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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00840-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00840-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de acto administrativo no susceptible de control judicial, por las razones explicadas en la parte considerativa. SEGUNDO. Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría de la Sección, ARCHIVAR el expediente dejando las constancias del caso. 22 Número interno: 6102-2019 Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00840-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00840-00 (6102-2019)
Demandante : Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y Sindicato
Nacional de Servidores Públicos y del Sector
Minero Energético (Sintraminerales)
Demandada : Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Medio de control : Simple nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Nulidad de la Resolución 203 de 20 de mayo de
2019 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(«[…] Política del Estudio de Confiabilidad de
ingreso […]»)
Decisión : Declara excepción acto no susceptible de
control

La Sala decide la demanda que, en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), presentó el ciudadano Carlos Ernesto Castañeda
Ravelo en nombre propio y en representación del Sindicato Nacional de
Servidores Públicos y del Sector Minero Energético (Sintraminerales), el 31 de
octubre de 2019, a través de la cual se solicita que se declare la nulidad total
de la Resolución 203 del 20 de mayo de 2019, expedida por el presidente de
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), “Por la cual se establece la Política
del estudio de Confiabilidad de Ingreso en la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH”.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1
Folios 3 a 33 del cuaderno principal.

2
Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Los accionantes formularon demanda de nulidad en contra de la totalidad de
la Resolución 203 del 20 de mayo de 2019, expedida por el presidente de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, que dispone2:

“RESOLUCIÓN No. 203 de 2019

«Por la cual se establece la Política del estudio de Confiabilidad de Ingreso en
la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH»

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS- ANH

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas por el Decreto 714
del 2012, el Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar en la Agencia Nacional de Hidrocarburos la
implementación de un Estudio de Confiabilidad de Ingreso: Los estudios de
credibilidad y confiabilidad, los cuales son de obligatorio acatamiento y
comprenden un conjunto de actividades, exámenes y/o evaluaciones, orientadas
a asegurar los más altos estándares en materia de seguridad y reserva de la
información, mediante la aplicación de exámenes técnicos o evaluaciones
periódicas que verifiquen la idoneidad, credibilidad y confiabilidad de los
servidores públicos y/o contratistas que por razón de sus funciones y actividades
tengan que conocer información con nivel de clasificación y confidencialidad.

En este sentido, los estudios de credibilidad y confiabilidad podrán componerse,
entre otros similares, de los siguientes exámenes técnicos que evalúen los
siguientes aspectos:

a) Individual: Verificación administrativa de información y datos, referencias,
anotaciones, antecedentes judiciales, antecedentes disciplinarios, antecedentes
médicos, prueba y evaluación psicotécnica, entrevistas, competencias, prueba
informatizada de integridad y veracidad, examen psicofisiológico de polígrafo.

b) Familiar: Visita domiciliaria y de vecindario.

2
No se transcriben las consideraciones del acto en razón a que no son objeto de control.

3
Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

c) Social: Estudio socioeconómico, referencias personales, profesionales,
laborales, comerciales y financieras.

Parágrafo: El examen psicofisiológico de polígrafo, será aplicable según lo
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, solo para los
empleos de libre nombramiento y remoción y contratos de prestación de servicios
que deban ser suscritos por la entidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Grupo Interno de Talento Humano perteneciente a la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera, tendrá a su cargo la implementación
del Estudio de Confiabilidad de Ingreso a todos los servidores públicos de la
entidad, dando fiel cumplimiento al principio de consentimiento, reserva y en
consonancia con las normas de Habeas Data y demás que rijan la materia.

ARTÍCULO TERCERO. Todas las personas naturales que aspiren a vincularse
laboral y contractualmente en la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH-
deberán someterse al Estudio de Confiabilidad de Ingreso, el cual será
considerado como requisito para su vinculación.

Parágrafo Primero. Las personas que ingresen a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos-ANH-como resultado de las convocatorias que se efectúen con la
Comisión Nacional del Servicio Civil se ajustarán a los criterios establecidos por
esta en cada una de sus etapas.

Parágrafo Segundo. La Oficina Asesora Jurídica reportará a la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera la relación de personas que aspiren a vincularse con
la Agencia a través de Contrato de Prestación de Servicios con el fin de realizar
el Estudio de Confiabilidad de Ingreso.

ARTÍCULO CUARTO. El Grupo de Talento Humano perteneciente a la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera, elaborará una evaluación de
vulneración de cargos o roles, de acuerdo con la posibilidad de ocurrencia de
conductas por el abuso en el ejercicio de las funciones como servidor público,
siendo los rangos alto, medio y bajo.

ARTÍCULO QUINTO. Los servidores que quieran participar a convocatorias
internas, encargos, comisión en encargo de libre nombramiento y remoción o
comisiones de estudio en el exterior, se les verificará la vigencia del Estudio de
Confiabilidad de Ingreso o se les adelantará el mismo, de acuerdo a las
necesidades de la Agencia o lo establecido en la evaluación de vulnerabilidad de
cargos y este será considerado como uno de los requisitos para su aceptación.

ARTÍCULO SEXTO. Los Vicepresidentes, Gerentes y Jefes de Oficina de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos podrán solicitar ante el Presidente de la

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Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Agencia Nacional de Hidrocarburos la realización del Estudio de confiabilidad de
Ingreso cualquier servidor de la Agencia, siempre y cuando sustente su petición
mediante el formato de la novedad presentada.

