Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00751-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00751-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00751-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
25 de abril de 2022
Radicado: 11001032500020190075100 (5665-2019)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001032500020190075100 (5665-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: LUZ FANNY SOLANO DE NAVAS
Temas: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ingreso base de liquidación de beneficiario del régimen de transición.
Ley 33 de 1985.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-021-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
en adelante UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 4 de mayo de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Once
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá el 6 de mayo de 2015, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Luz Fanny
Solano de Navas contra la extinta Cajanal.
ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
La señora Luz Fanny Solano de Navas, por intermedio de apoderado y en ejercicio de
la acción consagrada en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la nulidad de los
siguientes actos administrativos:
• Resolución RDP 034708 del 30 de julio de 2013, mediante la cual la UGPP negó
la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los factores salariales
devengados por la demandante durante el último año de servicio.
1
Folios 28-41 del índice 12 de la plataforma SAMAI. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 1001-33-35-011-2014-00295-00.
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Demandante: UGPP
• Resolución RDP 043986 del 23 de septiembre de 2013, mediante la cual la
UGPP confirmó el acto administrativo descrito en el ítem anterior, al desatar el
recurso de apelación.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condene a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar la pensión de jubilación
de la señora Luz Fanny Solano de Navas, en un monto equivalente al 75% del
promedio de todos los factores devengados en el último año de servicio, a saber,
asignación básica, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, índice de
desempeño grupal, prima de navidad, factor nacional de diciembre, bonificación por
servicios, factor nacional de junio, bonificación por recreación y factor salarial de
vacaciones, a partir del 1.º de noviembre de 2004, ii) pagar los reajustes conforme al
IPC; iii) cancelar los intereses moratorios; iv) cumplir la sentencia en los términos del
artículo 192 del CCA2, y v) pagar las costas a la entidad demandada.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes:
1. La señora Luz Fanny Solano de Navas nació el 19 de julio de 1944 y prestó sus
servicios en el cargo de auxiliar de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN en Bogotá D.C., desde el 10 de diciembre de 1980 hasta el 1.º de
noviembre de 2004, fecha de su retiro definitivo.
2. La demandante durante su último año de servicio devengó los siguientes
factores: asignación básica, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, índice de
desempeño grupal, prima de navidad, factor nacional de diciembre, bonificación por
servicios, factor nacional de junio, bonificación por recreación y factor salarial de
vacaciones.
3. Mediante Resolución 17411 del 2 de septiembre de 2004, Cajanal EICE,
reconoció en favor de la señora Luz Fanny Solano de Navas la pensión de vejez, en
cuantía de $533.663,93, efectiva a partir del 1.º de febrero de 2004, condicionada a
demostrar el retiro definitivo del servicio oficial.
4. La pensionada fue retirada del servicio por medio de la Resolución 09500 del
20 de octubre de 2004, efectiva a partir del 1.º de noviembre de 2004.
5. El 24 de junio de 2013 la demandante solicitó a la UGPP reliquidar su mesada
pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio. Dicha petición fue denegada por la entidad a través de la Resolución RDP
034708 del 30 de julio de 2013.
2
Así lo señala expresamente en la demanda.
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Demandante: UGPP
6. La anterior decisión fue confirmada por medio de la Resolución RDP 043986
del 23 de septiembre de 2013, al desatar el recurso de apelación promovido por la
señora Luz Fanny Solano de Navas.
Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados vulneraron los artículos
2, 6, 25 y 58 de la Constitución Política; el artículo 5.º de la Ley 57 de 1887, la Ley 4.ª
de 1966; Ley 5 de 1969; las Leyes 33 y 62 de 1985, Ley 71 de 1988; 36 de la Ley 100
de 1993; la Ley 1437 del 2011 y los Decretos 1743 de 1966 y 3135 de 1968.
Como concepto de violación, sostuvo que los actos demandados fueron expedidos con
desconocimiento de las normas en que debieron fundarse, puesto que la entidad
demandada no incluyó en la liquidación de su prestación la totalidad de los factores
salariales efectivamente recibidos durante el último año de servicio.
Explicó que el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
prevé que para las personas que al momento de entrar en vigor el sistema general de
seguridad social tengan 35 años de edad si son mujeres o 40 o más si son hombres,
o 15 años de servicio, les serán aplicables, para efectos de pensión, la edad, el tiempo
de servicios y el monto determinado en la normativa anterior, esto es, las Leyes 33 y
62 de 1985.
En ese mismo sentido, consideró que la UGPP debe atender los lineamientos que el
Consejo de Estado fijó en la sentencia del 4 de agosto de 2010, respecto de la
aplicación de la Ley 33 de 1985 a los beneficiarios del régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993. Observó que dicha providencia es clara en determinar que el
derecho pensional se debe liquidar con inclusión de todos los factores salariales que
habitual y periódicamente devengó durante el último año de servicio el trabajador.
