Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00881-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00881-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00881-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00881-00 (6366-2019)
Demandante: Niro de Jesús Pérez Mendoza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00881-00 (6366-2019)
Demandante: NIRO DE JESÚS PÉREZ MENDOZA
Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA (DAFP)
Temas: Juicio de legalidad de actos administrativos derogados.
Antecedentes normativos y regulación vigente sobre la
competencia para determinar el régimen salarial y
prestacional de los docentes de las universidades oficiales.
Medidas de protección de los derechos adquiridos y las
expectativas legítimas en materia pensional a partir de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
Decisión: Se deniegan las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-18-2022
I. ASUNTO
La Sala de Subsección dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el
proceso judicial tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple de que
trata el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), promovido directamente por el señor Niro
de Jesús Pérez Mendoza, en contra de la Nación, a través de los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público, Educación Nacional y del DAFP.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00881-00 (6366-2019)
Demandante: Niro de Jesús Pérez Mendoza
II. DEMANDA1
1. Pretensiones
Se busca la anulación de la expresión «que legalmente les corresponde»,
contenida en el artículo 4.° de los Decretos 971 de 2021, 310 de 2020, 1019 de
2019, 318 de 2018, 985 de 2017, 215 de 2016, 1059 de 2015, 173 de 2014, 1003
de 2013, 828 de 2012, 1028 de 2011, 1370 de 2010, 703 de 2009, 627 de 2008,
615 de 2007, 386 de 2006, 918 de 2005, 4153 de 2004 y 3557 de 2003, este
último modificado por el artículo 1.° del Decreto 3779 de ese año.
Todas las disposiciones reglamentarias demandadas están relacionadas con la
determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
docentes de las universidades estatales y oficiales que no optaron por el régimen
que en esta materia previó el Decreto 1279 de 20022, y están contenidas en los
decretos que se expiden anualmente por el Gobierno Nacional para ajustar los
salarios y prestaciones de estos servidores. En ese orden, el primer inciso de los
preceptos acusados prevé, de manera casi idéntica, lo siguiente:
«Régimen salarial y prestacional para servidores que no optaron. Los empleados
públicos docentes de las Universidades Estatales u Oficiales que no optaron por el
régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 1279 de 2002, continuarán
rigiéndose por el régimen salarial y prestacional que legalmente les corresponde.
[…]». (Negrita fuera de texto).
2. Hechos
El señor Pérez Mendoza señaló que en vigencia de la Constitución de 1886 no
se expidieron normas con fuerza de ley sobre el régimen salarial y prestacional
de los docentes de las universidades oficiales del orden nacional, lo que conllevó
la proliferación de distintas reglamentaciones acerca de la materia, emitidas,
según él, sin competencia por parte de los consejos directivos de las instituciones
de educación superior que no habían sido creadas como establecimientos
públicos, las cuales se basaban, generalmente, en convenciones colectivas.
En todo caso, el demandante indicó que esas reglamentaciones fueron
convalidadas con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3.° del Decreto Ley
1045 de 1978; asimismo con la expedición del Decreto Ley 80 de 1980, que
previó que todas las universidades oficiales nacionales eran establecimientos
públicos controlados por el Gobierno Nacional y que los docentes que trabajaban
en ellas eran empleados de la misma naturaleza. En esa ilación, expuso que esta
1 El escrito de la demanda integrado con su reforma se encuentra en el índice 31 del expediente
digital en el sistema Samai del Consejo de Estado.
2 «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades
Estatales».
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Demandante: Niro de Jesús Pérez Mendoza
norma con fuerza de ley preceptuó en su artículo 130 que el cambio que esto
último pudiera suponer en situaciones individuales no implicaba disminución o
pérdida de la remuneración o de las prestaciones sociales que se hubieren
alcanzado conforme a derecho, con anterioridad a la emisión de dicho decreto.
En ese orden de ideas, el señor Pérez Mendoza resaltó que después, con la
expedición de la Constitución de 1991, el Congreso profirió la Ley 4.ª de 1992,
que en el literal a) de su artículo 2.° consagró que, para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, el Gobierno Nacional debe
respetar los derechos adquiridos y no puede desmejorar los salarios y
prestaciones sociales. De esa manera, señaló que en desarrollo de la Ley 4.ª, el
Gobierno expidió el Decreto 1444 del 3 de septiembre de 1992, mediante el cual
dictó disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos
docentes de las universidades públicas del orden nacional, y a través de este, se
extendió el régimen que en esta materia se les venía aplicando a los docentes de
la Universidad Nacional, a los demás que se vincularan a las otras universidades
oficiales nacionales a partir de la emisión de dicha norma, o a los que ya estando
vinculados se acogieran a lo reglamentado en ese decreto. Al respecto, también
afirmó que las prestaciones de estos servidores incluían los componentes de
seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales.
En esa línea, destacó que el Decreto 1444 de 1992 admitió la coexistencia de
dos regímenes salariales y prestacionales diferentes para los docentes
universitarios nacionales a saber: (i) el de esa norma reglamentaria de la Ley 4.ª
de 1992 y (ii) el que efectivamente se les reconoció y pagó a esta clase de
servidores hasta el 31 de diciembre de 1991, siempre y cuando no se acogieran
formalmente al Decreto 1444.
Por ello, el demandante aseguró que cuando fue proferida la Ley 100 del 23 de
diciembre de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», existía un grupo de empleados públicos docentes de
algunas universidades oficiales del orden nacional que tenían expectativas
legítimas fundadas en un régimen de salarios, salud y pensiones que fue
convalidado paulatinamente por el Gobierno Nacional mediante las normas antes
mencionadas. En tal sentido, sostuvo que, si bien la Ley 100 no incluyó
expresamente a este grupo de profesores entre las excepciones a su aplicación,
ello no implicó la derogación de esos preceptos.
