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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00630-00

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00630-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión que la Unidad 46 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá, D.C., Doce (12) de Septiembre De Dos Mil Catorce (2014) Radicación Número: 25000-23-42-000-2013-00632- 01(1434-14) Actor: Gladys Agudelo Ordóñez Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones - Colpensiones - Referencia: Sentencia de Unificación 20 Número Interno: 4787-2019 Demandante: UGPP Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia del veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00630-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00630-00 (4787-2019)1.
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
Demandada : Heidi Cristina Guerrero Mejía
Trámite : Acción especial de revisión.
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 23 de abril de 2015,
proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico. Causal regulada en los
literales a y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia
del Veintitrés (23) de abril de Dos Mil Quince (2015), proferida por la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó parcialmente el
fallo del Veintidós (22) de marzo de Dos Mil Trece (2013), emitido por el Juzgado Sexto
(6) Administrativo de Descongestión de Barranquilla, que accedió a las súplicas de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por la señora Heidi
Cristina Guerrero Mejía.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende se infirmen las sentencias del veintitrés (23) de abril de Dos
Mil Quince (2015), proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del

1
Expediente físico
2
Folios 320-331

Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

Atlántico, que confirmó parcialmente el fallo del veintidós (22) de marzo de Dos Mil Trece
(2013), emitido por el Juzgado Sexto (6) Administrativo de descongestión de Barranquilla,
dictadas dentro del expediente radicado No. 08001-33-31-002-2012-00047-00 y, en su
lugar, se revoquen las mencionadas providencias.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende que:

Se declare que la señora Heidy Cristina Guerrero Mejía, no es titular de un derecho
adquirido respecto de la liquidación de su mesada pensional, susceptible de amparo por
el ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, se ordene la reliquidación y pago
de la pensión que actualmente percibe, tomando como ingreso base de liquidación las
directrices previstas en el inciso tercero del artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, así como los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994, de
conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018,
fijando como monto o tasa de remplazo el 75% previsto en el Decreto 546 de 1971, sin
sobrepasar el tope máximo pensional de 25 SMMLV.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que, la Caja Nacional de Previsión
Social E.I.C.E, con Resolución No. 00572 del veinte (20) de enero de Dos Mil Nueve
(2009), reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez de la señora Guerrero Mejía,
liquidando la prestación con el setenta y cinco (75%) del promedio de lo devengado en
los últimos 10 años de servicio, en cuantía de ($8.431.215.09), efectiva a partir del
primero (1) de mayo de Dos Mil Siete (2007)3.

Por medio de Resolución No. UGM 001686 del veintidós (22) de julio de Dos Mil Once
(2011), la extinta Cajanal en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado
Cuarto (4) Laboral del Circuito de Barranquilla, reliquidó la pensión con el setenta y cinco
(75%) de la asignación más elevada en el último año de servicio, entre el 1 de enero de
2010 y el 30 de diciembre de 2010, en cuantía de ($12.875.000), efectiva a partir del
primero (1) de noviembre de Dos Mil Diez (2010), condicionada al retiro definitivo.

La señora Heidi Cristina Guerreo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó la legalidad de los citados actos administrativos.

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Pagina 104 cuaderno principal

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

El Juzgado Sexto (6) Administrativo de descongestión de Barranquilla, en sentencia del
veintidós (22) de marzo de Dos Mil Trece (2013), accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, disponiendo: (i) declarar la nulidad parcial de las resoluciones
demandadas; (ii) como consecuencia de la nulidad decretada, ordenó la reliquidación
sobre el setenta y cinco (75%) de los factores devengados en el último año de servicio,
incluyendo la totalidad de las acreencias que constituyen salario, como por ejemplo la
prima especial de servicio.

La anterior decisión, fue confirmada parcialmente por la Sala de Descongestión del
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del veintitrés (23) de abril de
Dos Mil Quince (2015), en la cual, ordenó adicionar los descuentos de ley sobre los
factores salariales objeto de reliquidación pensional si no se hubieren descontados.