De igual manera, destacó que las Leyes 33 y 62 de 1985 no indican en forma taxativa
cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta al calcular el IBL, sino que
simplemente los enuncia, circunstancia que no impide la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de servicio.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3
La UGPP contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Manifestó que los actos
acusados fueron expedidos con observancia de las normas constitucionales y legales
que le eran aplicables.
Aseveró que el hecho de que la demandante se encuentre en régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 implica que deben atenderse las normas anteriores, esto es, la
Ley 33 de 1985, en relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y
el monto de la prestación. No obstante, en cuanto a las demás condiciones, señaló
que se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y, los
factores salariales que se deben atender son aquellos sobre los cuales el empleado
efectivamente cotizó.
3
Folios 98-104 del expediente ordinario visible a índice 12 de SAMAI.
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Demandante: UGPP
Precisó que, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-634 de 2011,
ante la diversidad de criterios entre el Consejo de Estado y el Máximo Tribunal
Constitucional sobre la forma en cómo se aplica el régimen de transición, contenido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, corresponde a las autoridades administrativas
evidenciar su existencia y elegir aquella postura que a la luz de la Constitución
desarrolle en mayor medida los derechos del pensionado, es decir, la que resulte más
favorable.
Con base en lo anterior, consideró acertado aplicar la tesis sostenida por la Corte
Constitucional, dentro de la cual se ha señalado que el régimen de transición permite
acceder a la pensión con base en la edad, tiempo y monto de la norma anterior, pero
que el IBL deberá calcularse conforme lo prevé el artículo 36 o 21 de la Ley 100 de
1993, con los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994, por cuanto la
demandante adquirió el estatus de pensionada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Adicionalmente, aseguró que acceder a las pretensiones de la demanda generaría una
desfinanciación en el régimen de prima media, administrado por la UGPP, comoquiera
que, sobre los emolumentos pretendidos por la demandante, su empleador no efectuó
aportes al Sistema General de Pensiones.
Propuso las siguientes excepciones:
• «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN»: Sostuvo que la entidad no adeuda
suma alguna a la pensionada, ya que la prestación le fue reconocida atendiendo
los factores señalados en la ley y sobre los cuales su empleador efectuó las
cotizaciones respectivas.
• «INNOMINADA O GENÉRICA»: Pidió declarar cualquier excepción que se
encuentre probada dentro del sub lite.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia proferida en audiencia celebrada el 6 de mayo de 2015, declaró la nulidad
de los actos acusados y condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de la demandante
en un monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año
de servicio, esto es, durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2003
y el 31 de octubre de 2004, con inclusión de la asignación básica, el subsidio de
alimentación, la bonificación por servicios, el auxilio de transporte, la prima de navidad,
la prima de vacaciones, el factor nacional de diciembre y el factor nacional de junio.
Expuso brevemente que, en materia pensional, el derecho de la demandante se rige
por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, comoquiera que aquella
es beneficiaria del régimen de transición que prevé la Ley 100 de 1993. Seguidamente,
explicó que, tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de
2010, el IBL de los pensionados beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100
4
Folios 195 a 196 del cuaderno principal.
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de 1993 sería el contenido en la norma anterior, la cual no señala una lista taxativa de
factores salariales, sino que estos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
servicio.
En consecuencia, ordenó reliquidar la pensión de la señora Luz Fanny Solano de
Navas con inclusión de los factores salariales devengados durante el último año de
servicio, comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y el 31 de octubre de 2004, a
saber, la asignación básica, la bonificación por servicios, el auxilio de transporte, el
subsidio de alimentación, la prima de navidad, la prima de vacaciones, el factor
nacional de diciembre y el factor nacional de junio.
Excluyó de la liquidación los siguientes emolumentos: i) incentivo por desempeño
grupal, que de conformidad con lo previsto en el artículo 5.º del Decreto 1268 de 1999
no constituye factor salarial para ningún efecto; ii) bonificación por recreación, dado
que este no pretende remunerar directamente el servicio sino contribuir al adecuado
desarrollo de uno de los aspectos de la vida, como lo es la recreación y iii) vacaciones,
en la medida que este corresponde a un descanso remunerado para el trabajador.
Por último, declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 24 de junio de 2010 y negó las demás excepciones
propuestas.
RECURSO DE APELACIÓN5
Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la UGPP presentó recurso de
apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se negaran las pretensiones de la demanda.
Inicialmente reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y
explicó que los actos objeto de nulidad fueron proferidos conforme lo dispone la ley.
Sostuvo que, si bien la demandante es beneficiaria del régimen de transición que prevé
la Ley 100 de 1993, y, por ende, le son aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 33 de 1985 en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto,
lo cierto es que, el IBL será el promedio de los emolumentos sobre los cuales cotizó la
afiliada durante los últimos diez años, como lo establece la Ley 100 de 1993 y los
factores para calcular la mesada son los previstos en el Decreto 1158 de 1994.
