Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00599-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00599-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00599-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
19 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Luis Chaves Coral
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Pensión de jubilación
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 6 de
julio de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente, se modificó el numeral
segundo y se adicionó la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión de Cali, el 20 de junio de 2013, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderada judicial,
solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 6 de
julio de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente, se modificó el numeral
segundo y se adicionó la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
Segundo Administrativo de Descongestión de Cali, el 20 de junio de 2013, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor
Luis Chaves Coral, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado 76001-33-31-702-2012-00095-01.
Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca del 6 de julio de 2017; ii) declarar que al señor
Luis Chaves Coral no le asiste el derecho a que se reliquide su pensión de jubilación
con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio;
y iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, teniendo el
ingreso base de liquidación previsto en el artículo 36, inciso 3.° de la Ley 100 de
1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la
Corte Constitucional en Sentencias C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015 y SU-023 de
2018.
1.1.2. Hechos1
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los
siguientes:
i) El 5 de diciembre de 1948, nació el señor Luis Chaves Coral. Prestó sus servicios
en los siguientes períodos y entidades:
• Desde el 12 de enero de 1970 hasta el 11 de enero de 1973 (contrato de
aprendizaje) y desde el 1.° de marzo de 1973 hasta el 18 de mayo de 1991,
en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
• Desde el 1.° de enero hasta el 30 de diciembre de 1992 (contrato de trabajo),
en el municipio de San Pablo, Nariño.
• Desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1999 (como «contratista»)
en el Concejo municipal de Pasto.
Igualmente, realizó aportes a pensión como independiente al Instituto de Seguro
Social, por un total de 504 días, así:
1
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
• Desde el 1.° de febrero hasta el 28 de marzo de 2001.
• Desde el 21 hasta el 31 de octubre de 2004 y desde el 21 hasta el 31 de
diciembre de 2004.
• Desde el 1.° hasta el 28 de febrero de 2006.
• Desde el 1.° de marzo hasta el 30 de junio, del 1.° al 31 de agosto y desde
el 1.° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2009.
ii) El señor Chaves Coral, mediante derecho de petición, solicitó a la extinta CAJANAL
el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación. Dicha petición fue resuelta
de forma negativa a través de las Resoluciones 45259 del 26 de diciembre de 2005
y 29758 del 4 de julio de 2008, confirmadas por las Resoluciones 596 del 25 de
mayo de 2006 y 16873 del 4 de mayo de 2009, respectivamente, al indicar que no
acreditaba el requisito de 20 años de servicios.
iii) El 20 de junio de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Cali profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente
a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Chaves Coral contra la
extinta CAJANAL hoy UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2
1. DECLARASE la nulidad de la [R]esolución No. la resolución (sic) No. 29758 del 4 de
julio de 2008, mediante la cual se niega la pensión al demandante.
2. Como consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento del derecho, se ordena
a la demandada reconocer la pensión de jubilación al demandante efectiva a partir del 5
de diciembre de 2003 pero con prescripción trienal pagadera desde el 13 de junio de
2004 (la petición la elevó el 13 de junio de 2007). Igualmente se ordena reconocer y
pagar al demandante liquidando la base pensional del promedio de lo devengado en el
período comprendido entre el 18 de mayo de 1990 y 18 de mayo de 1991, actualizando
los valores antes mencionados con base a la fórmula que a continuación se indica:
índice final
R: Rh x ______________
índice inicial
Donde el valor presente (R) es decir, el IBL o valor actualizado se determina multiplicando
el valor histórico, que es el promedio de lo devengado por el demandante en el último
año de servicios (18 de mayo de 1990 a 18 de mayo de 1991) por el guarismo que resulte
2
Folios 59 al 89 del cuaderno del proceso ordinario.
La Sala precisa que a través del auto del 15 de noviembre de 2013, el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Cali aclaró la sentencia de primera instancia, en los términos
trascritos en el numeral iii) del acápite de hechos. Folios 120 al 123 del cuaderno del proceso
ordinario.
3
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la
fecha a partir de la cual se reconocerá la pensión de jubilación, esto es, a partir del 5 de
diciembre de 1998, por el índice inicial de precios al consumidor vigente en la fecha de
retiro o desvinculación del actor.
