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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00765-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00765-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En firme esta providencia, por la Secretaría de la sección, archivar el expediente dejando las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00765-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00765-00 (5730-2019)
Demandante : Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandadas : Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y Municipio
de Santa Rosa de Cabal (Risaralda)
Medio de control: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Demanda de nulidad del Acuerdo CNSC-
20181000004466 del 14 de septiembre de 2018, «[por el
cual se establecen las reglas del Concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA
DE SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA” Proceso de
selección No. 641 de 2018-Convocatoria Territorial Centro
Oriente», proferido por el presidente de la CNSC y el
Alcalde Municipal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad,
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), presentaron Alberto Uribe Varón, Jaime
Rodríguez Londoño, James Arias Vallejo, Lorena Patricia Hincapié Sepúlveda,
Alejandro Mejía López, Sandra Liliana Marín López, Carlos Andrés Valencia,
María Haydee Castrillón Cardona, Beatriz Eugenia Murillo Cardona, Wilson
Alexander Echeverri Agudelo, Ronal Mauricio Vallejo Sánchez, José María Toro
Valencia, Ana María Londoño Álvarez y Jaqueline Ríos Martínez en contra del
Acuerdo CNSC- 20181000004466 del 14 de septiembre de 2018, «[por el cual
se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE SANTA
ROSA DE CABAL-RISARALDA” Proceso de selección No. 641 de 2018-
Convocatoria Territorial Centro Oriente», proferido por el presidente de la
CNSC y el Alcalde Municipal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

2

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda.

Los ciudadanos Alberto Uribe Varón y otros, presentaron demanda de nulidad
en contra del Acuerdo CNSC- 20181000004466 del 14 de septiembre de 2018,
«[por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE
SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA” Proceso de selección No. 641 de
2018- Convocatoria Territorial Centro Oriente», expedido por el presidente de
la CNSC y el Alcalde Municipal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Los demandantes afirman que, el acto administrativo acusado vulnera los
artículos 29 y 122 de la Constitución Política y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de
2015.

El concepto de violación expuesto en la demanda se resume así:

Indican los demandantes que, el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda,
para la elaboración del Acuerdo No. 20181000004466 del 14 de septiembre de
2018, remitió un manual específico de funciones de los cargos de la entidad
que no se encontraba en firme, ni para el momento de suscripción del acto
mencionado, ni para la publicación de la oferta pública de empleo que era objeto
del proceso de selección.

Argumenta que, el municipio de Santa Rosa de Cabal – Risaralda, ha
manifestado su compromiso en cuanto a que, una vez se da apertura a la
convocatoria y hasta su culminación, la información certificada para hacer parte
de la Opec no será modificada por parte de la entidad hasta tanto se realice el
concurso y se termine el periodo de prueba de los aspirantes que sean
nombrados en uso de las respectivas listas de elegibles; situación adversa a la
actual, por cuanto se realizó modificación al manual específico de funciones y
la publicación, el 19 de octubre de 2018, fecha no anterior a la apertura de la
convocatoria y muy posterior a la OPEC.

3

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

1.3 Trámite procesal.

Por auto del 13 de mayo del 20201 se admitió la demanda, se ordenó notificar
la decisión al presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil y al alcalde
del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda o a quienes hagan sus veces,
al representante del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y se corrió traslado de la demanda.

En providencia del 29 de junio del 20222, se negó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos del Acuerdo CNSC-20181000004466 de
14 de septiembre de 2018, solicitada con la demanda.

1.4 Intervención de las partes accionadas.

1.4.1. Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).3

Contestó la demanda con oposición a sus pretensiones y formuló la excepción
de fondo que denominó inexistencia de causal de nulidad del acto
administrativo demandado.

Señaló que, los argumentos expuestos en la demanda no se enmarcan dentro
de las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 de la Ley 1437 del
2011; y que, el acto administrativo demandado, fue expedido conforme a las
funciones constitucionales y legales de la entidad.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual
fue resuelta desfavorablemente, por auto del 29 de junio del 2022, al
considerarse que, según lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 909 de 2004, a
la CNSC le corresponde elaborar las convocatorias a concurso para el
desempeño de empleos públicos de carrera, lo que supone que, debe asumir
las consecuencias y acatar la sentencia que desate de fondo la presente

1
Folio 63 del cuaderno principal
2
Folio 7 a 11 del cuaderno No. 2.
3
Contestación Samai, índice 24

4

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

demanda, así el cuestionado manual de funciones sea de competencia del
municipio de Santa Rosa de Cabal.4

1.4.2 Municipio de Santa Rosa de Cabal.5

Contestó la demanda indicando que, el acto administrativo no fue expedido por
el municipio de Santa Rosa de Cabal, por lo que, no puede “vincularse” como
demandado.

Que, para la fecha en que, el municipio ofertó públicamente los empleos a
proveer bajo concurso, se contaba con una planta de personal de tipo
estructural, en la cual se establecen formalmente los cargos para cada una de
las dependencias presentes en la organización interna de la institución.

