Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00669-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00669-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00669-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado : 11001032500020190066900 (5126-2019)
Demandante : Angélica Lizbeth Lozano Correa
Demandada : Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
Medio de control : Nulidad simple
Tema : Nulidad del Decreto 387 de 2018
Decisión : Sentencia de única instancia
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad interpuesta por la
ciudadana Angélica Lizbeth Lozano Correa, a través de apoderado judicial, en
contra del Decreto 387 DE 2018 “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título
14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016, a efectos de
reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” y se dictan otras
disposiciones”.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
1.1.1 Pretensiones
La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA, pretende obtener la nulidad del siguiente acto
administrativo de carácter general.
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Expediente digital,
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
DECRETO 387 DE 2018
(Febrero 26)
Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto número 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la
Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un
Nuevo País” y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política y en virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de
la Ley 1753 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 100 de 1993, en su artículo 25 creó el Fondo de Solidaridad Pensional
como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social hoy Ministerio del Trabajo, destinado a ampliar la
cobertura mediante el subsidio de aporte al Sistema General de Pensiones de grupos
de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen
acceso, tales como campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas,
deportistas y madres comunitarias.
Que mediante el Título 14 de la Parte 2 del Libro 2, del Decreto número 1833 de 2016
“por el cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones”, se
reglamentó la administración y funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional,
encontrándose en los artículos 2.2.14.1.12 al 2.2.14.1.29 lo relacionado con la
Subcuenta de Solidaridad.
Que en el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, se dispuso que el Gobierno
nacional reglamentará las condiciones para el traslado entre el Sistema General de
Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), y la forma como el Programa
Subsidio Aporte a la Pensión se cerrará gradualmente, manteniendo una alternativa
para quien quiera obtener pensión.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Capitulo 5
Traslado del Programa Subsidio al Aporte (PSAP) para pensión al
servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos
(BEPS)
Artículo 2.2.14.5.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar
el traslado del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión (PSAP) al
Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)
de las personas que voluntariamente lo soliciten, así como las condiciones
para el traslado del subsidio otorgado a través del Fondo de Solidaridad
Pensional de las personas que son beneficiarias del PSAP y no han cumplido
los requisitos para pensión, ni tienen la probabilidad de cumplirlos, o para
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
personas que fueron beneficiarias del programa y no son afiliadas obligatorias
al Sistema General de Pensiones, de los siguientes grupos poblacionales:
1. Trabajadores independientes del sector rural y urbano.
2. Trabajadores en discapacidad.
3. Madres comunitarias o sustituías.
4. Concejales de municipios clasificados en las categorías 4, 5 o 6.
5. Personas cesantes (desocupadas).
Artículo 2.2.14.5.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a las
personas de cualquiera de los grupos poblacionales trabajadores
independientes urbanos o rurales, personas en discapacidad, madres
comunitarias (tradicionales o del Programa Familia Mujer e Infancia (Famis) o
sustitutas, concejales de los municipios categorías 4, 5 o 6 y personas
cesantes (desocupadas) que han pertenecido o se encuentran como
beneficiarias del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión de que trata el
artículo 26 de la Ley 100 de 1993.
Artículo 2.2.14.5.3. Requisitos para vinculación a BEPS. Las personas que
han pertenecido o se encuentran como beneficiarias del Programa de Subsidio
al Aporte para Pensión podrán voluntariamente vincularse al Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y deberán
cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2.2.13.2.1 del Decreto
número 1833 de 2016 “por el cual se compilan las normas del Sistema General
de Pensiones”.
Artículo 2.2.14.5.4. Condiciones para el traslado del Subsidio de Aporte
para Pensión a BEPS. Las personas que han pertenecido o se encuentran
como beneficiarias del PSAP podrán manifestar su voluntad de vincularse a
BEPS y solicitar el traslado del Subsidio de Aporte para Pensión otorgado por
el Fondo de Solidaridad Pensional a BEPS junto con los aportes realizados
por el interesado durante el tiempo que fue beneficiario del subsidio al aporte,
siempre y cuando los recursos no se hayan devuelto al citado Fondo en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 100 de 1993, ni se haya
otorgado y pagado la indemnización sustitutiva.
Los interesados en el traslado del subsidio deben cumplir con las siguientes
condiciones:
1. Diligenciar el formulario que la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) defina para tal fin.
2. Presentar ante la administradora de BEPS, Colpensiones, la certificación de
las cotizaciones realizadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad,
cuya vigencia no podrá ser superior a un (1) mes. Las cotizaciones efectuadas
al Régimen de Prima Media con Prestación Definida no requerirán certificación
y serán aportadas por la misma Administradora de BEPS, Colpensiones.
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
Parágrafo. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
establecerá los lugares de recepción de documentos.
Artículo 2.2.14.5.5. Trámite para el traslado del Subsidio de Aporte para
Pensión a BEPS. La Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) verificará, de acuerdo con las certificaciones de que trata el
artículo anterior, que éste no tenga la posibilidad de hacerse acreedor al
reconocimiento de la pensión de vejez, que no se hayan devuelto los recursos
por concepto de subsidios al Fondo de Solidaridad Pensional ni se haya
reconocido y pagado indemnización sustitutiva; de ser así, validará el
cumplimiento de requisitos de que trata el artículo 2.2.14.5.3. del presente
capítulo e informará al administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad
Pensional acerca de la solicitud de traslado.
El administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional verificará con
las bases de datos de beneficiarios los subsidios otorgados por dicho Fondo
al interesado, así como el valor de los mismos y emitirá una certificación con
destino a Colpensiones, para que esta última confronte la información
suministrada con la historia laboral del aspirante. De no existir inconsistencias
Colpensiones informará al interesado su aceptación de traslado del Subsidio
de Aporte para Pensión con destino a BEPS, precisando tanto el valor del
subsidio como de los rendimientos a trasladar.
Caso contrario se debe realizar la verificación de la información entre el
administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional y la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para aclarar
cualquier inconsistencia.
Parágrafo 1°. La administradora del mecanismo BEPS, una vez acepte la
vinculación y la solicitud de traslado del Subsidio de Aporte para Pensión del
Fondo de Solidaridad Pensional al Servicio Social Complementario de los
BEPS, les suministrará a las personas la información de manera expresa y
detallada, de todas las condiciones, reglas, beneficios, monto de los incentivos
y riesgos que voluntariamente asumen al ingresar a dicho mecanismo.
El interesado podrá manifestar su decisión de retracto en los términos del
artículo 2.2.14.1.16. de este decreto a partir de que le sea informada su
aceptación de vinculación, si a ello hubiere lugar. Superado este plazo y de no
hacer uso del retracto, la persona queda automáticamente retirada del
Programa de Subsidio al Aporte para Pensión. En este evento, la
Administradora del Régimen de Prima Media trasladará a BEPS el monto de
los aportes que haya realizado el beneficiario del Subsidio al Aporte para
Pensión.
El administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, al momento del
retiro automático del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión, revisará
los subsidios que se hubieren causado por las personas que voluntariamente
se trasladan a BEPS y efectuará el giro correspondiente, si a ello hubiere lugar.
Si el interesado hace uso del retracto y cumple los requisitos para continuar
como beneficiario del Subsidio al Aporte para Pensión, podrá continuar
recibiendo este beneficio.
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
Artículo 2.2.14.5.6. Porcentaje del Subsidio de Aporte para Pensión que
se trasladará a BEPS. A las personas que han pertenecido o se encuentran
como beneficiarias del Subsidio al Aporte para Pensión y decidan
voluntariamente vincularse a BEPS, se les autoriza el traslado del 100% del
subsidio otorgado a través del Fondo de Solidaridad Pensional y que ha sido
transferido a la administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, para que este se asuma como parte del ahorro en BEPS.
Artículo 2.2.14.5.7. Plazo para el traslado. Las personas de las que trata el artículo
2.2.14.5.2. del presente capítulo tendrán el plazo de un (1) año contado a partir de la
finalización del término previsto en el artículo 2.2.14.5.11. de este capítulo, para
solicitar su vinculación a BEPS y el traslado del Subsidio de Aporte para Pensión
otorgado por el Fondo de Solidaridad Pensional; pasado este plazo y durante el año
siguiente, se autoriza el traslado del 50% del subsidio otorgado a través del Fondo de
Solidaridad Pensional. Superados los plazos descritos, no se realizará traslado de
subsidios.
[…]»
Como pretensión subsidiaria, solicitó que en caso de encontrar razones
suficientes para declarar la nulidad del Decreto 387 de 2018, se debía declarar
la legalidad condicionada, en el entendido que el vencimiento de los plazos
establecidos en el artículo 2.2.1-4.5.5 adicionado por el artículo 1° del Decreto
387 de 2018, no podrá tener como consecuencia la pérdida del subsidio del
PSAP ni su descuento de las cotizaciones reconocidas en la historia laboral.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Citó como normas violadas los artículos 2 y 9 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), 26 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, 45 de la Carta de la Organización de
los Estados Americanos; artículos 13, 29, 46 a 49, 53, 58 y 189 (numeral 11)
de la Constitución Política; 26 y 37 de la Ley 100 de 1993, 212 de la Ley
1753 de 2015, 198 y 336 de la Ley 1955 de 2019; y el «Convenio sobre las
Enfermedades Profesionales, 1925 (núm. 18)»
La parte demandante, de entrada, puso de presente que, los cargos en los que
se fundamenta la presente demanda se dirigen en contra de la totalidad del
Decreto 387 de 2018, aunque no se haga mención explícita de todo su
articulado, toda vez que las disposiciones que no se relacionan guardan
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
conexidad temática y normativa con las disposiciones citadas en el Decreto
enjuiciado, y en consecuencia, según su dicho, adolecen de nulidad.
Argumentó que, los cargos de nulidad que se presentan contra el acto
enjuiciado son los siguientes:
Primer cargo: Nulidad por violación directa de la Constitución Política de
1991.
