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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00729-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00729-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP contra José Manuel Pineda, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 3 de octubre de 2014 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 730013333005201200008. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00729-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

17 de febrero de 2022

Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: JOSÉ MANUEL PINEDA

Temas: Causales de revisión, literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003. Ingreso base de liquidación de beneficiario del régimen de
transición. Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-008-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se
infirme la sentencia del 7 de marzo de 2014 proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué, confirmada por la providencia del 3 de octubre de 2014 del
Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el señor José Manuel Pineda contra la extinta CAJANAL
EICE.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

El señor José Manuel Pineda, por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de
control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó 1 la nulidad de los
siguientes actos administrativos:

• Resolución 34475 del 29 de septiembre de 2005, mediante la cual el gerente
General de la Caja Nacional de Previsión Social, EICE, reliquidó la pensión de
vejez en favor del señor José Manuel Pineda, por valor de $1.178.597, a partir

1
Folios 36 a 52 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

del 1 de marzo de 2003. sin incluir la prima de navidad, la prima de servicios, la
prima técnica, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación.
• Resolución PAP 039946 del 21 de febrero de 2011, a través de la cual el
liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, EICE, confirmó la decisión
contenida en el acto administrativo descrito en el ítem anterior, al desatar el
recurso de reposición.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condene a la demandada a: i) reliquidar la mesada pensional con inclusión de
la prima de navidad, la prima de servicios, la prima técnica, la prima de vacaciones y
la bonificación por recreación, enlistadas en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978;
ii) pagar el retroactivo pensional, debidamente indexado; iii) cancelar los intereses en
los términos previstos en el artículo «177 del CCA»2; iv) cumplir la sentencia tal como
lo prevé el artículo «176» ibidem y v) pagar las costas.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes:

1. El señor José Manuel Pineda nació el 22 de agosto de 1946 y prestó sus
servicios en la Seccional de Salud del Tolima desde el 22 de enero de 1968 hasta el
28 de febrero de 2003. El último cargo que ocupó fue de jefe del Departamento de
Recursos Físicos.

2. Mediante Resolución 14645 del 13 de junio de 2002, el subdirector general de
prestaciones económicas de CAJANAL EICE reconoció en favor del señor José
Manuel Pineda pensión de vejez, en un monto equivalente a $1.020.861, a partir del 1
de septiembre de 2001, condicionada al retiro definitivo del servicio.

3. El pensionado, mediante escrito radicado el 1 de septiembre de 2003, solicitó a
la Caja Nacional de Previsión Social EICE reliquidar la mesada pensional con inclusión
de la prima de navidad, la prima de servicios, la prima técnica, la prima de vacaciones
y la bonificación por recreación.

4. Por medio de la Resolución 34475 del 29 de septiembre de 2005, el gerente
General de la Caja Nacional de Previsión Social, EICE, reliquidó la pensión de vejez
en favor del señor José Manuel Pineda, para aumentar la cuantía de la prestación a
$1.178.597, a partir del 1 de marzo de 2003. No incluyó la prima de navidad, la prima
de servicios, la prima técnica, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación.

5. A través de la Resolución PAP 039946 del 21 de febrero de 2011, el liquidador
de la Caja Nacional de Previsión Social EICE, en Liquidación, al desatar el recurso de
reposición, confirmó la decisión adoptada en el acto administrativo descrito en el
numeral anterior.

2
Así lo señala expresamente en la demanda.

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Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados vulneraron los artículos
1, 2, 3, 4, 13, 46, 53, 58, 114, 125, 150, 209 y 228 de la Constitución Política; 1 de la
Ley 33 de 1985 y 45 del Decreto 1045 de 1978. De igual manera, consideró que se
desconoció la jurisprudencia que sobre el asunto ha desarrollado el Consejo de
Estado.

Como concepto de violación, señaló que, para el 13 de febrero de 1985, el demandante
contaba con 17 años de servicio; lo que significa que está amparado por el régimen de
transición que prevé la Ley 33 de 1985 y que, por ende, el derecho pensional debe
atender las disposiciones contenidas en el Decreto 1045 de 1978, tal y como lo ha
sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado3.

Destacó que, si bien la Ley 33 de 1985 no previó la forma en que debía liquidarse la
prestación, lo cierto es que, en virtud de los principios de favorabilidad y la condición
más beneficiosa del trabajador, debe aplicarse el régimen anterior y atender el Decreto
1045 de 1978, que enlista las primas de navidad, servicios, técnica y vacaciones.

De igual manera, citó la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por el máximo
Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en la cual
explicó que la ley no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que están simplemente enunciados y no impiden
la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
servicios, tales como la bonificación por recreación, que fue recibida por el
demandante durante el último año de servicios.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

CAJANAL EICE en Liquidación presentó contestación y se opuso a las pretensiones
de la demanda. Consideró que los actos acusados fueron expedidos con observancia
de las normas constitucionales y legales que le eran aplicables.

Aseveró que los actos demandados atendieron la normativa que le resulta aplicable al
señor José Manuel Pineda. Así mismo, indicó que, dado que el pensionado adquirió
su derecho en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 22 de agosto de 2001, la
liquidación de la prestación se efectuó teniendo en cuenta los factores taxativamente
señalados en el Decreto 1158 de 1994.

Seguidamente, precisó que el hecho de que el demandante se encuentre en régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 implica que deben atenderse las normas
anteriores, esto es, la Ley 33 de 1985, en relación con la edad, el tiempo de servicio o
semanas cotizadas y el monto de la prestación. No obstante, en cuanto a las demás
condiciones, señaló que se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto

3
Para el efecto citó las siguientes sentencias:
Sentencia del 26 de febrero de 2009, radicado: 2500023250000200308992 01 (2559-2007)
Sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicado: 250002325000200200474 01 (1754-2006)
4
Folios 81 a 94 del cuad. 1 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

1158 de 1994 y, los factores salariales que se deben atender son aquellos sobre los
cuales el empleado efectivamente cotizó.

