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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00429-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00429-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la pretensión de nulidad de la expresión «la especialidad y jurisdicción» contenido en el inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. Segundo. Estarse a lo resuelto en la sentencia del 9 de septiembre de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección A dentro del proceso con radicado: 11001-03-25-000-2016-00260-00 (1475-2016) que negó la nulidad del inciso final del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312 del 16 de marzo de 2012, que corresponde a igual supuesto normativo contenido en el inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, conforme se explicó en la parte motiva de la presente providencia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA Firmado electrónicamente ESCOBAR Firmado electrónicamente 15 Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019) Demandante: Mateo Daza Atehortúa JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 16

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00429-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Simple
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00429-00 (3152-2019)
Demandante: Mateo Daza Atehortúa
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura1

Temas: Potestad del CSJ para reglamentar la carrera judicial en los
aspectos no previstos por el legislador. Traslado de servidor
judicial

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, procede a proferir la siguiente sentencia de única instancia en el
proceso de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1. Mateo Daza Atehortúa presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad en orden a que se anulara parcialmente el Acuerdo PCSJA17-10754 del
18 de septiembre de 2017, por el cual se compilan los reglamentos de traslados de
los servidores judiciales, específicamente, el inciso 5 del artículo 17.

1.1.1. El acto administrativo acusado

2. El tenor literal de la disposición administrativa acusada es el siguiente:

«ACUERDO PCSJA17-10754
Septiembre 18 de 2017

“Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y
se dictan otras disposiciones en la materia”

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en
los artículos 85 numerales 17, 22 y 24; 134 y 152 numeral 6 de la ley 270 de 1996,
modificada por la Ley 771 de 2002 y de conformidad con lo aprobado en la sesión
del 24 de agosto de 2017,

1 En lo sucesivo CSJ

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)
Demandante: Mateo Daza Atehortúa

ACUERDA:
(…)

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Término y Competencia para la solicitud de
traslado: Los servidores judiciales en carrera, deberán presentar por escrito, las
correspondientes solicitudes de traslado como servidor de carrera, salud y razones
del servicio, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, de
conformidad con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial o los Consejos Seccionales, según
corresponda, a través de la página web de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co, salvo lo dispuesto en el artículo vigesimotercero del
presente acuerdo que trata sobre la publicación de las vacantes en el mes de enero.

Las solicitudes de traslados recíprocos y de seguridad, podrán presentarse en
cualquier momento siempre que se alleguen todos los requisitos exigidos.

Las solicitudes de traslado presentadas por magistrados de tribunal, de salas
jurisdiccionales disciplinarias o comisiones seccionales de disciplina judicial y de
consejo seccionales con excepción de las de seguridad, deberán dirigirse y
presentarse ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial para el
respectivo trámite y concepto ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Cuando se trate de servidores judiciales cuyas sedes estén adscritas a un mismo
Consejo Seccional de la Judicatura, la solicitud de traslado como servidor de carrera,
de salud y recíprocos deberá allegarse en el mismo término referido en los artículos
anteriores, ante el consejo seccional, para el correspondiente concepto.

Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá
observarse para la expedición de concepto favorable de traslado, la
especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó en propiedad, salvo para
escribientes y citadores, quienes no estarán sujetos a dichas limitaciones»
(sic) [se resalta]

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales se señalaron los artículos 256 numeral 1, de la Constitución
política; 85 numeral 17 y 134 de la Ley 270 de 1996; y 1 de la Ley 771 de 2002.

4. En el concepto de violación el demandante alegó que el CSJ al expedir el
inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 desconoció las normas en las
que debía fundarse y excedió su facultad reglamentaria. En tal sentido, manifestó 2:

4.1. El CSJ tiene potestad reglamentaria para dictar normas necesarias para el
funcionamiento de la administración de justicia, pero no para regular aspectos
generales ni crear, modificar o derogar normas legales, pues ello es una facultad
exclusiva del legislador. En el caso concreto, desconoció la Constitución y la ley al
establecer 2 requisitos adicionales no previstos en la Ley 270 de 1996 para el
traslado de empleados judiciales de carrera, esto es la especialidad y la jurisdicción.

4.2. La Ley 270 de 1996 regula de manera taxativa los sujetos, requisitos, ámbito
y causales para dichos traslados. Sobre el particular el artículo 134 ejusdem
establece 3 condiciones para que, en determinado caso, el servidor pueda solicitar
el traslado, siempre y cuando entre el cargo que ocupa en propiedad y el cargo al

2 Índice 18 de Samai, expediente digital, archivo «ED_C01_01 DEMANDA Y ANEXOS(.pdf) NroActua

18»

2

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

cual aspira ser trasladado, además de encontrarse en vacancia definitiva, exista
afinidad de funciones, identidad de categoría, e identidad de requisitos.

4.3. Por consiguiente, el CSJ al establecer que además de los requisitos
establecidos en la ley para la expedición del concepto favorable de traslado se
deben observar la identidad de especialidad y de jurisdicción impuso unas
condiciones o limitaciones adicionales que no fueron previstas por el legislador, con
lo cual se configuraron los 2 cargos alegados.

