Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00756-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00756-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00756-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
20 de noviembre de 2024
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00756-00 (5702-2019)
Demandante: UGPP
Demandado: Camilo Alberto Potes Sandoval
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00756-00 (5702-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–
Demandado: Camilo Alberto Potes Sandoval
Referencia: Acción especial de revisión
Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literales a y b. Subtema 1:
naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis de la situación pensional.
Régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985; integración del IBL. Subtema 3:
conformidad de la cuantía del derecho pensional con lo debido de acuerdo con la ley.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP) contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 30 de julio de 2015, que
confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de una pensión
de jubilación conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, pretende que se infirme la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 30 de julio de 2015, por medio de la cual confirmó
parcialmente la providencia de primera instancia, en el sentido de ordenar la
reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Camilo Alberto Potes
Sandoval bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, en cuantía equivalente al 75% del
promedio mensual de lo devengado en el último año de servicio, con la inclusión de
todos los factores salariales y una décima parte de las primas de vacaciones y navidad.
El ente demandante sustenta la acción especial de revisión en las causales previstas
en los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque considera que la
prestación se obtuvo con violación al debido proceso al otorgar «un aumento en la
mesada pensional sin fundamento constitucional y legal» y configura un exceso de lo
debido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: UGPP
Demandado: Camilo Alberto Potes Sandoval
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión
1. Camilo Alberto Potes Sandoval, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP y de la Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL) para que se declarara la nulidad de las
Resoluciones RDP 001191 del 16 de abril de 2012 y RDP 003752 del 13 de junio de
2012 dictadas por la UGPP, y de las resoluciones PAP 057131 del 10 de junio de 2011,
PAP 31697 del 30 de diciembre de 2010, 6625 del 13 de febrero de 2009, 34846 del
28 de julio de 2008, 47804 del 5 de octubre de 2007 y 1760 del 9 de abril de 2001
proferidas por CAJANAL, por medio de las cuales negaron la reliquidación de la
pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución 05117 del 6 de abril de 2000 1.
2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión
judicial objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener la reliquidación
de la pensión de jubilación conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, unificada
mediante la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, «es válido tener en cuenta
todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el
trabajador de manera habitual y periódica».
3. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, en sentencia de primera
instancia dictada el 21 de noviembre de 2014, declaró la nulidad de las resoluciones
demandadas y le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor
de Camilo Alberto Potes Sandoval en cuantía equivalente «al 75% del promedio
mensual de los emolumentos devengados durante el último año de servicio, con la
inclusión de todos los factores salariales; valores que se liquidarán a partir del 13 de
diciembre de 1998», y pagar la diferencia entre la suma reconocida y la reliquidada,
debidamente actualizada2. Al sustentar la decisión, el juzgado precisó que la cuantía
de la pensión de jubilación debía determinarse conforme a la Ley 33 de 1985, esto es,
con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio, tal y
como lo dispuso el Consejo de Estado mediante la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010.
4. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la sentencia objeto de la acción
especial de revisión dictada el 30 de julio de 2015, confirmó parcialmente la sentencia
de primera instancia «con una adición», en el siguiente sentido3:
«CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DEL
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP, por intermedio de su representante
legal o quien lo represente a: RELIQUIDAR la pensión vitalicia de jubilación a favor del
señor CAMILO ALBERTO POTES SANDOVAL (…), en el equivalente al 75% del
promedio mensual de los emolumentos devengados durante el último año de servicios,
incluyendo todos los factores salariales, valores que se reliquidaran a partir del 13 de
diciembre de 1998, pero considerando sólo una doceava (1/12) parte de cada una de las
primas: vacaciones y navidad.».
1
Samai, índice 46, archivo «RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE_1_1922024», documento CO1, página 65.
2 Folio 287 del cuaderno 2.
3 Folio 631 vto. del cuaderno 4.
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5. Como fundamento de la decisión, el tribunal expuso, en primer lugar, que la
pensión de jubilación del entonces demandante fue reconocida conforme al régimen
previsto en la Ley 33 de 1985, tal y como consta en el acto administrativo de
reconocimiento pensional que relaciona más de 20 años de servicio prestados como
servidor público, motivo por el cual, la prestación debía reliquidarse bajo los
parámetros establecidos en dicha ley.
