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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00585-00

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00585-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 4, del 1.° de marzo de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. 30 Radicación: 11001-03-25-000-2019-00585-00 (4620-2019) Demandante: UGPP Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19 001 33 33 003 2014 00392 01, al tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00585-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

4 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00585-00 (4620-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Alirio Sánchez Muñoz
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión
4, del 1.° de marzo de 2018, a través de la cual se confirmó la providencia emitida
por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, el 29 de junio de 2016, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado judicial,
pretendió infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de
Decisión 4, del 1.° de marzo de 2018, a través de la cual se confirmó la providencia
emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, el 29 de junio de 2016,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor
Alirio Sánchez Muñoz, en calidad de compañero permanente de la señora Ana

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00585-00 (4620-2019)
Demandante: UGPP

Lucrecia Cerquera Manquillo (Q.E.P.D) contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho de radicado 19 001 33 33 003 2014 00392 01.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 4, del 1.° de marzo de 2018, que
confirmó la providencia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán,
el 29 de junio de 2016; ii) declarar que el señor Alirio Sánchez Muñoz, beneficiario
de la señora Ana Lucrecia Cerquera Manquillo (Q.E.P.D), en cuanto a la liquidación
de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparado por la
legislación colombiana; iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del
demandado, teniendo el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36,
inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional1 y el Consejo de Estado;2 iv)
condenar al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos
en exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en las sentencias objeto
de revisión; y v) condenar al señor Sánchez Muñoz a pagar los intereses moratorios
en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los
siguientes:

i) El 7 de abril de 1957, nació la señora Ana Lucrecia Cerquera Manquillo. Prestó
sus servicios en la Gobernación del departamento del Cauca desde el 28 de mayo
de 1979 hasta el 13 de septiembre de 2007 y el último cargo que desempeñó fue el
de auxiliar del Área de Salud, código 412, grado 01 de la Unidad Nivel 1 de Puracé.

ii) El 31 de enero de 2009, falleció la señora Ana Lucrecia Cerquera Manquillo.

1 El apoderado de la entidad recurrente invoca las Sentencias C-168 de 1995, C- 258 de 2013, SU-

230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018
y en los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017.
2
El apoderado de la entidad recurrente invoca la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00585-00 (4620-2019)
Demandante: UGPP

iii) El 10 de junio de 2011, CAJANAL expidió la Resolución PAP 057479 a través de la
cual reconoció una pensión de sobrevivientes a favor del señor Alirio Sánchez
Muñoz, en calidad de compañero permanente de la señora Ana Lucrecia Cerquera
Manquillo (Q.E.P.D). Para tal efecto, la prestación fue liquidada en cuantía de
$ 496.900, efectiva a partir del 1.° de febrero de 2009, se tomó una tasa de
reemplazo del 80 % del promedio devengado en los últimos 10 años de servicio,
esto es, desde el 14 de febrero de 1997 hasta el 13 de septiembre de 2007.

iv) El 5 de noviembre de 2013, mediante la Resolución 051054 la UGPP negó la
reliquidación de la pensión de jubilación que percibe el hoy demandado en la que
solicitaba la aplicación de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

v) El 29 de junio de 2016, el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Alirio Sánchez Muñoz contra
la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:3

[…] SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. PAP 057479 del
10 de junio de 2011 “Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de
sobrevivientes”, en cuanto para el reconocimiento pensional del señor ALIRIO
SÁNCHEZ MUÑOZ, no se incluyó en el [I]BL todos los factores devengados en el último
año de servicios de la señora Ana Lucrecia Cerquera Manquillo, causante del derecho.

TERCERO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución No. RDP 041849 del 5 de
noviembre de 2013, “Por la cual se niega una solicitud de extensión de jurisprudencia”,
en cuanto negó la solicitud de reliquidación de la pensión del señor Alirio Sánchez
Muñoz.

CUARTO.- CONDENAR a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP a reliquidar la pensión de jubilación reconocida al señor
ALIRIO SÁNCHEZ MUÑOZ, en cuantía del 75 % sobre el promedio de lo devengado por
la señora Ana Lucrecia Cerquera Manquillo en el último año de servicios comprendido
entre el 13 de septiembre de 2006 y el 13 de septiembre de 2007, incluyendo los
siguientes factores, a saber, asignación mensual, subsidio de alimentación, auxilio de
transporte, estímulo económico, prima de servicios, bonificación por servicios prestados,
prima de navidad, y prima vacacional; y a pagar las diferencias pensionales resultantes
de la nueva liquidación, de acuerdo con los argumentos expuestos en el considerativo.

