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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00839-00

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00839-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE infundada la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia , contra la sentencia de segunda instancia del 15 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-022-2014-01483-01, por la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , con fundamento en las razones expuestas. SEGUNDO: S in condena en costas. 37 C o n s e j o d e E s t a d o , Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000- 2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001 -03-15-000- 2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000- 2018-01884-00(REV). www.consejodeestado.gov.co 28 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Acción de revisión Radicación: 11001 03 25 000 2019 00839 00 (6099–2019) Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00839-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de revisión
Radicación: 11001 03 25 000 201 9 00839 00 (6099 –2019)
Accionante : Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia
Accionado: Andrés Enrique Cuellar Garc és

Temas: Causal de revisión del literal b ) del a rtículo 20 de
la Ley 797 de 2003. Reliquidación pensional.
Régimen de transición, factores salariales.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Conoce la Sala de Subsección la acción especial de revisión
promovida por el Fondo Pensional de la Unive rsida d Nacional
contra la sentencia del 15 de marzo de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia .

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Andrés E nrique Cuellar Garc és en ejercicio de l medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó declarar
la nulidad de la Resolución No. 3816 P.V del 25 de marzo de 20 09
expedida por el vicerrector de la Universidad Nacional d e Colombia
por la cual se le reconoció la pe nsión de vejez en la suma de
$3.870.685 a partir del 1 de abril d e 2009, fecha de retiro del
servicio.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia al
reconocimiento y pago de la pen sión de vejez teniendo en cuenta,
además de los factores reconocidos (la asignación básica, la
asignación de permiso remunerado, los gastos de representación

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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia

docente y la bonificación por servicios prestados) las primas de
navidad, de vacaciones, de servic io s y la bonificació n bienestar
universitario, devengados en el último año de servicios conforme lo
previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985 y demás normas
concordantes, aplicando la prescripción trienal dispuesta en el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

1.2. Fundamentos fácticos

El señor Andrés Enrique Cuellar Garcés nació el 24 de febrero de
1954 y prestó sus servicios por más de 20 años como docente a la
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.

Mediante Resolución No. 3816 P.V del 25 de marzo de 2009 el
Fondo de Pensio nes de la Universid ad Nacional de Colombia le
reconoció la pensión de vejez equivalente al 75% del promedio de
lo devengado durante los últimos 10 años de servicios, incluyendo
como factores salariales la asignación básica, la asig nación por
permiso remune rado, los gastos de representación docente y la
bonificación por servicios prestados.

1.3. Sentencia de primera instancia

El 26 de julio de 2016 , el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de
Medellín 1 profirió se ntencia de primera instancia, a través de la cual

1 «PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 3816 P.V del
25 de marzo de 2009 proferido por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
que reconoció la pensión de vejez al demandante ANDRES ENRIQUE
CUELLAR GARCÉS, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.063.512,
conforme con lo expresado en la parte motiva.
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA que
proceda a reliquidar y pagar la pensión de vejez reconocida al señor ANDRES
ENRIQUE CUELLAR GARCÉS, ya identificado, sobre el 75% de la totalidad de
los factores devengados dur ante el último año de servicios, siempre y cuando
los hubiera devengado en el último año de servicios esto es prima de navidad,
prima de vacaciones y prima de servicios, desde el 8 de octubre de 2011
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE
descontándose las sumas que se hubieran cancelado, incluido el valor de los
aportes en caso de que no se hubiere efectuado, debiéndose reajustar las
sumas insolutas conforme a la fórmula de actualización especificada en la
parte motiva de esta providencia, seg ún lo establecido en la Ley 33 de 1985 y
artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró
la nulidad de la Re solución No. 3816 P.V del 25 de marzo de 2009
y ordenó a l Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia a reliquid ar la pensión de ve jez del señor André s Enrique
Cuellar Garcés co n el 75% de la totalidad de los factores que
devengó en el último año de servicios, incluyendo las primas de
navidad, vacaciones y de servicios.

Lo anterior con sustento en que de acuerdo con la sentencia de
unificación del 4 d e agosto de 2010 proferida por el Consejo de
Estado y teniendo en cuenta que el demandante se encuentra en el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y es beneficiario de la
Ley 33 de 1985 le asistía el derecho a que su pensión fuera
reliquidada sobre el 75% de todos los factores sala riales que
percibió en el últim o año de servicios a los que el legisla dor les dio
ese carácter par a efectos prestaciones en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.

Al respecto, indicó que sobre esos factores de salario sobre los que
no se hubieren realizado aportes, la entidad demandada debería
calcularlos y descontarlos del retroactivo pensional que le
corresponda al demandante, pero solo en el porcentaje que debiera
asumir al trabajador por disposición legal de conformidad con la
sentencia del 15 de noviembre de 2001 expedida por la Subsección
A de la Sección Segunda en el proceso radicado 25000 -23-25-000-
1999-6086-01 (894-01).

En relación con la bonificación bienestar universita rio señaló que
no podría ser reconocida porque fue creada mediante acuerdo

TERCERO: DECLARAR la prescripción respecto de la reliquidación del pago
de las mesadas causadas con anterioridad al 8 de octubre de 2011
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la de manda.
QUINTO: ORDENAR que se dé cumplimiento a esta sentencia en los términos
de los artículos artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA.
SEXTO: CONDENAR en costas a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
de conformidad con el artículo 188 del CPACA en conc ordancia con el artículo
365 del C.G.P y el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura
las cuales serán liquidadas por Secretaría una vez se encuentre en firme la
sentencia[…]».

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expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad
Nacional de Colo mbia a pesar de n o estar facultado para ello,
puesto que es una competencia exclusiva del presidente y el
Congreso de la República.

Sobre la prescripción aseguró que «teniendo en consideración las
normas de prescripción trienal y dad o que la Resolució n No. 3816
P.V que reconoce la pensión de jubilación que fue modificada por
la Resolución No. 3836 P.V del 8 de mayo de 2009 siendo notificada
esta última el 20 de mayo de la misma anualida d, y que la fecha de
presentación de la demanda fue el 8 de octubre de 2014, se
encuentra prescrito el derecho a la reliquidación del pago de
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 8 de octubre de
2011».

Por último, de acuerdo c on lo previsto en el artículo 188 del
CPACA, 365 del CGP y el Acue rdo 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura condenó en costas a la entidad
demandada .