6. En segundo lugar, consideró que la sentencia de unificación dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010 resultaba aplicable al
caso de Camilo Alberto Potes por constituir un precedente vinculante para la
jurisdicción de lo contencioso–administrativo.
7. En tercer lugar, afirmó que las reglas de unificación dispuestas en la sentencia
del 12 de septiembre de 2014 (expediente 1434-2014), dictada por el órgano de cierre
de esta jurisdicción, «al referirse sobre la aplicación de la sentencia C-258 del 2013, al
régimen establecido para la rama judicial» dispusieron, entre otros aspectos, que las
sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 29 de abril de 2015
no son aplicables a las pensiones reconocidas bajo el régimen de la Ley 33 de 1985;
estas sólo aplican a las pensiones reconocidas a favor de los congresistas
beneficiarios de la Ley 4 de 1992. Por este motivo, el tribunal decidió abstenerse de
resolver el asunto con la tesis fijada por la Corte Constitucional en la sentencia C-258
de 2013, más aún porque, a su juicio, aplicar la Ley 100 de 1993 para determinar el
ingreso base de liquidación (en adelante IBL) «vulnera el principio de inescindibilidad
de la ley».
2.2. Solicitud de revisión especial
8. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (UGPP), presentó solicitud de revisión en ejercicio de la
acción especial prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 30 de julio de 2015, para
que se revoque y en su lugar se ordene, en síntesis:
(i) que la UGPP reliquide la pensión reconocida a favor de Camilo Alberto Potes
Sandoval conforme a las reglas previstas en las sentencias de la Corte
Constitucional C-258 de 2013 y C-230 de 2015, entre otras;
(ii) que la UGPP determine el IBL de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo previsto en el artículo
21 de dicha normativa, esto es «teniendo en cuenta como factores base de
cotización los taxativamente determinados en el artículo 1° del Decreto 1158
de 1994»;
(iii) que Camilo Alberto Potes restituya las sumas pagadas en exceso por motivo
de la liquidación de la pensión de jubilación en una cuantía superior a la
debida de acuerdo con la ley, así como las mesadas pensionales pagadas
entre el 13 de diciembre de 1998 y el 30 de junio de 2000, lapso durante el
cual recibió pensión y sueldo por el empleo que ejerció en el municipio de
Santander de Quilichao.
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9. Al sustentar la solicitud de revisión, la UGPP afirmó que el reconocimiento de la
pensión se obtuvo con violación al debido proceso porque la liquidación no se ajusta
a las normas legales que regían la prestación pensional, pues «lo procedente era dar
una correcta interpretación a las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de
la ley 100 de 1993, en cuanto se refiere al Ingreso Base de Liquidación de la pensión».
10. Según el ente demandante, el desconocimiento legal referido generó la
aplicación indebida del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 porque, si bien este beneficio permite el reconocimiento de la pensión de
jubilación conforme al régimen pensional anterior, su aplicación se circunscribe a la
edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo o monto. El IBL, por su parte, debe
corresponder al promedio de lo devengado durante los 10 años de servicio anteriores
a la adquisición del derecho, con la inclusión de los factores descritos en el artículo 1
del Decreto 1158 de 1994, tal y como lo establece el inciso segundo del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
11. Adujo, además, que la providencia mediante la cual se le ordenó a la UGPP
reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor de Camilo Alberto Potes incurre
en la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, porque la determinación del IBL en la forma dispuesta en la sentencia excede la
cuantía debida de acuerdo con la ley, al fijar un periodo de liquidación menor a 10 años
y disponer la inclusión de factores adicionales a los dispuestos en el Decreto 1158 de
1994, en forma taxativa. La liquidación pensional en los términos señalados en la
sentencia objeto de revisión generó el pago de una mesada pensional equivalente a
un millón trecientos veinticinco mil seiscientos sesenta y uno pesos ($1.325.661) para
el año 2019, monto que genera una diferencia de doscientos sesenta y siete mil
doscientos cincuenta y siete pesos ($267.257) con el valor debido, el cual corresponde
a un millón cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos ($1.058.404).
