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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00870-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00870-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de 19 Nº Interno: 6354-2019 Demandante: UGPP Demandado: Juan de Dios Rodríguez Cundinamarca, sección segunda, subsección D, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado. TERCERO: Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00870-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00870-00
Nº interno: 6354-2019
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez (q. e. p. d.) y Flor María Sánchez
Fúquene1
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 15
de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Causales reguladas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección D,
que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia dictado el 11 de
septiembre de 2017 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá,
que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por el señor Juan de Dios
Rodríguez contra la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP, dentro del proceso 11001-33-42-054-2016-
00692-00.

I. ANTECEDENTES

1. La sentencia objeto de revisión2

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 15 de marzo de 2018, confirmó parcialmente la
providencia de primera instancia, en la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda instaurada por el señor Juan de Dios Rodríguez, en ejercicio de la

1
Quien actúa como sucesora procesal en la controversia, de acuerdo con lo dispuesto por el consejero ponente en auto
del 31 de agosto 2023, que obra en Samai, índice 22.
2
Folios 168 reverso a 175.

2

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP, en la que pretendía que se ordenara a la entidad demandada
reliquidar la pensión de jubilación teniendo en cuenta el 75% del promedio de los
factores salariales devengados durante su último año de servicios, comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1998. Igualmente, pidió el pago de
las diferencias que resulten por la reliquidación y la actualización de las
condenas, junto con los intereses a que haya lugar.

El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, en fallo dictado el 11 de
septiembre de 2017, decidió3: (i) declarar probada la excepción de prescripción
de las mesadas causadas con anterioridad al 15 de diciembre de 2012; (ii)
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 008991 de 26 de febrero de 2016 y
RDP 017298 de 29 de abril de 2016; (iii) condenar a la UGPP a: (a) reliquidar la
pensión de jubilación a favor del señor Juan de Dios Rodríguez, con el 75% del
promedio de los factores de salario devengados en el último año de servicios (31
de diciembre de 1997 y el 30 de diciembre de 1998), sobre los factores:
alimentación, asignación básica, diferencia de horario, (1/12) bonificación
semestral, (1/12) bonificación por servicios, dominicales y festivos, horas extras,
incremento de antigüedad, (1/12) prima de navidad y (1/12) prima de vacaciones;
sumas que se ordenarán a partir del 1º de junio de 1999, pero con efectos
fiscales a partir del 15 de diciembre de 2012 por prescripción trienal de las
mesadas anteriores; (b) pagar la diferencia resultante entre la liquidación
ordenada y las sumas canceladas por concepto de reajuste desde el 15 de
diciembre de 2012, previo descuento por concepto de aportes dejados de realizar
y que corresponden a los factores cuya inclusión se ordena, siempre que no
hayan sido objeto de descuento y en proporción a la parte que corresponde al
trabajador y (c) actualizar las sumas de la condena, de acuerdo al inciso final del
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

El Tribunal confirmó parcialmente la providencia de primera instancia y modificó
el ordinal 5º, el cual quedó así: la UGPP pagará al demandante la diferencia
resultante entre la liquidación ordenada y las sumas canceladas por concepto de
la reliquidación de la pensión de vejez desde el 15 de diciembre de 2012. La
entidad demandada deberá descontar los aportes correspondientes a los factores

3
Folios 157 reverso a 161 reverso.

3

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

sobre los cuales no se haya efectuado deducción legal en la parte que
corresponda al trabajador, durante los últimos cinco (5) años de servicio, esto es,
por el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 1993 y el 30 de diciembre
de 19984.

2. El recurso extraordinario de revisión5

La UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada
el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
segunda, subsección D, con fundamento en las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual procede la revisión de
pensiones: “a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

Solicitó que se revoque la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2017 por el
Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, confirmada parcialmente
mediante fallo del 15 de marzo de 2018 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, sección segunda, subsección D; y en su lugar, se ordene a la
UGPP reliquidar y pagar la mesada pensional del señor Juan de Dios Rodríguez,
conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU-395-2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, proferidas por
la Corte Constitucional y se adopte como IBL las directrices fijadas en el inciso 3º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto las consignadas en el
artículo 21 de esa norma, con los factores base de cotización taxativamente
determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
expresamente consagren esa condición de factores salariales con incidencia
pensional y fijando como monto pensional el 75% de lo previsto en la Ley 33 de
1985. Además, que se ordene al pensionado restituirle a la entidad los valores
que haya recibido en exceso, de manera actualizada.