1.4. Recurso de apelación

Contra la decisión anterior el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia presentó recurso de apelación con
fundamento en la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015 de la
Corte Cons titucional, de acuerdo con la cual el ingreso base de
liquidación no forma parte de la tra nsición y solo se d eben incluir
aquellos factores salariales previsto s en el Decreto 1158 de 1994
sobre los cuales se hayan efectuado los aportes con destino a
pensión.

Por otra parte, manifestó su inconformidad respecto a la condena
en costas, pues consideró que no solo debe darse aplicación al
artículo 188 del CPACA sino que debió tenerse en cuenta la

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conducta subjetiva y el comportamiento de la s partes, que para el
caso fue de buena fe y con lealtad procesal.

1.5. Sentencia objeto de revisión

El 15 de marzo de 2018 el Tribunal A dministrativo de A ntioquia (i)
adicionó el numeral segundo de la sentencia del 26 de julio de 2016
en el sentido de ordena r el descuento de los aportes
correspondientes a las diferencia s resultantes de la inclusión de
los factores salariales en la liquidación de la pensión y sobre los
que no se h ubiere efectuado la deducción legal corre spondiente ,
(ii) revocó el numeral sexto y en su lugar resolvió no condenar en
costas y (iii) confirmó en todo lo demás el fallo recurrid o.

Como fundamento de la decisión, insistió en que el señor Andrés
Enrique Cuellar Ga rcés tenía derecho a la reliquidación solicitada,
por cuanto se probó en el proceso que era beneficiari o del régimen
de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
puesto que nació el 24 de febrero de 1954 de tal manera que para
la entrada en vigencia de dicha norma contaba con 40 años de
edad, en consecuencia el régimen aplicable era el contenido en la
Ley 33 de 1985 respecto del cual cumplió con los requisitos para
acceder a la prestación social requerida.

En ese sentido, destacó que, si bien la jurisprudencia sobre la
liquidación del IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen
de transición de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de
Justicia es contraria a la posición del Consejo de Estado, acogería
esta última por haber si do constante y porque resulta ba más
favorable a los t rabajadores en el entendido que tiene en cuenta la
Ley 33 de 1985 de forma íntegra en razón del principio de
inescindibilidad.

De acuerdo con lo anterior, señaló que los factores sala riales que
deberían incluirse en la liquidación son los señalados en el artículo
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1 de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3 de la Ley 33 de
1985 y el Decreto 1045 de 1978.

Ahora bien, sobre los descuentos estimó procedente ordenarlos
conforme lo hizo el juez de prime ra instancia, advirtió que estos
deberían efectuarse en pensiones y en salud, debidamente
indexados en aplicación de los principios de solidaridad,
sostenibilidad financiera del sistema y equidad, sobre todo el
tiempo.

Por otra parte, en cuanto a la impos ición de costas en la primera
instancia aseguró que, por tratarse de un asunto de puro derecho,
donde el procedimiento no exige un mayor grado de controversia y
al no comprobarse su causación decidió revocar el numeral sexto
de la sentencia recurrida que h abía condenado a le entidad
demandada a su pago.

1.6. La acción de revisión 2

El Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia ,
compareció ante esta Corporación en ejercicio de la acción de
revisión contra la sentencia de segunda instancia del 15 de marzo
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , con
las siguientes pretensiones:

«Por conf igur ar se la causal pr evist a en el lit er a l b) del ar t í culo 20
de la Ley 797 de 2003, según la cual pr ocede la r evisión de
pensiones: " cuando la cuant í a del der echo r econocido exce dier e lo
debido de acuer do con la ley, pact o o convención co lect iv a qu e le
er an legalm ent e aplicab les" , se per sigue con el ej er cicio de la
pr esent e acción que la Sección S egund a del Honor ab le Co nsej o de
Est ado dispong a:

a. se REVO Q UE y se or dene dej ar sin VALO R Y EFECTO , la
pr ovidenc ia ( sent encia) de f echa 15 de m ar zo de 20 18 not if icada por
cor r eo elect r ónico d el 5 de abr i l de 201 8 em it ida por el T RI BUNA L
ADM I NI STRATI VO D E ANTI O Q UI A, SALA TERCE RA DE O R ALI DAD,

2 Folio 1 a 22 del expediente.

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Acción de revisión
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Nacional de Colombia

M AG I STRADA PO N ENTE: M ART A CE CI LI A M ADRI D R O LDÁN
m ediant e la cual se conf ir m ó, m odif ico y adicion o la sent e ncia de
f ec ha 26 de j ulio de 2016 em it ida por el JUZG ADO VEI NTI DÓ S ( 22)
ADM I NI STRATI VO D E O RALI DAD DE M E DELLÍ N dent r o de l p r oceso
de nuli dad y r est ablecim ie nt o del der e cho 05001 - 33- 33- 02 2- 2014-
01483- 00 de AND R ÉS EN RI Q UE CU E LLAR G AR - C ÉS co nt r a la
UNI VER SI DAD N ACI O NAL DE CO LO M BIA FO NDO PENSI O NAL .

b. Com o consecuencia de lo ant er i or . se or dene al TRI BUNA L
ADM I NI STRATI VO D E ANTI O Q UI A, SALA TERCE RA DE O R ALI DAD,
M AG I STRADA PO N ENTE: M ART A CE CI LI A M ADRI D R O LDÁN
Revocar en su t ot al idad la sent enci a d e pr im er a inst ancia dict ad a
por el JUZG ADO VEI NTI DÓ S ( 22) ADM INI STRATI VO DE O R ALI DAD
DE M EDELLÍ N de f e cha 26 de j ulio de 2 016 dent r o del pr oceso de
nuli dad y r est ablecim ient o del der echo 05001 - 33- 33- 022- 2014-
01483- 00 de AN D RÉS EN RI Q UE CU ELLAR G AR CÉS c ont r a la
UNI VER SI DAD NA CI O NAL D E CO LO M BI A FO NDO PEN SI O NAL
haciendo pr on uncia m ient o y aplicac ión de la sent encia SU2 30 DEL
29 DE ABRI L DE 2 015 PRO FERI DA P O R LA SALA PLE N A DE LA
CO RTE CO NSTI T U CI O NAL y negand o las pr et ensi ones de la
dem anda incoadas p or el ( la) señor ( a) ANDRÉ S ENRI Q UE C UE LLA R
G ARCÉS .