Propuso las siguientes excepciones:

• «INEXISTENCIA DEL DERECHO A RECLAMAR POR PARTE DEL
DEMANDANTE»: Consideró que resultan aplicables las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, dado que adquirió
su derecho pensional el 22 de agosto de 2001. De ahí que fueron incluidos en
la liquidación pensional solo aquellos factores previstos en las referidas normas.
Lo anterior implica que la entidad no adeuda suma alguna al trabajador.

• «COBRO DE LO NO DEBIDO»: Aseveró que el demandante pretende el pago
de emolumentos que no le corresponden por mandato legal.

• «BUENA FE»: Afirmó que la entidad demandada ha actuado de manera
honesta y con estricto cumplimiento del orden jurídico, los usos sociales y las
buenas costumbres.

• «INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Y LEGALES»: Sobre este punto indicó que CAJANAL EICE en Liquidación no
ha desconocido ni vulnerado los derechos fundamentales, económicos o
sociales del señor José Manuel Pineda.

• «PRESCRIPCIÓN FRENTE A LA SOLICITUD DE RELIQUIDACIÓN
PENSIONAL»: Aseguró que no existe mérito legal para acceder a los derechos
reclamados en la demanda comoquiera que estos se encuentran prescritos.
Como fundamento de esta excepción, citó las sentencias emitidas por la Corte
Suprema de Justicia el 15 de julio de 2003, radicado: 19557, y el 13 de agosto
de la misma anualidad, expediente: 2092, así como la providencia proferida por
el Consejo de Estado el 21 de septiembre de 1982.

• «PRESCRIPCIÓN DE DIFERENCIAS»: Solicitó que, en caso de acceder a las
súplicas de la demanda, se declaren prescritas las mesadas o la diferencia de
estas, no reclamadas dentro de los tres años que prevé la ley.

• «INNOMINADAS Y/O GENÉRICA»: Pidió declarar, de oficio, cualquier
excepción o hecho que se encuentre probado dentro del dossier.

Luego, en escrito separado, solicitó el llamamiento en garantía del Hospital San Juan
Bautista ESE de Chaparral, Tolima. Dicha petición fue admitida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué a través de auto del 12 de junio de 20135.

5
Folios 12 a 13 cuad, denominado «LLAMAMIENTO EN GARANTÍA HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA»
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Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6

El Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, mediante sentencia del 7 de marzo de
2014, resolvió: i) declarar infundada la excepción de prescripción; ii) declarar la nulidad
de las Resoluciones 34475 del 29 de septiembre de 2005 y PAP 039946 del 21 de
febrero de 2011; iii) condenar a la UGPP a reliquidar la pensión del demandante en el
75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, con inclusión
de todos los factores percibidos durante dicho lapso, esto es, además de la asignación
básica y la bonificación de servicios, las primas técnicas y de servicios, y, las doceavas
partes de las primas de navidad y vacaciones y iv) exonerar de responsabilidad a la
entidad llamada en garantía.

En primer lugar, consideró que las excepciones denominadas «INEXISTENCIA DEL
DERECHO A RECLAMAR POR PARTE DEL DEMANDANTE, COBRO DE LO NO
DEBIDO, BUENA FE e INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y LEGALES» deben ser resueltas en el fondo del asunto
comoquiera que discuten el derecho.

En segundo lugar, exoneró de responsabilidad al Hospital San Juan Bautista ESE de
Chaparral, a quien se vinculó como llamado en garantía, toda vez que, en su concepto,
la entidad demandada está en el deber de ejecutar las acciones administrativas y
judiciales tendientes a cobrar al empleador la cancelación de los aportes que hicieren
falta para cubrir la mesada del pensionado.

Luego, advirtió que, del material probatorio allegado al plenario, es claro que el señor
José Manuel Pineda está cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993. Por esa razón, la normativa aplicable para reconocer y liquidar la
pensión de jubilación es la contenida en la Ley 33 de 1985, modificada por el artículo
1 de la Ley 62 del mismo año. Adujo que dichas normas deben ser interpretadas de
conformidad con los principios de inescindibilidad y favorabilidad, en armonía con la
postura expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 20107.
Expuso que, según el criterio allí desarrollado, los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, a quienes les aplica la Ley 33 de 1985, tienen
derecho a que se liquide su pensión con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.

Por consiguiente, y con observancia del precedente fijado por el Máximo Tribunal de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ordenó liquidar la pensión del señor
José Manuel Pineda con inclusión de todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicio, entre el 28 de febrero de 2002 y el 28 de febrero de 2003, a
saber, además de la asignación básica y la bonificación por servicios, la prima de
servicios, la prima técnica y las doceavas partes de las primas de navidad y
vacaciones.

6
Folios 181 a 187 cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01 (0112-2009), actor: Luis Mario Velandia, demandado: CAJANAL.
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Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

Excluyó la bonificación por recreación, ya que por expresa disposición legal esta no
tiene carácter salarial, ni constituye una remuneración directa del servicio, sino que,
por el contrario, contribuye al adecuado desarrollo de uno de los aspectos de la vida
del empleado.

Finalmente, indicó que, frente a los factores reconocidos, la UGPP debe efectuar los
correspondientes descuentos en la proporción prevista por la ley, siempre que no
hubieran sido objeto de cotización alguna.

RECURSO DE APELACIÓN8

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la UGPP presentó recurso de
apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se negaran las pretensiones de la demanda.

