Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00730-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00730-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00730-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00730-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: María Edelay Perdomo Rojas
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
_____________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila del 22 de septiembre de 2014,
a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Neiva, el 28 de febrero de 2013, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado judicial, solicitó
infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila del 22 de septiembre de 2014,
a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Neiva, el 28 de febrero de 2013, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por la señora María
Edelay Perdomo Rojas contra la extinta CAJANAL, hoy UGPP, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 41 001 33 31 701 2012 00020 01.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que la señora María Edelay
Perdomo Rojas, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora
de un derecho adquirido amparado por la legislación colombiana; y ii) ordenar la
reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y
los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional.1
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente, señaló los siguientes:
i) El 18 de noviembre de 1953, nació la señora María Edelay Perdomo Rojas. Prestó
sus servicios desde el 17 de noviembre de 1975 hasta el 30 de junio de 2000, en el
Hospital Universitario de Neiva y ocupó como último empleo el de operaria de servicios
generales.
ii) El 26 de octubre de 2010, a través de la Resolución 21636 la extinta Caja Nacional
de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la señora Perdomo
Rojas, en cuantía de $ 435.812.64, a partir del 18 de noviembre de 2008, condicionada
a la acreditación del retiro definitivo del servicio.
iii) El 23 de marzo de 2012, CAJANAL emitió la Resolución UGM 039626 mediante la cual
reliquidó la pensión de jubilación de la demandada en la suma de $ 569.059, desde el
18 de noviembre de 2008, condicionada a la acreditación del retiro definitivo del servicio.
iv) El 28 de febrero de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Neiva, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a
las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora María Edelay Perdomo Rojas
contra CAJANAL, en los siguientes términos:2
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
1 La entidad demandante cita las Sentencias C-168 de 1995, C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015, SU-427 de
2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y T-039 de 2018 y los Autos 326
de 2014 y 227 de 2017. Folio 1 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
2 Folios 153 reverso al 160 anverso del cuaderno 1 y expediente digital del proceso ordinario visible a índice 11
de la plataforma SAMAI.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo negativo por la no respuesta al derecho de petición formulado por la actora el
día 02 de agosto de 2011, en aras de obtener la reliquidación de su pensión reconocida
mediante Resolución N° PAP 021636 del 26 de octubre de 2010.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se ordena a la CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL EICE en liquidación, reconocer y pagar a la señora
MARIA EDELAY PERDOMO ROJAS, el valor del reajuste de su pensión de jubilación, en
cuantía del 75 % del promedio mensual obtenido en el último año de servicios (30 de junio
de 2000), teniendo en cuenta los factores ya computados en la Resolución No. PAP021636
del 6 de octubre de 2010 - asignación básica, dominicales y feriados, horas extras,
bonificación por servicios prestados- y con la inclusión actual pertinente del Auxilio de
Alimentación, Auxilio de Transporte, Prima de servicios, Prima de navidad, Prima de
vacaciones, que son computables en materia pensional y demás que estén acreditados como
devengados y que sirvieron de base para los aportes durante el último año de servicio.
Así mismo, la entidad accionada pagará a la actora el valor de las diferencias que resultaren
a su favor después de efectuada la reliquidación, según lo expuesto en la parle motiva de
esta providencia.
El reconocimiento pensional judicial, dado que la parte actora tiene derecho al mismo, debe
hacerse desde la fecha de terminación de los últimos servicios certificados relevantes,
condicionado su goce a la prueba de la desvinculación efectiva del servicio de la accionante.
De dichas sumas se descontará el valor de los aportes que por ley corresponda hacer al
pensionado (sic).
[...] QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado original del
texto).
vi) El 22 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Octava de
Decisión emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar la
providencia expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Neiva.3
vii) La UGPP a través de las Resoluciones RDP 018167 del 8 de mayo de 2015, RDP
010314 del 22 de marzo y RDP 016060 del 4 de mayo de 2018, dio cumplimiento a la
referida providencia.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
3 Folios 160 reverso al 166 del cuaderno 1 y expediente digital del proceso ordinario visible a índice 11 de la
plataforma SAMAI.
3
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Octava de Decisión, el 22 de septiembre de
2014,4 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar la providencia
expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Neiva, el 28 de
febrero de 2013, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
i) El a quo resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda porque
encontró acreditado que la demandante es beneficiaria del régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993, y por ende le es aplicable en su integridad la Ley 33
de 1985, debido al principio de inescindibilidad de la norma.