c. Se condene y or dene a ANDRÉS ENR I Q UE CUELLAR G ARCÉS, el
pago, devoluc ión y/ o com pensación de los m ayor es valor es , sum as
de diner o que le f uer on cancela dos por concept os de pensión
( m esadas pensiona les) , r et r oact ivo y dem ás or denados en la
r esolució n por m edio de la cual se le dio cum plim ient o al f allo
pr of er ido por el TRI BUNA L ADM I NI STR ATI VO DE ANTI O Q UI A, SALA
TERC ERA DE O R ALI DAD, M AG I STR ADA PO NE NTE: M ARTA
CECI LI A M ADRI D RO LDÁN de segunda inst ancia de f echa 15 de
m ar zo de 20 18 not if icada por cor r eo elect r ónico del 5 de abr il de
2018, que m odif ico, adiciono y conf ir mo la sent encia de pr im er a
inst ancia, pr of er id a por el JUZG ADO VEI NTI DÓS ( 22)
ADM I NI STRATI VO DE O RALI DAD DE M EDELLÍ N de f echa 26 de j ulio
de 2016, dent r o de la acci ón de nul id ad y r est ablecim ien t o del
der echo incoada pr o el señor ANDRÉS E NRI Q UE CUELL AR
G ARCÉS, pr oceso r adicado baj o el N o. 05001 - 33- 33- 022 - 2014-
01483- 00 que f uer on liqui dadas con lo devengado en el últ im o año
de ser vicio y las su m as que se obt engan por los m ism os í t em s per o
con la liqu idac ión d e lo devengado en l os últ im os 10 años, desde la
f echa de r econocim ient o de la pensión, en r azón a la SU230 de 2015.

d. Q ue com o consecuencia de las a nt er ior es declar aci o nes se
condene y or dene a ANDR ÉS EN RI Q UE CUELL AR G ARCÉ S, el pago,
devoluc ión y/ o com p ensación d e los m ay or es valor es y/ o dif e r encias,
que se obt engan d e com par ar las sumas de diner o que le f uer on
cancelados por co ncept os de pens ió n ( m esadas pensi onales) ,
r et r oact ivo y dem ás, or denados en la r esoluci ón a t r avés d e la cual
se le d io cum pl i m ient o al f al lo pr of er ido por el T R I BUNAL
ADM I NI STRATI VO D E ANTI O Q UI A, SALA TERCE RA DE O R ALI DAD,

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Nacional de Colombia

M AG I STRADA PO N ENTE: M ARTA C E CI LI A M ADRI D RO LDÁN de
segunda i nst ancia de f echa 15 de m ar zo de 2018 not if ic ada por
cor r eo elect r ónico d el 5 de a br il de 201 8, que m odif ico, ad i ciono y
conf ir m o la sent encia de pr im er a inst ancia, pr of er ida por el
JUZG ADO VEI NTI D Ó S ( 22) ADM I NI STRATI VO DE O RALI DAD D E
M E- DELLÍ N de f echa 26 de j ulio de 2016, dent r o de la acción de
nuli dad y r est ablecim ient o del der echo incoada pr o el señor ANDR ÉS
ENRI Q UE CU ELLA R G ARCÉS, pr oceso r adicado baj o e l No. 05001 -
33- 33- 022- 2014- 014 83 - 00, que f uer on liquidadas con lo dev engado
en el últ im o año de ser vicio y las sumas que se obt engan por los
m ism os í t em s per o con la l iqu idac ión de l o devengado e n los últ im os
10 años, desde la f echa de r econocim i ent o de la pensión, en r azón
a la SU230 de 2015 .

e. Q ue com o consecuencia d e las a nt er ior es se or dene liq uidar l a
pensión y se le baj e el m ont o de la pensión al señor ANDRÉ S
ENRI Q UE CUE LLA R G ARCÉS al m ont o que le f uer e r econocid o
m ediant e r esolució n 3816 del 25 de m ar zo de 2009 .

f . Q ue se or dene liquidar y pagar a ex pensas del señ or ANDRÉ S
ENRI Q UE CUE LLAR G ARCÉS, y a f avor de m i r epr esent ada, las
com pensacione s po r los m ayor es valo r es pagados en r a zón al
r econocim ient o de l a pensión .

g. Condenar a A ND RÉS E NRI Q UE C UE LLAR G ARC ÉS par a que las
sum as a devolver al FO NDO PENSI O NA L sean aj ust adas conf or m e
a lo dispuest o en el inciso f in al de l ar t í culo 187 del C PAC A.

h. Or denar que la sent encia sea cum pli da en los t ér m inos de los
ar t í culos 192 y 195 del CPA CA.

i. Q ue se condene en cost as y agencias en der echo a ANDRÉ S
ENRI Q UE CU ELLA R G ARCÉS»

El Fondo Pensional de la Universidad Nacional invocó como causal
de revisión la prevista en el literal b ) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 3.

Para fundamentar sus pretensiones la entidad accionante sostuvo
que la cuantía de la pensión reconocida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en favor del señor Andrés Enrique
Cuellar Garcés e xcedió lo debido , puesto que desconoció lo
dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1158 de 1994 , que eran las normas lega lmente aplicables de

3 «b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo

con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables »

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conformidad con la interpretación dada al régimen de transición en
las sentencia s SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional y la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el
Consejo de Estado según las cuales se c onserva la edad, tiempo y
monto de las normas anteriores, pero el IBL no está suje to a la
transición.

1.7. Contestación de la acción de revisión

El señor Andrés Enrique Cuellar Garcés 4 al contestar manifestó que
la Unive rsidad Na cional carece de legitimación en la causa por
activa para interponer la presente acción, por cuanto no se
encuentra dentro de las entidades señaladas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

Por otra parte , aseguró que no se configuró ninguna causal de
revisión, por cuanto la pensión fue reconocida de acuerdo con la
posición jurisprudencial aplicable al caso en el momento que se
profirió la sentencia objeto de la acción y teniendo en cuenta que
cumplió con todos los requisitos p ara que la pensión le fuera
reconocida según lo dispuesto en el régimen anterior, la Ley 33 de
1985, acorde con el princip io de inescindibilidad y favora bilidad.

