1994.

Ante ello, debe inicialmente precisarse que, conforme lo concluyó el Tribunal, con las
pruebas allegadas al proceso ordinario, se logró acreditar lo siguiente:

16

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

i) El señor Luis Emilio Arroyave Ocampo, nació el Cinco (5) de Septiembre de Mil
Novecientos Cincuenta (1950)43; por tanto, al Primero (1) de Abril de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, contaba con más de
40 años, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición allí consagrado.

Igualmente, se encuentra demostrado que (ii) adquirió el estatus jurídico de pensionado
el Cinco (5) de Septiembre de Dos Mil Cinco (2005)44; (iii) prestó sus servicios en el
Ministerio de la Protección Social desde el Ocho (8) de Junio de Mil Novecientos Setenta
y Nueve (1979) hasta el Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Siete (2007), ocupando
como último cargo el de auxiliar administrativo45; y (iv) los factores cuya inclusión fue
ordenada por el Tribunal no exceden la tesis expuesta en la sentencia de unificación
dictadas por esta Corporación el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010)46, puesto
que, ninguno de ellos corresponde a emolumento que no esté destinado a retribuir
directamente la prestación del servicio, ni este excluido o desprovisto expresamente por
alguna norma de carácter salarial; encontrando además que, aquellos fueron percibidos
durante su último año de prestación de servicios, de acuerdo con la certificación que obra
en el expediente47.

Analizado el caso, tenemos que, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido
por el Tribunal no constituye un incremento excesivo e injustificado de la mesada
pensional, por lo que no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como tampoco
que se haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley.

Es necesario señalar que, la sentencia materia de censura atendió la posición
jurisprudencial de esta Corporación que se encontraba en vigor al momento en que se
profirió, esto es, la establecida en la sentencia de unificación proferida el Cuatro (4) de
agosto de Dos Mil Diez (2010), según la cual, en esta clase de pensiones de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y que se les aplicara la Ley
33 de 1985, el IBL estaría conformado por todo lo devengado durante el último año de
servicios; al haberse aplicado dicho precedente, vigente para ese momento en la
jurisdicción contencioso administrativa, no se configura una trasgresión normativa directa,
ni es, por sí sola, contraria al régimen legal.

43
Cuaderno 1, folio 67 v.
44
Ver Resolución 36250 de 28 de julio de 2006 a folio 77 v.
45
Cuaderno 1, folio 93.
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09),
demandante: Luis Mario Velandia.
47
Cuaderno 1, folio 127.

17

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

Debe precisarse además que, tal como se dijo en precedencia, la forma de calcular el IBL
varió en esta jurisdicción a partir de la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)48; providencia que justamente aclaró que, en las
sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de ese pronunciamiento de
unificación jurisprudencial, en las que no se hubiere dado aplicación a la tesis expuesta
en sentencia SU-230 de 2015, no contravienen por ese solo hecho, las normas que rigen
el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, siempre que se fundamentara en la posición de unificación impuesta
por esta Corporación con fallo de Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010).

La sentencia objeto de reproche acogió justamente el citado fallo de unificación; por tanto,
su decisión se basó en un precedente jurisprudencial que resultaba aplicable al caso.
Además, el señor Luis Emilio Arroyave Ocampo era beneficiario del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional el establecido en la Ley 33 de 1985, que
fue la norma que aplicó el Tribunal de primera instancia.

Adicionalmente, debe indicarse que, la reliquidación pensional que se otorgó al
demandado producto de la sentencia objeto de reproche, no atenta contra el interés
general, ni constituye detrimento de los recursos estatales, como tampoco genera un
desequilibrio a la sostenibilidad fiscal del sistema pensional; lo anterior dado que, no es
una pensión excesiva ni desproporcionada, aquella se fundamentó en lo devengado por
su beneficiario durante el último año de servicios.

En consecuencia, se insiste, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal, no constituye un incremento excesivo e injustificado de la mesada pensional,
por lo que, no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como tampoco que se
haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley; aquella fue el resultado de
la aplicación de la jurisprudencia vigente para el momento en que se ordenó la
reliquidación.

Vistas así las cosas, se concluye, que no se configuraron en este asunto las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; por tanto, se
declarará infundada la presente acción.

48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

18

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

2.6 Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que no se evidencia que la demanda haya
sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil
Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B; a través de la cual, se confirmó la sentencia del Doce (12) de
Febrero de Dos Mil Quince (2015), emitida por el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. 11001-33-35-012-
2013-00287-00, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

19

Número Interno: 2894-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Luis Emilio Aarroyabe Ocampo y otro

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

20

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