El Decreto 387 de 2018 desconoce el principio constitucional de
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales consagrados en los artículos 1, 2, 48 y 53 de la Constitución y que
cobija las disposiciones en materia de seguridad social, debido a que obliga a
los afiliados al PSAP a trasladarse a BEPS en un periodo de dos años, so pena
de la pérdida de los subsidios ya causados. Explicó, que mientras el PSAP
corresponde a un programa de subsidio al aporte con cargo a la subcuenta de
solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional, el programa BEPS es un
mecanismo individual independiente, autónomo, voluntario de protección para
la vejez que se ofrece como parte de los beneficios complementarios que se
integra al sistema de protección de vejez, con el fin que las personas de
escasos recursos que participen de este mecanismo tengan hasta su muerte,
un ingreso periódico personal individual. Donde el Estado asume directamente
los riesgos de salud, en tanto pasan al régimen subsidiado con cargo al Estado
en su integridad.
Argumentó que, el decreto demandado, vulnera el mencionado principio,
debido a que establece que la única posibilidad que tienen los afiliados del
PSAP para trasladar el subsidio es afiliándose al BEPS, y además de ello,
deben hacerlo en un plazo corte y determinado, esto es, en un término máximo
de un año como lo establece el artículo 22.14.57 para trasladar el 100% del
subsidio, fijando como plazo máximo el 26 de agosto de 2019 y un tiempo
adicional de un año, para trasladar el 50% del subsidio, plazo que se cumple
el 26 de agosto de 2020. Una vez cumplidos los plazos, según dicha normativa
no se realizará traslado de subsidios.
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De acuerdo con lo expuesto, sí los afiliados al PSAP no realizan el traslado de
los subsidios al BEPS en las fechas establecidas, los subsidios no podrán
trasladarse al sistema general de pensiones, y no podrán ser reconocidos para
cumplir los requisitos para pensionarse bajo las reglas especiales que tiene el
sistema BEPS.
Por otra parte, adujo, que el decreto enjuiciado, va en contravía del principio
de progresividad de los derechos consagrado en la Constitución Política y en
instrumentos internacionales de protección como el capítulo III de la
Convención Americana de Derechos Económicos y Sociales DESC. Ello
porque las condiciones para obtener una pensión, tras el traslado del subsidio
del PSAP al BESB son mucho menos favorables que si continúa en el subsidio
del PSAP.
Finalmente, sobre este cargo expresó que, el decreto enjuiciado, atenta contra
el artículo 29 y 58 de la Constitución debido a que, al cambiar la destinación
de los recursos del PSAP a los BEPS se trasgrede la garantía de
irretroactividad de la Ley y los derechos adquiridos de los beneficiarios del
subsidio. Más aún cuando los recursos del PSAP fueron destinados a
contribuir a la cotización y adquirir la pensión de vejez y no a un sistema de
ahorro, como ocurre con los BEPS.
Argumentó que el subsidio del PSAP constituye un derecho adquirido por los
beneficiarios, en tanto que, para que dicho subsidio pudiera ser reconocido,
los afiliados tuvieron que cumplir con los requisitos que en su momento se
exigían como pertenecer a grupos poblacionales específicos,
Segundo cargo: Nulidad por exceso en el ejercicio de la potestad
reglamentaria
El Gobierno nacional extralimitó la potestad reglamentaria establecida en el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de 1991, debido a que
el Decreto 387 de 2018, reglamentario del artículo 212 de la Ley 1753 de 2015
reguló materias que no eran necesarias para la ejecución de la Ley, y además
de ello, son contrarias a lo señalado en el citado artículo.
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Concretamente la parte actora aduce que, el artículo 22.14.5.7 de la norma
enjuiciada vulnera el artículo 212 en referencia. Lo anterior, porque la ley es
clara en establecer que el traslado de quienes se encuentra en el programa
PSAP al programa BEPS corresponde a un acto libre del beneficiario, y por el
contrario, el acto objeto de reproche, impone un plazo perentorio de dos (2)
años para realizar el traslado, y en caso de no hacerlo en dicho término,
contado a partir de la expedición del decreto demandado, el beneficiario pierde
el derecho.
Esta situación, a su juicio, representa una coacción a los beneficiarios del
PSAP ya que los lleva a conformarse con el sistema BEPS, y restringe el uso
de la autonomía de la voluntad de decidir el destino de sus ahorros, con lo cual
se trasgrede igualmente la propiedad privada, dado que no solamente se
trasladan los recursos del patrimonio de sujetos de especial protección
constitucional, sino que se les coacciona con perder el subsidio de no acceder
a los términos señalados en el decreto reglamentario que pasa por encima de
sus derechos constitucionales fundamentales.
Adicionalmente a lo anterior, señaló que, el plan nacional de desarrollo vigente,
en el artículo 198, establece como condición esencial del traslado a los BEPS,
el respeto por la autonomía de la voluntad, en consecuencia, el acto objeto de
censura va en contravía de lo señalo en la mencionada normativa.
Por otra parte, argumentó que el artículo 212 citado ut supra, no establece
límites temporales para que se cumplan los requisitos para pensionarse, y en
contraste con ello, el acto demandado si establece el término de dos (2) años,
con lo cual se amplía el sentido de la ley, que no es admisible dentro de las
facultades reglamentarias del ejecutivo. Explicó que, la evaluación o
probabilidad de cumplir los requisitos para pensionarse no es objetiva, sino
que está supeditada a la voluntad del afiliado al Sistema General de Pensiones
el seguir cotizando de acuerdo con sus posibilidades económicas.
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
La demandante considera que, el hecho que Colpensiones como
administrador del Programa BEPS pueda determinar si un afiliado tiene
posibilidades o probabilidades de pensionarse, agrega una regulación que no
está contemplada en el artículo 212 de la Ley 1753, que va en contravía de las
garantías que en materia de seguridad social contempla la Ley 100 de 1993,
en concordancia con la Constitución, más aún, cuando el decreto acusado
únicamente permite a la administradora del programa BEPS, utilizar para esta
evaluación las historias laborales de Colpensiones o los certificados laborales
que emitan las Administradoras de los Fondos de Pensiones AFPs,
desconociendo las demás administradoras del régimen de prima media con
prestación definida, los tiempos públicos cotizados a otras cajas, la historia
laboral existente en la UGPP, y los procesos en curso por no pago de aportes
a la seguridad social por parte de los patronos.
En otro punto explicó que, el Decreto 387 desconoce la prioridad establecida
en la Ley 1753 del reconocimiento de la pensión, si se logra cumplir los
requisitos. El artículo 212 es explicito en señalar que «en todo caso será
prioritario el reconocimiento de la pensión si se logra cumplir los requisitos para
ello». En su criterio el desconocimiento de dicha prioridad se produce debido
a que el Decreto 387 otorga prioridad al traslado del subsidio al programa
BEPS, frente a la opción que estos recursos permanezcan en el Sistema
General de Pensiones y cuenten en la historia laboral aumentado las
probabilidades que la persona se pensione.
Lo anterior, debido a que solo de esta forma se garantiza que el afiliado agote
todos los mecanismos en el Sistema General de Pensiones y solo de forma
excepcional y complementaria (de acuerdo con la naturaleza de los BEPS), y
en caso de poder cumplir los requisitos para pensionarse no continuar
cotizando para lograrlos, el traslado consentido de sus ahorros, y de los
subsidios a BEPS, resulta ser una garantía de protección.
Adicionalmente a lo expuesto, consideró que el gobierno se excedió en la
potestad reglamentaria, concretamente en lo previsto en el art. 212
plurimencionado, debido a que el legislador no estableció que el cierre gradual
del programa PSAP se realizará con el traspaso de los aportes al programa
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Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
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BEPS, por lo cual el gobierno excede sus facultades reglamentarias porque
obliga a que el cierre gradual del PSAP se haga a través de las otras materias
reguladas en el art. 212, con lo cual, se agrega un sentido a la ley que no se
desprende de su articulado. Lo anterior considerando que, la única gradualidad
que se establece en el Decreto 387 de 2018 es el plazo para el traslado del
subsidio del PSA a BEPS establecido en el artículo 22.14.57, que no tiene
nada que ver con el cierre gradual del BEPS.
Señaló que, la reglamentación del traslado del PSAP y BEPS, es diferente al
cierre gradual del PSAP, el cierre de este último programa implica no otorgar
nuevos subsidios, pero no quitar los subsidios otorgados, ni obligar hacer sus
traslados a BEPS, especialmente si con ello, se atenta contra la finalidad del
subsidio, que es ayudar a financiar los aportes a pensión de los afiliados al
sistema general de pensiones, para que puedan obtener la pensión y no se
queden solo con una prestación de un sistema complementario.
En otro punto, explicó que el decreto demandado vulnera el artículo 26 de la
Ley 100 de 1993, con el cual se crea el Fondo de Solidaridad Pensional. A su
juicio la obligación de pasarse al BEPS, afecta el objeto de los recursos del
citado fondo, debido a que se coarta a los beneficiarios a realizar el traslado a
un programa de ahorro, destinación que resulta diametralmente diferente, a la
de contribuir a la obtención de una pensión, dadas las diferencias entre un
programa BEPS, y el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Finalmente adujo que, la protección de la población de la tercera edad es un
deber constitucional, en tal orden, los beneficiarios del programa PSAP tienen
esta condición, de manera que, ejecutar actos arbitrarios donde no medie la
voluntad del sujeto de especial protección, vulnera el mandato constitucional
consagrado en el art. 13.
1.2. Trámite procesal.
Por medio de auto de 1º de septiembre de 2020 (f. 45 del cuaderno principal),
se admitió la demanda, notificado personalmente a los Ministerios del Trabajo
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y de Hacienda y Crédito Público el 15 de diciembre siguiente, conforme al
artículo 171 (numeral 1) del CPACA.
