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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00711-00

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00711-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP contra Flor Ángela Bedoya Rodríguez, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 15 de febrero de 2018 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 110013342048201600739. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00711-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

31 de marzo de 2022

Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: FLOR ÁNGELA BEDOYA RODRÍGUEZ

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Ingreso base de liquidación de beneficiario del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-018-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se
infirme las sentencias del 3 de agosto de 2017 y 15 de febrero de 2018 proferidas, en
su orden, por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Flor Ángela Bedoya
Rodríguez contra la extinta CAJANAL EICE.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

La señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez, por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control contenido en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la nulidad de
los siguientes actos administrativos:

• Resolución RDP 053180 del 14 de diciembre de 2015, mediante la cual la
subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de

1
Folios 35 a 54 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
110013342048201600739
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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1

Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

la Protección Social, UGPP, negó la reliquidación de la pensión de vejez con el
promedio de lo devengado durante el último año de servicio.
• Resolución RDP 011475 del 11 de marzo de 2015 por medio de la cual la misma
entidad confirmó la decisión descrita en el ítem anterior, al desatar el recurso
de apelación.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condene a la demandada a: i) reliquidar la pensión de vejez en un monto
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el
último año de servicio, esto es, además de la asignación básica, la bonificación judicial
y la prima de antigüedad, la prima de alimentación, la prima de servicios, la prima de
vacaciones, la prima de navidad y la prima electoral. De conformidad con lo previsto
en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; ii) pagar las diferencias causadas entre
la fecha en que se adquirió el estatus pensional, la inclusión en nómina y el
cumplimiento de la sentencia que así lo ordene; iii) cancelar las sumas adeudadas
debidamente indexadas y iv) cumplir la sentencia según lo previsto en los artículos 192
y 193 del CPACA.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes:

1. La señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez nació el 24 de abril de 1949 y prestó
sus servicios en la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el 2 de enero de 1968
hasta el 31 de diciembre de 2001. El último cargo que ocupó fue el de secretaria 5140-
12.

2. Mediante Resolución 22928 del 6 de agosto de 2002, CAJANAL reconoció en
favor de la señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez pensión de vejez a partir del 1 de
enero de 2002, condicionada al retiro del servicio. En la liquidación se tuvo en cuenta
el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de los último 7 años y
9 meses de servicio, con inclusión de la asignación básica, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad.

3. Mediante escrito radicado el 21 de agosto de 2015, la pensionada solicitó la
reliquidación de la pensión de vejez. No obstante, la UGPP denegó la referida petición
a través de la Resolución RDP 053180 del 14 de diciembre de 2015 2 bajo el argumento
de que la prestación se liquidó conforme lo prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994, comoquiera que el estatus pensional lo adquirió el 24 de
abril de 1999, cuando las normas referidas ya se encontraban en vigor.

4. A través de Resolución RDP 011475 del 11 de marzo de 2016, la entidad
pensional confirmó el acto administrativo descrito en el numeral anterior, al desatar el
recurso de apelación.

2
Folios 13 a 15 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los
artículos 1, 2, 3, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política; 27 del Decreto 3135 de
1968; 79 del Decreto 1950 de 1973; Decreto 1045 de 1978; Ley 33 de 1985; Ley 62
de 1985 y el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo.

Como concepto de violación, aseguró que los actos acusados desconocieron las
normas de carácter constitucional y legal en que debieron fundarse.

Seguidamente, advirtió que, en materia pensional, el derecho de la demandante se
rige por las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de 1966 y los Decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969, en virtud del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, del
cual es beneficiaria, dado que para el 13 de febrero de 1985 contaba con 17 años al
servicio del Estado. En ese mismo sentido, expuso que para efectos de determinar los
factores que habrán de incluirse en la liquidación deberá acudirse a lo previsto en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, así como en la jurisprudencia que sobre la
materia han desarrollado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 y el Consejo de
Estado4.

Más adelante, precisó que si bien la Corte Constitucional mediante sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015 sostuvo una posición diferente a la descrita por el Máximo
Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que esta no
es aplicable a la demandante, pues no tiene las condiciones especiales y privilegiadas
que fueron estudiadas en dichos proveídos. Bajo esa misma línea argumentativa,
recordó que, según concepto 2069 del 16 de febrero de 2012 emitido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, una vez unificado el precedente, salvo
cambios normativos o jurisprudenciales, la administración deberá proceder de
conformidad con aquel, comoquiera que constituye el sentido e interpretación que los
operadores jurídicos deben darle a la ley. De ahí que deba acogerse el criterio
expuesto por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA5

La UGPP presentó contestación y se opuso a las pretensiones de la demanda.
Consideró que los actos acusados fueron expedidos con observancia de las normas
constitucionales y legales que le eran aplicables. Señaló que el hecho de que la
demandante se encuentre en régimen de transición de la Ley 100 de 1993 implica que
debe atenderse la Ley 33 de 1985 en relación con la edad, el tiempo de servicio o
semanas cotizadas y el monto de la prestación. No obstante, en cuanto a las demás
condiciones, afirmó que se rigen por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y los factores

3
Sentencia del 30 de abril de 2003, expediente: 01-3262.
4
Citó las siguientes sentencias:
Sentencia del 21 de septiembre de 2000, expediente: 470-99.
Sentencia del 13 de marzo de 2003, radicado: 2001-4526, no aporta más datos.
Sección Segunda, sentencia del 26 de febrero de 2009, radicado: 2003-8992 (2559-2007).
Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, número interno: 0112-2009.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2015, radicado:
250002342000201301541 01 (4683-2013), actor: Rosa Ernestina Agudelo Rincón
5
Folios 74 a 79 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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3

Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

salariales que se deben atender son los enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158
de 1994.

Propuso las siguientes excepciones:

• «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION Y COBRO DE LO NO DEBIDO»: Afirmó
que los actos administrativos objeto de discusión fueron proferidos con observancia de
la normativa que rige la situación de la pensionada, esto es, las Leyes 33 de 1985, 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. En ese mismo sentido, recalcó que de acuerdo
con la tesis expuesta por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y
SU-230 de 2015 el IBL no fue objeto de transición, motivo por el cual aquella deberá
atender las disposiciones contenidas en los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

• «BUENA FE» Aseguró que la entidad actuó con el convencimiento de aplicar
en debida forma la ley.