3. NIEGANSE LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.
iv) El 6 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, emitió
sentencia de segunda instancia, en el sentido de modificar el numeral segundo y
adicionar la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Cali, en los siguientes términos:3
PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2 de la Sentencia del 20 de junio de 2013, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cali, el cual fue corregido
mediante Auto Interlocutorio No. 635 del 15 de noviembre de 2013, el cual quedará así:
“2. - Como consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento del derecho, se
ordena a la demandada reconocer la pensión de jubilación al demandante efectiva a
partir del 5 de diciembre de 2003 pero con prescripción trienal pagadera desde el 13 de
junio de 2004 (la petición la elevó el 13 de junio de 2007), con el 75 % del promedio de
lo devengado en el período comprendido entre el 18 de mayo de 1990 y [el] 18 de mayo
de 1991, teniendo en cuenta para ellos (sic) los factores de Asignación básica,
incremento por antigüedad, auxilio de alimentación, Auxilio de transporte, Bonificación
por servicios prestados, Prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad,
actualizando los valores antes mencionados con base a la fórmula que a continuación
se indica:
índice final
R: Rh x ______________
índice inicial
Donde el valor presente (R) es decir, el IBL o valor actualizado se determina multiplicando
el valor histórico, que es el promedio de lo devengado por el demandante en el último
año de servicios (18 de mayo de 1990 a 18 de mayo de 1991) por el guarismo que resulte
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la
fecha a partir de la cual se reconocerá la pensión de jubilación, esto es, a partir del 5 de
diciembre de 1998, por el índice inicial de precios al consumidor vigente en la fecha de
retiro o desvinculación del acto[r].”
SEGUNDO: ADICIONAR la Sentencia del 20 de junio de 2013, proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión de Cali, el cual fue corregido mediante Auto
Interlocutorio No. 635 del 15 de noviembre de 2013, en la siguiente forma:
La entidad demandada en consecuencia, deberá actualizar los factores salariales que
se ordena incorporar al ingreso base de liquidación, sobre los cuales no se haya
realizado retención alguna, utilizando la fórmula financiera más técnica y expedita tanto
para la reliquidación de la mesada pensional, como para realizar los descuentos que se
3
Folios 220 al 233 del cuaderno del proceso ordinario.
4
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
ordenan en este fallo, conforme a la jurisprudencia citada en esta providencia y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo recurrido. (Resaltado, comillas y cursiva
original del texto).
v) El 25 de septiembre de 2017, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
vi) El 30 de octubre de 2018, la UGPP expidió el Auto ADP 007842 mediante el cual
ordenó la práctica de pruebas, para lo cual indicó que era necesario que la
Corporación Autónoma Regional de Nariño y el Consejo municipal de Pasto,
allegaran el certificado de los factores salariales del último año de servicio del hoy
demandado, correspondiente a los siguientes períodos: desde el 5 de julio hasta el
5 de octubre de 1996, desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio de 1999 y desde
el 15 de junio hasta el 31 de diciembre de 1999.
vii) El 28 de noviembre de 2018, por virtud de la Resolución RDP 045364 la UGPP
declaró la imposibilidad de dar cumplimiento a la providencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, toda vez que no se allegó la documentación
solicitada.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 6 de julio de
2017, confirmó parcialmente, modificó el numeral segundo y adicionó la parte
resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Cali, el 20 de junio de 2013, que había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda presentada por el señor Chaves Coral contra la
extinta CAJANAL hoy UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones:4
i) Para la época en que el actor estuvo vinculado con el Instituto Colombiano
Agropecuario, esto es, desde el 12 de enero de 1970 hasta enero de 1973, la
regulación del contrato de aprendizaje se encontraba dispuesta en la Ley 188 de
1959. Al respecto, el Consejo de Estado señaló que «el contrato de aprendizaje
4
Folios 220 al 233 del cuaderno del proceso ordinario.
5
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
obligaba al patrono a reconocer las prestaciones sociales y demás derechos
contenidos en el Código Laboral con respecto al contrato de trabajo».
Ese tipo de contrato, «en cuanto sometido a los reglamentos del empleador, y
concordado con preceptivas propias de la relación laboral, no se deslinda de las
normas generales que rigen el contrato de trabajo, por lo que participa de su
naturaleza y aunque su duración se regula especialmente […] permite considerarlo
como modalidad del contrato de trabajo, y por ende, tener en cuenta el tiempo de
vinculación para contabilizar ese período como verdaderamente laboral, para
acumularlo al tiempo exigido para tener derechos a la pensión de jubilación».