Para el efecto, puso de presente los pronunciamientos de la Corte Suprema de
Justicia6, dentro de los cuales se determinó que el concepto de monto que prevé el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia únicamente al porcentaje del ingreso
base de liquidación. Estimó que este razonamiento atiende los principios de unidad,
solidaridad y sostenibilidad del sistema.
5
Páginas 172-184 del expediente ordinario visible a índice 12 de SAMAI.
6
Corte Suprema de Justicia. Sentencias del 26 de febrero de 2002, expediente: 17192; 6 de noviembre
de 2002, expediente 18585; 16 de marzo de 2007, expediente: 28571; 19 de noviembre de 2007,
expediente: 30065; 11 de noviembre de 2008, expediente: 35092.
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Para finalizar, en caso de acceder a las súplicas de la demanda, solicitó excluir del IBL
aquellos emolumentos que no tengan el carácter de salarial o que estén exceptuados
por ley. Así como declarar prescritas las mesadas causadas y no reclamadas
oportunamente.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN7
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, profirió
sentencia el 4 de mayo de 2017, mediante la cual se confirmó la decisión adoptada en
primera instancia. Los argumentos que sirvieron de fundamento fueron los siguientes.
Expuso brevemente que, en materia pensional, el derecho de la demandante se rige
por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, normativa que, en
términos de la Sección Segunda del Consejo de Estado, deberá aplicarse en su
integridad8, salvaguardando con ello los principios de inescindibilidad, progresividad y
no regresividad.
Señaló que al realizar una interpretación sistemática es posible entender que la
obligación de cotizar con destino a la seguridad social debe hacerse sobre el salario,
tal como se evidencia en el artículo 2.º de la Ley 4.ª de 1966, el Decreto 1743 de 1966,
el Decreto 732 de 1976 y en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993; y que esta última
para efectos de la cuantía de la pensión hace referencia al IBL o salario cotizado.
Explicó que la pensión de jubilación además de ser una prestación económica es
también un derecho constituido por varios componentes, a saber: la edad, el tiempo
de servicio y el ingreso base de liquidación, y que este último se extrae del salario y
del tiempo establecido por la ley para calcular el monto de la pensión. Por ende, resulta
evidente que el ingreso base de liquidación y el monto son elementos constitutivos del
régimen de transición, pues el inciso 1.º del artículo 36 prevé, expresamente, que la
edad, tiempo de servicio o de cotización y el monto de la pensión serán los del régimen
anterior.
Seguidamente, advirtió que, si bien no se desconoce que la referida tesis difiere de la
expuesta por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-230 de 2015, lo cierto es que,
esta no es aplicable para resolver el sub lite, comoquiera que resultaría desfavorable
para la pensionada.
De conformidad con lo anterior, analizadas las probanzas obrantes en el dossier,
consideró acertado declarar la nulidad de los actos acusados y confirmó la orden de
reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% del promedio de lo
percibido en el último año de servicio con inclusión de todos los factores salariales
devengados en ese mismo lapso, es decir, desde el 1.º de noviembre de 2003 hasta
el 1.º de noviembre de 2004.
7
Folios 148 vuelto a 154 del cuaderno principal.
8
Citó la sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado: 250002325000200607509 01 (0112-2009).
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LA ACCIÓN DE REVISIÓN9
La UGPP presentó acción de revisión de la providencia que ordenó el pago de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literal b.), de la Ley 797 de 2003 que dispone: «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia proferida el 4 de mayo de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó el
fallo de primera instancia del 6 de mayo de 2015 proferido por el Juzgado Once
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Luz Fanny Solano de
Navas contra la extinta Cajanal, con radicado 2014-00295.
2. Declarar que a la señora Luz Fanny Solano de Navas no le asiste el derecho a
que se reliquide su pensión de vejez con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio.
3. Declarar que para la pensión de vejez de la señora Luz Fanny Solano de Navas,
debe calcularse el ingreso base de liquidación conforme con las previsiones del inciso
3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando los factores establecidos en el
Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo reglado legal y jurisprudencialmente en la
materia, en especial al tenor de lo expresado por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-023 de 2018.
A continuación, estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión
contraría los artículos 1.º de la Ley 33 de 1985, 36 de la Ley 100 de 1993, y 1.º del
Decreto 1158 de 1994.
En sustento de lo anterior, argumentó que la reliquidación pensional que se ordenó no
atiende la normativa y jurisprudencia aplicables. Con ello se genera un aumento en la
mesada, que trae consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación
del sistema general de seguridad social en pensiones que la Nación debe administrar.