Parágrafo. El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, podrá en
cualquier momento solicitar la realización del Estudio de Confiabilidad de Ingreso
a cualquier servidor público de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

Dada en Bogotá, D.C. a los 20 MAY 2019

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
Presidente”

1.2. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora indicó como disposiciones constitucionales transgredidas por
el acto acusado los artículos: 1°, 2°, 3°, 4°, 29 inciso 1°, 40 numeral 2°, 83, 125
inciso 3°, 152 literal d, y 209 de la Constitución Política.

Como disposiciones legales y reglamentarias infringidas identificó: los artículos
14 literal g) y 53 numeral 3° de la Ley 909 de 2004; el artículo 3°, incisos 6° y
7°, los artículos 6°, 7° y 8°, inciso 8°, de la Ley 962 de 2005; los artículos 3°,
numeral 6°, 8°, numeral 8°, y 65 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 3° y 23
de la Ley 1621 de 2013; los artículos 1°, 2°, y 5° numeral 5.2 del Decreto Ley
770 de 2005; los artículos 1°, 20, incisos 2° y 3° del literal c) y sus parágrafos
1° y 2° del Decreto 857 de 2014 y el artículo 8° en concordancia con el artículo
1° del Decreto 1785 de 2014.

En cuanto al concepto de violación de las disposiciones que indicó como
violadas, expuso vicios de trámite relacionados con la omisión de publicación
previa del proyecto de resolución y la falta de publicación del acto definitivo, y
vicios de fondo, concernientes a la ausencia y extralimitación de funciones por
parte del funcionario que expidió el acto, al establecer nuevos requisitos para
desempeñar empleos públicos, participar en convocatorias, para encargos y
comisiones. Por infracción a las normas constitucionales formuló diez cargos,

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Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

a saber: por violación al carácter democrático y participativo constitucional, a
la dignidad humana, al principio de participación constitucional, al principio de
soberanía, al principio de supremacía constitucional, al principio del debido
proceso administrativo, por violación de los mecanismos de participación, por
violación al principio de buena fe, por violación al principio de mérito, por
violación a los principios de la función administrativa.

Explicó que el acto censurado es contrario a los principios constitucionales
establecidos en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política y al postulado
de supremacía constitucional dispuesto en el artículo 4° de la carta política,
por las siguientes razones; i) la norma transgredió el principio de participación
constitucional (artículo 2° Ibid.) y el principio de soberanía (artículo 3° Ibid.) por
cuanto el proyecto del acto acusado no se consultó a la ciudadanía, ni recibió
y acogió observaciones por parte de esta, ii) contraviene el debido proceso
administrativo (artículo 29 ibid.) porque el acto se expidió por fuera del
procedimiento establecido para su expedición , iii) transgrede el principio de
mérito (artículo 125 ibid.) porque la norma acusada fijó algunos parámetros
para acceder al empleo público sin que la ANH tuviera competencia para
hacerlo, y iv) violó los principios de moralidad y publicidad de la función
administrativa (artículo 209 ibid.) porque el acto acusado no fue debidamente
publicado en el Diario Oficial.

Aunado a lo anterior, formuló 12 cargos por infracción de normas de orden
legal, por falta de competencia, violación a los derechos de las personas frente
a la administración pública, al deber de emplear mecanismos tecnológicos, al
deber de publicidad electrónica, a los principios para el desarrollo de la labor
administrativa, al deber de publicar antes de su expedición los proyectos de
regulación normativa (actos administrativos), a la norma legal de los requisitos
para empleos en las entidades del orden nacional, a la norma reglamentaria y
falta absoluta de competencia, al ordenamiento legal y desviación de las
atribuciones propias de quien profirió el acto demandado.

Con respecto a estos cargos de violación por infracción de normas legales,
expuso que, el presidente de la ANH omitió el deber de publicar el proyecto de
acto administrativo en el que tuvo origen la resolución demandada, como lo
exige el artículo 8° de la Ley 962 de 2005 y los artículos 3° numeral 6°, y 8°
numeral 8° de la Ley 1437 de 2011. Puesto que la autoridad no tiene habilitado

6
Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

en su página web un portal para que los ciudadanos puedan consultar los
proyectos de normas que se expedirán, según su agenda regulatoria, situación
contraria a las disposiciones de los artículos 3, 6, 7 y 8 de la Ley 962 de 2005
en concordancia con los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011.

Con tal omisión, se cercenó la posibilidad de que los ciudadanos presentaran
observaciones sobre el proyecto normativo, y que tales observaciones se
acogieran en el texto definitivo de la norma que se demanda, en consecuencia,
se desconoció el derecho de audiencia en el trámite de dicho acto. Además,
la entidad omitió publicar el acto censurado en el Diario Oficial, según lo
requerido por el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 para los actos
administrativos de carácter general y abstracto, lo cual vicia de nulidad el acto
y lo hace inaplicable e inoponible ante terceros.