1.2. Contestación a la demanda

5. El CSJ se opuso a la prosperidad de la demanda, con los siguientes
argumentos3:

5.1. El Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017 «[p]or el cual se
compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia», fue expedido en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, asignadas al CSJ por la Constitución en los artículos 256
y 257, y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en el artículo 85 para
adelantar y reglamentar las convocatorias a los concursos de méritos. En ese
sentido, el aparte demandado no es una modificación del artículo 134 de la ley
estatutaria, sino un desarrollo de su contenido.

5.2. Así pues, la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 le confieren al CSJ la
facultad exclusiva, directa y autónoma de dictar reglamentos para garantizar el
adecuado funcionamiento y organización de la administración de justicia 4. Esta
potestad, de regulación y reglamentación administrativa le permite desarrollar
aspectos no previstos por el legislador, siempre dentro de los límites
constitucionales y legales para hacer eficaz el funcionamiento de la administración
de justicia, la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la
regulación de los trámites judiciales y administrativos que se surtan en los
despachos judiciales.

5.3. En ese marco, se incluye la reglamentación de la carrera judicial dentro de
cuyo ámbito se encuentra el aspecto relativo al traslado de los servidores judiciales.
Regulación que corresponde a requisitos y procedimientos mínimos de organización
administrativa que recogen los principios y posiciones señaladas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-295 de 2002, en la que se estudió la exequibilidad
de la Ley 771 de 2002 y se determinó que ante las solicitudes de traslado para una
vacante definitiva, deberán existir elementos objetivos para la selección del servidor
que podrá ser beneficiado con el traslado, basados en las condiciones de ingreso a
la carrera judicial y en los resultados de las evaluaciones en el desempeño de la
función de cada uno de los solicitantes, de acuerdo con los mecanismos
establecidos en la Ley Estatutaria.

5.4. Propuso como «excepción de mérito» la «inexistencia de infracción de las
disposiciones en que debían fundarse, en tanto los actos administrativos demandados

3 Índice 13 de Samai.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 15 abril de 2004, numero interno 565-99, del

31 de marzo de 2016, Radicado: 110010325000201500010600 (0238-2015); del 6 de julio de 2015,
radicado: 1100103255000201301524 00 (3914-2013)

3

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

fueron expedidos de acuerdo al ordenamiento legal vigente».

1.3. Decisión sobre excepciones previas

6. A través del auto del 10 de noviembre de 2023 se estudió la excepción
propuesta por el CSJ denominada «inexistencia de infracción de las disposiciones en
que debían fundarse, en tanto los actos administrativos demandados fueron expedidos de
acuerdo al ordenamiento legal vigente» y se concluyó que esta no constituía un
verdadero medio exceptivo, comoquiera que su contenido no encuadraba dentro de
los eventos señalados en los artículos 100 del CGP y 175 del CPACA, en tanto, se
trataba de un argumento de fondo para defender la legalidad del acto administrativo
censurado, el cual debía ser estudiado en la sentencia5.

1.4. Trámite de Sentencia anticipada

7. Con auto del 20 de marzo de 2024 se impartió el trámite de sentencia
anticipada. Con esa finalidad, se pronunció sobre la incorporación de las pruebas
aportadas por las partes; se fijó el litigio; y corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para alegar de conclusión. El problema jurídico que habría de resolverse en
la sentencia de fondo se delimitó así: «¿si el Acuerdo PCSJA17-10754 del 8 de
septiembre de 2017 fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía
fundarse y con extralimitación de la facultad reglamentaria del CSJ?»6.

1.5. Alegatos de conclusión

8. En esta oportunidad7, el CSJ reiteró los planteamientos expuestos en la
contestación de la demanda, relativos a su competencia para expedir los
reglamentos necesarios que garanticen el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia, dentro de los cuales se incluye la regulación sobre el
traslado de servidores pertenecientes a la carrera judicial.

9. De igual forma, señaló que esta corporación ya había emitido
pronunciamiento previo sobre la materia8, en la que concluyó que no se había
excedido la potestad reglamentaria al supeditar el traslado a que los cargos de
origen y destino correspondieran a igual jurisdicción y especialidad. Tal conclusión
se adoptó al examinar el inciso 5 del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312 del 16 de
marzo de 2012, que modificó el Acuerdo PSAA10-6837 del 17 de marzo de 2010,
el cual, si bien constituyó un acto distinto al ahora demandado, contenía una
disposición idéntica y fue objeto de demanda bajo iguales argumentos.

10. Alegó que, si bien el acuerdo antes mencionado y el ahora demandado son
diferentes, reproducen la disposición acusada y, por lo tanto, es procedente declarar
la existencia de cosa juzgada, tal y como ocurrió en otra demanda en la que se
cuestionó la legalidad del inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 del
18 de septiembre de 2017 que replicó el inciso 5 del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-
9312 del 16 de marzo de 2012 y que fue objeto de estudio a través de la sentencia

5 Índice 19 de Samai.
6 Índice 24 de Samai.
7 Índice 29 de Samai.
8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado 11001-03-25-000-2016-00260-00 (1475-2016),
C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

del 9 de septiembre de 2021, en la que se determinó que «no obstante tratarse de
actos administrativos jurídicos distintos, el contenido de la norma es el mismo por lo que
comparten identidad en la materia reglamentada»9.