• «GENÉRICA»: Pidió se declare, de oficio, cualquier excepción que se encuentre
probada dentro del proceso.

• «PRESCRIPCIÓN»: En caso de que se acceda a las pretensiones de la
demanda, solicitó declarar prescritas las mesadas causadas y no reclamadas dentro
de los tres años que prevén los Decretos 1848 y 3135 de 1969, así como el artículo
151 del CPL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6

El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá, en audiencia celebrada el 3 de
agosto de 2017, declaró la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, ordenó
a la UGPP reliquidar la pensión de la demandante en un monto equivalente al 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicio, comprendido entre el 31
de diciembre del 2000 y el 31 de diciembre de 2001, con inclusión además de la
asignación básica, la bonificación por servicios y la prima de antigüedad, la prima de
alimentación, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad.

Expuso que, en materia pensional, el derecho de la demandante se rige por las
disposiciones contenidas en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, comoquiera
que aquella es beneficiaria del régimen de transición que prevé la Ley 33 de 1985.
Seguidamente, aclaró que a la pensionada no le resulta aplicable el régimen especial
que acoge a algunos servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
contenido en los Decretos 603 de 1977 y 1069 de 1995, puesto que de las probanzas
obrantes en el expediente se advierte que no ocupó ninguno de los empleos allí
enlistados para tal efecto.

Luego, en cuanto a los factores que se deben incluir en el IBL, señaló que tal como lo
sostuvo el Consejo de Estado en sentencias del 4 de agosto de 2010 y 25 de febrero

6
Folios 92 a 106 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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4

Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

de 2016, deberán incluirse todas aquellas sumas que percibe el trabajador de manera
habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé.

Más adelante, aseguró que, si bien la Corte Constitucional en las sentencias SU-230
de 2015 y SU-427 de 2016 asumió una posición diferente a la descrita, en tanto
consideró que el IBL a tener en cuenta para los beneficiarios del régimen de transición
es el contenido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que,
en ellas se refirió únicamente a los congresistas, magistrados de altas cortes y otros
altos funcionarios, condición que no ostenta la demandante, motivo por el cual dicha
interpretación no le es aplicable. Agregó que tampoco se evidencia un abuso del
derecho toda vez que los ingresos percibidos por la demandante durante el último año
no sufrieron un incremento significativo.

Al analizar el sub lite precisó, en primer lugar, que la discusión se circunscribe a
determinar el IBL de la prestación y en segundo, que la tesis aplicable para resolver el
asunto es la desarrollada por el Consejo de Estado. En su criterio, esta última
salvaguarda en mayor medida los principios de favorabilidad, inescindibilidad y
progresividad. En ese sentido, concluyó que se debe reliquidar la pensión en un monto
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último
año de servicio, esto es, desde el 31 de diciembre de 2000 hasta el 31 de diciembre
de 2001; específicamente, incluyó además de la asignación básica, la bonificación por
servicios y la prima de antigüedad, el factor denominado alimentación, y, las primas de
servicios, vacaciones y navidad, en una doceava parte; con exclusión de la prima de
elecciones, habida cuenta de que esta última no constituye factor salarial para ningún
efecto, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 2722 de 2001.

Igualmente, sostuvo que en caso de que no se hubieran efectuado las cotizaciones
por concepto de los factores que en esa decisión se ordenaron incluir en la liquidación
pensional, la entidad demandada podría realizar los descuentos respectivos a cargo
de la servidora.

Por otra parte, declaró prescritas las mesadas causadas y no reclamadas antes del 21
de agosto de 2012, en consideración a que la petición de reliquidación se presentó el
21 de agosto de 2015.

RECURSO DE APELACION

Flor Ángela Bedoya Rodríguez7

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó se modifique
parcialmente la decisión adoptada por el a quo, para aplicar la prescripción extintiva
de que trata el artículo 817 del Estatuto Tributario, así como las disposiciones
contenidas en los artículos 712 y 719 de la misma normativa. Explicó que las
cotizaciones de los afiliados al sistema integral de seguridad social constituyen una
obligación parafiscal, tal como lo determinó la Corte Constitucional en sentencia C-711

7
Folios 107 a 112 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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5

Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

de 2001 y el Consejo de Estado en proveído del 26 de marzo de 2009 8, razón por la
cual, para su cobro, se aplica el Estatuto Tributario.

Más adelante, destacó que antes de la entrada en vigor de la Ley 33 de 1985, la
obligación legal de los descuentos por aportes correspondía a la entidad empleadora
y a la caja de previsión, por lo que habrá de presumirse que liquidaron y pagaron en
debida forma sus aportes. Igualmente, señaló que en caso de existir alguna diferencia
la entidad administradora hubiera podido cobrarlos a través del procedimiento
administrativo de cobro coactivo.

UGPP9

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la UGPP presentó recurso de
apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se negaran las pretensiones de la demanda.

Explicó que los actos objeto de nulidad fueron proferidos conforme lo dispone la ley,
pues si bien, la demandante es beneficiaria del régimen de transición que prevé la Ley
100 de 1993 y, por ende, le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 33
de 1985 en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto, lo cierto
es que, el IBL será el promedio de los emolumentos sobre los cuales cotizó el afiliado
durante los últimos diez años, como lo establece la Ley 100 de 1993 y los factores
para calcular la mesada son los previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Bajo esa misma línea argumentativa, pidió atender el contenido de la sentencia SU-
395 de 2017, dentro de la cual la Corte Constitucional afirmó que en la liquidación solo
es posible incluir aquellos factores que remuneren directamente el servicio y respecto
de los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes, habida cuenta de que el IBL
no fue un elemento objeto de transición de la Ley 100 de 1993.