La entidad, explicó que los actos objeto de nulidad fueron proferidos conforme lo
dispone la ley. Sostuvo que, si bien el demandante es beneficiario del régimen de
transición que prevé la Ley 100 de 1993 y, por ende, le son aplicables las disposiciones
contenidas en la Ley 33 de 1985 en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de
servicio y el monto, lo cierto es que ello no acoge el IBL. Como fundamento de su
argumento citó la sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema
de Justicia, y la providencia C-258 de 2013, emitida por la Corte Constitucional.

Así mismo, indicó que no es procedente incluir en la liquidación la bonificación por
recreación, pues conforme lo sostuvo el Máximo Órgano de Cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en proveído del 3 de febrero de 20119, aquella no
constituye factor salarial para efectos prestacionales, dado que el objeto de su
reconocimiento no es remunerar directamente la prestación del servicio del empleado,
sino contribuir con el adecuado desarrollo de uno de los aspectos de la vida del
servidor.

Por último, señaló que, en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda y
se ordene a la entidad reliquidar el derecho pensional, es necesario que el llamado en
garantía efectúe los aportes correspondientes frente a los factores salariales que se
deban incluir y respecto de los cuales nunca se efectúo cotización, con el fin de que
se pueda cumplir a cabalidad la condena.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN10

El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 3 de octubre de 2014,
mediante la cual confirmó la decisión adoptada por el a quo. Los argumentos que
sirvieron de fundamento fueron los siguientes.

8
Folios 193 a 199 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
9
Sección Segunda, Subsección B, radicado: 250002325000200701044 01 (0670-2010)
10
Folios 246 a 255 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Inicialmente, advirtió que el análisis se limitó a los puntos de inconformidad expuestos
en el recurso de apelación, de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del artículo 328
del CGP, normativa aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de
2011.

Luego, explicó que la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición, dentro del cual
se determina que la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas y el monto de la prestación de las personas que, al momento
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tengan 35 o más años de edad para las
mujeres o 40 o más años de edad si son hombres o 15 o más años de servicios
cotizados, será la prevista en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado el
trabajador, a saber, la Ley 33 de 1985; normativa que a su vez, en el artículo 1,
parágrafo 2, estableció un régimen de transición para los empleados oficiales que a la
fecha de entraba en vigencia de dicha norma hubieren cumplido 15 años de servicios.

De conformidad con lo anterior, consideró que el señor José Manuel Pineda es
beneficiario del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, comoquiera que
cuando esta entró en vigor el demandante acreditó 17 años de servicio, dado que se
vinculó el 22 de enero de 1968. Por consiguiente, estimó que su derecho debe
reconocerse con fundamento en la norma anterior sin fragmentación alguna.

Seguidamente, citó las sentencias del Consejo de Estado del 21 de septiembre de
200611, 21 de marzo de 200912, 9 de julio de 200913 y 4 de agosto de 2010, dentro de
las cuales se definió que son tres los aspectos que deben tenerse en cuenta para
liquidar la mesada pensional de los beneficiarios del régimen de transición, estos son:
edad, tiempo de servicio y factores salariales. En consecuencia, afirmó que se debe
observar la relación de emolumentos contenida en el Decreto 1045 de 1978, y que, en
virtud de los principios de inescindibilidad, progresividad y la condición más
beneficiosa, la liquidación debía incluir todos los factores salariales percibidos por el
trabajador de manera habitual y periódica como retribución directa de sus servicios,
independientemente de su denominación.

Así las cosas, concluyó que el demandante tiene derecho a que se reliquide la pensión
de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el
año inmediatamente anterior a la fecha de retiro del servicio, esto es, además del
sueldo básico y la bonificación por servicios, la prima técnica, la prima de servicios y
las doceavas partes de las primas de navidad y vacaciones, previa deducción de los
descuentos por aportes que dejaron de efectuarse. Con exclusión de la bonificación
por recreación porque no tiene carácter salarial.

Por último, en relación con los argumentos expuestos sobre el llamamiento en
garantía, resaltó que en la demanda se solicita la nulidad de los actos administrativos
que negaron la reliquidación pensional, por lo que al acceder a las pretensiones no se
podrá vincular más que a la entidad que los expidió, es decir, no habrá lugar a
condenar en el sub lite a quien fue el empleador del pensionado, pues el fondo

11
Sección Segunda, Subsección A, no aporta más datos.
12
Sección Segunda, Subsección B, expediente: 0525-2008, no aporta más datos.
13
Sección Segunda, Subsección B, radicado: 250002325000200404442 01 (0208-2007)
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Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

pensional tiene la responsabilidad de verificar si se han efectuado los aportes
respectivos, previo al reconocimiento, y, en caso de que no se hayan realizado,
ejecutar las acciones administrativas y judiciales para subsanar dicha falencia.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN14

La UGPP presentó acción de revisión de la providencia que ordenó el pago de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. «Revocar» la sentencia del 7 de marzo de 2014 proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué, confirmada el 3 de octubre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del proceso ordinario instaurado por José Manuel
Pineda en contra de la extinta CAJANAL EICE, bajo el radicado:
730013333005201200008.

2. Declarar que el señor José Manuel Pineda no es acreedor de un derecho
adquirido, en cuanto a la liquidación de su pensión.

3. Ordenar que la pensión del señor José Manuel Pineda se liquide conforme a las
reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, y los autos 326
de 2014 y 229 de 2017, proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. De
acuerdo con aquellas providencias, se debe adoptar como ingreso base de liquidación
las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Los factores base de cotización son los
taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
expresamente consagren la condición de factor salarial con incidencia pensional.

A continuación, estimó que la decisión objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6,
121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política, la Ley 33 de 1985, Ley 100 de 1993,
el Decreto 1158 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005, así como la interpretación
que ha dado la Corte Constitucional sobre el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición.