Se precisa que la bonificación por servicios prestados y las primas deberán tomarse en
una doceava parte, dada su causación anual. […]

3 Folios 176 al 180 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.

3

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Demandante: UGPP

QUINTO.- La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP descontará de las anteriores sumas, el valor de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena en esta providencia
y que sean de cargo del beneficiario; siempre y cuando sobre éstos no se hayan
efectuado las deducciones legales.

Así mismo, sobre las diferencias que se ordena reconocer y pagar al demandante se
deberán efectuar los descuentos de ley, destinados al Sistema de Seguridad Social en
Salud.

SEXTO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción de las diferencias
pensionales causadas con anterioridad al 23 de octubre de 2010.

[…] SÉPTIMO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto. […]
(Resaltado, cursiva y comillas originales del texto)

vi) El 1.° de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión
4, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar la providencia
expedida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán.4

vii) El 13 de noviembre de 2018, la UGPP a través de la Resolución RDP 043841, dio
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
de Decisión 4.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 4, el 1.° de marzo de 2018,5
emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar la providencia
expedida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, el 29 de junio de 2016,
que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por
el señor Alirio Sánchez Muñoz contra la UGPP, con sustento en las siguientes
consideraciones jurídicas:

i) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,6 emitida por el Consejo
de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de
salario debían incluirse, en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas

4 Folios 127 al 138 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
5
Folios 127 al 138 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicación

2500023250002006-0750901 (0112-09).

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Demandante: UGPP

aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como
contraprestación del servicio.

ii) Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en
su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley,
es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la
cual observa los principios de igualdad, seguridad jurídica, progresividad y
favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse del
criterio fijado en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la
Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985.

iii) Se acreditó que el 31 de enero de 2009, falleció la señora Ana Lucrecia Cerquera
Manquillo, de manera que el derecho a la sustitución pensional se consolidó con
anterioridad al 31 de julio de 2010, fecha prevista por el Acto Legislativo 01 de 2005,
para poder acceder al beneficio del régimen de transición. Así mismo, la prestación
reclamada por el demandante está regulada por el literal b) del artículo 5 del Decreto
1160 de 1989.

Ahora, en el sub lite no está en discusión que la causante fue beneficiaria del
régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera
que para la fecha de su entrada en vigencia, contaba con más de 15 años de
servicio. En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de
servicio, a saber: asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
estímulo económico, primas de vacaciones, de servicios y de navidad y bonificación
por servicios prestados.

iv) Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia emitida en primera instancia,
comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al
demandante en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último

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Demandante: UGPP

año de servicio, con efectos fiscales a partir del 23 de octubre de 2013, por
prescripción trienal, esto es, en los términos previamente expuestos.

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:

i) El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte
Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se
desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los
principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29,
121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

ii) En el expediente se acreditó que el fallecimiento de la señora Ana Lucrecia
Cerquera Manquillo (Q.E.P.D) ocurrió en vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que
el tipo de prestación a reconocer es una pensión de sobrevivientes y no una pensión
de vejez post-mortem. De ahí que el juzgador debía liquidarla en el equivalente al
80 % del promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, teniendo en
cuenta los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

En ese orden, el tribunal se apartó de la norma aplicable al caso concreto, esto es,
el parágrafo 1.° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12
de la Ley 797 de 2003.

iii) Se acreditó que la señora Ana Lucrecia Cerquera Manquillo ( Q.E.P.D) fue
beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por ende el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985,
de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden
cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al
cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la

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Demandante: UGPP

pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación (tasa de
reemplazo).

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la
pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida
por el DANE. En igual sentido, se han pronunciado la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado,7 criterio que constituyen precedente obligatorio.

iv) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada
por el señor Sánchez Muñoz se incrementó sin que exista justificación legal ni
jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación al recurso extraordinario de revisión,
la parte demandada guardó silencio.8

1.4. El ministerio público

La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó declarar fundada la acción especial de revisión, por las razones que se
indican a continuación:9

7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631
de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018; y por el Consejo de Estado Sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.
8 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Alirio Sánchez Muñoz

guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del
Cauca, cumplió el despacho comisorio ordenado por esta Subsección y en sentido, notificó
personalmente al demandado el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP;
y de su auto admisorio, actuación visible a folio 218 del cuaderno 1.
9 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible a índices 11 y 12.