2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
12. Esta corporación, mediante auto del 4 de diciembre de 2019, admitió la
demanda interpuesta por la UGPP en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 30 de julio de 2015 y ordenó la notificación de la decisión
a Camilo Alberto Potes Sandoval. Por auto de 11 de febrero de 2022, este despacho
judicial ordenó el emplazamiento del pensionado conforme a los artículos 108 del CGP
y 10 del Decreto 806 de 2020, por expresa remisión de los artículos 200 y 306 del
CPACA.
13. Mediante auto del 1 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador designó
como curador ad litem a Julieth Andrea González; abogada que aceptó el
nombramiento mediante memorial radicado el 26 de abril de 2023 4. La curadora del
pensionado y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
14. El despacho sustanciador, mediante auto del 19 de octubre de 2023, incorporó
al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; decretó pruebas
en el sentido de oficiar a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del
Circuito de Popayán para que remitiera a este proceso el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el número 19001-33-33-004-2013-00250-
4 Samai, índice 34.
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00; dispuso prescindir del periodo probatorio después de allegada la respuesta, y
reconoció personería a la curadora del pensionado5.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso
segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)6, por cuanto este
mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario
procedente contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos.
3.2. Oportunidad del recurso extraordinario de revisión
16. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo
251 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia.
17. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia secretarial
expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, que la
sentencia objeto de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 30 de
julio de 2015, cobró ejecutoria el 10 de agosto del mismo año7, y la demanda de
revisión fue radicada el 15 de octubre de 20198, motivo por el cual se entiende que el
ejercicio de la acción especial fue oportuno.
3.3. Legitimación para la causa
18. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos
activos de la acción especial son el gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el contralor general
de la república y el procurador general de la nación, quienes pueden ejercerla con el
propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La
primera, prevista en el literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los
eventos en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con
la ley.
5 Samai, índice 38.
6 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió
la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo
adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se
aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción,
regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).
7 Samai, índice 46, archivo «RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE_1_1922024», documento CO2, página 65.
8 Folio 683 del c. 4.
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19. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este
organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las
sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por
tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con
cargo a entidades públicas del orden nacional.
20. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-258 de 2013, legitimó a
diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de
revisión, cuando el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir los
presupuestos dispuestos en el régimen pensional de que trata el artículo 17 de la Ley
4ª de 1992. Asimismo, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que la
UGPP, como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo
de cinco años contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho
pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse
antes de que la UGPP asumiera las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión
Social (12 de junio de 2013), «en atención al estado de cosas inconstitucional que
afrontaba Cajanal».
21. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por
activa para ejercer la acción de revisión especial prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de
revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de
dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.
22. Camilo Alberto Potes Sandoval también se encuentra legitimado para la causa
por pasiva, dado que actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que finalizó con la providencia objeto de la acción
especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 30 de julio de
2015.
3.4. Problemas jurídicos
23. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión
especial presentada por la UGPP en contra de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 30 de julio de 2015, que confirmó la orden de reliquidación
de la pensión reconocida a favor de Camilo Alberto Potes Sandoval, la Sala se
ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en las causales previstas en los
literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta a los
siguientes problemas:
24. ¿La reliquidación pensional ordenada mediante la sentencia objeto de revisión
incurrió en la violación del debido proceso al sustentar la reliquidación de la pensión
de jubilación en una interpretación, supuestamente errónea, del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, que fija el ingreso base de liquidación de la pensión con la inclusión de
los factores de salario sobre los cuales se realizaron aportes? Si la respuesta al
interrogante es negativa, la Sala procederá al análisis del siguiente cuestionamiento:
25. ¿El IBL dispuesto en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a favor de Camilo Alberto Potes Sandoval excede lo debido de
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acuerdo con la ley, al incluir los factores salariales previstos en las Leyes 33 y 62 de
1985, aplicables al caso en virtud de la transición establecida en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993?