De ese modo, indicó que en vigencia de la Ley 100, el Gobierno Nacional expidió
el Decreto 55 del 10 de enero de 1994, que, en su artículo 1.°, estableció que los
docentes de las instituciones públicas de educación superior de todos los niveles,
que se vinculasen por concurso a partir de la entrada en vigor de esa norma, se
les aplicaría el régimen salarial y prestacional previsto en los Decretos 1444 de
1992, 26 de 1993 y aquellos que los llegaren a adicionar o modificar; y su artículo
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2.°, previó que quienes ya estaban vinculados en el momento en el que empezó
a regir el Decreto 55 de 1994, podían escoger entre acogerse al nuevo régimen
o permanecer en el que se les reconoció y pagó hasta el 31 de diciembre de
1993. Así, expuso que luego de lo precedente y de manera sucesiva, a través de
los Decretos 15 de 1996, 74 de 1998, 52 de 1999, 2728 de 2000, 2880 de 2001,
1279 de 2002 y 3557 de 2003, el Gobierno mantuvo la norma sobre la vigencia
del régimen salarial y prestacional efectivamente reconocido y pagado a los
docentes de las universidades oficiales que, estando vinculados a esas
instituciones, no optasen por la nueva reglamentación. En todo caso, aclaró que
en el año 2001 también fue expedido el Decreto 2912, que luego fue derogado
por el Decreto 1279 de 2002, pero que mientras estuvo vigente dispuso en el
parágrafo segundo de su artículo 1.° que los empleados públicos docentes
vinculados a un régimen diferente al del Decreto 1444 de 1992, que no se
acogieran al nuevo sistema, continuarían rigiéndose por el régimen salarial y
prestacional que, «de acuerdo con las disposiciones legales», efectivamente se les
reconoció y pagó hasta el 31 de diciembre de 1997, salvo en las modificaciones
salariales específicas que se establecieron en ese decreto.
De tal forma, aseveró que luego, con el Decreto 3779 del 26 de diciembre de
2003, este tema tuvo un sutil pero importante cambio, que tiene que ver con la
modificación del artículo 4.° del Decreto 3557 del día 10 del mismo mes y año,
en lo relativo a la expresión «que efectivamente se les reconoció y pagó a 31 de
diciembre de 1997», que fue sustituida por el enunciado «que legalmente les
corresponde», con lo cual, según él, el Gobierno Nacional volvió a introducir la
norma contenida en el parágrafo segundo del artículo 1.° del derogado Decreto
2912 de 2001 con el fin de desconocer los regímenes salariales y prestacionales
creados mediante acuerdos de los consejos directivos de las universidades
oficiales, y esa situación en su momento generó rechazo entre los docentes de
estas instituciones en todo el país.
A partir de lo anterior, el demandante indicó que, más tarde, el Congreso de la
República expidió el Acto legislativo n.° 1 del 22 de julio de 2005, que limitó la
vigencia de los regímenes pensionales especiales hasta el 31 de julio de 2010,
entre ellos el del artículo 2.° del Decreto 1279 de 2002. Y luego, en el 2006, el
Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elevó una solicitud a la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre el tema, y esta respondió
que esas instituciones de educación superior no han estado ni están facultadas
para establecer requisitos pensionales de sus empleados públicos, pues, desde
la emisión del Acto Legislativo n.° 1 de 1968 y en vigencia de la Constitución de
1991, es al legislador a quien le corresponde regular la materia; además que,
para esa época, todos los servidores públicos ya estaban sometidos al régimen
de pensiones de la Ley 100 de 1993, con excepción únicamente de los cobijados
expresamente por sistemas especiales, de los amparados por el régimen de
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transición para obtener la pensión de vejez previsto en el artículo 36 ibidem y de
los que se relacionan en el artículo 279 ejusdem3.
3. Normas violadas y concepto de violación
El demandante alegó la violación de las siguientes normas:
• Constitución Política de 1991: preámbulo y artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.° y
83.
• Ley 4.ª de 1992: artículos 2.° y 20.
• Ley 30 de 1992: artículos 72 y 77.
• Decreto 1279 de 2002: artículo 2.°.
• Ley 1251 de 2008: artículos 1.° y 2.°.
Antes de explicar el concepto de violación, el señor Niro de Jesús Pérez Mendoza
mencionó que, de acuerdo con la jurisprudencia, es posible controlar
judicialmente normas derogadas, en la medida en que estas hayan producido o
sigan produciendo efectos. Por ende, consideró procedente y necesario el juicio
de legalidad de las disposiciones que acusó y que no se encuentran vigentes en
este momento. Por su parte, frente al tema de fondo, según él, la transgresión de
las normas antes enunciadas se materializó con el cambio introducido por el
Gobierno Nacional en el artículo 1.° del Decreto 3779 de 2003, al artículo 4.° del
Decreto 3557 de la misma anualidad, que desde entonces ha sido replicado en
los decretos que se expiden año a año para ajustar los salarios y prestaciones de
los empleados públicos docentes de las universidades estatales u oficiales. Esta
última disposición, de prever inicialmente que los docentes que no optaron por el
régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 1279 de 2002 continuarían
rigiéndose por el que efectivamente se les reconoció y pagó hasta el 31 de
diciembre de 1997, pasó a preceptuar que el régimen sería el que «legalmente
les corresponde».
En ese orden de ideas, de acuerdo con el señor Pérez Mendoza, con esa
modificación en el ordenamiento jurídico se permite que algunas autoridades
judiciales interpreten la expresión «que legalmente les corresponde» en un
sentido tal que desconoce el régimen salarial y prestacional contenido en normas
especiales para determinados servidores públicos, y frente a esto consideró que
se debe tener en cuenta que el Decreto 1444 del 3 de septiembre de 1992,
proferido bajo la Constitución de 1991 y como desarrollo de la Ley 4.ª de 1992,
trajo una nueva normativa sobre salarios y prestaciones de los docentes de
universidades públicas, que, en todo caso, previó que los que no se acogieron a
dicho régimen conservaban el que se les venía aplicando.
3 El demandante señaló que la consulta fue radicada con el número 1713 y tiene fecha del 3 de
marzo de 2006.
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De esa manera, aseguró que con el Decreto 3779 de 2003 y con las normas
subsiguientes que reglamentaron la materia y que son acusadas en este medio
de control, el Gobierno Nacional defraudó las expectativas legítimas de los
docentes que se encontraban vinculados a algunas universidades oficiales en el
momento de entrada en vigor del Decreto 1444 de 1992, que optaron por recibir
un salario reducido esperando disfrutar de los regímenes pensionales
establecidos sobre la materia en normas de rango inferior al legal como las
emitidas por las propias instituciones de educación superior, tal y como lo
consagra el artículo 2.° del Decreto 1279 de 2002. Igualmente, sostuvo que con
ello se vulneraron los derechos de los adultos mayores pensionados gracias a su
labor docente.