Según constancia de la secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación
(f. 51 del cuaderno principal), el término de veinticinco (25) días previsto en el
artículo 199 del CPACA inició el 16 de diciembre de 2020, mientras que el de
treinta (30) días contemplado en el artículo 172 ibidem comenzó el 12 de
febrero de 2021 y venció el 26 de marzo siguiente.
1.3. Contestación de la demanda2
El 6 de abril de 2021 el Ministerio del Trabajo presentó escrito fuera del plazo
fijado, mientras que el de Hacienda y Crédito Público guardó silencio.
1.4 alegatos de conclusión
1.4.1 Ministerio de Hacienda y Crédito público
Esta entidad presentó alegatos de conclusión, en los que explicó que el
Gobierno nacional reglamentó mediante el Decreto 387 de 2018 el artículo 212
de la ley 1753 de 2015 dándole la opción a estas personas para trasladarse
voluntariamente al programa BEPS, o sea trasladarse del Sistema General de
Pensiones al Programa de Beneficios Económicos Periódicos y señalo un
plazo de 1 año para trasladar la totalidad del subsidio o dos para trasladar el
50%.
De manera que no es cierto que si no se opta voluntariamente por esta
alternativa se pierda la oportunidad de trasladar el subsidio al Sistema General
de Pensiones o que se pierda el subsidio y los aportes que el beneficiario haya
hecho, porque el subsidio y sus aportes ya están en el Sistema General de
Pensiones y ahí permanecen, hasta que cumpla los 65 años. La consecuencia
de que el beneficiario no se traslade al Programa BEPS es que permanece en
el Sistema General de Pensiones y podrá utilizar las cotizaciones efectuadas
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Expediente físico. Fl. 92-111
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(subsidio + aporte personal) para acceder a la pensión, pero corriendo la
contingencia de que después de los 65 años no pueda seguir cotizado por el
100% y entonces el valor del subsidio vuelva al Fondo y ya no pueda
pensionase, obteniendo una indemnización sustitutiva solo por los aportes
realizados como esfuerzo personal.
Esa es la contingencia que debe ponderar el afiliado para solicitar el traslado
y esa es la razón para que se haya facultado a Colpensiones a verificar de
acuerdo con las certificaciones que presente el solicitante y los registros que
tenga la administradora, que éste no tenga la posibilidad de hacerse acreedor
al reconocimiento de la pensión de vejez, pues de existir tal posibilidad el
traslado no es procedente porque lo más beneficioso es que se quede en el
Sistema General de Pensiones y obtenga en él la pensión de vejez.
La interpretación que hace la demandante de que el Decreto acusado
estableció como obligatorio el traslado porque de no hacerlo se pierde el
subsidio y lo aportado por el afiliado es por tanto equivocada.
En estas condiciones, no puede afirmarse que el afiliado renuncia a la pensión,
solo reconoce la imposibilidad o poca probabilidad de acceder a ella, y opta
por una alternativa que si bien no tiene los beneficios de una pensión no lo
deja desamparado en su vejez. Y por el hecho de que se trata de una opción
escogida voluntariamente por el solicitante, no hay lugar a argumentar que se
desconoce el principio de progresividad, o que se le violan derechos adquiridos
ni a que se trate de la aplicación retroactiva de la ley y mucho menos que se
afecte la propiedad privada, porque opte o no por el traslado, siempre tendrá
a su disposición los aportes personales que haya efectuado.
De otra parte, resulta desacertado señalar que el Gobierno Nacional al expedir
el Decreto reglamentario se haya extralimitado en su potestad reglamentaria.
En primer lugar, porque tal como lo estipula la ley, el Decreto en todo su
articulado expresa que el traslado es voluntario y el señalamiento de un plazo
para hacerlo, contrario a lo que piensa la demandante, no presupone que de
no optar por el traslado se pierda el subsidio ni los aportes del afiliado.
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La facultad otorgada a Colpensiones para evaluar si el aspirante cumple con
los requisitos para pensionarse, lo que hace es salvaguardar el derecho a
acceder a la pensión y no es arbitraria, porque se hace con base en los
certificados que presenta el solicitante sobre las cotizaciones realizadas al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y los registros que tiene la
entidad de las cotizaciones efectuadas al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida. Y tampoco es cierto que no se priorice el reconocimiento
de la pensión cuando se cumplan los requisitos para la pensión, comoquiera
que, en el articulado se dispone que para admitir el traslado (Colpensiones)
verificará que éste no tenga la posibilidad de hacerse acreedor al
reconocimiento de la pensión de vejez ( artículo 2.2.14.5.5.) y que incluso una
vez efectuado el traslado, la Administradora de BEPS trasladará al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida los recursos acumulados, si la
persona que optó por el traslado del Subsidio de Aporte en Pensión al Servicio
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos, al momento de
cumplir el requisito de edad de pensión tiene aportes en el Sistema General
de Pensiones que junto con los recursos acumulados en BEPS le permiten el
reconocimiento de una pensión de vejez.( artículo 2.2.14.5.9). Y si en ese caso
se dispone que no se reconocerá el veinte 20% de incentivo del Estado, es
porque de hacerlo se estaría otorgando un doble subsidio. (El subsidio dado
al aporte a través del PSAP y el subsidio sobre el ahorro efectuado en BEPS).
Concluye la parte demandante con una petición principal de declarar la nulidad
del Decreto acusado; y una petición subsidiaria para que se declare la
legalidad condicionada en el entendido de que el vencimiento de los plazos
establecidos no podrá tener como consecuencia la pérdida del subsidio del
PSAP ni su descuento de las cotizaciones reconocidas en la historia laboral.
Ninguna de las anteriores pretensiones tiene vocación de prosperidad toda vez
que los cargos de violación de normas superiores carecen de arraigo
probatorio, amén de que la declaración subsidiaria carece de objeto, resulta
innecesaria, ya que, de la interpretación sistemática de su articulado, dentro
de la regulación legal que rige los programas PSAP y BEPS claramente así se
deduce.
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
1.4.2. Concepto del Ministerio Público
No rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 149 del CPACA, en
armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20193, expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, la Sección Segunda es competente para conocer en
única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional y de naturaleza laboral.
En el presente asunto, la disposición acusada fue expedida por Gobierno
nacional, con la firma de los ministros de Hacienda y Crédito Público, de Salud
y la Protección Social, en cuanto a la naturaleza del asunto, corresponde a un
linaje laboral, puesto que versa sobre el traslado del Programa Subsidio al
Aporte Para Pensión PSAP al servicio social complementario de Beneficios
Económicos Periódicos BEPS Asuntos, que, sin duda, guardan relación con el
derecho a la seguridad social en pensiones.
2.2. Problema jurídico
En el auto del 1 de agosto de 20234, se dispuso dar aplicación a la figura de la
sentencia anticipada, el litigio se fijó como sigue:
Se precisa que la controversia atañe a un asunto de puro derecho,
concerniente a la legalidad del Decreto 387 de 2018, «Por el cual se adiciona
el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a
efectos de reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 – Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País" y se dictan otras
disposiciones», expedido por el Gobierno nacional, al estimar la demandante
que quebranta los artículos 13, 29, 46 a 49, 53, 58 y 189 (numeral 11) de la
Constitución Política; 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
3 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los
asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los
procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales».
4 Aplicativo Samai índice 00030
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
Sociales y Culturales (Pidesc), 26 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, 45 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos; 26 y 37 de la Ley 100 de 1993, 212 de la Ley 1753 de 2015, 198
y 336 de la Ley
1955 de 2019; y el «Convenio sobre las Enfermedades Profesionales, 1925
(núm. 18)» (sic), porque, en su criterio, el precepto demandado «[…]
desconoce el principio de irrenunciabilidad en materia de seguridad social,
amenaza la garantía de no regresividad, afecta los derechos adquiridos de los
beneficiarios del subsidio e incluso genera incertidumbre en la propiedad
privada representada en sus aportes que concurrieron con el subsidio al aporte
a la seguridad social» (sic). Por tanto, el despacho considera que el litigio
comporta carácter jurídico relacionado con la violación de normas superiores
por parte del acto administrativo acusado.
No obstante, lo anterior, la Sala estima pertinente, precisar con mayor claridad,
el problema jurídico, en los siguientes términos: corresponde determinar:
(i) ¿si el Decreto 387 de 2018 está afectado de nulidad, por violar el artículo 48
de la Constitución Política de 1991, en concreto, el principio de irrenunciabilidad
a la seguridad social en pensiones?
(ii) ¿si el decreto reglamentario demandado desconoce el principio de
progresividad de los derechos a la seguridad social en pensiones y los
derechos adquiridos de los beneficiarios del programa al subsidio de los
aportes a pensión PSAP?
(iii) ¿si el Gobierno nacional, expidió el acto objeto de censura, excediendo los
límites del ejercicio de la potestad reglamentaria?
Para resolver los interrogantes planteados se realizarán algunas precisiones
sobre el Programa del Subsidio al Aporte a la Pensión PSAP y el Programa de
Beneficios Periódicos BEPS, para con fundamento en ello, resolver los cargos
de nulidad propuestos contra el acto objeto de censura.
2.3 Marco normativo
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se creó y reguló el sistema
de seguridad social integral, entendido según lo dispuesto por el artículo 1° de
dicha normativa; como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida
digna, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Dicho
sistema está conformado por dos regímenes que coexisten, pero que son
excluyentes entre sí; el régimen de prima media con prestación definida y el
régimen de ahorro individual.