3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que
imponen el pago de pensiones
26. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones
judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen
sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte
Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»9.
27. Los antecedentes legislativos de la norma citada refieren que la acción especial
fue instituida para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido
pensiones irregularmente» como las providencias que reconocen «montos que no
corresponden a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de corrupción
en esta materia» y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el
pago de derechos pensionales reconocidos de manera irregular o por reliquidaciones
que exceden lo debido de acuerdo con la ley10.
28. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales
de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del
monto debido de acuerdo con la ley constituyen una garantía para la defensa de los
principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la
seguridad social en pensiones11.
29. En cuanto al procedimiento de la acción especial, el artículo 20 de la Ley 797
de 2003 dispone que es el establecido para el recurso extraordinario de revisión que
se tramita por las causales descritas en el código de procedimiento y, además, (i)
cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii)
cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
30. En lo atinente al recurso extraordinario establecido en los artículos 248 y
siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la naturaleza
restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión12 que
posibilita el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa juzgada13.
31. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza
eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la
sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa
juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del
9 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003.
10 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-
03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3
de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
13 CPACA, artículo 250.
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CPACA14, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de
las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias
ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley15, «buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción
al principio general de la cosa juzgada16».
32. Así, aun cuando la acción especial por las causales previstas en la Ley 797 de
2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario, la
jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere decir que sea
equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” le otorgan una entidad propia»17.
33. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado18 ha considerado que la
acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:
i) requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer
el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y
las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de
naturaleza pública;
ii) está regida por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario
de revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA;
iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas
periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social19;
iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los
presupuestos del reconocimiento cuando se considera concedido con
violación al debido proceso (literal a) o cuando la liquidación de la prestación
excede lo debido de acuerdo con la ley (literal b)20.
3.6. Análisis del caso concreto. Causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Violación al debido proceso.
34. El apoderado de la UGPP sustentó el ejercicio de la acción especial de revisión
14 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
15 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009.
16 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión (…)».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 18
de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021, expediente
11001-03-15-000-2019-01749-00.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y 9, sentencias
del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de noviembre de 2021,
expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 5
de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-2012-
00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de mayo de 2018,
expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre de 2021, expediente 2018-00963-
00 (acción de revisión).
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en las causales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 porque, a su juicio, la
pensión reconocida a favor de Camilo Alberto Potes Sandoval presenta «un aumento
en la mesada pensional sin fundamento constitucional y legal» y configura un exceso
de lo debido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
35. Frente a la causal de revisión especial atinente al reconocimiento obtenido con
violación al debido proceso, la Sala observa que la UGPP no expuso razones
concretas para sustentar la configuración de este supuesto en el caso del señor Camilo
Alberto Potes Sandoval, dado que no cuestionó el reconocimiento de la prestación por
el desconocimiento de las garantías que conforman este derecho fundamental. Los
argumentos están dirigidos a cuestionar la interpretación de las normas aplicadas para
la determinación del ingreso base de liquidación (IBL), pues según lo expuesto en la
demanda como «indicación y demostración de la causal», el reconocimiento fue
otorgado con «un aumento en la mesada pensional debido a una liquidación sin
fundamento constitucional y legal (…), teniendo en cuenta el promedio de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios, desconociendo la
legislación aplicable»21.
36. En lo concerniente al alcance de la causal prevista en el literal a del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, la jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica al
considerar que la violación al debido proceso en el reconocimiento de pensiones de
cualquier naturaleza o sumas periódicas de dinero con cargo a fondos públicos ocurre
cuando la providencia judicial cuestionada mediante la acción especial desconoce una
o varias de las garantías que conforman este derecho fundamental, escenario que
descarta cuestionamientos sustentados en la aplicación del derecho sustancial, «pues
su naturaleza no es de ser una tercera instancia»22 o «instancia adicional (…) para
controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez de la causa ordinaria, salvo
que en dicha labor puedan advertirse errores que enseñen de manera ostensible que
el funcionario decidió en contra de la evidencia probatoria, apartándose así de los
hechos debida y manifiestamente probados» 23.