1.5. Aplicación de sentencia anticipada.

Mediante auto del 19 de febrero de 20246 se dispuso: 1) dar aplicación a la
figura de la sentencia anticipada, por configurarse las causales contempladas
en los literales a y b del numeral 1 del artículo 182A del CPACA; 2) tener por
contestada en tiempo la demanda por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC), y el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda; 3)
tener como medios de prueba los documentos allegados por la parte actora y
la CNSC y negar el decreto de la prueba documental solicitada por la parte
actora; 4) fijó el litigio en el sentido de determinar si el Acuerdo CNSC–
20181000004466 de 14 de septiembre de 2018 desconoció los artículos 29 y
122 de la Constitución Política y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 al proferirse
sin publicarse el correspondiente manual de funciones de la entidad territorial;
5) correr traslado de las pruebas aportadas al proceso por el término de tres (3)
días y; 5) vencido el anterior, por secretaría, sin necesidad de una nueva
providencia, correr traslado por diez (10) días para que las partes presenten
sus alegatos de conclusión, por escrito y el Ministerio Público emitir concepto.

4
Folios 68 a 72 del cuaderno principal.
5
Contestación samai, índice 26.
6
Samai, índice 46

5

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

El término transcurrió entre el 03 y 17 de mayo de 2024 7. La parte actora y el
municipio de Santa Rosa de Cabal guardaron silencio. La demandada Comisión
Nacional del Servicio Civil, a través de la ventanilla virtual, el 6 de marzo de
2024 radicó alegatos de conclusión8.

En su escrito, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda, indicando que, no se cumplen con las
causales de nulidad establecidas en la ley 1437 del 2011; y que, el acto
administrativo demandado fue expedido con fundamento en la Oferta Pública
de Empleos de Carrera (OPEC) y el Decreto 129 del 25 de junio del 2018, que
corresponde al manual de funciones aportado por la entidad nominadora, el
cual goza de presunción de legalidad.

1.6. Concepto del Ministerio Público9.

El agente del Ministerio Público rindió concepto, solicitando que se nieguen las
pretensiones de la demanda, al considerar que, el acuerdo objeto de control de
nulidad se ajusta al ordenamiento jurídico superior. Conceptuó que no se
observa irregularidad alguna; teniendo en cuenta que el manual de funciones
hizo parte de la convocatoria y del acto acusado, para efectos de publicidad de
los concursantes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en
armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201910, expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, la Sección Segunda es competente para conocer en
única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional y de naturaleza laboral. La disposición acusada, fue expedida
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad del orden nacional,
conforme al artículo 130 de la Constitución Política, Ley 909 de 2004 artículo 7

7
Samai, índice 46
8
Samai, índice 50
9
Concepto, índice 51 de samai
10
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».

6

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

y Acuerdo 001 de 2004 (artículo 2). En cuanto a la naturaleza del asunto,
corresponde a un asunto laboral pues versa sobre las reglas del concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal – Risaralda, convocado en el
acto demandado.

2.2 Cuestión previa.

Antes de resolver el fondo de la controversia, se considera necesario establecer
si el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda se encuentra legitimado en
la causa por pasiva, ya que en su escrito de contestación argumentó que el
acto administrativo demandado no fue proferido por dicha entidad territorial.

El Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 25 septiembre de 201311,
explicó el alcance de la legitimación procesal así:

“La legitimación en la causa hace referencia a la posibilidad de que la persona
formule o contradiga las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o
pasivo con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. La
legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto de la litis, es
decir, se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, en ese
sentido, no constituye un presupuesto procesal, como sí lo es la legitimación para
el proceso; por el contrario, la legitimación en la causa ha sido entendida como
un presupuesto para la sentencia de fondo. En ese orden de ideas, la ausencia
de legitimación en la causa no genera la nulidad del proceso, lo que enerva es la
posibilidad de obtener una decisión sobre el asunto.

La legitimación en la causa por pasiva, en el proceso contencioso administrativo,
necesariamente debe entenderse a la luz del concepto de capacidad para ser
parte. En otros términos, la falta de legitimación por pasiva sólo puede predicarse
de las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no de los
órganos o de los representantes de éstos que acuden al proceso en nombre de
la persona jurídica de derecho público”.

De lo anterior se tiene que la legitimación en la causa hace referencia a la
posibilidad que tienen las partes de proponer o controvertir las pretensiones
planteadas en la demanda, al ser sujetos procesales con interés, por activa o
pasiva, en la relación jurídico sustancial que se ventila en el proceso. En ese
sentido, a la parte pasiva de la litis le asiste una legitimación en la causa cuando
se encuentra en una relación directa con las pretensiones de la demanda.

11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, sentencia de 25 de septiembre de 2013,
expediente 2500023260001997503301, M.P. Enrique Gil Botero.

7

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

Al descender al presente asunto se observa que el acto acusado fue expedido
por el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Alcalde
Municipal del Municipio de Santa Rosa de Cabal – Risaralda.