Adicionalmente a los dos regímenes mencionados, y con el objetivo de
garantizar los principios de solidaridad y universalidad que irradian el derecho a
la seguridad social en pensiones consagrado en el artículo 48 de la Constitución
Política de 1991, el contenido de la norma constitucional, permitió crear los
denominados servicios sociales complementarios entendidos como «un conjunto
de prestaciones adicionales a las ofertadas en el sistema, que si bien no forman parte
del Régimen General de Pensiones, ni del Sistema de Salud, ni del de Riesgos
Laborales, sí lo hacen del Sistema Integral de Seguridad Social, y surgen para auxiliar
a personas de escasos recursos, a alcanzar un ingreso durante su vejez o para
complementar los aportes ya realizados al sistema, a través de la consignación de
nuevos aportes periódicos, cuando no se han podido cumplir las condiciones
eventuales para acceder al reconocimiento de un derecho pensional»5. Como parte de
esos servicios sociales complementarios, se han instituido, el Programa del Subsidio
de Aportes para la Pensión PSAP y el Programa de Beneficios Económicos
Periódicos –BEPS, sobre cada uno de ellos, se realizarán las siguientes
precisiones:
2.3.1 Programa al Subsidio de Aporte a la Pensión
El legislador creó el Fondo de Solidaridad Pensional, con el objeto de subsidiar
los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados
o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes
recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas,
músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria,
las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales,
los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas
asociativas de producción.
5 Corte Constitucional, sentencia C-182 de 2020.
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Número interno: 5126-2019
Demandante: Angélica Lisbeth Lozano Correa
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El subsidio se concede parcialmente para reemplazar los aportes del
empleador y del trabajador independiente, hasta por un salario mínimo como
base de cotización.
El artículo 25 de la Ley 100 de 1993, dispuso la creación del FSP como una
cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del
Trabajo, cuyos recursos deben ser administrados por sociedades fiduciarias
de naturaleza pública o por administradoras de fondos de pensiones y/o
cesantías.
El objeto inicial del FSP era subsidiar los aportes al régimen general de
pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y
urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del
aporte (subcuenta de solidaridad). No obstante, la Ley 797 del 2003, mediante
la cual se reformaron algunas disposiciones del sistema general de pensiones,
modificó el literal (i) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y ordenó crear “una
subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, destinada a la
protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema,
mediante un subsidio económico, cuyo origen, monto y regulación se
establece en esta ley”6 (subcuenta de subsistencia).
Ahora bien, en relación con la operatividad, es necesario tener en cuenta que,
los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional están conformados por las
cotizaciones efectuadas por los afiliados al Sistema General de Pensiones, y
además, por otros recursos previstos en la Subcuenta de Solidaridad, como
los aportes de las entidades territoriales para planes de extensión de
cobertura, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados; las
donaciones, rendimientos financieros de recursos y demás recursos que
6 El FSP se integra por dos subcuentas que se manejan de manera separada. Por una parte, por
la subcuenta de solidaridad, que está destinada a subsidiar los aportes al sistema general de
pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que
carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas,
deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las
madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las
cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción. Por otra parte, la
subcuenta de subsistencia está destinada a la protección de las personas en estado de indigencia
o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico. Cfr. Decreto 1833 de 2016, art.
2.2.14.1.1.
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reciba a cualquier título; y las multas a que refieren los artículos 111 y 271 de
la Ley 100 de 1993.
De otra parte, respecto a la administración de los recursos del Fondo de
Solidaridad Pensional, dispuso el legislador que éstos serán administrados en
fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y
preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o
por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social
solidario, las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la Ley
100 de 1993.
Es importante poner de relieve que, los aportes obligatorios que realizan los
afiliados al Sistema de Seguridad Social en pensiones, según la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, revisten el carácter de contribuciones parafiscales.
Dichas contribuciones fueron definidas por el artículo 29 del Estatuto Orgánico
del Presupuesto, sobre las cuales la Corte ha indicado que son recursos con
una destinación determinada y precisa lo que no las convierte en renta de
destinación específica, y además, pueden estar incluidas dentro del
Presupuesto General de la Nación sin que por ello entren a engrosar el erario
ya que mantienen su afectación especial. Así lo explicó la Corte Constitucional
en la Sentencia C-840 de 2003, cuando indicó:
“Ahora bien, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en su artículo 29 define
las contribuciones parafiscales de la siguiente manera:
“Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter
obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, la
administración y la ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto
en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten
al cierre del ejercicio contable.
Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que forman
parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto
solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado
de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos
encargados de su administración”.
19
Número interno: 5126-2019
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Demandada: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
Finalmente, es importante destacar que, por voluntad expresa del legislador
procede la devolución del subsidio otorgado por el Fondo de Solidaridad
Pensional, en aquellos eventos en que el afiliado exceda de los 65 años de
edad y no logra cumplir con los requisitos mínimos para acceder a una pensión
de vejez, En estos casos, al tenor de los dispuesto en el artículo 29 de la Ley
100 de 1993, la entidad administradora respectiva devolverá el monto de los
aportes subsidiados con los correspondientes rendimientos financieros a dicho
Fondo.
2.3.2 El desmonte del Programa del Subsidio al Aporte para Pensión
PSAP
El mencionado programa de subsidio al aporte para la pensión PSAP, fue
objeto de cierre gradual, por expresa disposición de la Ley 1753 del 9 de junio
de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”, precisamente, en el artículo 212 estableció lo
siguiente:
« […] artículo 212: Las personas que fueron beneficiarias del programa
Subsidio Aporte a la Pensión podrán vincularse al servicio
complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y
trasladar un porcentaje de dicho subsidio en la proporción y condiciones
que reglamente el Gobierno Nacional. En todo caso será prioritario el
reconocimiento de la pensión si se logra cumplir los requisitos para ello.
Las madres comunitarias, sustitutas y FAMI también podrán beneficiarse
de lo dispuesto en este artículo.
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para el traslado
entre el sistema general de pensiones y BEPS, y la forma como el
Programa Subsidio Aporte a la Pensión se cerrará gradualmente,
manteniendo una alternativa para quien quiera obtener pensión»
(resaltado fuera de texto)
Como puede evidenciarse del texto transcrito, el referido artículo 212,
consagró la obligación al Gobierno nacional de reglamentar la forma en que el
régimen de subsidios estatales para los aportes pensionales debía cerrarse,
destacando que, dicho desmonte debía llevarse a cabo de manera gradual.
En cumplimiento del mandato expreso consignado en el artículo en cita, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 387 de 26 de febrero de 2018, en el que
dispuso en el artículo 2.2.14.5.8 lo siguiente:
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«Artículo 2.2.14.5.8. Afiliaciones al Subsidio al Aporte para Pensión del
Fondo de Solidaridad Pensional. A partir de la entrada en vigencia del
presente Capítulo, se cierran las afiliaciones al Subsidio al Aporte
para Pensión que adelanta el administrador fiduciario del Fondo de
Solidaridad Pensional. Sin embargo, se podrá vincular
excepcionalmente la siguiente población:
1. Las personas de 40 o más años pertenecientes a los niveles 1 y 2 del
Sisbén de acuerdo con los puntajes que adopte el Ministerio del Trabajo
que tengan como mínimo 650 semanas cotizadas al Sistema General
de Pensiones.
2. Concejales pertenecientes a los municipios de categorías 4, 5 Y 6 que
no tengan otra fuente de ingreso adicional a sus honorarios. El subsidio
se concederá solamente por el periodo en el que ostenten la calidad de
concejal.
3. Ediles que no perciban ingresos superiores a un Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente. El subsidio se concederá solamente por el
periodo en el que ostenten la calidad de edil.
4. Madres sustitutas, siempre que no sean afiliadas obligatorias al Sistema
General de Pensiones.» (resaltado fuera de texto)
2.3.3 El Programa de Beneficios Económicos Periódicos –BEPS
El artículo 48 de la Carta Política de 1991, modificado por el Acto Legislativo No.
01 de 2005, en el inciso 12 señala lo siguiente «[..]Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los
casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos
inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no
cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una
pensión” (resaltado fuera de texto).
Como parte de esos servicios complementarios, el legislador, mediante la
expedición de la Ley 1328 de 20097, creó el Programa de Beneficios Periódicos
BEPS, definidos como «un mecanismo individual, independiente, autónomo y
voluntario de protección para la vejez, que (…) se integra al Sistema de
7 Este programa también esta regulado en los Decretos 604 de 2013, 1872 de 2013, 2983 de
2013, 2087 de 2014, compilados por el Decreto 1833 de 2016.
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Protección a la Vejez, con el fin, que las personas de escasos recursos que
participen en este mecanismo obtengan, hasta su muerte, un ingreso periódico,
personal e individual»8
La Sala destaca que, la naturaleza jurídica de los denominados BEPS, fue
aclarada por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 110 de 2019, en la que
indicó que, «los beneficios indicados no constituyen una pensión en el sentido
del artículo 48 de la Carta, de manera estricta, sino un tipo especial de pensión
semicontributiva” excluida del régimen pensional general».
Así las cosas, el programa BEPS tiene como objetivo beneficiar a los
colombianos que no tienen la posibilidad de cotizar y, por lo tanto, no pueden
acceder a la pensión de vejez, o que habiéndolo hecho no cuentan con el monto
de semanas que la Ley exige para hacerse acreedores de la misma. El
programa permite que los colombianos ahorren la cantidad de dinero que
quieran sin incurrir en mora cuando los aportes no puedan ser realizados y, a
modo de incentivo, el Gobierno nacional entregara un subsidio sobre lo
ahorrado.
En tal sentido, podrán ahorrar en el programa BEPS las personas que
alcanzaron la edad de pensión pero no cuentan con las semanas requeridas,
en este evento, el gobierno entrega un subsidio del veinte por ciento (20) %
anual sobre lo ahorrado, para de esa forma compensar el número de semanas
requeridas y completar los requisitos para acceder a la pensión de vejez, el
monto ahorrado no puede superar los ochocientos ochenta y cinco (885.000)
pesos anuales y podrá hacerse en aportes desde cinco mil (5000) pesos.