Bajo esa misma línea argumentativa, expuso que el derecho pensional excede lo
debido de acuerdo con la ley, al acceder a una liquidación pensional en contravía de
lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, explicó que la
señora Luz Fanny Solano de Navas al estar cobijada por el régimen de transición, dado
que tenía 49 años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema General
de Seguridad Social, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985. No
obstante, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Afirmó que los jueces de conocimiento se apartaron de lo establecido normativa
9
Folios 1 a 31 del cuaderno ppal.
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y jurisprudencialmente, al acceder a una reliquidación de la prestación en contravía de
la tesis que sobre el asunto ha desarrollado la Corte Constitucional en las sentencias
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
Aseguró que se ha establecido un precedente constitucional inequívoco sobre la
materia. Para el efecto, citó las sentencias C-168 de 1995, SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, así como los autos 326
de 2014 y 229 de 2017, aplicado en providencias proferidas en sede de tutela como la
T-497 de 2017, T-661 de 2017, T-039 de 2018, T-034 de 2018, T-212 de 2018 y T-018
de 2018, todas proferidas por la Sala Plena de dicha Corporación.
En consecuencia, advirtió que la pensión de la señora Luz Fanny Solano de Navas
debió liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciera
falta para adquirir el derecho, computando únicamente los factores establecidos en el
Decreto 1158 de 1994.
Por último, solicitó la suspensión provisional de los efectos de la sentencia proferida el
4 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual fue negada
por improcedente mediante auto del 13 de noviembre 201910.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN11
La señora Luz Fanny Solano de Navas, mediante apoderado, dio respuesta a la
demanda de revisión y solicitó que se denieguen las pretensiones. Afirmó que,
contrario a lo expuesto por la entidad pensional, la decisión objeto de revisión atendió
la normativa y jurisprudencia aplicable al sub examine, la cual sostiene que es válido
tener en cuenta todos los factores que constituyen salario para liquidar la pensión. Para
sustentar lo anterior, citó las sentencias del 14 de noviembre de 2002 (rad.3534-02) y
4 de agosto de 2010 (rad.2009-0112), proferidas por el Consejo de Estado. Así como
las providencias T-414 de 2009, T-174 de 2008, T-052 de 2008 y T-070 de 2007
emitidas por la Corte Constitucional. Igualmente, el requerimiento realizado por la
Procuraduría General de la Nación mediante la Circular No. 054 del 3 de noviembre
de 2010.
Luego, explicó que a la señora Luz Fanny Solano de Navas no le es aplicable lo
dispuesto en la sentencia C-258 de 2013, comoquiera que su situación pensional se
rige por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, no por el artículo
17 de la Ley 4.ª de 1992, la cual es exigible únicamente a congresistas y magistrados
de Altas Cortes.
Afirmó que las sentencias de tutela que la UGPP cita en la demanda de revisión solo
tienen efectos inter pares y no erga omnes, por lo que no resultan útiles para resolver
el caso de la demandada. Añadió que tampoco le es aplicable lo dispuesto en la SU-
427 de 2016, pues revisados los certificados de factores salariales aportados con la
demanda se corrobora que lo devengado por aquella durante su último año de servicio
no se encuentra en desproporción frente a lo percibido durante toda su vida laboral.
10
Visible a folios 265-267 del cuaderno 2.
11
Folios 277 a 299 del cuaderno 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001032500020190075100 (5665-2019)
Demandante: UGPP
Por otro lado, refiriéndose a la jurisprudencia a la que acude la entidad demandante,
advierte que es improcedente extender los efectos de sentencias cuyo accionante
ostentaba la calidad de trabajador oficial a un empleado público, siendo esta última la
forma de vinculación de Luz Fanny Solano de Navas. Señaló que los empleados
públicos se rigen por lo previsto en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y,
por ende, los jueces deben seguir los lineamientos de su órgano de cierre, esto es, del
Consejo de Estado, quien, en virtud de los principios de favorabilidad y no regresividad,
sostiene que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se
gobiernan en su integridad las disposiciones pensionales de la normativa anterior.
Invocó los derechos a la igualdad y al mínimo vital. El primero para reclamar la igualdad
de la pensionada Luz Fanny Solano de Navas frente a muchos otros beneficiarios del
régimen de transición a quienes se les ha reliquidado su pensión con lo devengado en
el último año de servicio. El segundo, para advertir que el derecho a la seguridad social
y, específicamente, a su componente pensional termina por ser un derecho
fundamental por conexidad, debido a que se relaciona directamente con la vida y la
dignidad humana, por lo que debe tenerse en cuenta que la demandada es una
persona de la tercera edad que depende de su mesada pensional para subsistir.
Insistió en la importancia de la seguridad jurídica para lo cual citó la sentencia C-816
de 2011 emitida por la Corte Constitucional, ratificada posteriormente por la misma
corporación a través de proveído SU-053 de 2015, dentro de la cual se consideró que
las Cortes, al ser órganos de cierre, deben unificar su jurisprudencia en el ámbito de
sus jurisdicciones. Lo anterior debido a que esto contribuye con el principio de igualdad
y garantiza la primacía de la Constitución, la confianza, la certeza del derecho y el
debido proceso.
