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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00538-00

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00538-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la nulidad parcial del numeral 8 de la Resolución 3559 del 28 de agosto de 2018,27 «Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 2, 3 y 5 de la Resolución número 2388 de 2016 modificada por las Resoluciones números 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017», suscrita por el Ministerio de Salud y Protección Social, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Específicamente, se anulan los siguientes apartes del numeral acusado: Para el uso de este subtipo de cotizante, el operador de información debe validar que el cotizante se encuentre relacionado en el archivo “Reporte de Información de Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión” dispuesto por este Ministerio en el FTP seguro de cada operador de información”. 27 Modificatorio de la Resolución 2388 de 2016 en el numeral 2.1.2.3.2 “Campo 6 – Subtipo de Cotizante” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” modificar las aclaraciones de los subtipos de cotizantes “1. Dependiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo”, “2. Independiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo”, “3. Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad”, “4. Cotizante con requisitos cumplidos para pensión”, “5. Cotizante a quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos” y “9. Cotizante pensionado con mesada igual o superior a 25 smlmv”. 23 Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019) Demandante: Jorge David Ávila López Información que debe ser enviada mensualmente por parte de las entidades Administradoras y Pagadoras de pensiones en la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) de este Ministerio, a más tardar el día 24 de cada mes, con la estructura que se encuentra publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos (PUB205PTSP). Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00538-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López
Demandado: Nación, Ministerio de Salud y Protección Social

Temas: Extinción de la obligación de aportar al sistema general
de pensiones – Afiliados con derecho a pensión

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por el señor Jorge David Ávila López contra la Nación, Ministerio de
Salud y Protección Social.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,2 el señor Jorge David Ávila López, actuando en nombre propio, solicitó

declarar la nulidad parcial de la Resolución 3559 del 28 de agosto de 2018, «Por la
cual se modifican los Anexos Técnicos 2, 3 y 5 de la Resolución número 2388 de

1
Folios 56 a 62.
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

2016 modificada por las Resoluciones números 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de
2017», suscrita por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cuanto estableció
que los afiliados con requisitos para acceder a la pensión de vejez, que quisieran
cesar sus cotizaciones a ese sistema, debían encontrarse en el archivo «Reporte
de Información de Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

El demandante sostuvo que la disposición acusada violó los artículos 1, 2, 4, 48 y
121 de la Constitución Política; 137, 149, 162, 230 y 231 del CPACA; y 17 de la Ley
100 de 1993.

Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

i) El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 dispuso que la obligación de cotizar al sistema
de seguridad social en pensiones cesa cuando el afiliado cumple los requisitos para
acceder a la pensión mínima de vejez. Igualmente, aquel conserva la posibilidad de
seguir trabajando sin que se le hagan descuentos con destino a pensión,
precisamente porque ya tiene consolidado ese derecho.

ii) La Resolución 3559 de 2018 instituyó un requerimiento adicional para el retiro del
referido sistema, pues impuso al operador de información el deber de validar que el
cotizante se encuentre relacionado en el archivo «Reporte de Información de
Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión».

iii) El acto enjuiciado excedió la potestad reglamentaria y carece de respaldo
constitucional y legal, ya que el ordenamiento superior solamente sujetó la
desafiliación al cumplimiento de los supuestos para acceder a la pensión mínima de
vejez, por lo que no era válido imponer un condicionamiento en el sentido de estar
tramitando el reconocimiento del derecho ante el fondo de pensiones.

iv) También se quebrantó el artículo 48 de la Constitución Política, por cuanto «[l]os

2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión
de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo
alguno para apartarse de lo allí establecido».

1.2. Contestación de la demanda

El Ministerio de Salud y Protección Social, por intermedio de apoderado, contestó
la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en
los siguientes razonamientos:3

i) La entidad demandada expidió la Resolución 3559 de 2018 dentro del marco de
sus competencias legales, teniendo en cuenta que los artículos 15 de la Ley 797 de
2003, modificado por la Ley 1911 de 2018; 23 del Decreto Ley 4107 de 2011; y 1
del Decreto 1465 de 2005, modificado por el Decreto 1931 de 2006, establecieron
que el recaudo de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, debería hacerse a través de la

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, que sería adoptada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante una resolución.

ii) Al tenor de las citadas disposiciones, el ministerio constituyó la PILA como una
ventanilla virtual que permite la autoliquidación y pago integrado de aportes al
sistema de seguridad social, cuya estructura se encuentra regulada por la
Resolución 2388 de 2016 y posteriores que la han ido modificando. 4

iii) El artículo 17 de la Ley 100 de 1993, reformado por el artículo 4 de la Ley 797 de
2003, establece que la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado
reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez.

3
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
4
Resoluciones 5858 de 2016; 980, 1608 y 3016 de 2017; 3559 de 2018; 736, 1740 y 2514 de 2019, 454, 686,
1438, 1844 y 2421 de 2020 y 014 de 2021.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

iv) Con el fin de operativizar la anterior disposición se expidió el acto acusado, para
lo cual se hicieron mesas de trabajo con la UGPP5 y se evidenció la existencia de
aportantes que presuntamente evadían su obligación de cotizar al sistema general
de pensiones a través de la utilización del «subtipo de cotizante 4», esto es, quien
había cumplido requisitos para la pensión mínima de vejez.

v) En aras de evitar dicha práctica, se consideró necesario realizar validaciones para
el uso del «subtipo de cotizante 4» y ordenar al operador de información constatar
que el cotizante se encuentre relacionado en el archivo «Reporte de Información de
Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión», dispuesto por el
ministerio.