También resaltó que, contrario a lo señalado por el a quo, el criterio sostenido por la
Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 sí resulta
aplicable a todos los regímenes pensionales, pues estas decisiones tienen carácter
vinculante, según lo previno la Sección Quinta del Consejo de Estado en
pronunciamiento de tutela del 15 de diciembre de 2016.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN10

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 15 de febrero de 2018, modificó el numeral tercero de la
decisión adoptada por el a quo, en el sentido de indicar que la entidad demandada
podrá efectuar los descuentos a que haya lugar, sobre los factores que se ordenaron
incluir, sin perjuicio de las actuaciones administrativas o judiciales para el cobro de los
aportes respectivos al empleador. Confirmó en lo demás.

8
Radicado: 250002327000200200422 01 (16257)
9
Folios 113 a 116 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
10
Folios 143 a 151 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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6

Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

Expuso que, en materia pensional, el derecho de la demandante se rige por las
disposiciones contenidas en la Ley 4 de 1966 y los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de
1978, en virtud del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, del cual es
beneficiaria. Estimó que dicha normativa, en términos del precedente jurisprudencial11
del Consejo de Estado, deberá aplicarse en su integridad, salvaguardando con ello los
principios de favorabilidad y la condición más beneficiosa.

En cuanto al monto de la pensión, indicó que correspondería al 75% de lo devengado
en el último año de servicios, con inclusión de los factores previstos en el Decreto 1045
de 1978, el cual no señala una lista taxativa de factores salariales, sino que estos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados de
forma permanente por el trabajador durante el último año de servicios.

De otra parte, aseveró que el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-230 del 2015, no resulta aplicable en el sub lite toda vez que allí se
analiza el régimen pensional de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y no de la Ley 33 de 1985, al cual pertenece la demandante.

Seguidamente, aseguró que en el caso concreto no hay lugar aplicar el Estatuto
Tributario. Explicó que si el querer del legislador consiste en que las pensiones se
liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a
la seguridad social, siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto
haya lugar, tal y como lo dispuso el juez de primera instancia.

Agregó que la entidad condenada podrá adelantar las actuaciones administrativas o
judiciales para el cobro de los aportes que correspondan al empleador.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN12

La UGPP presentó acción de revisión de la providencia que ordenó el pago de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. Infirmar las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo de Bogotá el 3 de agosto de 2017 y el Tribunal Administrativo de

11
Para el efecto, citó:
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de octubre de 2005, radicado:
150012331000199717518 01 (3701-04), actor: José Placido García Jiménez, demandado: CAJANAL.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado:
250002325000200406145 01 (2533-07)
Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, número interno: 0112-2009.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2010, radicado:
730012331000200700146 01 (0465-09), actor: Heliodoro Arguelles Ochoa, demandado: CAJANAL.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de febrero de 2011, radicado:
250002325000200701044 01 (0670-2010), actor: Luis Ángel Hernández Sabogal, demandado: ISS.
12
Folios 1 a 9 del cuad. ppal.
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7

Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 15 de febrero de 2018, dentro del
proceso ordinario instaurado por Flor Ángela Bedoya Rodríguez en contra de
CAJANAL EICE, bajo el radicado: 110013342048201600739 00.

2. Declarar que a la señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez no le asiste el derecho
a que se liquide su pensión de jubilación con la totalidad de los factores de salario
devengados en el último año de servicios.

3. Ordenar que la pensión de la señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez se liquide
conforme a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017, y los autos 326 de 2014 y 229 de
2017, proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, así como la sentencia
del 28 de agosto de 2018 emitida por el Consejo de Estado. De acuerdo con aquellas
providencias, se debe adoptar como ingreso base de liquidación las directrices fijadas
en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Los factores base de cotización
son los taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones
que expresamente consagren la condición de factor salarial con incidencia pensional.

4. Ordenar a la pensionada restituir, en favor de la entidad pensional, los dineros
que recibió en exceso.

A continuación, estimó que la decisión adoptada en las sentencias objeto de revisión
contraría los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48, 121 inciso 2 y 124 de la Constitución Política,
el Acto Legislativo 01 de 2005, las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 y los Decretos
3135 de 1968, 1045 de 1985 y 1158 de 1994, así como la interpretación que ha
impartido la Corte Constitucional sobre el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición.

En sustento de lo anterior, argumentó que la providencia en mención vulneró el debido
proceso pues la reliquidación pensional que se ordenó no atiende la normativa y
jurisprudencia aplicable, generándose con ello un aumento en la mesada, que trae
consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del sistema general
de seguridad social en pensiones que la Nación debe administrar.

Bajo esa misma línea argumentativa, expuso que el derecho pensional excede lo
debido de acuerdo con la ley, al acceder a una liquidación pensional en contravía de
lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, explicó que la
señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez al estar cobijada por el régimen de transición,
dado que tenía más de 35 años de edad al momento de la entrada en vigencia del
Sistema General de Seguridad Social, tiene derecho al reconocimiento de la pensión
bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por el Decreto
3135 de 1968. No obstante, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 en armonía con el Decreto 1158 de 1994. Destacó que así
lo ha interpretado la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, que se
constituían en precedente obligatorio para los jueces.

Seguidamente, aseguró que la liquidación ordenada por los jueces de instancia
aumenta en un 11,65% la mesada pensional de la demandada, sin que exista
justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la mesada actual

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Demandante: UGPP

es de $1.683.047 cuando debía equivaler a $1.537.161. En su criterio, tal situación
permite observar que se configura un abuso palmario del derecho, pues se presenta
con el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN13

Dentro del término, la señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez, mediante apoderado,
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Al respecto, explicó que, las
decisiones tanto de primera como de segunda instancia atendieron la normativa
aplicable, en virtud del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, y, la tesis
jurisprudencial vigente desarrollada sobre el asunto por el Máximo Tribunal de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contenida en la sentencia del 4 de
agosto de 201014.

Destacó que, de conformidad con la sentencia del 28 de agosto de 2018 15 proferida
por el Consejo de Estado, aquellas decisiones emitidas con anterioridad a su
expedición quedan salvaguardadas por la cosa juzgada.

Propuso las siguientes excepciones:

• NO VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO: Consideró que en el sub examine no
se vulneró el debido proceso de la UGPP. En su concepto la entidad pretende
reabrir un debate jurídico sobre el IBL que ya tuvo lugar en el proceso ordinario.