III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1. Ministerio de Educación Nacional4
La apoderada del Ministerio de Educación se opuso a las pretensiones de la
demanda. Para sustentar esta postura inicialmente consideró pertinente aclarar
que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
432 de 2004, las prestaciones sociales a cargo del empleador se clasifican en
inmediatas y mediatas. Así, las primeras son aquellas que corren a cargo de él
como contraprestación directa del servicio de su empleado, tales como las primas
o las cesantías, y las últimas son las que están destinadas a cubrir los riesgos o
contingencias propias de la seguridad social, que se pagan a través de un tercero
a quien se le hacen cotizaciones de conformidad con la ley, y dentro estas se
incluyen las pensiones. Por ende, sostuvo que cuando se hace referencia al
régimen prestacional, también se alude a lo pensional.
En ese orden de ideas, manifestó que no le asiste razón al señor Pérez Mendoza,
por cuanto la convalidación de las pensiones y prestaciones extralegales bajo las
cuales se hayan consolidado derechos adquiridos se extendió solo hasta
diciembre de 1997, ya que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 previó
inicialmente que se podían pensionar con base en estos requisitos quienes los
llegasen a cumplir dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de esa
norma legal, y si bien la Corte Constitucional, en la sentencia C-410 del 28 de
agosto de 1997, declaró inexequible el aparte del precepto que daba esa
posibilidad, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencias del 7 de
octubre de 20105 y 22 de febrero de 20186, estimó que, en la medida en que la
inconstitucionalidad tuvo efectos hacia el futuro, esta no afectó los que se
generaron en el lapso de vigencia de la disposición.
4 Índice 38 del expediente digital.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 7 de octubre de 2010, rad. 25000-23-25-000-2004-08779-02(1484-09).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 22 de febrero de 2018, rad. 76001-23-31-000-2010-01333-02(1829-17).
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Así las cosas, consideró que los docentes que a esa fecha no tenían
consolidados estos derechos, no pueden considerarse con expectativas legítimas
que impidan cambiar las normas que regulan la materia, ya que ello implicaría la
petrificación del ordenamiento jurídico, que no podría adaptarse a los
requerimientos económicos y sociales que en cada momento se presenten.
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público7
El abogado de este Ministerio también manifestó su desacuerdo respecto de las
pretensiones del libelo y resaltó que las universidades públicas gozan de
autonomía presupuestal y que los aportes de la Nación constituyen solo una de
las distintas fuentes de financiamiento de esas instituciones. Además, como la
contestación de esta entidad se dio únicamente frente al escrito inicial de la
demanda, en la que apenas se acusó el artículo 4.° del Decreto 1019 de 2019,
que fue derogado por el Decreto 310 de 2020, sostuvo que este medio de control
carece de objeto ya que la disposición demandada desapareció del ordenamiento
jurídico.
3. DAFP8
La apoderada de este Departamento Administrativo manifestó que acompañaba
íntegramente lo sostenido por el Ministerio de Educación en su contestación y no
aportó argumentos nuevos.
IV. DETERMINACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
SOBRE SENTENCIA ANTICIPADA
Teniendo en cuenta que no se propusieron excepciones previas, mediante auto
del 1.° de junio de 20229, el consejero sustanciador determinó darle aplicación a
lo previsto en el literal d) del numeral 1.° del artículo 182A del CPACA, que
dispone que, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez puede
emitir sentencia anticipada antes de que se celebre la audiencia inicial, cuando
se trate de asuntos en los que las pruebas solicitadas por las partes, diferentes a
las aportadas con la demanda y la contestación, sean impertinentes,
inconducentes o inútiles.
En ese sentido, el litigio quedó fijado provisionalmente con los siguientes
problemas jurídicos:
«[…]
7 Índice 18 del expediente digital.
8 Índice 39 ibidem.
9 Índice 48 ibidem.
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1. ¿Es procedente una decisión de fondo sobre la legalidad de las normas
demandadas que hayan perdido su vigencia por derogación?
2. La expresión «que legalmente les corresponde», contenida en los preceptos
reglamentarios acusados ¿viola el principio de confianza legítima, el
preámbulo y los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.° y 83 de la Constitución de 1991,
2.° y 20 de la Ley 4.ª de 1992, 72 y 77 de la Ley 30 de ese mismo año, 2.° del
Decreto 1279 de 2002 y 1.° y 2.° de la Ley 1251 de 2008, en la medida en que
con ella se defraudan las expectativas legítimas de los docentes que no se
acogieron al Decreto 1444 de 1992 para disfrutar de los regímenes particulares
que en esta materia se establecían en normas de inferior jerarquía a la de la
ley?».
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público10
Además de reiterar los argumentos de la contestación de la demanda sobre la
imposibilidad jurídica de enjuiciar actos administrativos derogados, el apoderado
de este Ministerio sostuvo que los decretos reglamentarios de las leyes marco
tienen la virtualidad de derogar, modificar o sustituir normas preexistentes que
tengan fuerza de ley, siempre y cuando aquellas se refieran a las materias objeto
de esa clase de leyes. Así, manifestó que no son de recibo los reproches del
demandante, ya que los preceptos cuestionados se limitan a reiterar el arreglo
institucional que se desprende del artículo 150 numeral 19 de la Carta Política de
1991 y de la Ley 4ª de 1992.
2. Ministerio de Educación Nacional11
La apoderada del Ministerio de Educación insistió en las razones expuestas en
la contestación de la demanda.
3. Demandante12
En este momento del proceso, el señor Niro de Jesús Pérez Mendoza ratificó sus
argumentos iniciales y sostuvo que, a las disposiciones reglamentarias cuya
nulidad se pretende, hay que sumar el artículo 4.° del Decreto 447 del 29 de
marzo de 2022, que es la norma actualmente vigente para los empleados
públicos docentes de las universidades estatales u oficiales que no optaron por
el régimen salarial previsto en el Decreto 1279 de 2002.
Además, precisó que la expresión «que legalmente les corresponde»,
dependiendo de su interpretación, puede ser usada para defraudar la confianza
legítima y demás principios y reglas que invocó como violadas en el libelo inicial.
10 Índice 59 ibidem.
11 Índice 62 ibidem.
12 Índice 64 ibidem.