En sustento de lo anterior, argumentó que la providencia en mención vulneró el debido
proceso pues la reliquidación pensional que se ordenó no atiende la normativa y
jurisprudencia aplicable, generándose con ello un aumento en la mesada, que trae
consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del sistema general
de seguridad social en pensiones que la Nación debe administrar.

14
Folios 1 a 10 del cuad. ppal. parte 1.
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Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

Bajo esa línea argumentativa, expuso que el derecho pensional excede lo debido de
acuerdo con la ley, al acceder a una liquidación pensional en contravía de lo dispuesto
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, explicó que el señor José
Manuel Pineda al estar cobijado por el régimen de transición, dado que tenía más de
47 años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de
Seguridad Social, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones
de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985. No obstante, el
IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Destacó que así lo ha interpretado la Corte Constitucional en reiterados
pronunciamientos, que se constituían en precedente obligatorio para los jueces de
instancia.

Así mismo, aseguró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera del
sistema, pues ordena incluir valores que no corresponden a los enlistados en la Ley
33 de 1985 y demás normas concordantes, e igualmente, aumenta en un
0,30437522118 la mesada pensional del demandado, sin que exista justificación legal
ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la mesada actual es de $3.295.369
cuando debía equivaler a $2.292.340, con lo cual se genera una diferencia de
$1.003.028. En su criterio, tal situación permite observar que se configura un abuso
palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento del precedente de la
Corte Constitucional.

En ese sentido, expuso que teniendo en consideración la edad del pensionado y las
201 mesadas que deberán pagarse, es claro que se genera un detrimento al erario en
tanto que la proyección de los pagos futuros debidamente indexados asciende a un
total de $242.221.897.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN

El señor José Manuel Pineda no contestó la acción de revisión, tal como se observó
en el auto del 26 de marzo de 202115.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .16. Para el caso en
concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia para resolver el

15
Índices 14 y 17 del sistema informático SAMAI.
16
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
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recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201917.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:

«Las providencias judiciales que en cualquier18 hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]» (Se subraya)

Ahora, es necesario precisar que la UGPP formuló la demanda de revisión en contra
de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de
Ibagué el 7 de marzo de 2014. Sin embargo, en esta oportunidad corresponde aplicar
la regla de competencia sobre el recurso extraordinario contra la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima, del 3 de octubre de 2014, por ser la de mayor jerarquía, en
la que se analizó el punto que es objeto de debate en la acción de revisión. Es decir,
se asumirá el conocimiento por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, de acuerdo con el artículo 249 del CPACA.

Legitimación de la acción de revisión

Antes de abordar el fondo del asunto, conviene señalar sobre la legitimación de la
UGPP para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado
reconocer pensiones, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016
definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión19, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta

17
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
18
Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 2003.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744-00, demandante: UGPP.
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Demandante: UGPP

Subsección20.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.

Oportunidad de la acción de revisión

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 3 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima quedó ejecutoriada el 14 de octubre de 201421. Así las
cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 4 de octubre de 201922, se
concluye que aquella se encuentra en tiempo.

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 23 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
21
Tal como se observa a folio 261 vuelto del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho la sentencia se notificó el 8 de octubre de 2014.
22
Folio 402 vuelto cuad. ppal.
23
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
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de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 24

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

 Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación25.

 Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones26.

 Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira27.

 De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho

24
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
25
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
26
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

 Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia28.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar la liquidación de la pensión del señor José Manuel
Pineda, cobijado por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, atendiendo el
ingreso base de liquidación de las normas anteriores a ella y con los factores señalados
por el Decreto 1045 de 1978 y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: 1) La causal de revisión
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 2) La causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 3) Las normas que en
materia pensional rigieron antes de la Ley 33 de 1985, 4) El régimen de transición de
la Ley 33 de 1985, y 5) verificación de las causales de revisión invocadas en el caso
particular y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso» .

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia29. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son30:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
29
Ver: Sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
30
Sentencia C-341 de 2014.
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(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales 31, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias32 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Verificación de la causal de revisión invocada

Se observa que, en criterio de la entidad, la providencia objeto de revisión vulneró el
debido proceso al acceder a la reliquidación de la pensión del aquí demandado, en un
monto del 75% de los salarios y factores percibidos en el último año de servicios, como
lo establece la Ley 33 de 1985, desconociéndose la interpretación que sobre el IBL
efectuó la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-

31
Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
32
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
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230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017,
y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017. En dichas providencias, se precisó que
aquellos empleados beneficiarios del régimen de transición conservarían los requisitos
de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión del régimen anterior, pero el IBL
sería el establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, se debe señalar que el argumento expuesto no está referido a alguno de
los aspectos sobre jurisdicción y competencia, los derechos de audiencia, de defensa
y contradicción o a la valoración probatoria relacionados con el reconocimiento
pensional, sino al desacuerdo en la interpretación de las normas que hizo el ad quem
para el cálculo de la prestación. En su sentir, se omitió la aplicación del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 así como de las sentencias de la Corte Constitucional que
abordaron el tema, lo cual condujo a que su cuantía excediera lo debido de acuerdo
con la ley, cuestión que hace referencia a la causal contenida en el literal b.) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 y que pasa a estudiarse.

Por tanto, para definir si se configura la causal contemplada en el literal a.) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, es necesario verificar la configuración de la causal contenida
en el literal b.) de la norma en mención.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. ». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»33. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
el señor José Manuel Pineda debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de
liquidación previsto por las normas anteriores a la Ley 33 de 1985, con los factores
señalados por el Decreto 1045 de 1978 y, no el contenido en el inciso 3.° del artículo
36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados
por el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación
que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido

33
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema
general de seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito, se analizarán las normas pensionales anteriores a la Ley
33 de 1985, las posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado; y con fundamento en ello, se estudiará la configuración de la causal de
revisión invocada en el caso concreto.