Además, el presidente de la ANH se extralimitó en el ejercicio de la facultad
para crear reglas que le otorga el numeral 7° del artículo 10° del Decreto 4137
de 2011, cuando prescribió en los artículos 3° y 5° del acto censurado, que
sería requisito para las personas que estén en proceso de vincularse a la
entidad como servidores públicos, trabajadores oficiales o contratistas, que se
les verificara la vigencia del estudio de confiabilidad de ingreso o se les
adelante el mismo.

Por disposición del artículo 14 de la Ley 909 de 2004. en concordancia con los
artículos 1° y 5.2 del Decreto Ley 760 de 2005, corresponde al Departamento
Administrativo de la Función Pública de acuerdo con el Presidente de la
República reglamentar lo referente a las políticas de gestión del personal al
servicio del estado, puntualmente las orientadas a establecer el sistema de
funciones y requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes
nacional, por lo que el Presidente de la ANH subrogó las competencias
establecidas en las normas mencionadas, al incluir la prueba de confiabilidad
como requisito para acceder a los cargos públicos de la referida entidad.

Agregó que el acto acusado contraviene las disposiciones de los artículos 1°
y 8° del Decreto 1785 de 2014 “Por el cual se establecen las funciones y los requisitos
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y
entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”, toda vez que el artículo 3°

del acto acusado estableció un requisito adicional no contemplado en el

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Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

artículo 8° del Decreto 1785 de 2014, para poder vincularse laboralmente con
la ANH.

Adicionalmente, el presidente de la ANH se extralimitó en sus funciones, al
incluir en la norma demandada salvo por los dos parágrafos, el texto del
artículo 20 del Decreto Reglamentario 857 de 2014, el cual reglamentó la Ley
Estatutaria 1621 del 17 de abril de 20133, toda vez que dicho artículo solo es
susceptible de ser aplicado por las entidades que tienen el carácter de
organismos de inteligencia o contra inteligencia de acuerdo con el referido
estatuto.

En la resolución demandada se dispuso que, durante el proceso de selección
para proveer los distintos cargos de la entidad, se hará una visita domiciliaria
y de vecindario, así como un estudio socioeconómico, y verificación de
referencias comerciales y financieras lo cual bajo su criterio contraviene el
núcleo esencial de derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad,
al trato igualitario y la no discriminación.

En atención a lo anterior, solicitó como pretensión principal que se decrete la
nulidad total de la Resolución 203 del 20 de mayo de 2019 y como
pretensiones subsidiarias, que se decrete la nulidad parcial de algunas
expresiones de la norma acusada.

1.3. Trámite procesal

Por auto del 15 de septiembre de 20204, se admitió la demanda, se ordenó
notificar esa decisión a la accionada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 171 numeral 1° del CPACA y se le corrió traslado para contestarla;
igualmente, se notificó al representante del Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.4. Intervención de la parte accionada5

3
Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo
actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.
4 Índice 04 Samai.
5
Índice 10 Samai.

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Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

El auto admisorio se notificó personalmente a la ANH el 18 de diciembre de
20206, entidad que, a través de apoderado, mediante memorial del 22 de
febrero de 2021 contestó la demanda7, donde se opuso de manera general a
las pretensiones de la demanda. Propuso como excepción previa la
denominada Carencia actual del objeto demandado por sustracción de
materia, y las excepciones de mérito catalogadas Cumplimiento de los
requisitos señalados en el artículo 8° de la ley 1437 de 2011 y Desviación y
abuso de poder.

En primer lugar, advirtió que se presentó el fenómeno de la sustracción de
materia y por consiguiente la carencia actual de objeto, porque las
pretensiones de la demanda ya fueron satisfechas, dado que la ANH mediante
Resolución 683 del 1º de noviembre de 2019 derogó el acto enjuiciado.

Debido a lo anterior, no resulta pertinente el análisis de la legalidad de la
resolución acusada tras la derogatoria del acto demandado, porque nunca fue
aplicada. Agregó que la Resolución 683 de 2019, mediante la cual se derogó
el acto enjuiciado, fue aclarada y modificada mediante Resolución 056 del 4
de febrero de 2020 y que mediante Resolución 447 del 14 de julio de la misma
anualidad se dispuso suspender los efectos de las Resoluciones 683 de 2019
y 056 de 2020 como medida de prevención ante la emergencia sanitaria
decretada por la pandemia del COVID 19, no obstante manifestó que la ANH
se encontraba en trámite de expedir la resolución que derogue las
resoluciones 683 de 2019 y 056 de 2020.

Adujo también que, de acuerdo con conceptos emitidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Sala de Consulta y Servicio Civil de
esta corporación, los actos administrativos que expiden las entidades en
ejercicio de la función administrativa, se dividen en actos de regulación y actos
de reglamentación de trámites y servicios, y que de acuerdo con esa
clasificación, no se requerirá la publicación de los proyectos de actos que
contengan el establecimiento o la reglamentación de trámites, procesos y
procedimientos, como es el caso de la resolución demandada. Por
consiguiente, el acto acusado no está viciado de nulidad a causa de haber
omitido la publicación de proyecto de norma que derivó en su expedición,

6
Índice 08 Samai.
7
Índice 12 Samai.