Que, existe conexidad entre el Acuerdo CNSC- 20181000004466 del 14 de
septiembre de 2018, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el
Decreto 129 del 25 de junio del 2018, proferido por el alcalde del municipio de
Santa Rosa de Cabal, que corresponde al manual de funciones aportado por la
entidad nominadora, ya que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.34
del Decreto 1083 de 2015, las entidades deben participar en el proceso de
planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, adicional a lo anterior,
previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener
actualizado su manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes
temáticos.

Siendo así, se debe concluir que el ente territorial se encuentra legitimado en
la causa por pasiva en el sub lite, por cuanto, la demanda se encuentra dirigida
a la posible violación al procedimiento que debe respetarse para la expedición
del acto de convocatoria a un concurso de méritos, el cual fue expedido por las
dos entidades acá demandadas, lo que nos lleva a concluir que el municipio de
Santa Rosa de Cabal, se encuentra en una relación directa con las
pretensiones de la demanda.

2.3 Problema jurídico.

Por auto del 19 de febrero de 2024, se dispuso dar aplicación a la figura de la
sentencia anticipada, y el litigio se fijó así:

“Se precisa que la controversia atañe a un asunto de puro derecho, concerniente
a la legalidad o no del Acuerdo CNSC – 20181000004466 de 14 de septiembre de
2018, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por el cual «[…] se
establecen las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente
los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE
CABAL – RISARALDA “Proceso de Selección No. 641 de 2018 – Convocatoria
Territorial Centro Oriente» (sic), al estimar la parte demandante que quebranta los
artículos 29 y 122 de la Constitución Política y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015,
por cuanto en su proceso de elaboración, se diseñó conforme a un manual
específico de funciones que no se encontraba vigente al momento de realizarse la
Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)”.

8

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

El problema jurídico que plantea el litigio, exige resolver el siguiente
interrogante: ¿El acto administrativo vulnera las disposiciones contenidas en
los artículos 29, 122 de la Constitución Política y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de
2015, por cuanto en su proceso de elaboración, se diseñó conforme a un
manual especifico de funciones que no se encontraba publicado al momento
de realizarse la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)?

Para resolverlo, se expondrá el marco legal y jurisprudencial sobre los temas
involucrados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Régimen general de carrera actual.

El artículo 125 de la Constitución Política dispone que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección popular,
libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. El sistema de nombramiento será por concurso público, el
ingreso y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades
de los aspirantes.

El artículo 130 de la Constitución contempló la existencia de una Comisión
Nacional del Servicio Civil como la autoridad encargada de la administración y
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, “responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción
hecha de las que tengan carácter especial”.

La presencia de un órgano nacional del más alto nivel, autónomo e
independiente de las ramas del poder público se explica ante la necesidad de
que la puesta en marcha de la carrera administrativa y su permanente veeduría
se encuentre revestida de las máximas garantías de imparcialidad y
transparencia, al margen del influjo de otras instancias del poder público 12.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 29 de mayo de 2020, Radicado No. 11001-
03-25-000-2018-00605-00.

9

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

En providencia del 13 de diciembre de 2019, la Corporación13 recordó que en
el sistema jurídico existen tres categorías de carrera: (i) general de carrera de
que trata el artículo 125 antedicho y contenido en la Ley 909 de 2004; (ii) los
sistemas especiales de origen constitucional sujetos a una regulación diferente
por parte del legislador y, (iii) los sistemas especiales de carrera de origen legal.

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación14 señaló, en
resumen, que en vigencia de la Constitución de 1991 se expidió la Ley 443 de
199815 para regular la carrera administrativa. Dicha ley fue derogada por la Ley
909 de 200416, actualmente vigente, con algunas modificaciones. Entre los
asuntos regulados por la Ley 909 están el empleo público y la carrera
administrativa.

En su artículo 1º, la Ley 909, con base en las normas constitucionales,
establece que hacen parte de la función pública los empleos públicos de carrera
y de libre nombramiento y remoción, los empleos de periodo fijo y los empleos
temporales.

En el artículo 5º reitera que los empleos públicos son de carrera, a la vez que
señala cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción en los
distintos órganos, organismos y entidades del Estado.

En el Título IV, la Ley 909 regula el ingreso y el ascenso al empleo público; en
su artículo 23 clasifica los nombramientos en: i) ordinarios, para los cargos de
libre nombramiento y remoción; y ii) en periodo de prueba y iii) en ascenso, para
los empleos de carrera, salvo lo que se prevea en las carreras especiales. En
el artículo 24, trata del encargo como un derecho de los empleados de carrera
para ocupar empleos inmediatamente superiores a los que desempeñan en
propiedad, si reúnen los requisitos señalados en la norma.

En el artículo 27 se definió la carrera administrativa como un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para
el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso

13
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2019-00202-00(2437).
14
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2020-00205-00 (2455).
15
“Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
16
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”.