vi) Dicha refrendación no puede entenderse como un requisito adicional al cotizante
que ha cumplido los requisitos para la pensión de vejez, pues su único objetivo es
acatar el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, «en el sentido de que solamente quienes
hayan cumplido los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez,
puedan cotizar a los demás sistemas sin cotizar a pensiones».

vii) Esta verificación solo puede hacerse con la información que reporten las
administradoras de pensiones, pues el artículo 38 del Decreto 692 de 19946
determinó que son las responsables de conservar la historia laboral de los afiliados
y comprobar si cumplen con las semanas y la edad o el capital suficiente para
acceder a la prestación, según se trate de régimen de prima media con prestación
definida o el de ahorro individual con solidaridad.

viii) Tampoco se quebrantó el artículo 48 de la Constitución Política, ya que este
alude a la modificación de los requisitos para acceder a pensión, pero el acto
enjuiciado no introdujo nuevas exigencias para ello; por lo tanto, el actor interpretó
erróneamente la resolución enjuiciada.

5
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales.
6
Compilado en el artículo 2.2.3.1.24 del Decreto 1833 de 2016.

4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

ix) El artículo 6 de la Resolución 1740 del 28 de junio de 2019 suprimió la validación
en comento, a partir del 1 de julio de 2019, por lo que la norma acusada no se
encuentra produciendo efectos.

1.3. Alegatos de conclusión

La partes guardaron silencio en esta etapa.7

1.4. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 8

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

Es oportuno indicar que la disposición normativa acusada fue modificada por el
artículo 1, numeral 7, de la Resolución 1740 del 28 de junio de 2019, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social, de la siguiente manera:

7. En el numeral 2.1.2.3.2 “Campo 6 – Subtipo de cotizante” del Capítulo 1 “Archivos
de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” modificar
las aclaraciones de los subtipos de cotizante “4. Cotizante con requisitos cumplidos
para pensión” y “6. Cotizante perteneciente a un régimen exceptuado de pensiones o
a entidades autorizadas para recibir aportes exclusivamente de un grupo de sus
propios trabajadores”, así:
[…]

4. Cotizante con requisitos cumplidos para pensión o para indemnización
sustitutiva o devolución de saldos: Solo puede ser utilizada cuando el cotizante
cumpla los requisitos mínimos para el reconocimiento de la pensión de vejez de
conformidad con la normatividad vigente o cuando cumplan con los requisitos para la
indemnización sustitutiva o devolución de saldos en los términos de los artículos 37 y
66 de la Ley 100 de 1993.
[…]

7
Según constancia secretarial obrante en el folio 72.
8
Según constancia secretarial obrante en el folio 72.

5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

Adicionalmente, el artículo 6 ibidem dispuso lo siguiente:

Artículo 6. Vigencias. La presente resolución rige a partir de su publicación, surte
efectos a partir del 1° de octubre de 2019, salvo el numeral 7 del artículo 1 de esta
resolución en relación con la modificación a las aclaraciones al subtipo de cotizante
“4. Cotizante con requisitos cumplidos para para (sic) pensión” que entrará a regir a
partir del 1 de julio de 2019.

En este orden de ideas, la Resolución 1740 de 2019, eliminó el requisito previsto
para la utilización del «subtipo de cotizante 4», concerniente a que el afiliado
estuviera relacionado en el archivo de «Reporte de Información de Personas que
están en Trámite de Solicitud de Pensión», conforme lo establecía la Resolución
3559 de 2018, y sobre el cual recae el reproche de legalidad del accionante.

En ese escenario, la Sala considera que el texto literal y el contenido material de la
disposición acusada no se encuentran vigente a partir del 1 de julio de 2019, puesto
que la Resolución 1740 de 2019 precisó que la modificación realizada entraría a
regir a partir de la mencionada fecha.

A pesar de que la resolución parcialmente acusada perdió fuerza ejecutoria, en los
términos del artículo 91, numeral 5, del CPACA, es importante resaltar que ello no
impide estudiar su legalidad, pues el medio de control de nulidad no está
condicionado a la vigencia del acto, sino que su finalidad consiste en verificar la
legalidad objetiva en aras de mantener el imperio del orden jurídico.

En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o subrogación de
un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro, situación
que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad, pues ello
«comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació
o no válido a la vida jurídica».9

9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001-03-26-
000-2016-00017-00 (56307). En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia del 14
de enero de 1991, expediente No. S-157, sostuvo:

6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

2.2. El problema jurídico

Consiste en establecer si la Resolución 3559 del 28 de agosto de 2018, vulnera el
ordenamiento jurídico superior en cuanto estableció que los afiliados con requisitos
para acceder a la pensión de vejez, que quisieran cesar sus cotizaciones a ese
sistema, debían encontrarse en el archivo «Reporte de Información de Personas
que están en Trámite de Solicitud de Pensión».