9
Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

porque no era un acto respecto del cual resulte necesario someterlo a
publicación conforme el numeral 8° del artículo 8° del CPACA, ya que el
mismo tiene la naturaleza de un acto de reglamentación de trámites, procesos
y procedimientos, más que de un acto de regulación orientado a fijar ajustar
ex ante, las reglas de juego de una actividad determinada de un sector
económico particular para garantizar el derecho a la competencia y proteger
un interés general especifico de un sector calificado como servicio público,
sobre el cual sí sería necesario publicar el proyecto específico de regulación
al tenor de la norma citada.

Como último punto, la ANH anotó que cuando se invoca la desviación de poder
como causal de nulidad del acto acusado, el demandante deberá acreditar que
los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son
aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, situación
que no se acreditó en los argumentos expuestos en la demanda.

Por auto del 26 de julio de 20228, el despacho resolvió negar la excepción
previa denominada “Carencia actual del objeto demandado por sustracción de materia”,
formulada con sustento en que el acto acusado, la Resolución 203 del 20 de
mayo de 2019, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, fue derogada mediante la Resolución 683 del 1º de noviembre
de 2019. La decisión obedeció a que, conforme a la jurisprudencia de la
Corporación9, la derogación del acto administrativo enjuiciado no supone la
imposibilidad de continuar con el trámite legal del medio de control, pues ello
no restringe la posibilidad (y deber) de proferir un pronunciamiento en
consideración a los efectos que surtió mientras estuvo vigente.

1.5. Alegatos de conclusión10

Mediante providencia del 19 de febrero de 202411, se dispuso: i) que en
aplicación de lo establecido en el numeral 1°, literales a) y c) del artículo 184A
y numeral 3° del artículo 125 de la Ley 1437, se dicte sentencia anticipada en

8
Índice 17 Samai.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C. P. Enrique Gil Botero, sentencia de 14
de abril de 2010, radicación 11001-03-26-000-2008-00101-00 (36054). Ver también, de la misma Sección, fallo de 13 de
agosto de 2008, C. P. Myriam Guerrero de Escobar, expediente 11001-03-26-000-2000-0010-01 (18556). Referidas en el
pie de página 22 de la providencia del 26 de julio de 2022.
10
Índices 31 y 32 de la plataforma digital Samai.
11
Índice 24 Samai.

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Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

el presente asunto, por encontrarse acreditados los supuestos de dichas
normas, en consecuencia; ii) se tuvo por contestada la demanda dentro del
término y se decretó como pruebas los documentos allegados por las partes;
iii) se fijó el litigio en debatir la legalidad de la Resolución 203 de 2019, y iv) se
ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para que
conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba pertinente.

La parte demandante, en el término concedido para alegar de conclusión,
guardó silencio, como se observa en la constancia secretarial del 17 de mayo
de 202412.

La entidad alegó en tiempo, reiteró lo expuesto en la contestación e hizo
énfasis en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional13
y de esta Corporación14, el hecho de que se omita la publicación de un acto
administrativo no tiene incidencia en la validez del mismo, en consecuencia,
no se configura una causal de nulidad, pues tal situación lo que genera es la
falta de oponibilidad del acto. También insistió en que el acto enjuiciado solo
estuvo dirigido a quienes suscribieran contrato de prestación de servicios con
la Entidad y para los cargos de libre nombramiento y remoción por lo que, no
es cierto que la ANH haya usurpado funciones de las entidades competentes
para reglamentar lo relativo a los cargos de carrera administrativa, por todo lo
cual solicitó desestimar todos los cargos de nulidad y negar las pretensiones.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público, en el plazo para rendir concepto, guardó
silencio, según constancia secretarial del 17 de mayo de 202415.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

12
Índice 33 Samai.
13 Al respecto, citó las sentencias C-957- 1999 y C-620- 2004 de la Corte Constitucional.
14
Al respecto, citó las siguientes providencias: Sentencia del 30 de enero de 1997, Sección Primera, C.P., Dr. Juan
Alberto Polo Figueroa, Rad. 4114 y Sentencia de la Sección Segunda, C.P. Dr. Álvaro Lecompte Luna, Exp. 6121.
15
Índice 33 Samai.

11
Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en
armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 16, expedido por la Sala
Plena de esta Corporación, la Sección Segunda es competente para conocer
en única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta que la parte actora formuló 22 cargos contra la resolución
acusada (10 cargos por infracción de normas constitucionales y 12 cargos por
infracción de normas de orden legal), por presuntos vicios de trámite y fondo
alegando varias causales de nulidad (infracción de las normas en que debía
fundarse, expedición irregular, falta de competencia y desviación de poder),
que algunos de estos cargos son reiterativos y aluden a las mismas acciones
u omisiones de la entidad, para efectos de su análisis serán agrupados en tres
cargos:

(i) Falta de competencia para regular requisitos para acceder a los cargos
públicos y vulneración del principio de mérito para el ingreso a cargos públicos,
que recoge los cargos planteados por desconocimiento de la competencia del
legislador en primer lugar, y de forma reglamentaria por presidente de la
República y el Departamento Administrativo de la Función Pública para regular
dichos temas;

(ii) Expedición irregular por omitir la publicación del proyecto del acto
administrativo de conformidad con lo preceptuado por el artículo 8.8 del
CPACA;

(iii) Infracción de las normas en que debía fundarse por contrariar principios
constitucionales, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en relación con las pruebas de confianza, y en particular,
de la prueba del polígrafo como requisito para acceder a cargos públicos.