37. En igual sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado
que el ejercicio de la acción especial de revisión, como excepción al principio de cosa
juzgada, dirigida a salvaguardar los recursos públicos comprometidos en el pago de
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, se circunscribe a situaciones
evidentes de vulneración al debido proceso; presupuesto que impone al juez lo
siguiente: (i) ponderar el defecto atribuido a la decisión judicial acusada para calificar
su trascendencia y determinar si existe «un exceso en la sentencia, evidente, grosero,
que no [sea] una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un
extemporáneo y fútil pedimento» y, (ii) «delimitar las eventuales situaciones que
puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales
idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin
soslayar responsabilidades individuales»24.
21 Folio 6 del cuaderno 1.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de septiembre de 2021, expediente 2018-01426-00
(Revisión).
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 5 de mayo de 2020, expediente 2018-04700-00 (Revisión).
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 18 de agosto de 2021, expediente con
radicación nro. 76956, reitera tesis expuesta en las sentencias Sentencia CSJ SL5119-2020 y CSJ SL2148-2017.
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38. El alcance de la causal de revisión especial, cuando el reconocimiento se
obtiene con violación al debido proceso, permite inferir que la sustentación expuesta
en el caso bajo estudio no encaja en un evento con la capacidad de configurar una
excepción al principio de cosa juzgada, pues el argumento que la edifica gira en torno
a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que el apoderado de la UGPP
considera correcta para la determinación del IBL, en el entendido de que el régimen
de transición solo concedió el beneficio de acceder a la pensión de jubilación con los
presupuestos de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de reemplazo determinados
en el régimen anterior, sin incluir el periodo ni los factores a tener en cuenta en el
cálculo de la cuantía pensional.
39. En este escenario, la respuesta al primer problema jurídico es negativa, pues el
argumento expuesto por la UGPP para sustentar la causal no encaja en un evento de
vulneración evidente del debido proceso en el reconocimiento pensional. Lo anterior,
porque la supuesta interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
expuesta como sustento de la causal revela que el ejercicio de la acción especial de
revisión estuvo encaminada a lograr una tercera instancia para cuestionar la tesis
aplicada para el cálculo del IBL, no la revisión del reconocimiento pensional.
40. Resulta oportuno precisar, además, que el argumento expuesto por la UGPP
para sustentar la violación al debido proceso se subsume en la segunda causal
alegada, consistente en el exceso de la cuantía reliquidada, al estar fundadas las dos
en la supuesta irregularidad de la orden de reliquidación pensional con la inclusión de
todos los factores devengados en el último año, circunstancia que, a juicio de la entidad
actora, le genera al pensionado «unas ventajas irrazonables relacionadas con un
incremento en su prestación»25.
3.7. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Exceso de la cuantía
pensional.
41. El apoderado de la UGPP sustentó la configuración de la causal b) en el hecho
de que la orden de reliquidación que cobró firmeza con la sentencia objeto de la acción
especial excedió lo debido conforme a la ley, al determinar el IBL como lo preveía el
régimen pensional anterior (ley 33 de 1985), aplicado por virtud de la transición
normativa establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de la que fue beneficiario
Camilo Alberto Potes Sandoval.
42. A juicio del ente accionante, la pensión de jubilación debió ser reliquidada con
el promedio de los factores salariales pagados al pensionado durante los 10 años
anteriores al cumplimiento del estatus, «con la inclusión estricta de los factores
salariales enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994»26.
43. Para resolver este cuestionamiento, la Sala procede a verificar los hechos que
se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar la conformidad o
no de la situación pensional con la orden judicial de liquidación, a partir del análisis de
la motivación de la sentencia y el alcance de la causal consistente en el exceso de la
cuantía del derecho frente a lo debido de acuerdo con la ley.