2.3. Contenido de la norma acusada

RESOLUCIÓN NÚMERO 00003559 DE 2018
(agosto 28)

por la cual se modifican los Anexos Técnicos 2, 3 y 5 de la Resolución número 2388
de 2016 modificada por las Resoluciones números 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016
de 2017
[…]
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar los Anexos Técnicos 2, 3 y 5 contentivos de las especificaciones
y estructura de los archivos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)
que forman parte de la Resolución número 2388 de 2016 modificados por la
Resolución 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, así:
[…]
8. En el numeral 2.1.2.3.2 “Campo 6 – Subtipo de Cotizante” del Capítulo 1 “Archivos
de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” modificar
las aclaraciones de los subtipos de cotizantes “1. Dependiente pensionado por vejez,
jubilación o invalidez activo”, “2. Independiente pensionado por vejez, jubilación o
invalidez activo”, “3. Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad”, “4.
Cotizante con requisitos cumplidos para pensión”, “5. Cotizante a quien se le ha

Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por
la segunda de ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma,
como ocurriría si se mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los
eventos en que la misma administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal.
Pues, contrario a lo que se había afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per
se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión.
Porque resulta que un acto administrativo, aún si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de
legalidad que le protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde
se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la
decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello, además, se ve confirmado por los efectos
que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la
vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal
razón el imperio de la legalidad.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos” y “9. Cotizante
pensionado con mesada igual o superior a 25 smlmv”.
[…]
4. Cotizante con requisitos cumplidos para pensión: Solo puede ser utilizado cuando
la persona que está cotizando cumpla con los requisitos mínimos para el
reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con la normatividad vigente.

Para el uso de este subtipo de cotizante, el operador de información debe
validar que el cotizante se encuentre relacionado en el archivo “Reporte de
Información de Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión”
dispuesto por este Ministerio en el FTP seguro de cada operador de
información”.

Información que debe ser enviada mensualmente por parte de las entidades
Administradoras y Pagadoras de pensiones en la Plataforma de Intercambio de
Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social
(SISPRO) de este Ministerio, a más tardar el día 24 de cada mes, con la estructura
que se encuentra publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos
técnicos (PUB205PTSP). [Se resaltan los apartes demandados].

2.4. Marco normativo

El artículo 48 de la Constitución Política instituyó la seguridad social como un
derecho y un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección,
coordinación y control del Estado. Además, se sujeta a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad.

En consonancia con la referida disposición, la Ley 100 de 1993 creó el sistema de
seguridad social integral, el cual comprende las obligaciones del Estado y la
sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios. Dentro
de este se encuentra el sistema general de pensiones, que contine las prestaciones
derivadas de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, así como los requisitos
para acceder a ellas.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por las Leyes 797 de
2003 y 2106 de 2019, reguló la obligatoriedad de las cotizaciones al sistema de
seguridad social en pensiones de la siguiente manera:

8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

Artículo 17. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación
laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones
obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por
prestación de servicios que aquellos devenguen.

La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para
acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez
o anticipadamente.

Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el
afiliado o el empleador en los dos regímenes.
[…].

De acuerdo con la anterior disposición, los afiliados, empleadores y contratistas
dejan de estar obligados a cotizar a los regímenes del sistema general de pensiones
cuando se presente alguno de los siguientes eventos:

i) El afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez.
ii) El afiliado se pensione por invalidez.
iii) El afiliado se pensione anticipadamente.

En lo que respecta al sub lite, se destaca la posibilidad que tienen los ciudadanos
de cesar la cotización al sistema de pensiones cuando reúnen los requisitos para
acceder a la pensión mínima de vejez, cuyos presupuestos están regulados de
manera diferente dependiendo de si el interesado pertenece al régimen de prima
media con prestación definida - RPMPD o al de ahorro individual con solidaridad -
RAIS. A continuación, se transcriben los artículos 33 y 64 de la Ley 100 de 1993,

modificada por la Ley 797 de 2003, que en lo pertinente disponen:

Requisitos para obtener la pensión de Requisitos para obtener la pensión
vejez - RPMPD de vejez - RAIS
Artículo 33. Requisitos para obtener la Artículo 64. Requisitos para obtener
pensión de vejez. Para tener el derecho a la la pensión de vejez. Los afiliados al
Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las Régimen de Ahorro Individual con
siguientes condiciones: Solidaridad, tendrán derecho a una
pensión de vejez, a la edad que
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años escojan, siempre y cuando el capital
de edad si es mujer o sesenta (60) años si es acumulado en su cuenta de ahorro
hombre. individual les permita obtener una
pensión mensual, superior al 110% del

9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad salario mínimo legal mensual vigente a
se incrementará a cincuenta y siete (57) años la fecha de expedición de esta Ley,
de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) reajustado anualmente según la
años para el hombre. variación porcentual del Índice de
Precios al Consumidor certificado por el
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) DANE. Para el cálculo de dicho monto
semanas en cualquier tiempo. se tendrá en cuenta el valor del bono
pensional, cuando a éste hubiere lugar.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el
número de semanas se incrementará en 50 y Cuando a pesar de cumplir los
a partir del 1o. de enero de 2006 se requisitos para acceder a la pensión en
incrementará en 25 cada año hasta llegar a los términos del inciso anterior, el
1.300 semanas en el año 2015. trabajador opte por continuar cotizando,
[…] el empleador estará obligado a efectuar
Parágrafo 4. Se exceptúan de los requisitos las cotizaciones a su cargo, mientras
establecidos en los numerales 1 y 2 del dure la relación laboral, legal o
presente artículo, las personas que padezcan reglamentaria, y hasta la fecha en la
una deficiencia física, síquica o sensorial del cual el trabajador cumpla sesenta (60)
50% o más, que cumplan 55 años de edad y años si es mujer y sesenta y dos (62)
que hayan cotizado en forma continua o años de edad si es hombre.
discontinua 1000 o más semanas al régimen
de seguridad social establecido en la
Ley 100 de 1993.