Ahora bien, en relación con los recursos que se recaudan a partir del ahorro en
el programa BEPS, estos se contabilizan en cuentas individuales dentro del
fondo común de los BEPS administrado por Colpensiones. Los beneficiarios
pueden utilizar las sumas para cubrir los siguientes eventos:
8 Artículo 2.2.13.1.2. del Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del
Sistema General de Pensiones
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(i) para completar el número de semanas mínimas requeridas y acceder a la
pensión; (ii) para destinar las sumas ahorradas en BEPS y sus rendimientos a
incrementar el monto de la pensión. Igualmente, se puede escoger a (iii) la
devolución de los ahorros en BEPS, más los rendimientos generados y, por
último, (iv) si existe capital suficiente para una pensión, se podrían destinar las
sumas ahorradas en BEPS más sus rendimientos a incrementar el saldo de su
cuenta individual y obtener un aumento en la mesada pensional, caso en el que
tampoco se obtendría el incentivo periódico del 20%, (v) Trasladar los recursos
al sistema general de pensiones.
De acuerdo con lo anterior, los afiliados al programa BEPS pueden beneficiarse
del Sistema General de Pensiones, en tanto que, tal como lo dispone el artículo
Articulo 2.2.13.7.1 del Decreto compilatorio 1833 de 2016 “Una persona puede
estar afiliada al sistema general de pensiones (SGP) y vinculada al mecanismo
BEPS de manera simultánea. Sin embargo, no se permite cotizar al sistema
general de pensiones y aportar al mecanismo BEPS en un mismo mes”.
Así las cosas, de acuerdo con el artículo Articulo 2.2.13.7.3. para quienes estén
afiliados al sistema general de pensiones y vinculados al mecanismo (BEPS),
podrán voluntariamente disponer de su ahorro para mejorar su ingreso futuro,
de conformidad con las siguientes reglas:
1. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el
régimen de ahorro individual con solidaridad y adquiere el derecho a la
garantía de pensión mínima, se le devolverán los recursos ahorrados en
BEPS con sus rendimientos. En este evento, no se hará acreedor al incentivo
o subsidio periódico, por cuanto ello generaría un doble subsidio.
2. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el
régimen de ahorro individual con solidaridad y requiere los recursos
ahorrados en BEPS para completar el capital necesario en su cuenta de
ahorro individual que le permita obtener una pensión, podrá voluntariamente
destinar estos recursos y sus rendimientos para tal fin y hacerse acreedora
al incentivo periódico, siempre y cuando no se haga uso de la garantía de
pensión mínima.
El incentivo periódico se otorgará solamente para completar el capital
necesario para el reconocimiento de la pensión.
3. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el
régimen de ahorro individual con solidaridad, puede solicitar la garantía de
pensión mínima, si los recursos ahorrados en BEPS y sus rendimientos le
permiten completar el número de semanas mínimas requeridas, aplicando el
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sistema de equivalencias mediante un mecanismo actuarial que definirán los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y el Departamento
Nacional de Planeación. En este evento no se hará acreedora al incentivo
periódico.
4. Si la persona se encuentra afiliada al régimen de ahorro individual con
solidaridad y tiene capital suficiente para una pensión, podrá destinar las
sumas ahorradas en el mecanismo BEPS más sus rendimientos, como
cotizaciones voluntarias conforme lo previsto en el artículo 62 de la Ley 100
de 1993, con el fin de incrementar el saldo de su cuenta individual de ahorro
pensional, para optar por una pensión mayor. En este evento no se hará
acreedora al incentivo periódico.
5. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el
régimen de prima media con prestación definida y requiere los recursos
ahorrados en BEPS, para cumplir con los requisitos que le permitan obtener
una pensión, de conformidad con un sistema de equivalencias mediante un
mecanismo actuarial en semanas que definirán los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación,
podrá voluntariamente destinar estos recursos y sus rendimientos para tal fin
y hacerse acreedora al incentivo o subsidio periódico.
6. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el
régimen de prima media con prestación definida y cumple con las semanas
mínimas requeridas para el reconocimiento de la pensión de vejez, podrá
destinar las sumas ahorradas en el mecanismo BEPS y sus rendimientos
para incrementar el monto de la pensión de vejez, de conformidad con el
sistema de equivalencias precitado. En este evento no se hará acreedora al
incentivo periódico.
7. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en
cualquiera de sus regímenes y logra cumplir los requisitos para obtener una
pensión y no opta por acogerse a lo previsto en los numerales 4 y 6 del
presente artículo, puede solicitar que los recursos ahorrados en BEPS, más
los rendimientos generados, le sean devueltos por la administradora de
BEPS. En este evento no se hará acreedor al incentivo o subsidio periódico.
8. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en
cualquiera de sus regímenes y no logra cumplir los requisitos para obtener
la pensión, si lo decide voluntariamente, los recursos por concepto de
devolución de saldos o indemnización sustitutiva, según aplique, podrán
destinarse como ahorro al mecanismo BEPS, con el fin de obtener o
incrementar la suma periódica que la persona planea contratar. Los recursos
de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos se tendrán en
cuenta para el cálculo del incentivo periódico y el valor de los títulos que
pagará Colpensiones a los tres años siguientes de haber otorgado el
Beneficio Económico Periódico contarán con el respaldo presupuestal de la
Nación teniendo en cuenta lo contemplado en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo del Sector. En todo caso, el incentivo periódico se calculará
propendiendo por estimular la permanencia y el ahorro de largo plazo para
la vejez buscando mejorar las anualidades vitalicias BEPS a obtener como
protección a la vejez. Para el efecto, los Ministerios de: Hacienda y Crédito
Público y del Trabajo y el DNP podrán definir las condiciones, teniendo en
cuenta que el incentivo es del 20% sobre el monto de la devolución de saldos
o indemnización sustitutiva.
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Cuando el aporte de la devolución de saldos o indemnización sustitutiva
como ahorro al mecanismo BEPS supere el tope máximo establecido en el
artículo 2.2.13.5.2. del presente decreto para obtener un Beneficio
Económico Periódico, el incentivo periódico se otorgará solamente sobre el
monto del ahorro necesario para conformar dicho capital, incluyendo el
subsidio. Evento en el cual el excedente del ahorro será devuelto al
beneficiario.
Lo descrito aplica a las personas de que trata el artículo 2.2.1.6.4.18. del
Decreto número 1072 de 2015, por medio del cual se regula la cotización a
seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por periodos
inferiores a un mes.
PARÁGRAFO. La Superintendencia Financiera de Colombia definirá el
procedimiento para el intercambio de información entre las administradoras
del sistema general de pensiones y Colpensiones, como entidad
administradora de BEPS y establecerá los plazos para la transferencia de
recursos.
De acuerdo con lo expuesto, tanto el programa de subsidio de aporte para la
pensión PSAP como el Programa de Beneficios Económicos Periódicos –
BEPS, hacen parte de los servicios complementarios que buscan que las
personas con menores recursos puedan acceder al reconocimiento pensional
o a una indemnización sustitutiva en el caso del primero, o a un ahorro
individual, en el caso del segundo, que les permitan asumir el riesgo de vejez.
3.Análisis de los cargos de nulidad
3.1 Primer cargo: Nulidad por violación directa de la Constitución Política
de 1991.
La Sala estima necesario precisar que, los argumentos de censura
presentados en la demanda, bajo este cargo de nulidad, contempla en su
orden, otros subcargos, como son: la vulneración del principio de
irrenunciabilidad al derecho a la seguridad social en pensiones, violación del
principio de progresividad del derecho a la seguridad social en pensiones, y
los derechos adquiridos de los benefiarios del programa al subsidio de los
aportes a pensión PSAP, los cuales se analizaran uno a uno, en la forma en
como fueron propuestos en la demanda.
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3.1.1 Principio de irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social en
pensiones.
La demandante considera que el Decreto 387 de 2018 desconoce el principio
constitucional de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en
las normas laborales, consagrado en los artículos 1,2,48 y 53 de la
Constitución Política de 1991 que cobija las disposiciones en materia de
seguridad social, debido a que obliga a los afiliados al PSAP a trasladarse al
BEPS en un periodo de dos años, so pena de la pérdida de los subsidios ya
causados.
La Sala, considera oportuno precisar que, la garantía constitucional que la
demandante estima vulnerada con el acto demandado, esto es, el derecho a
la seguridad social, se encuentra prevista en el artículo 48 de la Carta Política
de 1991, según el cual, «se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social», y a su vez, el artículo 53 consagra como
principio mínimo fundamental de la legislación laboral la «irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales». De otra parte, el
inciso tercero del artículo 48 también señala que «no se podrán destinar ni
utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines
diferentes a ella».
Esta última disposición también establece que la seguridad social es un
«servicio público de carácter obligatorio», el cual está sujeto a «los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley».
El derecho a la seguridad social, de igual forma, está protegido en las normas
del derecho internacional, que se integran al ordenamiento jurídico interno, por
virtud del bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la
Constitución Política de 1991, en el que se indica que «los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia».
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De acuerdo con ello, el derecho a la seguridad social está protegido en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, y en
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Económicos Sociales y Culturales, también conocido como el «Protocolo de
San Salvador».
Ahora bien, el carácter de irrenunciable de este derecho, en el caso específico
de la pensión, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional9 está
inescindiblemente ligado a la protección constitucional del derecho al trabajo,
lo cual significa que «el aspirante a pensionado no puede renunciar a que se
le otorgue su derecho, ni total ni parcialmente»”10; y que tal atributo se predica
de «todos los elementos integrantes del derecho a la seguridad social»11; y,
por ende, el derecho a la pensión no es susceptible de transacción o de
renuncia por la vía de la conciliación12.
En igual sentido, es irrenunciable el derecho a recibir la indemnización
sustitutiva en el régimen de prima media y prestación definida y la devolución
de saldos en el régimen de ahorro individual.
Adicionalmente a lo expuesto, el carácter irrenunciable del derecho a la
seguridad social en pensión garantiza el cumplimiento de los deberes de los
afiliados al sistema de seguridad social, y materializa el aspecto solidario y
mancomunado de los subsistemas pensionales que lo integran 13. De tal
manera que, de permitirse la renuncia a este derecho, se empezaría a
desmoronar el sistema general de pensiones que se edifica en el sistema de
aportes.