25 Folio 11 del cuaderno 1.
26 Folio 12 del cuaderno 1.
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3.7.1. Reconocimiento y liquidación pensional
44. La Resolución nro. 05117 de 6 de abril de 2000 dictada por CAJANAL 27,
incorporada al expediente, acredita el reconocimiento de la pensión de jubilación a
favor de Camilo Alberto Potes Sandoval, a partir del 13 de diciembre de 1998, fecha
en la que cumplió 55 años; en cuantía de cuatrocientos veintiún mil setenta y un pesos
con setenta y cuatro centavos ($421.071.74), calculada con el promedio de la
asignación básica que devengó durante los últimos cuatro (4) meses y veinticuatro (24)
días de servicio prestado hasta el 30 de diciembre de 1994, «conforme a lo establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
45. El acto administrativo citado refiere que el pensionado laboró más de 20 años
en el servicio público y cotizó para pensión al ISS como trabajador particular desde el
1 de abril hasta el 30 de mayo de 1995 y del 7 de marzo de 1998 al 30 de mayo del
mismo año; circunstancia que si bien sustentó la referencia a la Ley 71 de 1988 que
«permite computar tiempos del sector público y privado», no rigió el presupuesto de la
edad, porque el acto administrativo reconoció la pensión a partir de la fecha en que el
pensionado cumplió 55 años28 y el artículo 7 de la normativa citada prevé 60 años para
acceder al reconocimiento29.
46. En punto al tiempo de servicio, las certificaciones que obran en el expediente
constatan que Camilo Alberto Potes Sandoval laboró como auxiliar de contabilidad en
el hospital Niña María del Sistema de Salud del Cauca; como secretario de tesorería y
personero en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca); como inspector y
administrador del CAB en el Instituto de Seguros Sociales (ISS), seccional Cauca; y
como inspector en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales adscrito al Ministerio de
Transporte, por un periodo superior a 24 años, expresados en el acto de
reconocimiento pensional en días (8986) 30.
47. Según consta en las Resoluciones 1760 del 9 de abril de 2001, 47804 de 5 de
octubre de 2007, 34846 de 29 de julio de 2008, 06625 de 13 de febrero de 2009, PAP
031697 de 30 de diciembre de 2010, PAP 057131 de 10 de junio de 2011 expedidas
por CAJANAL, y RDP 001191 del 16 de abril de 2012 y RDP 003752 de 13 de junio de
2012 dictadas por la UGPP31, el pensionado solicitó la indexación de la primera
mesada y la reliquidación de la pensión con el promedio de lo devengado en el último
periodo laborado como profesional universitario de la Secretaría Administrativa y
Financiera del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), comprendido entre el 13
de diciembre de 1998 y el 30 de junio de 2000, tal y como aparece en la certificación
expedida por este ente territorial. Las entidades referidas negaron la solicitud, primero,
27 Folio 92 del cuaderno 1.
28 El acta de reconocimiento expedida por el notario único del municipio de Santander de Quilichao (Cauca) que
obra a folio 72 del cuaderno 1, da cuenta de que el pensionado nació el 13 de diciembre de 1943.
29 «Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte
(20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión
social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital
y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta
(60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. // El Gobierno Nacional
reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas
partes que correspondan a las entidades involucradas.».
30 Folios 73, 74 y 92 vto.
31 Folios 110, 127, 142, 153, 175 vto. y 200 del cuaderno 1, y 201, 239 y 245 del cuaderno 2.
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porque la certificación no precisó «a qué entidad efectuó los aportes»32 y, segundo,
porque la Ley 100 de 1993 únicamente ordena el reajuste de las pensiones de forma
anual con base en el índice de precios al consumidor33.
48. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia
del 21 de noviembre de 2014, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por Camilo Alberto Potes Sandoval, declaró la nulidad de las
resoluciones referidas en precedencia «por no haber incluido todos los factores
salariales devengados durante el último año de prestación del servicio» y condenó a
la UGPP a lo siguiente:
«RELIQUIDAR la pensión vitalicia de jubilación a favor del señor Camilo Alberto Potes
Sandoval (…), en el equivalente al 75% del promedio mensual de los emolumentos
devengados durante el último año de servicio, incluyendo todos los factores salariales,
valores que se reliquidarán a partir del 13 de diciembre de 1998.