• COSA JUZGADA: Sobre el punto, advirtió que la decisión acusada se encuentra
debidamente ejecutoriada y, por ende, es inmodificable, tal como lo señaló el
Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018.

• BUENA FE: Afirmó que la pensionada, al solicitar la nulidad de los actos por
medio de los cuales se denegó la reliquidación pensional, ciñó sus actuaciones
al principio de buena fe.

• PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: Afirmó
que los actos por medio de los cuales la UGPP dio cumplimiento a la decisión
judicial de reliquidación pensional se encuentran amparados por la presunción
de legalidad, por lo que, de encontrarse inconforme con su contenido deberán
ser debatidos a través de la acción de lesividad.

• CARENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR: Sostuvo que las decisiones
judiciales objeto de discusión fueron emitidas con fundamento en los derechos
a la seguridad social y vida digna, así como en los principios de inescindibilidad,
in dubio pro operario, progresividad y favorabilidad desarrollados en el
precedente jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado.

13
Indice 10 del Sistema informático SAMAI.
14
Sección Segunda, sentencia de unificación, radicado: 250002325000200607509 01 (0112-09)
15
Sección Segunda, sentencia de unificación, radicado: 520012333000201200143 01 (IJ)

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Demandante: UGPP

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .16.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 17.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:

«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]» (Se subraya)

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la norma en cita no restringe la posibilidad
de revisar las sentencias de única, primera o segunda instancia en las que se
reconozcan sumas periódicas o pensiones, con cargo al erario. En otras palabras,
pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de similar
naturaleza la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza indistintamente de la instancia en que fueron proferidas, comoquiera que la
ley de forma expresa le atribuyó su conocimiento, al Consejo de Estado y a la Corte
Suprema de Justicia, según las materias sometidas a su competencia.

En consecuencia, esta Subsección es competente para conocer de la acción de
revisión formulada por la UGPP.

Legitimación de la acción de revisión

Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 definió la siguiente regla:

16
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
17
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión18, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección19.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el
Decreto 5021 de 2009, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la
acción de revisión.

Oportunidad de la acción de revisión

Sobre el particular se observa que la acción de revisión fue presentada dentro del plazo
que prevé el artículo 251 del CPACA, esto es, dentro de los 5 años siguientes a la
ejecutoria de la providencia cuestionada. La sentencia del 15 de febrero de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

18
Ibidem.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.

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Subsección A, quedó ejecutoriada el 7 de marzo de 201820 y la demanda fue radicada
el 26 de septiembre de 201921.

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 22 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»23

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación24.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
20
Tal como se observa en la constancia secretarial suscrita por el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo de Bogotá, obrante a folio 165 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
21
Folio 9 vuelto cuad. ppal.
22
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
23
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
24
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
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Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones25.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira26.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas,
cuando se liquidaron en un valor mayor al que corresponde o se reconocieron
con vulneración del debido proceso o de la ley.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 27.

Cuestión previa. De la excepción de cosa juzgada

Teniendo en consideración que la demandada estima que se configuró la cosa juzgada
porque la sentencia objeto de revisión se encuentra debidamente ejecutoriada, la
Subsección se pronunciará en los siguientes términos.

Al respecto, debe precisarse que la finalidad de la acción especial de revisión es
justamente invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra
ejecutoriada28 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales, cuando éstas han sido lesionadas en una
decisión judicial que fue afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas
en el decurso procesal. Es un medio impugnativo que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al
principio de la cosa juzgada29, entendido éste como fundamento esencial del
ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso.

25
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de
marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio
Chala. Demandado.
29
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en
una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas,
ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad
jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e
inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver
sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción
de una nueva providencia […]». Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
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Por lo expuesto, la acción de revisión contra la sentencia del 15 de febrero de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, es procedente, pues la naturaleza misma del proceso comporta que se
dirija contra sentencias ejecutoriadas, de las que se predica la cosa juzgada.

En esas condiciones, el argumento expuesto por la parte demandada no impide que
se efectúe un pronunciamiento de fondo, dentro de la acción de revisión interpuesta
por la UGPP.

De la excepción de presunción de legalidad de los Actos Administrativos.

La demandada considera que el acto por medio del cual se dio cumplimiento a la
decisión judicial de reliquidación pensional se encuentra amparado por la presunción
de legalidad, por lo que, en su concepto, si la entidad se encontraba inconforme con
su contenido debió debatirlo en lesividad a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Sobre el punto, es preciso recordar que la acción de revisión es el mecanismo
adecuado y especial que el legislador previó para controvertir las providencias
judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que
decreten o reconozcan la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público, con el propósito
de reducir el déficit fiscal y hacer viable financieramente el sistema pensional.

En estos términos, es razonable colegir que, dado que en el sub lite se pretende
la revisión de la decisión judicial que reconoció una suma periódica de dinero a cargo
del tesoro público, y no la nulidad de unos actos administrativos expedidos por el fondo
pensional mediante los cuales se reconocieron unos derechos prestacionales en
cumplimiento de aquella, es la acción de revisión, de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, el medio adecuado para efectuar dicho análisis, y dentro del cual la
entidad puede exponer sus inconformidades, pues, se insiste, el objeto del presente
proceso es examinar si el fallo judicial contraviene los postulados constitucionales o
legales, más no si los actos que dieron cumplimiento a este adolecen de nulidad.

Así las cosas, las manifestaciones efectuadas por la parte demandada no enervan del
análisis de la acción de revisión.

Los argumentos que sustentan los demás medios exceptivos propuestos se analizarán
con el fondo del asunto.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

Segunda, Subsección A, treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número:
25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14).
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¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar el reconocimiento de la pensión de la señora Flor
Ángela Bedoya Rodríguez, cobijada por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985,
atendiendo el ingreso base de liquidación de las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 en
armonía con el Decreto 1045 de 1978 y, no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36
o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados
por el Decreto 1158 de 1994?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: 1) La causal de revisión
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 2) La causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 3) El régimen pensional
contenido en las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, 4) El régimen de transición de la Ley
33 de 1985, y 5) verificación de las causales de revisión invocadas en el caso particular
y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso» .