1.4. El Ministerio Público

11. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó se accediera a las pretensiones de la demanda en el entendido que
las expresiones «especialidad y jurisdicción» contenidas en el artículo 17 del Acuerdo
PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017 constituyen restricciones no
previstas por el artículo 134 de la Ley 270 de 1996. Lo anterior con fundamento en
que el traslado hace parte del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y
las exigencias de especialidad y jurisdicción limitan esa posibilidad a los empleados
a quienes deben aplicárseles los criterios de afinidad, funciones y categoría los
cuales puede cumplir con mayor facilidad.

12. Además, «afinidad no significa igualdad, sino aproximación a parecer, a
semejanza, a similitud, por ello al establecer como criterio de traslado la especialidad y la
jurisdicción se lleva la situación de traslado a la noción de igualdad (…) lo cual limita la
posibilidad de sortear situaciones de vida que aparezcan y den a quien la experimenta una
salida para solucionar su situación laboral siempre que haya condiciones para esos efectos
pues no puede llegarse a la afectación de otros derechos».

2. Consideraciones

2.1. Competencia

13. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de
especialidad, los artículos 1310, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201911 señalan que la
Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. El problema jurídico

14. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir
el trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los
sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor
precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver el
siguiente interrogante ¿el inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 del
18 de septiembre de 2017 fue expedido con desconocimiento de los artículos 256.1
y 257.3; 85, numeral 17 y 134 de la Ley 270 de 1996; y 1 de la Ley 771 de 2002 y
con extralimitación de la potestad reglamentaria del CSJ al incluir que para obtener
el concepto favorable de traslado para los cargos de los servidores judiciales se

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2019-00487-00 (3550-2019), C.P.
César Palomino Cortés
10 Reglamento interno del Consejo de Estado.
11 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

deben observar los criterios de especialidad y jurisdicción al cual se vinculó quien lo
solicita?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La potestad constitucional y legal del CSJ para administrar y
reglamentar la Carrera Judicial

15. El artículo 125 de la Constitución Política dispone que, a excepción de los
empleos de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales
y demás disposiciones legales, la regla general es que los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera. Esto supone que el ingreso, permanencia y
retiro de los cargos está enmarcado en el principio constitucional del mérito, según
el cual es determinante la idoneidad, capacidad y calidad de los sujetos, la cual debe
ser evaluada por criterios objetivo y en tanto cumplan con los requisitos y
condiciones que fije la ley.

16. En desarrollo de lo anterior, se crearon algunos sistemas especiales de
carrera, como es el caso de la Rama Judicial del poder público. Así, los artículos
256.1 y 257.3 constitucional le asignaron al CSJ las funciones de «administrar la
carrera judicial» y «dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de
la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas
asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos
que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el
legislador» [se resalta].

17. En desarrollo de los anteriores mandatos constitucionales, el legislador
expidió la Ley 270 de 199612 que en sus artículos 75, 85 y 174 establece:

«Artículo 85. Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura:
(…)
17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la
presente ley.
(…)
22. Reglamentar la carrera judicial.

(…)

Artículo 174. La Carrera Judicial será administrada por las Salas Administrativas de los
Consejos Superior o Seccionales de la Judicatura, con la participación de las
Corporaciones Judiciales y de los Jueces de la República en los términos de la presente
ley y los reglamentos».

18. En ese sentido, se tiene que la Constitución y la ley le otorgan al CSJ las
funciones de administrar y reglamentar la carrera judicial, esto es dictar los
reglamentos necesarios para que el ejercicio de administrar tal carrera, así como su
funcionamiento, sea eficaz y acorde con las normas constitucionales y con sujeción
a lo previsto por el legislador.

12 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

19. Esta competencia se enmarca en lo que la Corte Constitucional ha
denominado «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales»13. Sobre el
particular, en la sentencia C-805 de 200114 se señaló:

«El constituyente de 1991 introdujo respecto de ciertas materias y para
determinados órganos un sistema de reglamentación especial. Se trata de ámbitos
de regulación, que por expreso mandato de la Constitución se asignan a otros
órganos constitucionales, al margen de la potestad reglamentaria del Presidente.
Tal es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, órgano al cual, de acuerdo con
el artículo 257 de la Constitución, le corresponde, con sujeción a la ley ‘Dictar los
reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de
Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se
adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el
legislador’».

20. Asimismo, a través de la Sentencia C-384 de 200315, la Corte Constitucional
reiteró la anterior argumentación y señaló que la potestad reglamentaria, entendida
como la facultad de expedir normas administrativas de carácter general, orientadas
a regular la actividad de los particulares y a servir de fundamento para la actuación
de las autoridades públicas, le corresponde, de manera general y principal, al
presidente de la República.