7

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Demandante: UGPP

En el sub lite se acreditó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, comoquiera que en lo atinente a la determinación del IBL de las
pensiones de jubilación de quienes son beneficiarios del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el juzgador no aplicó el
precedente jurisprudencial sólido y reiterado de la Corte Constitucional fijado en las
Sentencias SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016. Aquella posición, fue reiterada por
el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

Proceder con desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales referidos
atenta contra del financiamiento y sostenibilidad del sistema de seguridad social que
se basa en la solidaridad general y del derecho a la igualdad, debido a que la
sentencia objeto de reproche se ordenó reliquidar el monto de la pensión del hoy
demandado con base en un ingreso salarial promedio previsto en la legislación
anterior a la Ley 100 de 1993.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.10 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.11

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias

10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de
la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 8 de agosto de 2019 como consta en el
folio 10 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión; razón por la cual su trámite no está regido
por las reglas de competencia consagradas en la referida norma.

8

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Demandante: UGPP

judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».12

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto
575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta
que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 20 de marzo de 201813
y la acción especial de revisión se interpuso el 8 de agosto de 2019,14 por lo que es
dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, del 1.°
de marzo de 2018, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a
la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido

12 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también

reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
13 Índice 17 de la plataforma SAMAI, en el que obra, de forma digital, el expediente ordinario.
14 Folio 10 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00585-00 (4620-2019)
Demandante: UGPP

excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00585-00 (4620-2019)
Demandante: UGPP

i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.

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Demandante: UGPP

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró15 que el recurso extraordinario

de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,16 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».17

15 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
16 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario

de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
17 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,

radicado 2017-01529 (REV).

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Demandante: UGPP

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».18

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».19

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.4.3. Reconocimiento de la pensión por muerte del afiliado

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y del Decreto Reglamentario
1889 de 1994, la Ley 12 de 1975 estableció que la sustitución pensional se
reconocería en forma vitalicia al cónyuge sobreviviente y a falta de éste al
compañero o a la compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los
padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, si el

18 Ibidem.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

2014-00845-00 (2743-13).

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causante hubiere fallecido antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación
«pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley,
o en convenciones colectivas.

Artículo 1. El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular
o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o inválidos,
tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este falleciere antes
de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado
el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en convenciones colectivas.
(Resaltado fuera del texto)

Por su parte, el artículo 5º del Decreto 1160 de 1989,20 que reglamentó parcialmente
la Ley 71 de 1988, dispone:

Artículo 5º.- Sustitución pensional. Hay sustitución pensional en los siguientes casos:

a) Cuando fallece una persona pensionada o con derecho a pensión de jubilación,
invalidez o vejez;
b) Cuando fallece un trabajador particular o un empleado o trabajador del sector público
después de haber completado el tiempo de servicios requerido por la ley, convenciones
o pactos colectivos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación.

Posteriormente, la Ley 100 de 1993 derogó tácitamente21 la Ley 12 de 1975, y en
su artículo 46, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, consagró lo
siguiente:

20 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-328 de 2001.

“Derogación de la norma acusada y estudio de los cargos del demandante.
2- La norma acusada hace parte de la Ley 113 de 1985, que adiciona la Ley 12 de 1975, que regula
ciertos aspectos de la llamada pensión de sobrevivientes. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, que es
norma posterior, creó el sistema general de seguridad general, y en su libro primero establece el
régimen general de pensiones. Específicamente, ese libro primero regula integralmente la pensión
de sobrevivientes, tanto en el régimen de prima media (artículos 46 y ss.) como en el de ahorro
individual (arts. 73 y ss.). Así, las normas sobre el régimen de prima media señalan al respecto:
Por su parte, los artículos 73 y ss. de la misma Ley 100 de 1993 regulan la pensión de sobrevivientes
en el régimen de ahorro individual y tienen un contenido normativo similar. Estamos pues ante una
regulación integral y sistemática de una materia, que es posterior a la norma acusada. Ahora bien,
conforme a la teoría jurídica, y como lo ilustra al respecto el artículo 3o de la ley 153 de 1887, se
entiende que esa regulación sistemática posterior de un tema deroga tácitamente las normas
precedentes sobre la materia, salvo que las normas previas establezcan regímenes especiales. Así,
el artículo 3o de la ley 153 de 1887 dice que se estima "insubsistente una disposición legal por
declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores,
o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería"
(subrayas no originales). La Corte Suprema de Justicia, en su momento, y esta Corte Constitucional
han reconocido, en numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley posterior que regula
integralmente un tema. Así, la Corte Suprema -Sala Plena-en múltiples pronunciamientos reiteró que
el ejercicio de la facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes

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Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo modificado
por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común
que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando
éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones […].

Al respecto, esta corporación en sentencia del 21 de junio de 2018, sostuvo :22

[…] La aplicación del anterior régimen de sustitución pensional frente a los trabajadores
y servidores excluidos de la Ley 100 de 1993, fue definida por esta Sección en sentencia
del 10 de octubre de 199623 al realizar el estudio de legalidad del artículo 6° del Decreto
1160 de 1989 reglamentario de la Ley 71 de 1988, el cual quedó delimitado en los
siguientes términos:

«2.2. Ámbito de aplicación de la norma acusada.

No obstante lo anterior ha de precisar la Sala que la Ley 71 de 1988 y por ende su
Decreto Reglamentario 1660 (sic) de 1989 continuaron vigentes en cuanto a aquellos
regímenes que por exclusión no quedaron comprendidos dentro de la Ley 100 de 1993,
según lo dispuesto en el Artículo 279.

A estas conclusiones de derogatoria tácita parcial de la legislación anterior sobre
pensiones y aplicación para algunos destinatarios llega la Sala, primero, porque como
ya se dijo, la comparación de las disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley 100 con
el régimen que ella contiene, permiten afirmar que la preceptiva demandada se
encuentra derogada en cuanto a los regímenes que deben gobernarse por la Ley 100 de
1993 y, segundo, porque los exceptuados en el Artículo 279 ibidem, al no estar
comprendidos dentro del ámbito de aplicación del nuevo sistema, deben regirse
por la legislación anterior en cuanto sea compatible con cada régimen especial y
mientras, como es obvio, el Legislador no expida un sistema de pensiones para
tales destinatarios» (Resalta la Sala)

Al respecto, la citada Ley 71 de 1988 recogió los derechos mínimos en materia de
sustituciones pensionales en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las
Entidades de Previsión Social del Sector Público en todos sus niveles. Asimismo, en su
artículo 3 extendió las previsiones sobre sustitución pensional de las [L]eyes 33 de 1973,
12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, en forma vitalicia al conyugue supérstite, al
compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los padres o

legales integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo
cuerpo normativo, tesis que ha sido plenamente aceptada por esta Corte Constitucional.
Ahora bien, en este caso, la norma previa acusada no consagra ningún régimen especial, por lo cual
debe entenderse derogada por el sistema integral posterior de la Ley 100 de 1993, tal y como lo ha
entendido esta Corte. Es pues claro que el artículo impugnado fue derogado. El interrogante que
surge entonces es si esa derogación implica que la Corte deba inhibirse de conocer los cargos de la
demanda.”.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 52001-23-33-000-2013-00190-01(1666-15).
23 Expediente No. 11223, Sentencia del 10 de octubre de 1996. C.P. Dolly Pedraza de Arenas.

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hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado fallecido.24

Por su parte, el Decreto 1160 de 1989 reglamentario de la Ley 71 de 1988, precisó los
casos en los que resulta procedente la sustitución del derecho pensional, los
beneficiarios de la misma, la cuantía y porcentaje correspondiente de acuerdo al orden
sucesoral, y la forma de probar la calidad bajo la cual se acude, prescripciones que se
formularon en los siguientes términos […].

Ahora bien, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el Sistema de
Seguridad Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su
objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en la citada ley.

Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución pensional,
como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico
que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se
traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de
las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se
fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio
de solidaridad.