El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del
régimen de transición de la Ley 33 de 1985

El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los empleados
oficiales, es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales, según el cual aquellos
que hubiesen prestado 20 años de servicio, continuos o discontinuos y cumpliesen 55
años de edad, tendrían derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio.

Del anterior régimen, se excluyó a aquellos empleados oficiales que trabajaran en
actividades que por su naturaleza justificaran una excepción previamente determinada
por la Ley o, a quienes disfrutaran de un régimen especial en pensiones.

Por su parte, el artículo 3 de la citada ley, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de
1985, indicó que la base de liquidación para los aportes proporcionales a la
remuneración del empleado oficial, estaría constituida por los siguientes factores:
«asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio».

Asimismo, agregó que, en todo caso «[…] las pensiones de los empleados oficiales
de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes […]».

Ahora bien, el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 creó un régimen de
transición según el cual:

i) quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15 años de
servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad que regía en
normas anteriores; y

ii) quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se encontrasen
retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada ley obtendrían la
pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres y 55 en el de
los hombres, la cual se reconocería y pagaría de conformidad con las normas vigentes
a la fecha de retiro.

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Según lo anterior, quienes al 13 de febrero de 1985 tuviesen 15 años de servicio o
más, tendrían como prerrogativa la posibilidad de pensionarse con la edad prevista en
la norma anterior; y quienes ya tuviesen 20 o más años de servicio, estuviesen
retirados y solo les faltare la edad para obtener el estatus pensional, tendrían derecho
a pensionarse con la norma que regía al momento del retiro.

Respecto a la primera regla transicional contenida en la Ley 33 de 1985, es pertinente
señalar que la Ley 6ª de 1945, en el artículo 17, previó una pensión de jubilación para
los empleados oficiales equivalente a las dos terceras partes del promedio de los
sueldos devengados en el último año de servicio para quienes acreditaran 50 años de
edad y 20 de servicio, continuos o discontinuos. Esta fue modificada en primer lugar
por el artículo 3.° de la Ley 65 de 1946, y posteriormente por el artículo 4.° de la Ley
4.ª de 1966, este último en el sentido de que la pensión sería equivalente al 75% del
promedio mensual obtenido en el último año de servicio.

En ese sentido, a partir de la Ley 4 de 1966, los empleados oficiales tendrían derecho
a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio mensual
de lo devengado en el último año de servicios, siempre que cumplieran 50 años de
edad y 20 de servicio al Estado.

Luego, el Decreto Ley 3135 de 1968, por el cual se previó la integración de la
seguridad social entre el sector público y el privado y se reguló el régimen prestacional
de los empleados públicos y trabajadores oficiales, dispuso, en el artículo 27, que
aquellos que sirvieran al Estado por 20 o más años, continuos o discontinuos, y
cumpliesen 55 años en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres, tendrían
derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

De lo anterior se infiere que el Decreto Ley 3135 de 1968 únicamente modificó lo
concerniente a la edad para acceder al derecho pensional, respecto de los hombres,
quienes podrían obtener el estatus una vez cumplieran los 55 años de edad, mientras
que no hubo cambio respecto a la situación jurídica de las mujeres.

Por consiguiente, la norma aplicable a los beneficiarios de la primera parte del
parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 es el artículo 27 del Decreto Ley
3135 de 1968, que previó que la edad para obtener el beneficio pensional se reitera,
sería de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, por cuanto esta era la norma
pensional anterior.

Ahora bien, en lo atinente a la forma como se debe aplicar el régimen de transición al
que alude el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, se discutió si, conforme a la
interpretación literal de la norma, se garantiza el acceso a la prestación con la edad
regulada en la norma anterior; o si también se debe emplear el régimen anterior en su
integridad, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma.

Esta Corporación acogió esta última posición, según la cual las personas beneficiadas
con la transición regulada en la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la
Ley 33 de 1985 tendrían derecho a pensionarse en los términos del Decreto 3135 de

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Radicado: 110010325000201900729 00 (5559-2019)
Demandante: UGPP

1968, es decir, con 20 años de servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos;
55 años de edad en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio 34.

Así las cosas, y teniendo en consideración que ni la Ley 6 de 1945 ni el Decreto 3135
de 1968 previeron los factores para tener en cuenta para efectos de determinar la
base de liquidación de la pensión de jubilación, varios pronunciamientos acudieron a
lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y de
carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al momento
de liquidar las pensiones. Dicho criterio fue acogido por esta corporación, entre otras,
en las sentencias del 19 de noviembre de 200935 y del 16 de diciembre de 200936.
Específicamente en la última de ellas precisó:

«[…] El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición
consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años
a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del
régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación
de la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores
salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la
pensión de jubilación […]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como
principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores,
que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por
su naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues
aplicar dos normas legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación
de una misma pensión, como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio
de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe la aplicación parcial de las normas
legales. […]» (Se subraya)

Ahora, comoquiera que en el presente asunto no se discute que el demandado
consolidó su derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, es pertinente
señalar que, en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en estas condiciones,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha sido
pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del régimen
de transición o no, como pasa a exponerse:

34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicación:
700012333000-2013-00268-01 (3551-2014), demandante: Leonor Guerra Vergara, demandada: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.
Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 28 de mayo de 2020, radicación:
44001-23-33-000-2013-00171-01 (1947-15), actor: Rosa Elena Baquero de Munive, demandado:
Unidad Administrativa Especiad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villareal,
demandado: Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).