La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18
años padezca invalidez física o mental,
debidamente calificada y hasta tanto
permanezca en este estado y continúe
como dependiente de la madre, tendrá
derecho a recibir la pensión especial de vejez
a cualquier edad, siempre que haya cotizado al
Sistema General de Pensiones cuando menos
el mínimo de semanas exigido en el régimen
de prima media para acceder a la pensión de
vejez. Este beneficio se suspenderá si la
trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral.
Si la madre ha fallecido y el padre tiene la
patria potestad del menor inválido, podrá
pensionarse con los requisitos y en las
condiciones establecidas en este artículo.

De las citadas disposiciones se destaca que el legislador determinó unos períodos
mínimos de cotización o un monto mínimo de capital para acceder a la pensión de
vejez, dependiendo del régimen al que pertenezca el afiliado. Ello obedece a que la
Ley 100 de 1993 estableció un sistema de aseguramiento que «prevé requisitos de

10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

cobertura y períodos de carencia, o períodos mínimos de cotización»,10 con el fin de
que puedan asumirse los riesgos involucrados, es decir, los de invalidez, vejez y
muerte.

Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que, en virtud del principio de
solidaridad, los afiliados al sistema tienen la obligación de contribuir a su
financiación de acuerdo con sus capacidades,11 no sólo para poder recibir los
distintos beneficios, sino para preservar el sistema en su conjunto. 12

A su vez, la alta corporación estudió la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 100
de 1993, que estableció la cesación del deber de cotizar cuando los ciudadanos
acreditan los requisitos para obtener la pensión mínima de vejez, y concluyó que
esta previsión también es expresión del principio de solidaridad, con fundamento en
los siguientes argumentos: 13

En síntesis, la Corte encuentra que la disposición demandada, […] constituye un
ejercicio cabal de la facultad que la Constitución le otorga al legislador para configurar
los elementos específicos del principio solidario en el sistema de seguridad social. La
medida presupone que los afiliados han cumplido con el tiempo y las semanas de
cotización, y han llegado a la edad legalmente exigida, o han acumulado el capital
suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas vitales, y por lo tanto han
satisfecho de manera suficiente su deber de solidaridad para con el sistema y ya se
han hecho acreedores de sus beneficios. La medida encaja razonablemente dentro
de la libertad de diseño de que goza el Congreso en esta materia, y teniendo en
consideración los distintos componentes solidarios del actual sistema pensional
colombiano, se concluye que no constituye una medida que afecte el principio
solidario, lo desconozca, o lo atenúe de manera injustificada. […] el régimen
actualmente vigente es una opción legislativa entre varias posibles, y desde el punto
de vista del principio de solidaridad, no vulnera la Constitución, en la medida en que
la exención que crea es a favor de personas que ya cumplieron con sus deberes hacia
el sistema, hasta el punto que, realizado el supuesto, pueden ser sus beneficiarios,
especialmente teniendo en cuenta que la legislación vigente, en ambos regímenes,
les permite continuar cotizando voluntariamente.

De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial, al afiliado se le exime de la
obligación de cotizar, toda vez que logra reunir los requisitos para acceder a la

10
Corte Constitucional, Sentencia C-617 de 2001.
11
Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013.
12
Corte Constitucional, Sentencia C-760 de 2004.
13
Sentencia C-529 de 2010.

11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

pensión mínima de vejez, es decir, que cumplió con sus deberes de solidaridad
dentro del esquema de seguridad social; por lo tanto, frente al sistema pensional,
adquiere un nuevo rol, esto es, deja de ser deudor para convertirse en su acreedor,
ya que desde ese momento puede solicitar el reconocimiento de la prestación.

Finalmente, la providencia citada explicó que dicha regla de extinción de la
obligación no se altera por el hecho de que el afiliado continúe en una relación
laboral o con un contrato de prestación de servicios, pero aclarando que no se
encuentra excusado de sus deberes frente al sistema de seguridad social en salud
o riesgos laborales, pues así lo impone la vigencia de su vinculación laboral o
contractual.

Ahora bien, dentro del diseño del sistema de seguridad social, especialmente en lo
que concierne a las cotizaciones que lo financian, se resalta la activa intervención
que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social para establecer los lineamientos
que orientan la liquidación de los aportes.

En tal sentido, los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 4107 de 2011,14 dispusieron que
dicha cartera debía tomar parte en la estructuración de las políticas en materia de
pensiones y se le facultó para «[p]articipar en la formulación y evaluación de la
política para la definición de los sistemas de afiliación, protección al usuario,
aseguramiento y sistemas de información en pensiones», así como para «[d]efinir y
reglamentar los sistemas de información del Sistema de Protección Social que
comprende afiliación, recaudo, y aportes parafiscales».

A su vez, el artículo 15 de la Ley 797 de 2003, modificado por el artículo 32 de la
Ley 1911 de 2018, preceptuó que el gobierno Nacional debía definir el diseño,
organización y funcionamiento de, entre otros, el registro único de los afiliados al
sistema de seguridad social en salud y pensiones; así como una herramienta que
permitiera la integración de los pagos de cotizaciones, aportes parafiscales y otras

14
Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra
el Sector Administrativo de Salud y Protección Social.

12

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contribuciones de esa naturaleza, que tendría «como mecanismo principal la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes y Contribuciones (PILA)».

En ejercicio de las anteriores potestades, se expidió el Decreto 1465 de 2005,
modificado por el Decreto 1931 de 2006, el cual dispuso que la PILA debía ser
adoptada mediante resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social. Ese deber se verificó, para los cotizantes activos, con la Resolución 634 de
2006, derogada por la Resolución 1747 de 21 de mayo de 2008,15 esta última fue
derogada por la Resolución 2388 de 2016 y esta, a su vez, reformada por las
Resoluciones 5858 de 2016, 980 de 2017, 1608 de 2017, 3016 de 2017, 3559 de
2018, 736 de 2019, 1740 de 2019, 2514 de 2019, 454 de 2020, 686 de 2020, 1438
de 2020, 1844 de 2020, 2421 de 2020. La resolución resaltada es la norma acusada
en el sub lite.