16 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».

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Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte actora también advirtió que se
omitió la publicación del acto acusado en el Diario Oficial como era debido y
que, por su parte, la autoridad que lo expidió no desvirtuó la afirmación del
demandante sino que la corroboró y, además, acreditó que el acto fue
derogado en forma expresa, mediante la Resolución No 683 del 1º de
noviembre de 2019, la decisión del caso exige resolver, en su orden, los
siguientes problemas jurídicos:

2.2.1¿Es procedente estudiar los cargos de nulidad que cuestionan la
legalidad de la Resolución 203 del 20 de mayo de 2019, expedida por el
presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, teniendo en cuenta que
se omitió su publicación en el Diario Oficial y que la autoridad que la expidió la
derogó en forma expresa, mediante la Resolución 683 del 1º de noviembre de
2019?

En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, se
proseguirá con el estudio correspondiente para resolver los siguientes
problemas jurídicos:

2.2.2 ¿El acto acusado estableció un estudio de confiabilidad como requisito
para acceder a los empleos públicos de la ANH? Si la respuesta es afirmativa,
se debe establecer si ¿El Presidente de la ANH tiene competencia para
establecer como requisito para acceder a los empleos públicos de la entidad
un estudio de confiabilidad?

2.2.3 ¿La ANH desconoció los artículos 8°, numeral 8°, y 65 del CPACA, al no
publicar ni el proyecto, ni la resolución acusada, configurándose así una
expedición irregular del acto administrativo acusado, y con ello incurrió en
violación de los principios democrático, de participación, debido proceso,
principios de la función administrativa, buena fe, entre otros, invocados en la
demanda?

2.2.4 Al establecer con carácter obligatorio la aplicación de las pruebas de
confianza a los empleados y contratistas, entre ellas el examen psicofisiológico
del polígrafo, como requisito para acceder a algunos cargos públicos en la
ANH ¿El acto acusado incurrió en violación de los artículos 125, 189 numeral
11, de la Constitución Política, e infracción a la Ley 909 de 2004 artículos 14,

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Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Decreto 770 de 2005, artículos 1° y 5°, y Decreto 1785 de 2014, artículos 1° y
8°?

2.2.5 ¿El acto acusado incurrió en violación de la Ley 1621 de 2013 y Decreto
857 de 2014, al reproducir en parte el artículo 20 del Decreto 857 de 2014, que
reglamentó la Ley Estatutaria 1621 de 2013, marco jurídico que permite a los
organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia
cumplir con su misión constitucional?

2.2.6 ¿La visita domiciliaria y de vecindario, el estudio socioeconómico y la
verificación de referencias comerciales y financieras para acceder a los cargos
públicos de la ANH vulnera los derechos fundamentales a la intimidad,
privacidad, trato igualitario y no discriminación? Ahora bien, se advierte que
este problema se abordará solo en el evento que se llegue a establecer que la
entidad tenía facultades para expedir la resolución acusada, ya que no tendría
sentido realizar el análisis de las disposiciones adoptadas de concluirse que el
funcionario que las expidió no tenía competencia para ello.

Para responder al primer cuestionamiento se procede a exponer el marco
jurídico atinente al deber de publicación de los actos administrativos de
carácter general en el Diario Oficial, los efectos de su incumplimiento y la
jurisprudencia de esta Corporación sobre la procedencia del estudio de
legalidad de actos administrativos que fueron derogados.

2.3 Publicación de los actos administrativos de carácter general en el
Diario Oficial

2.3.1 Fundamento legal

Conforme lo ordena el artículo 20917 de la Constitución Política, el principio de
publicidad, entre otros, rige la función administrativa. Con respecto a este
principio la Corte Constitucional en la sentencia C-646 de 2000 indicó que la
divulgación de las actuaciones de los órganos de poder público es un
mecanismo de consolidación de la democracia participativa y condición

17
“Artículo 209. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. […]”

14
Número interno: 6102-2019
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Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

esencial para el ejercicio del derecho de control político. La misma
Corporación, en la sentencia C-114 de 2003, señaló que el principio de
publicidad plantea el conocimiento de las actuaciones administrativas, tanto
por los directamente interesados en ellas como por la comunidad en general,
se realiza mediante el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad a
conocer las actuaciones de las autoridades públicas y, a través de este
conocimiento, a exigir que ellas se surtan con total sometimiento a la ley;
además, que constituye una garantía de transparencia en la actuación de los
poderes públicos y un recurso que permite las condiciones necesarias para el
reconocimiento del derecho a controlar el ejercicio del poder18.

A nivel legislativo, la Ley 57 de 198519 le impuso a la Nación, los
Departamentos y los Municipios el deber de incluir en sus respectivos Diarios,
Gacetas, o Boletines Oficiales, todos los actos gubernamentales y
administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo
de los asuntos públicos y para ejercer eficaz control sobre la conducta de las
autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que
produzcan efectos jurídicos20; además, enlistó los que debían publicarse en
el Diario Oficial21, entre otros, los actos del Gobierno, de los Ministerios, de los
Departamentos Administrativos, de las Superintendencias y de las Juntas
Directivas o Gerentes de las entidades descentralizadas que creen situaciones
jurídicas impersonales u objetivas o que tengan alcance e interés general, así
como los actos de naturaleza similar a la de los anteriores, que expidan otras
autoridades por delegación que hayan recibido o por autorización legal.