Señaló que el señor Juan de Dios Rodríguez nació el 27 de mayo de 1942.
Prestó sus servicios en la aeronáutica civil, entre el 17 de mayo de 1973 y el 30
de diciembre de 1998. El último cargo ocupado fue el de auxiliar IV, grado 11, de
la división de seguridad aeroportuaria, dirección aeroportuaria El Dorado de

4
Folios 168 reverso a 175.
5
Folios 1 a 20.

4

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

Bogotá.

Que mediante la Resolución 16884 del 8 de junio de 1998, la extinta Cajanal
reconoció una pensión de vejez al señor Juan de Dios Rodríguez, en cuantía de
$362.822,71, efectiva a partir del 1 de enero de 1998.

Que por la Resolución 5919 del 9 de febrero de 2006, Cajanal negó la
reliquidación de la pensión de jubilación de conformidad con el artículo 10 de la
Ley 797 de 2003.

Posteriormente, mediante la Resolución 8991 del 26 de febrero de 2016, la
UGPP negó nuevamente la reliquidación de la pensión.

En virtud de lo anterior, el señor Juan de Dios Rodríguez interpuso una demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los anteriores actos administrativos, proceso en el cual se profirió la decisión hoy
recurrida en la que se ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación.

Que mediante la Resolución RDP 42087 del 23 de octubre de 2018 la UGPP dio
cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
sección segunda, subsección D. En dicho acto se elevó la cuantía de la pensión a
la suma de $688.166, efectiva a partir del 1 de enero de 1999, teniendo en
cuenta el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicios
y con efectos fiscales a partir del 15 de diciembre de 2012, por prescripción
trienal.

Frente a la primera causal, indicó que lo ordenado por los jueces de instancia
vulneró el debido proceso y otorgó un derecho sin el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos para tal fin, con lo cual se genera una
afectación grave del erario.

Señaló que la reliquidación de la pensión de jubilación debió realizarse teniendo
en cuenta lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al
IBL y factores que deben ser incluidos al momento de liquidar la prestación.

En relación con la segunda causal, indicó que la cuantía del derecho reconocido
excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse dispuesto la reliquidación de
la pensión en contravía de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

5

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

Agregó que en el proceso se acreditó que el señor Juan de Dios Rodríguez es
acreedor del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, por lo que
tiene derecho a que se reliquide la pensión teniendo en cuenta la edad, tiempo y
monto (tasa de reemplazo) de la prestación, según las normas aplicables para
dichos funcionarios antes de la entada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que
para el caso sería la Ley 33 de 1985, sin embargo, el IBL no debe calcularse de
acuerdo con lo dispuesto en el régimen anterior, sino con lo establecido en los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, afirmó que los factores salariales que se deben aplicar son los
contenidos en el Decreto 1158 de 1994, pues el causante adquirió el estatus de
pensionado en vigencia de dicha norma.

Aseguró que la reliquidación ordenada por la decisión recurrida conllevó a que se
presentara una afectación a la sostenibilidad financiera del sistema y un abuso
palmario del derecho, pues en dicha providencia se desconocen los precedentes
obligatorios y vinculantes proferidos por la Corte Constitucional sobre la forma de
liquidar el IBL de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, lo cual conllevó a un incremento de la mesada pensional del
causante en un 42,54%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para
ello.

3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

Mediante auto del 4 de diciembre de 20196 se admitió el recurso extraordinario de
revisión. Posteriormente, en auto del 20 de mayo de 2021 se prescindió del
periodo probatorio7.