Finalmente, advirtió que si bien el 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado rectificó
su posición sobre la forma de liquidación del IBL, para los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, dicha circunstancia no puede afectar
la decisión que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B adoptó en la sentencia del 4 de mayo de 2017, ya que esta atendió la
interpretación que sobre el particular efectuó el alto tribunal en la providencia del 4 de
agosto de 2010, jurisprudencia vigente al momento de resolver el caso.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .12.
12
«Artículo 249. Competencia.
(…)
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Demandante: UGPP
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 13.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:
«Las providencias judiciales que en cualquier14 hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]» (Se subraya)
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
formulada por la UGPP con el fin de que se infirme la sentencia proferida el 4 de mayo
de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
Legitimación de la acción de revisión
Antes de abordar el fondo del asunto, conviene señalar sobre la legitimación de la
UGPP para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado
reconocer pensiones, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016
definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión15, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
13
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
14
Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 2003.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744-00, demandante: UGPP.
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Demandante: UGPP
Subsección16.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.
Oportunidad de la acción de revisión
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 4 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, quedó
ejecutoriada el 19 de mayo de 201717. Teniendo en cuenta que la acción de revisión
se presentó con fundamento en la causal prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 y, que, respecto de ella, el artículo 251 del CPACA establece un término de cinco
años para su interposición, al haberse radicado la demanda el 10 de octubre de 201918,
se concluye que aquella se encuentra en tiempo.
Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200319 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
17
Tal como indica la constancia secretarial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, de fecha 21 de junio de 2017, visible a folio 162 vuelto del cuaderno principal.
18
Folio 31 vuelto del cuaderno principal.
19
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
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«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»20
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación21.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones22.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira23.
20
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
21
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
22
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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Demandante: UGPP
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 24.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 al ordenar la liquidación de la pensión de la señora Luz Fanny Solano de
Navas, cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo el
ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985, esto es, en cuantía equivalente al
75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, y no el previsto
por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el
caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: 1) La causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 2) El régimen pensional
contenido en la Ley 33 de 1985, 3) El régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y
4) verificación de las causales de revisión invocadas en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003
La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, « Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es importante
anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»25. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
25
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Luz Fanny Solano de Navas debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62
del mismo año y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de
1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación que la sentencia objeto
de la acción de revisión ordenó reconocer, debe ser reducido en la misma proporción
a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad
social en pensiones.
Para el propósito descrito se analizarán las normas pensionales contenidas en la Ley
33 de 1985, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, las posiciones
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; y con
fundamento en ello, se estudiará la configuración de las causales de revisión
invocadas en el caso concreto.
El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de
la Ley 33 de 1985
El artículo 1.º de la Ley 33 de 198526 reguló que los empleados oficiales que
acreditaran 20 años de servicio continuo o discontinuo y la edad de 55 años tenían
derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio. El inciso primero de la norma citada dispuso a su tenor lo
siguiente:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones. […]»
Por su parte, el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 modificó el artículo 3 de la Ley 33 de
1985 que reglamentó los factores susceptibles de ser incluidos en el cómputo
pensional, en la cual se señaló:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
26
Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las Prestaciones
Sociales para el sector público.
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ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los
aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida
por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en día de descanso obligatorio.
En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes. […]»
De la lectura de estas dos normas se desprende con claridad que las pensiones de
aquellas personas que causaron su derecho en vigencia de la Ley 33 de 1985 se
liquidarían con base en el 75% del promedio de los factores sobre los cuales se
efectuaron aportes a la entidad de previsión que hubiese percibido el trabajador en el
último año de servicio y sobre los cuales existía el deber de cancelar según el artículo
3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto
es, sobre: i) la asignación básica; ii) los gastos de representación; iii) las primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; iv) dominicales y feriados; v) horas
extras; vi) la bonificación por servicios prestados y; vii) el trabajo suplementario.
El régimen de transición de la Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro. Su
objeto es el de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en
condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella. Esto les permitiría regirse por las normas
aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»
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Ahora, como se analizará más adelante, es pertinente señalar que, en relación con el
IBL de las pensiones reconocidas en estas condiciones, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado no ha sido pacífica, pues se ha debatido si el
ingreso base de liquidación hace parte del régimen de transición o no, como pasa a
exponerse:
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha
Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de
pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
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especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia27, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 28 y 929 de 197629.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 30 así se refirió al tema:
«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como
un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad,
tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se
sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban
afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
27
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
28
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
29
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.»
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Verificación de la causal de revisión invocada
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003.
En esta instancia no se discute que la señora Luz Fanny Solano de Navas es
beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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En efecto, nació el 19 de julio de 194431 y laboró para la DIAN desde el 10 de diciembre
de 198032 hasta el 1 de noviembre de 200433.