La jurisprudencia de esta corporación ha diferenciado las figuras jurídicas de
sustitución pensional y pensión de sobreviviente, afirmando que «si bien ambas

24 “ARTICULO 3o. Extiéndese las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de

la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge
supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o
hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a
continuación se establecen:
1. El cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrán derecho a recibir en
concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión
con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tengan extinguido su derecho. De igual
manera respecto de los hijos entre sí.
2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión
corresponderá íntegramente a los hijos menores o inválidos por partes iguales.
3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos menores o
inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los padres.
4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o
inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que
dependan económicamente del causante.”

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figuras tienen la misma finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que
se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple
con los requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar
del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos mínimos para
obtener la pensión25».26

No obstante, es preciso destacar que con anterioridad al criterio señalado, esta
corporación sostenía que la sustitución pensional procedía cuando el empleado
público que, consolidando el tiempo de servicios necesario para acceder al derecho
pensional, por motivo de su fallecimiento, no hubiese logrado cumplir el requisito de
la edad.

Sobre el asunto, en sentencia del 27 de septiembre de 2007, esta Subsección,
señaló:27

[…] Sin embargo, es otra la situación que se configura cuando fallece el docente Díaz,
pues independientemente que hubiera o no de por medio un reconocimiento pensional
previo, solo se necesitaba que quien se creyera con mejor derecho para solicitar el
reconocimiento post mortem y consecuencialmente su sustitución o la sustitución
propiamente dicha, según el caso, acreditara, entre otros requisitos, que el occiso
contaba con 20 años de servicio siendo de poca relevancia la edad del fallecido para
poder exigir la pensión de sobreviviente.

En efecto, la edad, en lo que respecta a las pensiones, es únicamente una condición
para la exigibilidad de la prestación y no para su nacimiento, pues tal y como sucede en
la sustitución pensional y en la pensión de sobrevivientes (Ley 12 de 1975 – art. 1o y Ley
100 de 1993, art. 46) el derecho a la prestación por parte de sus beneficiarios se otorga
una vez ocurra el fallecimiento del cónyuge o compañero permanente, siempre y cuando
se acredite el tiempo de servicios o las cotizaciones exigidas por el legislador. […]

En sentencia del 17 de agosto de 2011, al referirse a situación fáctica relacionada
con el reconocimiento de una pensión gracia y su sustitución, trajo a colación las
normas de carácter general que regulan este último aspecto. En efecto, entre otras
cosas, sostuvo:28

25 Corte Constitucional, Sentencia T-564 de 2015, referencia expediente T-4.919.041.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 21 de enero de 2021, radicado73001-23-33-000-2015-00165-01 (5095-2018).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 27 de septiembre de 2007, radicado 76001- 23- 31- 000- 2002- 04152-02 (2135-06).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 17 de agosto de 2011, radicado 15001-23-31-000-2004-01994-01(1071-10).

17

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Ahora, para la fecha de fallecimiento de la señora María de Jesús Silva Gutiérrez, esta
reunía más de 26 años de servicio y 47 años de edad, lo que supone en principio que no
logró consolidar el status jurídico de pensionada por el hecho irremediable de su muerte.
Sin embargo, al respecto debe tenerse en cuenta lo siguiente:

[…]
De lo anterior se infiere con toda claridad, que tienen derecho a la sustitución pensional,
los beneficiarios del empleado público que, consolidando el tiempo de servicios
necesario para acceder al derecho pensional no hubiese logrado cumplir el requisito de
la edad, previsión que además de razonable resulta proporcionada, toda vez que
carecería de lógica negar el derecho pensional y su transmisión cuando en casos como
éste se ha cumplido el tiempo de servicio exigido legalmente, y la imposibilidad de
consolidar plenamente el derecho surge a partir del hecho insuperable de la muerte.

Posteriormente, en sentencia del 9 de septiembre de 2015, la Subsección B, de la
Sección Segunda de esta corporación, dio aplicación del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a la situación fáctica del causante,
cuya fecha de fallecimiento fue en el año 2000 y que acreditaba 20 años de servicio.
En ese orden, la Ley 71 de 1988 con fundamento en los siguientes argumentos:29

[…] Se concluye de lo anterior, que el tiempo laborado y cotizado por el señor Iván
Córdoba Campero al sector público y privado fue de 20 años y 27 días y que al momento
de su fallecimiento, el 7 de junio de 2000, tenía la edad de 45 años, fecha en la cual no
estaba laborando, pues el último cargo desempeñado fue el de Asesor IV en la Cámara
de Representantes, el cual ejerció hasta el 20 de julio de 1998.