4. Oposición al recurso extraordinario de revisión8

El señor Juan de Dios Rodríguez, en vida y a través de apoderado, se opuso al
recurso extraordinario de revisión al considerar que la reliquidación ordenada por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra protegida por los
principios de la cosa juzgada, la seguridad jurídica, la confianza legítima, la
buena fe y amparados por la presunción de legalidad, por lo que, a su juicio,
6
Folios 380 a 381.
7
Folios 398 y reverso.
8
Folios 389 a 394.

6

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

resulta inadmisible que se ataque la sentencia a partir de nuevos
pronunciamientos sobre la materia que no fueron expuestos ni analizados en la
controversia judicial inicial.

5. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no presentó concepto de fondo en el asunto de la
referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocerlo frente a la sentencia del
15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
sección segunda, subsección D, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º
del artículo 249 ibidem.

2. Oportunidad y legitimación en la causa por activa en la presentación del
recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto oportunamente, el 14 de
noviembre de 20199, pues la sentencia recurrida se dictó el 15 de marzo de 2018
y quedó ejecutoriada a partir del 11 de abril de 201810, y conforme con el artículo
251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y la sentencia de la Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el
caso de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o en las situaciones
contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho, la UGPP tiene legitimación
para interponer este medio extraordinario en un término de 5 años.

Asimismo, la Sala advierte que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias
9
Folio 378.
10
Folio 224.

7

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

judiciales en las que se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.

A su vez, se observa que el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013
“Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
y se determinan las funciones de sus dependencias”, establece como función de
la UGPP “6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen”.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que la UGPP está legitimada en la
causa por activa para interponer el recurso extraordinario de revisión previsto en
la Ley 797 de 2003 y que lo hizo de manera oportuna, pues no transcurrieron 5
años desde la fecha en que se quedó ejecutoriada la providencia recurrida y la
presentación del recurso extraordinario de revisión.

3. Problema Jurídico

En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección D, que
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.

Por consiguiente, la Sala debe determinar si la sentencia incurrió en las causales
de revisión alegadas por el recurrente, esto es, si se reconoció el derecho con
violación al debido proceso y si la cuantía del derecho reconocido al señor Juan
de Dios Rodríguez excede lo debido de acuerdo con la ley, por haberse ordenado
la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios.

Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de las causales invocadas por la entidad
demandante, para, finalmente, descender al caso concreto.

3.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión

8

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.

Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de
reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por
el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios11.

Ahora bien, el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo incorporó, a las causales allí establecidas, las
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para que, por el trámite del
recurso extraordinario de revisión, se resolviera esta acción especial, dentro de la
cual también pueden invocarse las causales señaladas en el artículo 250 citado.

En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, establece:

“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

9

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

La inclusión o correspondencia en cuanto al trámite o causales de estos dos
mecanismos extraordinarios de revisión, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25, en sentencia del 4 de junio de 2019, “que la acción
especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables
jurídicamente, sino solo que el trámite12 y sus causales generales13 le resultan
aplicables a aquella por remisión”, pues esta acción especial “tiene un carácter
sui generis14, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia
ejecutoriada – al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia15”, como es el análisis que
sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial, debido a las dos
causales de revisión que se pueden invocar16.

Ciertamente, debido a las causales que son procedentes en este recurso
extraordinario de revisión, concretamente, en cuanto a la cuantía del derecho
reconocido, permite que el juez extraordinario, de alguna manera, analice

12
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la
ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio
de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-
2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de
marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-
00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha
aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario
de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
13
Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo
contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales,
con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el
CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente
respecto de las sentencias.
15
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo
de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de
mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

10

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

aspectos de fondo, como, por ejemplo, frente a los factores que se tienen en
cuenta para la cuantificación del derecho17.

Así mismo, es importante precisar que, al igual como sucede en el estudio de las
causales del recurso extraordinario de revisión, los motivos para pretender la
nulidad de la sentencia que ha reconocido el derecho a una prestación periódica
a cargo del Tesoro Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son de análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados,
pues tampoco le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue
planteada en la demanda o efectuar una revisión integral del fallo, pues su
naturaleza no es de ser una tercera instancia.