El Decreto Ley 2150 de 199522 estableció que a partir de su vigencia sólo se
publicarían en el Diario Oficial, entre otros documentos públicos, los actos
administrativos de carácter general expedidos por las entidades u órganos del
Orden Nacional, cualesquiera que sean las ramas u organizaciones a las que
pertenezcan23, y derogó el artículo 2º de la Ley 57 de 1985 que enlistaba los
que debían publicarse en el Diario Oficial.

18
Corte Constitucional sentencia C-114 de 2003.
19
“Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.”
20
Ley 57 de 1985 artículo 1°.
21
Ley 57 de 1985 artículo 2°.
22
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública".
23
Decreto 2150 de 1995, artículo 95.

15
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El artículo 119 de la Ley 489 de 199824 dispuso que, entre otros, los actos
administrativos de carácter general expedidos por todos los órganos,
dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas
Ramas del Poder Público y de los demás órganos de carácter nacional que
integran la estructura del Estado deberán publicarse en el Diario Oficial y
estableció que, únicamente con la publicación que de los actos administrativos
de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de
publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad25.

La Ley 962 de 200526 le ordenó a la Administración Pública poner a disposición
del público, a través de medios electrónicos, las leyes, decretos y actos
administrativos de carácter general o documentos de interés público relativos
a cada uno de ellos, dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación,
sin perjuicio de la obligación legal de publicarlos en el Diario Oficial27.

Por su parte, el artículo 65 del CPACA en su redacción original28, vigente para
el 20 de mayo de 2019, fecha de expedición del acto acusado, con relación a
publicación de los actos administrativos de carácter general estableció que no
serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en
las gacetas territoriales, según el caso, y agregó que, en caso de fuerza mayor
que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno Nacional podrá
disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación
eficaz, redacción que mantuvo el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.

24
"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."
25
“Artículo 119.Publicación en el Diario Oficial. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos
deberán publicarse en el Diario Oficial:
a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;
b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno;
c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los
demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u
organismos del orden nacional de las distintas Ramas del Poder Público y de los demás órganos de carácter nacional
que integran la estructura del Estado.
Parágrafo. Únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario
Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.”
26
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”
27
“ARTÍCULO 7. Publicidad electrónica de normas y actos generales emitidos por la administración pública. La
Administración Pública deberá poner a disposición del público, a través de medios electrónicos, las leyes, decretos y
actos administrativos de carácter general o documentos de interés público relativos a cada uno de ellos, dentro de los
cinco (5) días siguientes a su publicación, sin perjuicio de la obligación legal de publicarlos en el Diario Oficial.
Las reproducciones efectuadas se reputarán auténticas para todos los efectos legales, siempre que no se altere el
contenido del acto o documento.
A partir de la vigencia de la presente ley y para efectos de adelantar cualquier trámite administrativo, no será
obligatorio acreditar la existencia de normas de carácter general de orden nacional, ante ningún organismo de la
Administración Pública.”
28
Antes de su modificación por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.

16
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El artículo 15 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, que modificó el artículo
65 del CPACA establece que los actos administrativos electrónicos se
deberán publicar en el Diario Oficial o gaceta territorial , conservando las
garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad.

2.3.2 Efectos del incumplimiento del deber de publicación de los actos
administrativos en el Diario Oficial

La Corte Constitucional en sentencia C-957 del 1º de diciembre de 1997,
señaló que la decisión administrativa contenida en el acto de carácter general
o particular es válida desde el momento en que se expide, desde que ha sido
firmado, aún sin haber sido publicado o notificado, según el caso; sin embargo,
su fuerza vinculante comienza desde que se ha producido la publicación o
notificación del acto; por lo tanto, la publicación no constituye un requisito de
validez del acto administrativo; se trata simplemente de una condición para
que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad. En este
evento, se está ante un problema de eficacia de la norma, no de validez; es un
aspecto extrínseco del acto y posterior al mismo.

En la Sentencia C-646 de 2000 la Corte Constitucional enfatizó que el acto
administrativo que no haya sido publicado o notificado será un acto ineficaz,
esto es que no producirá efectos, lo que no quiere decir, desde luego, que sea
nulo o inexistente.

Frente a la omisión del deber de publicación, esta Corporación ha sostenido
de manera pacífica que dicho vicio no afecta la validez del acto, pues la
publicación es un requisito de eficacia y oponibilidad no de existencia o
validez29.

En la sentencia del 29 de mayo de 2014 la Sección Quinta reiteró que, de
conformidad con la normativa aplicable, y la jurisprudencia reiterada por el
Consejo de Estado y la Sección Quinta de esta Corporación, es obligatorio
para las entidades y órganos del orden nacional, incluyendo a las entidades

29
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 12 de julio de 2018
Radicación: 11001-03-24-000-2012-00073-00, Sección Quinta; sentencia del 29 de mayo de 2014, Radicación:
11001-03-28-000-2011-00059-00; Sección Segunda sentencia del 30 de abril de 2020, Radicación: 11001-03-25-000-
2014-00675-00(2084-14), entre otras.