En ese orden de ideas, resaltó que se debe mantener la postura
acogida por la Sección Segun da del Consejo de Estado que en
sentencia del 24 de noviembre de 2016 reiteró que el in greso base
de liquidación será el correspondie nte al 75% de los factores
salariales devengados en el último año de servicios.

1.8. Concepto del Mini sterio Público

El Procurador Tercero delegado ante el Consejo de Estado 5 solicitó
declarar fundada la acción de revisión conforme a la jurisprudencia

4 Folios 42 a 45 y 50 a 59 del expediente.
5 Índice 19 de SAMAI.

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de la Corte Constitucional, acogida por el Consejo de Estado, de
acuerdo con la cual, el IBL no está sujeto a la transición prevista
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

II. CONSIDERACI ONES

2.1 Competencia

El recurso extra ordinario de revisión contra las sentencias
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue
establecido en el Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de
1998 y actualmente se rige por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011,
en sus artículos 248 a 255.

El artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que los recursos de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos son de conocimiento de las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado, según la materia.

Por su parte , el artículo 20 de la Le y 797 de 2003 , precisa que
«las providencias judiciales que h ayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro púb lico o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Go bi erno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación».

En tal sentido y dado el criterio de especialización laboral, la
competencia para resolver el recurso formulado es de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.

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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad
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«Ar t í culo 13. - Dist r ibución de los pr ocesos ent r e las secc iones.
Par a ef ect os de r epar t im ient o, los asun t os de que conoce l a
Sala de lo Cont enc i oso Adm inist r at ivo s e dist r ibuir án ent r e sus
secciones at endi en do un cr it er io de especial izaci ón y de
volum en de t r abaj o, así :

Sección Se gunda:

[ …]

3. El r ecur so ext r a or dinar io de r evis ión c ont r a las sent enci as de
única i nst ancia d ict adas por los t r ibuna les adm in ist r at ivos, en
asunt os r elaciona do s con la com pet encia de est a sección [ …] »

Por lo anterior, est a Subsección es competente para conocer de la
acción de revisió n formulada por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia contra la sentencia del 15 de
marzo de 2018 , proferida por el Tribunal Administ rativo de
Antioquia .

2.2. Oportunidad

La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo
señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de
revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en
cualquier tiempo», no obstante, la Corte Const itucional en la
sentencia C-835 de 2003 6, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[ …] Consecuent em ent e, la sol icit ud d e r evisión q ue est abl ece el
ar t í culo 20 acusado deber á f or m ular la el r espect ivo f uncionar io, de
acuer do con la j ur isdicció n que envuelv a al act o adm inist r at ivo,
dent r o del t ér m ino est ablecido en e l ar t í culo 187 del Códi g o
Cont encioso A dm ini st r at ivo, o dent r o del t ér m ino pr evist o en el
ar t í culo 32 de la ley 712 de 2001. Térm inos que en t odo caso
t ienen f uer za vincul ant e a par t ir de est e f allo [ . . .] ».

En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011,
comoquiera que la acción de revisión fue presentada en vigencia

6 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la
solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el
respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del térm ino establecido en el artículo 187 del Código
Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a
partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).

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de esta 7, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general,
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso fina l ibidem precisó lo siguiente:

«[ …] En los casos pr evist os en e l ar t í culo 20 de l a Ley 7 97 de
2003, el r ecur so deber á pr esent ar se dent r o de los cinco ( 5) años
sigui ent es a la ej ecut or ia de la pr ovidenc ia j udicia l o en los c asos
de que ella no se requier a, dent r o del m ism o t ér m ino contado a
par t ir del per f eccionam ient o del a cuer do t r ansaccional o
concil iat or io [ …] ».

Ahora bien, en este caso, la solicitud de revisión se presentó en
tiempo, toda vez que, la decisión judicial de segunda instan cia que
se cuestiona fue proferida el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia , se notificó el 2 de abril de 2018 8, y la
acción de revisión se radicó en la Se cretaría de la Corp oración el
31 de octubre de 2019 9.

2.3. Legitimación en la causa

Sobre el asunto, se advierte que de acuerdo con el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, la acción de revisión procede expresamente a
solicitud « del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministe rio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación».

No obstante, en sentencia SU-427 del 11 de agosto de 2016, la
Corte Constitucion al señaló que:

«7. 23. Ahor a, f r ent e a l a l egi t i maci ón para i nt erponer el recurso
de revi si ón por l a conf igur aci ón de un abuso de l de r echo,
com oquier a que la Const it ución no reguló la t it ular id ad par a
int er poner lo, debe e nt ender se que r eca e, además de l os suj et os
est abl eci dos en l a Ley 797 de 2 003, en cabeza de l as

7 El 31 de octubre de 2019, de acuerdo con el acta individual de reparto en
folio 28 del expediente.
8 CD en folio 27 del expediente.
9 Folio 28 del expediente.

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admi ni st radoras de pensi ones enc argadas del pago de l as
prest aci ones peri ódi cas reconoci das de manera i rregul ar , pues
son las pr im er as inst it uciones l lam adas dent r o del sist em a
pensiona l a velar por su buen f uncionam ie nt o f inancier o 10»
Dest acado f uer a del t ext o ».

Es decir, además de las entidades indicada s en el artículo
precitado, la Corte Constitucional reconoció la legitimación de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de
prestaciones reconocidas de manera irregular.

Bajo ese contexto , teniendo en cuenta que el Fondo Pe nsional de
la Universidad Na cional de Colombia es una administradora de
pensiones encargada del reconocimiento y pago de estas
prestaciones, la S ala de Subsección considera , a diferencia de lo
manifestado por el señor Andrés Enrique Cuellar Garcés, que sí
está legitimada en la causa por activa para promover la presente
acción de revisión, circunstancia que ha sido reconocid a por esta
corporación en asuntos similares 11.

2.4. Problema jurídico

De acuerdo con los planteamientos de la acción de revisión, le
corresponde a la Sala resolver el siguiente interrogante :

En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 15 de marzo
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia ,
incurrió en la causal de revisión prevista en el lite ral b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 al condenar al Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia , a reliquidar la pensión d el señor
Andrés Enrique Cu ellar Garcés con la inclusión de la t otalidad de
los factores sa lariales que devengó durante el último año de
servicio.

10«Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T -300 de 2014
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez)».
11 C o n s e j o
de Estado. Sala Cuarta Especial de Revisión. Providencia del 3 de
mayo de 2021. Proceso Rad. Núm.: 11001-03-15-000-2020-04801-00.