21. No obstante, precisó que la Constitución establece de forma excepcional un
régimen especial de reglamentación para determinadas materias y órganos
constitucionales, independiente de la potestad reglamentaria atribuida al presidente
de la República, entre ellos, al Consejo Superior de la Judicatura16, la Junta Directiva
del Banco de la República17, el Consejo Nacional Electoral18 y la Contraloría General
de la República19. En similar sentido se pronunció en la sentencia C-307 de 200420:

«en materia de potestad reglamentaria existe una cláusula general de competencia en
cabeza del presidente de la República, pero la Constitución ha previsto, de manera
excepcional, facultades de reglamentación en otros órganos constitucionales.

Esas facultades especiales de reglamentación, ha dicho la Corte, encuentran su
fundamento en la autonomía constitucional que tienen ciertos órganos, y están
limitadas, materialmente, por el contenido de la función a cuyo desarrollo
autónomo atienden y, formalmente, por las previsiones que la Constitución haya
hecho sobre el particular.

Desde esta perspectiva formal, la potestad reglamentaria que constitucionalmente
tienen asignada ciertos órganos constitucionales se limita a aquellos ámbitos
expresamente mencionados en la Constitución, sin que por consiguiente, respecto

13 Así se refirió la Corte a esta competencia en la sentencia SU-539 de 2012.
14 Por medio de la cual se resolvieron las «Objeciones Presidenciales» al Proyecto de Ley N° 182/99

Senado y 004/00 Cámara «Por medio de la cual se dictan normas sobre el uso de los alcoholes
carburantes, se crean estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se establece
una contribución parafiscal y se dictan otras disposiciones».
15 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 598 de 2000, «por la cual se crean el Sistema de

Información para la Vigilancia de la contratación estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y
Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de
uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.».
16 Artículo 257, numeral 3 constitucional.
17 Artículo 371, inciso 2 de la Constitución.
18 Artículo 265, numeral 9 constitucional.
19 Artículo 268, numerales 1 y 12.
20 Revisión constitucional del Proyecto de Ley número 081/02 Senado y 228/03 Cámara «Por medio

de la cual se establece un mecanismo de inscripción y votación para garantizar el libre ejercicio de
este derecho en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Nacional».

7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)
Demandante: Mateo Daza Atehortúa

de determinadas materias sea posible afirmar la concurrencia de dos competencias
reglamentarias, la general propia del Presidente de la República y la especial, que sin
estar expresamente atribuida, se derivaría del carácter autónomo del órgano que la
ejerce. De acuerdo con la Constitución las competencias reglamentarias especiales son
aquellas expresamente conferidas por la Constitución y por fuera de ese ámbito, la
potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes corresponde al
presidente de la República» (sic) [se resalta]

22. En esa medida, la potestad reglamentaria de los órganos constitucionales,
dentro de la cual se encuentra la atribución constitucional asignada al CSJ de dictar
los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de
justicia, siempre que la ley no lo haya hecho, se trata de una «facultad normativa
directa»21, y que constituye una «potestad de regulación autónomamente conferida por
la Carta»22. Es decir, una atribución constitucional especial, que le permite a ciertos
órganos expedir reglamentos autónomos en forma directa y permanente.

23. En concordancia con lo anterior, en la Sentencia SU-539 de 2012 la Corte
determinó que las funciones del CSJ, particularmente aquella relativa a su facultad
de reglamentar la carrera judicial, ejercida con fundamento en la libertad de
configuración, debía atender a los siguientes «límites»:

«Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad
reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la
facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla
ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii)
la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales
asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las
atribuciones propias del legislador”23.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden
ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y
humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de
reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial,
siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador,
en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su actividad
en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama judicial de los
ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones laborales más propicias
para el desempeño de las funciones propias de cada cargo» (sic) [se resalta].

21 Sentencia C-350 de 1997 a través de la cual la Corte Constitucional resolvió una acción pública

de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (parcial), 2, 8, 10 (parcial), 11 (parcial), 13 (parcial), 16
(parcial), 20 (parcial), 21 (parcial), 25, 26, 28 (parcial) de la Ley 335 de 1996, «Por la cual se modifica
parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se
dictan otras disposiciones». Como obiter dicta precisó que «Por lo anterior, no es aceptable, en el
caso sub-examine, la tesis de la actora, en el sentido de que la función de la CNTV es una “función
desligada de la ley”, una función “constitucional normativa” que dicho organismo puede ejercer sin
que medie la actividad legislativa, como si lo es, por ejemplo, la facultad normativa directa de la cual
goza el Banco de la República, que le permite “...regular la moneda, los cambios internacionales y
el crédito”, según lo dispone el artículo 371 C.P.; o la función que el Constituyente le otorgó al Consejo
Superior de la Judicatura a través del artículo 257-3 superior, para que, cuando no lo haya hecho el
legislador, éste pueda “...dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la
administración de justicia, lo relacionado con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales, en los aspectos no previstos por el
legislador».
22 Sentencia C-917 de 2002
23 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de

ley número 58 de 1994 (Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la
Administración de Justicia.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)
Demandante: Mateo Daza Atehortúa

24. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado que la Constitución Política
establece un sistema especial de carrera para el acceso a los empleos de la Rama
Judicial, fundado en el principio constitucional del mérito y administrado por el CSJ. No
obstante, la Ley 270 de 1996 previó un conjunto de disposiciones que regulan el
funcionamiento general del sistema de carrera, a su vez, en ejercicio de la potestad
reglamentaria asignada al órgano encargado de su administración, este puede «expedir
las normas que hicieren ejecutable y material el sentido de las leyes»24.