En ese orden, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Suprema de Justicia, es válido computar el servicio prestado bajo la modalidad de
contrato de aprendizaje para efectos de establecer los 20 años de servicio exigidos
por la Ley 33 de 1985.
ii) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo
de Estado, se fijó el criterio respecto de los factores salariales que deben tenerse
en cuenta para efectos de liquidación de las pensiones del régimen de transición y
según el cual, aunque la ley no señala taxativamente los factores de salario, debían
incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica
el trabajador, en el último año de servicio, percibiera como contraprestación. Aquella
postura fue reiterada por el alto tribunal en la sentencia del 2 de febrero de 2017. 6
En esta oportunidad se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, pues
en virtud, además, del principio de favorabilidad en materia pensional es procedente
apartarse del criterio fijado en las Sentencias C-258 de 20137 y SU-230 de 2015,
emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la
Ley 33 de 1985.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado
2500023250002006-0750901 (0112-09).
6
El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 2 de febrero de 2017, radicado 25000234200020130154101.
7
El tribunal señaló que la Sentencia C-258 de 2013 no es aplicable al sub lite, comoquiera que la
Corte Constitucional afirmó que lo ahí decidido no podía trasladarse en forma automática a otros
regímenes especiales o exceptuados. Lo anterior, aunado al principio de seguridad jurídica.
6
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
iii) De acuerdo con el acervo probatorio, el señor Chaves Coral es beneficiario del
régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello,
para efectos pensionales, debía aplicarse la Ley 33 de 1985, en su integridad, en
virtud del principio de inescindibilidad de las normas.
Por su parte, si bien es cierto en el acto demandado se reconoció como tiempo de
servicio el comprendido entre el 1.° de marzo de 1973 y el 18 de mayo de 1991,
para un total de 18 años y 20 días, también lo es que se desconoció el período
laborado, a través de un contrato de aprendizaje, desde el 12 de enero de 1970
hasta el 11 de enero de 1973. Al respecto, el ICA certificó que en este último lapso
el demandante realizó aportes con destino al sistema general de seguridad social.
iv) En ese orden, se impone confirmar parcialmente la sentencia emitida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Cali que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:
Se modifica el numeral segundo de su parte resolutiva, en el sentido de ordenar el
reconocimiento de una pensión de jubilación, a partir del 5 de diciembre de 2003,
con efectos fiscales desde el 13 de junio de 2004, por prescripción trienal, en el
equivalente al 75 % del salario promedio devengado durante el último año de
servicio, esto es el comprendido entre el 18 de mayo de 1990 y el 18 de mayo de
1991, con la inclusión de los siguientes factores salariales percibidos en ese lapso:
asignación básica, incremento por antigüedad, auxilios de alimentación y de
transporte, bonificación por servicios prestados y primas de vacaciones, de servicios
y de navidad.
Así mismo, se adiciona la sentencia de primera instancia en el entendido de que la
entidad demandada debe actualizar los factores salariales que se ordena incorporar
al ingreso base de liquidación, sobre los cuales no se haya realizado retención
alguna, utilizando la fórmula financiera más técnica y expedita tanto para la
reliquidación de la mesada pensional como para realizar los descuentos a que haya
lugar, en cumplimiento del artículo 48 de la Constitución Política.
1.2. La causal de revisión invocada
7
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes
argumentos:
i) Se acreditó que el señor Chaves Coral es beneficiario del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que a su entrada en
vigencia, tenía más de 40 años de edad. De igual manera, «en el trámite judicial se
halló probada su vinculación al servicio del Estado por más de 20 años». Así mismo,
se tiene que adquirió el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Por lo tanto, el régimen aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985. En este
sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las
prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas
por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se
encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión
de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la
pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según lo certificado por el
DANE. En igual sentido, lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias C-
168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017,
SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y SU-023-2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229
de 2017, que constituyen precedente de obligatorio cumplimiento.
ii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional del señor Chaves Coral, porque adquirió el estatus
jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.
iii) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional del
demandado se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para
8
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema
pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Vencido el término para presentar contestación al recurso extraordinario de revisión,
la parte demandada guardó silencio.8
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.10
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
8
De acuerdo con la constancia secretarial visible a folio 268 del cuaderno 2 de la acción especial de
revisión.