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Para resolver el anterior planteamiento, p reviamente la Sala se
referirá (i) a la acción especial de revisión y la causal prevista en
el literal b ) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y, (ii) a la
liquidación de las pensiones que están sujetas al régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con el
fin de establecer si la sentencia objeto de revisión incurrió en las
causales invocadas en la presente acción especial.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La acción especial de revisión y l a causal prevista en el
literal b) del artíc ulo 20 de la Ley 797 de 2003

La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar
una providencia judicial ya ejecuto riada, siempre y cuando se
configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el
artículo 250 del CP ACA 12 (antes artículo 188 del CCA), situación
que es posible entenderse como una de las excepciones al principio

12 A r t í c u l o
250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido profe rir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sentenc ia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentenci a que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada.

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de la cosa juzgada 13, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de
legalidad que cobij a a las sentencias, ellas no pueden subsistir por
el grave desconocimiento de los principios fundamentales del
proceso.

Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad
recurrente está con templada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y está considerada precisamente como una acción especial 14,
con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en
la causa por act iva. De esta manera, se estableció para controvertir
las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación d e
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los
casos de corrupción en esta materia 15 y para ejercerla se requiere
de un solicitante calificado 16, que a su vez puede ser un ter cero que
no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

13 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós
(22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-
2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán,
demandado: Registraduría Nacional del Est ado Civil.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014.
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Min isterio del Trabajo. Demandado: Rafael
Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se
le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, est o en tanto, es
claro que las particularidades de la “ acción especial de revisión” previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno
Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para
promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de
proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera
del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
15 C o n s e j o d e E s t a d o . S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . S e c c i ó n S e g u n d a

– Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D.
C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado:
250002325000200205275 01. Número Interno: 1273 -2006. Accionante: Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel
Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de
enero de 1984, CCA.
16Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00
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En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Púb lico, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación, soliciten a nte el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia la revisió n de aquellas providencias judiciale s donde se
reconozcan prestaciones periódicas a cargo del te soro público o de
fondos de naturaleza pública.

2.5.1.1. En cuanto a la causal del literal b) del artícul o 20 de la
Ley 797 de 2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente 18 como un
instrumento que persigue fortalecer el princip io de la moralidad
administrativa 19 y permite corregir los reconocimientos pensionales
que se han efectuado en exceso y que afectan los principios
filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones 20, en
especial, el princip io de solidaridad 21 y equilibrio financiero.

Frente a esta causal, el apoderado de l Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia estimó que fue errónea la
interpretación efectuada en la providencia judicial cu estionad a,

(0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-.
Demandado: José Efraín Mora Sánchez -. Admite acción de revisión.
17 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre
los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
18 C o n s e j o
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de
Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez . Sentencia de
1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001 -03-15-
000-2016-02022-00.
19Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo
3.º de la Ley 489 de 1998.
20U n i v e r s a l i d a d ,
integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad,
subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
21 R a t i o o razón de ser de la seguridad social.

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frente al régimen de transición de la L ey 100 de 1993 y su aplicación
al caso del señor Andrés Enrique Cuellar Garcés .

En su criterio, esto originó que se le otorgara un derecho que no le
asistía, comoquiera que, si bien su pensión debía reconocerse de
acuerdo con las Leyes 33 y 62 de 1985, la consagración del régimen
de transición, sólo conservó la edad, el tiempo de servicios o las
semanas cotizadas y el monto pensional, pero entendido este último
como la tasa de reemplazo definida en el régimen anterior, para
diferenciarla de la tasa fijada por el S istema General de Pensiones
y por ende, para el ingreso base de liq uidación de la norma anterior
debía aplicarse el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y atender
a los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994 conforme la
posición jurisprude ncial de la Corte Constitucional en se ntencia SU-
230 de 2015 y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
proferida por el Consejo de Estado.

2.5.2. El Sistema General de Seguridad Social en pe nsiones y
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 consagró la
seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, con sujeción a los princi pios de
eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo
establezca la ley.

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social
Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad,
con instituciones y recursos desti nados a garantizar la cobertura
de las prestaciones de carácter eco nómico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar
normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos
derechos irrenunciables de las personas 22, a través de la protección

22 A r t í c u l o 1 de la Ley 100 de 1993.

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de las contingencias que las puedan afectar 23, y les permitan tener
una calidad de vida acorde con la dignidad humana.

El propósito de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar los regímenes
pensionales que, antes de su promulgac ión, se encontraban
dispersos en el ordenamiento jurídico, establecie ndo reglas
comunes para todos los trabajadores del territorio nacional y sin
atención a la naturaleza de su relación laboral. No obstante, en el
artículo 36, la norma concibió un régimen de transición en favor de
las personas que cumplieran con unos requisitos a su entrada en
vigor, lo cual les p ermitiría regirse p or la legislación a plicable en
el régimen anterior al que se encontraban afiliadas, en cuanto a la
edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto
de la prestación.

«ARTÍ CU LO 36. RÉG I M EN DE TRANSI CI Ó N. La edad par a
acceder a la pensi ó n de vej ez, cont inuar á en cincuent a y cinco
( 55) años par a las muj er es y sesent a ( 60) par a los hom br es, hast a
el año 2014, f echa e n la cual la edad se i ncr em ent ar á en dos años,
es decir , s er á de 57 años par a las m uj eres y 62 par a los hombr es.