25. Del anterior recuento normativo y jurisprudencial es incuestionable que la
Constitución Política atribuye al CSJ la potestad de administrar y reglamentar la
carrera judicial, en virtud de lo cual, goza de competencia para dictar de forma
autónoma, directa y permanente los reglamentos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la administración judicial, en los aspectos no previstos por el
legislador y para lo cual encuentra sus límites en la constitución y en la ley25.

2.4. Análisis de legalidad del inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 201726 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura

26. De acuerdo con lo expuesto en la demanda, Mateo Daza Atehortúa afirmó
que el aparte demandado fue expedido con infracción de las normas en que debía
fundarse y en exceso de la facultad reglamentaria conferida al CSJ. Lo anterior, por
cuanto la mencionada entidad incluyó requisitos adicionales a los previstos por el
legislador para resolver las solicitudes de traslado de empleados vinculados en
propiedad, en la medida en que el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 no condiciona
la movilidad de los cargos a que pertenezcan a igual especialidad y jurisdicción.

27. Por su parte, el CSJ señaló que tiene la potestad constitucional y legal para
reglamentar la carrera judicial, dentro de lo que se encuentra los traslados de
servidores judiciales, respecto de los cuales podía establecer los requisitos y
procedimientos basados en el principio de mérito y en criterios objetivos, tales como
la especialidad y la jurisdicción, conforme con los límites fijados por la Constitución,
la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

28. Sea lo primero señalar que la entidad demandada, al descorrer el término
para presentar alegatos de conclusión, solicitó que en el sub judice la Sala tuviese
en consideración que esta Corporación con anterioridad se había pronunciado en
un asunto con contornos jurídicos similares al ahora analizado, en el que se estudió
la legalidad del inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010,
modificado por el inciso final del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312 de 2012, que
reguló el traslado de los servidores judiciales27 y se negó la pretensión de nulidad.

29. En aquella ocasión, se concluyó que el traslado de servidores judiciales en
propiedad era viable en la medida en que se observara coincidencia en la

24 Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 22 de mayo de 2025, radicado 11001-03-25-000-

2023-00263-00 (3240-2023)
25 En igual sentido, Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de

noviembre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2014-01159-00 (3677-2014), C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
26 «Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras

disposiciones en la materia»
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2021,

radicado: 11001-03-25-000-2016-00260-00(1475-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)
Demandante: Mateo Daza Atehortúa

jurisdicción y en la especialidad entre el cargo de origen y el de destino, en
cumplimiento del principio del mérito y de la afinidad funcional prevista por la Ley
270 de 1996.

30. Para tal efecto, se señaló que, según la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional28, el traslado debe cumplir condiciones como la afinidad
de funciones, la igualdad de categoría entre los empleos e identidad de requisitos
para acceder a los cargos, y que dicha afinidad incluye la coincidencia de
jurisdicción y especialidad. Esto, por cuanto con ello se obedecía al principio del
mérito, rector de la carrera judicial, para garantizar la idoneidad, eficiencia y
continuidad en la prestación del servicio.

31. Asimismo, en tanto la distribución de competencias entre jurisdicciones y
especialidades respondía a razones de eficiencia, seguridad jurídica y adecuada
administración de justicia, el cambio de especialidad solo procedía
excepcionalmente; por ejemplo, cuando un juez que, en principio, no pertenece a
una especialidad puede conocer de determinados asuntos especiales, como ocurre
con los jueces civiles del circuito29 que tienen asignadas competencias en materia
laboral en los lugares donde no funcionan jueces laborales del circuito, o en los
casos en que el CSJ transforma y fusiona despachos judiciales sin atender a la
especialidad, con fundamento en los artículos 9030 y 9131 de la Ley 270 de 1996.
Por lo anterior, era viable condicionar el traslado a que el cargo de origen y el de
destino respondieran a los criterios de jurisdicción y especialidad.

32. Por otra parte, la figura de cosa juzgada es una institución jurídica que le
impide al juez pronunciarse sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente
al objeto del litigio planteado se ha proferido previamente una decisión judicial, la
cual, además tiene como efectos procesales la «inmutabilidad y definitividad de la
decisión» y como efectos sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto
de litigio»32.