En consecuencia, para el 1 de abril de 1994, tenía la edad de 49 años y, 13 años, 3
meses y 22 días de servicio. Ello quiere decir que adquirió el estatus de pensionada el
9 de diciembre de 2000, cuando cumplió la edad de 55 años y 20 años de trabajo.
La DIAN certificó que la señora Luz Fanny Solano de Navas34 devengó los siguientes
emolumentos durante el último año de servicio, comprendido entre noviembre de 2003
y noviembre de 2004:
• Asignación básica
• Auxilio de transporte
• Subsidio de alimentación
• Incentivo de desempeño grupal
• Factor nacional de junio y diciembre
• Prima de vacaciones
• Prima de navidad
• Bonificación por servicios prestados
• Bonificación por recreación
• Vacaciones
Por medio de la Resolución 17411 del 2 de septiembre de 200435, la extinta Cajanal,
EICE reconoció en favor de la señora Luz Fanny Solano de Navas la pensión de vejez,
en cuantía de $533.663,93 efectiva a partir del 1.º de febrero de 2004, condicionada a
demostrar el retiro definitivo del servicio. La liquidación de la prestación la efectuó con
el 75% del salario promedio de lo devengado en los últimos 9 años y 10 meses de
servicio, esto es, entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de enero de 2004, de conformidad
con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Los factores que tuvo en
cuenta en el cálculo de la mesada fueron: asignación básica, bonificación por servicios
prestados y bonificación por compensación. El estatus jurídico lo adquirió el 9 de
diciembre de 2000.
La pensionada, mediante escrito radicado el 24 de junio de 2013, solicitó a la UGPP
reliquidar su pensión de vejez con inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio. No obstante, la entidad denegó la referida
petición a través de la Resolución RDP 034708 del 30 de julio de 201336. En este acto,
la entidad argumentó que la prestación debe liquidarse conforme lo prevé la Ley 33 de
1985 en armonía con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994,
comoquiera que el IBL no fue objeto del régimen de transición. Dicha decisión fue
31
Tal como consta en la cédula de ciudadanía obrante en el folio 108 vuelto del cuaderno ppal.
32
Tal como consta en la Resolución 17411 del 2 de septiembre de 2004, mediante la cual se reconoció
la pensión de vejez en favor de la demandante. Información aceptada en la audiencia inicial.
Transcripción visible a folio 172 del cuaderno principal.
33
Tal como consta en la Resolución 09500 del 20 de octubre de 2004, visible a folio 113 del cuaderno
principal.
34
Folios 104 a 106 del cuaderno principal.
35
Folios 100 vuelto a 102 del cuaderno principal.
36
Folios 120 a 121 del cuaderno principal.
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confirmada mediante la Resolución RDP 043986 del 23 de septiembre de 201337, al
desatar el recurso de apelación promovido por la señora Luz Fanny Solano de Navas.
El Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, en
audiencia celebrada el 6 de mayo de 2015, declaró la nulidad de las Resoluciones
RDP 034708 y RDP 043986 de 2013, y, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de
vejez en favor de la demandante, en los siguientes términos 38:
«[…] PRIMERO: DECLARAR probada [la] excepción de prescripción de las
mesadas presentada por la demandada causadas con anterioridad al 24 de junio
de 2010, por las razones expuestas y negar las demás excepciones propuestas.
SEGUNDO: DECLARESE la nulidad de la Resolución RDP 034708 del 30 de julio
de 2013 proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP y la
Resolución RDP 043986 del 23 de septiembre de 2013 proferida por el Director de
Pensiones de la misma entidad, mediante la cual se niega la reliquidación de la
pensión de jubilación a la señora LUZ FANNY SOLANO DE NAVAS […] en cuanto
no incluyo (sic) la totalidad de los factores devengados, conforme a la parte motiva.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, a efectuar la reliquidación de la pensión de
jubilación a la señora LUZ FANNY SOLANO DE NAVAS […] equivalente al 75%
del promedio de salarios devengados durante el último año, incluyendo como
factores salariales en forma proporcional, además de la asignación básica, la
bonificación por servicios, el auxilio de transporte, el subsidio de alimentación,
prima de navidad, prima de vacaciones, factor nacional de diciembre, factor
nacional de junio, considerados en el certificado de salarios para el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 a 31 de octubre de 2004, a partir del
1 de noviembre de 2004.
CUARTO: La entidad demandada deberá pagar la diferencia que resulte entre la
cantidad liquidada y las sumas canceladas por el mismo concepto, debidamente
actualizadas conforme a lo expuesto en la parte motiva a partir del 24 de junio de
2010, por prescripción trienal, descontando los valores correspondientes a los
aportes no efectuados para pensión.
QUINTO: A las anteriores declaraciones se le dará cumplimiento dentro del
término señalado en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., y los valores que
resultaren deberán actualizarse en la forma dispuesta en el inciso final del artículo
187 de la misma obra y en los término señalados en la parte motiva.