La edad par a acceder a la pensión de vej ez, el t iem po de ser vicio
o el núm er o de semanas cot izadas, y el m ont o de la pensió n de
vej ez de las per sonas que al m om ent o de ent r ar en vigencia e l
Sist em a t engan tr eint a y cinco ( 35) o m ás años de edad si son
m uj er es o cuar ent a ( 40) o m ás años de edad si son hom bres, o
quince ( 15) o m ás años de ser vicios cot izados, ser á la est ablecida
en el r égim en ant er i or al cual se encue n t r en af iliados . Las d em ás
condic ion es y r equis it os aplic ables a est as per sonas par a acceder
a la pensión de vej ez, se r egir án por las dispos icion es cont enidas
en la pr esent e Ley.
[ …] »

Bajo ese entendido, solo quienes hubieran acreditado los requisitos
de edad o de tiempo de servicios previ stos por el artículo 36 para
la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, tendrían la
posibilidad de pensionarse con arreglo a las normas que venían
aplicándose con anterioridad en cuanto a edad, tiempo de servicio s
o semanas cotizadas y monto. Sobr e este último aspecto, la

23 I b í d e m .

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jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
ha debatido si el ingreso base de liquidación forma o no parte del
régimen de transición. Las posturas frente al particular fueron las
siguientes:

a) Criterio de la Corte Cons titucional

En la sentencia C -258 de 2013, la Corte Constitucional, al referirse
al régimen de tran sición de los congresistas, fijó una re gla según
la cual el IBL no hacía parte de las normas de transición, al
respecto manifestó:

«En vist a de qu e ( i ) no per m it ir la apl icació n ult r act iva d e las
r eglas de I BL de los r egím enes pensionales vigent es ant es de la
Ley 100 f ue el pr opósit o or iginal del Leg i slador ; ( ii) por m edio del
ar t í culo 21 y del i nciso 3° de l ar t í cul o 36 de la Ley 10 0, el
Legis lador buscó uni f icar las r eglas de I B L en el r égim en de p r im a
m edia; ( iii) ese pr op ósit o de unif ic ación coinci de con los obj et ivos
per seguidos por el Act o Legislat ivo 01 de 2005, especí f icam ent e
con los de cr ear r eglas unif or m es que el im inen pr i vileg ios
inj ust if icados y per m it an diseñar m eca nism os que asegur en la
sost enibi li dad del sist em a - de ahí que la r ef or m a m encion e
expr esam ent e el ar t ículo 36 de la Ley 100 - la Sala consid er a que
en est e caso el vací o que dej ar á la decl ar ación de i nexequ i bil ida d
de la expr esión “ durant e el últ im o año” debe ser llenado acudiend o
a las r egl as gener a l es pr evist as en l as d os dispos icio nes de l a Ley
100 r ef er idas.

En consecuenc ia, en la par t e r eso lut iva de est a pr ov id encia,
adem ás de declar ar inexequi b le la expr esión “ dur ant e el últ im o
año” cont enida e n el ar t í culo 17 de la Ley 4 d e 199 2, la
exequib il idad de l r est o del pr ecept o ser á condicio nada a qu e se
ent ienda que las r eglas sobr e I BL aplic ables a t odos los
benef iciar ios de ese r égim en especia l, son las cont eni das e n los
ar t í culos 21 y 36, in ciso t er cer o, de la L ey 100 de 199 3, seg ún el
caso».

Posteriormente, en la sentencia SU -230 de 2015, definió que la
anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial y
expuso:

«Aunque la int er pr et ación de las r eg las d el I BL est ab lecid as en la
Sent encia C - 258 de 2013 se enm ar can en el anális is del r égi m en
especia l consagr ad o en el ar t í culo 17 de la Ley 4 de 1992, con
f undam ent o ( i ) en que dicho r ég im en vulner aba e l der echo a la
igua ldad al conce der pr ivileg ios a una de las clases m ás
f avor ecidas de la sociedad y ( i i ) en la medida en que el r égim en
especia l de congr esist as y m agist rados cont iene ve nt aj as
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despr opor cionad as f r ent e a los dem ás r egí m enes especiales, ello
no excluye l a i nt erpret ac i ón en abst ract o que se reali zó sobre
el art í cul o 36 de l a Ley 100 de 1993 en el sent i do de est ablecer
que el I BL no es u n aspect o de l a t ra nsi ci ón y, por t ant o, son
l as regl as cont eni das en est e l as que deben observarse para
det ermi nar el monto pensi onal con i ndependenci a del régi men
especi al al que se pert enezca ». ( Negr il la por f uer a de t exto) .

A partir de dichas decisiones, la Co rte Constitucional ha emitido
varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su
criterio, entre ella s, las sentencias SU -427 de 2016, SU-631 de
2017, SU-210 de 2017 y SU -395 de 2017.

En esta última provide ncia, esto es, la SU -395 de 2017 24, la Cort e
conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias
que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en
los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 25
y 929 de 1976 26, y consideró que la regla general de liquidación
pensional, en los t érminos de los artí culos 21 o 36 de la Ley 100
de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían
rigiéndose por normas especiales, según lo había analizado la
sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición consiste en
la aplicación ult ractiva de los regímenes a los que se encontraba
afiliado el se rvidor, solo en lo relacionado con los requisitos de
edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero
excluyendo el ingreso base de liquidación.

b) Cri terio del Consejo de Estado

El Consejo de Esta do, en la sentencia de unificación pro ferida por
la Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 27, adoptó una tesis
según la cual el IBL sí forma parte del régimen de transición,
estableciendo lo siguiente:

24 R e i t e r a d o en la sentencia SU-023 de 2018.
25 « P o r
el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y
de sus familiares»
26 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los
funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus
familiares.»
27Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010,
radicación: 250002325000200607509 01.

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«Régim en de t r ansic ión.

La Ley 100 de 1993 cr e ó el sist em a de segur idad socia l int egr al,
con el obj et ivo de am par ar a la població n en las cont ingenci as de
vej ez, invalidez y m uer t e, a t r avés del r econocim ient o de
pensiones y ot r as pr est aciones, para los af iliados y sus
benef iciar ios, encam inadas a pr o t eger sus derecho s
f undam ent ales y a c r ear m ecanism os de car áct er económ ico que
cont r ar r est ar an las cir cunst ancias de desam par o, pér dida de
capacidad labor al o vulner ab il idad a las que se veí an som et idos.
No obst ant e lo ant erior , la r ef er ida ley en su art í culo 36 pr ecept úa
lo sigu ient e:

ARTÍ CULO 36. RÉG I M EN DE TRAN SI CI Ó N. La edad par a acceder
a la pensión de vej ez, cont inuar á en cincuent a y cinco ( 55) años
par a las m uj er es y sesent a ( 60) par a los hom br es, hast a el añ o
2014, f echa en l a c ual l a edad s e incr e m ent ar á en dos año s, es
decir , ser á de 57 años par a las m uj er es y 62 par a los hom bres.
La edad par a acceder a la pensión de vej ez, el t iem po de ser vici o
o el núm er o de semanas cot izadas, y el m ont o de la pensión de
vej ez de las per sonas que al m om ent o de ent r ar en vigencia el
Sist em a t engan t r eint a y cinco ( 35) o m ás años de edad si son
m uj er es o cuar ent a ( 40 ) o m ás años de edad si son hom br es, o
quince ( 15) o m ás años de ser vicios cot izados, ser á la e st ablecida
en el r égim en ant er i or al cual se e ncuen t r en af iliados. Las d em ás
condic iones y r equis it os apl icabl es a est as per sonas par a ac ceder
a la pensión de vej ez, se r egir án por las dispos icion es cont enida s
en la pr esent e Ley.
[ …]