De las anteriores disposiciones se destaca la Resolución 2388 de 2016, que se
encuentra vigente con las modificaciones antes indicadas, pues se expidió con el
propósito de unificar y actualizar las reglas de aplicación para el recaudo de aportes
al sistema de seguridad social integral y adoptar los anexos técnicos de la PILA,
contentivos de las especificaciones y estructuras de los archivos a reportar por
aportantes, pagadores de pensiones y operadores de información.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

El demandante solicitó la nulidad parcial de la Resolución 3559 del 28 de agosto de
2018, en tanto estableció que los afiliados con requisitos para acceder a la pensión
de vejez, que quisieran cesar sus cotizaciones a ese sistema, debían encontrarse
en el archivo «Reporte de Información de Personas que están en Trámite de
Solicitud de Pensión».

15
Modificada por las Resoluciones 2377 y 3121 de 2008; 199, 504, 990, 1184, 1622, 2249, 2020, 3119, 3123,
3667 de 2009; 1004 de 2010; 661, 773, 2640, 2641, 3251, 475, 476 y 993 de 2011; 610 y 3214 de 2012; 1300,
2087, 2415, 3336, 4268, 5094 de 2013; 78, 1715, 2634 y 3527 de 2014; 225, 673 y 1015 de 2015.

13

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Es preciso indicar que la norma acusada identifica a dichas personas bajo el
«subtipo de cotizante 4» y se utiliza en aquellos casos en que el afiliado se
encuentra exceptuado de aportar al sistema general de pensiones, en razón a que
acreditó las exigencias legales para acceder a la pensión de vejez.

Para apoyar su pretensión, el actor sostuvo que la disposición enjuiciada creó un
requisito adicional para los afiliados que quisieran beneficiarse de la referida
exención, ya que a partir de su expedición no bastaría con acreditar los requisitos
para la pensión de vejez, sino que también sería necesario tramitar el
reconocimiento prestacional para aparecer en el referido reporte.

En orden a resolver el anterior cargo, es pertinente recordar que la Resolución 2388
de 2016, adoptó los anexos técnicos de la PILA, la cual «señala cada uno de los
múltiples ítems que constituyen los diferentes pagos a cada subsistema y las tasas
o porcentajes de cotización de cada uno y las novedades que pueden afectar esos
pagos, de manera uniforme y sistemática, que diligencia cada aportante para que el
operador la distribuya», según la explicación del Ministerio de Salud y Protección
Social, acogida en la sentencia del 7 de julio de 2011, proferida por el Consejo de
Estado.16 Los referidos anexos son los siguientes:

1. Anexo técnico 1. Glosario de términos PILA. Contiene las expresiones a tener en
cuenta en la liquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA).

2. Anexo técnico 2. Aportes a Seguridad Social de Activos. Contiene la
información que deben reportar los cotizantes activos al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales.

3. Anexo técnico 3. Aportes a Seguridad Social de Pensionados. En este anexo
se reporta la información de los pensionados al Sistema de Seguridad Social Integral
y Parafiscales.

4. Anexo Técnico 4. Estructura de los archivos de salida con destino al
Administrador Fiduciario de los Recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía
(Fosyga). Contiene la información de recaudo de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud que es reportada al Administrador Fiduciario de los
Recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

16
Expedientes acumulados 2005 00247 01 y 2006 00145 00.

14

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5. Anexo Técnico número 5 Archivos de salida con destino al Ministerio de
Salud y Protección Social. Contiene la definición de los archivos del Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales que los operadores de información deben
reportar diariamente al Ministerio de Salud y Protección Social.

La Resolución parcialmente enjuiciada varió los Anexos Técnicos 2, 3 y 5 de la
Resolución 2388 de 2016 (modificada por las Resoluciones 5858 de 2016, 980,
1608 y 3016 de 2017). Específicamente, en lo que concierne al sub lite, indicó que
el «subtipo de cotizante 4», esto es, el «cotizante con requisitos cumplidos para
pensión», podría utilizarse cuando el afiliado cumpla con las exigencias mínimas
para el reconocimiento de la pensión de vejez, al tenor de la normativa vigente.

Y agregó que, para su uso, «el operador de información debe validar que el cotizante
se encuentre relacionado en el archivo “Reporte de Información de Personas que
están en Trámite de Solicitud de Pensión” dispuesto por este Ministerio en el FTP
seguro de cada operador de información» y que dicha información «debe ser
enviada mensualmente por parte de las entidades Administradoras y Pagadoras de
pensiones en la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema
Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) de este Ministerio, a más
tardar el día 24 de cada mes, con la estructura que se encuentra publicada en el
portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos (PUB205PTSP)».

Conforme al Anexo Técnico 1, el operador de información es la «[p]ersona jurídica
autorizada por la Superintendencia Financiera que liquida los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales a través de la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes (PILA), de acuerdo con la información reportada por los
aportantes y quien es el encargado de enviar la información de los aportes
recaudados a cada una de las administradoras en las cuales se encuentran afiliados
los cotizantes».

Así las cosas, se observa que la resolución demandada estableció una verificación
previa para poder acudir al «subtipo de cotizante 4», consistente en que los
potenciales beneficiarios de la exención de pagar el aporte a pensión debían

15

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aparecer en el archivo «Reporte de Información de Personas que están en Trámite
de Solicitud de Pensión», lo cual se traduce en que los afiliados debían solicitar la
pensión ante su administradora o fondo de pensiones.