10

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará
exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los
que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

El artículo 28 enlistó y definió los principios que deberán orientar la ejecución
de dichos procesos, entre los que se encuentran: el mérito, la libre concurrencia
e igualdad en el ingreso, la publicidad, la transparencia, la eficacia y la
eficiencia.

El artículo 15 de la Ley 443 de 1998 preveía como regla general que los
concursos de ascenso eran cerrados en la medida en que sólo podían participar
los empleados de carrera administrativa de cualquier entidad, que reúnan los
requisitos exigidos para el empleo y las demás condiciones que establezcan
los reglamentos.

Para el acceso al empleo, consideró la corporación que el mérito como criterio
rector del acceso a la función pública, es el fundamento de rango constitucional
que subyace al sistema de carrera administrativa, manifestándose a través del
concurso público como herramienta principal para seleccionar de manera
imparcial al personal más idóneo y calificado para cumplir con las funciones
estatales y de este modo salvaguardar el interés general. En efecto, el concurso
está orientado a identificar y calificar las destrezas, aptitudes, experiencia,
idoneidad física y moral, así como otras aptitudes y cualidades de los
aspirantes17.

Por su parte, para la Corte Constitucional18, la carrera administrativa es el
mecanismo preferente previsto por la Constitución para proveer los cargos de
los organismos y entidades del Estado de acuerdo con el criterio objetivo del
mérito, privilegiando la igualdad en el acceso a la función pública, así como la
eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia de esta.

La Corte Constitucional19 recordó que en la Ley 909 de 2004 se establecieron
las etapas del proceso de selección o concurso, en los siguientes términos: La
primera de ellas es la convocatoria, que debe ser suscrita por la CNSC y por el

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Radicado No. 11001-03-24-000-2015-00542-00, providencia
del 14 de mayo de 2020.
18
Sentencia C-514 de 1994.
19
Sentencia T-340-20.

11

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

jefe de la entidad u organismo cuyas necesidades de personal se pretenden
satisfacer, y que se convierte en el acto administrativo que regula todo el
concurso. La segunda, es el reclutamiento, que tiene como objetivo atraer e
inscribir a los aspirantes que cumplan con los requisitos para el desempeño del
empleo convocado. La tercera, la constituyen las pruebas, cuyo fin es identificar
la capacidad, aptitud, idoneidad y adecuación de los participantes y establecer
una clasificación de candidatos. La cuarta, es la elaboración de la lista de
elegibles, por estricto orden de mérito, la cual tendrá una vigencia de dos años
y con la cual se cubrirán las vacantes. La quinta y última etapa, es el
nombramiento en período de prueba de la persona que haya sido seleccionada
por el concurso.

Con la expedición de la Ley 1960 de 201920 se hicieron cambios a la Ley 909
de 2004, y como lo indicó el Consejo de Estado21, de la exposición de motivos
del proyecto se extracta lo siguiente:

“(…) El articulado de iniciativa gubernamental pretendió efectuar los ajustes
necesarios a la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998 para dar a las
entidades del Estado normas claras y homogéneas en cuanto al ascenso para el
bien de los empleados de carrera.

Los concursos de ascenso tienen como finalidad reconocer el desempeño de los
servidores escalafonados en la carrera y permitirles la movilidad a un cargo superior
dentro de la planta de personal.

Los concursos serán de ascenso cuando:

1. la vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, en
los niveles asesor, profesional, técnico o asistencial.

2. Existen servidores públicos escalafonados en la carrera general, que cumplan
con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a
concurso.

3. El número de los servidores escalafonados en carrera que cumplen con los
requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso
es igual o superior al número de empleos a proveer.

Cumplidos los anteriores requisitos se convoca a concurso de ascenso hasta el
30% de las vacantes a proveer. Los demás empleos se proveerán a través de
concurso abierto de ingreso.

Si en el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe un número igual de
servidores escalafonados en carrera por empleos a proveer, el concurso se
declarará desierto y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de
ingreso abierto.

(…)

20
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
21
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado No. 11001-03-06-000-2019-00202-00 (2437), 13 de
diciembre de 2019.

12

Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

Finalmente, se establece que las normas previstas se aplicarán a los servidores
que se rigen en materia de carrera por los sistemas específicos de origen legal
(…)”.

El artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 dispone:

“(…) Artículo 2. El artículo 29 de la Ley 909 de 2004 quedará así: Artículo 29. Concursos.
La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará
mediante procesos de selección abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión
Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función.

En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán
participar las personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el
desempeño de los empleos.

El concurso de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior
dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o
dentro del cuadro funcional de empleos.

El concurso será de ascenso cuando:

1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, las plantas
de personal del sector administrativo o cuadro funcional de empleos, en los niveles
asesor, profesional, técnico o asistencial.
2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los sistemas
específicos o especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y condiciones
para el desempeño de los empleos convocados a concurso.
3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector
administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el desempeño de los
empleos convocados a concurso es igual o superior al número de empleos a proveer.

Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso el treinta
(30%) de las vacantes a proveer. El setenta (70%) de las vacantes restantes se
proveerán a través de concurso abierto de ingreso.

Si en el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe un número igual de servidores
con derechos de carrera por empleo convocado, el concurso se declarará desierto y la
provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso abierto. Quienes se
hayan inscrito inicialmente para el concurso de ascenso continuarán en el concurso
abierto de ingreso sin requerir una nueva inscripción.

Parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el término máximo de
seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el
procedimiento para que las entidades y organismos reporten la Oferta Pública de
Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso regulado en el presente artículo
(…)”.

De la normativa transcrita y de sus antecedentes, dijo la Corporación en la
providencia en cita, surge entonces que las disposiciones sobre concursos de
ascenso vertidas en el texto de la Ley 1960 están dirigidas exclusivamente a: i)
las entidades que se rigen por el sistema general de carrera administrativa, ii)
a los sistemas específicos de origen legal, y iii) las carreras bajo la
administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia T-340 de 2020, analizó la
aplicación de la Ley 1960 de 2019 en el tiempo, concluyendo que dicha Ley

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Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

señaló que su vigencia sería desde su publicación, sin que el legislador
dispusiera su efecto retroactivo o ultractivo, por tanto, se gobierna bajo el modelo
de la retrospectividad, siendo aplicable a situaciones de hecho que ocurrieron
antes de su entrada en vigencia, pero que no se han consolidado como situación
jurídica.

3. Análisis de los cargos de nulidad.

La Sala debe establecer, si el Acuerdo CNSC- 20181000004466 del 14 de
septiembre de 2018 se encuentra viciado de nulidad, al haber sido proferido
con base en un manual de funciones que fue ajustado mediante el Decreto No.
129 del 25 de junio de 2018, el cuál fue publicado con fecha posterior a la
expedición del acto acá acusado.

Mediante el Acuerdo CNSC- 20181000004466 del 14 de septiembre de 2018
la Comisión Nacional del Servicio Civil estableció las reglas de concurso abierto
de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes
al sistema general de carrera administrativa de la planta de cargos de la alcaldía
de Santa Rosa de Cabal – Risaralda, proceso de selección No. 641 de 2018 –
convocatoria territorial centro oriente.

En el artículo 11 se precisaron los empleos que se convocaron en el concurso
así:

Conforme la parte motiva del acto, en conjunto, la Comisión y delegados del
municipio de Santa Rosa de Cabal, desarrollaron la etapa de planeación para
adelantar el concurso abierto de méritos, el representante legal y jefe de talento

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Número interno: 5730-2019
Demandante: Ronal Mauricio Vallejo Sánchez y otros
Demandada: CNSC y otro

humano consolidaron la oferta en el sistema SIMO y se adelantaron las etapas
de que trata el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (convocatoria, reclutamiento,
pruebas, listas de elegibles y periodo de prueba), por lo que, en sesión del 13
de septiembre de 2018 se aprobó convocar a concurso, con fundamento en lo
reportado por la entidad participante.

Frente al acto, los reparos del demandante corresponden a vicios en la etapa
de planeación de la convocatoria, al afirmar que, en su proceso de elaboración,
se diseñó conforme a un manual específico de funciones que no se encontraba
vigente al momento de realizarse la oferta pública de empleos de carrera
(OPEC).

Para la parte demandante, la falta de publicación previa del Decreto No. 129
del 25 de junio de 2018, configura una violación al debido proceso, por
desconocer el deber de actualización del manual de funciones establecido en
el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, requisito de formación del acto
de convocatoria del concurso.

Inicialmente, hay que recordar que, como lo ha sostenido la Corporación, el
medio de control de nulidad procede contra los actos de carácter general, que
hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse,
o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala debe definir si la falta de publicación del
Decreto municipal No. 129 del 25 de junio de 2018, previo a la expedición del
Acuerdo No. CNSC-20181000004466 del 14 de septiembre del 2018, se
constituye en una desatención de las formas propias del procedimiento de
formación del acto de convocatoria a concurso que conlleve a afectar la validez
del mismo, por desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 122 de la
Constitución Política y 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015.

Para definir lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 122 de la Constitución política, dispone:

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Número interno: 5730-2019
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“ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en
ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir
y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes
y rentas.

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la
aplicación de las normas del servidor público.

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos
como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona,
contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por
la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación
de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en
Colombia o en el exterior. Tampoco quien haya dado lugar, como servidores
públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por
sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

…”.

Conforme a las competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil
establecidas en el artículo 11 de la Ley 909 de 2004, le corresponde:

“(…) a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la
provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las
cuales se aplica la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de
la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que
establezcan la presente ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas
sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan
sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de
Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores,
las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad
con la información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal
anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos
en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que
regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través
de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior,
que contrate para tal fin;

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j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la
gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las
carreras y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera
administrativa.