Así las cosas, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la actora en el
equivalente al 75 % del promedio mensual obtenido en el último año de servicio,
teniendo en cuenta los factores ya computados en la Resolución PAP 021636 del 6 de
octubre de 2010 (asignación básica, dominicales y feriados, horas extras, bonificación
por servicios prestados) y además, los auxilios de alimentación y de transporte y las
primas de servicios, de navidad y de vacaciones; las cuales sirvieron de base para los
aportes durante el último año de servicio.
ii) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo de
Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario,
debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas
que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del
servicio.
iii) En atención a la referida providencia de unificación, a los beneficiarios del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicárseles en
su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, es
decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
4 Folios 160 reverso al 166 del cuaderno 1 y expediente digital del proceso ordinario visible a índice 11 de la
plataforma SAMAI.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado
2500023250002006-0750901 (0112-09).
4
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
iv) En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben
incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio, conforme lo
ordenó el a quo.
v) En ese orden, se impone confirmar la sentencia apelada en tanto ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Perdomo Rojas, en los términos
expuestos.
1.2. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes
argumentos:
i) El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte
Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se
desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los
principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121,
123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
ii) En el expediente se acreditó que la señora Perdomo Rojas es beneficiaria del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, le
es aplicable la Ley 33 de 1985.
En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas
por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se
encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de
vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley
100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de
jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En ese sentido,
5
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
se ha pronunciado la Corte Constitucional,6 criterio que constituye precedente
obligatorio.
iii) El juzgador desconoció las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, 7 en la
medida en que otorgó un aumento en la mesada pensional al incluir en el ingreso base
de liquidación factores salariales adicionales a los contenidos en el Decreto 1158 de
1994, lo que implica el incumplimiento de los deberes sociales que tiene a cargo el
Estado, comprometiendo recursos públicos con una causa ilegítima, en perjuicio de los
demás asociados.
Dicho de otra manera, el Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los
cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoquiera
que, se insiste, adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.
iv) La mesada pensional devengada por la señora Perdomo Rojas se incrementó sin
que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta
gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional toda vez que contribuye
a aumentar para el caso en concreto en un 0,44676338602 % aquella mesada.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte
demandada guardó silencio.8
6 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258
de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de
2018 y T-039 de 2018.
7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258
de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de
2018 y T-039 de 2018.
8 El 29 de septiembre de 2022, mediante auto la Sección Segunda de esta corporación, entre otras cosas,
resolvió a. relevar al abogado Nicolás Garzón López, como curador ad litem; b. nombrar a la señora Gladys
Cuellar Perdomo como curadora ad litem de la demandada. Folio 453 del cuaderno 3.
Por su parte, tras el sistema SAMAI y el expediente físico de la acción especial de revisión de la referencia, se
observa que la mencionada curadora ad litem, guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 18 de julio de 2023,
la Secretaría de esta corporación, en cumplimiento del auto del 29 de septiembre de 2022, le notificó
personalmente el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP. Actuación visible a folio
455 del cuaderno 3.
Finalmente, mediante auto del 15 de febrero de 2024, se dejó constancia de la no contestación a la presente
acción especial de revisión, por parte de la curadora ad litem. Folio 458 del cuaderno 3.
6
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019.10
Por su parte, de igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación».11
Así mismo, conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo
156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la
interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de
adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de
2016.
9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.».
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la
UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
7
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite,
la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 7 de octubre de 201412 y la acción
especial de revisión se interpuso el 4 de octubre de 2019,13 por lo que es dable concluir
que fue presentada dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila del 22 de
septiembre de 2014, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la
acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.
12 Folio 147 del cuaderno 1.
13 Folio 9 reverso del cuaderno 1.
8
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo
cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso las sentencias ejecutoriadas.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
9
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario de
revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,15 procede contra sentencias
ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.4.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció
otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la
Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las
conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por
14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate
habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado».
15 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión
se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo
192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188.
(modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
10
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar
las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación».16
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y
a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los
reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]». 17
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la
ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».18
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos
eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al
juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de
las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino
que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente
otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993
16 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-
01529 (REV).
17 Ibidem.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-
00845-00 (2743-13).