Según las consideraciones y la memoria justificativa de ese acto administrativo,17 el
nuevo filtro se instituyó en razón a que la PILA no contaba con validaciones para el
uso de los subtipos de cotizantes y estas debían implementarse en aras de prevenir
la evasión en el pago de los aportes al sistema general de pensiones.

La Sala observa que la norma tuvo una finalidad legítima, pues buscó prevenir la
omisión injustificada de efectuar aportes al sistema de pensiones, cuya naturaleza
es parafiscal, esto es, una contribución especial con destinación específica, fruto de
la soberanía fiscal del Estado, obligatoria, que no guarda relación directa o
inmediata con el beneficio otorgado al contribuyente, ni genera una contraprestación
equivalente por parte del Estado y tampoco incrementa el erario.18

En lo que respecta a la seguridad social, dichos aportes se destinan a la financiación
global del sistema,19 como expresión del principio de solidaridad, por ende, resulta
valioso que las autoridades adopten medidas tendientes a proteger esos dineros,
teniendo en cuenta que «la manifestación más integral y completa del principio
constitucional de solidaridad es la seguridad social […] como esfuerzo
mancomunado y colectivo, como propósito común en el que la protección de las
contingencias individuales se logra de mejor manera con el aporte y la participación
de todos los miembros de la comunidad».20

Así las cosas, la resolución demandada se dirigió a la consecución de un objetivo
válido, esto es, garantizar el recaudo integral del aporte en pensiones respecto de
quienes verdaderamente estaban llamados a realizarlo; sin embargo, implementó

17
Aportada como anexo en el escrito de contestación de la demanda (información registrada en la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado).
18
Corte Constitucional, Sentencia C-040 de 1993.
19
Corte Constitucional, Sentencia C-895 de 2009.
20
Corte Constitucional, Sentencia C-529 de 2010.

16

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un requisito adicional al previsto por el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 para que
los afiliados cesaran sus cotizaciones al sistema de pensiones.

En efecto, la Resolución 3559 de 2018 determinó que los interesados solamente
podrían acceder a ese beneficio si aparecían en el «Reporte de Información de
Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión», es decir, que no les
bastaría con cumplir la edad, semanas y/o capital suficiente para acceder a la
pensión de vejez, sino que también deberían solicitar la prestación a la entidad
administradora o el fondo al cual se encontraran afiliados, pese a que el legislador
no estableció una obligación en tal sentido.

Por el contrario, el aludido artículo 17 preceptuó que la carga de cotizar cesa al
momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima
de vejez, por ende, la obligación se extingue ante el cumplimiento de la condición
allí prevista y sin necesidad de peticionar el reconocimiento pensional.

En este orden de ideas, el mecanismo de validación en comento introdujo una
exigencia adicional a las previstas por el legislador para que se extinguiera la
obligación de cotizar, lo cual desbordó la competencia del ministerio y desconoció
el deber de ejercer sus atribuciones dentro del marco constitucional y legal.

Es más, la disposición acusada se encaminó a que la medida de verificación
implementada no fuera sustituida por otra y que constituyera un requerimiento
indispensable para utilizar el «subtipo de cotizante 4». Al respecto, se observa que
el proyecto del acto administrativo ahora acusado fue publicado y, ante algunas
observaciones presentadas por diferentes actores del sistema, el Ministerio de
Salud y Protección Social sostuvo que el «Reporte de Información de Personas que
están en Trámite de Solicitud de Pensión» sería actualizado mensualmente y solo
se permitiría el uso de ese subtipo para quienes se encontraran allí enlistados.

Inclusive, algunos intervinientes preguntaron qué debía hacer el operador de
información si al momento de la liquidación advertía que el afiliado no estaba

17

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enunciado en el referido archivo, y la cartera respondió que «[c]uando la persona
no se encuentre reportada en los archivos de los subtipos de cotizantes no les debe
permitir el uso de estos subtipos de cotizantes y deberán aportar de manera
obligatoria al Sistema General de Pensiones».

Lo anterior evidencia que la resolución demandada fijó un nuevo requisito para que
los afiliados pudieran eximirse del deber de cotizar a pensión, consistente en la
necesidad de solicitar la prestación ante la entidad respectiva y aparecer en el
mencionado reporte. Ello se tradujo en una adición a los requerimientos
establecidos por el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, pues este solamente exigió,
para la operatividad del beneficio, el cumplimiento de los presupuestos para acceder
a la pensión mínima de vejez.

Dicha irregularidad también fue advertida por la Resolución 1740 de 2019,
modificatoria del acto demandado, la cual, en sus consideraciones, explicó que
resultaba necesario «modificar la aclaración para el subtipo de cotizante “4.
Cotizante con requisitos cumplidos para pensión” del numeral 2.1.2.3.2 del Anexo
Técnico 2 de la Resolución 2388 de 2016, en el sentido de incluir a aquellos
cotizantes que hayan cumplido requisitos para el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva o devolución de saldos, suprimiendo la validación,
dado que la norma no obliga a que el cotizante que habiendo cumplido los
requisitos deba tramitar la solicitud». [Resalta la Sala].

La conclusión a la que arriba la Sala, en torno a la ilegalidad de la validación
introducida por la resolución enjuiciada, no significa que el Ministerio de Salud y
Protección Social carezca por completo de iniciativa para implementar mecanismos
tenientes a salvaguardar las contribuciones al sistema de seguridad social; por el
contrario, ello también hace parte de su ámbito misional; sin embargo, tal atribución
debe ejercerse con sujeción al principio de legalidad y con respeto de los derechos
que se encuentran en juego.