Se obser va, ent onces, que la Ley 100 de 1993 cr eó un r égimen de
t r ansición, que ha sido ent endido com o un benef icio consag r ado
en f avor de las personas que cum plan det er m inados r equisit os,
par a que al ent r ar en vigencia l a nueva ley, en lo que at añe a la
edad, t iem po de ser vicio o núm er o de se m anas cot izadas y m ont o
de la p ensió n, se si gan r igi endo p or lo est ablecid o en e l r é gim en
ant er ior al cual se e ncont r aban af ili ados .

Teniend o en cuent a las pr uebas alle gadas al expedie nt e, se
acr edit ó que al 1 de abr il de 1994 el act or t ení a m ás de 40 años
de edad, por lo cual se encuent r a dentr o de las pr evisiones del
r égim en de t r ansició n de la Ley 100 de 1993.
En conclus ión, la nor m at ividad apl icab le en est e caso par a efect os
de det er m inar los r equisit os de edad, t iem po de ser vic i os y,
especia lm ent e, cuant í a de la pensión de j ubilac ión, son las
Leyes 33 y 62 de 1985.
[ …]

En ar as de gar ant iza r los pr inci pios d e ig ualdad m at er ia l, pr i m ací a
de la r ealidad sobr e las f or m alidades y f avor abil idad en m at er ia
labor al, la Sala, pr evios debat es sur t idos con apoyo en
ant ecedent es hist ór i cos, nor m at ivos y j ur ispr udencia les, a t ravés
de la pr esent e sent encia de unif icac ión a r r iba a la conclusión que
la Ley 33 de 198 5 no ind ica en f or m a t axat iva los f a ct or es
salar ia les que conf or m an la base de liquidac ión pensi onal , sino
que los m ism os est án sim plem ent e en u nciados y no im p id en la

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inclus ión de ot r os concept os devengados por el t r abaj ador durant e
el últ im o año de pr e st ación de ser vicios .
Est a decisión encue nt r a consonancia con la sent encia de 9 de j ulio
de 2009, pr of er ida por la Sección Seg un da de est a Cor por ación».

No obstante, mediante la sentencia de unificación CE -SUJ-SIII,
de 28 de agosto de 2018 28, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia re specto de
los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición
al IBL, señaló que la interpretación que debe dársele al inciso 3º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la que el legislador previó
en esa disposición jurídica, es decir, que las personas beneficiarias
del régimen de transición pueden adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o sem anas de cotización y la tasa
de reemplazo del régimen anterior; mientras que los restantes
requisitos y condiciones, como el IBL, deben regirse por lo previsto
en el inciso 3º del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993 29.

3. Análisis sustancial

La Sala advierte que la procedencia de esta acción de revisión es
excepcional, pues afecta el principio de inmutabilidad de las
sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, por razones
exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que revisten tal gravedad que el legislador
autoriza a romper el princip io de la cosa juzgada -res iudicata pro
veritate habetur - y cambiar los resultados de la decisión, en orden
a evitar que prevalezca una situación de injusticia como la que se
genera cuando la cu antía del derecho reconocido excede lo deb ido
de acuerdo con la ley que era legalmente aplicable.

28 C o n s e j o
de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia
de 28 de agosto de 2018, Radicado 2012 -00143, C.P.: César Palomino Cortés.
29 L a s r e g l a s j u r i s p r u d e n c i a l e s q u e s e f i j a r o n e n l a s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n
del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes d e solución,
tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones
ordinarias. En otras palabras, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.

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El Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colom bia solicita
infirmar la sentencia del 15 de marzo de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar que dicha
decisión se encuentra incursa en la causal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, toda vez que se ordenó la reliquidación de la
pensión teniendo en cuenta el régimen anterior a la Ley 100 de
1993 dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, desconociéndose las
normas aplicables – la Ley 100 de 1993 -, la jurisprudencia de la
Corte Constitucion al y la sentencia d e unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2018 , según la cual el IBL no es un
aspecto que está sometido a la transición, de tal manera que dich a
determinación del juez conllevó a que el derecho reconocido
excediere lo dispuesto en la ley.

3.1. De la causal contenida en el li teral b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

En relación con la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la L ey 797 de 2003 esta Sala encuentra que no se
configura en el presente caso, toda vez que la reliquida ción de la
pensión ordenada en la sentencia objeto de revisión tuvo en cuenta
el mecanismo de cálculo de la cuan tía pensional, previsto en el
sistema pensional anterior, en virtud del régimen de transición del
que era beneficiario el señor Andrés Enrique Cuellar Ga rcés , bajo
los parámetros fija dos por la jurisprudencia unificada de la Sección
Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se
definió el proceso judicial , esto es, la sentencia de unificación del
4 de agosto de 2010 que así lo previó .

Se observa que la sentencia del 15 de marzo de 2018 , objeto de
la acción de revisión, ordenó la reliquidación de la pensión que le
fue reconocida al señor Andrés Enrique Cuellar Garcés te niendo en
cuenta el 75% del promedio del salario que devengó en el último
año de servicio sobre todos los factores salar ia les.

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Reitera la Sala que para el momento en el que se produjo la
decisión, la posició n adoptada por el Consejo de Estado en relación
con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 d e 1993, era la
contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 30,
según la cual aquel también se rige por las normas anteriores a
dicha ley y debe incluir todas las sumas que habitual y
periódicamente el servidor recibe como contraprestaci ón de sus
servicios.

En ese orden, se observa que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, concluyó que el demandante era
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por
lo que resolvió el debate jurídico dando aplicación a la posición
unificada de esta Corporación, lo que llevó a confirmar la sentencia
apelada que ordenó la reliquidación de la pensión.

De lo anterior se evidencia que el Tribunal dio aplicación al criterio
imperante para la época, fijado en la sentencia del 4 de agosto de
2010 según la cual el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición es el dispuesto en la norma anterior, que para el caso es
la Ley 33 de 1985.