En cumplimiento de las decisiones judiciales objeto de revisión, la subdirectora de
determinación de derechos pensionales de la UGPP, reliquidó la pensión de la causante
a través de la Resoluciones RDP 002628 del veintinueve (29) de enero de Dos Mil
Diecinueve (2019)4, fijando el monto de la mesada pensional en $19.531.050, con
efectividad a partir del veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018).

1.2. Sentencia objeto de revisión.

La Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia
del veintitrés (23) de abril de Dos Mil Quince (2015), confirmó parcialmente la decisión de
primera instancia, al considerar que, el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, precisó que
el monto de la mesada pensional sí debía liquidarse sobre el setenta y cinco (75%) del
promedio de la asignación más alta durante el último año de servicio, suscitando con ello
la inclusión de todos los ingresos que recibió y que tuvieran el carácter remunerativo del
servicio. Sin embargo, debía aplicarse los descuentos de ley sobre los factores salariales
objeto de reliquidación pensional.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente5:

«PRIMERO: Adiciónese la sentencia del 22 de marzo de 2013, adicionada por providencia de 26
de junio de 2013, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo en Descongestión del Circuito

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Pagina 171-174 cuaderno principal
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Folios 222-237 cuaderno No. 2

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

de Barranquilla, en el entendido de ordenar a la demandada aplicar los descuentos de ley sobre
los factores salariales objeto de la reliquidación pensional si no se hubieren descontados, en
virtud del principio de protección al erario público y se tengan en cuenta los efectos de la
sentencia C-258-2013.

SEGUNDO: Confírmese la sentencia en todas sus demás partes.

TERCERO: Sin costas en esta instancia»

De acuerdo a lo anterior, se destaca que el fallo de primera instancia del veintidós (22)
de marzo de Dos Mil Trece (2013), dictado por el Juzgado sexto (6) Administrativo de
descongestión de Barranquilla, accedió a las pretensiones de la demanda, en los
siguientes términos6:

Determinó que, la señora Heidi Cristina Guerrero, se encontraba amparada por el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; en consecuencia,
su mesada pensional debía reliquidarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 546 de
1971 estatuto especial para los servidores de la Rama Judicial, tomando como base el
setenta y cinco (75%) sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último
año de servicio. Dentro de dichos factores debían incluirse, además de la asignación
básica mensual, todas las asignaciones que no se hubieren sumado.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARARSE no probadas las excepciones de indebida conformación del
litisconsorcio por pasiva- necesidad de vincular al empleador (Rama Judicial del poder
público) y al FOPEP, inexistencia de la obligación, buena fe y de prescripción de las mesadas.

SEGUNDO: DECLARESE la nulidad parcial de la Resolución No. 00572 del 20 de enero de
2009 y la Resolución No. UGM 001686 del 22 de julio de 2011, en razón de que se reliquide
la pensión de jubilación en un monto igual al 75% del salario mensual más alto devengado en
el último año de servicios, este es el año 2011, incluyendo los factores salariales que no se
hayan hecho.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad demandada
reliquidar la pensión de jubilación de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de esta
providencia y se deducirán las sumas que esta haya pagado en cumplimiento del acto
administrativo que reconoció la pensión de jubilación y se descontarán los valores

6 Pagina 215-221 cuaderno No. 2

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

correspondientes a los aportes no efectuados para la pensión.

CUARTO: Abstenerse de condenar en costas […]»

1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP, invocó las causales de revisión establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, literales a), que dispuso la procedencia del recurso, «cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso»; y b), según la cual, procede la revisión de pensiones
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión procura, incurre en las causales citadas, toda vez
que, al aplicar la disposición normativa, fue interpretada contrariando el precedente
constitucional C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU- 427 de 2016; SU-
210 de 2017; SU-395 de 2017; SU -631 de 2017, y T -039 de 2018, al ordenar la
reliquidación con el ingreso base de liquidación, con el 75% del equivalente a la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios,
y la inclusión de todos los factores salariales, en aplicación del Decreto 546 de 1971 y
Decreto 1158 de 1994, lo cual, constituye una grave afectación al equilibrio económico
del sistema pensional, al aumentar injustificadamente la mesada.