33. Esto es, se trata de una institución jurídico-procesal «mediante la cual se otorga
a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter
de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre

28 Sentencia T-302 de 2019.
29 C-828 de 2002.
30 Artículo 90. Redistribución de los despachos judiciales. La redistribución de despachos judiciales

puede ser territorial o funcional, y en una sola operación pueden concurrir las dos modalidades.
[…]
En ejercicio de la redistribución funcional, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura puede disponer que los despachos de uno o varios magistrados de tribunal, o de uno o
varios juzgados se transformen, conservando su categoría, a una especialidad distinta de aquella en
la que venían operando dentro de la respectiva jurisdicción.
[…].
31 Artículo 91. Creación, fusión y supresión de despachos judiciales. […].

La fusión se hará conforme a las siguientes reglas:
1. Sólo podrán fusionarse Tribunales, Salas o Juzgados de una misma Jurisdicción.
2. Los despachos que se fusionen deben pertenecer a una misma categoría.
3. Pueden fusionarse tribunales, Salas y Juzgados de la misma o de distinta especialidad.
[…].
32 Sentencia C-100 de 2019.

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

determinación y, en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es
decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio»33.

34. En el ordenamiento jurídico colombiano, esta figura jurídica se encuentra
prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «la
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes». Asimismo, el
inciso 1 del artículo 189 del CPACA precisa «[l]a sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con
la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en
ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación
con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen».

35. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes.

36. En ese punto, es preciso señalar que la jurisprudencia del Consejo de
Estado34 ha considerado que en demandas de nulidad este último requisito no
resulta exigible al tratarse de un medio de control de simple nulidad que, dado su
carácter público, puede ser interpuesto por cualquier persona, pues su finalidad
responde al interés general. En esa medida, en lo que atañe a la cosa juzgada, no
es necesario que se presente identidad de partes.

37. Ahora bien, esta Corporación35 se pronunció en un asunto de contornos
similares al ahora analizados en el que se demandó la nulidad del inciso 5 del
Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017 (acto igualmente
demandado en este asunto), pero en lo relativo a la expresión «salvo para escribientes
y citadores, quienes no estarán sujetos a dichas limitaciones». En esa ocasión se declaró
la cosa juzgada del aparte normativo examinado, en tanto que en la sentencia del 9
de septiembre de 2021 (antes referenciada) se había negado la pretensión de
nulidad formulada en contra del inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PSAA10-6837
del 17 de marzo de 201036 y del inciso final del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312

33 Sentencia C-774 de 2001
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, radicado

11001-03-26-000-2008-00108-00(36220), C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2019, radicado 11001-03-25-000-2010-00060-00(0520-
10), C.P. William Hernández Gómez, entre otras.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2019-00487-00 (3550-2019), C.P.
César Palomino Cortés.
36 «ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. – Término y Competencia para la solicitud de traslado:

(…)
Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá observarse para
la emisión de concepto favorable de traslado, la especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó
en propiedad» (sic) [se resalta]

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

del 16 de marzo de 201237, y que fue reproducida en el inciso 5 del Acuerdo
PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017.

38. Para tal efecto, señaló con relación a la identidad de objeto «que la cosa
juzgada respecto de todo precepto cuyo sentido o contenido sustancial sea idéntico al que
propició un pronunciamiento judicial previo, sin importar de que se trate de normas
diferentes, pues lo fundamental es que compartan identidad en la materia regulada o
reglamentada desde el punto de vista de su contexto y no solamente desde su redacción,
como ocurre en el presente caso38» (sic). En otras palabras, que, aunque el estudio
trataba sobre actos administrativos distintos, el contenido de la disposición era la
misma y, por lo tanto, compartían identidad en la materia reglamentada.

39. Fue así como en la sentencia se manifestó que, aunque en esa oportunidad
la demanda se limitó a la solicitud de nulidad al aparte resaltado «[t]ratándose de
solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá observarse para la expedición
de concepto favorable de traslado, la especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó en
propiedad, salvo para escribientes y citadores, quienes no estarán sujetos a dichas
limitaciones», en la sentencia del 9 de septiembre de 2021 se había demandado la
integridad del inciso final del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312 del 16 de marzo
de 2012, razón por la que era posible admitir que se cumplía la exigencia de la
identidad de objeto. Igual ocurre en esta oportunidad, salvo porque en el presente
asunto la controversia gira en torno a la expresión «la especialidad y jurisdicción».

40. Señalado lo anterior, se observa en términos generales que el argumento del
demandante sobre el particular en el proceso fallado en la sentencia del 9 de
septiembre de 2021 fue que el CSJ había creado requisitos distintos a los que el
legislador había establecido para que operara la figura del traslado por razones de
salud, ya que el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 no exigía que los cargos objeto
de movilidad pertenecieran a igual jurisdicción y especialidad.