PAGAR la diferencia que resulte entre las sumas reliquidadas de la pensión vitalicia de
jubilación del demandante y las sumas canceladas por el mismo concepto, aplicando
los reajustes legales y las indexaciones conforme a lo establecido en la parte motiva,
desde el 24 de mayo de 2010, en adelante»34.
49. El juzgado citado sustentó la decisión en la tesis unificada de la Sección
Segunda del Consejo de Estado fijada en la sentencia de 4 de agosto de 2010,
conforme a la cual afirmó que la normativa aplicable al caso es la Ley 33 de 1985 y
que los factores salariales establecidos en la Ley 62 de 1985 «no deben interpretarse
como una lista taxativa (…) sino que marcan una base sobre la cual se podrán incluir
otros factores salariales devengados por el trabajador».
50. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la sentencia del 30 de julio de
2015, objeto de la presente acción de revisión, decidió el recurso de apelación
interpuesto por las partes en el sentido de confirmar parcialmente la providencia del
21 de noviembre de 2014, con «una adición», consistente en reliquidar la pensión «en
cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los emolumentos devengados
durante el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales (…), pero
considerando solo una doceava parte de cada una de las primas: vacaciones y
navidad.» 35.
51. La valoración en conjunto de los medios de prueba documental incorporados al
expediente permite afirmar que la situación pensional de Carlos Alberto Potes
Sandoval fue definida por la UGPP conforme a la Ley 33 de 1985, aplicada en virtud
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 del que era beneficiario el pensionado,
por tanto, la pensión le fue reconocida a partir de la fecha en que cumplió 55 años de
edad (13 de diciembre de 1998); momento para el cual acreditó más de 24 años de
servicio en el sector público, tal y como consta en las certificaciones laborales
allegadas a este proceso.
32 Folio 152 vto. del cuaderno 1.
33 Folio 245 del cuaderno 2.
34 Folio 287 del cuaderno 2.
35 Folio 631 vto. del cuaderno 4.
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52. En punto a la determinación del IBL pensional, la sentencia cuestionada por la
UGPP dispuso que la cuantía de la mesada pensional fuera calculada con el 75 % del
promedio mensual percibido por el pensionado en el último año de servicio con la
inclusión de todos los factores salariales devengados, entre los que se encuentra la
doceava parte de las primas de navidad y de vacaciones.
53. Lo anterior, en atención a la aplicación de la Ley 33 de 1985 tanto para la edad,
el tiempo de servicio y el monto o la tasa de reemplazo, como para el periodo de
liquidación y los emolumentos a incluir en el cálculo del ingreso base de liquidación,
bajo la consideración de que, aún después de la sentencia C-258 de 2013, «se sigue
manteniendo la posición del Órgano de Cierre de nuestra jurisdicción, asumida por
este tribunal, de que el IBL para liquidar la pensión» debe incluir todo lo percibido en
el último año de servicio.
54. En este contexto, la Sala se ocupará de analizar los pronunciamientos de esta
corporación y de la Corte Constitucional sobre el alcance del régimen de transición
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que permitió la aplicación de regímenes
anteriores para proteger la expectativa legítima de las personas próximas a pensionarse
al momento del cambio legislativo.
3.7.2. Verificación de conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo
debido de acuerdo con la ley
55. El sistema general de pensiones, en virtud del régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a
pensionarse mantener las condiciones pensionales previstas en el régimen anterior,
siempre que reunieran los requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la
fecha de entrada en vigor de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios
de esta transición solo salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y
monto o tasa de reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la
expectativa de pensionarse.
56. La Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos pensionales
derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible política social que,
en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial
protección al trabajo». Así, concluyó que la regla de liquidación del IBL aplicable a los
beneficiarios de la transición es el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para pensionarse, siempre que fuera menor de diez años, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor36. En sentencias posteriores de
constitucionalidad, la Corte decidió estarse a lo resuelto en la providencia que declaró
parcialmente exequible el artículo 36 de la Ley 100 de 199337.
57. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
36 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
37 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
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de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional anterior (Ley 33 de 1985), con la precisión
de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el beneficio de
calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la norma
precedente, no con los señalados en el régimen general.
58. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 201038, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud
del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior.
59. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, por
medio de la sentencia de unificación fechada el 28 de agosto de 2018, replanteó la
tesis aplicada por las subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró
que la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los
presupuestos de edad, tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos
en el régimen anterior para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda
entender que el último elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos
en ese régimen, por no formar parte del beneficio de la transición39.
«Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993.».
60. La Sala Plena de esta corporación consideró en esta sentencia que las reglas
de unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».
61. Conforme a la tesis referida, es claro que a partir de la sentencia de unificación
dictada por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo el 28 de agosto de 2018,
mediante la cual replanteó la jurisprudencia sostenida por la Sección Segunda frente al
alcance del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
también analizado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230
de 2015, los beneficios de la transición solo cobijan los elementos de edad, tiempo y
monto o tasa de reemplazo.
62. Entonces, a partir de esta nueva tesis jurisprudencial, las pensiones reconocidas
en aplicación de regímenes pensionales anteriores se liquidan conforme a lo previsto en
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, regla que, por expresa disposición de la
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018, exp.
2012-00143-01.
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Sala Plena, es obligatoria para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa
como judicial. Las situaciones definidas con anterioridad son consideradas decisiones
razonables sustentadas en el principio de autonomía judicial y en la obligatoriedad del
precedente del órgano de cierre de la jurisdicción.
63. Bajo este marco jurisprudencial, es válido afirmar que la sentencia objeto de la
acción especial dictada el 30 de julio de 2015 no incurrió en la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque para esa fecha se encontraba
vigente la regla de interpretación jurisprudencial según la cual las pensiones reconocidas
conforme al régimen establecido en la Ley 33 de 1995 se liquidaban con lo devengado
en el último año de servicio y con la inclusión de los factores pagados en ese periodo.
64. Esta consideración desvirtúa entonces la afirmación del ente demandado que
ponía de presente un aumento ilegal de la mesada al pasar de un millón cincuenta y
ocho mil cuatrocientos cuatro pesos ($1.058.404) a un millón trecientos veinticinco mil
seiscientos sesenta y uno pesos ($1.325.661), pues el incremento obedeció a la
inclusión de la doceava parte de las primas de navidad y de vacaciones, efectivamente
devengadas por el señor Potes Sandoval, según consta en «la certificación factores
salariales» expedida por el Ministerio de Transporte el 25 de febrero de 201140.
65. En este orden, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa, por
cuanto el IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a favor de Camilo Alberto Potes Sandoval se ajustó a la
interpretación jurisprudencial del régimen establecido en la Ley 33 de 1995, según la cual
las pensiones reconocidas conforme a esta normativa se liquidaban con el promedio de
lo devengado por el empleado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos
los factores pagados en ese periodo. Por tanto, el derecho pensional reliquidado en los
términos dispuestos en la sentencia cuestionada no excede lo debido de acuerdo con la
ley.
4. Conclusión
66. Las razones expuestas permiten concluir que la sentencia objeto de revisión no
incurrió en las causales de revisión especial previstas en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, porque la reliquidación pensional se ajustó a la interpretación jurisprudencial
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, vigente para la fecha en que se dictó la
providencia (30 de julio de 2015), según la cual el ingreso base de liquidación de la
pensión reconocida bajo el régimen previsto en la Ley 33 de 1985 se liquida con el
promedio de todo lo devengado en el último año de servicio.
5. Costas
67. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece el deber del juez de pronunciarse sobre las
costas, cuya liquidación y ejecución se rigen por la norma procesal general, y fija como
excepción los eventos en que se «ventile un interés público».
68. La norma referida fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en
40 Folio 195 del c. 1.
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el siguiente sentido: «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
69. En el caso bajo estudio, no resulta procedente la condena en costas porque la
acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es un
mecanismo judicial que involucra un interés público dirigido a la defensa de los
principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la
seguridad social, según lo expuesto en los antecedentes legislativos. Además, no se
estableció que la demanda se presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión ejercida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Cauca el 30 de julio de 2015.
SEGUNDO. No condenar en costas.
Devolver el expediente ordinario al tribunal de origen, si hay lugar a ello, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del
CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través
del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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