Afirma que, se vulneró el debido proceso con el reajuste pensional ordenado en favor de
la demandante, toda vez que, tal prestación debió liquidarse con base en las directrices
fijadas en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como, los factores
salariales con incidencia pensional, determinados en el Decreto 1158 de 1994. A la par
de la vulneración al debido proceso, estimó que la cuantía liquidada de la mesada
pensional, desatiende las reglas jurisprudenciales aplicables, en el entendido que, la
postura unificada de la Corte Constitucional, propendió por garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, partiendo del propósito genuino del aludido sistema,
dirigido a unificar los distintos sistemas dispersos, a fin de no cometer los errores del
pasado, que llevaron a la desfinanciación del sistema.

En definitiva, a su juicio, el régimen aplicable para la determinación del IBL es el señalado
en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, los últimos 10 años de
servicio sin que en ningún caso pueda super el tope de los 25 SMMLV.

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

1.4. Contestación de la demanda de revisión7

El auto admisorio de la acción, fue notificado personalmente a la señora Heidi Cristina
Guerrero Mejía, el Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)8.

1.5. Contestación de la demanda de revisión.

Mediante apoderado, la señora Heidi Cristina Guerreo Mejía contestó la demanda9,
oponiéndose a las pretensiones, con fundamento en que, al momento en que fueron
proferidas las sentencias del Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de
Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico, existía un precedente judicial
consolidado según el cual, los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la
Procuraduría cobijados por el régimen de transición, tenían derecho a la aplicación
integral del Decreto 546 de 1971. Ello implicaba no solo edad y tiempo de servicio, sino
también que, la pensión debía liquidarse con el 75% del salario más alto del último año
de servicio. Esta interpretación estaba respaldada por jurisprudencia vigente, posiciones
de las partes y pronunciamientos de la Procuraduría, e incluso fue reiterada por la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

En consecuencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente en afirmar
que no procede el recurso extraordinario de revisión, cuando las sentencias cuestionadas
se fundamentaron en precedentes vigentes para la época en que fueron emitidas. Por
ello, no hay lugar a revocar las decisiones acusadas.

Además, consideró que, en un escenario hipotético de revocatoria, recobrarían vigencia
las resoluciones pensionales No. 0572 de 2009 y UGM 001686 de 2011, cuya nulidad ya
fue decidida y que tampoco pueden ser demandadas por haber vencido los términos.
Dichas resoluciones, al igual que la RDP 002628 de 2019 —que sigue vigente—
reconocieron la pensión con el 75% del ingreso más alto del último año y con el límite de
25 salarios mínimos, por lo que no existiría efecto práctico favorable para el actor.

Finalmente, en virtud del principio de buena fe, no procede ordenar reintegros de sumas
pagadas. La beneficiaria actuó ajustada al debido proceso, solicitó su pensión conforme

7
Samai, índice 24
8
Expediente digital – índice 000 – archivo PDF 027RECIBEMEMORIAL_RESPUESTAALDESPACHOC.
9
Samai, Índice 30

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

a los requisitos legales y jurisprudenciales vigentes, y las decisiones se adoptaron
siguiendo el precedente existente. Tampoco se ha demostrado la veracidad de las cifras
alegadas por la parte demandante respecto a supuestas sumas a reintegrar.

1.6. Ministerio Público10.

El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, y
dejar incólume la sentencia objeto de reproche, al considerar que el Tribunal no podía
aplicar las reglas y subreglas fijadas en la Sentencia de Unificación de 2018, para
establecer el IBL de la señora Guerrero Mejía con fundamento en el promedio de los
últimos diez años cotizados, ni los lineamientos unificados por la Corte Constitucional en
la Sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, al no estar vigentes para la época en que
se dictó el fallo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA11 y 20 de la Ley 797 de 200312, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 201913.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia revisada
fue notificada el 13 de mayo de 201514, y la demanda fue presentada el 2 de septiembre
de 201915, razón por la cual, no fue superado el término de 5 años establecido en el
artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

10
Samai, índice 28
11
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
12
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
13
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
14
Samia, índice 9
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Pagina 9- reverso- sello de recibido en la sección segunda del Consejo de Estado

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Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del veintitrés (23) de
abril de Dos Mil Quince (2015), emitida por la Sala de descongestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, está incursa en las causales de revisión consagradas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de
la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión
reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material16 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 17.