[…] En el presente asunto, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100, el señor
Iván Córdoba Campero, contaba con más de 39 años de edad y más de 15 años de
servicio, por lo cual el régimen aplicable en materia pensional, es el establecido en el
régimen anterior al cual se encontraba afiliado.

Teniendo en cuenta que el señor Iván Córdoba acreditó tiempos públicos y privados, es
preciso hacer remisión a las disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988 […]

Conforme a las normas anteriores, hay lugar al reconocimiento de la pensión sustitución
cuando se acredite un mínimo de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan
sus veces y en el Instituto de Seguros Sociales, sin importar la edad, pues este requisito
es únicamente una condición para la exigibilidad de la prestación y no para su
nacimiento, tal como lo ha precisado esta Corporación en reiteradas decisiones.

[…] Por las razones expuestas, no le asiste razón al Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, exigir además del tiempo de servicio establecido en la
Ley 71 de 1988, que el señor Iván Córdoba Campero hubiera cumplido la edad de
60 años para que su cónyuge sobreviviente y su hija tuvieran derecho a la pensión
sustitución.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 9 de septiembre de 2015, radicado 25000-23-25-000-2007-00175-01(0491-09).

18

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En el presente asunto el derecho a la pensión se consolidó por haber completado
el tiempo de servicio establecido por la Ley 71 de 1988, y su exigibilidad se hizo
efectiva desde el momento del fallecimiento del señor Córdoba Campero.
(Resaltado fuera del texto).

En sentencia del 9 de marzo de 2017, esta corporación señaló, entre otras cosas,
lo siguiente:30

[…] En los términos normativos descritos, la sustitución pensional es una prestación que
tiene lugar por la muerte de un pensionado por invalidez o vejez, o cuando fallece
habiendo cumplido con los requisitos para la prestación aun cuando no ha sido
reconocida.

También está contemplada, cuando el trabajador o empleado del sector público fallece
después de haber completado el tiempo de servicio requerido por la ley para adquirir el
derecho a la pensión.

[…] Sin embargo, el derecho a la sustitución pensional, tal como precisó la Sala, también
está consagrado para los beneficiarios del empleado oficial que muere, habiendo
acumulado el tiempo de servicio requerido para adquirir el derecho a la pensión, que no
es otro, a los 20 años independientemente de la edad.

Finalmente, la postura que esta corporación ha sostenido en la actualidad consiste
en señalar que «las normas que gobiernan la sustitución pensional son las vigentes
al momento del deceso de la causante […], toda vez que este es el momento a partir
del cual surge el derecho de los beneficiarios del pensionado».31

2.4.4. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,32 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 9 de marzo de 2017, radicado 18001-23-33-000-2013-00085-01(4232-14).
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 4 de junio de 2020, radicado 05001-23-33-000-2014-00599-02(6291-18), entre otras.
En igual sentido, véase sentencia del 7 de octubre de 2021, radicado 15001-23-33-000-2015-00570-
01(5830-19).
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

19

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1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).

Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son

20

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Demandante: UGPP

únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.

Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,33 la ley y la Corte Constitucional,34 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:

La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del

33 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
34 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.

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Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Resaltado fuera del
texto).

De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.

Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios y las acciones de revisión,
estos deben analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la
fecha en que se profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los
efectos de la nueva tesis jurisprudencial.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que en
relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», es necesario que se exponga la vulneración a este derecho en
relación con los núcleos esenciales que lo componen.

Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión35 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,

35 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»

La entidad recurrente manifiesta que la sentencia objeto de reproche viola el
derecho al debido proceso, porque el tribunal se apartó de la norma aplicable al
caso concreto, esto es, el parágrafo 1.° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003; pues teniendo en cuenta que
la señora Ana Lucrecia Cerquera Manquillo (Q.E.P.D) falleció en vigencia de la Ley
797 de 2003, el tipo de prestación a reconocer es una pensión de sobrevivientes y
no una pensión de vejez post-mortem bajo la figura jurídica de sustitución pensional.
De ahí que el juzgador debía liquidarla en el equivalente al 80 % del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicio, teniendo en cuenta los factores
salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