18

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Demandante: Jorge David Ávila López

En tal sentido, se observa que la medida de verificación estableció un obstáculo
injustificado para quienes pretendían beneficiarse de la exención de aportar al
sistema de pensiones y desconoció que ellos acataron su deber de solidaridad con
el sistema, pues justamente la prerrogativa obedece a que acreditaron las semanas
mínimas o el capital suficiente para acceder a la pensión de vejez, dentro del
esquema contributivo adoptado por el Estado colombiano.

Además, el filtro implementado resulta insuficiente para alcanzar el objetivo que se
propuso el ministerio, esto es, impedir la evasión en el pago de aportes, pues podía
suceder que las personas solicitaran su pensión de vejez sin tener cumplidos los
requisitos, es decir, que estar tramitando la prestación no era garantía de que
tuvieran consolidada su situación jurídica.

Igualmente, el mecanismo de validación desconoce que las administradoras y
fondos de pensiones tienen la historia laboral de los afiliados, por ende, cuentan con
importantes elementos para determinar si los interesados han cumplido con los
requisitos para acceder a una pensión mínima de vejez y beneficiarse de la
exclusión de aportar al sistema de pensiones.

En tal sentido se resalta que el artículo 2.2.3.1.24 del Decreto 1833 de 2016,21
ordenó a las administradoras del sistema general de pensiones a «mantener para
cada afiliado un archivo en donde se conservará la información relacionada con su
historia laboral». Asimismo, a los fondos de pensiones se les conminó a abrir una
cuenta de ahorro individual para sus vinculados,22 identificada con el número de su
documento de identidad.23

21
Compilatorio del artículo 38 del Decreto 692 de 1994.
22
El artículo 2.2.5.4.1. del Decreto 1833 de 2016 dispone que la pensión de vejez en el RAIS se financia con los
recursos de la cuenta de ahorro individual.
23
De igual manera se destaca el Decreto 1637 de 2006, en tanto estableció la organización y el funcionamiento
del Registro Único de Afiliados-RUAF, determinando los flujos de información que lo alimentan, la entidad
encargada de manejarlo, los controles y niveles de consulta y de seguridad de la información.

19

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
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Así las cosas, las administradoras y fondos de pensiones son los responsables de
conservar la información relacionada con la historia laboral de los afiliados y del
capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, con lo cual se puede verificar
si una persona interesada en eximirse de la obligación de aportar en pensiones
cuenta con los requisitos de edad y semanas o capital necesarios para acceder a la
pensión mínima de vejez, conforme lo prevé el artículo 17 de la ley 100 de 1993.

Se resalta que esta corporación en anterior oportunidad estudió una disposición que
desarrolló el citado artículo 17 y concluyó que las autoridades no están facultadas
para modificar los elementos establecidos por el legislador para extinguir la
obligación de cotizar en pensiones, con fundamento en los siguientes argumentos: 24

Es al legislador a quien le corresponde no sólo determinar específicamente la
normatividad legal que desarrolle el principio constitucional de la solidaridad, sino
también lo relacionado con los procedimientos aplicables, los administradores, el tipo
de afiliados, las condiciones de afiliación, los beneficiarios del mismo, junto los
requisitos, restricciones y prohibiciones para hacer parte de ellos; es decir, es al
legislador quien, por mandato constitucional, le compete normatizar este tipo de
temas a través de la ley. De igual forma, al Ejecutivo es a quien en cabeza del
Presidente de la República le compete la reglamentación de dichas normas, no
pudiendo ninguna otra autoridad arrogarse competencias que no les corresponde
sobre los temas de solidaridad, cotización y régimen pensional en general […].

Ahora bien, del tenor literal del artículo 4º de la Ley 797 de 2003 se desprende una
regla clara que permite regular la situación en el evento de que a pesar de que el
afiliado haya reunido los requisitos que le permitan acceder a la pensión, siga
vinculado laboralmente o contractualmente por prestación de servicios. En este caso
cesa la obligación de cotizar al sistema […].
[…]

Consagra, además, el artículo 4 de la Ley 797, la posibilidad de que el empleador o
el afiliado puedan seguir haciendo aportes voluntarios, aún cuando hayan reunido los
requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez. […] En tal evento, lo harán ya
no obligatoriamente, sino por decisión propia, lo que es consecuente con el hecho de
que ya se han satisfecho los requisitos para acceder a la pensión y han pasado,
legítimamente, a ser beneficiarios del sistema.
[…]

Le corresponde, por mandato legal a los Ministerios, velar por la aplicación y
cumplimiento de las normas que regulan el Sistema de Seguridad Social, impartir
directrices y fijar las políticas públicas que permitan el logro de los fines esenciales

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de mayo de 2012, radicado: 11001-03-25-000-2008-
00116-00 (2556-2008).