16
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios18.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo
que el trámite19 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 20, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 21», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial22.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
• Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
19
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
21
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-
03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
22
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

Así las cosas y conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas
por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

En efecto, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial
de Revisión de esta Colegiatura ha señalado : 23

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección
ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en
relación con los núcleos esenciales que lo componen» 24 y «la parte interesada debe promover la acción
especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 25.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo
con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019;
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-
00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un
monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda
en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017, SU-631 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel
no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se agota en la simple
confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que impone un
análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos
y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los
servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía
previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55
años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas,
con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el
Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos
señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión26, aludiendo a los componentes de

26
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de
vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres
o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo,

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas
legítimas de las personas próximas a pensionarse.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual, la
Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro
(4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010)27, acogió el principio de inescindibilidad, conforme
al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al
momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante
el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230 de
2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente
al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso base de
liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando
el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base
de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que, solo fue superada hasta la emisión
de la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 28, en la cual, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, modificó la postura que sostenía la Sección
Segunda, en los siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el
IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base
para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de
un (1) año para los servidores públicos. […]»
27
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009. Demandante:
Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

12

Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a
las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones[…]».

En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no es un
elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, también lo
es que, con antelación a la emisión del citado fallo de 28 de agosto de 2018, la posición
unificadora del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura
que, con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales
administrativos del país a la hora de proferir sus sentencias.

Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, y con el objeto de clarificar la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas,
estableció los efectos de la decisión de la siguiente manera:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo
que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada […]».

Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en aquellos casos en los que, en el marco de
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa una
determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en una cuantía
que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta
Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto
de 201829 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que fijan el ingreso base
de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 201830 en las que se hubiere preferido dar aplicación a la posición
de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis
expuesta en sentencia SU-230 de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen
el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las particularidades de
cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de una pensión con abuso del
derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió el límite legal.

Por último, es preciso indicar que, en concordancia con la postura jurisprudencial fijada
en la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, esta Sección
unificó criterios respecto de la liquidación de las pensiones que corresponden a los
beneficiarios del régimen especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público en 202031,
en la cual, se reafirma la interpretación sobre la aplicación del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales que deben ser
tenidos en cuenta para la liquidación de la mesada.

2.5. Caso concreto.

Debe precisarse que, en el presente asunto, no se controvierte el reconocimiento del
derecho pensional de la señora Heidi Cristina Guerrero Mejía, sino la forma en que debe
reliquidarse la pensión de jubilación, conforme a las directrices establecidas en el inciso
tercero del artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como, los factores

29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 11 de junio de 2020. Radicado: 15001-
23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021- 20. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, fijando una tasa de reemplazo
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%).

Sobre la primera causal invocada

La Sala advierte que, lo pretendido por la entidad recurrente, bajo este cargo, es que se
reexamine el fundamento normativo que condujo al Tribunal a adoptar la decisión
cuestionada, pues, a su juicio, se desconocieron las disposiciones que regulan el
reconocimiento y la reliquidación de las pensiones, al haberse incluido factores salariales
sobre los cuales, no se efectuaron cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones.

En efecto, la parte demandante no cuestiona la competencia del juez que emitió la
providencia, ni las normas procesales aplicadas para resolver el caso. Tampoco, señala
la existencia de vulneración al derecho de audiencia, defensa o contradicción, ni la falta
de motivación en la decisión. En lugar de ello, centra su argumentación en un análisis
normativo e interpretativo, orientado a debatir la forma en que debe integrarse el ingreso
base de liquidación de la pensión reconocida a la accionada.

En consecuencia, se concluye que, la demanda de revisión no desarrolló adecuadamente
la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por tanto, no es
procedente acoger dicha causal, dado que, el accionante incumplió con el deber procesal
de motivar debidamente su solicitud.