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Demandante: UGPP

• Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con la diferenciación que hacía la norma
original entre trabajadores del sector público y del sector privado. En aquella
oportunidad no fijó ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de
transición. Posteriormente, la misma Corporación, a través de sus salas de revisión de
tutelas, emitió una serie de pronunciamientos según los cuales el ingreso base de
liquidación se encontraba inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía
entenderse que en este aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley
100 de 1993. Así se indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169
de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de
2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T-019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).

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A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última 37 la
Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que
ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales
previstos por los Decretos 546 de 197138 y 929 de 197639. Consideró que la regla
general de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100
de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas
especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258 de 2013 que precisó que la
transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba
afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo
de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de
liquidación.

• Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 201040 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.

37
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
38
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
39
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.»

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Verificación de la causal de revisión invocada

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003

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El señor José Manuel Pineda nació el 22 de agosto de 194641. Laboró en el Hospital
San Juan Bautista de Chaparral, Tolima, desde el 22 de enero de 1968 hasta marzo
de 200342.

En consecuencia, para el 13 de febrero de 1985 había prestado servicios al Estado
por más de 17 años, razón por la cual se encontraba cobijado por la primera parte del
parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, es decir, que tenía derecho a que
se le respetara la edad pensional prevista en la norma anterior.

La jefe de Departamento Financiero del Hospital San Juan Bautista de Chaparral,
Tolima, certificó que el señor José Manuel Pineda43 devengó los siguientes
emolumentos durante el último año de servicio, de marzo de 2002 a marzo de 2003:

• Sueldo
• Prima técnica
• Prima de servicios
• Prima de navidad
• Indemnización vacaciones 2001-2002-2003
• Bonificación por servicios
• Doceava de vacaciones
• Prima de vacaciones
• Bonificación por recreación

Por medio de la Resolución 14645 del 13 de junio de 200244 el subdirector general de
Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social EICE le reconoció
una pensión de vejez al señor José Manuel Pineda, a partir del 1 de septiembre de
2001, condicionada al retiro del servicio. La liquidación de la prestación la efectuó con
el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 7 años y 5 meses de servicio,
esto es, entre el 1 de abril de 1994 al 30 de agosto de 2001, de conformidad con lo
establecido en la Ley 100 de 1993. Los factores que tuvo en cuenta en el cálculo de la
mesada fueron: asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima de
antigüedad. El estatus jurídico lo adquirió el 22 de agosto de 2001.

Posteriormente, mediante Resolución 34475 del 29 de septiembre de 200545, el
gerente general de CAJANAL EICE reliquidó la mesada pensional a partir del 1 de
marzo de 2003. La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del salario
promedio devengado entre el 1 de abril de 1994 y el 28 de febrero de 2003, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Los factores que tuvo en cuenta
en el cálculo de la mesada fueron: asignación básica, bonificación por servicios
prestados y prima de antigüedad (1998).

41
Tal como consta en la cedula de ciudadanía obrante a folio 4 del cuad. ppal. del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
42
Folios 5 a 14 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Obra constancia
expedida el 20 de junio de 2003 por la jefe del Departamento Financiero del Hospital San Juan
Bautista de Chaparral, Tolima.
43
Folios 5 a 14 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
44
Folios 15 a 19 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
45
Folios 20 a 24 ibidem.

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La anterior decisión fue confirmada por el liquidador de la Caja Nacional de Previsión
Social, EICE, en Liquidación a través de la Resolución PAP 039946 el 21 de febrero
de 2011, al desatar el recurso de reposición.

El Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, en sentencia del 7 de marzo de 2014, le
ordenó a la UGPP reliquidar la pensión en favor del señor José Manuel Pineda, así46:

«[…]
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de PRESCRIPCION, de
conformidad con lo expuesto en [la] parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No 34475 del 29 de
septiembre de 2005 por medio del cual se reliquidó la pensión de vejez del señor
José Manuel Pineda, sin incluir todos los factores salariales que percibió en el
último año de servicios y la nulidad de la Resolución No PAP 039946 del 21 de
febrero de 2011, se confirmó la anterior.

TERCERO: Como consecuencia [de] lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP- a revisar, reliquidar y pagar la pensión de jubilación del señor
JOSÉ MANUEL PINEDA, en el equivalente al 75% del monto total de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, incluyendo además de
la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, la prima técnica y de
servicios y las doceavas partes de las Primas de Navidad y Vacaciones, sumas
establecidas [que] deberán incluirse en nómina e indexarse conforme a la fórmula
referida en [la] parte motiva.

CUARTO: ORDENAR el descuento de los aportes correspondientes a los factores
salariales a incluir como base del quantum pensional respecto de aquellos en los
cuales no se haya efectuado la deducción legal correspondiente.

QUINTO: Exonerar de responsabilidad a la entidad llamada en garantía en el
presente asunto, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
[…]» (Ortografía, negrillas y gramática del texto original)

Por su parte, la sentencia del 3 de octubre de 2014 del Tribunal Administrativo del
Tolima47, objeto de la presente acción de revisión, confirmó lo resuelto por la
providencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

«[…] En ese estado de cosas, para la fecha de entrada en vigencia la Ley 100 de
1993 (1º de abril de 1994), el demandante efectivamente se encontraba en régimen
de transición puesto que reunía los dos requisitos exigidos por ésta norma, ya que
contaba con 48 años de edad y más de 15 años de servicios, de tal manera que
efectivamente le era aplicable, en principio, la ley 33 de 1985; la cual dispuso en
su artículo 1º:

“ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho
a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio

46
Folios 181 a 187 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
47
Folios 246 a 255 del cuad. 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio….”
(Negrilla de la Sala)

Así mismo en el Art. 1º parágrafo 2º ibídem, se estableció el régimen de transición
de dicha Ley, así:

“PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.”