9
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
10
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial fue interpuesta antes de la entrada
en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 22 de agosto de 2019 como consta en el folio 39
reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión; razón por la cual su trámite no está regido por las
reglas de competencia consagradas en la referida norma.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».11
Finalmente, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está
legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna
la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 25 de julio de 2017 12
y la acción especial de revisión se interpuso el 22 de agosto de 2019, 13 por lo que
es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.
2.3. Cuestión previa
Antes de abordar el problema jurídico a tratar, revisados los argumentos de la acción
especial de revisión interpuesta por la UGPP, la Sala observa que se solicita, como
medida cautelar la suspensión provisional de la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca del 6 de julio de 2017.
Pues bien, en cuanto a la procedencia de medidas cautelares dentro del trámite del
recurso extraordinario, es necesario hacer énfasis en lo dispuesto en el artículo 229
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que
establece lo siguiente:
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto
11
Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también
reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
12
Folio 234 reverso del cuaderno del proceso ordinario.
13
Folio 39 reverso del cuaderno 1 de la acción de revisión.
10
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con
lo regulado en el presente capítulo. (Resaltado fuera del texto).
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa
y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán
ser decretadas de oficio.
De acuerdo con la norma transcrita, para el caso de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, solo son procedentes las medidas cautelares en los procesos de
naturaleza declarativa (nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y de
reparación directa) que se tramiten y se resuelvan en sede de instancias.
Al solicitarse, como medida provisional, la suspensión de los efectos de la sentencia
cuya revisión se depreca, se estaría desconociendo el principio de seguridad
jurídica que cobija un fallo ejecutoriado, debido a que su legalidad solo puede
desvirtuarse con la decisión del recurso extraordinario en caso de prosperar la
causal invocada. Por lo tanto, se concluye que el ejercicio del recurso extraordinario
de revisión, por sí solo, no abre la posibilidad de impedir el cumplimiento de la
sentencia cuestionada.
Sobre el asunto, esta Corporación ha sostenido que las medidas cautelares
solicitadas en el marco de un recurso de revisión se tornan improcedentes, a
saber:14
Por todo lo expuesto, el despacho concluye que en el trámite del recurso extraordinario
especial de revisión no proceden las medidas cautelares tendientes a la suspensión de
los efectos de la sentencia objeto del mismo por cuanto:
● El recurso extraordinario especial de revisión tiene una pretensión impugnatoria
y no declarativa, así mismo no hace parte del proceso ordinario o general, sino que tiene
un procedimiento especial.
14
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de octubre de 2017, con
ponencia del Dr. William Hernández Gómez, bajo el número de radicado 11001-03-15-000-2015-
00110-00 Recurrente: Libardo Enrique García Guerrero
11
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
● Las medidas cautelares son taxativas frente a su procedencia en procesos
especiales; por tanto, al no estar contempladas para el recurso extraordinario especial
de revisión, no se pueden aplicar de manera extensiva.
● Tal y como lo interpretó la Corte Constitucional C-247 de 1995, el legislador no
permitió que se pueda solicitar la no ejecución del fallo o la suspensión de sus efectos,
cuando se inicie el trámite del recurso extraordinario especial de revisión contra la
sentencia de pérdida de investidura.
● La causal que sirve de sustento para la solicitud de la medida cautelar es la
contenida en el artículo 230 del CPACA, que está dirigida a los actos administrativos y a
la actuación administrativa, naturaleza jurídica que no tiene el fallo judicial. En efecto, la
regulación de las medidas cautelares en el CPACA previstas en los citados artículos, tiene
la finalidad de ampliar las facultades del juez para controlar de manera más eficiente y
oportuna el actuar de la administración, mas no las actuaciones que ya se surtieron en
sede judicial y que pueden ser objeto de revisión posterior, como es el caso de las
sentencias ejecutoriadas que puedan ser objeto del recurso extraordinario especial de
revisión. La legislación solo lo permite suspensión de los efectos de estas en casos
taxativos cuando se trata de sentencias con condenas de carácter económico.