17
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autónomas, la publicación de sus actos administrativos de contenido general
en el Diario Oficial; y por ende se constituye en requisito de eficacia u
oponibilidad frente a terceros30.

2.4 Procedencia del control de actos administrativos derogados

El artículo 3º de la Ley 153 de 1887 prevé que es insubsistente una disposición
legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con
disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula
íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.

En lo atinente al control de legalidad de un acto administrativo derogado, esta
Corporación ha sido consistente y pacífica en el sentido de afirmar que ello es
procedente, en la medida que es suficiente que un acto administrativo haya
tenido vigencia aunque sea por un pequeño lapso, para que la jurisdicción
contenciosa administrativa deba pronunciarse sobre su legalidad frente a una
demanda de nulidad, porque no obstante que la norma cuestionada no se
encuentre vigente, durante el tiempo que hizo parte del ordenamiento jurídico
pudo incidir sobre situaciones jurídicas31, además porque los efectos de la
derogación son hacia el futuro, de manera que no afecta lo acaecido durante
el tiempo en que el precepto estuvo en vigor; en cambio, la nulidad busca
precisamente restablecer la legalidad32.

En la sentencia del 26 de agosto de 202133, la Subsección A de la Sección
Segunda transcribió el siguiente aparte de la sentencia de la Sección Segunda
del 7 de diciembre de 201634, que explica con claridad lo dicho, por lo que aquí
también se cita:

“[…] la circunstancia que el acto administrativo demandado haya sido derogado
o hubiere operado la figura del decaimiento, no impide el juicio de legalidad del
mismo, en tanto éste debe realizarse según las circunstancias vigentes al

30
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de mayo de 2014,
Radicación: 11001-03-28-000-2011-00059-00.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C. P. Enrique Gil Botero, sentencia de 14
de abril de 2010, Radicación 11001-03-26-000-2008-00101-00 (36054). Ver también, de la misma Sección, fallo de 13 de
agosto de 2008, C. P. Myriam Guerrero de Escobar, Expediente 11001-03-26-000-2000-0010-01 (18556). Referidas en el
pie de página 22 de la providencia del 26 de julio de 2022.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de
abril de 2017 Radicación: 11001-03-25-000-2012-00348-00(1346-12).
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de
agosto de 2021, Radicación: 11001-03-25-000-2019-00210-00(1356-19).
34
Consejo de Estado, Sección Segunda (S. Plena), sentencia, rad. 11001032500020120057100 (2139-2012). Cita de la
cita.

18
Número interno: 6102-2019
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momento de su expedición y habida consideración de que tanto la derogatoria
como el decaimiento sólo opera hacia el futuro y no afecta su validez. Además,
pueda que sus disposiciones se encuentren produciendo efectos, aun después
de su derogatoria o decaimiento, haciéndose viable el estudio de su legalidad.
Entonces, pese a ocurrir la derogatoria o el decaimiento del acto administrativo
enjuiciado, hay lugar a estudiar de fondo el asunto, puesto que: i) pueda que el
acto administrativo haya producido efectos y que los mismos aún estén
surtiéndose; y ii) la ocurrencia del decaimiento no afecta la presunción de
legalidad del acto y su control debe hacerse frente a las circunstancias de hecho
y de derecho vigentes al momento de su expedición. Visto desde otra óptica, la
presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos tan sólo puede
ser desvirtuada por el juez competente, por lo que, la derogatoria, el decaimiento
o pérdida de ejecutoriedad no conlleva implícito el juicio de validez de los mismos
[…]”

2.5 Caso concreto

Según lo afirmado en la demanda, así como en el pronunciamiento y
documentos aportados por la entidad que expidió el acto acusado35, la
Resolución 203 de 20 de mayo de 2019, fue derogada de manera expresa por
la autoridad que la profirió, el director de la ANH, mediante la Resolución 683
de 1º de noviembre de 2019.

La parte actora advirtió en la demanda que el acto demandado es ineficaz,
inaplicable e inoponible ante terceros, por cuanto adolece de publicación en el
Diario Oficial, que le haya permitido entrar en vigencia, y tener en tal virtud
fuerza vinculante (hecho 10). Esta afirmación no fue controvertida por la ANH
en su contestación sino confirmada. De manera que, como ya se dijo, surge
como primer interrogante preguntarse sobre la procedencia del control de
legalidad de un acto que no produjo efectos jurídicos, cuando es esta la razón
por la cual la jurisprudencia ha admitido el control de legalidad de
disposiciones que han sido derogadas, como ya se expuso.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos puso de presente que el acto acusado
fue derogado, con fundamento en lo cual planteó como previa la excepción
que denominó “Carencia actual del objeto demandada por sustracción de materia”, la cual
fue negada mediante auto del 26 de julio de 2022, al considerar que la

35
Índice 11 Samai.