11
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,19 la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto
de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las siguientes
reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre consideraciones,
la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que
las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente
a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables. (Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió
las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos
que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad,
tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018, radicado
N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.
12
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella
según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los
factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48,
para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio
y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según corresponda.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,20 la ley y la Corte Constitucional,21 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la mentada
decisión, los siguientes:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan
prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta
sentencia.
20 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
13
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada. (Resaltado fuera del texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes de
solución, tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias. Sin
embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de resolver en recurso
extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la seguridad jurídica, los
efectos de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y que
hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios y las acciones de revisión, estos
deben analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que
se profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los efectos de la nueva
tesis jurisprudencial.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que frente a la
causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto
es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es
necesario que se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos
esenciales que lo componen.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión22 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes tres
elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las
normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii)
Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
22 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
14
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
ídem.»
Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la sentencia
objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que sus argumentos
se dirigen a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta al momento de
liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna a la vulneración de las garantías
anteriormente mencionadas. En ese sentido, la Sala efectuará el estudio de aquel
planteamiento bajo la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
Así, la inconformidad de la UGPP consiste en que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Huila del 22 de septiembre de 2014, habría incurrido en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó
la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Neiva el 28 de febrero de 2013.
Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, a partir de las cuales
se determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el
inciso 3.° de dicha norma o en el artículo 21 ibidem. Lo anterior, afirma, conllevó a que
la mesada pensional devengada por la señora Perdomo Rojas se incrementara sin
existir justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la Sala
encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con base en
las siguientes razones:
En primer lugar, la Sala debe precisar que el Tribunal Administrativo del Huila con
sustento en la sentencia emitida el 4 de agosto de 2010, por la Sección Segunda de
15
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
esta corporación,23 entendió que la expresión «monto», contenida en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas que habitual y periódicamente reciba
el empleado como retribución de sus servicios», en el último año.
Concretamente, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:24
[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base
de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden
la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios.
En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la tasa
de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al período de liquidación previsto en
el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en el último año de
servicio.
En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones disímiles
respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las personas
beneficiarias del régimen de transición allí previsto.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-23-
33-000-2012-00143-01,25 fijó el criterio de esta corporación en torno a la integración del
ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición
(inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para concluir que este solo puede
estar constituido por aquellos factores sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones. De esta manera, la Sección Segunda ajustó su
postura con la establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 del 7 de
mayo de 2013.
No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de agosto de
2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de agosto de
2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
25Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
16
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron
con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa
tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada.
De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre el IBL
de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de autonomía judicial,
que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del Consejo de Estado como
de la Corte Constitucional.
Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay
cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como
fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión de
todos los factores percibidos en el último año de servicio, todo lo cual se encuentra
ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de expedición de la
sentencia. Lo anterior, en atención a que el tribunal encontró probado que la señora
María Edelay Perdomo Rojas era beneficiaria del régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión de Neiva el 28 de febrero de 2013, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda. De esta manera, mantuvo la
orden de reliquidación de la pensión de jubilación en el equivalente al 75 % del promedio
salarial devengado por la señora Perdomo Rojas en el último año de servicio
comprendido entre el 1.° de julio de 1999 y el 30 de junio de 2000; con la inclusión
además de los factores reconocidos inicialmente por la extinta CAJANAL, esto es,
asignación básica, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios
prestados; de los auxilios de alimentación y de transporte y las primas des servicios, de
navidad y de vacaciones.
17
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
Finalmente, el juez de primera instancia ordenó a la UGPP descontar los aportes
correspondientes sobre los factores salariales respecto de los cuales no se hubiere
realizado la deducción.
Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron devengados por la hoy
demandada, conforme lo certificó el pagador del Hospital Universitario «H.M.P» de NEiva
en el lapso del último año de servicio de la demandada comprendido entre el 30 de junio
de 1999 y el 30 de junio de 2000,26 como consta en los folios 69 reverso y 70 anverso
del cuaderno 1 y en el expediente digital del proceso ordinario visible a índice 11 de
SAMAI.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reiterar que la UGPP en la acción de revisión,
circunscribió su argumento a discutir que, para calcular el IBL de la pensionada, debieron
atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la
inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. No obstante,
no expuso ningún reparo frente a algún emolumento en particular, por lo que la
Subsección, siguiendo el criterio de anteriores decisiones,27 contraerá su análisis a lo
manifestado por la entidad recurrente.