Precisado lo anterior, la Sala no estima que el derecho a la seguridad social y
su carácter de irrenunciable se haya vulnerado por el acto objeto de censura,
9
Corte Constitucional sentencia T-631 de 2002
10
Corte Constitucional sentencia T-169 de 2003.
11
Corte Constitucional sentencia T-893 de 2008
12
Corte Constitucional sentencia T-269 de 2009
13
Corte Constitucional sentencia T-138 de 2010
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y por tanto, el argumento expuesto por la libelista no está llamado a prosperar;
teniendo en cuenta que, si bien es cierto que el artículo 2.2.14.5.7. del Decreto
387 de 2018, estableció un plazo para el traslado de aquellas personas, que
siendo beneficiarias del Programa de Subsidio al Aporte para la Pensión
(PSAP), decidan por voluntad propia trasladarse al Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, y para ello,
estableció el término de un año, prorrogable por un periodo igual, tampoco es
menos cierto que, tal como lo indica el artículo en referencia, dicho lapso, corre
para las personas que decidan trasladarse voluntariamente del PSAP al BEPS,
sin que ello, conlleve a que, quienes decidan no hacerlo, o no lo hagan en el
tiempo señalado, pierdan los beneficios del subsidio al aporte a la pensión.
La Sala, sobre este punto debe recordar que, los beneficiarios de los subsidios
a los aportes de pensión PSAP tienen derecho a escoger entre el régimen
solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro
individual con solidaridad. En este último caso, los usuarios solamente pueden
afiliarse a fondos administrados por sociedades que pertenezcan al sector
solidario y tengan una rentabilidad real por lo menos igual al promedio de los
demás fondos de pensiones, conforme a lo establecido en la ley, como así
quedó explicado en el marco normativo de la presente providencia.
Vistas así las cosas, quienes decidan no trasladar sus aportes al programa
BEPS, continúan haciendo parte del Sistema Integral de Pensiones, con el
objetivo de continuar realizando los aportes a dicho sistema. La Sala de
decisión recuerda que, la devolución del subsidio otorgado a través del
programa PSAP por expreso mandato del artículo 29 de la Ley 100 de 1993,
solo procede en aquellos eventos en que el afiliado supere los 65 años de
edad y no logre cumplir con los requisitos mínimos para acceder a una pensión
de vejez, en este caso, la entidad administradora respectiva está en el deber
de reintegrar el monto de los aportes subsidiados con los correspondientes
rendimientos financieros a dicho Fondo.
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Adicionalmente a lo anterior, la Sala precisa que, el Decreto 387 de 2018, en
varios de sus artículos expresa de manera clara, el carácter voluntario de
trasladarse a los BEPS conservando una parte o la totalidad de los subsidios
recibidos en PSAP. En efecto, así se deduce de la lectura del artículo
2.2.14.5.1, en el que se indica que el traslado del Programa de Subsidio al
Aporte para Pensión PSAP al Servicio Social Complementario de Beneficios
Económicos Periódicos BEPS es para las personas que voluntariamente lo
soliciten.
En otros apartes, de la misma normativa se reitera, que prima la autonomía de
la voluntad en la decisión de dicho traslado, tal es el caso, del artículo
2.2.13.2.1 del Decreto 1833 de 2016 en el que se establecen los requisitos
para acceder a dicho subsidio, se pone de manifiesto que: «las personas que
han pertenecido o se encuentran como beneficiarias del PSAP «podrán
voluntariamente vincularse» al Servicio Social Complementario de
Beneficios Económicos Periódicos BEPS y deberán cumplir con los requisitos
previstos en los artículos 2.2.13.2.1 y 2.2.14.5.3., del Decreto 1833 de 2016.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el acto enjuiciado no vulnera
los postulados de la Constitución Política de 1991, en particular, el principio a
la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política de 1991.
Lo anterior, porque como se explicó, los beneficiarios del programa de los
aportes a pensión pueden decidir libremente, si quieren trasladarse o no al
programa BEPS, sin que ello conlleve a que renuncian al derecho de
pensionarse, con el régimen general de seguridad social y que, de no hacerlo,
pierden el subsidio de aporte a la pensión, como equivocadamente lo
argumenta la parte actora.
La Sala pone de relieve que, el traslado de un beneficiario del programa PSAP
al BEPS no opera de manera automática, o con la sola petición del solicitante,
en tanto que, el artículo 2.2.14.5.5. del Decreto 1893 de 2018, señala que, para
admitir el traslado, Colpensiones debe verificar que, el beneficiario no tenga la
posibilidad de hacerse acreedor al reconocimiento de la pensión de vejez.
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Adicionalmente, la mencionada normativa en el artículo 2.2.14.5., establece
como imperativo que una vez efectuado el traslado, la Administradora de
BEPS trasladará al Régimen de Prima Media con Prestación Definida los
recursos acumulados, si la persona que optó por el traslado del Subsidio de
Aporte en Pensión al Servicio Social Complementario de Beneficios
Económicos Periódicos, al momento de cumplir el requisito de edad de
pensión tiene aportes en el Sistema General de Pensiones que junto con los
recursos acumulados en BEPS le permiten el reconocimiento de una pensión
de vejez.( artículo 2.2.14.5.9)
Así también, no puede soslayarse que, el Decreto 387 de 2018, acto enjuiciado
en la presente causa, prevé la posibilidad de retracto para el solicitante, esto
es que, la administradora del mecanismo BEPS, una vez acepte la vinculación
y la solicitud de traslado del Subsidio de Aporte para Pensión del Fondo de
Solidaridad Pensional al Servicio Social Complementario de los BEPS, le
informa de manera expresa y detallada, de todas las condiciones, reglas,
beneficios, monto de los incentivos y riesgos que voluntariamente asumen al
ingresar a dicho mecanismo.
Luego de ello, el interesado podrá manifestar su decisión de retracto en los
términos del artículo 2.2.14.1.16. del decreto compilatorio referido, a partir del
momento, en que, se le informa su aceptación de vinculación, si a ello hubiere
lugar. Superado este plazo y de no hacer uso del retracto, la persona queda
automáticamente retirada del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión,
en este evento, la Administradora del Régimen de Prima Media trasladará a
BEPS el monto de los aportes que haya realizado el beneficiario del Subsidio
al Aporte para Pensión.
De acuerdo con lo expresado hasta este momento, queda claro que, el decreto
demandado, no vulnera el principio de irrenunciabilidad de las garantías
mínimas laborales, esto es, en el caso concreto el derecho de acceder a una
pensión de vejez, en los términos del artículo 48 Constitucional. Así también,
se evidencia, que los beneficiarios del programa PSAP, entre ellos, la
población de la tercera edad, no son afectados con el mencionado traslado,
30
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puesto que la libertad de elección de anallanarse o no al mismo, se predica de
todos los beneficiarios sin exclusión alguna.
3.1.2 violación del principio de progresividad del derecho a la seguridad
social en pensiones, y los derechos adquiridos de los beneficiarios del
programa al subsidio de los aportes a pensión PSAP
En la misma línea argumentativa, de lo ya expuesto, tampoco le asiste la razón
a la parte actora, cuando alega que, «el decreto enjuiciado, va en contravía del
principio de progresividad de los derechos consagrados en la Constitución
Política y en instrumentos internacionales de protección como el capítulo III de
la Convención Americana de Derechos Económicos y Sociales DESC», ello,
porque, a su juicio «las condiciones para obtener una pensión, tras el traslado
del subsidio del PSAP al BESB son mucho menos favorables que si continúa
en el subsidio del PSAP, puesto que en este programa logra adquirir la
pensión, en tanto que en el BEPS, obtiene un ahorro individual».
Para la Sala, el argumento en cita, no es acertado, puesto que, los
beneficiarios del programa al aporte a la pensión PSAP, cuentan con tres
opciones para asumir el riesgo a la vejez, a saber: i) si no se trasladan al BEPS,
en este evento, continúan vinculados al sistema general de pensiones para
adquirir el derecho a pensionarse; ii) si no alcanzan con sus propios recursos
y con el subsidio del PSAP a obtener la pensión, y superan los 65 años de
edad, tienen derecho a recibir una indemnización sustitutiva o devolución de
saldos, de acuerdo con el régimen al que se encuentren vinculados; iii) de
manera definitiva no alcanzan por edad, o porque los medios económicos no
les permiten realizar un aporte mensual, en este evento, tienen derecho a
recibir un beneficio económico complementario BEPS. Además, se recuerda
que los afiliados al programa BEPS, también lo pueden ser, del sistema
general de seguridad social en pensiones de manera coexistente.
Ahora bien, como se indicó en párrafos precedentes, de acuerdo con el
artículo 2.2.13.7.3. del decreto compilatorio 1893 de 2018, son varios los
eventos en que una persona que está vinculada al régimen general de
seguridad social puede utilizar los ahorros acumulados en el programa BEPS,
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para adquirir el derecho pensional. Todo lo anterior, significa que, el subsidio
otorgado a los beneficiarios del programa aporte a la pensión PSAP, no sufrió
alteración alguna, con la expedición del acto administrativo demandado,
puesto que, el desmonte del programa, no trajo como consecuencia, una
afectación de la situación jurídica particular de aquellos que lo venían
percibiendo, sino que amplió la posibilidad para los beneficiarios que no
lograran cumplir los requisitos para acceder al derecho pensional, de recibir
un beneficio económico, sobre el capital ahorrado, para aumentar dicho capital
y recibir un pago anual, a través de los BEPS.