● La sentencia sobre la que se pide la suspensión provisional está investida del
principio de cosa juzgada, la cual solamente se puede modificar o alterar mediante la
decisión definitiva que resuelva el recurso extraordinario especial de revisión,
únicamente si se prueban las causales que taxativamente contemplan el artículo 17 de
la Ley 144 de 1994 y el artículo 250 del CPACA. Por tanto, no es posible hacerlo
provisionalmente a través de una medida cautelar.
● La finalidad de las medidas cautelares es garantizar la efectividad de la sentencia
y en el recurso extraordinario especial de revisión existe una sentencia debidamente
ejecutoriada, sobre la cual recae la demanda de revisión. Por tanto, estas no son se
acompasan con la naturaleza de este procedimiento.
En conclusión: Se tornan improcedentes medidas cautelares reguladas en los artículos
229 y 230 del CPACA, dentro del recurso extraordinario especial de revisión.
Como consecuencia de lo anterior se negará la solicitud realizada por el apoderado del
señor Libardo Enrique García Guerrero.
En este orden de ideas, en el sub lite, no hay lugar a iniciar el trámite de suspensión
provisional de los efectos de la sentencia objeto de revisión porque es
improcedente.
2.4. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, del 6 de julio de 2017, se encuentra inmersa en la causal de revisión
contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir
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a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
2.5. Marco normativo
2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
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i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.
14
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Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró15 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,16 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.5.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».17
15
Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
16
Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
17
Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
15
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Demandante: UGPP
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».18
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».19
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993
18
Ibidem.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).
16
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Demandante: UGPP
Mediante la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, 20 la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto de
los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL estableció las siguientes
reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.
17
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Demandante: UGPP
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se encuentran en el régimen de
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, según corresponda.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,21 la ley y la Corte Constitucional,22 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
21
Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
22
Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
18
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Subrayado fuera del
texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios de revisión, estos deben
analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se
profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los efectos de la nueva
tesis jurisprudencial.
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que no está
en discusión que el demandado es beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su sujeción a los supuestos contenidos en la
Ley 33 de 1985, para efectos pensionales, pues así lo reconoce la entidad
recurrente en el escrito de la acción de revisión.
Pues bien, la inconformidad de la UGPP consiste en que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca del 6 de julio de 2017, habría incurrido en la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en
tanto confirmó parcialmente, modificó el numeral segundo y adicionó la parte
19
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Cali del 20 de junio de 2013,23 que había ordenado el
reconocimiento de una pensión de jubilación al hoy demandado a partir del 5 de
diciembre de 2003, con efectos fiscales desde el 13 de junio de 2004, por
prescripción trienal, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados
en su último año de servicio, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.
Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y
SU-395 de 2017, a partir de las cuales se determinó que para los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso
base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma o en el
artículo 21 ibidem.
En este sentido, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub
lite, la Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión,
con base en las siguientes razones:
En primer lugar, la Subsección debe precisar que para el momento en el que se
produjo la decisión objeto de reproche, esto es, el 6 de julio de 2017, la posición
adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso base de liquidación
de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, era la contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,24
según la cual la expresión «monto», contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, comprendía «todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el
empleado como retribución de sus servicios», en el último año.
23
La Sala precisa que a través del auto del 15 de noviembre de 2013, el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Cali aclaró la sentencia de primera instancia, en el entendido de
que la pensión de jubilación reconocida al hoy demandado sería efectiva desde el 5 de diciembre de
2003 y no desde el 5 de diciembre de 1998, con efectos fiscales a partir del 13 de junio de 2004, por
prescripción trienal. Folios 120 al 123 del cuaderno del proceso ordinario.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia de 4 de
agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
20
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Demandante: UGPP
Concretamente, en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:25
[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios.
En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al periodo de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.
En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período,
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones
disímiles respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable
a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-
23-33-000-2012-00143-01,26 dio unidad a la jurisprudencia de esta Corporación en
torno a la integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas
bajo el régimen de transición (inciso 3.o del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para
concluir que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que
se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta
manera, la Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.
No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.
25
Ibidem.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
21
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, cabe señalar que en varias decisiones de revisión de tutela,27 la
Corte Constitucional había dado la misma interpretación que la de la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado para entender que el ingreso base de liquidación
debía calcularse conforme la normativa anterior a la Ley 100 de 1993. Bajo este
criterio, en el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, los factores salariales a tener
en cuenta están constituidos por todos aquellos emolumentos que hubiese
devengado el servidor público durante el último año de servicio.
Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación y sobre
la cual hay cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo
como fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la
inclusión de todos los factores percibidos en el último año de servicio, todo lo cual
se encuentra ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de
expedición de la sentencia.
Lo anterior, en atención a que el tribunal encontró probado que el señor Luis Chaves
Coral, al igual que lo hizo el juzgado, es beneficiario del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ende, le era aplicable la Ley
33 de 1985.
27
Corte Constitucional, sentencias T-651-04, T-948-09, T-013-11 y T- 860-12. En la última citada, la
Corte Constitucional consideró: «Así mismo, ha dicho la Corte que el monto de la pensión
corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios,
sin que le sea dable al fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación
distinta a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son
inseparables.».
22
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
En ese sentido, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, modificó el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia emitida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cali, el 20 de junio de 2013,
en el entendido de ordenar el reconocimiento pensional en favor del señor Chaves
Coral a partir del 5 de diciembre de 2003, con efectos fiscales desde el 13 de junio
de 2004, por prescripción trienal, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados por aquel en el último año de servicio (1990-1991), los que enlistó de
la siguiente manera: asignación básica, incremento por antigüedad, auxilios de
alimentación y de transporte, bonificación por servicios prestados, primas de
vacaciones, de servicios y de navidad. Lo anterior, debido a que el juez de primera
instancia no determinó la forma de liquidación de la prestación reconocida en la
parte resolutiva de la providencia.
Se advierte que los citados emolumentos fueron certificados por los Coordinadores
de los Grupos de Información y Desarrollo y Talento Humano y de Tesorería del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), visible en el folio 151 del cuaderno 1 de la
acción especial de revisión.
Así mismo, se adicionó la sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar a
la entidad demandada actualizar los factores salariales incorporados al ingreso base
de liquidación, utilizando la fórmula financiera más técnica y expedita tanto para la
reliquidación de la mesada pensional como para realizar los descuentos a que haya
lugar, en cumplimiento del artículo 48 de la Constitución Política.
Es preciso reiterar que la UGPP en la acción de revisión, circunscribió su argumento
a discutir que, para calcular el IBL del pensionado, debieron atenderse las
disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión
de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. No
obstante, no expuso ningún reparo frente a algún emolumento en particular, por lo
que la Subsección, siguiendo el criterio de anteriores decisiones,28 contraerá su
análisis a ello.
28
Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00
(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.
23
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
Siendo así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en
lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación,
la sentencia del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación
vigente para la época, la cual, para el particular caso del señor Chaves Coral, el
juez consideró representada en las sentencias de fechas del 4 de agosto de 2010,
expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009) y del 2 de febrero de 2017.29
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el ejercicio de
su independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, conforme al cual el régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 habilitaba la observancia del régimen anterior en su
integridad y así mismo a que sus beneficiarios tuvieran derecho a que en el IBL se
incluyeran todos los factores percibidos durante el último año de servicio.
Es decir, la sentencia del 6 de julio de 2017 no fue caprichosa al momento de definir
el IBL aplicable a la pensión de jubilación reconocida al demandado, sino que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.
Por su parte, si bien es cierto el tribunal reconoció la existencia de las Sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, que también
invoca la UGPP;30 también lo es que juzgó que debía optar por la aplicación del
criterio vigente del Consejo de Estado, en uso de su autonomía judicial, en tanto lo
encontró más ajustada a los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la
norma.31
29
El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 2 de febrero de 2017, radicado 25000234200020130154101.
30
La entidad recurrente fundamenta la presente acción especial de revisión, además, en las
Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-
395 de 2017, SU-631 de 2017 y SU-023-2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
31
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15- 000-2018-01943-00(REV).
24
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente
al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo,
dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
no puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó
al criterio vigente para la época.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado la causal contemplada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que no demostró que la
sentencia objeto de estudio excediera lo debido de acuerdo con la con la ley, como
quedó visto.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social busca controvertir una
providencia judicial que ordenó el reconocimiento de una pensión con cargo al
erario, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la entidad demandante.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción especial
de revisión debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es, la señalada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
25
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00599-00 (4725-2019)
Demandante: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
del 6 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-31-702-2012-00095-01 al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
26
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