Sobre la segunda causal invocada

Descendiendo al sub lite, la UGPP solicita se infirme la sentencia del veintitrés (23) de
abril de Dos Mil Quince (2015), emitida por la Sala de descongestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que confirmó parcialmente el fallo del veintidós (22) de marzo
de Dos Mil Trece (2013), por el Juzgado sexto (6) Administrativo del Circuito de
descongestión de Barranquilla y, en su lugar, se declare que la señora Heidi Cristina
Guerrero Mejía, no tiene derecho a que su pensión de jubilación, se liquide con la totalidad
de factores de salario devengados en el último año de servicio, contrariando las
directrices fijadas en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Decreto 1158
de 1994 y el precedente Constitucional, además de los topes pensionales.

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

Expuesto el extremo de la controversia que corresponde a la presente acción, la Sala
reitera la subregla de aplicación normativa, identificada en el estudio que antecede, según
la cual, las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)32,
en las que se hubiere decidido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por
esta Corporación con fallo de Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010) y, no así, a la
tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no contravienen, por ese solo hecho, las
normas que rigen el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese sentido, está demostrado que mediante sentencia del veintidós (22) de marzo de
Dos Mil Trece (2013)33, el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Descongestión de
Barranquilla, dispuso la reliquidación de la pensión de la señora Heidi Cristina Guerrera
Mejía, sobre el «75% del salario promedio mensual más alto devengado en el último año de servicios,
este es el año 2011, incluyendo los factores salariales que no se hayan hecho». Decisión confirmada

parcialmente por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el veintitrés (23) de abril de Dos
Mil Quince (2015)34, mediante la cual, modificó el fallo precisando que; «la demandada debía
aplicar los descuentos de ley sobre los factores salariales objeto de la reliquidación pensional si no se
hubieren descontados en virtud de protección del erario público y se tengan en cuenta los efectos de la
sentencia C-258 de 2013».

Como sustento de la decisión, el Tribunal determinó que, la señora Heidi Cristina
Guerrero, al ser beneficiaria del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, tenía derecho a la reliquidación de su pensión, con base en los factores
salariales legales percibidos durante el último año de servicio, conforme al régimen
especial aplicable a los servidores de la Rama Judicial, consagrado en el Decreto 546 de
1971.

Indicó que, en relación con los factores salariales aplicables a los empleados públicos,
no solo deben considerarse aquellos expresamente previstos en la ley, sino también los
que han sido reconocidos por la jurisprudencia, bajo el entendido que la enumeración de
tales conceptos no es taxativa, en atención a derechos de rango constitucional y a los
principios fundantes de la Constitución de 1991, particularmente el de progresividad. A
su juicio, la liquidación pensional de la actora debía corresponder al setenta y cinco por

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01,
C.P. Dr. César Palomino Cortés.
33
Folio 215-221
34
Folios 222

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

ciento (75%) del salario promedio, incluyendo todos los factores salariales establecidos
en la ley y, aquellos que hubieran sido retribuidos de manera habitual y periódica como
parte de la remuneración del servicio.

Asimismo, señaló que, en aras de proteger el patrimonio público, debían aplicarse las
deducciones legales sobre los factores objeto de reliquidación y advirtió que, al momento
de practicar las liquidaciones, debían adecuarse a los efectos de la Sentencia C-258 de
2013.

Así las cosas, en este evento se advierte que la pensión de la accionada fue reliquidada
por orden judicial, teniendo en cuenta la asignación básica, junto con la prima especial
de servicios, bonificación por compensación, prima especial, bonificación por servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad, de acuerdo con la certificación expedida por el
jefe de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de Barranquilla35.

Por tanto, la Sala vislumbra que, la sentencia materia de censura, atendió la posición
jurisprudencial de esta Corporación que se encontraba en vigor al momento en que se
profirió, razón por la cual, no se observa que configure una trasgresión normativa directa,
ni es por sí sola, contraria al régimen legal.

Ahora bien, también corresponde al Juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.