En este orden de ideas, el acto demandando, no incurre en la causal de nulidad
por violación al principio de progresividad de los derechos sociales, como se
aduce en la demanda, puesto que, a la luz de la jurisprudencia constitucional,
el contenido de este principio se ha entendido de la siguiente manera:
«la progresividad de los derechos sociales hace referencia al reconocimiento
de prestaciones mayores y superiores de cada uno de éstos derechos e
implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección no se
puede retroceder frente al nivel de protección al que se ha llegado o
conseguido. Igualmente se ha acogido dentro de la jurisprudencia de la Corte
la interpretación del principio de no regresividad que han dado los
organismos internacionales en el sentido de que el mandato de progresividad
de los DESC no excusa al Estado del cumplimiento del deber de que con el
máximo de los recursos disponibles se provea por la cobertura universal de
los contenidos de estos derechos».
De acuerdo con la jurisprudencia en referencia, el acto demandado, no pone
de manifiesto que, el nivel de protección que se alcanzó con el subsidio de
aporte a la pensión PSAP, esté en retroceso por efecto del acto demandado,
puesto que, ya se ha dicho de manera reiterada que el traslado al programa
BEPS, es de carácter voluntario, previo análisis por parte de Colpensiones, de
la posibilidad que tiene el beneficiario del programa de aporte a la pensión de
adquirir una pensión en cualquiera de los regímenes, así como también, que
encontrándose afiliado al programa BEPS, pueda acceder al derecho de
pensionarse en el régimen en que venía realizando sus aportes.
En tal sentido, no hay un retroceso en la garantía de protección del derecho a
la seguridad social en pensiones para los beneficiarios del programa de
subsidio de aportes a la pensión, puesto que, como se advierte estableció un
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procedimiento con el objetivo que el beneficiario opte por el que, le resulta más
favorable.
Ahora bien, la Sala no pasa por alto que, la jurisprudencia constitucional14, para
constatar si se presenta regresividad en un derecho pensional ha señalado
que, debe comprobarse si se cumplen los siguientes presupuestos: i) si con la
reforma se desconocen derechos adquiridos; ii) si se respectaron con la
reforma los principios constitucionales del trabajo; iii) si la reforma se
encuentra justificada conforme al principio de proporcionalidad y
razonabilidad.
En el presente caso, se observa que, el Decreto 387 de 26 de febrero de 2018,
al regular el traslado de los beneficiarios del PSAP al BEPS, no vulneró
derecho adquirido alguno, puesto que, conservó el derecho a que continuaran
su vinculación al régimen general de seguridad social, y prévio cumplimiento
de los requisitos previstos en cada uno de ellos, obtengan el reconocimiento
pensional.
Además se precisa, una vez más, que los afiliados al PSAP, solo tienen
derecho a conservar el subsidio para efectos de cumplir los requisitos para la
pensión de vejez, porque de no de cumplirlos y llegar a los 65 años de edad,
el valor acumulado del subsidio debe devolverse por parte de las
administradoras al Fondo de Aportes a la Pensión, luego entonces, el solo
hecho de ser destinatario del subsidio, no otorga un derecho adquirido, ya que,
han de cumplirse los requisitos legales para que se le reconozca la prestación
y en este evento, se incorpora el derecho en forma definitiva al patrimonio del
beneficiario del programa.
Así también, tampoco es menos cierto que, los beneficiarios del programa
PSAP, mantienen la expectativa legítima de poder acceder al reconocimiento
pensional, en tanto que, el valor del subsidio se mantiene para aquellos que
logran cumplir los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez. Esto
14 Corte Constitucional Sentencia C-038 de 2004.
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es que, se conservan para ellos, las condiciones establecidas para acceder al
reconocimiento del derecho prestacional.
Se suma a lo anteriormente dicho que, el desmonte del Subsidio del Aporte a
la Pensión fue una decisión tomada expresamente por el legislador en el
artículo 212 de la Ley 1753 de 2015, y por ello, no es posible aducir un
argumento de censura al poder reglamentario en este punto.
Sobre el respeto por los principios constitucionales del trabajo, esta Sala,
considera que, el acto demandando, no presenta transgresión alguna, a estas
prerrogativas que se encuentran protegidas, en el artículo 53 15 de la
Constitución Política de 1991, puesto que como ya se explicó en párrafos
precedentes, no se vislumbró vulneración al principio de irrenunciabilidad de
los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, como el derecho
a la seguridad social en pensiones. Ello, bajo el entendido que, el acto
demandando conserva la oportunidad para los beneficiarios del programa
PSAP de acceder al derecho a la pensión, a través de diferentes alternativas.
Finalmente, en lo atinente, sobre sí, el acto objeto del control de legalidad, se
armoniza con el principio de proporcionalidad y razonabilidad, se precisa que,
el acto demandado, cumple con los dos presupuestos señalados, por cuanto,
el artículo 2.2.14.5.7., ut supra citado, permite materializar el principio de
irrenunciabilidad de los derechos laborales mínimos, no comporta una vulneración a
los derechos adquiridos, regula el traslado de los beneficiarios del programa de aporte
a la pensión, acatando el respeto por la libre elección del régimen pensional, mantiene
el derecho a continuar percibiendo el aporte y garantiza la posibilidad de continuar en
el régimen general de seguridad social, lo cual guarda armonía con el objeto de dicho
subsidio.
15
En el artículo 53 de la C.P. se consagra los principios de igualdad de oportunidad para los trabajadores,
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en el
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en casos
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad; el
pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales.
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Así las cosas, el traslado, resulta ser una medida, que persigue la consecución de un
fin constitucionalmente legítimo, esto es, el seguir garantizando el derecho de acceso
a la pensión de jubilación, de los beneficiarios del programa PSAP, y brindar un
servicio económico complementario, para aquellos, que no están en capacidad de
cumplir los requisitos para pensionarse, y en tal sentido, se cubre el riesgo a la vejez
mediante este mecanismo, que como se indica es complementario y residual, dirigido
a quienes no logran pensionarse.
La Sala, de acuerdo con lo explicado, concluye que el cargo de nulidad por
violación directa de la Constitución propuesto por la parte actora no está
llamado a prosperar.
3.2 Segundo cargo de nulidad: Nulidad por exceso en el ejercicio de la
potestad reglamentaria
La Sala destaca, que la parte demandante, bajo este cargo de nulidad,
presento los siguientes sub-argumentos de censura: (i) el Gobierno nacional,
se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al regular materias no
previstas en el art. 212 de la Ley 1753 de 2015; (ii) al prever que Colpensiones
solamente otorga validez a determinadas certificaciones para evaluar el
otorgamiento del derecho pensional, excluyendo otra clase de certificaciones,
expedidas por otras entidades de previsión social; (iii) El decreto demandado,
no se ajustó al desmonte del programa al subsidio de aporte a la pensión, de
forma gradual, como lo dispuso el art. 212 de la Ley 1753 de 2015.
A continuación, la Sala se ocupará de cada una de ellas, en el orden propuesto
en la demanda.
3.2.1 El decreto demandado reguló materias no previstas en el art. 212 de
la Ley 1753 de 2015.
De acuerdo con lo expuesto en el escrito de la demanda, el Gobierno nacional
extralimitó la potestad reglamentaria establecida en el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política de 1991, debido a que el Decreto 387 de 2018,
35
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reglamentario del artículo 212 de la Ley 1753 de 2015 reguló materias que no
eran necesarias para la ejecución de la Ley, y además de ello, son contrarias
a lo señalado en el citado artículo.
Concretamente la parte actora aduce que, el artículo 22.14.5.7 de la norma
enjuiciada vulnera el artículo 212 en referencia. Lo anterior, porque la ley es
clara en establecer que el traslado de quienes se encuentra en el programa
PSAP al programa BEPS corresponde a un acto libre del beneficiario, y por el
contrario, el acto objeto de reproche, impone un plazo perentorio de dos (2)
años para realizar el traslado, y en caso de no hacerlo en dicho término,
contado a partir de la expedición del decreto demandado el beneficiario pierde
el derecho.
Para la Sala, en el sub lite, contrario a lo manifestado por la libelista, el
Gobierno nacional no se excedió en el límite del ejercicio de la potestad
reglamentaria al expedir el acto objeto de censura, en tanto que, delimitó su
ejercicio a los propósitos de la norma habilitante consagrados en el artículo
212 de la Ley 1753 de 2015, en el que, el mandato expreso quedó consignado
de la siguiente manera:
«El Gobierno nacional reglamentará las condiciones para el traslado entre el
sistema general de pensiones y BEPS, y la forma como el Programa Subsidio
Aporte a la Pensión se cerrará gradualmente, manteniendo una alternativa
para quien quiera obtener la pensión».
La Sala toma como punto de partida, el artículo 189, ordinal 11, de la
Constitución Política conforme al cual, le corresponde al presidente de la
República ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de
decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la ejecución de las leyes.
La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido al ejercicio debido y a
los límites de dicha atribución. Esta Sección16 señaló que la función que
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de octubre de 2010, Radicación
11001-03-25-000- 2005-00125-00(5242-05), Actor: Asociación Antioqueña de Empresas
Sociales del Estado, C.P.: Alfonso Vargas Rincón.
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cumple el Gobierno con el ejercicio del poder reglamentario es la de
complementar la ley, en la medida en que sea necesario para lograr su
cumplida aplicación, cuando se requiera, por ejemplo, precisar definiciones o
aclarar etapas del procedimiento previsto en aquella, con el propósito de
permitir su ejecución, pero ello no conlleva la interpretación de los contenidos
legislativos.
De este modo, en el ejercicio de la atribución en cuestión, el ejecutivo debe
limitarse a desarrollar la ley y subordinarse a su contenido, lo que quiere decir
que, no le está dado introducir normas que no se desprendan natural y
lógicamente de sus disposiciones, ampliar o restringir el sentido de la ley, como
tampoco puede suprimirla o modificarla ni reglamentar materias que estén
reservadas a ella, pues, excedería sus competencias e invadiría las asignadas
por la Constitución al legislador.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el presidente
de la República al ejercer la potestad reglamentaria «no traza de manera
subjetiva y caprichosa» el contenido de la ley, sino que dicho campo lo
«determina el Congreso de la República al dictar la ley. A mayor precisión y
detalle se restringirá el ámbito propio del reglamento y, a mayor generalidad y
falta de éstos, aumentará la potestad reglamentaria».