En suma, en el presente asunto se demostró que el señor Andrés
Enrique Cu ellar G arcés era beneficiari o del régimen de transición
de que trata el artí culo 36 de la Ley 1 00 de 1993, pues este aspecto
no fue objeto de discusión ya que ( i) na ció el 24 de febrero de 1954 31
(ii) prestó sus servicios a la Universidad Nacional de Colombia
desde el 15 de mayo de 19 79 hasta el 31 de marzo de 2009, es
decir, más de 20 años de servicio como docente 32 y (iii) p ercibió en

30Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010,
radicación: 250002325000200607509 01.
31Según se en la cedula de ciudadanía visible en el CD a folio 27 del
expediente.
32Según el certificado de ingreso base de cotización expedido por la
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín en folio 27 del expediente.

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el último año de servicios las primas de navidad, vacaciones y de
servicios además de los factores sala riales que se incluyeron en el
reconocimiento pe nsional, la asignación básica, la asignación de
permiso remunerado, los gastos de representación docente y la
bonificación por servicios prestado s 33.

La pensión fue reliquidada con base en lo devengado en el último
año de servicios, con una tasa de reemplazo del 75%, en
cumplimiento de lo previsto en la L ey 33 de 1985 y los factores
salariales que se ordenaron incluir f ueron los devengados en el
aludido interregno, lo cual se acompasa con lo sostenido en la
sentencia del 4 de agosto de 2010 y con var ios pronunciamientos
que, para ese momento, había emitido el Consejo de Estado, según
los cuales el IBL forma parte del régimen de transición.

En ese orden de ideas, el argumento sobre el desconocimiento del
precedente alegado por la entidad accionante respecto al criterio
jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la liquidación de
las pensiones bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
no está llamado a prosperar, porque precisamente el Tribunal
Administrativo de Antioquia al analizar el caso puesto en su
conocimiento, ajustó su resolución a la sentencia del 4 de agosto
de 2010 del Consejo de Estado vigente para la época en que se
profirió la decisión judicial objeto de revisión.

Lo anterior, en concordancia con la decisión de su sup erior
funcional y con el propósito de garantizar con ello el principio de
seguridad jurídica y el derecho a la igualdad.

Cabe agregar que en la sentencia C – 816 de 2011 se estableció
que «la jurispru dencia de los órganos judiciales de cierre
jurisdiccional, en cuanto autoridades constitucionales de
unificación jurispru dencial, vincula a los tribunales y jueces -y a sí
mismas-, con base en los fundamentos constitucionales invocados

33 C D . en folio 27 del expediente.

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de igualdad, buena fe, seguridad jurídica, a part ir de una
interpretación sistemática de principios y preceptos
constitucionales» 34.

A lo anterior se debe adicionar que, tal como se mencionó
previamente, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 35, se determinó que las providencias que realizaron
interpretaciones sobre el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas bajo el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se deben respetar.

Por lo tanto, la Sala estima que en la sentencia objeto de revisión,
proferida el 15 de marzo de 2018 se acogió a la posición
jurisprudencial ent onces vigente, que había sido definida en la
sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010.

En esas condiciones, no se encuentra d emostrada la causal de
revisión del artícu lo 20, litera l b) d e la Ley 797 de 2003. Esta
posición permite salvaguardar institu ciones superiores tales como
la seguridad jurídica.

4. Conclusión

En criterio de la Sala, la posición adoptada por el Tribunal guardó
consonancia con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre
de lo contencioso -administrativo para la fecha, razón por la cual
debe mantenerse, por ser una situación consolidada que goza de
los efectos de cosa juzgada.

En ese sentido, la Sala advierte que el respeto hacia las decisiones
proferidas con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes
para su época constituye la salvaguarda de instituciones de
raigambre constituciona l como lo son la seguridad jurídica y la
confianza legítima 36.

34Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011,
magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
35 N o t i f i c a d a el 12 de septiembre de 2018, de acuerdo a lo visto en SAMAI
36 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios
jurisprudenciales vigentes para la época en la que fueron dictadas las
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Así las cosas, en el sub lite la entidad accionante no logró
demostrar la vulneración de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993 y el Decreto 1158 de 1994, en razón a que la interpretación
del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre tales contenidos
normativos, plasmada en la sentencia objeto del recurso, se alineó
con el criterio jurisprudencial de esta Corporación, vige nte para la
época de la expedición del fallo.

Por último, es pertinente advertir que, aunque en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, la Corporación acogió la tesis
sostenida por la Corte Constitucional según la cual e l IB L no forma
parte de la transición, y definió cómo se deben liqui dar las
pensiones del régimen de transición, también es cierto, que en esa
sentencia se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado
tendría respecto de las situaciones consolidadas. En aquella
providencia se indicó que no se afectarían las situa ciones
favorables definidas mediante sentencia judicial con efectos de
cosa juzgada, por lo que se deberían conservar los
reconocimientos pensionales realiza dos con aplicación de la tesis
anterior contenida en la sentencia de 4 de agosto de 2010 y en los
casos en donde ya existía cosa juzgada, tal y como ocurrió en el
presente asunto.

De esta manera, comoquiera que no se configura la causal del
literal b ) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, habrá de declararse
infundada la acción extraordinaria de revis ión interpuesta por la
entidad recurrente.

sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala
Seis Especial de Decisión, sente ncia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete
Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001 -
03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidació n;
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019,
radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
Sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación. 11001-03-25-000-2018-00479-
00, demandante UGPP, Sección Segunda Su bsección A.

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5. Costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un
interés público». Esta Corporación 37 ha considerado que el ejercicio
del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del
Tesoro y un mecanismo de def ensa de los princip ios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralid ad, unidad y participación que
rigen el servicio p úblico esencial de seguridad social, además de
una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República d e Colombia y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE infundada la acción de revisión
interpuesta por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia , contra la sentencia de segunda instancia del 15 de
marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
05001-33-33-022-2014-01483-01, por la causal del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , con fundamento en las razones
expuestas.

SEGUNDO: S in condena en costas.

37 C o n s e j o d e E s t a d o ,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales
de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-
2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001 -03-15-000-
2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000-
2018-01884-00(REV).

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TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente
previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el cuatro (4 ) de agosto de dos mil veintidós
(2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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