Por su parte, el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, dispone:

“ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera
definitiva. Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades
pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico o especial de
origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán
reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta
Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.

Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el
proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La
convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y
por el jefe de la entidad pública respectiva.

Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener
actualizado su manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes
temáticos.

En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del
manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de
los recursos destinados para adelantar los concursos de méritos.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto - EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las
entidades del nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los
concursos de méritos. Igualmente, los cargos que se sometan a concurso
deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, de
acuerdo con lo establecido en el EOP”

De lo anterior se desprende que, no habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en la ley o reglamento; y que, los jefes de personal o
quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas
general de carrera y especifico o especial de origen legal vigilados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de
manera definitiva, en el aplicativo de oferta pública de empleos de carrera
(OPEC), de la Comisión, con la periodicidad y lineamientos que esta
establezca.

Que, previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener
actualizado su manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes
temáticos.

Ahora bien, en el parágrafo 2º del artículo 11 del acto administrativo acusado,
se estableció que «la OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha

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Número interno: 5730-2019
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sido suministrada por la ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL y es de
responsabilidad exclusiva de esta entidad, por lo que, en caso de presentarse
diferencias por error de digitación, de transcripción o de omisión de palabras
entre la OPEC y el Manual de Funciones y Competencias Laborales o los actos
administrativos que la determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a
lo previsto en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Así mismo las consecuencias que se deriven de
dichos errores o inexactitudes recaerán en la entidad que reportó la OPEC».

Al expediente se allegaron las siguientes pruebas:

-Reporte del Opec certificado por el Representante Legal y el jefe de Talento
Humano del municipio de Santa Rosa de Cabal-Risaralda, en el cual certifican
los empleos de carrerea en vacancia definitiva en la entidad22

-Decreto No. 129 del 25 de junio de 2018 «Por el cual se ajusta el «Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales» para los diferentes cargos
de la Planta de Empleos fijada en el artículo 8º del Decreto No. 158 del dos (2)
de Junio de 2.015, de la Administración central del Municipio de Santa Rosa de
Cabal, Risaralda”, expedido por, el Alcalde del Municipio de Santa Rosa de
Cabal, Risaralda, el cual fue publicado el 19 de octubre de 2018 el cual fue
publicado el 19 de octubre de 2018, en la página web de la entidad 23, aspecto
sobre el cual, no hay discusión entre las partes.

-Acuerdo No. CNSC-20181000004466 del 14 de septiembre del 2018 «[por el
cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DE SANTA
ROSA DE CABAL-RISARALDA” Proceso de selección No. 641 de 2018-
Convocatoria Territorial Centro Oriente», expedido por, el presidente de la
Comisión Nacional del Servicio Civil.

-Reporte de inscripción a la convocatoria 641 de 2018 de Alberto Uribe Varón,
María Haydee Castrillón Cardona, Beatriz Eugenia Murillo Cardona, Wilson
Alexander Echeverri Agudelo, Ronal Mauricio Vallejo Sánchez, José María Toro

22
Índices 24 y 25 del aplicativo Samai.
23
Indice 24 y 25 del aplicativo Samai.

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Valencia, Ana María Londoño Álvarez, Jaime Rodríguez Londoño, James Arias
Vallejo, Lorena Patricia Hincapié Sepúlveda, Alejandro Mejía López, Sandra
Liliana Marín López y Carlos Andrés Valencia24.

-Consulta de empleo OPEC de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal25, en el que
se observa que los empleos de comisario de familia, profesional universitario
de la secretaría de planeación, profesional universitario de la secretaría de
hacienda, inspector de policía 3ª a 6ª categoría, agente de tránsito, técnico
administrativo de la secretaría general, auxiliar administrativo de la secretaría
de gobierno, auxiliar administrativo de la secretaría general, auxiliar
administrativo de la secretaria de hacienda, secretario ejecutivo de la secretaría
de hacienda, secretario ejecutivo de la secretaría general, secretario ejecutivo
de la secretaria de gobierno y auxiliar de servicios generales de la secretaría
general coinciden con las funciones establecidas en el Decreto 129 del 25 de
junio de 2018.

De lo anterior, se concluye que, mediante Acuerdo No. CNSC-201800000466
del 14 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó
conjuntamente con los delegados del municipio de Santa Rosa de Cabal,
concurso abierto de mérito para proveer de manera definitiva 25 vacantes
pertenecientes a la planta de personal de dicha entidad26.

Que, el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda mediante Decreto 129 del
25 de junio de 2018, ajustó el manual especificó de funciones y competencias
laborales para los diferentes cargos de la planta de empleos fijada en el artículo
8 del Decreto No. 158 del 2 de junio de 2015, el cual, fue publicado el 19 de
octubre del 2018, y reportado el 4 de septiembre de 2018, según manifestó la
Comisión Nacional del Servicio Civil en su respuesta, para adelantar el proceso
de selección No. 641 de 2018.