Pues bien, en el expediente está acreditado que la señora Ana Lucrecia Cerquera
Manquillo (Q.E.P.D) nació el 7 de abril de 195736 y falleció el 31 de enero de 2009.37
Por su parte, desde el 28 de mayo de 1979 hasta el 13 de septiembre de 2007,
laboró en la Unidad Nivel I de Purace Liquidada del departamento del Cauca.38

El 10 de junio de 2011, con ocasión de la muerte de la señora Cerquera Manquillo
(Q.E.P.D), la extinta CAJANAL expidió la Resolución PAP 05747939 por medio de la cual
reconoció una pensión de sobrevivientes a favor del señor Alirio Sánchez Muñoz,
en calidad de compañero permanente de aquella. Para tal efecto la autoridad
pensional aplicó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de
2003, para lo cual liquidó la prestación en el equivalente al 80 % «del monto que le
hubiera correspondido en una pensión de vejez, conforme a lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, del 14 de septiembre de 1997 al 13 de septiembre
de 2007.». Finalmente, aquel acto fue declarado nulo parcialmente en la sentencia

36 Según consta en la parte motiva de la Resolución PAP 057479 del 10 de junio de 2011, folios 154

al 156 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
37 Folio 171 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
38 Folios 157 al 159 ibidem.
39 Folios 154 al 156 ibidem.

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emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán el 29 de junio de 2016,
confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 1.° de marzo de 2018.

Bajo ese panorama, la Sala observa que la sentencia recurrida encontró
demostrado que la causante fue beneficiaria del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que para la entrada en vigencia
de aquella norma en el nivel territorial contaba con más de 35 años de edad y más
de 15 años de servicio, razón por la cual le era aplicable integralmente la Ley 33 de
1985.

Al respecto, advierte la Subsección que la decisión del Tribunal Administrativo del
Cauca contenida en la sentencia del 1.° de marzo de 2018, se sustentó en la
postura emitida por el Consejo de Estado, para la época de su expedición. En
efecto, como se expuso en párrafos precedentes esta corporación admitía la
posibilidad de tener la sustitución pensional al consolidar el tiempo de servicios
necesario para acceder al derecho pensional aunque no hubiese logrado cumplir el
requisito de la edad, por el hecho de la muerte del afiliado, lo que a su vez permitía
dar observancia al régimen anterior a la Ley 100 de 1993, que en el sub lite se
circunscribía a la Ley 33 de 1985.

Así, el juzgador no solo fundamentó su decisión en el Decreto 1160 de 1989, sino
que también dio aplicación al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en virtud
del principio de favorabilidad y a la jurisprudencia emitida por esta corporación
vigente para la época de la expedición de la decisión recurrida. En ese orden, la
Sala advierte que al haber acreditado la causante más de 20 años de servicio, no
es posible afirmar que el proceder del tribunal implique defraudar al sistema de
seguridad social en pensiones, pues, se insiste, aquella realizó las cotizaciones por
28 años, 3 meses y 16 días, las cuales resultan suficientes para financiar su
pensión; de manera que se atiende la finalidad del artículo 48 de la Constitución
Política de 1991.

Con base en lo expuesto, no se juzga que la posición adoptada por el Tribunal
Administrativo del Cauca haya incurrido en vulneración del debido proceso, al
aplicar el criterio expuesto por esta corporación, vigente al momento en el que se

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profirió la sentencia objeto de revisión. Es así, en atención que en múltiples
oportunidades dicha corporación ha considerado como imperativo valorar las
situaciones puestas en conocimiento de lo jueces a la luz de los principios cuya
aplicación impone la Carta Política. En este sentido, se tiene que, en el ejercicio de
su autonomía e independencia, optó por atender los postulados que la
jurisprudencia ha juzgado imperativos al momento de fundar las providencias que
resuelven tales litigios.

Por otro lado, la inconformidad de la UGPP consiste en sostener que la sentencia del
Tribunal Administrativo del Cauca habría incurrido en la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó parcialmente
y modificó los numerales primero y quinto de la parte resolutiva de la providencia
emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, el 29 de junio de 2016,
que había ordenado la reliquidación de la pensión que percibe el hoy demandado,
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en su último año de
servicio, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.

Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, a partir
de las cuales se determinó que para los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación
aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma o en el artículo 21 ibidem.

Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:

En primer lugar, la Sala debe precisar que el Tribunal Administrativo del Cauca, con
sustento en la sentencia emitida por la Sección Segunda de esta Corporación, el 4
de agosto de 201040 (al igual que lo hizo el a quo) entendió que la expresión
«monto», contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4

de agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).

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sumas que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución de sus
servicios», en el último año.

Concretamente, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:41

[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios.

En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al periodo de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.

En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período,
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones
disímiles respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable
a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-
23-33-000-2012-00143-01,42 fijó el criterio de esta Corporación en torno a la
integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición (inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para concluir
que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta manera, la
Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.

No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de
agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de

2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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Demandante: UGPP

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.

De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.

Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión sobre la cual hay cosa juzgada,
aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como fundamento la Ley
33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión de todos los factores
percibidos en el último año de servicio, todo lo cual se encuentra ajustado al
precedente jurisprudencial vigente para la época de expedición de la sentencia. Lo
anterior, en atención a que el tribunal encontró probado que la causante era
beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

Por consiguiente, el Tribunal Administrativo del Cauca, confirmó la sentencia de
primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán, el 1.°
de marzo de 2018 que había ordenado la reliquidación de la pensión que devenga
el hoy demandado, en calidad de compañero permanente de la seora Cerquera
Manquillo, con la inclusión de los siguientes factores salariales devengados en el
último año de servicio: asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de
transporte, estímulo económico, primas de servicio, de vacaciones y de navidad y
bonificación por servicios, estas últimas calculadas en una doceava parte.

Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron devengados por el hoy
demandado, conforme lo certificó la Coordinación de Talento Humano del

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Demandante: UGPP

departamento del Cauca, en el lapso de septiembre de 2006 a septiembre de 2007,
conforme consta en los folios 157 al 159 del cuaderno 1 de la acción de revisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reiterar que la UGPP en la acción de
revisión, circunscribió su argumento a discutir que, para calcular el IBL del
pensionado, debieron atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de
1994, en armonía con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado
sobre el tema. No obstante, no expuso ningún reparo frente a algún emolumento en
particular, por lo que la Subsección, siguiendo el criterio de anteriores decisiones,43
contraerá su análisis a ello.

Siendo así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en
lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación,
la sentencia del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación
vigente para la época, esto es, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cauca, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, según el cual en el IBL se deberán
incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicio.

Es decir, la sentencia del 1.° de marzo de 2018 no fue caprichosa al momento de
definir el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable a la pensión reconocida al
demandado, sino que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había
decantado la Sección Segunda del Consejo de Estado para la época. Igualmente,
lo fue la sentencia de primera instancia emitida el 29 de junio de 2016, por el
Juzgado Tercero Administrativo de Popayán.

43 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00

(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: UGPP

Respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, cabe señalar que si bien para entonces, en la Sentencia C-258 del
7 de mayo de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reunía la señora Cerquera Manquillo (Q.E.P.D).

De igual manera, si bien es cierto que el tribunal reconoció la existencia de la
Sentencia SU-230 de 2015 emitida por la Corte Constitucional, que también invoca
la UGPP;44 también lo es que juzgó que debía optar por la aplicación del criterio
vigente del Consejo de Estado, en uso de su autonomía judicial, en tanto lo encontró
más ajustada a los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la norma.45

Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente
al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo,
dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
no puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó
al criterio vigente para la época.

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado las causales contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que
comoquiera que por un lado, no acreditó la vulneración de las garantías propias del
derecho al debido proceso y, por el otro, como quedó visto, la sentencia
cuestionada se profirió bajo los parámetros de la jurisprudencia vigente para aquella

44 La entidad recurrente fundamenta la presente acción especial de revisión, además, en las
Sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
45 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero

de 2019, radicación: 11001-03-15- 000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.

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Demandante: UGPP

época en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por ende, no excedió lo
debido de acuerdo con la ley.

3. De la condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues la UGPP busca controvertir una providencia judicial que ordenó
la reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la entidad demandante.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la
presente acción de revisión debe ser declarada infundada, puesto que no se
acreditó la configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cauca, Sala de Decisión 4, del 1.° de marzo de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00585-00 (4620-2019)
Demandante: UGPP

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 19 001 33 33 003 2014 00392 01, al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

31

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