La Sala pone de presente que, el desarrollo de la potestad reglamentaria por
parte del presidente, tal como lo ha puntualizado la Corte Constitucional,
requiere que, de manera previa, el legislador haya dispuesto unos
lineamientos materiales del contenido a tratar, a partir de la cual, el Gobierno
puede ejercer la función de reglamentar la ley con miras a su debida aplicación,
que es de naturaleza administrativa, y está entonces sujeta a la ley.”17.
La Sala, en lo que atañe al análisis del ejercicio de la potestad reglamentaria
del Gobierno nacional en el presente caso, al expedir el artículo 22.14.5.7 con
el cual adicionó el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
número 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la Ley 1753
17
Sentencia C- 1005 de 2008.
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de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”
evidencia que está fue ejercida en el marco de los lineamientos señalados por
el legislador al expedir el artículo 212 de la Ley 1753 de 2018, y se limitó y
subordinó a la materia allí regulada, y a los decretos que reglamentan el
alcance y el funcionamiento del programa BEPS.
La Sala considera que, el poder reglamentario del Gobierno nacional, al
disponer en el contenido de la norma enjuiciada que, las personas que eran
beneficiarias del aporte a la pensión tendrían un plazo de un (1) año contado
a partir de la finalización del término previsto en el artículo 2.2.14.5.11. para
solicitar su vinculación a BEPS y el traslado del Subsidio de Aporte para
Pensión otorgado por el Fondo de Solidaridad Pensional; pasado este plazo y
durante el año siguiente, se autoriza el traslado del 50% del subsidio otorgado
a través del Fondo de Solidaridad Pensional, distinto a lo afirmado por la
demandante, no excede los límites del legislador, por el contrario, se
circunscribe al objetivo de desmontar el programa al aporte a la Pensión
PSAP, salvaguardando que el principio de universalidad de acceso a la
seguridad social, en particular, el derecho de acceder a una pensión o recibir
una suma o apoyo que le permita mitigar los riesgos de Vejez.
Lo anterior, se logó advertir de manera clara, en el análisis del cargo señalado
en el epígrafe anterior, en donde como se expuso, las personas que no se
trasladan durante el término señalado en el mencionado artículo 2.2.14.5.7.,
no pierden el derecho a beneficiarse de una pensión, en los distintos
regímenes de seguridad social, con la inclusión del subsidio del aporte a la
pensión que se les ha venido reconociendo.
Así las cosas, es claro que, el beneficiario no pierde ningún derecho, como lo
alega la parte demandante, por cuanto mantiene el derecho al subsidio del
Programa Subsidio al Aporte (PSAP), en caso en que logre pensionarse, en
tal evento, no es cierto que pierda el mencionado subsidio, sino que, el valor
de este no puede ser trasladado al BEPS.
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Así también emerge con claridad que, la norma enjuiciada, pone de manifiesto
que será prioritario el reconocimiento de la pensión, si se logran cumplir los
requisitos para ello. Esta forma de regulación guarda expresa armonía con los
contenidos del Decreto compilatorio 1833 de 2016, a los que se hizo referencia
en los párrafos anteriores.
3.2.2 El decreto demandado, no se ajustó al desmonte del programa al
subsidio de aporte a la pensión, de forma gradual, como lo dispuso el art.
212 de la Ley 1753 de 2015.
La Sala considera que, la disposición enjuiciada, no se aparta del querer del
legislador, o impone limites no previstos en la norma, como lo sugiere la
libelista, puesto que en el artículo 212 de la Ley 1753 de 23015, norma
facultativa, se dispuso que el Programa al Subsidio al Aporte debía ser
gradual, lo cual, se concretó por el Gobierno nacional, al establecer el término
de un año, prorrogable por otro lapso igual, sin que ello implique de manera
alguna que los beneficiarios pierdan el derecho al subsidio del programa
PSAP.
Valga señalar, que el adjetivo gradual, al que se hizo referencia en el artículo
212 de la normativa en comento, alude a que, el desmonte del programa de
aporte a la pensión se lleve a cabo de manera progresiva, sucesiva o paulatina,
sin que estableciera un plazo o proceso exacto para realizarlo, en tal sentido,
el poder reglamentario optó por instituir el mencionado lapso, sin que ello, vaya
en contravía de la gradualidad a la que hizo alusión el legislador, puesto que,
en todo caso, cumple con la condición exigida en que dicho proceso fuese
sucesivo, sin probarse en el sub lite, que dicha temporalidad fuese en contra
de los derechos y posibles expectativas de los beneficiarios del programa de
subsidio de aporte a la pensión.
Adicionalmente a lo anterior, el referido término de 1 año prorrogable por otro
igual, no modifica ni adiciona las exigencias establecidas en el régimen
pensional del que sea beneficiario el trabajador, lo que se advierte es que la
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razón de ser, de este lapso, se concreta en el establecimiento de un término
fijo y determinado para que el interesado se traslade con el subsidio.
3.2.3 El decreto demandado, se excedió en el ejercicio de la potestad
reglamentaria, al prever que Colpensiones solamente otorga validez a
determinadas certificaciones para evaluar el otorgamiento del derecho
pensional, excluyendo otra clase de certificaciones.
Sobre el argumento, según el cual «el decreto acusado únicamente permite a
la administradora del programa BEPS, utilizar para esta evaluación las
historias laborales de Colpensiones o los certificados laborales que emitan las
Administradoras de los Fondos de Pensiones AFPs, desconociendo las demás
administradoras del régimen de prima media con prestación definida, los
tiempos públicos cotizados a otras cajas, la historia laboral existente en la
UGPP, y los procesos en curso por no pago de aportes a la seguridad social
por parte de los patronos», no le asiste razón a la demandante, por lo siguiente:
En esencia, el artículo 2.2.14.5.4. del decreto compilatorio, que regula las
condiciones para el traslado del Subsidio de Aporte para Pensión a los BEPS,
pone de manifiesto que, los interesados en el traslado del subsidio podrán
aportar «la certificación de las cotizaciones realizadas al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, cuya vigencia no podrá ser superior a un (1) mes.
Las cotizaciones efectuadas al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida no requerirán certificación y serán aportadas por la misma
Administradora de BEPS, Colpensiones».
La Sala estima que, del contenido de dicha normativa no se desprende que,
se excluyan certificaciones de tiempos cotizados en otras cajas, o que sean
exclusivamente aquellas enunciadas, las que tengan validez jurídica para el
reconocimiento pensional. Así las cosas, no es dable concluir que, la norma
enjuiciada impone límites sobre tiempos cotizados a otras entidades de
previsión social, como lo indica la parte demandante, además, valga resaltar
que el derecho a la seguridad social en pensiones, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, modificado con el Acto
Legislativo 01 de 2005, se fundamenta en las cotizaciones o aportes
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efectivamente realizados por el trabajador en cualquiera de los fondos
previstos por la ley para tal fin.
Sumado a todo lo anteriormente expuesto, el estudio de la historia laboral por
parte de Colpensiones, permite dar alcance a lo dispuesto en el artículo 212
en el que se indica que «en todo caso será prioritario el reconocimiento de la
pensión si se logra cumplir los requisitos para ello», de manera que si se
advierte que el interesado tiene o puede tener derecho a la pensión en el
sistema general, este reconocimiento es el que debe primar, lo cual guarda
armonía con el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social
consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política.
En otro punto, en lo relacionado con el razonamiento de la parte demandante,
según el cual, el acto objeto de censura, vulnera el artículo 26 de la Ley 100
de 1993, por cuanto la obligación de pasarse al BEPS, afecta el objeto de los
recursos del Fondo de Aportes a la Pensión; la Sala considera que, dicho
reproche, no puede endilgarse al acto objeto de control, en tanto que, el
desmonte del programa del subsidio del aporte a la pensión, fue dispuesto en
el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015, por lo que las consecuencias que este
puedan tener en el establecimiento del citado fondo, son externas, al control
de legalidad sobre el acto demandando.
Valga la pena precisar que, ciertamente el artículo 26 de la Ley 100 de 1993,
estableció el objeto o propósito del Fondo de Solidaridad Pensional, orientado
a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de las personas que
carezcan de suficientes recursos para pagar la totalidad del aporte, de manera
que, el subsidio se concede parcialmente para remplazar los aportes del
empleador y/ o del trabajador, así mismo contempla que los beneficiarios de
dichos subsidios podrán escoger entre el Régimen Solidario de Prima Media
con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual.
En estos términos, se deduce entonces, que el programa del subsidio de
aporte a la pensión, es una materia, que fue regulada expresamente por el
legislador, en el ya mencionado artículo 26 de la Ley 100 de 1993, y el
desmonte fue un asunto consagrado en el artículo 212 de la Ley 1753 de 2015,
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por manera que, su análisis esta por fuera del contenido del acto que esta
instancia se censura.
Finalmente, en lo concerniente a la pretensión subsidiaria presentada por la
demandante, consistente en declarar la legalidad condicionada, en el
entendido que «el vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 2.2.1-
4.5.5 adicionado por el artículo 1° del Decreto 387 de 2018, no podrá tener
como consecuencia la pérdida del subsidio del PSAP ni su descuento de las
cotizaciones reconocidas en la historia laboral» (sic), se advierte que no es
posible acceder a dicho pedimento, puesto que, como se explicó de manera
amplia, la norma acusada no prevé la pérdida del subsidio PSAP ni el
descuento de cotizaciones.
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se negarán las pretensiones
de la demanda de nulidad, presentada por Angelica Lizbeth Lozano Correa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad presentada
por Angélica Lizbeth Lozano Correa en contra del DECRETO 387 DE 2018
“Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto número 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el artículo 212 de la
Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un
Nuevo País” y se dictan otras disposiciones”.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por la Secretaría de la Sección,
ARCHIVAR el expediente con las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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