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Por ello, pidió que el segundo problema jurídico definido en el auto que fijó el
litigio sea modificado en el sentido de indicar que la expresión acusada no
«defrauda», sino que «podría defraudar» las expectativas legítimas de los
docentes que no se acogieron al Decreto 1444 de 1992 para disfrutar de los
regímenes particulares que en esta materia se establecían en normas de inferior
jerarquía a la de la ley. Esta solicitud la sustentó en el hecho de que, según él,
con la expedición del Decreto 3779 de 2003 surgió la pregunta acerca de cuál es
el régimen salarial y prestacional que les corresponde legalmente a los docentes
que no optaron por el contenido en el Decreto 1279 de 2002, la cual se respondió
con lo que dispuso el artículo 2.° de este último reglamento, que previó que los
profesores que con anterioridad al 8 de enero de 2002 estaban sometidos a un
régimen salarial y prestacional diferente al del Decreto 1444 de 1992, continúan
rigiéndose por esa normativa.
4. DAFP13
Al igual que en la contestación de la demanda, la apoderada de este
Departamento Administrativo manifestó que compartía plenamente los
argumentos expuestos en este proceso por el Ministerio de Educación Nacional.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público no emitió concepto.
VII. CONSIDERACIONES
1. Cuestiones previas
1.1. Sobre la inclusión de una nueva disposición acusada en los
alegatos de conclusión del demandante
La Sala estima que no es procedente estudiar la nueva pretensión de nulidad
sobre el artículo 4.° del Decreto 447 del 29 de marzo de 2022, introducida en los
alegatos de conclusión por parte del señor Pérez Mendoza, toda vez que, como
lo ha señalado de manera reiterada esta Corporación, en ese momento del
proceso la actuación de las partes ha de circunscribirse a razonar sobre lo
acontecido y debatido en el trámite, teniendo como base la demanda y su
contestación14, y todo esto quedó sintetizado en el auto que determinó dar
13 Índice 65 ibidem.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 21 de julio y del 10 de noviembre de 2016, rad. 25000-23-25-000-2006-08380-
03(1216-12) y 08001-23-31-000-2011-00529-01(3852-15), respectivamente. Sección Primera,
sentencia del 23 de abril de 2020, rad. 11001-03-24-000-2011-00003-00; Sección Cuarta,
sentencia del 22 de abril de 2021, rad. 68001-23-31-000-2012-00058-01(25427), entre otras.
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Demandante: Niro de Jesús Pérez Mendoza
aplicación a las normas sobre sentencia anticipada y fijó el litigio, en el cual no
fue incluido ese precepto.
1.2. Acerca de la solicitud para cambiar la formulación del segundo
problema jurídico
Esta Subsección no accederá a la solicitud de modificar el segundo problema
jurídico enunciado en el auto que determinó aplicar las normas sobre sentencia
anticipada, cambiando la expresión «con ella se defraudan», por «con ella se
podrían defraudar», toda vez que ello conllevaría un enjuiciamiento de las
disposiciones reglamentarias acusadas a la luz de hipotéticas interpretaciones
que se puedan realizar de estas, y no con base en las normas en las que debían
fundarse los actos administrativos generales que las contienen en el momento en
el que fueron expedidos, que es el parámetro que, de acuerdo con la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, ha de servir para realizar el análisis
de legalidad propio de este medio de control15.
Además de lo anterior, esta solicitud tampoco resulta procedente en la medida
en que el demandante no manifestó su inconformidad respecto de la fijación del
litigio a través del medio procesal idóneo, que es el recurso de reposición en
contra de esa decisión16.
2. Problemas Jurídicos
Así las cosas, le corresponde a la Sala responder las siguientes preguntas:
2.1. Primer problema jurídico
¿Es procedente una decisión de fondo sobre la legalidad de las normas
demandadas que hayan perdido su vigencia por derogación?
Tesis de la Sala: Sí es procedente una decisión de fondo sobre la legalidad de
las normas demandadas, a pesar de que todas ellas perdieron su vigencia hacia
el futuro por haber sido derogadas, en la medida en que, como lo ha sostenido
reiteradamente esta Corporación, los efectos de la sentencia de nulidad se
extienden hacia el pasado y comprenden todas aquellas situaciones jurídicas no
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del
16 de febrero de 1995, rad. 2918; Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de mayo de
1999, rad. 13644; Sección Primera, sentencia del 20 de mayo de 2004, rad. 25000-23-24-000-
2000-00680-01; Sección Tercera, sentencia del 27 de octubre de 2005, rad. 11001-03-26-000-
2003-00047-01(25485); Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012, rad. 11001-03-24-
000-2007-00150-00; y Sección Cuarta, sentencias del 11 de octubre de 2012, rad. 50001-23-31-
000-2001-40523-01(18778) y del 2 de marzo de 2017, rad. 25000-23-27-000-2009-00102-
01(19976).
16 Toda vez que así lo establece el artículo 242 del CPACA frente a las decisiones no apelables
como la que fija el litigio.
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consolidadas desde el momento en el que fue expedido el acto, las cuales no
desaparecen con la derogación.
Para sustentar esta tesis se abordarán los siguientes temas: (2.1.1)
Jurisprudencia sobre el juicio de legalidad de actos administrativos derogados y
(2.1.2) caso concreto.
2.1.1. Jurisprudencia sobre el juicio de legalidad de actos
administrativos derogados
Desde 1915 y con base en consideraciones de derecho privado, la jurisprudencia
de esta Corporación señaló que los efectos en el tiempo de la declaración de
nulidad de los actos administrativos generales se retrotraen hasta el momento de
su expedición, esto es, que se entiende que esta ha existido desde entonces o
desde siempre (ex tunc)17. Esta idea llevó a que luego, en 1934, analizando la
cuestión desde la perspectiva del derecho público, el Consejo de Estado
sostuviera que es posible enjuiciar actos administrativos generales derogados,
toda vez que la derogación tiene efectos hacia el futuro, mientras que la anulación
los tiene hacia el pasado18.
Desde entonces, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ha
entendido que la derogación o la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos de
carácter general, que son objeto del medio de control de simple nulidad, no son
circunstancias que impidan realizar el juicio de legalidad sobre ellos, ya que
dichos actos pudieron producir efectos jurídicos durante su vigencia, y estos se
presumen legales a menos que judicialmente se determine lo contrario19.