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia30. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 31:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

30
Ver: Sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
31
Sentencia C-341 de 2014.
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(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales32, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 33 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Verificación de la causal de revisión invocada

De la demanda de revisión se desprende que, en criterio de la entidad, la providencia
objeto de revisión vulneró el debido proceso al acceder a la reliquidación de la pensión
de la aquí demandada, en un monto del 75% de los salarios y factores percibidos en
el último año de servicios, como lo ordena la Ley 33 de 1985, desconociéndose la
interpretación que sobre el IBL efectuó la Corte Constitucional en las sentencias C-168
de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017 y SU-631 de 2017, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017. En dichas
providencias, se precisó que aquellos empleados beneficiarios del régimen de
transición conservarían los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto de la
pensión del régimen anterior, pero el IBL sería el establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

Al respecto, se debe señalar que el argumento expuesto no está referido a alguno de
los aspectos sobre jurisdicción y competencia, los derechos de audiencia, de defensa
y contradicción o a la valoración probatoria relacionados con el reconocimiento
pensional, sino al desacuerdo en la interpretación de las normas que hizo el ad quem
para el cálculo de la prestación. En su sentir, se omitió la aplicación del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 así como de las sentencias de la Corte Constitucional que
abordaron el tema, lo cual condujo a que su cuantía excediera lo debido de acuerdo

32
Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
33
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
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con la ley, cuestión que hace referencia a la causal contenida en el literal b.) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 y que pasa a estudiarse.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»34. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación de conformidad con las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 en armonía
con los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978 y no el previsto por el inciso 3.° del
artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores
señalados por el Decreto 1158 de 1994, puesto que su derecho pensional se consolidó
en vigor de la mencionada Ley 100 de 1993. En esa medida, se debe definir si el valor
de la prestación que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer
debe ser reducido en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad
financiera del sistema general de seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito, se analizarán las normas pensionales contenidas en las
normas anteriores a la Ley 33 de 1985, las posiciones jurisprudenciales de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado; y con fundamento en ello, se estudiará la
configuración de la causal de revisión invocada en el caso concreto.

El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del
régimen de transición de la Ley 33 de 1985

El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los empleados
oficiales, es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales, según el cual aquellos
que hubiesen prestado 20 años de servicio, continuos o discontinuos y cumpliesen 55
años de edad, tendrían derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio.

34
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Demandante: UGPP

Del anterior régimen, se excluyó a aquellos empleados oficiales que trabajaran en
actividades que por su naturaleza justificaran una excepción previamente determinada
por la Ley o, a quienes disfrutaran de un régimen especial en pensiones.

Por su parte, el artículo 3 de la citada ley, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de
1985, indicó que la base de liquidación para los aportes proporcionales a la
remuneración del empleado oficial, estaría constituida por los siguientes factores:
«asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio».

Asimismo, agregó que, en todo caso «[…] las pensiones de los empleados oficiales
de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes […]».

Ahora bien, el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 creó un régimen de
transición según el cual:

i) quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15 años de
servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad que regía en
normas anteriores; y

ii) quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se encontrasen
retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada ley obtendrían la
pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres y 55 en el de
los hombres, la cual se reconocería y pagaría de conformidad con las normas vigentes
a la fecha de retiro.

Según lo anterior, quienes al 13 de febrero de 1985 tuviesen 15 años de servicio o
más, tendrían como prerrogativa la posibilidad de pensionarse con la edad prevista en
la norma anterior; y quienes ya tuviesen 20 o más años de servicio, estuviesen
retirados y solo les faltare la edad para obtener el estatus pensional, tendrían derecho
a pensionarse con la norma que regía al momento del retiro.

Respecto a la primera regla transicional contenida en la Ley 33 de 1985, debe
advertirse que la norma aplicable vigente antes de la citada era la Ley 6ª de 1945, que
en su artículo 17 previó una pensión de jubilación para los empleados oficiales
equivalente a las dos terceras partes del promedio de los sueldos devengados en el
último año de servicio para quienes acreditaran 50 años de edad y 20 de servicio,
continuos o discontinuos. Esta sería modificada en primer lugar por el artículo 3.° de
la Ley 65 de 1946, y posteriormente por el artículo 4.° de la Ley 4ª de 1966, este
último en el sentido de que la pensión sería equivalente al 75% del promedio mensual
obtenido en el último año de servicio.

En ese sentido, a partir de la Ley 4 de 1966, los empleados oficiales tendrían derecho
a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio mensual

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Demandante: UGPP

de lo devengado en el último año de servicios, siempre que cumplieran 50 años de
edad y 20 de servicio al Estado.

Luego, el Decreto Ley 3135 de 1968, por el cual se previó la integración de la
seguridad social entre el sector público y el privado y se reguló el régimen prestacional
de los empleados públicos y trabajadores oficiales, dispuso en su artículo 27 que
aquellos que sirvieran al Estado por 20 o más años, continuos o discontinuos, y
cumpliesen 55 años en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres, tendrían
derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

De modo tal que se infiere que el Decreto Ley 3135 de 1968 únicamente modificó lo
concerniente a la edad para acceder al derecho pensional, respecto de los hombres,
quienes podrían obtener el estatus una vez cumplieran los 55 años de edad, mientras
que no hubo cambio respecto a la situación jurídica de las mujeres.

Por consiguiente, la norma aplicable a los beneficiarios de la primera parte del
parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 es el artículo 27 del Decreto Ley
3135 de 1968, que previó que la edad para obtener el beneficio pensional se reitera,
sería de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, por cuanto esta era la norma
pensional anterior.

Ahora bien, el conflicto se suscita por la forma cómo se debe aplicar el régimen de
transición al que alude el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, es decir, conforme a la
interpretación literal de la norma según la cual se garantiza el acceso a la prestación
con la edad regulada en la norma anterior; o por el contrario, se debe emplear el
régimen anterior en su integridad, en virtud del principio de inescindibilidad de la
norma.

Según esta última posición, las personas beneficiadas con la transición regulada en
la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho
a pensionarse en los términos del Decreto 3135 de 1968, es decir, con 20 años de
servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos; 55 años de edad en el caso de
los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía equivalente al 75% del promedio de
lo devengado durante el último año de servicio 35.