3.2. Alcance de las causales invocadas por la entidad demandante

La primera causal está prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, según la cual se puede solicitar la revisión de una sentencia “cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del 5 de febrero
de 2019, consideró:

“Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el
recurso, debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición,
específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental
cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

[…]

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados,
y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una
actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

17
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002, que culminó con la promulgación de la Ley
797 de 2003, la intención del legislador con la consagración de la acción especial estuvo centrada en la revisión de los
montos de las pensiones reconocidas irregularmente o en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la
liquidez, solvencia y sostenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna. Ver:
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-
15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda. Subsección A. Sentencias de 21 de
junio de 2018 [Rads. 11001-03-25-000-2014-00845-00(2572-14) y 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13)], 12 de julio
de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2013-00036-00(0091-13)] y 9 de agosto de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2017-00216-
00(1223-17)]. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

(ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y

(iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a
la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a
que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in ídem”18.

La Sala considera que para que se configure esta causal de revisión, la
demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con
violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos
fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo
esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del
debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar
suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la
cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la
justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

La segunda causal es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es
decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala
advierte que lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que
menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para
accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a
cosa juzgada, para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación periódica
cuyo monto o cuantía excede a lo legalmente previsto, buscando restablecer el
propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.

4. Caso concreto

4.1. Primer cargo de violación
18
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.

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Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

La parte recurrente considera que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección D, que confirmó
parcialmente el fallo dictado por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de
Bogotá, se produjo con violación al debido proceso, por cuanto lo procedente era
que se aplicara lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
respecto al IBL y los factores a incluir para ordenar la reliquidación de la pensión
de jubilación.

Señaló que las providencias de instancia fueron proferidas en contravía de la ley,
la jurisprudencia y el precedente jurisprudencial vigente, conllevan a un aumento
en la mesada pensional sin que exista el derecho a los mencionados
reconocimientos.

Al respecto, se evidencia que lo pretendido por la entidad recurrente bajo este
cargo, es que se revise el sustento normativo que llevó al juez de instancia a
adoptar la decisión recurrida, pues a su juicio se aplicaron unas normas que no
correspondían para reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor Juan de
Dios Rodríguez.

A juicio de la Sala, esta causal invocada no puede ser estudiada bajo los
argumentos expuestos en el recurso, pues no cuestiona la competencia del juez
que dictó la providencia, las normas procesales tenidas en cuenta para resolver
el asunto, ni hace alusión a la falta de garantías de audiencia, defensa,
contradicción, así como tampoco a la falta de motivación de la decisión.

Quiere decir lo anterior que, el recurrente no acreditó que la decisión objeto de
revisión se dictó con violación al debido proceso, sino que se evidencia que lo
pretendido es cuestionar la providencia bajo argumentos de derecho sustancial,
los cuales son objeto de estudio también en la segunda causal invocada, en la
cual se controvierten directamente las normas aplicadas que dieron origen al
reconocimiento del derecho pensional en una cuantía superior a la que
corresponde.

Así las cosas, la Sala no advierte la vulneración del derecho al debido proceso,
pues la UGPP tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y
contradicción dentro de dicho asunto, razón por la cual no se encuentra fundada

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Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

esta causal.

4.2. Segundo cargo de violación

La UGPP planteó como causal de revisión, la contenida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, bajo el argumento que la sentencia cuya revisión se
pretende ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al señor
Juan de Dios Rodríguez, en cuantía del 75%, con la inclusión de todos los
factores salariales percibidos en el último año de servicios, lo que a su juicio
causa un detrimento al erario, pues es beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que debe aplicarse el tiempo de servicio, la
edad de retiro y la tasa de reemplazo prevista en la Ley 33 de 1985, pero
teniendo en cuenta el IBL y el periodo sobre el cual se debe liquidar la pensión
según lo establecido en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

La Sala advierte que, en el asunto de la referencia no se discute el derecho
pensional reconocido por la entonces Cajanal a favor del señor Juan de Dios
Rodríguez en la Resolución 016884 del 8 de junio de 1998; sino la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda,
subsección D, mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia que declaró la nulidad de los actos acusados y, como consecuencia,
ordenó a la entidad de previsión social reliquidar la pensión de jubilación con la
inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

Sea lo primero indicar que, el señor Juan de Dios Rodríguez (q.e.p.d.) laboró en
la Aeronáutica Civil (su último cargo fue auxiliar administrativo IV, grado 11) y era
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que
para su reconocimiento pensional se debía tener en cuenta lo previsto en la Ley
33 de 1985, aplicable para los empleados que no gozan de un régimen especial,
como el actor.