41. Por su parte, los argumentos expuestos en la sentencia del 9 de septiembre
de 202139 con fundamento en los cuales negó las súplicas de la demanda fueron
que:

«De acuerdo con la anterior disposición, en concordancia con el artículo 132 de la
Ley 270 de 1996, los cargos en la Rama Judicial se proveen de tres formas, a
saber: a) en propiedad; b) en provisionalidad; y c) en encargo. En lo que atañe al
presente estudio, es oportuno hacer referencia a la primera de las citadas
modalidades, la cual está prevista para los empleos en vacancia definitiva, «en

37 «ARTÍCULO 3°.- Modificar el artículo 17º del Acuerdo del Acuerdo 6837 de 2010, el cual quedará

así: “ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-. – Término y Competencia para la solicitud de traslado:
(…)
Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá observarse para
la emisión de concepto favorable de traslado, la especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó
en propiedad, salvo para escribientes y citadores para quienes sólo se tendrá en cuenta que
se trate de la misma jurisdicción.”» (sic) [se resalta]
38 En torno a la cosa juzgada formal y material pueden consultarse las siguientes providencias del

Consejo de Estado: i) Sección Primera, sentencia del 26 de noviembre de 2020, radicado: 11001-
03-24-000-2009-00635-00; ii) Sección Segunda, Subsección B, auto del 29 de agosto de 2019,
radicado: 11001-03-25-000-2012-00576-00 (2165-12); iii) Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 22 de febrero de 2017, radicado: 11001-03-26-000-2008-00039-00 (35361) y 11001-03-26-000-
2009-00046-00 (36841) Acumulados.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

Sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado 11001-03-25-000-2016-00260-00 (1475-2016),
C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo
es de Carrera, o se trate de traslado».

A su vez, para proceder al traslado de un servidor que ocupa un cargo en
propiedad, se exigen los siguientes requisitos: i) afinidad de funciones entre los
cargos de origen y destino del traslado; ii) igualdad de categoría entre los empleos;
y iii) identidad de requisitos para acceder a los cargos.

(…)
Bajo este contexto, cuando el legislador exige «funciones afines» entre los
cargos objeto del traslado ello también comprende los criterios de
jurisdicción o especialidad. Al respecto, es preciso tener en cuenta que el
traslado es una forma de provisión del empleo público en propiedad y, por
lo tanto, debe sujetarse a altos estándares de eficiencia y respeto del
principio del mérito como rector de la carrera judicial para el ingreso, la
permanencia y la promoción en el servicio.

(…)
En tal sentido, esta corporación ha sostenido que la identidad funcional
entre los cargos también implica que estos se ejerzan «dentro de una misma
área del conocimiento o área temática y coinciden en el grado de
complejidad y responsabilidad».40

(…)
Igualmente, es preciso tener en cuenta que las funciones de los despachos
judiciales están determinadas por las normas procesales expedidas por el
legislador en las que se definen las reglas de jurisdicción y competencia, para que
los asuntos se distribuyan de acuerdo con las diferentes áreas del derecho, «en
razón de la especificidad o particularidad de la materia»,41 dependiendo la
naturaleza de los litigios o, inclusive, la calidad de los sujetos procesales, pues las
causas revisten características diferentes desde la forma en que se tramitan hasta
la decisión de fondo que deba adoptarse.

(…)

El desenvolvimiento de dichas jurisdicciones ha sido regulado en el Código
General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal del
Trabajo y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el Código de Comercio, entre otras normas.

En dicho marco normativo, se evidencia el interés del legislador de acoger
los criterios de jurisdicción y especialidad para asignar el conocimiento de
los diferentes asuntos que se ventilan en sede judicial dependiendo del área
del derecho que rija la materia, (…)

La anterior distribución en diferentes jueces para el conocimiento de las
múltiples causas que se tramitan en sede judicial es consonante con la
interpretación elaborada por la doctrina42 y la jurisprudencia en relación con
los conceptos de jurisdicción y competencia.

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2007,
radicado: 660012331000200200448 01 (7844-2005).
41 Sentencia C-392 de 2000.
42 «En consecuencia, ante la imposibilidad de que las autoridades judiciales puedan conocer

indistintamente de toda clase de conflictos, dada su múltiple variedad, el ejercicio de la potestad
jurisdiccional del Estado ha tenido que ser sistematizado por la ley, atribuyéndole a los diferentes
jueces y tribunales el conocimiento de determinados asuntos, toda vez que aun cuando dicha
potestad, en sí misma y en abstracto, es única e idéntica, lo cierto es que no todo órgano investido
de ella puede hacerla actuar indiferentemente respecto de cualquier acto o litigio, ni donde quiera
que fuere. La alta función de administrar justicia que la República ejerce por intermedio del poder
judicial debe distribuirse, pues, por las leyes de procedimiento que, con tal propósito, fijan las reglas
de competencia atendiendo a razones de interés público o privado, a motivos de economía funcional,
a presunciones de mayor o menor capacidad técnica o aptitud personal para afrontar el proceso, a
necesidades de orden o comodidad de prueba o a criterios de garantía que faciliten la defensa en

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Demandante: Mateo Daza Atehortúa

De acuerdo con la anterior directriz jurisprudencial, se concluye que la
distribución de competencias en las diferentes jurisdicciones y
especialidades no son caprichosas, sino que obedecen a razones de
eficiencia y atienden el interés de los asociados que deben acudir a la
administración de justicia para dirimir sus conflictos, los cuales revisten
variadas naturalezas. Además, dicha medida permite la racionalización del
trabajo en la rama judicial,43 por ende, es legítima e idónea para alcanzar
altos objetivos constitucionales en lo que respecta al acceso a la
administración de justicia y la efectividad de los derechos.
(…)

Las anteriores conclusiones son consonantes con el criterio de especialidad que
ha adoptado el Consejo Superior de la Judicatura para diseñar los concursos de
méritos. Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido que se trata de una
estructuración acorde con la misión de la Rama Judicial y garante del principio del
mérito para el acceso, permanencia y promoción en el empleo público, lo cual
redunda en la adecuada prestación del servicio y la capacitación de los
funcionarios.