Así las cosas, y teniendo en consideración que ni la Ley 6 de 1945 ni el Decreto 3135
de 1968 previeron los factores a tener en cuenta para efectos de determinar la base
de liquidación de la pensión de jubilación, varios pronunciamientos acudieron a lo
preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y de carácter
general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al momento de
liquidar las pensiones. Dicho criterio fue acogido por esta corporación, entre otras, en

35
Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de Mayo de 2020, radicación:
700012333000-2013-00268-01 (3551-2014), demandante: Leonor Guerra Vergara, demandada: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.
Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 28 de mayo de 2020, radicación:
44001-23-33-000-2013-00171-01 (1947-15), actor: Rosa Elena Baquero de Munive, demandado:
Unidad Administrativa Especiad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social.
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las sentencias del 19 de noviembre de 200936 y del 16 de diciembre de 2009 37.
Específicamente en la última de ellas precisó:

«[…] El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición
consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años
a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del
régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación
de la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores
salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la
pensión de jubilación […]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como
principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores,
que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por
su naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues
aplicar dos normas legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación
de una misma pensión, como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio
de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe la aplicación parcial de las normas
legales. […]» (Se subraya)

Ahora, como se analizará más adelante, es pertinente señalar que, en relación con el
IBL de las pensiones reconocidas en estas condiciones, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado no ha sido pacífica, pues se ha debatido si el
ingreso base de liquidación de las personas que alcanzaron su estatus pensional en
vigencia de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición o no, como pasa
a exponerse:

• Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con la diferenciación que hacía la norma
original entre trabajadores del sector público y del sector privado. En aquella
oportunidad no fijó ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de
transición. Posteriormente, la misma Corporación, a través de sus salas de revisión de
tutelas, emitió una serie de pronunciamientos según los cuales el ingreso base de
liquidación se encontraba inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía
entenderse que en este aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley
100 de 1993. Así se indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169
de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de
2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T-019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villareal,
demandado: Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).

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transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última38 la
Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que
ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales
previstos por los Decretos 546 de 197139 y 929 de 197640. Consideró que la regla
general de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100
de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas
especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258 de 2013 que precisó que la
transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba
afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo
de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de

38
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
39
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
40
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
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liquidación.

• Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 41 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

41
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.»

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Verificación de la causal de revisión invocada

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003

La señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez nació el 24 de abril de 194942 y prestó sus
servicios a la Registraduría Distrital del Estado Civil entre el 2 de enero de 1968 y el
31 de diciembre de 2001. El último cargo que ocupó fue el de secretaria 5140-1243.

En consecuencia, para el 13 de febrero de 1985 había prestado servicios al Estado
por más de 15 años, razón por la cual se encontraba cobijada por la primera parte del
parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, es decir, que tenía derecho a que
se le respetara la edad pensional prevista en la norma anterior.

La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que la señora Flor Ángela Bedoya
Rodríguez44 devengó los siguientes emolumentos durante el último año de servicio, de
enero a diciembre de 2001:

• Asignación básica
• Prima de antigüedad
• Alimentación
• Bonificación
• Prima de servicios
• Prima de vacaciones
• Prima de navidad
• Prima de Elecciones

42
Tal como consta en la cedula de ciudadanía obrante a folio 3 del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
43
Folio 27 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
44
Folio 26 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP

Por medio de la Resolución 22928 del 16 de agosto de 200245 la extinta Caja Nacional
de Previsión Social EICE le reconoció una pensión de vejez a la señora Flor Ángela
Bedoya Rodríguez, a partir del 1 de enero de 2002, condicionada al retiro del servicio.
La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del salario promedio de lo
devengado durante los últimos 7 años y 9 meses, a saber, desde el 1 de abril de 1994
hasta el 30 de diciembre de 2001, de conformidad con las Leyes 33 de 1985 y 100 de
1993. Los factores que tuvo en cuenta en el cálculo de la mesada fueron: la asignación
básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad y las horas
extras (años 1994 a 2000). El estatus jurídico lo adquirió el 24 de abril de 1999.

Mediante escrito radicado el 21 de agosto de 2015, la pensionada solicitó la
reliquidación de la pensión de vejez. No obstante, la UGPP denegó la referida petición
a través de la Resolución RDP 053180 del 14 de diciembre de 201546 bajo el argumento
de que la prestación se liquidó conforme lo prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994, comoquiera que el estatus pensional lo adquirió el 24 de
abril de 1999, cuando las normas referidas ya se encontraban en vigor.

Por medio de la Resolución RDP 011475 del 11 de marzo de 201647, la UGPP confirmó
el acto administrativo descrito en el párrafo anterior.

El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá, en audiencia celebrada el 3 de
agosto de 2017, le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión en favor de la señora Flor
Ángela Bedoya Rodríguez, en los siguientes términos 48:

«PRIMERO. – Declárese la nulidad de las Resoluciones RDP 53180 del 14 de
diciembre de 2015, por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
negó la petición de reliquidación o reajuste definitivo de la mesada pensional de la
accionante con base en el régimen pensional que le es aplicable y con la inclusión
de todos los factores remuneratorios devengados en el último año de servicio; así
como la nulidad de la Resolución RDP 11475 de 11 de marzo de 2016, mediante
la cual se confirmó la anterior decisión al desatar el recurso de apelación
interpuesto en su contra.
SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a
título de restablecimiento del derecho, se ordena a [la] […] UGPP, a efectuar una
nueva liquidación de la pensión de vejez reconocida a la señora Flor Ángela
Bedoya Rodríguez, […] en cuantía equivalente al 75% del promedio de salarios
devengados en el último año de prestación de servicios, comprendido entre el 31
de diciembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2001, con inclusión, además de la
asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad,
ya reconocidos, los siguientes factores de salario: alimentación y las primas de
servicios, vacaciones y navidad, con efectos a partir del 21 de agosto de 2012,
por prescripción trienal.
TERCERO: La […] UGPP, deberá pagar la diferencia que resulte entre la cantidad
liquidada y las sumas canceladas por el mismo concepto y, descontará los valores
correspondientes a los aportes no efectuados sobre los factores salariales
certificados, si hubiere lugar a ello.
[…]