De cara a lo anterior, se puede determinar que al señor JUAN MANUEL PINEDA,
ha de aplicársele el régimen de transición determinado en el parágrafo 2 del
artículo 1 de la Ley 33 de 1985, como quiera que cuando entró en vigencia dicha
normativa, la (sic) accionante contaba con 39 años de edad y 17 años de servicio,
pues se vinculó el día 22 de enero de 1968. (F. 05 cuaderno principal)

Ahora bien, cuando se habla que el señor JUAN MANUEL PINEDA, se encontraba
en el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, habrá de concluirse que lo remite
al régimen pensional anterior a dicha Ley, no solo en el tema de la edad sino
también al tiempo de servicio y sobre los factores salariales a tener en cuenta.

Respecto a lo anterior, el Honorable Consejo de Estado ya tuvo oportunidad de
pronunciarse precisando que son los tres aspectos: edad, tiempo de servicio y
factores salariales a tener en cuenta, en un caso similar y de perfecta aplicación al
caso concreto, donde finalmente se ordenó aplicar los factores salariales que
establece el decreto leu 1045 de 1978:
[…]
Sobre el particular, también se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional
en sentencia C-168/95 […]

En esa dirección, se pronunció el Honorable Consejo de Estado aplicando al caso,
el régimen de transición, que nos remite a los factores salariales que establece el
decreto ley 1045 de 1978, ordenando incluir todos los factores, inclusive el factor
salarial “al fomento al ahorro” como factor salarial para tener en cuenta en la
pensión así:

“Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como
principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores,
que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su
naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación”

Ulteriormente nuestro órgano de cierre, mediante sentencia de fecha 04 de agosto
de 2010 […] Radicación número: 2006-07509-01 (0112-09), decidió unificar la
jurisprudencia en torno a este tema, señalando cuáles factores salariales son los
que se deben tener en cuenta a la hora de establecer el ingreso base de liquidación
pensional, así:

“… la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación
arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengaos por el trabajador durante el último año e prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que al analizar la
interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma
anterior que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para
efectos de liquidar las cesantías y las pensiones, - de quienes se les aplica la Ley 6
de 1945 […]”

Teniendo como premisa el marco normativo vigente y la directriz jurisprudencial
trazada por la Sección Segunda del Máximo Tribunal Contencioso Administrativo
en los aludidos fallos se puede concluir que para establecer la cuantía de las
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pensiones de los servidores públicos se deben tener en cuenta todos los factores
que constituyen salario, es decir, todas aquellas sumas percibidas por el trabajador
de manera habitual y periódica, como retribución directa de sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé.

En efecto, las normas anteriores a la ley 33 de 1985, en referente a la edad para
la pensión de jubilación, no son otras que el decreto 1848 de 1969, reglamentario
del decreto 3135 de 1968 […]

Ahora, con respecto a los factores salariales a tener en cuenta, en nuestro caso, a
fin de liquidar la pensión de jubilación reconocida, es el decreto 1045 de 1978,
artículo 45 […]

Ahora bien, como puede observarse de la constancia expedida por la Jefe del
Departamento Financiero del Hospital San Juan Bautista de Chaparral Tolima (F.5
– 14 cuaderno principal), el señor JOSE MANUEL PINEDA, devengó en el último
año de servicios, asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima
técnica, prima de servicios, las doceavas partes de la prima de navidad y de
vacaciones y bonificación por recreación.

En tal virtud, en el caso sub examine el demandante tiene derecho a que se le
reliquide la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro del servicio
(2002-2003), esto es, teniendo en cuenta además del sueldo básico y la
bonificación por servicios, ya reconocidos, la prima técnica, la prima de servicios,
las doceavas partes de las primas de navidad y vacaciones, previa deducción de
los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse.

Respecto a la bonificación recreación, no es procedente incluirla dentro de los
factores salariales, como quiera que no tiene tal connotación, pues el objeto de
dicho reconocimiento no es remunerar directamente la prestación del servicio del
empleado sino, por el contrario, contribuir al adecuado desarrollo de uno de los
aspectos de la vida del mismo como lo es la recreación, razón por la cual, es
totalmente valido afirmar que no (sic) se trata de una prestación social, tal y como
lo ha establecido nuestro máximo órgano contencioso.
[…]
RESUELVE
Primero: CONFÍRMASE la sentencia apelada proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el día siete (07) de marzo de dos mil
catorce (2014), de conformidad a los razonamientos expuestos en [la] parte motiva
de la presente sentencia. […]»

Análisis de la Subsección

En primer lugar, se advierte que, en las pretensiones, la UGPP solicitó que se atiendan
las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstos en la Ley 33 de 1985,
sin embargo, el juez de segunda instancia tuvo en cuenta los Decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969, bajo el argumento de que el pensionado es beneficiario del régimen
de transición contenido en la Ley 33 de 1985, ciertamente, para la fecha en que esta
entró en vigor, el señor José Manuel Pineda contaba con 17 años y 22 días de servicio.

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que la sentencia acusada no se remitió
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, en la medida que el pensionado era
beneficiario de su régimen de transición. De ahí que se ajustaron a los mandatos de
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, aspecto frente al cual la entidad no
presentó reparo particular alguno.

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Demandante: UGPP

En segundo lugar, la UGPP estimó que, en la reliquidación de la pensión del aquí
demandado, debió atenderse el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993, norma vigente para el momento en el que se consolidó el estatus pensional,
al considerar que el ingreso base de liquidación no resultaba objeto de transición.
Como sustento de ello, solicitó adoptar el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional.