Aclarado lo anterior, se observa que lo planteado por la UGPP es que existe un
incremento injustificado de la mesada pensional por haberse reliquidado esta
prestación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios del trabajador, razón por la cual la Sala procede a
estudiar el acto administrativo mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia
recurrida, con el fin de establecer si procede infirmar dicha decisión.

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Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

Pues bien, a través de la Resolución RDP 042087 de 23 de octubre de 201819 la
UGPP reliquidó la pensión de vejez reconocida al señor Juan de Dios Rodríguez
en cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En dicha decisión se estableció lo siguiente:

“(...) Que de conformidad con lo ordenado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN D es procedente efectuar
la siguiente liquidación así:

VALOR VALOR IBL
AÑO FACTOR ACUMULADO VALOR IBL ACTUALIZADO
1998 ASIGNACIÓN BÁSICA MES 5,655,972.00 5,655,972.00 5,655,972.00
1998 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN 211,401.00 211,401.00 211,401.00
1998 BONIFICACION SERVICIOS 235,668.00 235,668.00 235,668.00
PRESTADOS
1998 DOMINICAL Y FESTIVOS 2,899,720.00 2,899,720.00 2,899,720.00
1998 HORAS EXTRAS 457,378.00 457,378.00 457,378.00
1998 OTROS FACTORES DEC 1158 468,343.00 468,343.00 468,343.00
1998 PRIMA DE NAVIDAD 610,830.00 610,830.00 610,830.00
1998 PRIMA SEMESTRAL 471,331.00 471,331.00 471,331.00

IBL: 917,554 x 75.0 = $688,166

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
M/CTE.

Esta pensión estará a cargo de:

ENTIDAD DÍAS VALOR
CUOTA
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS - FOPEP 9224 $688,166.00

Efectiva a partir del 1 de enero de 1999, con efectos fiscales a partir del 15 de
diciembre de 2012 por prescripción trienal.

(...)

El factor diferencia de horario corresponde al factor otros factores decreto 1158 de
1994.

No se incluye la prima de vacaciones porque no se encuentra debidamente
certificada, toda vez que lo que se encuentra certificado está denominado como
vacaciones y no como prima de vacaciones, asimismo se evidencia que el
INCREMENTO DE ANTIGÜEDAD no se encuentra debidamente certificado.

(...)".

Precisado lo anterior, se evidencia lo siguiente: (i) mediante la Resolución 16884
del 8 de junio de 1998, la extinta Cajanal reconoció una pensión de vejez al señor
Juan de Dios Rodríguez, en cuantía de $362.822,71, a partir del 1º de enero de
1998, condicionada al retiro definitivo del servicio; (ii) por conducto de la
19
Folios 120 a 123.

15

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

Resolución 0043 de 14 de enero de 200020 dicha entidad reliquidó la prestación
porque aquel acreditó su retiro definitivo del servicio desde el 30 de diciembre de
1998, y aumentó la cuantía con fundamento en el 75% del promedio de lo
devengado entre el 1º de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 1998, en valor de
$484.800,88 a partir del 1º de enero de 1999; y (iii) a través de la Resolución
042087 del 23 de octubre de 2018, la UGPP dio cumplimiento al fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección D,
y reliquidó la pensión de vejez a la suma de $688.166, efectiva a partir del 1º de
enero de 1999, con efectos fiscales a partir del 15 de diciembre de 2012, por
prescripción trienal.