17 Haciendo una lectura del asunto desde el derecho civil esta Corporación señaló: «[…] la nulidad
[…] produce el resultado de que las relaciones jurídicas de las partes, vuelvan al estado que
tenían antes del acto o contrato nulo […]. Por tanto, declarada la nulidad de una ordenanza por
la autoridad de lo contencioso administrativo […] necesariamente deben restablecerse las cosas
en lo que sea físicamente posible, al estado que tenían antes de la vigencia de la ordenanza, esto
es, se consideran inválidos los efectos producidos por ella»: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de junio de 1915, sin número de radicación (actor:
Compañía del puente de Portillo y otro). Citada en: Andrés Fernando Ospina Garzón, «Efectos
de la modulación de los actos administrativos. Modulación de los efectos temporales. Comentario
de la sentencia del 6 de octubre de 2011 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, rad. 11001-03-28-000-2010-00120-00», En Los grandes
fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana, Andrés Fernando Ospina Garzón (editor),
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 428-429, nota en pie de página n.° 10.
18 «En 1934 ya el Consejo de Estado empezó a abordar la cuestión desde el derecho público, lo
cual le permitió afirmar que la nulidad de un acto derogado sí es posible en cuanto la derogación
“tiene efecto para el futuro […]. La anulación, por el contrario […] lo declara inexistente desde su
origen”»: Consejo de Estado, auto del 6 de junio de 1934, sin número de radicación (actor: Víctor
Pérez). «Esta posición fue confirmada en 1951, donde la derogación con efectos a futuro, se
asimiló a la inexequibilidad, para oponerla a la nulidad que “[…] restablece las relaciones jurídicas
de las partes al estado que tenían antes del acto declarado nulo”»: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia del 12 de abril de 1951, rad. 19510412.
Ibidem, pp. 428-429.
19 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 4 de diciembre de 2003, rad. 25000-23-25-000-1994-6713-01(2110-01); Sección
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Así, la posibilidad de revisar judicialmente los actos generales que han perdido
sus efectos se explica a partir de la asignación de consecuencias hacia el pasado
o ex tunc de la nulidad que se declare en la sentencia, las cuales, en todo caso,
ha de entenderse que no comprenden a aquellas situaciones jurídicas
consolidadas, que son las que por cualquier circunstancia no admiten más
discusiones ante la administración ni ante la jurisdicción20.
2.1.2. Caso concreto
De conformidad con lo anterior, en el presente asunto, la Sala estima que sí
corresponde hacer el juicio de legalidad respecto de todas las disposiciones
demandadas, en la medida en que estas, a pesar de que fueron derogadas,
produjeron efectos mientras estuvieron vigentes y estos se presumen legales
mientras no sean declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese sentido, no le asiste razón al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que valoró que la derogación de los preceptos acusados eliminó
el objeto de este medio de control, toda vez que ese fenómeno jurídico solo
produce efectos hacia el futuro, y la anulación cobija aquellos que no son
cubiertos por este.
En conclusión: Sí es procedente una decisión de fondo sobre la legalidad de las
normas demandadas, a pesar de que todas ellas perdieron su vigencia hacia el
futuro por haber sido derogadas, en la medida en que, como lo ha sostenido
reiteradamente esta Corporación, los efectos de la sentencia de nulidad se
extienden hacia el pasado y comprenden todas aquellas situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento en el que fue expedido el acto, las cuales no
desaparecen con la derogación.
2.2. Segundo problema jurídico
La expresión «que legalmente les corresponde», contenida en los preceptos
reglamentarios acusados ¿viola el principio de confianza legítima, el preámbulo
y los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.° y 83 de la Constitución de 1991, 2.° y 20 de la
Ley 4.ª de 1992, 72 y 77 de la Ley 30 de ese mismo año, 2.° del Decreto 1279 de
Cuarta, sentencia del 9 de abril de 2015, rad. 11001-03-27-000-2012-00029-00 (19451); Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, rad. 11001-03-26-000-2004-00044-
00(28615), entre otras.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
del 31 de mayo de 1994, rad. 7245; Sección Cuarta, sentencia del 23 de marzo de 2001, rad.
76001-23-24-000-1997-4782-01(11598); Sala Plena, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia
del 4 de diciembre de 2018, rad. 66001-33-31-002-2007-00107-01(AG)REV; Sala Diecinueve
Especial de Decisión, sentencia del 1 de octubre de 2019, rad. 66001-23-33-003-2012-00007-
01(AG)REV; y Sección Cuarta, sentencia del 6 de agosto de 2020, rad. 08001-23-31-002-2012-
00292-01(22384), entre otras.
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2002 y 1.° y 2.° de la Ley 1251 de 2008, en la medida en que con ella se
defraudan las expectativas legítimas de los docentes que no se acogieron al
Decreto 1444 de 1992 para disfrutar de los regímenes particulares que en esta
materia se establecían en normas de inferior jerarquía a la de la ley?
Tesis de la Sala: La expresión «que legalmente les corresponde», contenida en
los preceptos reglamentarios acusados no viola el principio de confianza legítima,
el preámbulo y los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.° y 83 de la Constitución de 1991,
2.° y 20 de la Ley 4.ª de 1992, 72 y 77 de la Ley 30 de ese mismo año, 2.° del
Decreto 1279 de 2002 y 1.° y 2.° de la Ley 1251 de 2008, en la medida en que,
bajo una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, en especial
teniendo en cuenta el régimen de transición del Sistema General de Seguridad
Social Integral, con ella no se defraudan las expectativas legítimas de los
docentes que no se acogieron al Decreto 1444 de 1992 para disfrutar de los
regímenes particulares que en esta materia se establecían en normas de inferior
jerarquía a la de la ley.
Para justificar lo anterior se analizarán las materias que se enuncian a
continuación: (2.2.1) La causal de nulidad por la violación de las normas en las
que debía fundarse el acto administrativo. (2.2.2) Antecedentes normativos y
regulación vigente sobre la competencia para determinar el régimen salarial y
prestacional de los docentes de las universidades oficiales. (2.2.3) Medidas de
protección de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas en materia
pensional a partir de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. (2.2.4) Caso
concreto.