De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación

Para abordar el anterior planteamiento, es de anotar, que para el momento en el que
se produjo la decisión, la posición adoptada por el Consejo de Estado, en relación con
el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto
de 201048, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley.

Ahora, en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se cita como
desconocida, se tiene lo siguiente:

En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se estudiaron los
siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto: i)
constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 199349 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el
artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales excede
la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de
quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas
a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política
social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25 que ordena dar
especial protección al trabajo.

Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público. Ciertamente, mientras para los primeros se toma como
base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los
segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año. Tal
desigualdad contraría el artículo 13 de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.

48
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
49
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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En cuanto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección estima
importante precisar que, en esta providencia, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados
al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el
beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes
cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen
difiere del que rige el derecho pensional del aquí demandado quien no es beneficiario
de dicha normativa especial.

Ahora, en relación con las demás providencias invocadas, a saber, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018
y los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017, se advierte que estas no se habían emitido
aún, por lo que no podían ser tenidas como precedente para la expedición de la
sentencia bajo análisis, pues tampoco se le dio efecto retrospectivo a ninguna de ellas.

En todo caso, también es de resaltar que la Corte Constitucional, a través de sus salas
de revisión50, sostuvo que el beneficio de la transición pensional consistía en acatar en
su integridad las condiciones del régimen anterior. En consecuencia, el ingreso base
de liquidación se entendía incluido en el régimen de transición 51. Por esa razón, se
admitía que la liquidación debía efectuarse sobre el promedio de lo devengado en el
último año de servicios.

De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación

En la acción de revisión, la UGPP circunscribió su argumento a discutir que, para
calcular el IBL del pensionado, debieron atenderse las disposiciones contenidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores descritos en el Decreto
1158 de 1994, en armonía con la jurisprudencia que sobre el asunto ha desarrollado

50
Sobre este tema se pueden ver, de la Corte Constitucional las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de
2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
51
Se resalta lo considerado en la sentencia T-631 de 2002, en la que la Corte Constitucional se refirió
al ingreso base de liquidación que debía atenderse en los casos de las personas que se encontraran en
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así: «[…]El monto de la pensión se calcula sobre una base
y de allí se saca un porcentaje. No se puede entender el uno sin el otro. Esa base, en la teoría de la
seguridad social, se denomina indistintamente como base reguladora, haber regulador, salario
jubilatorio o haber jubilatorio. Tratándose de regímenes especiales, se tendrá en cuenta la base
reguladora y el porcentaje que señalen específicamente tales regímenes. Es imposible desvertebrar el
efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente
tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546/71 y la base reguladora es la
señalada en la ley 100 de 1993. Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne
los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto
546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es
afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. […]». Esta tesis fue reiterada en las sentencias T-1000
de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009, T-610 de 2009.
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la Corte Constitucional, sin exponer reparos frente a algún emolumento en particular,
por lo que la Subsección restringe su análisis a ello.

Así pues, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que, en lo atinente a la
inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, el criterio acogido
por el juez de instancia fue el sostenido para la época por el Consejo de Estado, según
el cual, en aplicación integral e inescindible de la norma pensional, aquellos
trabajadores beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 tendrían
derecho a que su mesada pensional se liquidara de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Decreto 1045 de 1978, en cuanto a los emolumentos que debían
computarse en la base de liquidación de la prestación. En otras palabras, se debían
tener en cuenta todos los factores devengados por el trabajador durante el último año
de servicios, tal y como lo resolvió el ad quem.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Tolima en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa
aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis según la cual en el IBL
se deberán incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicios que
fueron certificados por la jefe del Departamento Financiero del Hospital San Juan
Bautista de Chaparral, Tolima 52. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión
haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada, máxime cuando las decisiones
proferidas por la Corte Constitucional, que la UGPP considera desconocidas, no se
habían emitido.

Con todo, es importante indicar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente al
ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo, en
dicha providencia también se delimitó su alcance para señalar que « No puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han
sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley […]». Además, expuso que sus efectos vinculantes se extendían a los casos
pendientes de solución en sede administrativa y judicial, mientras que aquellos
respecto de los cuales hubiera operado la cosa juzgada resultan inmodificables. Así
las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede extender al presente
caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio vigente para la época.

Así las cosas, no se demostró la vulneración de las Leyes 33 de 1985, 100 de 1993 y
del Decreto 1158 de 1994, citadas como desconocidas por la UGPP en el escrito
contentivo de la acción de revisión, en consideración a que la interpretación que la
sentencia cuestionada impartió se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la
época en el Consejo de Estado y a los principios de progresividad, favorabilidad e
inescindibilidad.

Por las razones expuestas, es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, esta posición

52
Folios 5 a 14 del cuad. ppal. del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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permite salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica 53

De esta manera, comoquiera que no se configura la causal del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, tampoco se configura la del literal a), lo cual lleva a que se
declare infundada la acción de revisión interpuesta.

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al reconocer la pensión de José Manuel
Pineda atendiendo las normas anteriores a la Ley 33 de 1985, con los factores
señalados por el Decreto 1045 de 1978 , esto es, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios, incluyendo, además de
la asignación básica y la bonificación por servicios, la prima técnica, la prima de
servicios, y las doceavas de las primas de navidad y de vacaciones.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 3 de octubre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima por medio de la cual se confirmó la
orden de reliquidación pensional en favor del señor José Manuel Pineda.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación54 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado, a lo que se agrega que no se probó su causación.

53
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).

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Demandante: UGPP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP
contra José Manuel Pineda, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima el 3 de octubre de 2014 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 730013333005201200008.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de
origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y
archívese el expediente de la acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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