Finalmente se tiene acreditado que, la oferta pública de empleo que era objeto
del proceso de selección se ajustó al manual de funciones establecido en el
Decreto 129 del 25 de junio de 2018.

24
Índice 24 del aplicativo samai.
25
Índices 24 y 25 del aplicativo samai.
26
Según se desprende del reporte OPEC y del Acuerdo No. CNSC -20181000004466 del 14 de septiembre de 2018, índice
24 del aplicativo Samai

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De acuerdo con lo anterior, es claro que para la fecha en que se profirió el
Acuerdo No. 20181000004466 del 14 de septiembre de 2018, se había
expedido el Decreto 129 del 25 de junio de 2018; sobre su fecha de publicación,
no hay discusión, pues las partes coinciden en afirmar que ésta se realizó el 19
de octubre de 2018, fecha posterior a la expedición del acto administrativo
acusado; siendo así, la Sala deberá definir, si éste defecto procedimental afecta
la validez de la convocatoria, teniendo en cuenta que sirvió de base para la
oferta de empleos adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Respecto a la publicidad de los actos administrativos, el artículo 209 de la
Constitución Política, consagra lo siguiente:

“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley”.

Por su parte, el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que,
todas las autoridades en virtud del principio de publicidad, deberán dar a
conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin
que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo
el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal
información de conformidad con lo dispuesto en el Código.

Finalmente, el artículo 65 ibidem, dispone:

“ARTÍCULO 65. Deber de publicación de los actos administrativos de
carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán
obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las
gacetas territoriales, según el caso.

Cuando se trate de actos administrativos electrónicos a que se refiere el
artículo 57 de esta Ley, se deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta
territorial conservando las garantías de autenticidad, integridad y
disponibilidad.

Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes
territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán
divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes,
la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica, o

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cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por bando, en tanto estos
medios garanticen amplia divulgación.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada
con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio
eficaz.

En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el
Gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio
masivo de comunicación eficaz.

PARÁGRAFO. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los
actos de elección distintos a los de voto popular”.

Como puede observarse, la norma establece que, los actos administrativos de
carácter general no serán obligatorios, mientras no hayan sido publicados en el
diario oficial o en las gacetas territoriales.

Ahora bien, aunque la falta de publicación de un acto administrativo
jurídicamente implica su inoponibilidad frente a terceros, dicha omisión no
afecta la validez de los actos de carácter general que dependen de estos, ya
que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha entendido
que dicha omisión puede afectar la validez del acto de carácter particular que
se expida con fundamento en él27, al respecto en providencia señaló:

“Ahora, el requisito de la publicidad solamente puede catalogarse como presupuesto
de eficacia frente al mismo acto, ya que en cuanto al acto administrativo de carácter
particular que se expida con base en él, se erige en presupuesto de validez, en la
medida que, por regla general, las decisiones administrativas deben ser puestas en
conocimiento de los asociados, como parte integrante de las diferentes actuaciones
administrativas. Por ello, la garantía del debido proceso, referida a la expedición
regular de los actos de la administración, queda satisfecha si junto a los
procedimientos legal y anteladamente previstos, se acata el importantísimo deber
de hacer públicas las decisiones de carácter general que tengan incidencia directa
en el acto particular con el que deba culminar esa actuación” 28.

Contrario a lo que sucede con los actos de contenido particular, en lo que
respecta a la afectación de la validez de los actos de carácter general, que se
expidan con posterioridad a uno de la misma naturaleza que no ha sido
publicado, la Sala Plena de esta sección, en pronunciamiento del 10 de octubre
de 201929, indicó lo siguiente:

“[…] es claro que ante la ausencia o irregularidad de la publicación de los
actos administrativos generales, no se presenta una afectación o incidencia
sobre la validez de los mismos, ni de la de los que, siendo de la misma
naturaleza general, se expidan a partir de ellos.

27
Consejo de Estado. Seccion Primera. Sent. del 18 de diciembre de 1997. Contra director de catastro, municipal de Cali.
Rad. 11001-03-24-000-2006-00037-00
28
Consejo de Estado. Sección Quinta, sentencia del 7 de marzo de 2011. Rad. 11001-03-28-000-2010-00006-00
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Sección, proceso con
radicado 11001-03-25-000-2016-00988-00(4469-16).

21

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Entonces, la ausencia de publicación, notificación o comunicación no invalida
en manera alguna el acto administrativo general, razón suficiente para
considerar que esta cuarta inconformidad o censura de la parte demandante
no prospera, al estar fundamentada en la presunta omisión en que incurrió la
SDH al no divulgar adecuadamente el Manual Específico de Funciones y
Requisitos de los empleos de su planta de personal, contenido en la
Resolución 101 de 15 de abril de 2015[…]”.