[…]»
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a través
de la sentencia del 4 de mayo de 2017, resolvió el recurso de apelación interpuesto
por la UGPP contra el fallo de primera instancia y, confirmó en su totalidad la decisión
allí adoptada. Los argumentos que sirvieron de fundamento fueron los siguientes 39:
37
Folios 121 vuelto a 124 del cuaderno principal.
38
Folios 195-196 del cuaderno principal.
39
Folios 148 vuelto a 154 del cuaderno principal.
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«[…] Lo primero que la Sala advierte es que a la situación fáctica pensional de la
demandante, el ente de previsión la adecuó al régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, como consecuencia, al régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985, lo que no se somete a discusión; el asunto que se
controvierte es respecto de los factores de ingreso base de liquidación, pues el
ente de previsión consideró que en el régimen de transición la pensión se liquida
con el promedio de los factores del Decreto 1158 de 1994. […]
Las normas transcritas prevén que la pensión al amparo de la Ley 33 de 1985 se
liquida con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio. A su turno, la Ley 62 del mismo año, enlista
unos factores los que son meramente enunciativos y no taxativos, según la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, la que se mantiene vigente.
[…]
De manera que, en el caso concreto, al encontrarse amparada la pensión del
Causante por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, el ente de previsión ha debido liquidar la prestación con fundamento en
la[s] Leyes 33 y 62 de 1985, con el 75% del promedio del salario devengado en el
último año de servicio, para nada acudir a los factores previstos en el Decreto 1158
de 1994, aun sí la prestación se hubiera causado en vigencia de la Ley 100 de
1993, pues se había adquirido el derecho al régimen anterior y como se consignó
en el (sic) precedencia, el mismo se aplica en integridad.
De esta forma, para efectos de establecer el ingreso base de liquidación, el ente
de previsión debió incluir todas aquellas sumas que habitual y periódicamente
reciba el servidor como retribución de sus servicios, salvo que se trate de un factor
expresamente excluido por la ley, pues se reitera que, cuando la ley se refiera al
salario como una unidad de medida para tasar los derechos prestacionales, debe
entenderse que todo pago con carácter retributivo el cual constituya un ingreso
personal para el trabajador y que sea habitual, tiene tal naturaleza.
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que en el ingreso base de liquidación
de la pensión reconocida por el ente de previsión debió incluir todas aquellas
sumas que habitual y periódicamente reciba el servidor como retribución de sus
servicios, salvo que se trate de un factor expresamente excluido por la ley, en el
caso en concreto, la Sala considera que el a quo, incluyó, en forma proporcional,
todos los factores que reunieron aquellos requisitos ya escritos, estos son:
Asignación básica, bonificación por servicios, auxilio de transporte, subsidio de
alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones, factor nacional de diciembre
y factor nacional de junio, excluyendo así los correspondientes al incentivo
desempeño grupal, sueldo de vacaciones, salario vacaciones, bonificación por
recreación y la prima de servicios.
Así las cosas y siguiendo la línea jurisprudencial trazada por el Consejo de Estado,
la Sala comparte la decisión de la primera instancia, de ordenar reliquidar la
pensión de jubilación de la parte actora, con inclusión de todos los factores
salariales antes mencionados, devengados en su último año de servicios. […]»
(Ortografía, negrillas y gramática del texto original)
En cumplimiento de dichas providencias, la UGPP mediante Resolución RDP 039078
del 27 de septiembre de 201840 reliquidó la pensión de vejez de la señora Luz Fanny
Solano de Navas, incrementando la cuantía de la mesada pensional a $814.646.
40
Folios 116 vuelto a 119 del cuaderno principal.
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Análisis de la Subsección
La UGPP estimó que, en la reliquidación de la pensión de la demandada, debió tenerse
en cuenta el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, al estimar
que el ingreso base de liquidación no resultaba hacía parte de la transición. Como
sustento de ello, solicitó adoptar el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, que
consideró desconocido por la sentencia objeto de revisión. Así las cosas, el análisis se
concretará a tal argumento.
De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación
Para abordar el anterior planteamiento, es de anotar, que para el momento en el que
se produjo la decisión, la posición adoptada por el Consejo de Estado, en relación con
el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto
de 201041, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley.
Ahora, en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se
estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este
asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 199342 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos.
Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales
excede la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas
de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una
plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25
que ordena dar especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público. Ciertamente, mientras para los primeros se toma como
base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los
segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año. Tal
desigualdad contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
42
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
e la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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Demandante: UGPP
En cuanto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección
estima importante precisar, en primer lugar, que en aquella oportunidad la Corte
Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en
cuanto al IBL que debe tenerse en cuenta para los beneficiarios del régimen especial
de congresistas, determinó las siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en
la mencionada ley no podrá extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de
1994, no se encontraren afiliados a aquel; ii) los factores de liquidación serán aquellos
efectivamente recibidos por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado
las correspondientes cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y
36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el caso, y iv) las mesadas no podrán superar
los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de
2013. Lo anterior difiere de la normativa que rige el derecho pensional de la aquí
demandada quien no es beneficiaria de dicho régimen especial.