Así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en lo atinente
a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, la sentencia
del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta corporación vigente para la
época, esto es, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, expediente
250002325000200607509 01 (0112-2009).
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Huila, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la normativa
aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial imperante
26 Se observa que si bien tanto el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Neiva como el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Octava de Decisión, señalaron que el último año de servicio de la señora María
Edelay Perdomo Rojas comprendía desde el 1.° de junio de 1999 hasta el 30 de julio de 2000, la Sala precisa
que aquel lapso se circunscribe desde el 30 de junio de 1999 hasta el 30 de julio de 2000, comoquiera que en
el expediente del proceso ordinario reposa certificación emitida por el jefe (e) de la Oficina de Gestión Humana
del Hospital Universitario de Neiva, a través de la cual se señala que la señora María Edelay Perdomo Rojas
laboró en dicha institución desde el 17 de noviembre de 1975 hasta el 30 de junio de 2000. Folios 64 reverso y
70 anverso del cuaderno 1 y en el expediente digital del proceso ordinario visible a índice 11 de SAMAI.
27 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00 (3158-
2018); C.P. William Hernández Gómez.
18
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
para la época de su expedición, según el cual en el IBL se deberán incluir todos los
factores percibidos durante el último año de servicio.
Es decir, la sentencia del 22 de septiembre de 2014 no fue caprichosa al momento de
definir el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable a la pensión de jubilación reconocida
a la demandada como beneficiaria del régimen de transición previsto en el citado
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial
que había decantado la Sección Segunda del Consejo de Estado para la época.
Respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
cabe señalar que en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se observa que en ella
se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al debate propuesto en este
asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 29 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos.
De hecho, sobre el artículo 36 ejusdem, en la sentencia se señaló que el legislador con
estas disposiciones legales excedía la protección de los derechos adquiridos, para
salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que
corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se
adecúa al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
Además, la providencia en cita consideró que el aparte final del inciso 3.° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 contenía una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector privado
y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base el promedio
de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal promedio se
calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que contraría el
artículo 13 de la Constitución.
Por su parte, si bien para la fecha de expedición de la decisión objeto de reproche, en
la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013, la Corte Constitucional se había
pronunciado sobre el IBL y el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en ella
únicamente se refirió al régimen pensional de los congresistas y de los altos dignatarios
del Estado, una condición que no reúne la señora Perdomo Rojas.
19
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
De igual manera, tampoco resultan aplicables las Sentencias SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU-210 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, que también invoca la
UGPP, porque fueron proferidas con posterioridad a las providencias recurridas y, por lo
tanto, no admiten su invocación como precedente jurisprudencial.
Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente al
ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo, dicha
providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado la
cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida no
puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio
vigente para la época.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que por un lado,
aquella entidad no hizo alusión a la vulneración de las garantías propias del derecho al
debido proceso, razón por la cual se abordó el estudio respecto al literal b) y por el otro,
como quedó visto, la sentencia cuestionada se profirió bajo los parámetros de la
jurisprudencia vigente para aquella época en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
3. De la condena en costas
En atención a que la acción especial de revisión fue presentada el 4 de octubre de
2019,28 debe darse aplicación al artículo 188 del CPACA, previo a la modificación
introducida por la Ley 2080 de 2021, norma que disponía lo siguiente:
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
Así las cosas, con fundamento en el inciso 1.° del artículo 188 del CPACA y en el artículo
365 del CGP, que ordena, en el numeral 1.°, la imposición de condena en costas «a la parte
28 Folio 9 reverso del cuaderno 1.
20
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
vencida en el proceso, o a aquella cuyo recurso [...] revisión sea resuelto
desfavorablemente», y en su numeral 8.°; en el sub lite la Sala se abstendrá de condenar
en costas la al no encontrarse probada su causación, comoquiera que si bien no
prosperaron los argumentos de la presente acción especial de revisión, lo cierto es que la
parte pasiva no intervino en el proceso.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos
de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión debe ser
declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de las causales
invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Octava de Decisión del 22 de septiembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Reconocer personería jurídica a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón como
apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de acuerdo al poder general visible a índice
59 de la plataforma SAMAI.
21
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00730-00 (5560-2019)
Demandante: UGPP
Cuarto. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 41 001 33 31 701 2012 00020 01, al tribunal
de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.