Al respecto, en sentencia del Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), se
indicó36:

«[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción de revisión se
erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el interés de la colectividad
por encima del particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas
en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario judicial o
administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión o ya sea por adoptarse una
interpretación que no se acompasa con los principios reguladores del sistema de seguridad
social en pensiones vertidos en la Carta Superior.

35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social en pensiones se

35 Samai, índice 9 archivo: “expediente 2012-00047 cuaderno 02”, pagina 393, 397
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-2018-01538-
00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un individuo con una posición
económica privilegiada obtiene, además de las ventajas que ostenta en la sociedad, otras
adicionales que desafían los principios de la seguridad social en pensiones y resisten su
orientación equitativa, tal como lo reconoció la Sentencia C-258 de 2013 al sostener que
<<para que se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se
repite, debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su
historia laboral>>. Subrayado nuestro.

36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de las acciones
extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, al constatar que la ventaja
irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en riesgo el sostenimiento fiscal del sistema
y por ende, la expectativa de los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión
de una anomalía en la interpretación judicial, carga que por supuesto, está a cargo de quien
invoca la causal y que tiene el deber de demostrarlo. […]»

A su vez, la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, en sentencia del
veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), estableció37:

«[…] 65. Evidentemente, no puede considerarse que el presente caso se trate de una pensión
obtenida con abuso del derecho o con fraude a la ley o que se trate de una pensión
injustificada o excesivamente privilegiada, teniendo en cuenta que la cuantía de la pensión
inicialmente determinada en $1.356.900,61 fue reliquidada por el retiro del señor García
García a la suma de $1.541.1540,41 mediante Resolución 15191 del 12 de agosto de 2003
(aclarada por la Resolución 004902 del 27 de febrero de 2004) y, posteriormente, determinada
en $1.932.465,13, mediante Resolución 27739 del 13 de junio de 2007, a través de la cual
CAJANAL EICE dio cumplimiento al fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, según
consta en el folio 106 del cuaderno de anexos del recurso extraordinario de revisión.

66. Por otra parte, a juicio de la Sala, la pensión, en el monto así reconocido por el Consejo
de Estado hace más de 15 años, no atenta contra el interés general, ni tiene una repercusión
en detrimento de los recursos estatales; además, que, en tales condiciones, no pone en
desequilibrio la sostenibilidad fiscal del sistema pensional, primero porque no corresponde a
una de aquellas pensiones excesivas, privilegiadas, o a uno de los beneficios
desproporcionados que, entre otros aspectos, dieron origen a la necesidad de modificar el
sistema pensional para ponerles término38 y, segundo, porque la sentencia recurrida en
revisión, dispuso que en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la
Caja debería realizar las compensaciones correspondientes, lo cual, responde precisamente
a la observancia de este criterio de sostenibilidad financiera del sistema, como reiteradamente
lo consideraba el Consejo de Estado, en sus diferentes salas, al señalar, en algunos de sus
pronunciamientos, que “la decisión que accedió al reconocimiento de la reliquidación
pensional, no podía pasar por alto el criterio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Carta
Política (art. 48), lo que se manifiesta en la orden de descuento de los aportes al sistema

37
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-2018-
01426-00. Recurrente: UGPP. M.P. César Palomino Cortés.
38
En la Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020, citada anteriormente, se explicó como la sostenibilidad financiera fue el
fundamento del esquema pensional instituido por el Acto Legislativo 01 de 2005, así: “Como era alarmante la situación fiscal por la
que venía atravesando el Estado, puesto que había comprometido seriamente sus finanzas públicas, producto del reconocimiento y
pago de excesivas pensiones a su cargo, hecho sumado al retraso en la vigencia plena del nuevo sistema pensional, con ocasión de
un régimen de transición que estipuló el derecho a jubilarse con el régimen anterior que fuera aplicable, se presentó la necesidad de
adicionar el artículo 48 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo 01 de 2005, en cuyo artículo 1.° se estableció que al
Estado, no solo le corresponde respetar los derechos adquiridos de conformidad con la ley, sino que, además, garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al igual que asumir el pago de la deuda pensional que estuviera a su cargo (subraya
fuera del texto).