2.2.1. La causal de nulidad por la violación de las normas en las que
debía fundarse el acto administrativo
Esta causal ha sido vista por parte de la doctrina como «genérica»21, en la medida
en que las demás causales específicas pueden comprenderse dentro de la
violación de las normas superiores en las que debería fundarse el acto
administrativo, ya que aspectos como la competencia, el procedimiento, los
motivos y las finalidades del acto, están señalados en preceptos de mayor
jerarquía, que deben ser observados en su expedición22.
21 Consuelo Sarria Olcos, Comentario al artículo 137 del CPACA, en: Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 comentado y concordado,
2.ª ed., Jose Luis Benavides (editor), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 373-
374.
22 De hecho, el artículo 52 de la Ley 130 de 1913, «Sobre la jurisdicción de lo contencioso
administrativo», inicialmente preceptuó que la anulación de los actos administrativos procedía por
una causal genérica referida a la violación de la Constitución y la ley. Luego, con la sucesiva
expedición de las leyes y códigos en materia de lo contencioso administrativo, esa causal derivó
en las seis que se aplican en la actualidad.
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No obstante, también se ha dicho que, por razones de técnica y respeto a la
tradición doctrinaria y jurisprudencial23, además de la necesidad de darle una
lectura racional y eficaz de la norma24, esta causal debe diferenciarse de las
demás y, en ese sentido, su aplicación es residual, lo que quiere decir que podrá
invocarse si los hechos no encuadran en una causal distinta25.
En todo caso, el significado estricto de esta causal ha sido comprendido por la
jurisprudencia de esta Corporación como la contravención legal directa de la
norma superior en que debía fundarse el acto administrativo, y ocurre cuando se
presenta una de las siguientes situaciones: (a) Falta de aplicación, (b) aplicación
indebida o (c) interpretación errónea26.
(a) La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad
administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, pues la analiza
o valora, no la aplica a la solución del caso. También sucede cuando se acepta
una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, toda vez que esta no
tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, la
autoridad puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la
aplicable al asunto que resuelve. En estos eventos se está ante un caso de
violación de la ley por falta de aplicación, no de su interpretación errónea, debido
a que la norma, por no haber sido aplicada, no trascendió al caso decidido.
(b) Por su parte, la aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones
jurídicas se emplean a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto
que es objeto de decisión. Este error puede originarse por dos circunstancias: (i)
En los casos en los que la autoridad administrativa se equivoca al escoger la
norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra
y, (ii) cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
(c) Finalmente, se incurre en este vicio de manera directa al dársele una
interpretación errónea a los preceptos aplicados. Esto sucede cuando las
disposiciones son las que regulan el tema que se debe decidir, pero la autoridad
las entiende equivocadamente y así las aplica. Es decir, ocurre cuando la
autoridad administrativa le asigna a la norma un sentido o alcance que no le
corresponde27.
23 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho procesal administrativo, 8.ª ed., Medellín, Señal Editora,
2013, p. 290.
24 Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá, Librería
Ediciones del Profesional, 2016, p. 548.
25 Pedro Antonio Lamprea Rodríguez, Anulación de los actos de la administración pública, 2.ª ed.,
Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2004, p. 213.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15
de marzo de 2012, rad. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660).
27 Ibidem.
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2.2.2. Antecedentes normativos y regulación vigente sobre la
competencia para determinar el régimen salarial y prestacional de
los docentes de las universidades oficiales
El texto original del artículo 76 de la Constitución de 1886 señalaba en su numeral
7.° que correspondía al Congreso, mediante la ley, fijar las respectivas
dotaciones de los empleos públicos, y su artículo 62 preveía que la ley
determinaría las condiciones de jubilación y la serie o clase de servicios civiles o
militares que daban derecho a pensión del tesoro público. Luego, con la
expedición del Acto Legislativo n.° 1 de 1968, el contenido del numeral 7.° del
artículo 76 desapareció para, en su lugar, ser introducida una nueva norma en el
numeral 9.°, asignando al legislativo la atribución de fijar las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de la
administración pública nacional, así como el régimen de sus prestaciones
sociales.
En relación con lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación explicó lo siguiente28:
«[…] antes de la expedición de la Constitución de 1991, […] el sistema salarial y
prestacional de los empleados públicos presentaba las siguientes características:
a. De 1886 a 1968. Según el texto original del artículo 62 de la Constitución de 1886,
la ley determinaba las condiciones de jubilación y el Congreso de la República
creaba todos los empleos y fijaba sus respectivas dotaciones (artículo 76.7). […]
b. A partir del acto legislativo n.° 1 de 1968, el Congreso determinaba las escalas
de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como
el régimen de sus prestaciones sociales (art. 11). Sin embargo, se contempló la
posibilidad de revestir “pro tempore” al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias para regular la materia (artículo 76.12). En todo caso, es
claro que para esa época el régimen prestacional de los empleados públicos
de todos los niveles -nacional, seccional o local- tenía única y exclusivamente
carácter legal, no siendo viable su reconocimiento mediante actos jurídicos
de distinto contenido -acuerdos, ordenanzas, actas convenio o convenciones
colectivas». (Negrita fuera de texto).
Estas consideraciones, que por lo demás se sustentaron en la jurisprudencia
constitucional29, fueron acogidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que en sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2011 indicó que, en
vigencia de la Constitución de 1886, cualquier disposición referente a normas de
carácter local, de establecimientos públicos nacionales o departamentales, o de
índole convencional, que regularan el régimen prestacional de los empleados
públicos, eran contrarias al ordenamiento constitucional y legal, y en esto debían
28 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 18 de julio de 2002, rad.
1393.
29 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-510 de 1999.
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incluirse también las normas emitidas al interior de las universidades
oficiales, cuya autonomía está limitada por lo consagrado en la Norma Superior
y la ley30.
Así las cosas, con la entrada en vigor de la Carta Política de 1991, el
constituyente facultó al Congreso de la República para expedir las leyes y, a
través de ellas, señalar el marco de los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional para regular el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos31. En virtud de lo anterior, el legislador profirió la Ley
4.ª de 199232, que prevé que todo régimen que en esta materia se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en esa ley o en los decretos que
dicte el Gobierno Nacional para desarrollarla, «carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos»33.