45
Folios 28 a 34 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
46
Folios 13 a 15 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
47
Folios 20 a 24 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
48
Folios 92 a 106 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP

SEXTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda conforme a la parte
considerativa. […]»

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 15 de febrero de 2018, modificó el numeral tercero de la decisión
adoptada por el a quo, para en su lugar, indicar que, además de descontar los aportes
correspondientes a los factores objeto de inclusión, la demandada podrá adelantar en
contra del empleador las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes a
cobro de los factores incluidos, en los siguientes términos49:

«[…] Con fundamento en el anterior precedente jurisprudencial, pese a que la parte
demandante adquirió el status de pensionada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
esto es, el 24 de abril de 1999 (cuando cumplió los 50 años de edad), ello no
significa que haya perdido los beneficios de la transición de la Ley 33 de 1985,
toda vez que el régimen de transición no es una simple expectativa sino un derecho
adquirido, pues su finalidad es proteger a los trabajadores que se encuentran
próximos a cumplir los requisitos para pensionarse al momento del tránsito
legislativo, razón por la cual el régimen pensional aplicable a la demandante es el
previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.

De conformidad con lo anterior, el reconocimiento pensional debe sujetarse en su
totalidad a lo previsto en la norma anterior, es decir, edad, tiempo de servicio y
monto pensional, pues de lo contrario se estaría violando el principio de
inescindibilidad de la ley.
[…]
En cuanto a los factores que deben incluirse para establecer el ingreso base de
liquidación de la pensión, el Consejo de Estado sostuvo que debe incluirse la
totalidad de los factores salariales percibidos durante el último año de servicios.
[…]
En consecuencia, para la Sala el salario base para la liquidación de la pensión para
las personas beneficiadas del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, se
encuentra constituido por todos los factores que constituyen salario, es decir,
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la
denominación que se les dé

Fundamento fáctico y caso concreto: En efecto, la actuación administrativa
arrimada al plenario permite demostrar que la señora Flor Ángela Bedoya
Rodríguez nació el 24 de abril de 1949 y laboró al servicio de la Registraduría
Distrital del Estado Civil desde el 2 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de
2001, esto es, más de veinte años, y le es aplicable el régimen de transición
previsto en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pues al 13 de
febrero de 1985, tenía más de 15 años de servicio al Estado (17 años, 1 mes y 12
días), siendo entonces el régimen pensional el previsto en los Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978, y no la Ley 33 de 1985.
[…]
La demandada expone en los actos acusados que la parte demandante es
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo
que la pensión debe ser liquidada con el IBL que consagra dicha norma. Lo anterior
no resulta aplicable al presente caso, ya que como se dijo, la parte demandante es
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y no del de la Ley 100
de 1993.
En el mismo orden de ideas, tampoco lo dicho por la Corte Constitucional en
sentencia SU-230 de 2015 acerca de la interpretación que debe otorgarse al inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señalando que el IBL no es un
elemento del régimen de transición, resulta aplicable al caso sub -lite, por cuanto

49
Folios 154 a 167 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP

la citada providencia se refiere a los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y no para los de la Ley 33 de 1985.
[…]
En consecuencia, no merece reproche la decisión adoptada por la jueza de primera
instancia consistente en ordenar a la entidad demandada reliquidar la pensión de
vejez reconocida a la parte demandante, incluyendo todos aquellos factores
cancelados de manera habitual como retribución directa del servicio durante el
último año de servicios.
[…]
[N]o encuentra entonces la Sala sustento a la pretensión expuesta en el recurso
de alzada en cuanto a que al referido descuento sobre los factores ordenados deba
aplicarse la prescripción contemplada en el Estatuto Tributario, ya que por un lado
la normativa determina que es obligación del trabajador realizar los aportes a la
seguridad social para acceder a la pensión y, por otro lado, cuando mediante
sentencia judicial se ordena la inclusión de factores salariales para efectos de la
reliquidación pensional debe procederse al descuento de los aportes a la seguridad
social correspondientes a dichos factores sobre los cuales no se realizó la
deducción legal.
[…]
Encuentra necesario la Sala modificar la sentencia de primera instancia en el
sentido de precisar que el descuento de los aportes correspondientes a los factores
salariales a cuya inclusión se accede y sobre los cuales no se haya efectuado la
deducción legal por toda la vida laboral con respecto a la reliquidación pensional
que se ordena, se refiere a los que deba efectuar la demandante de conformidad
con la normativa vigente en cada época en la cual prestó sus servicios, sin perjuicio
de que la entidad demandada adelante las actuaciones administrativas o judiciales
para el cobro de los aportes que correspondan al empleador. […]» (Ortografía,
negrillas y gramática del texto original)

Análisis de la Subsección

La UGPP estimó que, en la reliquidación de la pensión de la aquí demandada, debió
atenderse el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, al
considerar que el ingreso base de liquidación no resultaba objeto de transición. Como
sustento de ello, solicitó adoptar el criterio desarrollado por la Corte Constitucional.

De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación

Para abordar el anterior planteamiento, es de anotar, que para el momento en el que
se produjo la decisión, la posición adoptada por el Consejo de Estado, en relación con
el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto
de 201050, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley. Igualmente, la jurisprudencia de esta corporación interpretó que la
liquidación de las personas cobijadas por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985
debía atender la normativa anterior a esta, tal y como antes se expuso. En
consecuencia, el ingreso base de liquidación debía corresponder a lo previsto por las
normas que venían rigiendo la situación del afiliado 51.

50
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
51
Se resalta lo considerado en la sentencia T-631 de 2002, en la que la Corte Constitucional se refirió
al ingreso base de liquidación que debía atenderse en los casos de las personas que se encontraran en
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así: «[…]El monto de la pensión se calcula sobre una base
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Demandante: UGPP

Ahora, en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se cita como
desconocida, se tiene lo siguiente:

En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se estudiaron los
siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto: i)
constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 199352 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el
artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales excede
la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de
quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas
a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política
social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25 que ordena dar
especial protección al trabajo.

Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público. Ciertamente, mientras para los primeros se toma como
base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los
segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año. Tal
desigualdad contraría el artículo 13 de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.

En cuanto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección estima
importante precisar que, en esta providencia, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados
al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el
beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes

y de allí se saca un porcentaje. No se puede entender el uno sin el otro. Esa base, en la teoría de la
seguridad social, se denomina indistintamente como base reguladora, haber regulador, salario
jubilatorio o haber jubilatorio. Tratándose de regímenes especiales, se tendrá en cuenta la base
reguladora y el porcentaje que señalen específicamente tales regímenes. Es imposible desvertebrar el
efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente
tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546/71 y la base reguladora es la
señalada en la ley 100 de 1993. Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne
los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto
546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es
afectar la inescindibilidad de la norma jurídica.[…]». Esta tesis fue reiterada en las sentencias T-1000
de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009, T-610 de 2009.
52
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen
difiere del que rige el derecho pensional de la aquí demandada quien no es beneficiaria
de dicha normativa especial.

Adicionalmente, dadas las dudas que generó la citada sentencia respecto de su
aplicación a regímenes distintos al allí analizado53, la Corte mediante proveído SU-230
de 2015 definió claramente que dicha interpretación no era exclusiva del régimen
especial que se analizó, pues el estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición,
resulta aplicable para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que pertenezca el trabajador. No obstante, en aplicación de la teoría del
apartamiento judicial54, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial, tanto el a quo como el ad quem acogieron la desarrollada por el Consejo de
Estado.

Denótese que los jueces de instancia dieron preferencia a la posición del Consejo de
Estado contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, en razón a que, en su
criterio, esta se acompasaba en mayor medida al principio de progresividad y a la
prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. En esas condiciones,
optaron por atender dicha posición en aplicación de los postulados constitucionales.
Este argumento resulta igualmente válido para todos los pronunciamientos posteriores
de la Corte Constitucional sobre ese tema.

De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación

De otro lado, es preciso destacar que la UGPP, en la acción de revisión, circunscribió
su argumento a discutir que, para calcular el IBL de la pensionada, debieron atenderse
las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de
los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la jurisprudencia
que sobre el asunto ha desarrollado la Corte Constitucional.

Así pues, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que, en lo atinente a la
inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, el criterio acogido

53
Ejemplo de ello se puede analizar en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2014; radicación: 25000-23-42-000-2013-
00632-01 (1434-2014); demandante: Gladys Agudelo Ordoñez. En aquella oportunidad se sostuvo «[…]
A lo que debe agregarse, que esta Corporación jurisprudencialmente ha determinado en la aplicación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los regímenes de
transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral; de manera,
que los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida
su situación pensional por el Decreto 546 de 1971, no son aplicables, porque en efecto, son
contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (artículos 228 y 230 de la Carta
Política y 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011) y evidentemente a la propia Sentencia C-258 de 2013 de
la Corte Constitucional, que valga la pena resaltar, como regla jurídica de obligado acatamiento en
materia de constitucionalidad, contiene en sí misma una circunstancia antinómica, que amerita un
ejercicio interpretativo para facilitar su aplicación, en orden al principio de coherencia de todo el sistema
jurídico sobre el que expande sus efectos. […]»
54
Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación
de un precedente obligatorio.
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por el juez de instancia fue el sostenido para la época por el Consejo de Estado55,
según el cual, en aplicación integral e inescindible de la norma pensional, aquellos
trabajadores beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 tendrían
derecho a que su mesada pensional se liquidara de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Decreto 1045 de 1978, en cuanto a los emolumentos que debían
computarse en la base de liquidación de la prestación. En otras palabras, se debían
tener en cuenta todos los factores devengados por el trabajador durante el último año
de servicios. De ahí que el Tribunal mantuvo la decisión de ordenar que en la
reliquidación de la prestación se tuvieran en cuenta, además de la asignación básica,
la bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad, el factor denominado
alimentación y las primas de servicios, vacaciones y navidad, los cuales se demostró
que devengó durante su último año de servicio en la Registraduría Nacional del Estado
Civil56.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las
pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron
a acoger la tesis según la cual en el IBL se deberán incluir todos los factores percibidos
durante el último año de servicios. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión
haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.

Finalmente, es importante indicar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente al
ingreso base de liquidación de los servidores del régimen general. Sin embargo, en
dicha providencia también se delimitó su alcance para señalar que «No puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han
sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley […]». Además, expuso que sus efectos vinculantes se extendían a los casos
pendientes de solución en sede administrativa y judicial, mientras que aquellos
respecto de los cuales hubiera operado la cosa juzgada resultan inmodificables. Así
las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede extender al presente
caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio vigente para la época.

En esas condiciones, no se demostró la vulneración de las normas citadas como
desconocidas por la UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión, en
consideración a que la interpretación que la sentencia cuestionada impartió se alineó
con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado y a los
principios de progresividad, favorabilidad e inescindibilidad.

Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista

55
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2007, radicación:
15001-23-31-000-1999-02187-01 (1114-03), actor: Carlos Eduardo Hernández, demandado: Caja
Nacional de Previsión Social
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villareal,
demandado: Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
56
Folio 26 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, esta posición
permite salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica57

De esta manera, no se configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, como tampoco la del literal a), lo cual lleva a que se declare infundada la acción
de revisión interpuesta.

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al reconocer la pensión de la señora Flor
Ángela Bedoya Rodríguez atendiendo el ingreso base de liquidación contenido en las
Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 en armonía con el Decreto 1045 de 1978, esto es, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de
servicios, incluyendo, además de la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados y la prima de antigüedad, el factor denominado alimentación y las primas de
servicios, vacaciones y navidad.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 15 de febrero de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, por medio de la cual se ordenó la reliquidación pensional en favor de la
señora Flor Ángela Bedoya Rodríguez.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación58 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.

57
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).

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Radicado: 110010325000201900711 00 (5413-2019)
Demandante: UGPP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP
contra Flor Ángela Bedoya Rodríguez, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 15 de febrero de
2018 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
110013342048201600739.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y
archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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