Ciertamente, la Sala advierte que en la sentencia revisada se dispuso la
reliquidación de la pensión de vejez a favor de la parte accionada con la inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, bajo el
argumento de que la norma aplicable en materia pensional en su caso era la Ley
33 de 1985 y acogiendo la postura adoptada por esta Corporación para esa
fecha, pero contraria a la establecida en la actualidad. Ahora bien, la diferencia
que resulta entre el valor que venía recibiendo el pensionado antes de promover
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ($482,800.00) y la
reliquidación efectuada en cumplimiento del fallo judicial ($688.166.00)
corresponde a la suma de $203.366, lo que equivale a un incremento de la
mesada de un 29,55% aproximadamente.

A su vez, se encuentra probado que el señor Juan de Dios Rodríguez laboró al
servicio de la Aeronáutica Civil, por más de 20 años, desempeñó los cargos de
celador, auxiliar I, auxiliar grado 3 y el último cargo ocupado fue el de auxiliar
grado 1121. Al respecto, se resalta que no se presentaron mayores variaciones en
los cargos ocupados por el señor Juan de Dios Rodríguez durante su vida
laboral, de modo que no se encuentra acreditad un incremento injustificado de la
mesada por motivo de abuso del derecho o fraude a la ley.

Asimismo, se advierte que la UGPP no reprochó los factores que, por orden
judicial se incluyeron para la reliquidación pensional, sino que se limitó a
cuestionar lo resuelto por los jueces de instancia al considerar que se había
desconocido el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la

20
Folios 102 a 103 reverso.
21
Folio 80.

16

Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

materia objeto de estudio, pese a que en el caso particular fue el punto que llevó
al incremento de la mesada pensional.

A su vez, se evidencia que en el acto administrativo que da cumplimiento a la
sentencia, se dispuso el descuento por aportes sobre los conceptos incluidos en
la reliquidación y que no se hubieran realizado.

Sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión en casos como el
presente, esta Subsección se ha pronunciado en otras oportunidades. Al
respecto, en sentencia del 27 de mayo de 2021, se indicó lo siguiente22:

[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción de
revisión se erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el
interés de la colectividad por encima del particular al detener o armonizar con la
ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia o
desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión o ya sea por adoptarse una interpretación que no se
acompasa con los principios reguladores del sistema de seguridad social en
pensiones vertidos en la Carta Superior.

35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social en
pensiones se produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un
individuo con una posición económica privilegiada obtiene, además de las
ventajas que ostenta en la sociedad, otras adicionales que desafían los principios
de la seguridad social en pensiones y resisten su orientación equitativa, tal como
lo reconoció la Sentencia C-258 de 2013 al sostener que <<para que se produzca
este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se repite, debe ser
claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su
historia laboral>>. Subrayado nuestro.

36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de las
acciones extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, al constatar
que la ventaja irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en riesgo el
sostenimiento fiscal del sistema y por ende, la expectativa de los demás afiliados
del sistema de seguridad social, con ocasión de una anomalía en la interpretación
judicial, carga que por supuesto, está a cargo de quien invoca la causal y que
tiene el deber de demostrarlo. […]”.

Igualmente, la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, en sentencia
del 24 de septiembre de 2021, estableció lo siguiente23:

“65. Evidentemente, no puede considerarse que el presente caso se trate de una
pensión obtenida con abuso del derecho o con fraude a la ley o que se trate de una
pensión injustificada o excesivamente privilegiada, teniendo en cuenta que la
cuantía de la pensión inicialmente determinada en $1.356.900,61 fue reliquidada
por el retiro del señor García García a la suma de $1.541.1540,41 mediante
Resolución 15191 del 12 de agosto de 2003 (aclarada por la Resolución 004902
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-
2018-01426-00. Recurrente: UGPP. M.P. César Palomino Cortés.

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Nº Interno: 6354-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

del 27 de febrero de 2004) y, posteriormente, determinada en $1.932.465,13,
mediante Resolución 27739 del 13 de junio de 2007, a través de la cual CAJANAL
EICE dio cumplimiento al fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, según
consta en el folio 106 del cuaderno de anexos del recurso extraordinario de
revisión.