(…)
Así las cosas, la Sala considera que el Consejo Superior de la Judicatura no
excedió su potestad reglamentaria al condicionar el traslado a que el cargo
de origen y destino respondan a criterios de jurisdicción y especialidad,
pues ello también hace parte de la afinidad funcional que exige el artículo
134 de la Ley 270 de 1996 para aplicar dicha figura» [se resalta]

42. Según lo transcrito, no se advirtió la causal de exceso de la potestad
reglamentaria del CSJ por el hecho de condicionar el traslado a que el cargo de
origen y destino respondiera a criterios de jurisdicción y especialidad al estar
contenidos como criterios objetivos de la afinidad funcional que exige el artículo 134
de la Ley 270 de 1996, con excepción de los escribientes y citadores, por cuanto la
identidad funcional entre los cargos también implicaba que estos se ejercieran
«dentro de una misma área del conocimiento o área temática y coinciden en el grado
de complejidad y responsabilidad».

43. En esa medida, en el fallo que constituye cosa juzgada, el Consejo de Estado
analizó de manera expresa los criterios de especialidad y jurisdicción como
requisitos previos para emitir concepto favorable en las solicitudes de traslado de
empleados en carrera judicial, salvo en el caso de escribientes y citadores, por lo
que no quedó asunto pendiente de resolución. Aunado a ello, en la demanda objeto
del presente pronunciamiento se alegó igual reproche al estudiado en aquella
ocasión y que fue resuelto en forma desfavorable.

44. Valga aclarar que, si bien en el proceso anterior al ahora examinado el
análisis se orientó a la solicitud de traslado por causas asociadas a la salud, el
estudio principal se centró en la disposición general que incidía en el caso específico
de los traslados por salud. No obstante, tal supuesto también fue considerado, pero
no revestía relevancia para el sub judice.

45. Si bien es cierto en el proceso anterior el demandante invocó como normas
violadas los artículos 6, 11, 25, 53, 122, 125, 150, 153, 157 y 241 de la Constitución
Política; 85, 134 y 156 de la Ley 270 de 1996 y, en el presente asunto, el actor

juicio». Derecho Procesal Civil, Parte General, Alfonso Rivera Martínez, editorial Leyer, décima
tercera edición, página 118.
43 Sentencia C-879 de 2003.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)
Demandante: Mateo Daza Atehortúa

invocó como vulnerados los artículos 256.1, de la Constitución política; 85.17 y 134
de la Ley 270 de 1996; y 1 de la Ley 771 de 2002, también lo es que en el proceso
que culminó con el fallo del 9 de septiembre de 2021 se estudió la potestad
reglamentaria del CSJ fundada en los artículos alegados como violados en este
proceso y concluyó que aquella no había excedido su facultad, por lo que el acto
acusado tampoco desconoció las normas en las que debían fundarse pues contrario
a ello fue expedido en cumplimiento de ellas.

46. De ahí que se pueda inferir que existe identidad de objeto y causa entre el
proceso que ocupa la presente atención como en el que culminó con la sentencia
del 9 de septiembre de 2021. En ese orden de ideas, como en la sentencia del 9 de
septiembre de 2021 se negó la nulidad del inciso final del artículo 3 del Acuerdo
PSAA12-9312 del 16 de marzo de 2012, expedido por el CSJ, existe cosa juzgada
con efectos erga omnes, frente a la causa petendi de dicho proceso, esto es, en lo
que concierne a los cargos descritos anteriormente y sobre los cuales versa la
discusión planteada por el demandante en cuanto a la solicitud de nulidad por las
causales de desconocimiento de las normas en las que debían fundarse el acto
acusado y exceso de la potestad reglamentaria del CSJ, por lo que en esta
oportunidad la Sala se estará a lo resuelto en el fallo en mención.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la
pretensión de nulidad de la expresión «la especialidad y jurisdicción» contenido en
el inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de
2017, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo. Estarse a lo resuelto en la sentencia del 9 de septiembre de 2021,
proferida por la Sección Segunda, Subsección A dentro del proceso con radicado:
11001-03-25-000-2016-00260-00 (1475-2016) que negó la nulidad del inciso final
del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312 del 16 de marzo de 2012, que corresponde
a igual supuesto normativo contenido en el inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo
PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, conforme se explicó en la parte
motiva de la presente providencia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA
Firmado electrónicamente ESCOBAR
Firmado electrónicamente

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)
Demandante: Mateo Daza Atehortúa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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