Ahora, en lo concerniente al régimen prestacional de los empleados públicos de
las universidades estatales, incluidos los docentes, se tiene que la Ley 30 de
1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior,
consagra en su artículo 77 que «[e]l régimen salarial y prestacional de los profesores
de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4.ª de 1992, los decretos
reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan». De esa
manera, se concluye que, tanto a la luz de la Constitución de 1886 como de la
Carta de 1991, el competente para determinar el régimen salarial y prestacional
de los docentes de las universidades oficiales es el Congreso de la República, a
través de una ley marco que debe ser reglamentada por el Gobierno Nacional.
2.2.3. Medidas de protección de los derechos adquiridos y las
expectativas legítimas en materia pensional a partir de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993
Mediante la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, se creó en Colombia el Sistema
General de Seguridad Social Integral que, en su componente pensional, dispuso
algunas medidas para salvaguardar los derechos adquiridos y las expectativas
30 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
de unificación del 29 de septiembre de 2011, rad. 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10).
31 CP, art. 150, n.° 19, lit. e: «Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones: […]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. […]».
32 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
33 L 4/1992, art. 10.
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legítimas que se hubiesen podido generar en aplicación de las normas que
estuvieron vigentes antes de esa ley.
En ese sentido, respecto de los derechos adquiridos, entendidos estos como
aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido
bajo la vigencia de la ley y que no pueden ser menoscabadas por disposiciones
futuras34, el artículo 11 ibidem, modificado por el artículo 1.° de la Ley 797 de
2003, preceptúa lo siguiente:
«ARTICULO 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio
nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías,
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a
disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas
de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los
requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación,
vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial,
semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado
en general.
Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y
que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes».
Igualmente, y de manera más específica respecto de pensiones de jubilación
extralegales con base en normas territoriales, el artículo 146 ejusdem preceptuó
lo que se transcribe a continuación:
«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales
o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las
entidades territoriales o sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes
con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de
los dos años siguientes35 los requisitos exigidos en dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a
que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente Ley».
De conformidad con el artículo transcrito, las situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 con fundamento en
disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales territoriales continuarían
34 Cfr. CP, arts. 53 y 58. También: Corte Constitucional, sentencia C-410 de 1997.
35 Esta expresión fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-
410 de 1997.
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vigentes; asimismo, quienes antes de su entrada en vigor reunieran los requisitos
para pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían derecho a la pensión
en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos
adquiridos.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-410 de 1997, declaró la
exequibilidad de este artículo y frente a las disposiciones municipales y
departamentales en relación con las pensiones, dijo:
«[…] El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los
preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la
Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores.”
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones
futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[…] Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan,
dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación
compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha
trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función36.
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de
los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley
100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por
disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes […]».
Es importante precisar que la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió que
dentro de las disposiciones del orden territorial quedaron incluidas las
regulaciones de los entes universitarios37, y también que, sobre la vigencia de la
Ley 100 de 1993 en materia pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibidem
estableció que entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995, por lo que, en esas
condiciones, solamente las situaciones particulares que se definieron con
anticipación a esa fecha deben ser respetadas.
Sin embargo, asimismo hay que tener presente que el artículo 146 permitía la
consolidación del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del
Sistema General de Seguridad Social, pero ese apartado fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la misma sentencia C-410 de 1997. En
36 Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 1995.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación del 29 de septiembre de 2011, rad. 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10).
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todo caso, el Consejo de Estado consideró que dicho extracto sí surtió efectos
respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre el 30 de
junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, porque las sentencias de inexequibilidad
tienen efectos hacia el futuro y la Corte no dispuso lo contrario en esa
providencia, razón por la cual quedaron amparadas las situaciones jurídicas que
en materia pensional se consolidaron antes del 30 de junio de 1997 o previo a la
fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad
territorial38.
Por último, respecto de los derechos adquiridos en materia pensional, se destaca
que el Acto Legislativo n.° 1 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la
Constitución, preceptuó de manera categórica que «[e]n materia pensional se
respetarán todos los derechos adquiridos»39, lo cual comprende, incluso, los que
provienen de regímenes extralegales, como los de las normas internas
universitarias.
Ahora bien, acerca de las expectativas legítimas, inicialmente es menester
diferenciar este concepto del de mera expectativa, que, como se vio, según la
Corte Constitucional, no es materia de protección en la Carta Política. En ese
sentido, esta Subsección ha indicado que, en el contexto de un cambio legislativo
en la regulación de un derecho, las «meras expectativas» constituyen la simple
probabilidad de adquisición o consolidación de este en el largo plazo, mientras
que las «expectativas legítimas» abarcan estas situaciones cuando la persona
está cerca de cumplir todos los requisitos para lograrlo40.
De ese modo, las expectativas legítimas pueden ser ubicadas en una posición
intermedia entre los derechos adquiridos y las meras expectativas, y si bien el
ordenamiento jurídico no les concede las garantías de seguridad que da a los
derechos adquiridos, sí las protege en un grado mayor al de las meras
expectativas. Esto se materializa, por lo general, con la creación de regímenes
de transición que, por un lado, permiten el cambio regulación y, por el otro,
protegen la expectativa válida que tiene la persona de consolidar en el corto plazo
su derecho41.
Así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó en su inciso segundo
lo siguiente:
«Artículo 36. Régimen de Transición. […] La edad para acceder a la pensión de
vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
38 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2010,
rad. 25000-23-25-000-2004-08779-02(1484-09).
39 Negrita fuera de texto.
40 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 9 de julio de 2020, rad. 25000-23-42-000-2013-00499-01(3558-17).
41 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004.
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pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema
tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son
hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley […]».
Como se puede ver, este precepto contiene el régimen de transición pensional a
través del cual el legislador protegió las expectativas legítimas de las personas
que en el momento de entrar en vigor el Sistema General de Seguridad Social
Integral estaban próximos a consolidar su derecho en esta cuestión. Así lo
advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995, en la que analizó
su constitucionalidad y consideró que «el legislador con estas disposiciones legales
va más allá de la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las
expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de
semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una
plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25
que ordena dar especial protección al trabajo».
Finalmente, es relevante tener en cuenta que en la sentencia C-410 de 1997 que
ya fue citada, esa Corporación aclaró que el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 también cobija los sistemas extralegales del
orden territorial42, consideración que también resulta aplicable a aquellos creados
por normas internas de las universidades oficiales.