66. Por otra parte, a juicio de la Sala, la pensión, en el monto así reconocido por el
Consejo de Estado hace más de 15 años, no atenta contra el interés general, ni
tiene una repercusión en detrimento de los recursos estatales; además, que, en
tales condiciones, no pone en desequilibrio la sostenibilidad fiscal del sistema
pensional, primero porque no corresponde a una de aquellas pensiones excesivas,
privilegiadas, o a uno de los beneficios desproporcionados que, entre otros
aspectos, dieron origen a la necesidad de modificar el sistema pensional para
ponerles término24 y, segundo, porque la sentencia recurrida en revisión, dispuso
que en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la Caja
debería realizar las compensaciones correspondientes, lo cual, responde
precisamente a la observancia de este criterio de sostenibilidad financiera del
sistema, como reiteradamente lo consideraba el Consejo de Estado, en sus
diferentes salas, al señalar, en algunos de sus pronunciamientos, que “la decisión
que accedió al reconocimiento de la reliquidación pensional, no podía pasar por
alto el criterio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Carta Política (art. 48), lo
que se manifiesta en la orden de descuento de los aportes al sistema general de
seguridad social en pensiones, como se acaba de indicar”25.”.

Quiere decir lo anterior, que la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección D,
sobre la pensión de vejez reconocida al señor Juan de Dios Rodríguez, no
muestra un incremento excesivo o injustificado, pues no se evidencia la
existencia de un abuso del derecho, así como tampoco que se haya reconocido o
reliquidado la pensión con fraude a la ley.

Al respecto, el Acto Legislativo 01 de 2005 constitucionalizó la revisión de las
pensiones cuando se presenta un abuso del derecho, en este sentido indicó: "La
ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas
con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en
las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados". La Sala considera que,
si bien no se ha expedido una nueva ley que regule este aspecto, la aplicación
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe estudiarse desde la configuración de
este elemento.

24
En la Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020, citada anteriormente, se explicó como la sostenibilidad
financiera fue el fundamento del esquema pensional instituido por el Acto Legislativo 01 de 2005, así: “Como era
alarmante la situación fiscal por la que venía atravesando el Estado, puesto que había comprometido seriamente sus
finanzas públicas, producto del reconocimiento y pago de excesivas pensiones a su cargo, hecho sumado al retraso en la
vigencia plena del nuevo sistema pensional, con ocasión de un régimen de transición que estipuló el derecho a jubilarse
con el régimen anterior que fuera aplicable, se presentó la necesidad de adicionar el artículo 48 de la Constitución Política
a través del Acto Legislativo 01 de 2005, en cuyo artículo 1.° se estableció que al Estado, no solo le corresponde respetar
los derechos adquiridos de conformidad con la ley, sino que, además, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de
pensiones, al igual que asumir el pago de la deuda pensional que estuviera a su cargo (subraya fuera del texto).
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018 (exp. 2017-01534-01), reiterada en sentencia del
14 de marzo de 2019, (exp. 2018-00683-01(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

18

Nº Interno: 6354-2019
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Demandado: Juan de Dios Rodríguez

En virtud de lo anterior, la Sala ha analizado los asuntos presentados en ejercicio
de estas acciones especiales de revisión, con el fin de establecer en cada caso
particular, si el incremento pensional se da porque existió un nombramiento en
provisionalidad o en encargo en el último año de servicios, o si los fallos
ordenaron la inclusión de una cantidad desproporcionada de factores sobre los
cuáles no se realizaron aportes, lo que conlleve a que dicho incremento de la
mesada pensional se torne injustificado.

Pues bien, visto lo anterior, la Sala concluye que, como el incremento de la
pensión reconocida al señor Juan de Dios Rodríguez no se derivó de un abuso
del derecho, siendo necesario para que proceda la revisión de la sentencia de la
sentencia bajo los supuestos planteados por el ente de previsión en el caso
objeto de estudio, se declarará infundado el presente recurso.

Para finalizar, sobre la condena en costas, es importante destacar que no
procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”.
Siendo así, como en el trámite del presente recurso no se observa su causación,
esta Sala no condenará en costas al recurrente.

III. DECISION

Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por la UGPP y no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la
sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de

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Demandante: UGPP
Demandado: Juan de Dios Rodríguez

Cundinamarca, sección segunda, subsección D, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.

TERCERO: Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que
arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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