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

general de seguridad social en pensiones, como se acaba de indicar […]» 39

En el caso bajo estudio, la Sala advierte que la señora Heidi Cristina Guerrero Mejía,
trabajó en la Rama Judicial, desde el quince (15) de abril de Mil Novecientos Setenta y
siete (1977).

De igual manera, se encuentra demostrado que: (i) adquirió el estatus jurídico de
pensionada el veinte (20) de agosto de Mil Cinco (2005)40; (ii) ha prestado sus servicios
durante más de 20 años en la Rama Judicial; (iii) y, su último cargo fue como magistrada
de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla 41. Al tenor de
estas circunstancias, se encontraba amparada por el régimen especial del Decreto 546
de 1971.

El derecho pensional fue reconocido con Resolución No. 00572 del veinte (20) de enero
de Dos Mil nueve (2009)42 y, posteriormente la pensión fue reliquidada mediante
Resolución No. UGM 001686 del Veintidós (22) de julio de Dos Mil Once (2011)43, en
cumplimiento de la orden de tutela, emitida por el Juzgado Cuarto (4) Laboral de
Barranquilla. No obstante, la extinta Cajanal no incluyó los factores salariales
correspondientes44.

En consecuencia, y contrario a lo sostenido por la parte actora, los factores salariales
incluidos por el Juzgado y confirmados por el Tribunal se ajustan a los parámetros fijados
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, sin exceder sus lineamientos ni
incorporar emolumentos ajenos a la retribución directa del servicio. Ello, conforme a los
factores salariales efectivamente devengados por la señora Heidi Cristina, según la
certificación expedida por el jefe de Recursos Humanos de la Dirección Seccional de
Barranquilla.45

Así las cosas, no es posible sostener que la orden de reliquidación, cumplida mediante
la Resolución RDP 002628 del veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019)
«por la cual se fijó el monto de la mesada pensional en $19.531.050, ajustándose este valor a lo establecido

39
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018 (exp. 2017-01534-01), reiterada en sentencia del 14 de marzo
de 2019, (exp. 2018-00683-01(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
40
Ver Resolución No. 00572 del 20 enero de 2009, pagina 104 cuaderno principal
41
Ver Resolución No. 00572 del 20 enero de 2009, pagina 105, reverso cuaderno principal
42
Folios 104-106 cuaderno principal
43
Folios 149-153 cuaderno principal
44
Resolución No. 14830 del seis (6) de junio de dos mil uno (2001) y Resolución No.18379 del quince (15) de julio de Dos Mil Dos
(2002). Pagina 57-58 y 69-71
45
Samai, índice 9 archivo: “expediente 2012-00047 cuaderno 02”, pagina 393, 397

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

por la corte constitucional en la sentencia C-258-2013» configure un pago en exceso ni que

comprometa la sostenibilidad del sistema pensional, pues en efecto, dicho monto no
supera los 25 SMMLV, es decir, está dentro de los limites pensionales, así como se
estableció en la sentencia de unificación del doce (12) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014) de la Sección Segunda del Consejo de esta Corporación46.

Conforme a lo expuesto, se concluye que, la reliquidación ordenada no constituye un
abuso del derecho, ni se advierte que la prestación haya sido reconocida con fraude a la
ley, ni que implique un incremento desproporcionado de la mesada pensional. Por el
contrario, la reliquidación fue el resultado de la correcta aplicación del régimen especial
pensional, respetando en todo momento los topes legalmente establecidos.

Vistas así las cosas, comoquiera que la UGPP no logró acreditar los elementos
constitutivos de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
impone para la Sala declarar infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la
parte resolutiva de esta sentencia.

Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que no se evidencia que la demanda haya
sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión que la Unidad

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren (E) Bogotá, D.C., Doce (12) de Septiembre De Dos Mil Catorce (2014) Radicación Número: 25000-23-42-000-2013-00632-
01(1434-14) Actor: Gladys Agudelo Ordóñez Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones - Colpensiones - Referencia:
Sentencia de Unificación

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Número Interno: 4787-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia del veintitrés (23) de abril de dos
mil quince (2015), proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del
Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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