20

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del Estado en el tema exclusivo de su misión institucional, y no modificar lo
consagrado legalmente, como sucedió en el caso en comento, al expedirse la Circular
Conjunta 0001 de 2005 de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la
Protección Social que, en criterio de esta Sala, viola lo consagrado en la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, al señalar que el empleador debía continuar
efectuando las cotizaciones cuando el trabajador decida no pensionarse, aunque
haya cumplido los requisitos para hacerlo anticipadamente o reúna los requisitos para
acceder a la pensión mínima de vejez, cuando la norma legal señaló que la obligación
de cotizar cesaba en el momento en que el afiliado reunía los requisitos para acceder
a la pensión mínima de vejez o cuando el afiliado se pensionara por invalidez o
anticipadamente.
[…]

Para la Sala, la Circular examinada […] contraría lo normado en la Ley 100 de 1993,
artículos 17 y 33, modificados por los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003, […], como
quiera que la norma es clara al señalar que “la obligación de cotizar cesa en el
momento en que el afiliado reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima de
vejez o cuando se pensione por invalidez o anticipadamente” y, por lo tanto, se
deduce que con lo señalado en la Circular impugnada, se modificó el contenido,
alcance y aplicación de la norma, invadiendo una facultad que no le correspondía al
Gobierno.

La Sala acoge los anteriores lineamientos para resolver el presente asunto, por lo
cual se insiste en que, conforme a la potestad reglamentaria, las autoridades están
llamadas a disponer las herramientas que permitan ejecutar las leyes, así como
materializar los derechos y garantías consagrados en aquellas y en la Constitución
Política; por lo tanto, esa facultad reviste una profunda responsabilidad, está
delimitada por el principio de legalidad, debe ejercerse dentro del marco establecido
por el ordenamiento superior y sin desbordar lo allí dispuesto, so pena de excederse
en el ejercicio de sus competencias y que se genere la anulabilidad de sus
decisiones, como ocurrió en el sub lite.

Así las cosas, el Ministerio de Salud y Protección Social debía permitir la realización
de la opción que habilitó el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 para que los afiliados
cesaran en el pago de las cotizaciones a pensión, una vez cumplieran la única
condición prevista en dicha disposición, esto es, haber alcanzado los requisitos para
pensionarse por vejez. Solo de esa manera podía respetarse el efecto útil de la
norma y la voluntad del legislador.

21

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Demandante: Jorge David Ávila López

A su vez, la facultad reglamentaria frente a la anterior disposición debía ser
consecuente con el hecho de que el referido beneficio no solo se encuentra
consagrado en la ley, sino que fue salvaguardado por la Sentencia C-529 de 2010
y también ha sido reconocido por esta corporación, al indicar que «aunque la
cotización a pensiones para el afiliado con vínculo de dependencia laboral, es
consecuencia de la relación laboral o de la actividad remunerada […] el segundo
inciso del artículo en comento contempla una excepción, al señalar que dicha
obligación de cotización cesa cuando el afiliado reúne los requisitos para acceder a
la pensión mínima de vejez, se pensione por invalidez o anticipadamente». 25

Bajo este hilo argumentativo, las validaciones que deba introducir el mencionado
ministerio para evitar la evasión en el pago de aportes al sistema de pensiones no
pueden convertirse en una barrera de acceso a una prerrogativa establecida por el
legislador, ni mucho menos le está permitido fijar elementos adicionales a los
previstos en la ley para la extinción de tal obligación.

Por las razones antes expuestas, se anularán las expresiones acusadas a través
del presente medio de control, contenidas en el numeral 8 de la Resolución 3559
del 28 de agosto de 2018.

2.5. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18826 del CPACA.

25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicado: 11001-03-25-000-2009-
00090-00 (1211-09). En similar sentido, pueden consultarse los siguientes pronunciamientos: 1) de la Corte
Constitucional, las Sentencias T-705 de 2006, T-280 de 2010 y T-225 de 2018; 2) del Consejo de Estado: i) Sala
de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1480 del 8 de mayo 2003, actor: Ministro de Relaciones Exteriores: ii)
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2014, radicado: 25000-23-25-000-2006-08455-
01 (1420-2011); y iii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, radicado: 11001-03-
25-000-2015-00817-00 (2988-2015).
26
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.

22

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Demandante: Jorge David Ávila López

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
casos análogos al que ahora es objeto de estudio, se concluye que el señor Jorge
David Ávila López logró desvirtuar la legalidad de la Resolución 3559 del 28 de
agosto de 2018, en los apartes demandados, y, en consecuencia, se declarará la
nulidad de aquellos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar la nulidad parcial del numeral 8 de la Resolución 3559 del 28
de agosto de 2018,27 «Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 2, 3 y 5 de la
Resolución número 2388 de 2016 modificada por las Resoluciones números 5858
de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017», suscrita por el Ministerio de Salud y Protección
Social, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Específicamente, se anulan los siguientes apartes del numeral acusado:

Para el uso de este subtipo de cotizante, el operador de información debe validar que
el cotizante se encuentre relacionado en el archivo “Reporte de Información de
Personas que están en Trámite de Solicitud de Pensión” dispuesto por este Ministerio
en el FTP seguro de cada operador de información”.

27
Modificatorio de la Resolución 2388 de 2016 en el numeral 2.1.2.3.2 “Campo 6 – Subtipo de Cotizante” del
Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” modificar las
aclaraciones de los subtipos de cotizantes “1. Dependiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez
activo”, “2. Independiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo”, “3. Cotizante no obligado a
cotización a pensiones por edad”, “4. Cotizante con requisitos cumplidos para pensión”, “5. Cotizante a quien
se le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos” y “9. Cotizante pensionado con mesada
igual o superior a 25 smlmv”.

23

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00538-00 (4235-2019)
Demandante: Jorge David Ávila López

Información que debe ser enviada mensualmente por parte de las entidades
Administradoras y Pagadoras de pensiones en la Plataforma de Intercambio de
Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social
(SISPRO) de este Ministerio, a más tardar el día 24 de cada mes, con la estructura que
se encuentra publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos
(PUB205PTSP).

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

24

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