En segundo lugar, que dadas las dudas que generó la citada sentencia respecto de
su aplicación a regímenes distintos al allí analizado, la Corte mediante proveído SU-
230 de 2015 definió claramente que dicha interpretación no era exclusiva del régimen
especial que se analizó. Señaló que el estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la
transición, resulta aplicable para determinar el monto pensional con independencia del
régimen al que pertenezca el trabajador. No obstante, en aplicación de la teoría del
apartamiento judicial43, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial, tanto el a quo como el ad quem estaban facultados para acoger la desarrollada
por el Consejo de Estado.
Con todo, es de anotar que los jueces de instancia dieron preferencia a la posición del
Consejo de Estado contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, en razón a que,
en su criterio, esta se acompasaba con el principio de progresividad y la prohibición de
regresividad en materia de derechos sociales. En esas condiciones, optaron por
atender dicha posición en aplicación de los postulados constitucionales. Este
argumento resulta igualmente válido para todos los pronunciamientos posteriores de
la Corte Constitucional sobre ese tema.
De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación
En el mismo sentido, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso
base de liquidación, es importante señalar que la tesis acogida tanto en primera como
en segunda instancia en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial fue la
sostenida por el Consejo de Estado. Aquella posición partió de una interpretación
según la cual la relación de emolumentos contenida en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985 no era taxativa sino enunciativa, por lo que es plausible tener todos aquellos que
percibe el servidor como retribución de su labor durante el último año de trabajo.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las
43
Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación
de un precedente obligatorio.
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pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron
a acoger la tesis de su superior funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión haya sido
caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante. De ahí que
mantuvo la decisión de ordenar que en la reliquidación de la prestación se tuvieran en
cuenta: asignación básica, subsidio de alimentación, bonificación por servicios
prestados, prima de navidad, prima de vacaciones, auxilio de transporte, factor
nacional de junio y factor nacional de diciembre, los cuales se demostró que la señora
Luz Fanny Solano de Navas devengó durante su último año de servicio en la DIAN,
según la certificación expedida por el jefe de la Coordinación de nómina de la
Subdirección de gestión de personal de la misma entidad 44.
En suma, en el presente asunto se demostró que la señora Luz Fanny Solano de
Navas era beneficiaria del régimen de transición, pues este aspecto no fue objeto de
discusión. Su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de
servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo establecido en la Ley 33 de
1985, modificada por el artículo 1 de la Ley 62 del mismo año, régimen que le era
aplicable antes del régimen general de seguridad social. Tal normativa le era aplicable
por haber tenido una edad superior a los 35 años al momento en que la Ley 100 de
1993 entró en vigor. Este criterio guarda armonía con la tesis jurisprudencial del 4 de
agosto de 2010, vigente para ese momento, que entendía que el IBL hacía parte del
régimen de transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados.
Finalmente, es importante advertir que, si bien la Sala Plena del Consejo de Estado
modificó su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen
general, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, también es cierto
que en dicha providencia se delimitó su alcance para señalar que « No puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han
sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede
extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio imperante
para la época.
Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica 45.
Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1.º de la Ley 33 de 1985,
36 de la Ley 100 de 1993 y 1.º del Decreto 1158 de 1994, citados como desconocidos
por la UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión. Ciertamente, la
44
Folios 104 a 106 del cuaderno principal.
45
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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interpretación que la sentencia objeto del recurso impartió a tales contenidos
normativos se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo
de Estado.
De esta manera, comoquiera que no se configura la causal del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, se declarará infundada la acción de revisión interpuesta.
En conclusión: No se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión de la señora Luz Fanny Solano
de Navas atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985, modificada
por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al
promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con inclusión de la
asignación básica, subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados,
prima de navidad, prima de vacaciones, auxilio de transporte, factor nacional de junio
y factor nacional de diciembre.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configurada la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará
infundada la acción de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 4 de mayo de
2017, dentro del proceso ordinario instaurado por Luz Fanny Solano de Navas contra
la extinta Cajanal, bajo el radicado: 11001-33-35-011-2014-00295-00.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación46 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público. También se
constituye en un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial
de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional. Por lo anterior, la Subsección se abstendrá de condenar en
costas en el caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 11001032500020190075100 (5665-2019)
Demandante: UGPP
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP
contra Luz Fanny Solano de Navas, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 4 de mayo de 2017, dentro
del proceso ordinario con el radicado: 11001-33-35-011-2014-00295-00.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
.
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