Para dar mayor claridad al asunto, se considerar importante explicar que,
existen actos administrativos de carácter general, que se refieren a labores y
organización de la entidad, cuyos destinatarios se encuentran dentro de la
respectiva administración. Sobre este tipo de actos administrativos, esta
corporación ha señalado que se tornan obligatorios al momento de su
expedición, pues los funcionarios a quienes van dirigidos los conocen antes de
su correspondiente publicación, sobre el particular la sentencia del 13 de abril
de 200530, consideró:

“Tratándose de actos generales, para que sean obligatorios se requiere su
publicación en el Diario Oficial o en la gaceta o boletín que en cada entidad se
destine para ese fin, de acuerdo con el artículo 43 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, con lo cual se da
cumplimiento al principio de publicidad.

Existen algunos actos generales que se refieren a las labores y organización de las
dependencias de la Administración y cuyos destinatarios se encuentran al interior
de la entidad que lo expide, por lo que para ellos resultan obligatorios a partir de su
expedición, toda vez que conocen el acto administrativo antes que la publicación se
realice.

En estos casos, a pesar de que los actos no hayan sido publicados, se puede exigir
su cumplimiento a la Administración, pues ella misma los expidió y no puede invocar
su desconocimiento.

[…]

Lo anterior significa que la falta de publicación de la Resolución 0626 de 2000, no
genera la incompetencia del funcionario a quien se le adscribió la función
sancionatoria, toda vez que por dirigirse a la Administración resultaba oponible a
ésta, aún sin que fuera publicitada y principalmente, porque esta facultad proviene
directamente de la ley […]”.

Para el caso de estudio es claro que el manual de funciones del municipio de
Santa Rosa de Cabal tiene la característica de ser un acto administrativo de
carácter general, que se refiere a labores y organización de la entidad territorial,
que sirvió de base para el ejercicio de las funciones administrativas para la
elaboración de la convocatoria, teniendo en cuenta que, fue conocido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil el 4 de septiembre de 2018, lo que significa
que, a pesar de la falta de su publicación, el mismo se convirtió en obligatorio
para los organizadores del concurso.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, proceso con radicado 25000-23-24-000-2001-01148-
01(14066)

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Hay que tener en cuenta que, la Sección Segunda de esta corporación31 y la
Corte Constitucional32 han coincidido en sostener que, el acuerdo de
convocatoria implica el ejercicio de funciones administrativas a cargo de
distintas entidades u órganos para alcanzar un cometido común, lo que significa
que, la entidad beneficiaria del concurso y su organizador actúan de manera
conjunta y armónica al momento de la planeación del concurso de méritos, en
cumplimiento del mandato contenido en el 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015.

Sobre el particular el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de 31
de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-16),
explicó:

“[…] para efectos de la construcción misma del proceso de convocatoria a
concurso de méritos se hace necesaria la participación activa de la entidad
beneficiaria del mismo, como expresión del principio de coordinación a que se
refiere el artículo 209 Superior. Por lo que, tratándose de la emanación del acto
administrativo que contiene dicha convocatoria, como lo ha dicho la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tanto la CNSC como la entidad
beneficiaria deben “agotar una etapa previa de planeación y coordinación
interinstitucional por la implicaciones administrativas y presupuestales que ello
comporta”, conducente a la suscripción final del acto que la incorpora, lo que como
se dijo se puede materializar mediante la emanación que profiera la mencionada
Comisión con la concurrente firma de la entidad beneficiaria para formalizar su
manifestación de voluntad. No obstante, la ausencia formal de este requisito puede
subsanarse, de tal manera que la voluntad de la entidad beneficiaria pueda ser
verificada a través de otros medios probatorios encaminados a demostrar su
participación e intervención en el iter administrativo que culminó con la
convocatoria pública, como de hecho ocurriera en el caso estudiado”

Conforme a lo anterior, se concluye entonces que, la sola omisión del requisito
de publicidad del Decreto 129 del 25 de junio de 2018, por medio del cual, se
ajustó el manual de funciones del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda,
no invalida el Acuerdo No. 20181000004466 del 14 de septiembre de 2018, por
cuanto, al haberse demostrado en el expediente que fue conocido por la entidad
territorial y la Comisión Nacional del Servicio Civil durante la etapa de
planeación del concurso, era oponible a estos, aún sin que fuera publicitado,
por ser un acto general de asignación interna de funciones.

III. DECISIÓN

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 31 de enero de 2019;
expediente número 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-16).
32
Corte Constitucional, sentencia C - 183 del 8 de mayo de 2019

23

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La Sala negará las pretensiones de nulidad en contra del Acuerdo CNSC –
20181000004466 del 14 de septiembre de 2018, por el cual «[…] se establecen
las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa
de la planta de personal de la ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL-
RISARALDA “Proceso de Selección NO. 641 de 2018-Convocatoria Territorial
Centro Oriente» expedido por el presidente de la CNSC, al no vulnerar las
normas en que debía fundarse, en razón a que, para el momento en que, se
profirió el acto cuestionado el Decreto 129 del 25 de junio del 2018 que adoptó
el manual especifico de funciones ya se había expedido y era obligatorio para
la administración.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En firme esta providencia, por la Secretaría de la sección, archivar
el expediente dejando las constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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