2.2.4. Caso concreto
Inicialmente, la Sala estima conveniente recordar que todas las disposiciones
demandadas están contenidas en los decretos reglamentarios proferidos cada
año por el Gobierno Nacional para definir el aumento de los salarios y
prestaciones sociales de los empleados públicos docentes y administrativos de
las universidades estatales u oficiales, lo cual, según esas normas, tiene base en
lo previsto en el artículo 77 de la Ley 30 de 199243 y en la Ley 4.ª de esa misma
anualidad44. Del mismo modo, que estas preceptúan lo siguiente:
42 «[E]l régimen de transición en referencia se aplica íntegramente a los empleados o servidores
públicos o personas vinculadas a las entidades territoriales, según lo dispuesto en los artículos
11 y 279 de la ley 100 de 1993, y por consiguiente, ellos se encuentran sometidos a las
prescripciones determinadas en el mismo, sin ninguna otra restricción diferente a lo estipulado en
el artículo 36 ibídem, razón por la cual, cuando entró a regir el Sistema de Seguridad Social en
Pensiones -, a los servidores públicos del orden territorial que a 1.° de abril de 1994 se
encontraban dentro de los supuestos normativos del inciso 2.° del precepto acusado, le son
aplicables las condiciones consagradas en las disposiciones de orden territorial referentes
a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión fijadas en dicha norma, de conformidad
con lo establecido en el artículo 151 de la ley en referencia». (Negrita fuera de texto).
43 Que, como ya se tuvo la oportunidad de observar, dispone que la Ley 4.ª de 1992 se aplica al
régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales.
44 Esta ley en su artículo 4.° consagra que el Gobierno Nacional debe modificar cada año el
sistema salarial correspondiente a los empleados a los que se les aplica esa norma, salvo a los
miembros del Congreso de la República, aumentando sus remuneraciones.
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«Régimen salarial y prestacional para servidores que no optaron. Los empleados
públicos docentes de las Universidades Estatales u Oficiales que no optaron por el
régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 1279 de 2002, continuarán
rigiéndose por el régimen salarial y prestacional que legalmente les corresponde.
[…]». (Negrita fuera de texto).
El señor Pérez Mendoza no acusa toda la disposición sino únicamente la
expresión resaltada, y frente a ella, aquí se considera que no le asiste razón al
demandante en su alegación de violación del ordenamiento superior en la
expedición de estos decretos, en la medida en que, como se vio, la Constitución
de 1991, a la cual deben sujetarse los preceptos cuya nulidad se pretende,
consagra en el literal e) del numeral 19 de su artículo 150 que el Congreso,
mediante una ley marco, debe «fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos», que ha ser desarrollado a través de normas reglamentarias
por el Gobierno Nacional.
En ese orden de ideas, lo previsto en las disposiciones demandadas se ajusta al
ordenamiento constitucional y legal, dado que se limitan a reconocer la reserva
legal que existe respecto del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, incluidos los docentes de las universidades estatales. Por lo tanto, la
expresión «que legalmente les corresponde», en vez de contradecir el
ordenamiento superior, lo acata y lo desarrolla.
Ahora bien, respecto de los argumentos de la demanda, la Sala considera que,
desde la perspectiva sistemática y no meramente literal en la que ha de ser
comprendida cualquier disposición jurídica, el enunciado que el señor Pérez
Mendoza valora como viciado no afecta los reconocimientos pensionales que
tuvieron fundamento en normas internas de las universidades estatales, dado
que, se reitera, estos están cobijados por la protección constitucional de los
derechos adquiridos, que en esta materia se debieron consolidar a más tardar el
30 de junio de 1997, según lo ha señalado esta Corporación.
Asimismo, esta Subsección tampoco considera que la expresión acusada
defraude el principio de confianza legítima y, por ende, las expectativas válidas
de quienes, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, esperaban
pensionarse bajo las condiciones previstas en normas internas universitarias,
toda vez que estas quedaron salvaguardadas por el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 ibidem. Frente a esto último, se rememora que, al
empezar a regir el Sistema General de Seguridad Social Integral, si una persona
no tenía 35 o más años de edad, si es mujer, o 40 o más años de edad si es
hombre, o 15 o más años de servicios cotizados, solo podría predicarse de ella
una mera expectativa que no tiene protección constitucional frente al cambio de
legislación y, por lo tanto, se les debe aplicar la Ley 100 en lo relativo a la pensión.
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De esa manera, cabe decir que ninguna de las disposiciones invocadas como
violadas a saber: el preámbulo y los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.° y 83 de la
Constitución de 1991, 2.° y 20 de la Ley 4.ª de 1992, 72 y 77 de la Ley 30 de ese
mismo año, 2.° del Decreto 1279 de 2002 y 1.° y 2.° de la Ley 1251 de 2008,
consagran parámetros precisos que hayan sido transgredidos por el Gobierno
Nacional al prever que el régimen salarial y prestacional para los empleados
públicos docentes que no optaron por el que fue establecido en el Decreto 1279
de 2002, continuarán rigiéndose por el que legalmente les corresponde.
En conclusión: La expresión «que legalmente les corresponde», contenida en
los preceptos reglamentarios acusados no viola el principio de confianza legítima,
el preámbulo y los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.° y 83 de la Constitución de 1991,
2.° y 20 de la Ley 4.ª de 1992, 72 y 77 de la Ley 30 de ese mismo año, 2.° del
Decreto 1279 de 2002 y 1.° y 2.° de la Ley 1251 de 2008, en la medida en que,
bajo una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, en especial
teniendo en cuenta el régimen de transición del Sistema General de Seguridad
Social Integral, con ella no se defraudan las expectativas legítimas de los
docentes que no se acogieron al Decreto 1444 de 1992 para disfrutar de los
regímenes particulares que en esta materia se establecían en normas de inferior
jerarquía a la de la ley.
VIII. DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones se denegarán las pretensiones de la demanda
de nulidad presentada por el señor Niro de Jesús Pérez Mendoza en contra de la
Nación, a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación
Nacional y del DAFP.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad presentada por el
señor Niro de Jesús Pérez Mendoza en contra de la Nación, a través de los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación Nacional y del DAFP.
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en los programas informáticos respectivos.
Notifíquese y cúmplase
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Demandante: Niro de Jesús Pérez Mendoza
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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