19
Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Resolución 203 de 20 de mayo de 2019 mantuvo su vigencia por
aproximadamente seis (6) meses y, en esa medida, produjo e incluso aún
podría ocasionar efectos jurídicos, y teniendo en cuenta que, conforme a la
jurisprudencia pacífica de la Corporación que se reseñó, la derogación del acto
administrativo enjuiciado no supone la imposibilidad de continuar con el trámite
del medio de control, pues ello no restringe la posibilidad (y deber) de proferir
un pronunciamiento en consideración a los efectos que surtió mientras estuvo
vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, en la etapa procesal actual, se arriba a la conclusión
de la improcedencia del control de legalidad del acto acusado, no porque haya
sido derogado, como planteó la entidad en la excepción que ya fue objeto de
pronunciamiento, sino porque no produjo efectos al no haber sido publicado
en el Diario Oficial como era debido, lo que significa que, en este caso en
particular no existe la razón que hace procedente el examen de la legalidad de
un acto administrativo derogado, conforme a la jurisprudencia de la
Corporación sobre el tema, reseñada tanto en la providencia que resolvió la
excepción como en la presente.

En efecto, no existe discusión sobre la obligación de publicación del acto
acusado en el Diario Oficial, por tratarse de un acto administrativo de carácter
general, expedido por una entidad del orden nacional, por lo que se ajusta a
los supuestos previstos en los artículos 119 de la Ley 489 de 1998 y 1437 de
2011, artículo 65, que imponen el deber de publicar los actos administrativos
de carácter general en el Diario Oficial, sin lo cual no son obligatorios ni
oponibles.

En cuanto a la afirmación de la parte actora sobre la omisión de su publicación
en el Diario Oficial, por tratarse de una negación indefinida no requiere prueba,
al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 167 del Código General
del Proceso, por lo que le correspondía a la entidad que profirió el acto
desvirtuar dicha afirmación, lo que no ocurrió, sino que, por el contrario, fue
ratificado en la contestación de la demanda36, específicamente en la respuesta
al hecho décimo primero de la demanda.

36
Índice 11 Samai.

20
Número interno: 6102-2019
Demandantes: Carlos Ernesto Castaño Ravelo y otros
Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Como ya se dijo, también se encuentra probado y no es materia de
controversia que la Resolución 203 de 20 de mayo de 2019, acusada, fue
derogada de manera expresa por la autoridad que la profirió, el director de la
ANH, mediante la Resolución 683 de 1º de noviembre de 2019.

En este orden de ideas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, la
falta de publicación en el Diario Oficial del acto administrativo acusado como
era debido, no acarrea sin embargo su nulidad, porque se trata de una
circunstancia posterior a su expedición y las causales de nulidad operan en la
etapa de formación del acto administrativo, debido a que las hipótesis que la
generan se encuentran ligadas a circunstancias, internas o externas,
predicables del acto en el momento en que nace a la vida jurídica37.

Ahora bien, como la falta de publicación del acto acusado, en cambio, sí trae
como consecuencia que no fue obligatorio, ni oponible, ni produjo efectos,
según lo consignado en acápites precedentes, y al estar probado que la
Resolución 203 de 20 de mayo de 2019 fue derogada por medio de la
Resolución 683 del 1º de noviembre de 2019, se concluye que no es
procedente acometer el estudio de los cargos de nulidad planteados para
desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, porque, tal como se
expuso, conforme a la jurisprudencia de la Corporación, cuando se trata de
actos derogados el examen de su legalidad se justifica o tiene razón de ser,
por los efectos que el acto derogado pudo producir mientras estuvo vigente y
podría estar produciendo, ya que la derogación no conlleva que desaparezcan
los efectos del acto, lo cual no es posible predicar de la Resolución 203 del 20
de mayo de 2019, toda vez que no fue publicada en el Diario Oficial como era
debido, ni de otra forma autorizada o permitida por fuerza mayor que haya
impedido su publicación en aquel.

Por consiguiente, la respuesta que se impone frente al primer problema
jurídico que se planteó, es que no es procedente adentrarse al examen de la
pluralidad de cargos de nulidad planteados por la parte actora que pretenden
desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, porque el acto objeto
de control fue derogado y no produjo efectos, al no haber sido publicado en el

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de
agosto de 2021, Radicación: 11001-03-25-000-2019-00210-00(1356-19).

21
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Demandada: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Diario Oficial como era debido, de manera que una eventual decisión de
nulidad con efectos ex tunc resultaría inane frente a un acto que no produjo
efecto alguno al adolecer de falta de publicación.

En conclusión, no procede el control judicial de la Resolución 203 del 20 de
mayo de 2019, proferida por el Director de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, “Por la cual se establece la Política del estudio de Confiabilidad de Ingreso
en la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH”, derogada por la Resolución 683 del

1º de noviembre de 2019, porque, aunque conforme a la jurisprudencia de la
Corporación que se reseñó, es posible el estudio de legalidad de un acto
derogado en razón de los efectos que pudo producir mientras estuvo vigente,
el sub examine no los produjo en tanto que no fue publicado en el Diario Oficial
como era debido.

En este orden de ideas, tal y como se anunció en el punto 2.2.1, la
consecuencia que se deriva de la respuesta negativa al primer interrogante
planteado, es que la Sala se releva de resolver los demás problemas jurídicos
identificados en los puntos 2.2.2 a 2.2.6.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala procede a declarar probada de oficio la
excepción de acto administrativo no susceptible de control judicial, por las
razones explicadas en la parte considerativa.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de acto administrativo
no susceptible de control judicial, por las razones explicadas en la parte
considerativa.

SEGUNDO. Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría de la
Sección, ARCHIVAR el expediente dejando las constancias del caso.

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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